En una entrevista realizada en el marco de un evento, Caputo detalló: “Mañana va a estar el número de inflación que seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo relacionado con petróleo, esto es desde pasajes de avión hasta transporte, en temas como la educación que tiene su estacionalidad, pero a partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento. No hay ningún trade-off ahí. Vamos a ver desinflación y crecimiento. Se vienen los mejores meses”.

El funcionario explicó que el aumento de marzo responde principalmente al impacto de los precios del petróleo y sus derivados, que afectaron rubros como transporte aéreo, transporte terrestre y servicios educativos (por su componente estacional). Sin embargo, insistió en que este efecto es transitorio y que desde el próximo mes se iniciará una tendencia clara a la baja de la inflación acompañada de crecimiento económico. Caputo enfatizó que “vamos a ver desinflación y crecimiento” y cerró su intervención con un mensaje optimista: “Se vienen los mejores meses”.

El video de la entrevista, donde Caputo responde a preguntas en un formato distendido (sentado junto al entrevistador), se viralizó rápidamente en redes sociales y generó diversas reacciones entre analistas y usuarios, que cuestionan o apoyan las proyecciones del ministro. Estas declaraciones se dan en un contexto de expectativa por el dato oficial de inflación de marzo, que se conocerá en las próximas horas, y mientras el Gobierno busca consolidar la estabilización macroeconómica tras varios meses de ajustes fiscales y monetarios.

Durante su intervención ante estudiantes y miembros de la comunidad judía, el mandatario se refirió al escenario internacional en Medio Oriente y lanzó una frase que generó fuerte repercusión: “Vamos a ganar la guerra”. Con esa expresión, Milei reafirmó su posicionamiento a favor de Israel en el conflicto regional y su alineamiento con Washington.

El jefe de Estado sostuvo que Irán representa un enemigo para la Argentina y recordó los atentados terroristas ocurridos en Buenos Aires en los años noventa, en referencia a los ataques contra la embajada de Israel y la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, que dejaron decenas de víctimas.

En ese contexto, defendió la alianza estratégica con Estados Unidos y con Israel, países que —según expresó— encarnan los valores de Occidente y la defensa de la libertad frente a regímenes autoritarios. Sus declaraciones fueron celebradas por el público presente, que lo ovacionó en distintos momentos de la exposición.

La visita del mandatario a Nueva York se produjo en el marco de una serie de actividades políticas y académicas, donde Milei expuso sobre economía, política internacional y su visión del rol de Argentina en el escenario global.

El discurso se inscribe en una línea que el presidente viene sosteniendo desde el inicio de su gestión: un alineamiento explícito con Israel y Estados Unidos y una postura crítica hacia Irán, país al que ha señalado reiteradamente por su presunta responsabilidad en los atentados ocurridos en territorio argentino.

La economía argentina entró en una fase donde el problema ya no es solo la falta de consumo, sino la ruptura de la cadena de pagos. El escenario actual de marzo de 2026 muestra un país bifronte: por un lado, una industria que se apaga y, por otro, familias que se endeudan a tasas récord simplemente para sostener lo básico.

La producción manufacturera cruzó un umbral crítico. El Monitor de Desempeño Industrial (MDI), que mide la salud del sector, se desplomó a los 36,5 puntos, de acuerdo con datos de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Para entender la gravedad: cualquier cifra por debajo de 50 indica contracción; estar en 36 implica una caída profunda y sostenida (ya van 15 meses en rojo).

Producción y ventas: Más del 53% de las fábricas reportan caídas drásticas. El mercado interno no tracciona y la apertura importadora ha dejado a muchos sectores sin capacidad de competencia.

Asfixia financiera: el dato más alarmante es que el 45,6% de las empresas ya admiten dificultades para pagar salarios, impuestos o proveedores. La falta de liquidez obligó a muchas firmas a tomar deuda de corto plazo para cubrir baches operativos, agravando su cuadro de rentabilidad por los intereses punitorios.

Ajuste en el empleo: La recesión ya se "comió" puestos de trabajo. El 22% de las empresas ajustó su planta en el inicio del año, utilizando despidos directos en la mitad de los casos.

