El peronismo actual ha quedado en una orilla doble: por un lado espera que la radicalización de un modelo —el mileísmo— lo desplace por sí mismo hacia el descrédito; por otro, se enreda en un culto al discurso y a la estética propia que, lejos de ser una estrategia de gobierno, suena demasiado a liturgia interna.  Ese binomio—el de la espera y el de la estética encapsulada— se ha convertido en un obstáculo para la tarea esencial que el movimiento peronista debe plantearse: no esperar el fracaso ajeno sino reconstruir un horizonte programático, creíble y tangible. Esto es gobernar, hacer y transformar.

La ilusión de que el adversario se caiga solo.

La espera como estrategia es una forma de inacción que se disfraza de paciencia histórica. Existe una variante de razonamiento político que actúa como si la nación fuera un tablero y los actores se limitaran a mover las piezas sólo cuando el adversario comete errores fatales. Es un cálculo de apuestas: si el contrincante pulveriza instituciones, si despeña la economía y si desgasta el tejido social, la reacción de las mayorías será un rechazo que devolverá el mandato. Sin embargo, la política no es únicamente una ruleta de consecuencias automáticas, es construcción. Esperar el colapso voluntario del otro equivale a delegar la política en la fatalidad, a renunciar a la elaboración de un proyecto propio que pueda atraer y sostener mayorías con propuestas concretas y no con vaticinios.

El peronismo como estética encapsulada.

El peronismo ha sido a lo largo del siglo XX y el XXI una mezcla de prácticas sociales, identidades, aparatos territoriales y doctrinas fluidas. Fue, a la vez, mito y administración; ritual y política pública. Decir hoy que ha devenido en una estética —en un conjunto de signos internos dirigidos más a sí mismo que al cuerpo social— no es un insulto gratuito sino una observación sobre la pérdida de eficacia práctica. La estética política cumple una función: coagula identidades, mantiene tradición, asegura pertenencia. Pero cuando esa estética se convierte en sustituto del proyecto, cuando el debate se circunscribe a terminologías, a correctitudes ideológicas o a gestos simbólicos, la práctica pública se debilita. La pregunta que emerge es brutal en su sencillez: ¿qué propone el peronismo para gobernar? ¿qué herramientas, qué políticas, qué estructuras de poder comprarte con la ciudadanía?.

Un movimiento político que aspira a ser gobierno debe poder responder en, al menos, tres planos: diagnóstico creíble, métrica de prioridades y repertorio de acción concreta. El diagnóstico no basta si se limita a enunciar víctimas y culpables; debe traducirse en políticas técnicas y administrativas. La métrica de prioridades obliga a elegir: universalismo o focalización, industrialismo o servicios, centralización o fortalecimiento municipal. Y el repertorio de acción exige cuadros, programas, alianzas y una narrativa pedagógica que vuelva inteligible para la ciudadanía el por qué de cada decisión.

Si el peronismo sigue en el terreno nebuloso de esperar el fracaso ajeno, renuncia al terreno donde la política se hace real: la administración cotidiana. Gobernar implica medidas que a menudo son impopulares a corto plazo pero defendibles desde un plan estratégico; implica también, y esto es dolorosamente evidente, sensibilidad por el tejido social que no puede ser reducido a consignas estéticas.

El meollo de la cuestión es el paso de la teoría a la praxis. No es suficiente proponer “más justicia” o “más trabajo” si no hay instrumentos. El peronismo dispone de matrices organizativas, gremiales y territoriales, su desafío es transformarlas en plataformas de gestión profesional, no en aparatos de mera movilización. Eso exige formación de cuadros, alianzas con la sociedad civil y, sobre todo, un gobierno de transición que tutee la eficiencia y la legitimidad simultáneamente.

La estética necesaria y su límite.

Hay una dimensión estética inevitable en la política: la forma importa —cómo se nombra el dolor, cómo se celebra una victoria, cómo se expresa una condena. No obstante, la estética sin base es un espejo hueco. Cuando la intelligentsia peronista produce discursos brillantes que dialogan entre sí en salones y redes, mientras las escuelas se caen a pedazos y los hospitales se atascan, nace la sensación de un movimiento más dedicado a la interpretación que a la acción. Cambiar eso no requiere abandonar la reflexión: requiere subordinarla a procesos practicables, a laboratorios donde las ideas se concreten en proyectos, se prueben, se midan y se ajusten.

Asimismo, la política es la acumulación de pequeños actos transformadores: un transporte que funcione, una guardería que abra temprano para que la mujer trabaje, una red de frío que evite el desperdicio en la producción de alimentos, una escuela técnica vinculada a empresas locales. Es en esas cosas donde la estética se convierte en legitimidad práctica. Y es allí donde el peronismo puede reencontrar su razón de ser si tiende la mano a los que esperan soluciones concretas, no discursos perfectos.

La narrativa política.

Es preciso efectuar una reflexión sobre las narrativas.

Los distintos partidos y movimientos politicos compiten hoy en la política global en mapas emocionales: algunos prometen contención a través del Estado, otros enuncian liberación a través del mercado. El desafío del peronismo es no dejarse reducir a la defensa mecánica del pasado ni a la espera del fracaso del otro. Debe construir una narrativa que enlace dignidad social con eficacia económica, que concilie memoria con innovación, que imagine el país como un lugar donde los proyectos colectivos sean a la vez viables y deseables.

Una receta de soberanía práctica.

La política que fluye de la mera estética o de la espera no gobierna: adornar la escena no repara hospitales, ni crea empleo estable, ni repara la institucionalidad. El peronismo, para recobrar su fuerza, necesita tres cosas simultáneas: claridad programática, capacidad ejecutiva y reencuentro con los territorios. No es un regreso romántico al pasado; es la actualización de un proyecto de poder que entiende que la legitimidad se gana en la gestión y en la palabra creíble. Si lo logra, la estética volverá a ser vehículo y no refugio; si no, seguirá siendo —como escribiste— un bello traje vacío mientras la ciudadana y el ciudadano sufren.

Quejarse del adversario es fácil; gobernar es otra cosa. El peronismo que rehúye la pregunta de “¿qué hacemos si gobernamos?” se condena a ser un auditorio perpetuo de buenas intenciones. Convertir la indignación en programas, la identidad en políticas y la estética en obra concreta es la tarea que tiene por delante. No hay magia en ello: hay trabajo arduo, imaginación técnica y el coraje de transformar la estética en política útil. Si esto ocurriera, el movimiento no esperaría el triunfo del otro: lo ganaría con su propia capacidad de hacer.

Julián Lazo Stegeman

El lingüista ruso, Valentin Vološinov, desde los inicios del siglo XX ya advertía que el signo lingüístico es un terreno de lucha. Cada palabra —decía— es un campo donde distintas clases y proyectos sociales se enfrentan para apropiarse de su sentido. El lenguaje no es el espejo pasivo de la realidad, sino su campo de batalla. En la Argentina contemporánea, esa batalla se libra también sobre la economía, donde los conceptos —emisión, equilibrio, gasto— se han vuelto emblemas de legitimidad política y moral.

El peronismo, en ese teatro de signos, parece haber extraviado una palabra clave: el déficit. Durante mucho tiempo, su variante kirchnerista la despreció o la subestimó, considerándola ajena, técnica, fría, parte del vocabulario de la ortodoxia liberal que siempre colocó la contabilidad por encima de las personas. No obstante, el desprecio también es una forma de entrega: lo que no se disputa, se pierde. Y así, mientras el discurso liberal se reapropiaba del equilibrio fiscal como bandera ética, parte del pensamiento peronista se refugió en la idea de que el déficit es, en esencia, una herramienta del crecimiento, una condición del desarrollo, una demostración de vitalidad estatal.

Sin embargo, la realidad económica —como el lenguaje— no tolera absolutos. La emisión sin orden termina disolviendo la palabra que busca sostener: justicia. Entonces, que hoy se observa es una paradoja: el movimiento político que más profundamente vinculó economía y ética, que hizo del equilibrio entre producción y distribución su núcleo doctrinario, ha permitido que otros definan qué significa gastar, ahorrar o equilibrar. Ha cedido el control del lenguaje que nombra su propio campo de acción.

La Teoría Monetaria Moderna (TMM) ha sido, en este sentido, un nuevo episodio de esa deriva semántica. Surgida en contextos institucionales y monetarios completamente distintos —con economías desarrolladas, monedas de reserva y sistemas financieros sólidos—, su apropiación local fue más simbólica que técnica. En su versión argentina, la TMM fue traducida no como una reflexión sobre la soberanía monetaria, sino como una coartada ideológica para justificar la expansión fiscal sin límite. Así, el déficit dejó de ser un problema a resolver y se transformó en un signo de virtud política, en la demostración de que el Estado “hace”, “invierte”, “está presente”. Pero todo signo, cuando se absolutiza, se vacía. Y el déficit, en tanto símbolo, perdió su densidad histórica: dejó de ser una variable dinámica del equilibrio macroeconómico para convertirse en un emblema identitario.

Desde afuera, lo que se observa no es tanto una disputa de modelos económicos, sino una disputa de lenguajes. El liberalismo oficialista ha convertido el equilibrio fiscal en un relato moralizante: “no gastar más de lo que se tiene” como principio ético universal, como si el Estado fuera una familia y la Nación un hogar que debe ajustar su presupuesto para no caer en el pecado del exceso. Frente a eso, parte del peronismo respondió con otra moral, la del gasto virtuoso, el déficit como símbolo de compromiso con los más vulnerables. Pero en esa dialéctica, ambas partes han perdido la complejidad del pensamiento original: el déficit no es ni vicio ni virtud, sino una herramienta que exige contexto, prudencia y proyecto.

La historia ofrece una referencia ineludible que data de 1952: el Segundo Plan Quinquenal. Allí, el peronismo comprendió que la justicia social no podía sostenerse sobre el desorden económico. Que la expansión debía tener medida. No se trataba de achicar el Estado, sino de fortalecerlo. Pero fortalecerlo implicaba dotarlo de disciplina, de capacidad para proyectar a largo plazo. El equilibrio fiscal, en ese contexto, no era concesión al liberalismo, sino garantía de soberanía: solo quien controla sus cuentas puede planificar su destino.

Aquel plan no renunciaba a los ideales del primero, sino que los consolidaba bajo nuevas condiciones. Si el Primer Plan Quinquenal había sido la expansión del Estado sobre las ruinas del modelo agroexportador, el segundo buscaba institucionalizar esa expansión, dotarla de continuidad. Perón comprendía que el desorden contable podía ser el principio de una nueva dependencia: la de un Estado rehén de su propio déficit, obligado a endeudarse, a subordinar su voluntad a los flujos financieros externos.

El equilibrio, entonces, no era solo fiscal, sino político y moral. Era la forma de asegurar que la justicia social no dependiera del milagro de la coyuntura, sino de la previsibilidad de un proyecto sostenido en el tiempo.

Esa lección parece haberse extraviado en la actual gramática del peronismo. Hoy, sectores internos del movimiento invocan la TMM para sostener que el déficit no importa, que la emisión basta, que el Estado puede crear riqueza simplemente al decretarla. Otros sectores, más cercanos al liberalismo clásico, asumen el discurso del ajuste, casi con vergüenza, como si hablar de equilibrio fuera rendirse al enemigo. Entre ambos extremos, la idea de una política económica integral, realista y humanista, se diluye.

Desde una mirada desapasionada, lo que emerge es un problema de lenguaje. El signo “déficit” ya no pertenece a un solo campo ideológico: flota entre las narrativas enfrentadas como un símbolo huérfano. Vološinov diría que el signo se ha “descentrado”: perdió su referente social claro y se transformó en un significante vacío, susceptible de ser ocupado por cualquier discurso. En la Argentina actual, tanto el oficialismo como parte de la oposición lo llenan de moral, de culpa o de orgullo, pero rara vez de análisis.

El déficit ha dejado de ser una categoría de planificación para convertirse en una categoría de identidad: u a estética identitaria.

La consecuencia política de ese desplazamiento semántico es profunda. Mientras el oficialismo asocia el equilibrio fiscal a la idea de redención —como si la contabilidad pública pudiera purificar la historia nacional—, el peronismo, en buena medida, ha cedido la posibilidad de proponer una ética económica propia. En vez de disputar el significado de la prudencia, la previsibilidad y el orden, ha permitido que esas palabras sean secuestradas por la retórica del mercado. Y sin lenguaje propio, no hay proyecto posible.

El déficit, en la tradición económica argentina, fue siempre un síntoma de tensiones más amplias: entre el Estado y el mercado, entre la producción y el consumo, entre la política y la contabilidad. No obstante, también fue en ciertos momentos una herramienta de emancipación. El problema no es su existencia, sino su sentido. Cuando el déficit financia la expansión productiva, la infraestructura, el empleo, tiene una racionalidad social. Cuando financia la inercia, la inflación, los subsidios o la improvisación, se convierte en carga.

El Segundo Plan Quinquenal lo entendió así: no había contradicción entre crecimiento y orden, entre justicia y disciplina. Había, sí, una necesidad de articularlos en un mismo horizonte de soberanía.

La mirada actual del peronismo, fragmentada entre nostalgias y tecnicismos, ha olvidado esa articulación. Y al hacerlo, ha entregado al adversario no solo una categoría económica, sino una categoría moral. Eso explica parte de su fracaso actual. En la arena pública, quien hoy pronuncia la palabra “equilibrio” suena razonable; quien pronuncia “déficit”, suena anacrónico. Ese desplazamiento del sentido no ocurrió por imposición, sino por abandono.

El signo lingüístico, diría Vološinov, nunca permanece vacío por mucho tiempo: siempre será ocupado por la fuerza que mejor logre dotarlo de sentido histórico.

La pregunta que se abre, entonces, no es sólo económica sino, además, semiótica: ¿puede el peronismo recuperar el signo del déficit y resignificarlo en clave de desarrollo y estabilidad? ¿Puede volver a hablar de equilibrio sin ser acusado de traición a su legado popular? Quizás esa sea la tarea más urgente: volver a pensar la economía como lenguaje moral, como sistema de signos donde cada palabra define una ética pública.

En el fondo, la economía argentina no es solo un conjunto de datos y balances: es una narración. Y como toda narración necesita un tono, una coherencia, un sentido del límite y de la continuidad. El déficit, entendido en esa clave, es una metáfora del exceso, del deseo sin contención. Y el equilibrio, su contracara, no es la renuncia al deseo, sino la posibilidad de sostenerlo.

El Segundo Plan Quinquenal representó ese intento de síntesis: un orden que no anula la justicia, una disciplina que no niega la expansión.

Hoy, mientras el oficialismo reduce la política económica a un dogma contable y parte de la oposición se refugia en la retórica de la emisión infinita, la sociedad queda atrapada en un doble vacío: el de la austeridad sin horizonte y el del gasto sin propósito.

Reapropiarse del lenguaje económico —del signo déficit, del signo equilibrio— sería, para el peronismo, mucho más que una operación técnica: sería un acto de reconstrucción cultural.

En última instancia, todo proyecto político se sostiene en una gramática. Sin palabras propias, solo queda repetir las ajenas.

Y la palabra “déficit”, que alguna vez fue apenas una cifra, hoy se ha vuelto el espejo donde un movimiento observa su propia crisis de sentido: la dificultad para nombrar lo necesario sin caer en la caricatura, para administrar sin perder sensibilidad, para crecer sin volver al desorden.

El lenguaje no se posee: se conquista una y otra vez. El signo es vivo y su vida es la historia misma.

Tal vez, entonces, el desafío no sea elegir entre déficit o equilibrio, sino devolverles a ambos su densidad humana.

Entender que detrás de cada número hay una ética, detrás de cada política una palabra y detrás de cada palabra una lucha por el sentido.

Solo así, quizá, el peronismo pueda recuperar el equilibrio perdido: no sólo el de las cuentas, sino el del lenguaje con el que se piensan a sí mismo.

Julián Lazo Stegeman

Dos teorías, una misma tensión.

Hay conceptos que iluminan no solo con la claridad de la idea sino con la melancolía de lo que revelan.

El empate hegemónico, formulado por el sociólogo argentino Juan Carlos Portantiero, es uno de ellos: una radiografía del alma política argentina. En su lectura —inspirada en  el pensador italiano Antonio Gramsci—, la historia nacional aparece como una sucesión de bloqueos culturales: ningún proyecto logra transformarse en el relato común de todos. La hegemonía, dice Portantiero, no es simplemente el dominio de una clase, sino la capacidad de convertir los propios intereses en horizonte compartido, en el sentido común que organiza el lenguaje de lo posible. Sin embargo, en la Argentina, ese relato siempre se interrumpe: cuando un proyecto intenta consolidarse, otro, con igual fuerza simbólica y social, emerge para impedirlo.

Desde la caída del primer peronismo, la nación se mueve en esa danza de espejos: ni el liberalismo ni el nacionalismo popular logran erigirse como articuladores estables de la totalidad social. No se trata de una alternancia pacífica, sino de una disputa que nunca se resuelve, un péndulo que vuelve siempre al punto de origen. El resultado es un país que debate constantemente su identidad, que discute la forma antes de empezar a construir el contenido.

El empate hegemónico no es solo político: es también una emoción colectiva de desencuentro, una memoria compartida de frustraciones que hace que cada proyecto sospeche del otro antes de tenderle la mano.

La teoría de los bloques de poder, elaborada por el pensador griego, Nicos Poulantzas, se adentra en el corazón estructural de esa imposibilidad. Poulantzas parte de una crítica al marxismo clásico que veía al Estado como una herramienta de la clase dominante. Para él, el Estado no es un instrumento, sino una condensación material de las relaciones de poder entre clases y fracciones de clase. No pertenece a nadie, pero condensa las tensiones de todos.