Ratio de irregularidad del crédito al sector privado. Fuente;: Informe sobre bancos del BCRA, diciembre 2025

La salud financiera de los hogares atraviesa su peor momento histórico. Hoy, una familia promedio destina el 33% de sus ingresos solo a cancelar saldos de préstamos y billeteras virtuales. 

Ante la falta de efectivo, las plataformas digitales se convirtieron en el "salvavidas de plomo" para llegar a fin de mes.

Mora explosiva: La irregularidad en los pagos de este sector se triplicó, pasando del 7,4% al 21,4% en un año.

Créditos irrecuperables: De los $12,6 billones prestados por el sistema no bancario, unos $2,7 billones ya se consideran incobrables (con más de un año de atraso).

Aunque los bancos tienen la ventaja del débito automático, no son inmunes al estrés:

Préstamos personales: La mora escaló a un inédito 11%.

Tarjetas de crédito: Los atrasos en los plásticos se multiplicaron por seis respecto al año pasado, alcanzando el 8,4%. La gente está "pateando" los saldos, pero con tasas que no se licúan, la bola de nieve se vuelve inmanejable.

Las grandes cadenas de electrodomésticos son hoy el espejo más fiel del bolsillo roto. El modelo de negocios basado en la financiación propia está crujiendo.

El dato paradójico es que, ante la desesperación por vender, los precios de estos bienes bajaron un 6,6% real en el último año, pero ni así logran tentar a un consumidor que prioriza la comida y las tarifas. El costo financiero total (CFT) para quienes intentan financiar una compra hoy puede superar el 800% anual, una cifra que vuelve cualquier plan de cuotas una misión suicida para el salario real.

La combinación de una industria que despide y hogares que se endeudan para comer configura un círculo vicioso. Con un salario real que ha perdido un tercio de su poder de compra, la capacidad de ahorro es inexistente y la de pago, marginal. Fuente: BAE Negocios 

El inicio del ciclo lectivo previsto para este lunes se vio afectado en quince provincias por un paro docente convocado a nivel nacional por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

La medida de fuerza alcanzó a Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. En el caso bonaerense, fue la primera vez en seis años que se retrasó el comienzo de clases.

Aunque la provincia de Buenos Aires tenía previsto iniciar el ciclo lectivo 2026 este lunes 2 de marzo, las confederaciones docentes Ctera, UDA, CEA, Sadop y Amet resolvieron convocar a un paro nacional que impactó tanto en ese distrito como en otras jurisdicciones del país.

Los gremios reclaman una recomposición salarial que, según señalaron, “permita recuperar el poder adquisitivo”, en un escenario en el que el salario promedio del sector se ubica en el nivel más bajo de los últimos 20 años. La protesta abre un nuevo frente de conflicto en el arranque del calendario escolar y mantiene en suspenso el normal inicio de clases en buena parte del país.Fuente: FiloNews

La norma fue dictada en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, que dispone que el Poder Ejecutivo preside la apertura de las sesiones del Congreso reunido en Asamblea Legislativa y, en esa ocasión, informa sobre el estado de la Nación.

El decreto lleva también la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y entró en vigencia el mismo 25 de febrero de 2026, fecha de su publicación oficial.

La apertura de sesiones ordinarias constituye uno de los actos institucionales más relevantes del calendario político argentino. Como establece la Constitución Nacional, se celebra cada año el primer día de marzo y reúne a diputados y senadores en Asamblea Legislativa.

En el marco de la política de revisión del esquema impositivo, el gobierno de Javier Milei puso en marcha un sitio web destinado a relevar las tasas municipales que se cobran en todo el país.

La herramienta, disponible en el portal oficial argentina.gob.ar, permite a los ciudadanos reportar de manera voluntaria los tributos locales sin necesidad de registración previa. El sistema presenta un mapa interactivo donde se puede seleccionar cada provincia y consultar las tasas aplicadas por los distintos municipios.