En su mirada, la clase dominante no es una sola: está compuesta por fracciones diversas—financieras, industriales, agrarias, burocráticas— que disputan entre sí la conducción del orden capitalista. El Estado actúa como mediador entre esas fracciones, buscando una unidad funcional que permita la reproducción del sistema. Esa mediación es lo que Poulantzas llama la autonomía relativa del Estado: no responde ciegamente a una fracción, pero tampoco se libera de ellas; su autonomía consiste en garantizar la continuidad del conjunto aun cuando deba sacrificar a una parte.

El bloque de poder, entonces, es la alianza —siempre inestable— entre esas fracciones. Y la hegemonía, dentro de ese bloque, corresponde a la fracción que logra presentar su interés particular como el interés del todo. En cada época histórica, esa fracción cambia: a veces los sectores agroexportadores, a veces la industrial nacional, otras la financiera transnacional. No obstante, cuando las contradicciones se agudizan, cuando ninguna fracción logra articular a las demás, el bloque se fragmenta. El Estado se vuelve errático, su acción se paraliza o se contradice y la política entra en crisis orgánica.

Ambas teorías —la de Portantiero y la de Poulantzas— se tocan en su vértice más doloroso: el vacío de articulación.

El empate hegemónico describe la parálisis del consenso simbólico; el bloque de poder fragmentado describe la parálisis del consenso material.

Una teoría de ancla en la cultura; la otra en la estructura. Sin embargo, en su cruce se revela una misma contingencia: la imposibilidad de construir una voluntad colectiva sostenida en el tiempo.

Sin hegemonía cultural ni unidad estructural, la política se reduce a administración de lo inmediato, a ese cortoplacismo que se disfraza de urgencia pero que en el fondo es impotencia.

Argentina vive en ese punto de fricción: una sociedad dividida en su imaginario y un bloque de poder en permanente reorganización, incapaz de sostener un proyecto más allá del vaivén electoral.

¿Por qué esto impide pensar a largo plazo?.

1.       Horizonte electoral corto: en contextos de empate hegemónico, la supervivencia política se juega en la próxima elección. Gobiernos y oposiciones priorizan medidas de impacto inmediato y visibilidad política sobre transformaciones estructurales cuyo beneficio se verá años después.

2.       Fraccionamiento del poder económico: cuando las fracciones del capital compiten por influencia, el Estado debe equilibrar demandas contradictorias (industrialistas vs. Financieros vs. Exportadores). Cualquier política duradera exige que todos sacrifiquen algo hoy para ganar mañana un equilibrio general, un lujo que pocos pueden permitirse cuando su base social y financiera está en juego.

3.       Autonomía estatal débil y clientelismo institucional: la administración pública sufre rotaciones, nombramientos discrecionales y cambios de rumbo que impiden la acumulación de capacidades técnicas necesarias para continuidad. Las políticas dependen menos de reglas que de relaciones personales.

4.       Crisis de legitimidad cultural: sin hegemonía cultural, el lenguaje público se polariza; las reformas se interpretan como ataques a identidades en lugar de transformaciones necesarias. Eso erosiona la posibilidad de pactos colectivos.

5.       Inmediatez de la desigualdad: cuando la sociedad está afectada por tensiones distributivas agudas, la política se orienta a mitigar síntomas urgentemente (subsidios, medidas anticrisis, entre otras) y descuida la construcción de institucionalidad a mediano plazo.

Sumadas, estas circunstancias crean un régimen de acción que privilegia la táctica sobre la estrategia, la emergencia sobre la planificación y la supervivencia sobre la reforma.

La metáfora del faro apagado.

Si se quisiera imaginar el drama argentino con una imagen, no sería la de un barco hundido ni la de una guerra civil latente. Sería la de un faro en ruinas, enclavado sobre una costa que ya nadie navega.

El faro sigue allí, símbolo de un proyecto común que alguna vez orientó a los navegantes: la promesa de desarrollo, justicia y soberanía. Pero su luz se apagó hace décadas, y cada fracción —cada gobierno, cada poder económico, cada movimiento social— llega con su propia linterna, convencido de poder iluminar la noche solo con su haz estrecho.

Desde el mar, los reflejos se cruzan, se confunden, se desorientan mutuamente. No hay horizonte compartido, sólo luces fragmentarias, danzando sobre la bruma.

El empate hegemónico es esa superposición de haces luminosos que nunca convergen; los bloques de poder, las manos que custodian los viejos cimientos del faro sin decidir si deben reconstruirlo o abandonarlo al mar.

En ese escenario, el Estado aparece como el cuidador melancólico del faro, reparando un vidrio mientras otro se rompe, evitando que el edificio colapse sin animarse a prender la lámpara central.

¿Es inevitable la discontinuidad? No: condiciones para la duración.

No es cierto que la estabilidad sea imposible. La historia muestra que cuando se construyen bloques de poder estables que integran al menos a las principales fracciones económicas con sectores populares —y cuando existe un anclaje cultural que hace legítimo el proyecto—, las políticas a largo plazo son posibles. La experiencia exige tres elementos: articulación social amplia, autonomía técnica del Estado y capacidad simbólica para hablar de futuro.

Mapa de acción en común: pasos concretos para pensar y cumplir políticas a largo plazo.

A continuación, modestamente, propongo un mapa operativo, pensado para ser realista en un contexto de empate hegemónico y fraccionamiento del poder. Está organizado en tres horizontes (inmediato, mediano, largo) y desglosado por actores responsables.

Además, tal vez, se podría pensar como una caja de herramientas desde la sociedad civil para la política, con el diálogo y la participación de todos sobre algunas (o todas) las caracterizaciones acá presentes:

Horizonte inmediato: crear condiciones mínimas de confianza.

1.       Comisión Bipartita de Emergencia y Continuidad.

Actores: fuerzas mayoritarias del Congreso, representantes de provincias, sindicatos centrales, cámaras empresariales, universidades públicas.

Función: acordar principios mínimos de continuidad para 3 temas prioritarios (salud pública, educación técnica, infraestructura básica).

Producto: declaración pública con compromisos verificables y calendario de trabajo.

2.       Congelamiento de rotaciones técnicas en programas estratégicos.

Actores: Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Hacienda provincial.

Medida: nombramiento de equipos técnicos con mandatos mínimos (por ejemplo, 18 meses) financiados por fondos específicos con reglas de rendición.

3.       Acuerdo de transparencia sobre nombramientos y compras.

Actores: Auditoría General, organizaciones de la sociedad civil.

Medida: criterios públicos para contrataciones y procesos licitatorios con observadores independientes.

Horizonte mediano: institucionalizar continuidad.

4.       Pactos Sectoriales Trienales.

Actores: Estado nacional y provinciales, cámaras empresariales por sector, sindicatos, expertos académicos.

Contenido: metas sectoriales (formación técnica, exportaciones con valor agregado, energías renovables) con indicadores, fondos condicionados y cláusulas de revisión.

5.       Comisión Permanente de Políticas Públicas Interpartidaria (CPPPI).

Actores: representantes de partidos con bancada parlamentaria, académicos, sociedad civil.

Función: revisar y consensuar marcos regulatorios básicos (seguridad jurídica de inversiones, reglas fiscales, pautas de política salarial) para reducir cambios abruptos de dirección.

6.       Fondo de Continuidad de Políticas Públicas.

Actores: Ministerio de Economía, Banco Nación, cooperación multilateral.

Propósito: financiar programas que tengan evaluación independiente y exigencias de co-financiamiento provincial/comunitario.

Horizonte largo: construir hegemonía negativa y positiva.

7.       Política de Estado de Mediano Plazo.

Actores: Congreso (mayoría calificada), academia, pactos federales.

Instrumento: leyes marco que establezcan políticas educativas, científicas y de infraestructura con financiamiento pluriannual y mecanismos de evaluación intergeneracional.

8.       Fortalecimiento de la administración pública profesional.

Actores: Ministerio de Modernización, universidades.

Medida: carrera pública meritocrática para puestos técnicos clave, formación continua y protección contra despidos arbitrarios.

9.       Trabajo simbólico: narrativa del futuro compartido.

Actores: sindicatos, movimientos sociales, medios públicos, artistas, escuelas.

Objetivo: producir consensos culturales sobre prioridades (por ejemplo, que la educación técnica y el cuidado sean vistos como capital social), usando campañas, residencias artísticas, y currículas escolares.

Herramientas transversales (siempre).

Evaluación independiente: crear un organismo de evaluación de políticas con mandato y presupuesto propio.

Mecanismos de resolución de conflictos: mesas de arbitraje público-privadas para dirimir fricciones sectoriales.

Protecciones legales: cláusulas legales que garanticen continuidad mínima para programas esenciales (salud, salarios docentes básicos, programas de nutrición escolar).

Pensar la política a largo plazo en Argentina no es una cuestión técnica solamente: es una apuesta por recomponer tejido social y simbólico.

Portantiero y Poulantzas nos enseñan que la dificultad es simultáneamente cultural (empate hegemónico) y estructural (desarticulación de las fracciones de poder). La salida exige dos tareas en paralelo: construir nuevas formas de articulación material —pactos, reglas, instituciones— y producir un nuevo sentido común que permita a distintos actores aceptar sacrificios presentes por ganancias colectivas en el futuro.

El desafío es estético tanto como político: transformar un paisaje fragmentado en un mapa donde la mirada común reconozca, aunque con reparos, que las rutas y los puentes valen más que las orillas que los defienden. Si aceptamos que la política es también formación de sentidos, entonces las políticas de largo plazo serán posibles cuando consigan algo que las políticas cortas nunca logran: hacer creíble la idea del mañana.

Julián Lazo Stegeman

Y sin embargo, en su sabiduría, comprendió que esa visión total no era un don, sino una condena. Porque ver el todo es perder el sentido. Porque abarcarlo todo es dejar de comprenderlo.

Aquel cuento, publicado en 1945, parece hoy un espejo de nuestra época.

En la Argentina contemporánea, nuestra nación que oscila entre la esperanza y el espanto, un hombre se alza proclamando que posee la mirada absoluta, la ecuación definitiva, el modelo que explica el mundo. Javier Milei, en su furia libertaria y su verbo de revelador, promete haber encontrado el Aleph de la economía: un punto desde el cual todo se ordena, un saber que disuelve la historia, la política y la complejidad humana en una fórmula inmutable.

El mercado es su Aleph, su piedra filosofal, su dogma. No la “libertad”, el mercado, porque la libertad para Milei es “libertad de mercado”. Y como todo dogma, tiene la estructura de una ilusión.

 El Aleph de Borges y el Aleph de la política.

 El Aleph borgiano no es solo un objeto fantástico: es una metáfora de la ambición humana por comprenderlo todo.

El que lo mira, dice Borges, ve el universo sin superposición y sin transparencia, como si cada cosa existiera en un plano puro, simultáneo. No obstante, esa simultaneidad es insoportable. El ojo humano, hecho para la secuencia, no puede soportar la totalidad.

El Aleph, entonces, no revela: confunde. No ilumina: enceguece.

La política del presente comparte esa pulsión totalizante.

El siglo XXI nos ha habituado a los discursos que prometen totalidad: total seguridad, total libertad, total pureza. Cada líder populista o tecnocrático ofrece su Aleph particular, su punto de síntesis donde todo encuentra explicación. Milei encarna ese impulso con un fervor casi teológico: su prédica económica no es un programa, sino una revelación.

El liberalismo deviene religión y el economista, profeta.

Su mirada se presenta como la de quien ha visto el mundo entero desde un solo lugar: el mercado. Todo —la historia, la educación, la pobreza, la dignidad, la vida misma— se mide bajo esa lente única. El Aleph, que en Borges contenía todos los puntos, aquí se ha reducido a uno solo.

 La vanidad de Daneri y la vanidad del saber.

 Carlos Argentino Daneri, el personaje ficticio que guarda el Aleph en su sótano, es un poeta mediocre. Cree haber encontrado el medio para abarcar el mundo entero en un poema infinito. Su ambición no es comprender, sino poseer. En su voz se mezclan la erudición y la banalidad, el conocimiento y la soberbia.

En la figura de Daneri se anticipa una forma de poder intelectual que hoy domina el discurso político: el del erudito mesiánico.

Milei encarna esa figura con precisión matemática. Cita a economistas con la devoción de un sacerdote que recita las Escrituras. Con el tono exaltado del converso, convierte la teoría en dogma y la cita en talismán. No explica: predica. No discute: sentencia.

Borges, sin embargo, desarma a Daneri con ironía. Lo ridiculiza suavemente, mostrando que el verdadero peligro no es la ignorancia, sino la convicción.

El hombre que cree saberlo todo ya no busca aprender. El político que cree tener la fórmula del mundo ya no escucha.

Así, la inteligencia se vuelve una forma de narcisismo. El Aleph, en lugar de abrir el universo, se convierte en un espejo donde el hombre solo se ve a sí mismo.

 El narrador escéptico: la humildad como lucidez.

 Borges, narrador del cuento, desconfía del Aleph. Lo contempla, lo experimenta y luego duda. Esa duda no es debilidad, sino sabiduría. El verdadero conocimiento no consiste en abarcarlo todo, sino en reconocer los límites de la mirada. Esa actitud es hoy una rareza.

Vivimos una época sin matices, una civilización que ha confundido la duda con la traición. La política se ha vuelto una máquina de certezas. Quien no grita, no existe; quien no cree, molesta. Milei, que se presenta como “el que sabe”, simboliza la muerte de la pregunta.

Su discurso no admite grietas: la realidad se divide entre iluminados y enemigos, héroes y parásitos, libertad y esclavitud, personas de bien y las que no lo son. En esa simplificación habita el germen del autoritarismo.

Borges habría sonreído, con su ironía de sabio antiguo, ante semejante absolutismo de bolsillo. Habría dicho, quizás, que nadie que crea poseer la verdad ha comprendido el valor del misterio.

La lucidez borgiana consiste precisamente en eso: en aceptar que la mente humana es finita, que el conocimiento es parcial, que el mundo excede cualquier sistema. En un país dominado por la retórica de los iluminados, esa modestia del pensamiento es una forma de resistencia.

 La visión total y el vértigo del presente.

 Cuando Borges mira el Aleph, ve todo: los océanos y los espejos, los ejércitos y las genealogías, la sonrisa de Beatriz y el polvo del desierto.

Pero la visión lo sobrepasa. El conocimiento total es insoportable porque destruye la distancia necesaria para comprender. Sin distancia, no hay sentido.

En nuestra época, ese vértigo se ha vuelto cotidiano. Vivimos rodeados de Alephs digitales: pantallas que nos muestran simultáneamente todos los lugares y todos los dolores. Las redes, los algoritmos, los flujos de información nos convierten en espectadores de una totalidad imposible.

La política se adapta a ese vértigo: Milei es un producto de esa simultaneidad caótica, una figura que habita el grito y el fragmento, el instante y el espectáculo.

Su discurso, saturado de datos y consignas, funciona como un Aleph invertido: muestra tanto que ya no se distingue nada.

Borges había entendido que ver todo no equivale a entender todo. En cambio, Milei convierte el exceso en certeza. Donde Borges ve el abismo, él ve confirmación. Donde el cuento advierte el límite del ojo, el político proclama su omnivisión.

 El lenguaje y su impotencia.

 Al terminar el cuento, Borges confiesa que no puede describir lo que vio. “El lenguaje no puede representar la totalidad”, sugiere.

Esa frase encierra una de las lecciones más profundas del siglo XX: el límite del lenguaje es el límite del mundo.

El político, en cambio, no acepta esa frontera. Su poder depende de la ilusión de que las palabras pueden transformarlo todo. “Ajuste”, “casta”, “libertad”, “mercado”: cada palabra se convierte en un hechizo, en una fórmula mágica que promete redimir la realidad. Pero las palabras no bastan.

El lenguaje, cuando olvida su límite, se vuelve violencia. Y cuando ésta forma parte del discurso, precede a la violencia de los hechos.

Borges entendía que escribir es apenas rozar lo inefable. Su humildad ante el lenguaje es una forma de ética.

El político que no duda de sus palabras, en cambio, cae en la hybris: en la arrogancia del que confunde el verbo con la creación.

Así, la literatura nos enseña algo que la política olvida: que el poder verdadero no es el de nombrar, sino el de callar a tiempo.

 La duda como forma de libertad.

 En El Aleph, la experiencia de lo absoluto conduce a la duda.

En la política contemporánea, la experiencia del poder conduce al dogma.

Borges termina su cuento con una sospecha: tal vez el Aleph de Daneri era falso, o tal vez había otros Alephs ocultos en el mundo. Esa duda final es la victoria de la razón sobre el fanatismo. Aceptar que puede haber muchos puntos de vista, muchas verdades parciales, es lo que hace posible la convivencia.

Esa duda, trasladada a la vida pública, se llama democracia.

La Argentina, sin embargo, parece buscar una y otra vez su Aleph: un punto que reúna todos los dolores, que ordene el caos, que borre las contradicciones. Milei encarna esa búsqueda desesperada de un sentido único. Pero, como en el cuento, todo Aleph es una ilusión: un espejismo que promete totalidad y entrega ceguera.

El peligro no es creer que existe, sino entregarse a quien dice poseerlo.

 El espejo.

 Borges escribió que el Aleph no solo contiene el universo, sino también al que lo mira.

Esa es, quizás, la revelación más inquietante: que toda visión absoluta termina siendo un espejo.

Milei, como todo profeta del absoluto, mira su Aleph y se contempla a sí mismo. En su universo de fórmulas y consignas, la realidad desaparece, sustituida por el reflejo de su propia convicción.

El Aleph, entonces, ya no es un objeto de conocimiento, sino un dispositivo de poder: un centro vacío donde solo queda la imagen del ego.

Tal vez esa sea la advertencia última de Borges para nuestro tiempo: que la totalidad es una forma de soledad y que el que pretende poseerla acaba prisionero de su propio reflejo.

El Aleph no libera: encierra. Y quien se proclama dueño del todo termina perdiendo el misterio de las partes.

 Hay un modo borgiano de mirar la historia: no como una sucesión de hechos, sino como una serie de símbolos que se repiten bajo distintos rostros.

El Aleph de 1945 y el de hoy son el mismo: el del hombre que confunde la visión con la comprensión y el dogma con el conocimiento.

Borges, desde su ironía inmortal, ya lo sabía: el poder que promete verlo todo termina sin ver a nadie.

Quizás el destino de la Argentina, como el del propio narrador, sea aprender a mirar sin pretender comprenderlo todo, a construir sentido no desde el absoluto, sino desde la diversidad y el consenso. Porque solo en el reconocimiento del límite se abre la posibilidad de lo humano. Y porque la libertad —esa palabra tan pronunciada, tan desgastada— no consiste en poseer el Aleph, sino en renunciar a él.

Julián Lazo Stegeman

Lo que el pensador francés, Guy Debord, anticipó en “La sociedad del espectáculo” (1967) parece haberse encarnado, con precisión quirúrgica, en ese escenario porteño. “El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social mediada por imágenes”, escribió. Medio siglo después, esa relación domina la política argentina con una evidencia casi brutal: gobernar ya no consiste en construir realidad, sino en sostener una narrativa visual capaz de sustituirla.

El Estado como escenario.

Debord sostenía que el capitalismo avanzado había logrado un desplazamiento fundamental: el de la experiencia vivida por la representación. El mundo, decía, se ha vuelto una serie de imágenes que se miran en lugar de vivirse. En el Movistar Arena, la política se volvió precisamente eso: una imagen que se contempla.Milei, enfundado en cuero negro y bañado en luces violetas, interpretó canciones de rock nacional frente a miles de simpatizantes que no asistieron a una presentación de libro, sino a un ritual de consagración. El contenido del texto era secundario; lo esencial era ver al líder, sentir su energía, participar del “mito”. En ese punto, la política abandona su dimensión racional y se funde con lo escénico, lo emocional, lo simbólico. La autoridad ya no se construye por la gestión, sino por la capacidad de generar un espectáculo conmovedor.No es la destrucción del Estado desde adentro como se prometió en aquella campaña del 2023, mas bien es el Estado convertido en escenario, en donde el poder político busca afirmarse a través del impacto estético.La gestión cede su lugar a la escenografía. El discurso se transforma en performance. El presidente canta: no explica, no argumenta, sino que interpreta. Y su interpretación, paradójicamente, parece más eficaz que cualquier conferencia de prensa.

El público como espectador de su propio destino.

Debord advirtió que en la sociedad del espectáculo los sujetos dejan de ser protagonistas de su vida social para convertirse en espectadores pasivos de su propio destino. Lo que antes era participación política se transforma en consumo simbólico.El público del Movistar Arena encarna ese desplazamiento: no asiste a debatir ni a interpelar, sino a contemplar. A sentir una comunión efímera con el líder–ídolo, a experimentar la ilusión de pertenecer a una épica que ya está escrita. Se participa a través del grito, del aplauso, del celular en alto. La escena es tan espectacular que nadie parece preguntarse qué hay detrás del telón: qué políticas concretas se esconden bajo el ruido eléctrico, qué silencios cubren las luces. Recordemos que mientras el show ocurría, Caputo estaba en Estados Unidos negociando herméticamente, nadie hasta ese momento sabía qué, con las autoridades del Tesoro de aquel país. El espectáculo —decía Debord— no miente: simplemente reemplaza lo real por su simulacro. Y lo hace con eficacia hipnótica. En una Argentina ajetreada por la crisis, el presidente “rockero” funciona como anestesia colectiva, como distracción masiva ante la precariedad. La economía puede tambalear, pero la puesta en escena ofrece algo más poderoso: sentido. O al menos la ilusión de tenerlo.

El líder como mercancía.

El capitalismo espectacular convierte todo en imagen de consumo: incluso la política. En ese marco, Milei no se presenta solo como dirigente, sino como marca. La estética libertaria —cabellera desbordada, chaqueta de cuero, tono mesiánico— es un producto cuidadosamente diseñado para generar adhesión emocional. El rock, símbolo histórico de rebeldía, es reabsorbido por el poder: se vuelve forma vacía, gesto domesticado.Debord lo explicó con claridad: cuando todo se transforma en mercancía, incluso la rebelión puede ser vendida. En el Movistar Arena, la transgresión se volvió coreografía; la ruptura, espectáculo. Y en ese espejo deformante, la política se despoja de su vocación transformadora para volverse mercancía audiovisual.El resultado es inquietante: el gobernante se transforma en celebridad y el ciudadano en fan. Ya no hay debate público, sino fandom político. No hay contradicción ideológica, sino fidelidad emocional. El poder se mide en reproducciones, en trending topics, en aplausos digitales. Lo político se disuelve en lo viral.

La sustitución de la verdad por la imagen.

Debord escribió que en el espectáculo lo verdadero es un momento de lo falso. Esa frase, en el contexto actual, adquiere una precisión dolorosa.En el show de Milei, los símbolos (la guitarra, la bandera, la palabra “milagro”, entre otros) producen un efecto de autenticidad que no necesita verificarse en la realidad. El líder no promete tanto hechos como emociones: el alivio de creer, por un instante, que la épica aún existe.El espectáculo funciona como un bálsamo frente al desencanto. En una sociedad agobiada por los bajos ingresos, los tropiezos políticos internos y las fluctuaciones cambiarias, el presidente que canta y promete salvación encarna una fantasía de resurrección. No importa si los datos lo contradicen: el espectáculo no necesita coherencia, solo intensidad.En ese punto la política se vuelve teología estética. Lo que se busca no es convencer, sino conmover. No se trata de argumentar, sino de encantar. No de gobernar, sino de representar.

El espectáculo como síntoma y como trampa.

No obstante, toda fascinación tiene un costo. La sociedad del espectáculo, advirtió Debord, no puede sostenerse indefinidamente porque su materia prima —la atención— se agota. Lo espectacular necesita renovarse, aumentar su dosis de dramatismo para mantener cautivo al espectador. Cuando el trueno se repite, deja de impresionar.El riesgo político es evidente: el gobierno que se apoya en el espectáculo debe producir constantemente nuevas escenas de impacto para sobrevivir. Y cada nuevo acto —más grandilocuente, más polémico, más incendiario— erosiona un poco más la frontera entre la política y la ficción.En ese sentido, el show del Movistar Arena puede leerse como una fuga hacia adelante: una manera de convertir la crisis en escenografía. Mientras los problemas estructurales se acumulan, el gobierno redobla la apuesta visual. La catarsis sustituye la gestión.

El espejo de nuestra época.

Sería un error, sin embargo, reducir el fenómeno a Milei. El espectáculo lo excede. Lo alimentan los medios, las redes, los algoritmos, los públicos que lo reproducen. Todos participamos —de un modo u otro— en esta gran dramaturgia donde la política se vuelve contenido, el contenido se vuelve tendencia y la tendencia se confunde con la verdad.Lo que Debord denunció como alienación se ha transformado en hábito cultural. Vivimos para mirar y ser mirados. La vida pública es un escenario permanente donde cada gesto se calcula para ser reproducido. La sociedad del espectáculo no se impone desde arriba: se alimenta de nuestra atención.En el fondo, el show del Movistar Arena no es sino el reflejo amplificado de una sociedad que necesita emociones antes que ideas, impacto antes que profundidad, vértigo antes que diálogo. Y mientras sigamos buscando líderes que nos hagan sentir más que pensar, la política seguirá su curso descendente hacia la lógica del entretenimiento.

Volver a lo real.

Guy Debord proponía recuperar la experiencia directa, romper la pasividad del espectador, reconquistar la vida como espacio de acción.Esa sigue siendo, quizás, la tarea pendiente.Frente a la espectacularización de la política, el desafío es volver a lo real: al trabajo, a la conversación, a la ética de lo cotidiano. Recordar que la democracia no se construye en el escenario sino en la calle, en las instituciones, en los vínculos que no necesitan luces ni micrófonos.El espectáculo pasa, pero las consecuencias quedan.Y cuando las luces del Movistar Arena se apagaron, quedó flotando una pregunta que no es solo para Milei, sino para todos nosotros: ¿seguimos viviendo en la realidad o ya no somos más que espectadores de su representación?.

Julián Lazo Stegeman

En las últimas semanas, el nombre de José Luis Espert, diputado nacional por La Libertad Avanza, se vio envuelto en una controversia que excede la arena electoral y se adentra en un terreno mucho más complejo: el de los vínculos entre la política y el narcotráfico. El caso, que involucra al empresario argentino Federico “Fred” Machado —detenido y con pedido de extradición de los Estados Unidos por causas de narcotráfico, lavado de dinero y fraude—, abrió un debate necesario sobre los límites de la transparencia en la vida pública y sobre el peligro de naturalizar prácticas que, en cualquier democracia madura, encenderían todas las alarmas.

La historia tiene varios capítulos y protagonistas, pero una trama central: la transferencia de 200.000 dólares que, según documentos judiciales estadounidenses, Espert habría recibido en febrero de 2020 a través de un fideicomiso ligado a Machado y a su ex socia Debra Lynn Mercer-Erwin, condenada en EE.UU. por tráfico de drogas y conspiración. A esto se suma el uso de aviones y vehículos del propio Machado en plena campaña de 2019, lo que alimenta la sospecha de una relación mucho más profunda de lo que el propio diputado reconoce.

Espert admite haber conocido a Machado, haber volado en su avión privado y haber aceptado el dinero. Sin embargo, sostiene que se trató de un pago legítimo por una “consultoría minera” y no de un aporte de campaña ni de un vínculo espurio. Esa explicación, como veremos, resulta poco verosímil cuando se la analiza a la luz de los hechos, los montos y los antecedentes del supuesto contratante. Además, choca de frente con las pruebas judiciales en los Estados Unidos y con las regulaciones cambiarias vigentes en la Argentina al momento de la operación.

El perfil de Fred Machado.

Machado no es un empresario común. Es señalado por la justicia estadounidense como parte de una red criminal que utilizaba la compra y venta de aviones —a través de la empresa South Aviation, con sede en Florida— para operaciones de narcotráfico y lavado. Fue detenido en Argentina en 2021, en Río Negro, y desde entonces enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos. Allí se le imputan delitos que van desde conspiración para traficar cocaína hasta fraude bancario y asociación ilícita.

Que un político nacional con aspiraciones de liderazgo haya aceptado favores y dinero de una figura de este calibre no es un detalle menor. Habla de los filtros laxos con los que parte de nuestra dirigencia maneja los aportes, las alianzas y las relaciones de poder.

Una explicación que no cierra.

Espert asegura que los 200.000 dólares que recibió en 2020 no fueron un aporte encubierto de campaña, sino un pago por servicios profesionales de consultoría a la empresa minera guatemalteca “Minas del Pueblo”. Pero hay varias razones para dudar de esa versión.

1.      El monto: se trata de una suma desproporcionada para una consultoría puntual en minería, área en la que Espert no tiene antecedentes reconocidos. El mercado de consultoría en Argentina no registra honorarios de esa magnitud para un profesional independiente.

2.      El vínculo previo: Espert ya había volado en aviones de Machado y utilizado vehículos de su entorno. Esto refuerza la idea de una relación de confianza y apoyo político, más que de un simple contrato comercial.

3.      El origen del dinero: la transferencia provino de un fideicomiso identificado por la justicia estadounidense como parte de la estructura utilizada para el lavado de fondos ilícitos. Que se utilice ese mismo vehículo financiero para pagar un servicio genuino es, cuanto menos, extraño.

4.      La opacidad fiscal y cambiaria: no hay evidencia pública de que Espert haya declarado este ingreso en su patrimonio ni que lo haya ingresado y liquidado al tipo de cambio oficial, como correspondía por ley. La Comunicación “A” 6770 del Banco Central de la República Argentina, vigente en 2020, establecía que toda persona física residente que prestara servicios al exterior estaba obligada a liquidar en el mercado de cambios las divisas percibidas dentro de plazos determinados. Si Espert cobró desde el exterior una supuesta contraprestación por trabajos realizados en Argentina, debió ingresar esos dólares al circuito oficial. No hay constancia de que lo haya hecho.

5.      La contradicción con la justicia estadounidense: el pago de 200.000 dólares en concepto de honorarios por asesoramiento a “Minas del Pueblo” de Guatemala no figura en las evidencias de la Fiscalía del Distrito Este de Texas sobre Fred Machado. Lo que sí aparece es un giro proveniente de la estructura fiduciaria de Machado y Mercer-Erwin, identificado como parte de las operaciones que derivaron en el pedido de captura del empresario argentino y en la condena de su socia. En otras palabras: la versión de Espert no coincide con los registros judiciales internacionales.

Con todos estos elementos sobre la mesa, la narrativa de Espert se vuelve insostenible. No alcanza con decir “no sabía quién era Machado”. La diligencia debida, el mínimo deber de cuidado, obliga a cualquier actor político a verificar con quién se relaciona, de dónde provienen los fondos que recibe y si cumple con las normativas fiscales y cambiarias de su propio país.

El riesgo de la narcopolítica.

Más allá de Espert y de las responsabilidades judiciales que la investigación determine, lo importante es entender qué está en juego. Cuando la política se entrelaza con el dinero del narcotráfico, aunque sea de manera tangencial o “involuntaria”, se abre la puerta a un fenómeno devastador: la narcopolítica.

La narcopolítica no se instala de un día para otro. Avanza a través de grietas de debilidad institucional: aportes de campaña sin control, favores logísticos naturalizados, relaciones personales que luego se vuelven compromisos políticos. El narcotráfico, como cualquier otra organización criminal, necesita de la política para protegerse, ganar influencia y lavar no sólo dinero, sino también reputación.

Y la política, cuando se permite esas zonas grises, pierde legitimidad. Pierde autoridad moral para exigir sacrificios a la ciudadanía, pierde fuerza para reclamar transparencia en otros ámbitos, pierde credibilidad frente al mundo.

No se trata de partidismos ni de operaciones.

Es tentador reducir este escándalo a una cuestión partidaria. Pero sería un error. El desafío que tenemos por delante como sociedad trasciende los colores políticos. Asimismo , sería erróneo sostener, como lo hacen los funcionarios y militantes de LLA, que esto se trata de una operación política contra Espert. Como ya se mencionó, toda esta cuestión está dentro de un proceso judicial en Estados Unidos.

En democracia, la reflexión debe ser más profunda: ¿qué controles estamos dispuestos a exigir? ¿qué estándares mínimos de transparencia aceptamos como ciudadanía? ¿qué nivel de compromiso esperamos de quienes dicen representarnos?.

La sociedad argentina no puede naturalizar que dirigentes de relevancia nacional viajen en aviones de empresarios investigados por narcotráfico, que reciban sumas millonarias de sus fideicomisos, ni que justifiquen todo con la liviandad de una “consultoría” que además contradice los expedientes judiciales y viola la normativa cambiaria local.

Una cuestión de ciudadanía activa.

La verdadera línea divisoria no pasa entre oficialismo y oposición, entre libertarios, peronistas, radicales, partidos de izquierda, agrupaciones vecinales o provinciales. Pasa entre quienes están dispuestos a naturalizar la penetración del dinero espurio en la política y quienes creemos que eso pone en riesgo la esencia misma de la democracia.

Porque cuando el narcotráfico se infiltra en la política, no sólo compra voluntades. Compra silencio. Compra impunidad. Y lo que pierde la ciudadanía es mucho más que transparencia: pierde derechos, pierde seguridad, pierde el futuro.

Por eso, este caso no debe quedar reducido a un expediente más en tribunales ni a un round mediático entre oficialismo y oposición. Debe servirnos de alerta, de oportunidad para elevar los estándares de control sobre el financiamiento de la política, para exigir explicaciones serias y no aceptarlas a ciegas, para no resignarnos a que “así funcionan las cosas”.

José Luis Espert tendrá la oportunidad de defenderse en la justicia y en el Congreso. Machado, por su parte, enfrenta un proceso de extradición que lo llevará a rendir cuentas en Estados Unidos. Pero el verdadero juicio no es sólo judicial: es social.

La ciudadanía debe preguntarse si está dispuesta a tolerar explicaciones inverosímiles, a mirar hacia otro lado, a relativizar lo que en otras democracias sería un escándalo de primer orden. Si lo hacemos, estaremos habilitando la consolidación de la narcopolítica.

No se trata sólo de Espert. No se trata sólo de un partido. Se trata de la integridad del sistema democrático y de nuestra capacidad de protegerlo de la corrupción y del crimen organizado. No podemos permitirnos naturalizar estos vínculos. No podemos resignarnos a que la política se manche con dinero sucio, ni a que se ignoren las leyes cambiarias y fiscales del país. Porque cuando eso ocurre, el precio siempre lo paga la sociedad.

Julián Lazo Stegeman

En ambos casos, la decisión oficial carece de sustento técnico sólido. Más bien responde a una lógica de hostilidad hacia las instituciones públicas, incluso cuando éstas representan espacios de excelencia reconocidos internacionalmente, como el Hospital Garrahan y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La emergencia pediátrica ignorada.