Entre las categorías incluidas figuran tasa vial, gravámenes a entidades financieras, actividades primarias, industria e hipermercados. Según se informó, el objetivo es que los usuarios puedan completar el listado en caso de detectar tasas que no estén incorporadas.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales.

La medida generó una inmediata reacción de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien cuestionó duramente la iniciativa.

Desde sus redes sociales, la jefa comunal calificó al funcionario como “caradura” y acusó al Gobierno nacional de “quedarse con la plata de la gente de trabajo”, señalando además que “mes a mes sube la inflación y cae el salario”.

Tras una respuesta irónica de Adorni, el intercambio continuó con nuevas críticas cruzadas, en un tono que reflejó la creciente tensión entre la administración nacional y algunos gobiernos municipales.

La medida fue oficializada este jueves mediante el Decreto 105/2026, publicado en el Boletín Oficial, y modifica aspectos clave del régimen vigente, extendiendo el plazo para presentar proyectos hasta el 8 de julio de 2027.

Según explicaron desde el Ministerio de Economía, la extensión y los cambios buscan garantizar previsibilidad jurídica y fiscal a los inversores, fomentar empleo y sostener el flujo de capitales en sectores que la administración considera estratégicos —como petróleo, gas, minería y tecnología— en un contexto económico que atraviesa ajustes estructurales.

El ministro Luis Caputo detalló en sus redes sociales que la prórroga fue acompañada de ajustes que “hacen al régimen más claro y eficiente”, y subrayó la incorporación de nuevos desarrollos hidrocarburíferos con un piso mínimo de 600 millones de dólares para proyectos costa adentro, cifra diseñada para atraer inversiones de gran envergadura.

Entre las principales modificaciones, el decreto:

El RIGI ofrece incentivos fiscales y legales a los proyectos que se adhieran, como la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias y la exención de derechos de exportación, herramientas que el Gobierno viene promoviendo para estimular inversiones de largo plazo.

Hasta el momento, el régimen ya contabiliza 10 iniciativas aprobadas por un total de más de 25.000 millones de dólares, que abarcan sectores energéticos, mineros e infraestructura.

Entre los proyectos habilitados figuran inversiones vinculadas al desarrollo del potencial exportador energético del país, así como iniciativas en energía renovable y minería.

La ampliación del RIGI se produce en paralelo a otros esfuerzos del Gobierno por consolidar el perfil exportador de Argentina, con especial foco en actividades que puedan generar divisas y empleo en el mediano y largo plazo.

La Libreta, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes, se puede presentar a través de mi ANSES, ya sea desde su sitio oficial o la app. El formulario generado desde la web es el único válido para realizar el trámite y debe presentarse una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias.

Paso a paso

La sesión extraordinaria se extendió hasta la madrugada y estuvo marcada por cruces entre legisladores oficialistas y opositores, negociaciones políticas de último minuto y una fuerte movilización en las inmediaciones del Congreso.

El jefe del bloque peronista, José Mayans, alertó durante su discurso que la iniciativa sería “inconstitucional” y que, según su visión, derivará en un aumento de la “litigiosidad” en el mercado de trabajo. El peronismo y otros sectores de la oposición criticaron el proyecto por considerar que implica un retroceso en derechos laborales fundamentales.

El proyecto incorpora cambios sustanciales en la legislación laboral vigente, con el objetivo, según el Gobierno, de “modernizar” un sistema que consideran obsoleto y que genera altos niveles de empleo informal. Entre sus puntos principales se destacan:

Originalmente, el proyecto también contemplaba cambios en Ganancias y en la financiación de obras sociales sindicales, pero esos artículos se negociaron y quedaron fuera para asegurar los votos de gobernadores y bloques dialoguistas.

Mientras transcurría la votación, grupos de manifestantes se concentraron en la Plaza Congreso, generando momentos de tensión con las fuerzas de seguridad. Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hubo alrededor de 40 demorados y una docena de detenidos, aunque la Comisión Provincial por la Memoria reportó hasta 60 personas detenidas. Hubo también heridos en la protesta.

El presidente de la Nación y varios miembros de su gabinete difundieron en sus cuentas en redes sociales imágenes de incidentes con un reducido grupo que lanzó bombas molotov, a quienes denominaron despectivamente como “kukas”. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, atribuyó los hechos a sectores de la izquierda.