Los números son inapelables: el Garrahan atiende a más de 350 mil niños y niñas por año, realiza 10 mil cirugías, alrededor de 100 trasplantes pediátricos y procesa más de 2,3 millones de estudios de laboratorio. Sin embargo, el hospital recibe hoy menos presupuesto que en 2024, mientras los sueldos de médicos y médicas cayeron más de 50% en términos reales. La Ley de Emergencia Pediátrica buscaba dar respuesta inmediata a esa crisis, con medidas puntuales para recomponer salarios, garantizar insumos y sostener la atención.

El veto presidencial se justificó en el supuesto impacto fiscal de 133.433 millones de pesos, apenas una fracción del gasto público total. El ahorro que se pretende mostrar como “austeridad” termina siendo, en los hechos, un ajuste contra los más vulnerables.

La universidad pública en jaque.

El caso universitario repite el mismo patrón. Argentina ostenta el orgullo de tener a la UBA como la mejor universidad de América Latina según el Ranking QS Global, compartiendo el podio con la Universidad de San Pablo y la UNAM de México. Pero la comparación de inversión por estudiante revela una desigualdad alarmante: mientras la USP invierte USD 17.942 por alumno y la UNAM USD 8.180, la UBA apenas alcanza los USD 1.485.

Lejos de revertir esa brecha, el gobierno profundizó el ahogo presupuestario. En 2024 la infraestructura universitaria tuvo asignados $1.972 millones, de los cuales no se ejecutó un solo peso. En más de un año y medio no se concretó ninguna obra en universidades nacionales. A la par, los salarios docentes y no docentes se hundieron: frente a una inflación acumulada del 250%, las remuneraciones apenas crecieron un 95%, lo que implica una pérdida superior al 40% del poder adquisitivo.

Las becas Progresar, que garantizan igualdad de acceso y permanencia, perdieron un 65% de su valor real y se redujeron en casi medio millón de beneficiarios en 2024. La combinación es devastadora: menos recursos, menos infraestructura, menos becas y peores salarios.

Frente a ese escenario, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario , que establecía la actualización automática de salarios y gastos de funcionamiento según la inflación de 2024 y 2025. Su costo fiscal estimado para 2025 era de apenas el 0,2% del PBI. Sin embargo, el presidente volvió a vetar la norma.

El sinrazón del veto.

El veto a la Ley de Financiamiento Universitario reproduce el mismo sinsentido que el aplicado a la emergencia pediátrica: el argumento fiscal no se sostiene. No se trata de leyes que comprometan el equilibrio de las cuentas públicas, sino de normas que aseguran mínimos básicos para el funcionamiento de dos áreas críticas: la salud infantil y la educación universitaria.

En el caso de las universidades, el costo marginal de la ley era casi simbólico frente al impacto positivo de sostener un sistema que garantiza educación gratuita y de calidad a más de 2 millones de estudiantes en todo el país. La comparación con otros rubros del presupuesto —como la deuda pública, que absorbe más de 20 veces ese porcentaje— vuelve a poner en evidencia que el veto responde a una decisión política, no técnica.

El trasfondo ideológico.

Ambos vetos revelan un mismo trasfondo: la convicción del oficialismo de que el Estado no debe financiar derechos colectivos, sino que cada individuo debe resolverlos en el mercado. La salud y la educación, en esta mirada, no son bienes públicos universales sino servicios que, de ser provistos por el Estado, deben limitarse a lo mínimo indispensable.

Pero ese modelo choca con la realidad. Niños y niñas que requieren trasplantes no pueden esperar a que el mercado asigne recursos. Jóvenes que dependen de una beca para sostener su carrera no pueden aguardar a que el capital privado decida invertir en educación. Las universidades no pueden sostener su infraestructura sin presupuesto, y los hospitales no pueden salvar vidas sin médicos bien pagos ni insumos suficientes.

Las mentiras como sostén del ajuste.

Si los argumentos fiscales resultan endebles, el gobierno recurre entonces a otro recurso: el discurso de la sospecha. Desde el oficialismo se repite una y otra vez que las universidades nacionales, y en particular la UBA, serían cajas negras sin auditoría ni control del gasto. El objetivo es sembrar dudas en la sociedad y legitimar el ajuste presupuestario bajo la apariencia de una cruzada contra la corrupción.

La afirmación, sin embargo, es falsa. La Universidad de Buenos Aires es auditada regularmente por la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo dependiente del Congreso. Además, cada año presenta su rendición de cuentas ante el Consejo Superior y publica balances que son públicos y accesibles. No se trata de un sistema opaco, sino de uno de los más controlados de la administración pública.

La insistencia en esta mentira no es inocente. Al instalar la idea de que “no hay auditorías”, el gobierno busca erosionar la legitimidad de una institución que goza de enorme prestigio social. Se apela así a una estrategia de desprestigio, donde el ajuste no aparece como un acto de desfinanciamiento deliberado, sino como una supuesta “corrección moral” frente a una administración irresponsable.

El caso no es aislado: el mismo mecanismo se repite en salud, donde se cuestiona el tamaño de la planta del Garrahan o se agitan fantasmas de “gastos excesivos” sin sustento en los datos. En ambos campos, el relato oficial funciona como cortina de humo: se inventan irregularidades para justificar recortes que, en realidad, responden a una decisión política e ideológica de fondo.

Un Estado que se retira.

El retiro del Estado de estas funciones esenciales no sólo genera sufrimiento inmediato, sino que compromete el futuro del país. Cada niño que no accede a un tratamiento, cada estudiante que abandona sus estudios por falta de recursos, cada investigador que emigra por falta de financiamiento, son pérdidas que no se recuperan.

El costo de no invertir en salud y educación es infinitamente mayor que el ahorro fiscal coyuntural. Se mide en capital humano perdido, en desigualdad creciente, en oportunidades desperdiciadas. Y lo más grave: en la erosión de la cohesión social y del sentido mismo de una comunidad nacional.

La necesidad de insistir.

Los vetos a la Ley de Emergencia Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario no son episodios aislados, sino parte de un programa de ajuste que erosiona derechos fundamentales. El Congreso tiene ahora la responsabilidad de insistir en ambas normas, demostrando que la democracia argentina aún es capaz de defender el interés general frente a la lógica fiscalista y cortoplacista.

Porque si algo demuestra la historia argentina, es que la salud y la educación públicas son pilares de la movilidad social, del desarrollo económico y de la identidad nacional. Votarlas, sostenerlas y financiarlas no es un gasto: es la inversión más importante que un país puede hacer en su futuro.

Julián Lazo Stegeman

El antecedente: Servini de Cubría y Bores.

El humorista Jorge Bores, en la televisión de los tempranos noventa, construyó un sketch satírico en el que, mediante un juego de palabras, ridiculizaba a la jueza María Servini de Cubría insinuando una relación sentimental con un político. La jueza consideró que se trataba de una ofensa inadmisible y buscó por vía judicial que se prohibiera la emisión del programa. El caso llegó a la Corte Suprema, que debió pronunciarse sobre una cuestión central: ¿puede el Estado impedir preventivamente la difusión de un contenido bajo el argumento de que podría dañar el honor de un funcionario?

La respuesta fue categórica. El máximo tribunal sostuvo que la Constitución Nacional prohíbe la censura previa, aunque habilita las responsabilidades ulteriores. En otras palabras, nadie puede impedir que una idea, opinión o parodia se difunda; pero, si después se demuestra que hubo un daño ilegítimo, el afectado tiene derecho a reclamar reparación por las vías legales correspondientes. Esa distinción entre censura previa y responsabilidad ulterior no solo proviene del artículo 14 de la Constitución, sino también del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que Argentina suscribió y dio jerarquía constitucional en 1994.

Con este fallo, se consolidó un principio democrático básico: el derecho a expresarse está por encima de la incomodidad de los funcionarios. La libertad de expresión no protege solamente los discursos amables o complacientes, sino, sobre todo, aquellos que incomodan al poder.

El presente: Marianello, Bullrich y los audios prohibidos.

Treinta años después, la escena parece invertida. El juez federal Alejandro Patricio Marianello dictó una medida cautelar que prohíbe difundir los audios de Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntas maniobras de corrupción que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al operador oficialista Eduardo “Lule” Menem. El argumento del magistrado es que se trata de material sensible, grabado en la Casa Rosada y que su divulgación podría afectar la seguridad del Estado.

A simple vista, el razonamiento se presenta técnico y jurídico. Pero al observarlo en detalle, revela un grave problema: el juez está instaurando una forma de censura previa, justo lo que la Corte Suprema había rechazado décadas atrás. Lo que se está impidiendo no es la comisión de un delito, ni la incitación a la violencia, ni la difusión de material reservado vinculado a operaciones militares o secretos de Estado. Lo que se está bloqueando es información de interés público que compromete a funcionarios de primera línea. Es decir, exactamente aquello que la libertad de expresión busca garantizar.

La participación de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, agrava el cuadro. Al presentarse como denunciante de la filtración y pedir que se allanen medios y periodistas, Bullrich coloca al Estado en un terreno muy riesgoso: el de utilizar su poder punitivo no para proteger derechos ciudadanos, sino para blindar políticamente a la dirigencia oficialista. Cuando el poder político y el judicial se alinean en este sentido, la consecuencia inmediata es la erosión de la República.

La colisión con la doctrina de la Corte.

El paralelismo con el caso Servini de Cubría – Bores es evidente. En aquel entonces, la jueza buscaba evitar que se transmitiera un sketch satírico que afectaba su honor. La Corte Suprema frenó esa pretensión, con un mensaje claro: la libertad de expresión no puede condicionarse preventivamente, aún cuando afecte a un magistrado. Hoy, en cambio, Marianello hace exactamente lo contrario: restringe preventivamente la circulación de audios que involucran a la figura política más cercana al Presidente de la Nación.

La comparación desnuda la gravedad del retroceso. Si en los noventa, con un poder judicial cuestionado por su dependencia del Ejecutivo, la Corte se animó a establecer un límite nítido en defensa de la expresión, ¿cómo justificar que en 2025 se habilite una censura preventiva en un presunto caso de corrupción? ¿No debería aplicarse con mayor rigor el principio constitucional precisamente porque lo que está en juego es el control ciudadano sobre los actos de gobierno?

Bullrich, Marianello y la amenaza republicana.

El eje del problema no es solo jurídico, sino político. Cuando un juez y una Ministra de Seguridad actúan en tándem para limitar la circulación de información sensible, se afecta el equilibrio de poderes que sostiene a la República. La libertad de prensa es el mecanismo a través del cual la ciudadanía controla al gobierno; si ese mecanismo se bloquea, se debilita el sistema democrático en su conjunto.

Más aún, la doctrina interamericana sostiene que los funcionarios públicos deben tener un umbral más alto de tolerancia frente a críticas y denuncias, justamente porque su rol implica un escrutinio permanente. En lugar de eso, Bullrich y Marianello colocan a Karina Milei bajo un escudo judicial que la separa del debate público. El mensaje es inquietante: el gobierno puede decidir qué se publica y qué no mientras los jueces lo convalidan.

Libertad de expresión o poder sin control.

Lo que está en juego no es un expediente más, sino un principio estructural de la vida democrática. La censura previa es un veneno para la República porque impide que la sociedad conozca hechos de interés público, debata sus implicancias y exija responsabilidades. Las sanciones ulteriores permiten un equilibrio: se protege a las personas contra daños injustificados pero sin sacrificar el derecho colectivo a estar informado. Esa fue la enseñanza de Servini de Cubría vs. Bores.

Marianello, en cambio, reinstala una lógica autoritaria que coloca el honor de los funcionarios y la comodidad del poder por encima de la libertad ciudadana. Y Bullrich, al impulsar allanamientos contra periodistas, añade un componente intimidatorio que amenaza directamente el trabajo de la prensa.

En un país con larga tradición de interrupciones institucionales, con una historia de censura y persecución, estos gestos no pueden naturalizarse. Cada vez que se acepta la censura preventiva en nombre de una causa noble, se abre la puerta para que mañana se silencie cualquier voz crítica.

El caso de los audios de Spagnuolo y la cautelar de Marianello no es un episodio menor. Es la reedición, en el siglo XXI, de una disputa que parecía saldada desde los años noventa. La diferencia es que ahora el poder político y judicial se muestran más dispuestos a limitar la libertad de expresión en nombre de una falsa seguridad o estabilidad.

La jurisprudencia creada por el caso Servini de Cubría/Bores debería ser recordada con fuerza: la censura previa está prohibida porque sin información libre no hay democracia posible. Lo que correspondería es permitir la difusión de los audios y, si Karina Milei u otros funcionarios se sienten difamados, que recurran luego a los tribunales para defender su honor.

Cualquier otro camino implica aceptar que la verdad queda en manos del poder y no de la ciudadanía. Y cuando eso ocurre, la República se vacía de contenido.

Julián Lazo Stegeman

En campaña, Javier Milei había construido una narrativa contundente y sencilla: el ajuste lo pagaría la “casta política”, esa trama de privilegios, acomodos y corrupción enquistada en el Estado. Su discurso se elevaba como promesa moral antes que técnica: un gobierno distinto, con funcionarios distintos, alejados de las prácticas que el propio Milei calificaba como “curros”.

Sin embargo, a menos de un año de gestión, el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sacudió los cimientos de ese relato. Diego Spagnuolo, un dirigente del riñón libertario, quedó envuelto en audios filtrados donde describía un presunto sistema de coimas ligadas a la compra de medicamentos y servicios para personas con discapacidad. En esos audios aparecían mencionados nombres explosivos: Karina Milei, la hermana del Presidente y Secretaria General de la Presidencia y Eduardo “Lule” Menem, operador político central de la coalición oficialista.

El escándalo, ya en manos de la justicia,  constituye un golpe político profundo: La Libertad Avanza está ingresando en el mismo espiral de sospechas, negocios oscuros y justificaciones que alguna vez le achacó a sus adversarios. El contrato electoral, basado en la pureza y la ruptura con la vieja política, aparece hoy severamente dañado.

El caso Spagnuolo: audios, porcentajes y dinero en efectivo.

La trama estalló cuando circularon audios atribuidos a Spagnuolo. En esas grabaciones, cuya autenticidad fue luego avalada por un peritaje privado y será sometida a pericia judicial, se escuchaba al funcionario hablar de “porcentajes para Karina” y de un esquema aceitado de retornos. Mencionaba también a la droguería Suizo Argentina, un histórico proveedor del Estado en el rubro medicamentos, como parte de la operatoria.

En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello ordenó allanamientos simultáneos en domicilios y oficinas ligadas a Spagnuolo y a la familia Kovalivker, propietaria de la droguería. Los procedimientos dieron como resultado el secuestro de dólares en efectivo, en montos que distintos reportes sitúan entre 200 mil y 266 mil, hallados incluso en vehículos asociados a los empresarios investigados.

El Gobierno echó a Spagnuolo “de forma preventiva”, removió a otro directivo, Daniel Garbellini y firmó la intervención de la ANDIS, colocando al frente al médico Alejandro Vilches. Sin embargo, la velocidad de los decretos no alcanzó a despejar la sospecha política: ¿cómo podía el corazón del aparato libertario estar ya sospechado de prácticas que recuerdan a lo peor de la “casta”?

Karina Milei y el poder invisible.

La figura de Karina Milei siempre fue una incógnita en el nuevo poder argentino. Hermana, mano derecha, consejera íntima y jefa de la Secretaría General de la Presidencia, su rol trasciende el organigrama. Para muchos, Karina es el verdadero centro de decisiones del oficialismo, la guardiana del círculo chico y la administradora de la confianza presidencial.

Que su nombre aparezca asociado a retornos y porcentajes en un audio supone un daño simbólico monumental debido a que la lógica libertaria descansaba en la promesa de un liderazgo puro, ajeno a la contaminación de los negocios. Karina no es una funcionaria más: es la depositaria de la fe personal de Javier Milei.

La sospecha, entonces, opera como una fisura en la narrativa fundacional: si en torno al Presidente y su hermana también se habla de coimas, ¿qué queda del grito anticasta?

La casta como espejo.

Lo más llamativo de este episodio no es sólo este sospechoso mecanismo de retornos, que lamentablemente no resulta novedoso en la política argentina, sino la contradicción estructural que exhibe en el proyecto libertario.

Durante la campaña, Milei supo capitalizar el hartazgo social contra una dirigencia asociada a privilegios y corrupción. La promesa de cortar con esa inercia fue el motor de su ascenso. Hoy, su gobierno se encuentra atrapado en un espiral que recuerda a los mismos vicios:

1) Funcionarios acusados de recaudar porcentajes sobre compras públicas.

2) Empresarios beneficiados que aparecen en los allanamientos.

3) Dinero en efectivo incautado en condiciones sospechosas.

4) Justificaciones políticas que remiten a viejos reflejos: negar, relativizar, hablar de operaciones.

La Libertad Avanza, que se presentaba como antítesis de la casta, parece haber internalizado sus prácticas más oscuras.

Ruptura del contrato electoral.

Este escándalo marca, quizás por primera vez con nitidez, la ruptura del contrato electoral libertario. Ese contrato no estaba basado únicamente en un programa económico —ajuste fiscal, dolarización, desregulación—, sino en un pacto moral: gobernar de manera distinta, sin corrupción, sin privilegios, sin entramados opacos.

Cada episodio de sospecha erosiona esa promesa. Y lo hace en un terreno particularmente sensible: la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo encargado de garantizar derechos a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Que los negocios turbios pudiesen haberse tramitado en nombre de los medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad golpea doblemente: revela el cinismo de quienes los practican y dinamita la bandera moral del proyecto libertario.

Cuando la pureza se desgasta.

Ningún gobierno está exento de este tipo episodios lamentables. Pero para un proyecto que hizo de la “anticasta” su estandarte, el costo es mucho mayor. El escándalo Spagnuolo no es un expediente judicial más: es un símbolo político que desnuda la distancia entre el discurso y la práctica.