El Ejecutivo definió la media sanción como “un punto de inflexión en la historia laboral argentina” y la defendió como un paso clave para generar empleo formal, reducir la litigiosidad y actualizar una legislación que, según sus defensores, estaba desfasada ante los desafíos económicos actuales.

En tanto, sectores sindicales y opositores anticiparon que no solo seguirán la discusión en Diputados sino que evaluarán acciones judiciales, al considerarla una norma que vulnera garantías constitucionales y derechos consagrados en el Artículo 14 bis de la Constitución, que protege la estabilidad y organización sindical de los trabajadores.

La pieza, elaborada por participantes del Data Journalism Visualization (DJV) Bootcamp —una iniciativa formativa de FOPEA con apoyo de la Embajada de Suiza— cruza datos y visualizaciones para identificar cómo el presidente Javier Milei ha utilizado el insulto como elemento comunicacional. Según el análisis, 16.806 de los 113.649 tuits publicados entre el 10 de diciembre de 2023 y el 15 de septiembre de 2025 contienen ofensas directas, lo que representa un 15,2% del total. 

La plataforma interactiva mileiinsultaenx.fopea.org —que acompaña el informe y estará disponible públicamente— permite navegar la base de datos, clasificar insultos y explorar tendencias en el discurso presidencial. Entre las expresiones documentadas figuran términos que van desde la “animalización” de interlocutores hasta comparaciones repulsivas como “excremento” o “pus”. 

El proyecto destaca cómo el uso de un lenguaje agresivo puede influir en la representación simbólica del “otro” y profundizar la polarización social. A pesar de una promesa de reducción de agresividad comunicacional hacia mediados de 2025, el informe señala que la tendencia ofensiva permaneció significativa y dirigida, en particular, hacia periodistas, organizaciones y líderes de opinión. 

Desde FOPEA remarcaron que este es el quinto producto del DJV Bootcamp, después de investigaciones sobre temas diversos como “Los expedientes del yaguareté”, “Vaca Muerta. El motor energético de la Argentina” y “Disparos en Rosario”, y se anticipa el lanzamiento de una última visualización para febrero de 2026. 

La presentación del informe se suma a otros estudios recientes de FOPEA sobre el clima comunicacional en Argentina: por ejemplo, este año la organización advirtió que más de la mitad de los ataques a periodistas en 2024 provinieron de actores del poder político, con un crecimiento del 53% en las agresiones documentadas respecto a 2023.

Lucía Wajsman, una de las impulsoras de la ley que dio marco legal al PNCC, advirtió sobre la gravedad de la situación y afirmó que “el desmantelamiento es literalmente la muerte de niños y de bebés que esperan una cirugía de corazón para poder vivir”. Según explicó, el programa no es solo una línea administrativa, sino una red de coordinación médica altamente especializada que articula derivaciones, tiempos quirúrgicos y seguimiento de pacientes complejos.

Ante la repercusión pública de la denuncia, el Ministerio de Salud de la Nación respondió a través de la red social X, donde calificó las acusaciones como un “burdo intento de diseminar información falsa” y aseguró que la continuidad del programa “está plenamente garantizada”.

En el comunicado oficial, la cartera sanitaria sostuvo que durante 2025 el programa contaba con 13 personas y registraba un promedio de 7,4 llamados diarios, lo que —según el Ministerio— evidenciaba un exceso de personal en relación con la carga de trabajo. En ese marco, se informó que se decidió “reorganizar y optimizar su funcionamiento, sin afectar la atención”, y se señaló que la respuesta del personal desafectado fue “intentar vaciar el programa, renunciando en bloque”.

El Ministerio afirmó además que en lo que va de 2026 todas las consultas recibidas fueron atendidas y correctamente derivadas, y que el PNCC continúa operativo mediante un equipo administrativo activo, con coordinación médica a cargo del Hospital Garrahan y articulación con centros de alta complejidad de todo el país. “No se interrumpe la atención, no se abandona a los pacientes y no se tolera la desinformación”, concluye el texto oficial.

Sin embargo, en una entrevista difundida posteriormente, Wajsman respondió con dureza al comunicado y cuestionó la interpretación oficial. Señaló que reducir el programa a una estadística de llamados diarios desconoce la complejidad del trabajo técnico que realizaba el equipo desvinculado y advirtió que la falta de profesionales especializados puede derivar en demoras críticas, con consecuencias irreversibles para los pacientes.

La polémica reavivó el debate sobre el rol del Estado nacional en la coordinación de políticas sanitarias de alta complejidad y generó preocupación entre familias de niños con cardiopatías congénitas, que reclaman certezas sobre la continuidad efectiva de un programa considerado vital para la supervivencia de miles de bebés en la Argentina.

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial de este viernes 2 de enero el decreto de necesidad y urgencia con el que reformula la Ley de Inteligencia (25.520) y suma polémicos cambios a esa área, otorgando mayores facultades al organismo que digita el asesor presidencial Santiago Caputo. Entre esas nuevas facultades, se establece que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) queda como órgano principal del Sistema de Inteligencia Nacional, y en lo sucesivo se habilita a que la SIDE pueda "proceder a la aprehensión de personas" al tiempo que se declaran como "encubiertas" todas las actividades de inteligencia​.De acuerdo al texto, se establece en el articulo 2 que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.

https://drive.google.com/file/d/1M86taNIQqpHHAKp8wlo05BNd_2Lei5wo/view?pli=1

Otro de los artículos que ya despertó críticas de la oposición y tal vez derive en denuncias judiciales es el 19, que fija que “los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial”.Para ello agrega que, “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”, agrega.

Uno de los cambios impulsados por el DNU es que la Agencia de Seguridad pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia. La Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoria General de Inteligencia.

Otro aspecto central es la separación entre las áreas de ciberinteligencia y ciberseguridad, que pasa a depender de la Jefatura de Gabinete, de Manuel Adorni, en obvio avance de Karina Milei. Precisaron que el Centro Nacional de Ciberseguridad que funcionará en la Secretaria de Innovación dentro de la Jefatura de Gabinete se ocupará de la protección de redes, sistemas y activos, mientras que la ciberinteligencia estará en la órbita de la SIDE y seguirá bajo el control de Santiago Caputo.

En el DNU se especifica que la Agencia de Seguridad Nacional “se reorienta exclusivamente a la contrainteligencia, evitando superposición con la Policía Federal y dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad”

En ese contexto, se define a la contrainteligencia como la forma preventiva, a detectar y analizar: "espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia extranjera” con el fin de adaptar el marco normativo a “las nuevas formas de amenaza tecnológica, política y cognitiva”.

La reforma por DNU habilita formalmente a que la inteligencia pueda solicitar apoyo técnico o logístico de Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías, “sin confundir funciones, para optimizar recursos y capacidades”. También elimina la Dirección Nacional de Inteligencia de Estratégica Militar y se establece que la producción de inteligencia estratégica militar queda a cargo del Estado Mayor Conjunto, cuyo comandante en jefe es el presidente de la Nación.

Fuentes del Gobierno señalaron que la reforma “moderniza, ordena y legitima el Sistema de Inteligencia Nacional: lo integra al Estado, lo separa de funciones policiales, lo adapta a amenazas contemporáneas y lo somete a mayores controles, con el objetivo de mejorar la capacidad estratégica del Poder Ejecutivo”.

Los voceros señalaron que los titulares de los órganos desconcentrados serán designados por el Secretario de Inteligencia, reforzando la conducción jerárquica y el control interno del sistema. Aclararon que “el sistema no cumple tareas policiales ni judiciales, sino que produce inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo” y “brinda respaldo legal al personal, definiendo con precisión qué está permitido y qué está prohibido.

El 2 de diciembre de 2025 el presidente Javier Milei designó a Cristian Auguadra a cargo de la SIDE, tras la salida de Sergio Neiffert. Sin embargo, el organismo es comandado en los hechos por el asesor del Poder Ejecutivo Nacional Santiago Caputo, por lo que la designación de Auguadra no fue casual, sino que se trata de un hombre de gran confianza en su círculo y de estrecha relación con su propio padre, Claudio Caputo.