Al entrar en este espiral de sospechas, La Libertad Avanza se asemeja cada vez más a aquello que prometió destruir. Y, en política, esa contradicción se paga con la confianza social. La historia argentina muestra con crudeza que las mayorías pueden tolerar ajustes duros, crisis económicas y decisiones impopulares, pero difícilmente perdonan cuando se descubre que quienes pedían sacrificios hacían negocios personales.

El desafío para Milei no es sólo judicial sino existencial: demostrar que aún tiene la capacidad de diferenciarse de la casta. De lo contrario, el libertarismo terminará absorbido por el mismo pantano moral que juró erradicar.

Finalmente cabe decir que las sospechas de  corrupción no son accidentes aislados ni  “operaciones mediáticas", como algunos voceros intentaron presentar. Es, en todo caso, la prueba de fuego para un gobierno que se definió contra ella.

Si la Libertad Avanza no logra cortar de raíz los entramados de negocios que ya comienzan a florecer en su interior, si no consigue demostrar, vía Poder Judicial,  la transparencia en los hechos y no solo en los discursos, corre el riesgo de perder lo que le daba singularidad: la autoridad moral para señalar a los demás como parte de una “casta” corrupta.

El escándalo Spagnuolo expone una paradoja cruel: el gobierno que prometió ser distinto empieza a parecerse demasiado a lo mismo. Y en ese espejo, lo que se refleja no es la utopía libertaria, sino el rostro gastado de la vieja política argentina.

Julián Lazo Stegeman

El 10 de julio de 2025, el Congreso Nacional sancionó por unanimidad la Ley de Emergencia en Discapacidad. En un país atravesado por el ajuste fiscal y la incertidumbre social, la medida fue recibida con alivio por miles de familias que dependen del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La norma buscaba garantizar derechos básicos: actualización de aranceles para prestadores, compatibilidad entre pensión y empleo, mejoras en el Certificado Único de Discapacidad y refuerzos a las Pensiones No Contributivas.La respuesta del Poder Ejecutivo fue inmediata: el presidente Javier Milei vetó la ley el 2 de agosto, alegando que su implementación ponía en riesgo el equilibrio fiscal. En una línea discursiva ya habitual, el mandatario repitió que “no hay plata” y que todo aumento del gasto público es inaceptable. Sin embargo, al analizar en detalle los datos técnicos, económicos y sociales, el veto presidencial aparece más como una expresión ideológica y dogmática que como una decisión fundada en la realidad económica.

El impacto fiscal: cifras que desmienten el relato oficial.

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo de la Ley de Emergencia en Discapacidad oscila entre el 0,28 % y el 0,51 % del Producto Bruto Interno (PBI), incluyendo tanto el refuerzo a prestaciones como la actualización de aranceles para prestadores. Esta cifra  no compromete las metas fiscales trazadas por el propio gobierno, que proyecta para este año un superávit primario del 1,6 % del PBI.Incluso contemplando el paquete completo de leyes aprobadas por el Congreso —que incluye, además de discapacidad, una mejora previsional para jubilados, la prórroga de la moratoria y otras medidas de asistencia—, el impacto total se estima en no más del 1,15 % del PBI. Eso dejaría un margen fiscal del 0,45 % para cumplir con las metas sin necesidad de mayores recortes o endeudamiento.La diferencia entre las estimaciones técnicas y el discurso político expone una disonancia que permite sospechar motivaciones más ideológicas que económicas detrás del veto.

Ideología, no economía.

La gestión de Javier Milei se ha caracterizado desde el primer día por su discurso sobre la rigidez fiscal, que responde a un dogma libertario profundamente hostil al Estado. El presidente ha declarado en reiteradas ocasiones que vetará “cualquier ley que aumente el gasto público”, sin hacer distinciones entre gastos superfluos (como los viajes internacionales recurrentes que realiza junto a su comitiva, más por cuestiones de tinte personal que por asuntos ligados a una agenda nacional de interés geopolítico y diplomático) y gastos esenciales. Bajo esta lógica, la Ley de Emergencia en Discapacidad fue condenada desde antes de su tratamiento. Sin embargo, gobernar exige más que defender un marco ideológico. Requiere evaluar el contexto social, entender las prioridades y actuar con sensibilidad frente a las necesidades más urgentes.El gasto público no es, per se, un problema. Lo es el gasto ineficiente, el clientelismo, la falta de auditoría o la corrupción. No obstante, el gasto orientado a garantizar derechos humanos y sostener redes básicas de atención a poblaciones vulnerables no solo es legítimo: es ineludible en una democracia.En este caso, además, la ley no generaba un gasto estructural permanente. Sus efectos eran temporales, circunscritos al plazo de la emergencia (hasta fines de 2027) y su implementación no implicaba un golpe en el supuesto superávit fiscal.

Las consecuencias del veto: un golpe a los más frágiles.

El impacto del veto no es simbólico. Ya se están viendo consecuencias concretas: prestadores que reducen sus servicios por aranceles desactualizados, centros de día que evalúan cerrar sus puertas o recortar personal y miles de familias que deben cubrir de su bolsillo terapias, traslados y medicamentos que antes eran garantizados por el Estado.La medida también ahonda la brecha entre el discurso de derechos y la realidad. Argentina ha suscripto a tratados internacionales sobre discapacidad y ha reconocido que las personas con discapacidad tienen derecho a una vida autónoma, plena, con acceso a la educación, al trabajo y a la salud. Sin presupuesto, estos derechos se transforman en letra inerte. Más aún: el rechazo a esta ley refuerza un mensaje peligroso. El de que los sectores más frágiles son un gasto evitable, prescindible, una carga. Un mensaje que no solo es cruel, sino que erosiona los consensos básicos sobre solidaridad, inclusión y respeto.

La sensibilidad como cualidad política.

En política, la sensibilidad no es debilidad: es una forma de fortaleza. Gobernar implica tomar decisiones difíciles, sí, pero también implica reconocer que no todos los sectores pueden ser tratados de igual modo en un ajuste. Las personas con discapacidad —y las familias que las acompañan— no tienen margen para esperar que “la economía se estabilice”.La función pública no puede reducirse a una ecuación contable. La sensibilidad social es tan importante como la eficiencia administrativa. Gobernar es también saber dónde ajustar y dónde sostener. Porque no todo gasto es lo mismo: hay inversiones invisibles que permiten mantener el tejido social, evitar el colapso de instituciones comunitarias y preservar la dignidad humana.En tiempos donde la lógica del recorte se impone con violencia, la sensibilidad es un valor político que se vuelve urgente recuperar.

¿Hay margen para revertir el veto?.

Para que el Congreso revierta el veto presidencial, se requiere el voto afirmativo de dos tercios de ambas cámaras, algo que parece improbable en el corto plazo. Sin embargo, el rechazo social y la presión de organizaciones de discapacidad podrían reabrir el debate.Lo que está en juego no es solo una ley. Es una visión de país. Un modelo de Estado. Y, sobre todo, una definición ética: ¿qué lugar ocupan los más vulnerables en la agenda pública?.

La Ley de Emergencia en Discapacidad ofrecía una respuesta razonable, progresiva y financieramente viable a una problemática urgente. Su veto, por el contrario, revela una mirada ideológica que no distingue prioridades y que, en nombre de un supuesto ¿orden?, sacrifica la empatía. En última instancia, este episodio nos recuerda que el verdadero desafío político no es solo administrar recursos, sino decidir a quién se protege.

Julián Lazo Stegeman  

La Pedagogía del Oprimido en el debate político.

 La “Pedagogía del Oprimido” de Freire se centra en la emancipación de los oprimidos a través de la educación. En el contexto del debate político, este enfoque implica reconocer que todos los participantes del debate tienen experiencias y conocimientos valiosos que aportar. En lugar de buscar imponer opiniones, los actores políticos y los ciudadanos deberían colaborar para comprender y transformar la realidad social juntos.

Este enfoque cooperativo promueve un ambiente en el que las ideas pueden ser discutidas de manera constructiva, y las soluciones pueden ser co-creadas. Esto no solo fortalece la democracia, sino que también facilita la implementación de políticas que reflejan verdaderamente las necesidades y aspiraciones de la sociedad.

 Conscientización: Hacia un entendimiento crítico.

 El concepto de “Conscientización” de Freire se refiere al proceso mediante el cual los individuos toman conciencia crítica de su realidad socioeconómica y política. En el ámbito del debate político, esto implica fomentar un entendimiento profundo y crítico de los problemas que enfrenta la sociedad.

La conscientización requiere un análisis profundo de las causas subyacentes de los problemas y una reflexión sobre las posibles soluciones. Este enfoque contrasta con las discusiones superficiales y polarizadas que suelen dominar la arena política, donde las soluciones se presentan sin un entendimiento completo de los problemas.

Superar la Educación Bancaria en la opinión pública.

 Freire criticó la “Educación Bancaria”, donde los estudiantes son vistos como recipientes pasivos de información. En el contexto del debate político, este modelo se manifiesta cuando los ciudadanos son tratados como receptores pasivos de propaganda y discursos, en lugar de participantes activos en la formación de políticas.

Para superar este modelo, es necesario adoptar un enfoque dialógico en el debate político, donde los ciudadanos sean vistos como co-creadores del conocimiento. Esto implica fomentar la participación activa y el intercambio de ideas, permitiendo que las voces de todos los sectores de la sociedad sean escuchadas y valoradas.

 La Dialogicidad como herramienta fundamental.

 La “Dialogicidad” es central en la pedagogía de Freire y se refiere al diálogo auténtico y respetuoso entre iguales. En el debate político, esto significa crear espacios donde todas las voces puedan ser escuchadas y consideradas con respeto. Un diálogo auténtico no busca imponer una única visión, sino comprender las diversas perspectivas y trabajar juntos para encontrar soluciones comunes.

Este enfoque dialógico puede reducir la polarización y promover un ambiente más colaborativo y constructivo en la opinión pública. Al escuchar y valorar las experiencias y opiniones de los demás, es posible llegar a un entendimiento más profundo y encontrar soluciones más inclusivas y efectivas.

 Praxis: Reflexión y Acción en el debate político.

 Finalmente, el concepto de “Praxis” de Freire, que combina reflexión y acción, es esencial para transformar el debate político. La praxis implica un proceso continuo de reflexión crítica sobre la realidad y la implementación de acciones que buscan transformarla.

En la arena política, esto significa que las discusiones deben ir más allá de la mera retórica y conducir a acciones concretas que aborden los problemas identificados. La reflexión crítica permite evaluar la efectividad de estas acciones y ajustar las estrategias según sea necesario, asegurando que el proceso de cambio sea dinámico y adaptativo.

 En un mundo cada vez más polarizado, los conceptos de Paulo Freire ofrecen un enfoque transformador para el debate político. La Pedagogía del Oprimido, la Conscientización, la crítica a la Educación Bancaria, la Dialogicidad y la Praxis proporcionan herramientas valiosas para convertir el debate político en un proceso educativo y constructivo. Al adoptar estos principios, es posible fomentar un ambiente de respeto, colaboración y entendimiento crítico, donde las soluciones a los problemas sociales y políticos sean co-creadas y reflejen las verdaderas necesidades y aspiraciones de la sociedad. De este modo, la política puede transformarse en una herramienta de emancipación y justicia social, en lugar de una arena de imposición y desestimación de opiniones.

Julián Lazo Stegeman

Este artículo analiza cómo esta estrategia política —que consiste en gobernar como si se siguiera en campaña electoral— condiciona las decisiones del Ejecutivo, obstaculiza los mecanismos institucionales de resolución de conflictos y transforma al Estado en un dispositivo de propaganda, más preocupado por ganar discusiones simbólicas que por resolver las urgencias materiales de, por ejemplo, este sector clave para el país.

¿Qué es la campaña permanente? Una estrategia de confrontación continua.

El concepto de “campaña permanente” no es nuevo. Fue desarrollado por el periodista político y ex asesor de la Casa Blanca, Sidney Blumenthal, y adaptado al análisis contemporáneo para describir gobiernos que, aún luego de asumir el poder, actúan como si siguieran en campaña electoral. Es decir, no cambian su modo de acción para gobernar desde la institucionalidad, sino que mantienen la lógica de confrontación, polarización, simplificación de discursos y búsqueda de enemigos permanentes.

En este modelo, el conflicto es la herramienta principal de legitimación política y de construcción narrativa del relato. El adversario es convertido en blanco constante de ataques, no para resolver problemas, sino para reafirmar la propia identidad ideológica. Las decisiones no se comunican desde la gestión, sino desde plataformas de redes sociales; los acuerdos son reemplazados por imposiciones y el debate público es sustituido por narrativas de batalla cultural.

En nuestro país, el gobierno de Javier Milei ha adoptado esta estrategia como forma de ejercicio del poder y de narrativa política. La motosierra también se aplica sobre el diálogo. Los conflictos en hospitales como el Garrahan, el Bonaparte o el Clínicas se entienden mejor si se los analiza desde esta lógica: no son errores de gestión, sino piezas funcionales dentro de una campaña que nunca terminó.

Garrahan: salarios indignos y vaciamiento funcional.

La situación del Garrahan no es nueva, pero se agudizó de manera dramática desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Los trabajadores denuncian una pérdida de más del 50 % del poder adquisitivo desde diciembre de 2023, que se traduce en ingresos de alrededor de $797.000 mensuales para los residentes, cuando la canasta básica familiar supera ampliamente el $1.000.000. El ajuste no se limita a los médicos: afecta también a enfermeros, técnicos, camilleros y personal administrativo. A ésto se suma la creciente dificultad para garantizar insumos básicos. Se han reportado faltantes intermitentes de medicamentos esenciales, demoras en la reposición de insumos quirúrgicos, suspensión de turnos programados y reducción de estudios de alta complejidad por restricciones presupuestarias. Áreas críticas como Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular debieron reorganizar sus agendas debido a limitaciones operativas.

Según informes internos, el hospital recibió en lo que va del año un presupuesto que no alcanza para cubrir los aumentos de precios en medicamentos importados ni los costos de mantenimiento de equipos de alta complejidad. La inflación acumulada supera el 100 % en algunos insumos biomédicos, mientras que la actualización presupuestaria ronda apenas el 60 %. Esto obligó a redirigir fondos internos, postergar compras y restringir servicios.

Ante el reclamo por aumentos salariales genuinos, el gobierno propuso un bono no remunerativo de $500.000 para residentes, que no se incorpora al básico ni aporta para jubilación, aguinaldo ni obra social. La oferta fue rechazada por los gremios, que reclaman recomposición real, paritaria, sostenida por ley y ajustada a la inflación.

La situación se agravó aún más con la decisión del Ministerio de Salud de transformar las residencias médicas en becas. Esta medida implica que los médicos en formación deberán firmar una renuncia voluntaria a su vínculo laboral formal, perdiendo todos los derechos asociados al empleo público: estabilidad, obra social, aportes jubilatorios, licencias, cobertura por ART, antigüedad y representación gremial.

La propuesta —presentada como una "modernización del sistema"— fue interpretada por los trabajadores como un intento de deslaboralizar el área asistencial sin debate ni consenso.

En mayo, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. El objetivo era frenar las medidas de fuerza y forzar una mesa de negociación. Pero en varias audiencias los representantes del Estado nacional ni siquiera se presentaron. En otras palabras, abandonaron la reunión sin intercambiar propuestas. Los profesionales del Garrahan denunciaron que el gobierno no tiene voluntad de resolver el conflicto, sino de desgastar a los trabajadores. Asimismo, diversos funcionarios del oficialismo en declaraciones públicas minimizaron el conflicto, dijeron, entre otras cosas, que los médicos “no tienen motivos para protestar” y apuntaron también contra ellos por tener otros intereses y querer “politizar la salud”. En redes sociales oficiales, por ejemplo, se publicaron mensajes que buscaban desacreditar el reclamo.

Bonaparte: intervención, despidos y persecución.

El Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte”, único en su tipo en el país dedicado a la salud mental con enfoque comunitario e interdisciplinario, fue blanco de una intervención directa del Ministerio de Salud. En los últimos meses se despidió a casi 200 trabajadores —más del 30 % del personal— y se clausuraron dispositivos de atención comunitaria con el argumento de “reestructuración” y “optimización”.

Lejos de fortalecer la salud mental pública en un contexto de creciente demanda, el gobierno optó por el vaciamiento institucional y la estigmatización del sector, acusando a los trabajadores de “militantes” y de formar parte de una estructura “sobredimensionada”. Dicha conclusión se llevó adelante sin ningún tipo de auditoria o evaluación. En este sentido,  pareciera ser que el mensaje apunta a que la salud mental no entra en el modelo libertario y cualquier resistencia puede ser interpretada como una amenaza política.

Clínicas: abrazo simbólico y alerta universitaria.

El Hospital de Clínicas “José de San Martín”, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, también sufre un deterioro estructural. Desde hace más de un año no recibe actualizaciones presupuestarias, lo que provocó una pérdida del 40 % del poder adquisitivo de médicos, docentes, no docentes y residentes. Las cirugías programadas se redujeron un 30 %, se suspendieron servicios, hay faltantes de insumos y se detuvo la formación en algunas áreas críticas.

Ante esta situación, trabajadores, estudiantes y docentes realizaron días atrás un abrazo simbólico multitudinario al edificio histórico de la Av. Córdoba. La comunidad universitaria alertó que la salud pública y la educación superior están siendo atacadas como parte de una política que busca desmantelar lo colectivo y asfixiar a las instituciones que aún sostienen el Estado de bienestar.

Gobernar con enemigos: ¿cómo funciona la campaña permanente?.

El conflicto en los tres hospitales muestra cómo la campaña permanente impide la resolución de problemas estructurales. Cada reclamo se convierte en una oportunidad para polarizar: los médicos son tratados como “privilegiados”; los trabajadores, como “ñoquis”; los hospitales como “sobredimensionados” y las universidades, como “cajas negras”.