Alerta en la oposición: "Quieren un estado policial"

El DNU 941/25 deberá ser tratado en el Congreso por la Comisión Permanente de Tramite Legislativo, que tiene diez días hábiles para tratar el texto luego que el Gobierno lo envíe al Parlamento. Por su parte, el Gobierno debe comunicar el DNU en un plazo de 10 días hábiles, según lo establece la ley 26122.

En ese contexto, el diputado nacional Esteban Paulón dijo que el “Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU", que definió como "un duro golpe para nuestra democracia". "La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie", definió.

Paulón explicó que el proyecto podría ser rechazado "después del décimo día por votación mayoritaria en ambas cámaras” y repudió: "La interna entre Karina [Milei] y Santiago Caputo es un riesgo para la seguridad nacional y pone en riesgo la autonomía e independencia de la Inteligencia nacional".

"El DNU define como 'riesgos' a activistas, opositores y periodistas. Es una confesión de parte: quieren usar los recursos del Estado para perseguir a quienes pensamos distinto. El 'Estado Policial' en su máxima expresión", agregó el legislador socialista en sus redes sociales.

Por su parte, Jorge Taiana analizó: "Básicamente es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo ya hacen y a lo que quieren hacer. La consecuencia será un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores".

El diputado peronista y exministro de Defensa de la Nación denunció que el Gobierno busca "convertir a las FFAA en un auxiliar de las fuerzas de seguridad". "Se avanza así en el objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional, como impulsan desde hace años desde el Comando Sur" de Estados Unidos.

Por último, el diputado peronista Agustín Rossi, exministro de Defensa y exinterventor de la AFI, también advirtió al periodismo por las tareas de contrainteligencia anunciadas por el DNU y explicó: "Elimina la DNIEM (Dirección de Inteligencia Militar) y la reemplaza por la DGIEMCO, que es el área de inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Esto hace que el Ministro de Defensa se quede sin inteligencia propia. Le quitan poder al ministro y se lo trasladan al Jefe del EMCO. Cuando hablamos de la militarización de la defensa, nos referíamos a este tipo de cosas".

"Este DNU fortalece la idea de una Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina. El Congreso debe rechazar este DNU. Exigimos que las modificaciones de la ley de inteligencia se hagan mediante una ley", concluyó Rossi.

ML/HB (Perfil).

El monto fue acreditado en cuentas sueldo de empleados que ya habían cobrado el aguinaldo con bono extra, así como sus haberes habituales de diciembre, lo que profundizó la confusión inicial. 

Desde el cuerpo legislativo aclararon que se trató de un “error bancario” en la operatoria del Banco Nación, y convocaron a los trabajadores a no utilizar el dinero, porque será descontado de las cuentas el próximo viernes conforme al ajuste contable correspondiente. 

El insólito depósito quedó registrado bajo el concepto “rend.pesos” en varios extractos, lo que llevó a algunos empleados a pensar en un pago no anunciado. Sin embargo, fuentes oficiales precisaron que no existe ninguna disposición que habilite ese crédito adicional. 

La noticia se difundió rápidamente entre los grupos internos de mensajería de trabajadores legislativos, donde se desató una mezcla de sorpresa y humor: “Estuvimos felices un ratito”, comentó uno de los empleados afectados. 

El diputado socialista Esteban Paulón también se expresó sobre el episodio a través de la red social X, con un tono irónico sobre la gestión operativa del banco estatal. 

Si bien la Cámara de Diputados fue el caso más visible del error, informes preliminares sugieren que operaciones similares se replicaron en otras dependencias del Estado cuyos empleados operan con cuentas en el Banco Nación.

La exhortación se produce tras la sanción en el Senado de la Ley de Inocencia Fiscal, una norma impulsada por el oficialismo que modifica el Régimen Penal Tributario y busca facilitar la formalización de divisas que históricamente permanecieron fuera de los bancos. El objetivo, según el Gobierno, es impulsar la remonetización de la economía en dólares, atrayendo parte de los miles de millones que los argentinos conservan en efectivo fuera del sistema financiero.

“Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley”, escribió Caputo en X, sugiriendo a los depositantes que recurran a la entidad estatal si las privadas les exigen requisitos adicionales. El ministro agregó que quienes depositen sus dólares podrán disponer de ellos “inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”.

El mensaje de Caputo generó tensión con los bancos privados, que respondieron con cautela ante la exigencia del ministro. Según fuentes del sector, las normativas vigentes en materia de prevención de lavado de dinero y obligaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF) siguen plenamente vigentes, y las entidades señalan que no pueden dejar de aplicar controles solo por un tuit. “Los bancos cumplen normas, no tweets”, indicaron desde una importante entidad financiera.

Hasta el momento, la ley de Inocencia Fiscal aún no fue promulgada ni reglamentada en el Boletín Oficial, por lo que su implementación formal todavía depende de esos pasos administrativos. Pese a ello, desde el Banco Nación aseguraron que están “preparados para recibir consultas y depósitos”, y que podrán atender a quienes deseen formalizar sus ahorros en divisas.

La nueva normativa eleva significativamente los montos que determinan delitos fiscales y crea un Régimen Simplificado de Ganancias destinado a facilitar que contribuyentes y pequeños ahorristas formalicen su situación sin enfrentar penalidades tradicionales por evasión. Bajo el nuevo esquema, quienes se adhieran al régimen y cumplan con los requisitos básicos tendrían exenciones y más claridad para operar.

El Gobierno sostiene que la medida es clave para que la economía pueda continuar creciendo al ritmo estimado para 2026 y para reducir la presión sobre las reservas internacionales, ampliando la disponibilidad de dólares en el sistema formal. Analistas y expertos, sin embargo, advierten que la omisión de reglamentaciones claras y la persistencia de controles antilavado podrían limitar la efectividad de la iniciativa.

La norma también revisa el monto de prestación por desempleo, manteniendo la fórmula vigente desde 2023: será equivalente al 75 % del mejor salario mensual neto de los últimos seis meses, con un piso del 50 % y un tope del 100 % del SMVM vigente. 

La última reunión del Consejo del Salario, realizada el 26 de noviembre, terminó sin acuerdo entre representantes sindicales y empresarios. Ante la falta de consenso, la legislación vigente habilita al Ejecutivo a definir los nuevos montos vía decreto —tal como ha ocurrido durante la gestión de Javier Milei. 

Para muchas organizaciones sindicales y sociales, los nuevos valores siguen muy lejos de cubrir lo necesario para una canasta básica familiar. En particular, señalan que el salario mínimo debería acercarse al valor de la Canasta Básica Total (CBT), que hoy supera el millón de pesos. 

Asimismo, estudios recientes estiman que durante 2025 el poder adquisitivo real del SMVM cayó notablemente: se calcula una baja acumulada del 7,7 % y una caída de alrededor del 35 % desde noviembre de 2023, lo que agrava la pérdida de ingreso frente a la inflación.

El fiscal a cargo sostiene que Grant intervino activamente en el armado de compulsas, habilitación de proveedores y en la manipulación del sistema interno del organismo, para garantizar contratos a empresas vinculadas al entramado. 

Por su parte, la defensa de Spagnuolo —quien fuera el titular del organismo hasta su abrupta salida— volvió a mover ficha: presentó un escrito en el que pide la nulidad de la causa, cuestionando la validez de los audios usados como prueba. Argumentan que estos fueron alterados o generados con inteligencia artificial. 

Sin embargo, la fiscalía no se apoya solamente en esas grabaciones: además investiga movimientos bancarios, cruces de llamadas y encuentros privados registrados, lo que, según fuentes oficiales, compone un entramado documental que refuerza la hipótesis de corrupción.

El escándalo en ANDIS salió a la luz tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los cuales se detallaba —según él— un sistema de sobornos requeridos por droguerías proveedoras a cambio de obtener contratos del Estado. En ese contexto, Grant aparece como operador fundamental de ese esquema, encargado de ejecutar órdenes desde lo administrativo: la habilitación de proveedores, definición de pliegos, adjudicaciones, y manipulación de los tiempos del sistema de compras. 