En lugar de convocar paritarias, el gobierno ofrece bonos precarios. En vez de negociar con gremios, promueve auditorías punitivas. En lugar de atender el colapso de insumos, organiza conferencias de prensa con ataques verbales. Y en vez de garantizar el acceso a la salud, intenta demostrar que lo público es inviable.

En esta lógica, no se gobierna para resolver: se gobierna para resistir enemigos imaginarios y consolidar la propia épica. Pero el costo de esa estrategia lo paga la sociedad: con cirugías suspendidas, con equipos de salud agotados, con residentes precarizados y con miles de pacientes que esperan atención que no llega.

Lo que está en juego no es sólo el presupuesto, es también la narrativa política.

La campaña permanente convierte cada hospital en un frente discursivo, cada conflicto en una batalla cultural y cada trabajador en un adversario político. El Garrahan, el Bonaparte y el Clínicas no son excepciones: son pruebas vivas de un modelo de gestión que desprecia el rol del Estado como garante de derechos y que cree que lo público debe ser debilitado hasta desaparecer.

En nombre del ajuste, se destruye la calidad institucional. En nombre de la libertad, se desprotege a quienes sostienen la salud con 70 horas semanales de trabajo y sin cobertura. Y todo esto ocurre mientras el gobierno redobla su presencia en redes sociales, esquiva mesas de diálogo y construye enemigos para sostener su narrativa. Sin embargo, la salud pública no debería debatirse en esta lógica. Si estos hospitales caen, no solo perdemos servicios, perdemos comunidad, memoria, vocación y dignidad. La campaña permanente, tarde o temprano, choca con la realidad. Y en la realidad, la salud no puede esperar.

Julián Lazo Stegeman

A más de un año del inicio del gobierno de Javier Milei, se impone una pregunta inevitable: ¿quién está pagando el costo del ajuste libertario?. El presidente construyó su narrativa sobre una promesa explícita: “la casta paga el ajuste”. Sin embargo, los datos disponibles muestran una realidad diferente que afecta no a los privilegios del poder político, sino al núcleo de los servicios públicos esenciales y a millones de ciudadanos que dependen de ellos. El recorte no ha sido quirúrgico, ni ha seguido criterios técnicos, ni ha pasado por auditorías que discriminen entre lo que debe corregirse y lo que debe protegerse. Ha sido, en cambio, un ajuste ciego, indiscriminado y socialmente regresivo que, a contramano de lo que planteaba la campaña mileísta, no impacta en la "casta política".

Salud pública: la herida del Garrahan.

Uno de los emblemas de la salud pública argentina es el Hospital Garrahan, centro pediátrico de referencia nacional e internacional. Según cifras recientes de UPCN, INDEC y CEPA, los salarios del personal del Garrahan cayeron un 35,5 % en términos reales desde noviembre de 2023. Esta merma no es solo una cuestión económica, sino una alerta sobre el vaciamiento progresivo de la salud pública. Detrás de cada número, hay profesionales de la salud que trabajan con menores en situaciones críticas y que hoy ven su capacidad de respuesta severamente limitada por la falta de recursos.

La caída de los salarios reales en salud no solo degrada las condiciones laborales, sino que promueve el éxodo de los profesionales. En paralelo, la demanda del sistema público aumenta, especialmente tras los incrementos de precios de las prepagas (dado que el Gobierno liberó los precios) y la salida de miles de afiliados. Se forma así un entramado complicado: menos capacidad de atención y más necesidad de ésta. Así se configura una fórmula que no puede sostenerse en el tiempo.

Educación pública: docentes en emergencia.

La situación de la educación pública no es menos alarmante. En las universidades nacionales, uno de los principales motores de formación profesional y pensamiento crítico del país, el ajuste también se siente con crudeza. Según AGDUBA y el INDEC, el salario real del docente universitario de dedicación semi exclusiva cayó un 27,9 % desde noviembre de 2023. Este deterioro del ingreso golpea la calidad educativa y amenaza con vaciar las aulas de docentes capacitados.

La reducción presupuestaria no solo afecta a los salarios: impacta en becas, infraestructura, programas de investigación y extensión y en el funcionamiento cotidiano de las instituciones. La masiva marcha federal universitaria de abril fue la expresión contundente de un sistema que, lejos de ser parte del problema, es parte esencial de cualquier solución para el desarrollo nacional.

Ciencia y tecnología: el futuro en retroceso.

En un mundo donde la inversión en ciencia y tecnología es una de las claves del desarrollo soberano, Argentina ha optado por el camino inverso. Los datos, en base a CEPA, e-Sidif y el INDEC, muestran que el presupuesto destinado a ciencia, tecnología e innovación cayó un 10,8 % en el primer cuatrimestre de 2024 respecto al mismo período de 2023 y un 19,4 % más en el primer cuatrimestre de 2025 en comparación con el mismo lapso del año anterior. Esto representa un retroceso grave en áreas estratégicas como salud, producción, energía, cambio climático y educación técnica.

El recorte implica la paralización de investigaciones, la emigración de científicos, el congelamiento de becas y la degradación del sistema científico-tecnológico nacional, que llevó décadas construir. Las consecuencias no son inmediatas, pero son profundas: la pérdida de capacidades soberanas, la dependencia tecnológica y la imposibilidad de competir con países que apuestan, justamente, por lo que aquí se abandona.

Jubilaciones: promesas quebradas.

El presidente Milei en campaña repetía que no ajustaría sobre los jubilados. Sin embargo, los hechos lo contradicen. Según datos del INDEC, ANSES y REM-BCRA, las jubilaciones con bono se ubicaron en el trimestre abril-junio de 2025 un 15,7 % por debajo del último trimestre de 2023 en términos reales. Las jubilaciones sin bono, por su parte, también se mantuvieron un 3,1 % por debajo de ese mismo período. A esto se suma que el bono complementario —una herramienta para compensar las bajas mínimas— está congelado en $70.000 desde marzo de 2024, erosionado por la inflación y la falta de actualización.

Esto no es solo un dato presupuestario: es una tragedia cotidiana. Son adultos mayores que deben elegir entre comprar medicamentos o comida. Que no pueden calefaccionar sus casas en invierno ni acceder a tratamientos básicos. Que ven cómo sus derechos se licuan en nombre de una supuesta estabilidad fiscal que los excluye.

Discapacidad: un sector sumamente golpeado.

El área de discapacidad ha sido otra víctima del ajuste. La Agencia Nacional de Discapacidad sufrió un recorte presupuestario del 17 % en 2024, lo cual afecta directamente la gestión de pensiones no contributivas, los programas de inclusión y el acceso a dispositivos, tratamientos y transporte. Además, el nomenclador —el listado que fija los valores de las prestaciones— permanece congelado desde diciembre de 2024, lo que implica que muchos prestadores comienzan a desertar del sistema por inviabilidad económica.

El resultado es una doble injusticia: personas con discapacidad que quedan sin atención y familias que deben enfrentar gastos impagables. Ajustar sobre este sector no solo es económicamente cuestionable; es moralmente inadmisible.

La promesa rota: ¿dónde está la casta?.

En medio de estos recortes, el eslogan fundacional del gobierno —"la casta paga el ajuste"— aparece desmentido por los hechos. No hubo reducción significativa en los salarios de legisladores, ni se eliminaron jubilaciones de privilegio, ni se avanzó en una reforma política profunda. El número de asesores legislativos se mantiene alto y el gasto en rubros como, por ejemplo, viajes oficiales (y no tan oficiales) no ha mostrado caídas proporcionales al resto del Estado.

La casta, parece, no paga el ajuste. Lo pagan los jubilados, los médicos, los docentes, los científicos y las personas con discapacidad. Lo pagan los hospitales públicos, las universidades nacionales y los organismos que sostienen el tejido social y productivo del país.

Ajustar sin auditar: ¿una política o un dogma?.

Uno de los aspectos más preocupantes de esta política económica es su lógica dogmática. En lugar de auditar organismos, identificar irregularidades y sancionar a los responsables —como correspondería en una república—, se procede al cierre o desfinanciamiento generalizado de entidades clave como el INTA, el Conicet o Vialidad Nacional.

Cerrar un organismo entero porque “había curros” particulares carece de toda lógica. Lo razonable sería investigar, sancionar y corregir. Pero el camino elegido ha sido otro: destruir capacidades estatales sin distinguir entre lo necesario y lo superfluo y entre lo correcto y lo incorrecto.

Lo mismo ocurre con los subsidios. En lugar de segmentarlos, se eliminaron sin diferenciar entre realidades socioeconómicas diversas. El resultado: miles de familias trabajadoras, sin ahorros ni red de contención, enfrentan tarifas impagables, experimentando ellas el supuesto ajuste contra "la casta".

¿Estabilidad macro?.

Desde el gobierno se celebra el superávit fiscal como un trofeo. Pero conviene preguntarse: ¿de qué sirve una macroeconomía ordenada si se basa en la destrucción del entramado social? ¿Qué sostenibilidad puede tener un modelo que desincentiva la producción, la ciencia, la educación, la salud y la inversión en capital humano?.

La estabilidad real no se logra simplemente ajustando el gasto. Requiere desarrollo, inclusión, consenso y justicia. Ajustar puede ser necesario en determinados momentos, pero hacerlo sin criterio, sin segmentación y sin diagnóstico es, en los hechos, una forma de exclusión sistemática.

El ajuste de Milei no es una política técnica: es una decisión ideológica. No apunta a mejorar la eficiencia del Estado, sino a desmantelarlo. Y no lo están pagando los corruptos, ni los ñoquis, ni la casta: lo están pagando los sectores que más necesitan al Estado. Si no se corrige el rumbo, el supuesto orden macroeconómico puede convertirse en una ficción. La pregunta ya no es solo si hay que ajustar, sino cómo, a quiénes y con qué horizonte. Porque ajustar no es lo mismo que empobrecer. Y la política no puede construirse con una motosierra.

Julián Lazo Stegeman

La discapacidad es uno de los campos más sensibles de la política pública. Allí en donde el Estado debería garantizar mayor presencia, mayor cuidado y más inversión, lo que hoy se observa es un vaciamiento progresivo. Y éste tiene consecuencias concretas, mensurables y cotidianas. Los recursos no llegan, los aranceles están congelados, las pensiones pierden poder adquisitivo y las instituciones no pueden sostenerse. Las personas con discapacidad —niños, jóvenes, adultos mayores— son víctimas de un sistema que hoy las desatiende. Pero también lo son sus familias, los profesionales que trabajan con ellas y las comunidades que, a falta de respaldo estatal, intentan sostener lo que no pueden por sí solas.

La crisis económica del sector discapacidad puede desglosarse en distintos niveles. El más visible —y quizás el más urgente— es el congelamiento del Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas. Este nomenclador determina cuánto se paga por cada servicio brindado a personas con discapacidad: atención terapéutica, apoyo escolar, transporte adaptado, actividades recreativas, asistencia psicológica, talleres, entre muchos otros. Desde diciembre de 2024, los valores establecidos no se han actualizado. En un país con una inflación acumulada de más del 100% en lo que va de 2025, esto significa una pérdida real de más del 60% del valor de cada prestación.

A esto se suman los retrasos en los pagos por parte del Estado y de las obras sociales que operan bajo su supervisión. Instituciones de todo el país denuncian demoras de 60 a 180 días en la acreditación de los fondos correspondientes. Es decir, se brindan servicios durante meses sin recibir los ingresos necesarios para cubrir su funcionamiento. No hay empresa, institución inclusiva, de salud, cooperativa ni ONG que pueda sostenerse bajo ese esquema. Se trata de una asfixia presupuestaria que pone en riesgo la continuidad de los servicios y la subsistencia de los espacios que los garantizan.

En paralelo, las pensiones no contributivas por discapacidad, que representan el único ingreso para muchas familias, también han quedado rezagadas frente a la inflación. Su valor se actualiza con los mismos criterios que el resto de las jubilaciones, fórmula que en los últimos años ha perdido consistentemente contra la suba de precios. A esto se suma la incertidumbre generada por las auditorías masivas lanzadas por el Estado sobre 1,8 millones de beneficiarios. Bajo el pretexto de combatir supuestos fraudes, se genera un clima de persecución que estigmatiza a personas con discapacidad como si fueran usurpadoras de un derecho que les corresponde.

Este conjunto de medidas —ausencia de actualización, demoras, auditorías, recortes— configura una emergencia económica integral del sector. Una situación en la que miles de personas corren el riesgo de quedarse sin atención, sin acceso a servicios básicos y, en muchos casos, sin los únicos espacios de inclusión y desarrollo que tienen.

Frente a esta realidad, el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad que impulsan familias, organizaciones y legisladores de diferentes bloques intenta ser una respuesta inmediata. Su objetivo es garantizar fondos, actualizar aranceles automáticamente por inflación, y establecer un mecanismo de pagos previsible para que las instituciones puedan planificar su actividad y sostener su planta de profesionales. Sin embargo, el proyecto sigue sin ser tratado en el recinto, y desde el Ejecutivo se lo rechaza con el argumento de que implicaría un gasto “insostenible”. Lo que no se dice es que, si se corta la atención a la discapacidad, el costo humano y social será mucho más alto.

Es en este contexto donde el caso de Granja Lucecitas, en nuestra ciudad, se vuelve paradigmático. Fundado hace muchísimos años, este centro de día es mucho más que una institución: es una comunidad histórica y de amplia trayectoria en nuestra localidad que sostiene la vida cotidiana de personas con discapacidad. Allí se ofrecen talleres terapéuticos, actividades recreativas, acompañamiento familiar y atención profesional especializada, en otras cuestiones. Asimismo, se ofrece algo que ningún Estado puede medir en estadísticas: afecto, dignidad, sentido de pertenencia.

Hoy, Granja Lucecitas enfrenta una situación económica límite. Con ingresos congelados y costos básicos qué no dejan de crecer, la institución está al borde del colapso. Muchos profesionales, por ejemplo, siguen trabajando al límite económico. Las familias, autoridades de la institución y los mismos profesionales colaboran como pueden. No obstante, ese esfuerzo colectivo no debería reemplazar el rol del Estado. Porque cuando una institución fundamental como ésta depende de la caridad o la buena voluntad para sobrevivir, lo que se pone en cuestión es la vigencia misma de los derechos.

No se trata solo de números. Se trata de una concepción ética de lo público. De entender que la discapacidad no es una carga, sino una dimensión de la diversidad humana que debe ser respetada, integrada y acompañada. De asumir que hay derechos que no pueden depender del mercado ni de la rentabilidad financiera. Y de reconocer que una sociedad que abandona a sus personas con discapacidad está renunciando a su propia humanidad.

Por eso, este artículo no es solo un llamado de atención. Es también una invitación a reconstruir consensos. Porque frente a la fragmentación social y el repliegue del Estado, lo que nos queda es volver a poner en el centro valores como la solidaridad, el respeto, el compromiso y la empatía. No como eslóganes vacíos, sino como principios rectores de una política pública inclusiva. Porque no hay verdadera justicia sin igualdad de condiciones. Y no hay verdadera democracia sin derechos garantizados.

Gualeguay lo sabe. Por eso debe defender a Granja Lucecitas. Porque entiende que allí no solo se atienden a personas con discapacidad: se construye comunidad. Y porque sabe que cuando una luz se apaga en la oscuridad, no solo pierde quien está cerca. Perdemos todos.

Julián Lazo Stegeman 

Las alianzas de siempre disfrazadas de novedad.

Milei forjó su identidad pública como un outsider antipolítico, alguien que venía a enfrentarse al sistema desde afuera. Sin embargo, una vez en el poder, comenzó a construir alianzas con figuras representativas del establishment tradicional, como Mauricio Macri —antes de que surgieran tensiones entre ambos— y referentes del PRO, como Patricia Bullrich, a quien durante la campaña calificó despectivamente como “montonera”. De esta forma, mientras proclama la necesidad de “aniquilar a la casta”, su gobernabilidad depende de acuerdos con los mismos sectores a los que dice combatir. Y estas alianzas no se limitan al universo antiperonista: Milei incorporó a su gestión a sectores del peronismo tradicional, como el clan Menem, a través de Martín Menem, e incluso sumó figuras con pasado kirchnerista, como Daniel Scioli, actual Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación y ex candidato presidencial del Frente para la Victoria en 2015.

Identidades políticas: una mirada teórica.

Autores como Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Norbert Lechner y Pierre Bourdieu han analizado la manera en que las identidades políticas no son meras adhesiones racionales a una ideología, sino construcciones complejas que combinan narrativa, emoción, oposición y pertenencia. Laclau, en “La razón populista”, argumenta que las identidades políticas emergen cuando demandas sociales dispersas se articulan bajo un significante común. Mouffe, por su parte, sostiene que la democracia requiere de la pluralidad de identidades en conflicto y que el antagonismo político es constitutivo del orden democrático.

Lechner aporta una dimensión emocional al señalar que la política se vive desde el deseo, el miedo y la bronca. Bourdieu, desde otra perspectiva, muestra cómo el capital simbólico y cultural influye en las formas de identificación, en función de clases sociales, estilos de vida y formas de hablar o habitar el espacio.

Desde esta mirada, se percibe otra contradicción clave en el fenómeno Milei: la apelación emocional a la libertad y el rechazo al Estado convive con propuestas de fuerte centralización del poder en el Ejecutivo, represión de la protesta social y reducción de derechos laborales. Así, la retórica libertaria convive con prácticas que podrían limitar la libertad en sentido amplio.

Milei: del outsider mediático a presidente.

En este contexto teórico, Javier Milei aparece como un caso paradigmático de construcción de identidad política. Su discurso no se limita a lo económico, sino que presenta un relato de antagonismo total contra “la casta”, a la que responsabiliza de todos los males del país.

El concepto de "la casta" opera como significante vacío al estilo laclauniano: agrupa y condensa distintos malestares (corrupción, pobreza, privilegios, impunidad, clientelismo) en un enemigo común. Esto permite interpelar tanto a emprendedores de clase media cansados de la presión fiscal, como a jóvenes precarizados que sienten que el sistema está cerrado para ellos.

La contradicción, como ya se mencionó, aparece en el uso del término “casta”: muchos de los funcionarios que integran su gabinete provienen de la política tradicional, de bancos internacionales o del mismo sector empresario al que también se suele criticar por connivencia con el poder. Así, mientras se presenta como una ruptura, el mileísmo también reposa sobre estructuras tradicionales del poder.

Uno de los casos paradigmáticos fue el respaldo de Milei al juez Ariel Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema. Lijo es una figura fuertemente cuestionada por sus vínculos con el poder político tradicional. Lo curioso —y contradictorio— es que ese mismo juez también fue promovido por sectores del kirchnerismo, lo que marca un punto de contacto entre Milei y Cristina Kirchner. La connivencia con ese aparato, al que antes prometía arrasar, abre preguntas sobre los límites reales de su vocación refundacional.

¿Quiénes son los que se identifican con Milei?: datos sociales y demográficos.

Los estudios de opinión y los resultados electorales muestran que Milei obtuvo un apoyo significativo en sectores urbanos, especialmente entre los jóvenes de entre 16 y 30 años. En el balotaje de 2023, ganó en provincias tradicionalmente peronistas como Salta, Tucumán o San Juan, pero también arrasó en el AMBA y en grandes ciudades como Córdoba o Mendoza. Según un informe de la consultora Zuban-Córdoba, el 52% de los menores de 30 años se manifestaban a favor de Milei en octubre de 2023.

No se trata solamente de una cuestión de edad. También hay una variable social: muchos de sus votantes pertenecen a clases medias empobrecidas o aspiracionales, sectores golpeados por la inflación, el desempleo o la inseguridad, pero que rechazan los discursos asistencialistas. Allí se forja una identidad basada en el “meritócrata indignado”: no quieren ser mantenidos ni mantener a otros, sino “salir adelante sin que el Estado les ponga trabas”.

Aquí también surge una contradicción: muchos de los votantes de Milei esperan mejoras económicas inmediatas, pero las políticas de ajuste y liberalización extrema que propone tienden a perjudicar, al menos en el corto plazo, a los mismos sectores populares que lo votaron. La expectativa de cambio convive con el riesgo de mayor exclusión.

Emoción, rebeldía y redes: el “viva la libertad” como bandera generacional.

El “¡Viva la libertad, carajo!” no es sólo una frase: es un gesto político-emocional. Representa una identidad en construcción, que combina liberalismo económico, rechazo al status quo y una dosis de rebeldía anti-establishment. En las redes sociales, Milei se convirtió en un producto cultural: memes, canciones, ediciones virales y frases provocadoras le dieron una estética disruptiva y cercana a los códigos juveniles.

En este punto, Bourdieu sería clave para entender el valor simbólico de esa identidad. Rechazar al Estado, a la universidad pública, al lenguaje inclusivo o al feminismo no son sólo posturas ideológicas: son formas de diferenciación simbólica frente a otros sectores que representan “el progresismo urbano porteño” o el “Estado bobo”.

Pero esta identidad libertaria juvenil también enfrenta contradicciones internas: mientras se proclama la defensa de la libertad, se proponen recortes en salud, educación y cultura que afectan derechos básicos; mientras se repudia la violencia estatal, se aplauden medidas represivas y discursos de intolerancia hacia el disenso. La libertad se invoca selectivamente y eso tensiona la coherencia del discurso.

Del ajusto al reparto: la paradoja asistencialista del gobierno de Milei.

A pesar de su discurso contra “la casta” y las críticas a los programas sociales durante su campaña, el gobierno de Milei no sólo mantuvo, sino que incrementó varias prestaciones de asistencia social clave. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se duplicó, creciendo entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 un 308 % según datos oficiales. Sumado a esto, la Tarjeta Alimentar aumentó un 137–138 %, y el Plan 1 000 días —destinado a la primera infancia— se incrementó en torno al 1300 %. 

Pese a estos aumentos, el gasto social total cayó un 21–22 % durante su primer año en el poder, según la Oficina de Presupuesto del Congreso y diversos estudios. Esto se debió a recortes profundos en programas como Potenciar Trabajo/Volver al Trabajo (–60 %), becas Progresar (–63 %) y asistencia médica a adultos mayores no contributivos (–12 %). 

Cabe aclarar que la crítica no radica en la ampliación de estas políticas sociales —que, en muchos casos, resultan necesarias—, sino en la contradicción entre ese rumbo de gestión y el discurso confrontativo que Milei sostuvo durante años contra el llamado “Estado asistencialista”. Se dio, así, la paradoja de un gobierno que, mientras pregonaba batalla contra el gasto público y la asistencia directa, reforzó selectivamente prestaciones populares —visibles en los medios y en campañas—, pero simultáneamente desfinanció gran parte del sistema de protección social. La estrategia fue habilitar políticas llamativas hacia sectores vulnerables, al tiempo que vaciaba el andamiaje institucional que las sostenía.

El desafío de las nuevas identidades.

El caso Milei demuestra que la política no está muerta, sino que muta. El voto no es solo racional ni programático: es también una expresión de pertenencia, emoción y sentido. El león no llegó a la presidencia solo por el fracaso de los demás, sino porque supo construir una identidad política poderosa, que le dio voz a sectores que se sentían olvidados, burlados o traicionados.

No obstante, esa identidad contiene tensiones y contradicciones que pueden erosionar su legitimidad a futuro. La promesa de libertad choca con medidas autoritarias; la idea de meritocracia se enfrenta a una realidad de desigualdad estructural; el discurso antisistema convive con alianzas sistémicas. El éxito de Milei reside en su capacidad para mantener esa identidad cohesionada a pesar de estos conflictos internos.

Comprender estas nuevas identidades es clave para interpretar el presente y proyectar el futuro. No se trata solo de confrontarlas, sino de analizarlas en su complejidad: qué valores expresan, qué deseos movilizan, qué temores condensan y qué contradicciones las atraviesan. En ese análisis está el verdadero sentido de hacer ciencia política.

Julián Lazo Stegeman 

Aunque la problemática suele asociarse a grandes conglomerados urbanos como el conurbano bonaerense o Rosario, la realidad de muchas ciudades intermedias del interior del país, como la nuestra, demuestra que el desafío de la integración sociourbana es nacional, transversal y urgente.

Las políticas de integración sociourbana, impulsadas por el Estado nacional y ejecutadas en conjunto con provincias y municipios, apuntan a resolver una deuda histórica: garantizar el derecho a la ciudad. No se trata solo de abrir calles o colocar luminarias. Se trata de tender puentes entre el “adentro” y el “afuera” de la ciudad, de reconocer derechos, promover la justicia social y democratizar el espacio urbano. En definitiva, de incluir plenamente a las familias que durante años quedaron relegadas a los márgenes, tanto físicos como simbólicos.

Una ciudad partida.

Gualeguay es una ciudad de aproximadamente 50000 habitantes. En los últimos años, su crecimiento demográfico y urbanístico ha sido desigual, como ocurre en buena parte del país. Mientras algunas zonas, por ejemplo, gozan de pavimento, gas, internet y buenas luminarias, otras carecen de elementos esenciales.

En muchos barrios se evidencian condiciones de vulnerabilidad estructural: construcciones precarias, calles de tierra que se tornan intransitables con cada lluvia, familias que viven sin conexión formal a la electricidad o sin acceso seguro a un centro de salud cercano. A esto se suman problemáticas sociales como el desempleo o la informalidad laboral.

Aquí es donde las políticas de integración sociourbana cobran especial relevancia. La equidad territorial no puede ser una promesa abstracta. Debe materializarse en el terreno, con planificación, inversión sostenida y participación de las comunidades.

Obra pública con mirada social.

En la práctica, una política de integración sociourbana se traduce en obras de infraestructura comunitaria, apertura de calles, instalación de redes de agua potable, cloacas, tendido eléctrico, mejoramiento de espacios verdes, construcción de plazas, playones deportivos, centros comunitarios, entre otros.

Pero también implica una mirada integral que abarca el acceso a la educación, la salud, la cultura y el trabajo. Por eso, muchas veces estas políticas se articulan con otros programas que fomentan la terminalidad educativa, la formación profesional o la economía popular.

En el caso de Gualeguay, el potencial existe en encontrar y fomentar aquellas relaciones valiosas de articulación entre el Estado local y organizaciones intermedias para que trabajen en conjunto. Estas organizaciones cumplen un rol clave no solo en la detección de necesidades, sino también en el acompañamiento a las familias, la contención social y la generación de propuestas desde abajo.

Participación: sin los vecinos, no hay integración.

Uno de los principios fundamentales de estas políticas es la participación comunitaria. Lejos de plantear una intervención desde arriba, los programas de integración sociourbana promueven el diálogo con los vecinos y vecinas, quienes mejor conocen la historia, las necesidades y los problemas cotidianos de su barrio.

El desafío, en municipios como Gualeguay, es construir políticas sostenidas en el tiempo, más allá del signo político de cada gestión. Las transformaciones profundas no se logran en pocos meses, requieren planificación de largo plazo, financiamiento estable y, sobre todo, voluntad política. Nuevamente: sin importar tintes políticos. 

La urbanización de barrios populares no debe ser entendida como un gasto, sino como una inversión en democracia, en paz social y en desarrollo humano. Una ciudad que corra el peligro de marginar a una parte de sus habitantes no puede ser plena, ni sostenible, ni justa.

La ciudad que viene.

En momentos donde el discurso público tiende a polarizarse entre ajuste y gasto, entre eficiencia y derechos, resulta vital recuperar una idea central: la ciudad es un derecho colectivo. Y como tal, debe garantizar condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y acceso a todos sus ciudadanos, sin importar en qué zona de la ciudad se ubiquen.

Gualeguay, como muchas ciudades medianas del interior argentino, enfrenta un dilema: profundizar la fragmentación territorial o apostar a la integración. Las políticas de integración sociourbana ofrecen un camino posible, basado en la justicia espacial, la participación social y la inclusión activa.

Porque no se trata solo de urbanizar barrios. Se trata de reconocer a sus habitantes como sujetos de derecho, como protagonistas de su historia, como parte viva y fundamental del tejido urbano.

Julián Lazo Stegeman 

Lo que podría parecer un hecho aislado o una anécdota risueña de campaña encierra, en realidad, un fenómeno mucho más profundo: el viraje civilizatorio que implica el uso de la tecnología sin mediación ética, sin regulación democrática y sin reflexión política. Este episodio no es solo un caso de “fake news”. Es el síntoma de un cambio de época, en el que el sujeto humanista está siendo desplazado por el individuo algorítmicamente asistido, como advierte el intelectual francés Éric Sadin. Es decir, pasamos de una ciudadanía reflexiva a una humanidad programada para reaccionar.

De la técnica como herramienta al sujeto como objeto.

Martin Heidegger, el clásico filósofo alemán, en su célebre conferencia “La pregunta por la técnica”, ya alertaba sobre un riesgo esencial: el olvido del ser por el dominio del “gestell”, ese modo técnico de emplazar el mundo como un fondo disponible, listo para ser explotado. Cuando la tecnología deja de ser una herramienta y pasa a constituir el modo dominante de ver, hacer y pensar, todo se convierte en recurso, incluso el ser humano. ¿No es acaso lo que ocurre cuando una inteligencia artificial simula a un líder político con el objetivo de inducir el voto? El candidato se convierte en imagen manipulable. El ciudadano, en blanco pasivo de una operación.

Esta transformación se articula con la evolución que el pensador estadounidense Carl Mitcham describió al clasificar tres modos de ser de la tecnología: como objeto, como conocimiento y como práctica. El deepfake que involucró a Macri sintetiza los tres. Es un objeto audiovisual creado con IA; es producto de conocimientos avanzados en machine learning; y es, ante todo, una práctica política orientada a intervenir en el espacio público con fines estratégicos, no deliberativos.

Pero no cualquier práctica. Como advirtió el sociólogo norteamericano Lewis Mumford, existen técnicas autoritarias —centralizadas, controladas por pocos, opacas— y técnicas democráticas —transparentes, descentralizadas, participativas—. El uso de IA para manipular elecciones no responde a una lógica de empoderamiento ciudadano, sino de control y coerción: un puñado de operadores decide qué ve la mayoría, a qué estímulos debe reaccionar, a quién debe temer o seguir. Bajo una máscara de modernidad, regresa la más vieja de las prácticas: el engaño.

La matriz social de la tecnología y el simulacro del presente.

Murray Bookchin, historiador estadounidense, en su análisis sobre la matriz social de la tecnología, insistía en que la técnica no es neutral: nace y se desarrolla en un contexto social específico. No es lo mismo una tecnología desarrollada en una comunidad igualitaria que una producida por y para el lucro corporativo o la dominación estatal. En la actualidad, las grandes plataformas digitales, que median casi toda la vida pública, responden a intereses comerciales y políticos que están lejos de los ideales republicanos. Así, las tecnologías de la información, lejos de democratizar el acceso a la verdad, se convierten en fábricas de simulacros.

Bookchin también distinguía entre dos imágenes de la tecnología. La primera, optimista, la presenta como fuerza liberadora, capaz de emancipar al ser humano del trabajo penoso y promover la cooperación. La segunda, más crítica, advierte sobre su uso para reproducir jerarquías, ocultar desigualdades y colonizar la conciencia. El video falso de Macri no solo pertenece a esta segunda imagen, sino que la radicaliza: es una intervención que no busca informar ni debatir, sino suplantar, sustituir, desinformar. Como escribió el pensador francés Jean Baudrillard, vivimos ya en una era de hiperrealidad, donde lo falso no encubre la verdad, sino que se impone como su reemplazo.

La muerte del sujeto humanista.

En este nuevo entorno, el sujeto humanista —autónomo, racional, deliberativo— está siendo desplazado por lo que Éric Sadin denomina el individuo algorítmicamente asistido. Se trata de una persona cuyo acceso al mundo está mediado por interfaces inteligentes, filtros de recomendación, asistentes virtuales, bots y sistemas predictivos. Este individuo no interpreta el mundo: lo consume. No construye verdad: la recibe. No elige, sino que es guiado por patrones de comportamiento que otros han modelado en función de su historial de navegación, sus emociones y sus temores.

El caso del video deepfake no es un simple “error” o “exceso”. Es la confirmación de una tendencia: la política se está convirtiendo en un mercado de estímulos, donde los candidatos son marcas, los electores son targets y la democracia se reduce a una coreografía de apariencias. En ese marco, las instituciones no pueden seguir funcionando con lógicas del siglo XX. La alfabetización digital, la regulación ética de la inteligencia artificial, la trazabilidad de los contenidos y la rendición de cuentas de las plataformas deben convertirse en prioridades ineludibles.

¿Y ahora qué?

El Tribunal Electoral actuó con rapidez. Ordenó eliminar el video y envió el caso al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el daño simbólico ya estaba hecho. La pregunta que queda flotando es mucho más inquietante: ¿cuántos otros videos como ese circularán en los próximos años? ¿Cuántas decisiones políticas serán influidas por inteligencias no humanas? ¿Cómo evolucionarán este tipo de prácticas fraudulentas vía inteligencia artificial de cara a las próximas elecciones presidenciales en dos años? ¿De dónde obtiene el oficialismo los fondos para financiar estas maniobras? ¿Cuántas veces aceptaremos lo falso porque nos resulta cómodo, rápido y emotivo?

La democracia no puede competir con la inmediatez de los algoritmos si no recupera su valor pedagógico y deliberativo. La política no puede entregarse a las máquinas si no quiere perder su humanidad. Lo que está en juego no es solo la reputación de un candidato ni el resultado de una elección. Es la posibilidad misma de seguir eligiendo con libertad, en un mundo donde lo verdadero ya no se distingue de lo verosímil, y donde las máquinas no solo nos asisten, sino que empiezan a decidir por nosotros.

Julián Lazo Stegeman 

Hoy, en pleno siglo XXI, esos pilares están siendo erosionados a una velocidad que alarma a la comunidad científica, a los profesionales de la salud y a una porción cada vez mayor de la ciudadanía. Ya no se trata solo de promesas incumplidas o de ajustes puntuales. Se trata de un desmantelamiento estructural, deliberado y profundo que amenaza con romper definitivamente el contrato social que alguna vez tejió este país.

El sistema científico nacional: la inteligencia expulsada.

En la Argentina de 2025, el sistema científico nacional se encuentra en estado de emergencia. Desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, 4.148 profesionales han abandonado el sistema de ciencia y tecnología, según datos del EPC/CIICTI. La cifra, de por sí alarmante, se vuelve aún más trágica al comprobar que muchos de estos científicos son jóvenes formados en universidades públicas, obligados a emigrar o a abandonar sus carreras por falta de oportunidades, de estabilidad y de reconocimiento.

Esta sangría no solo vacía institutos, laboratorios y centros de estudio: eclosiona el futuro del país.

El presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología representa en 2025 apenas el 0,157% del PBI, menos de la mitad que en 2023 y una proporción inferior incluso a la de 2002, en plena crisis social y económica. El Gobierno, lejos de negar este recorte, lo admite abiertamente. Reconoce que no está cumpliendo la Ley Nacional 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, una norma aprobada por amplia mayoría legislativa, y se limita a decir que “nunca se cumplió”, sin más argumentos.

Mientras tanto, los salarios de investigadores y becarios del CONICET han caído un 34,7% en términos reales y los salarios docentes de universidades públicas bajaron un 27,9%, colocándose por debajo de los niveles de hace dos décadas. Sin recursos, sin mantenimiento, sin insumos básicos, los laboratorios enfrentan cortes de luz, falta de limpieza, inseguridad y equipamiento dañado. Muchos proyectos han sido directamente interrumpidos. Incluso, los créditos internacionales ya otorgados para investigación —una forma estratégica de financiamiento que no depende del presupuesto local— han dejado de ejecutarse. Es una parálisis provocada no por falta de fondos sino por una decisión ideológica que desprecia el conocimiento.

Hospital Garrahan: milagros con el cuerpo al límite.

El Hospital Garrahan, uno de los centros pediátricos más importantes de América Latina, se sostiene a fuerza de profesionalismo y mística. Pero incluso el compromiso más férreo tiene un límite humano. En el último año y medio, 200 profesionales renunciaron, afectados por los bajos salarios, la sobrecarga de trabajo y la falta de perspectivas. A pesar de ello, en 2024 el hospital realizó 114 trasplantes, 633.293 consultas y 9.999 cirugías. ¿Cómo se explica esta productividad? Con una sola palabra: sacrificio.

Hoy, 500 camas no cuentan con cobertura adecuada por falta de personal. Los salarios de médicos y técnicas están por debajo de la línea de pobreza, con jornadas laborales de 68 horas semanales más guardias adicionales que no compensan el desgaste físico y emocional.

El presupuesto del hospital, congelado desde 2023, es una sentencia que amenaza con colapsar un sistema que atiende sin discriminar, sin pedir prepaga, sin calcular rentabilidad.

El Garrahan es el hospital de niños más importante del país y de la región. En este sentido, cabe decir que el prestigio no se sostiene sin inversión. La excelencia no sobrevive sin cuidado.

Hospital Bonaparte: la salud mental en abandono.

En un país donde los índices de ansiedad, depresión y suicidios han aumentado, la salud mental debería ser prioridad. Sin embargo, el Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte, referente en atención interdisciplinaria y formación de especialistas, está siendo vaciado sistemáticamente. Desde octubre de 2024, el intento de cierre, los más de 200 despidos en enero de 2025 y la suspensión de las Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental han deteriorado no solo el funcionamiento interno del hospital, sino también el sistema de formación a nivel federal.

Sin nuevas residencias, se frena el ingreso de profesionales a especialidades esenciales como psiquiatría, psicología, trabajo social, musicoterapia y terapia ocupacional. Esto afecta a hospitales y centros de salud de todo el país, desde la provincia de Buenos Aires hasta Salta, El Calafate y Catamarca.

La salud mental no se cura con recortes. No hay contención posible sin equipos capacitados y condiciones laborales dignas.

Discapacidad: el otro frente del olvido.

Mientras hospitales y centros de investigación luchan por mantenerse en pie, otro pilar esencial del entramado social argentino también se resquebraja: el sistema de atención a personas con discapacidad. Esta semana, trabajadores del sector —prestadores, transportistas y centros de día— salieron a las calles en todo el país para visibilizar una situación que lleva meses en deterioro y que amenaza con volverse irreversible.

Las demoras en los pagos, que ya superan los dos o incluso tres meses, están asfixiando la economía de quienes sostienen los servicios esenciales. Esta demora no es solo un problema administrativo: significa ingresos que se licúan frente a una inflación sostenida y estructuras que ya no pueden sostenerse.

A esto se suma la falta de actualización del nomenclador nacional, herramienta clave para definir el valor de las prestaciones, congelada desde 2024. En un contexto de aumentos constantes y pérdida de poder adquisitivo, seguir trabajando sin una actualización justa equivale a la precarización absoluta.

Pero tal vez lo más preocupante sea la incertidumbre respecto al futuro inmediato. Sin señales claras de continuidad, sin previsión presupuestaria ni respuestas de las obras sociales, miles de familias temen que el acceso a tratamientos, terapias y traslados desaparezca de un día para otro.

La atención a la discapacidad no puede depender de la buena voluntad ni del sacrificio permanente de sus trabajadores. Es responsabilidad del Estado garantizar que los derechos conquistados no se conviertan en privilegios inaccesibles. Porque cuando se desatiende a quienes más apoyo necesitan, el deterioro no es solo institucional: es profundamente humano.

La democracia exige más que el voto.

La ciencia y la salud no son meros sectores del Estado. Son estructuras esenciales de la vida democrática. Una sociedad que no investiga ni cuida a sus enfermos, a sus niños, a sus pacientes mentales, es una sociedad que comienza a derrumbarse desde adentro.

Las decisiones actuales no son neutras ni transitorias. Lo que se está desmantelando ahora tardará décadas en reconstruirse. Una generación entera de científicos, médicos, psicólogos, enfermeros, técnicos y trabajadores de la salud está siendo empujada a la frustración o al exilio.

Argentina no carece de talento, ni de vocaciones, ni de compromiso. Lo que falta es una política que los valore, que los proteja y que entienda que sin salud ni ciencia no hay futuro posible.

No es ajuste: es abandono.

El discurso oficial que presenta estos recortes como medidas de eficiencia ignora que recortar en salud y ciencia es como apagar las luces de una casa para ahorrar energía: solo se gana oscuridad. No hay plan de país que sea viable sin conocimiento, sin tecnología, sin medicina pública accesible y de calidad.

Lo que se necesita no es caridad ni heroísmo. Es política pública inteligente y justa, que entienda que la ciencia no es un lujo y que la salud no es un gasto, sino una inversión en humanidad.

Porque un país que decide salvar sus hospitales y sus laboratorios, está eligiendo seguir existiendo con dignidad.

Julián Lazo Stegeman 

El proyecto de ley que da forma a la OSER —en su versión original, aún sin modificaciones formales en la Legislatura al momento de escribir esta columna— plantea la constitución de una obra social “mixta”, donde el Estado no solo participa como empleador sino también como gestor. Esto vulnera los principios establecidos en las leyes nacionales N° 23.660 y N° 23.661, que delinean un sistema solidario de salud basado en la autogestión por parte de los trabajadores. 

Es preciso detenerse sobre este punto. La seguridad social en nuestro país se basa en un principio clave: la solidaridad intergeneracional, intersectorial y entre vulnerables y no vulnerables. Esto significa que todos aportan —en proporción a sus ingresos— para que todos puedan recibir atención médica cuando lo necesiten, sin importar si ganan mucho o poco, si tienen una patología leve o una crónica.

En el modelo solidario no se concibe la salud como un producto individual ni como un beneficio que se compra, sino como un derecho social garantizado por el trabajo colectivo. Las leyes nacionales N° 23.660 y 23.661 que, como se explicó en el párrafo anterior, regulan el Sistema Nacional del Seguro de Salud, consagran este principio: las obras sociales deben ser administradas por los propios trabajadores, sin interferencia del empleador (en este caso, el Estado provincial) y bajo esquemas democráticos de representación.

En ese marco, la OSER (según el texto original, mas allá de las declaraciones de allegados al Ejecutivo, e inclusive el propio Gobernador, que aún no se verifican formalmente al momento de este artículo y ya pasados varios días desde que se inicio el debate), se presenta como un modelo incompatible. No sólo diluye el principio de autogestión, sino que altera la lógica solidaria al introducir ambigüedades sobre el alcance de la cobertura, los porcentajes de aportes y la composición del grupo familiar, cuestiones centrales en un sistema donde la previsibilidad y la universalidad son claves. En términos llanos: la obra social debe ser de los trabajadores, dirigida por ellos, financiada con sus aportes, controlada por mecanismos democráticos y no por decisiones discrecionales del gobierno de turno.

La OSER propone un modelo institucional que contradice esa filosofía. Establece un directorio donde el gobernador nombra al presidente y al vicepresidente, mientras que los sindicatos mayoritarios eligen dos vocales. En caso de empate, el presidente tiene doble voto. Esto configura una mayoría automática del Ejecutivo en las decisiones clave. A diferencia del actual IOSPER (Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos), donde el directorio se elige por voto directo de los trabajadores, la OSER diluye el principio de autogestión en favor de una tutela estatal impropia.

El gobierno, frente a las críticas, ha oscilado entre la negación y la promesa de modificaciones. El mismo día en que emitió un comunicado acusando a AGMER —el sindicato docente más importante de la provincia— de difundir “falsedades”, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, reconoció públicamente que se introducirían cambios al proyecto: se mantendría la cobertura solidaria, el grupo familiar y el porcentaje de aportes. Pero esa admisión evidencia algo más profundo: si había que modificarlo, era porque el proyecto original no lo garantizaba. Además, como ya se mencionó, estas modificaciones hasta el momento, no se observan cristalizadas en el dictamen que existe en la legislatura provincial. 

Si algo ha quedado claro en este proceso es que el problema no es solamente de redacción legal sino de concepción política. La OSER no nace para corregir los errores del IOSPER; nace para sustituirlo. No propone una modernización con participación activa de los afiliados, sino un esquema de sustitución unilateral, centralizado, con un diseño que podría abrir las puertas al uso político de un derecho tan sensible como la salud. En lugar de proponer una auditoría seria, transparentar los mecanismos financieros del IOSPER y corregir sus falencias —que existen y son muchas— se elige el camino más peligroso: disolver lo existente para imponer algo nuevo sin consenso ni garantías.

Desde el oficialismo se insiste en que el IOSPER es ineficiente, opaco, víctima de manejos corporativos. El camino adecuado, entonces, sería iniciar acciones judiciales, no improvisar un nuevo órgano sin controles reales. No se combate la opacidad con más opacidad. Acusar públicamente sin denunciar en tribunales es una irresponsabilidad institucional. Y si el verdadero objetivo es la transparencia, nada impide avanzar con mecanismos de control externo, auditorías independientes y reformas normativas consensuadas.

Lo más grave es el modo en que se ha intentado imponer este proyecto. No hubo consulta previa a los gremios ni a los trabajadores. No se convocó a mesas técnicas, no se discutieron alternativas. El debate público se abrió sólo cuando la presión social lo forzó. La salud pública, en este contexto, aparece como una prenda de negociación, no como un derecho. La gama de derechos, conquistada con años de lucha, es barrida de un plumazo por un diseño verticalista que entrega la administración sanitaria a las oficinas gubernamentales.

El argumento del "control del gasto” tampoco se sostiene si no se acompaña de reglas claras, topes salariales, transparencia presupuestaria y participación real de los trabajadores en la toma de decisiones. El riesgo, más bien, es que la OSER se transforme en una caja política, donde los fondos de la salud sirvan para cubrir déficits estatales o compromisos con prestadores cercanos al poder. La experiencia de intervenciones en obras sociales estatales muestra que ese camino no lleva a una mejor atención médica sino al colapso y la desconfianza.

Frente a este panorama, la exigencia de que el proyecto de creación de la OSER sea retirado —no simplemente maquillado— no es un capricho. Es una demanda razonable que nace del sentido común democrático: la salud de los trabajadores no se entrega como carta blanca al Ejecutivo. Reformar el IOSPER sí es una necesidad; hacerlo de espaldas a sus afiliados es un error político y ético. El futuro de la seguridad social en Entre Ríos no puede decidirse entre gallos y medianoche, ni mucho menos con comunicados confusos vía medios y redes sociales.

Los gremios, con AGMER a la cabeza, no niegan la posibilidad de revisar, modernizar o transparentar la gestión del IOSPER. Tampoco rechazan los controles. Lo que cuestionan —con sobrada razón— es que la solución a los problemas existentes sea la disolución de una institución democrática para reemplazarla por otra dependiente del poder político de turno. La OSER no soluciona la crisis de la obra social provincial; apenas la traslada a un ámbito más opaco y más vulnerable al oportunismo gubernamental.

La verdadera solución, como señalan múltiples voces críticas, debe partir de un nuevo pacto legal y político: un esquema donde la titularidad, la gestión y la responsabilidad sobre los fondos sanitarios recaigan de manera exclusiva en los trabajadores. Un sistema donde los aportes y contribuciones se administren con responsabilidad, donde los prestadores estén regulados con criterios de calidad y donde los afiliados puedan elegir con libertad. No se trata de defender el statu quo sino de evitar un salto al vacío.

Si algo ha quedado claro en este episodio, es que el pueblo entrerriano —y en especial sus trabajadores estatales— no está dispuesto a ceder sus derechos sin luchar. La salud no se delega, no se privatiza, no se subordina al humor del Ejecutivo. En momentos donde la Argentina transita debates profundos sobre la calidad de sus instituciones, la provincia de Entre Ríos tiene la oportunidad de marcar la diferencia: elegir más democracia, no menos. Más participación, no imposición. Más salud como derecho, no como negocio.

Julián Lazo Stegeman 

Las asociaciones intermedias son tan diversas como la sociedad misma. Abarcan desde clubes deportivos hasta cooperativas, desde centros vecinales hasta sindicatos, pasando por ONGs, cámaras empresariales, agrupaciones religiosas, asociaciones culturales, comedores comunitarios, merenderos, fundaciones, instituciones solidarias, centros de estudiantes, agrupaciones ambientales, mutuales, entre otras. Todas ellas tienen en común su raíz comunitaria y su capacidad de organización autónoma frente al Estado. Su existencia no es marginal ni complementaria: es central. Una democracia sin estos cuerpos intermedios corre el riesgo de caer en el verticalismo, la indiferencia o el autoritarismo de facto. Son la expresión del interés colectivo organizado que permite transformar demandas aisladas en propuestas articuladas.

En el plano político, su relevancia es indiscutible. Las asociaciones intermedias son, en muchos casos, la primera voz que detecta un problema social. Allí donde el Estado no llega a tiempo —ya sea por burocracia, por limitaciones presupuestarias o por falta de sensibilidad—, las asociaciones ponen el cuerpo, gestionan, acompañan, dan respuesta. Pero además, cuando estas organizaciones tienen voz, proponen. Construyen diagnósticos desde abajo, alertan sobre urgencias concretas y diseñan posibles soluciones desde el territorio. En este sentido, su participación no debe ser tolerada como una concesión: debe ser buscada y promovida activamente por quienes gobiernan.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando trasladamos este análisis a la gestión de un municipio? En las ciudades pequeñas o medianas, como tantas que se extienden a lo largo y ancho del interior argentino, incluida Gualeguay, las asociaciones intermedias adquieren una dimensión aún más cercana. Son parte del entramado cotidiano. El club donde juegan las chicas y chicos, las asociaciones que organizan actividades solidarias, la cooperadora escolar que junta fondos para arreglar un aula, la organización de rescatistas que se involucran por el bienestar y los derechos de los animales, el merendero donde los niños y niñas del barrio pueden ir a cumplir una necesidad tan básica como la alimentación cuando hace falta, la agrupación ambiental que se enfoca en la agenda verde local o la cooperativa artística donde la ciudadanía puede ir a desplegar sus talentos y expresiones, sólo por nombrar algunas. Cada una de esas experiencias configura una red de acción que enriquece el tejido social.

Por eso, un ejecutivo municipal que quiera ejercer una política con visión, más allá de los gobiernos de turno, debe necesariamente abrir las puertas del municipio a estas organizaciones. No como actores subordinados, sino como socios estratégicos. Escuchar a las asociaciones no significa simplemente recibir reclamos: significa incluirlas en los procesos de planificación, consulta y ejecución de políticas públicas. Las obras de infraestructura, las políticas de salud, los programas culturales, la promoción del empleo, la planificación urbana, todo puede —y debe— ser pensado con participación activa de estas entidades.

Pero no basta con la voluntad. Para que esa articulación sea efectiva, se requieren mecanismos institucionales que la hagan posible. Consejos consultivos por área, mesas de diálogo barrial, presupuestos participativos, convenios de cooperación, capacitaciones compartidas, espacios de coproducción de políticas públicas. Estas son herramientas que facilitan el vínculo y que permiten que la gestión no sea un monólogo tecnocrático, sino una conversación amplia, rica y transformadora. Porque una comunidad no se gobierna desde una oficina: se gobierna con la gente.

Además, la relación con las asociaciones intermedias fortalece la legitimidad política. Cuando una medida nace del consenso o, al menos, de la escucha activa a los actores comunitarios, su implementación es más fluida, más aceptada, más eficaz. Lejos de ser un obstáculo, la participación organizada es una aliada de la gobernabilidad. Y en tiempos de desconfianza, crisis de representación y fatiga democrática, fortalecer el protagonismo social es también una forma de cuidar la democracia.

Claro que este camino implica desafíos. No todas las asociaciones están institucionalmente consolidadas. Por eso, el rol del Estado municipal también debe ser el de acompañar su fortalecimiento, brindando herramientas legales, técnicas y materiales que les permitan crecer y consolidarse. A la vez, debe evitar caer en el clientelismo o en el uso instrumental de estas organizaciones, respetando su autonomía y valorando su diversidad.

Las asociaciones intermedias no son una moda ni un recurso electoral. Son expresión viva del espíritu comunitario. Son la voz organizada de vecinos y vecinas que no se resignan a esperar, que se involucran, que se comprometen con el bienestar común. Su participación no solo mejora la calidad de vida en cada rincón del municipio, sino que también enriquece la política, la vuelve más humana, más sensible, más real.

En definitiva, hacer política desde un municipio, más allá de los colores políticos, implica mucho más que administrar recursos o ejecutar obras. Implica conducir procesos colectivos, construir sentido de comunidad, escuchar y tejer alianzas. Y en esa tarea, las asociaciones intermedias no son un actor más: son el corazón de una gestión democrática, justa y participativa.

Julián Lazo Stegeman