Las sospechas alcanzan además a otros exfuncionarios, y apuntan al uso de un circuito de “consultas y decisiones articuladas” que vulneraba los mecanismos de control internos de ANDIS. 

La gravedad del caso radica en que si se confirma, no se trata de irregularidades menores, sino de un entramado sistemático de corrupción en un organismo clave para la salud y la distribución de medicamentos a personas con discapacidad.

El evento, que reunirá a más de mil empresarios de todo el país, cuenta además con la participación de figuras oficiales como Sebastián Amerio (secretario de Justicia), Martín Redrado (ex presidente del Banco Central de la República Argentina), y gobernadores como Rogelio Frigerio, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). 

El Gobierno impulsa una reforma laboral que será tratada en diciembre, luego del recambio legislativo, y que los industriales vienen reclamando desde hace tiempo.  La presencia de Caputo ante la UIA es interpretada como un gesto para fortalecer el canal de diálogo con el sector fabril.

Martín Rapallini, presidente de la UIA, destacó la necesidad de “darle músculo a la competitividad con una mirada integral que propicie un salto de calidad en infraestructura, logística, conectividad, financiamiento productivo, desarrollo territorial, sistema tributario y legislación laboral”.

El escenario que enfrenta Caputo y los industriales es complejo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el índice de producción manufacturera (IPI) registró en septiembre una caída interanual del 0,7 % y en la mayoría de los rubros clave se observó retroceso. 

Sectores como el textil registraron una contracción de 20,5 % interanual, la industria automotriz bajó 2,5 % y las industrias metálicas básicas cayeron 1 % en el mismo período. Pese a un crecimiento acumulado de 3,8 % entre enero y septiembre respecto al mismo lapso del año anterior, la tendencia reciente muestra signos de estancamiento.

El cónclave tendrá lugar a las 9:30 h e incluirá a los ministros recientemente designados, entre los que destacan:

Manuel Adorni, quien asumió como jefe de gabinete y Diego Santilli, nombrado ministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán respectivamente. Pablo Quirno, quien hará su debut en esta mesa de trabajo como canciller. 

El mandatario había confirmado la designación de Santilli el domingo desde la Quinta de Olivos, con la intención de comenzar la semana con los cargos clave ya cubiertos. La convocatoria marca un “reset” político del gobierno de Milei: un intento de renovar su estructura ejecutiva, estabilizar la gestión y mostrar señales de avance político. Al mismo tiempo, abre interrogantes sobre la dirección del gobierno en materia económica, social e institucional. Según la información publicada, varios funcionarios tendrán en breve movimientos: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, dejarán sus cargos para asumir bancas legislativas obtenidas en las últimas elecciones. De igual modo ocurrirá con Santilli y Adorni, quienes fueron electos diputados, pero no asumirán las bancas para dedicarse a la gestión gubernamental. 

El Gobierno nacional anunció que se implementará un aumento escalonado en los valores del nomenclador para prestadores de servicios a personas con discapacidad, con incrementos que irán del 29 % al 35 % entre octubre y diciembre de 2025. La medida, difundida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presenta como un paso hacia “la normalización y previsibilidad del sistema de atención”. 

Sin embargo, el sector de las organizaciones, prestadores y familiares de personas con discapacidad respondió con indignación. Para muchos, el incremento anunciado resulta insuficiente frente a la magnitud del atraso acumulado.

¿Qué dice el anuncio oficial?Según el comunicado de ANDIS, el ajuste se aplicará en tres tramos sucesivos entre los meses de octubre y diciembre de 2025. El aumento abarca servicios esenciales como internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.  El organismo asegura que el ajuste busca “fortalecer el sistema de atención, garantizando que las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025”. 

Las críticas del sector: el atraso real y el reclamo por la ley de emergenciaPara las organizaciones que trabajan en el terreno, la actualización anunciada está muy por debajo de lo necesario. Según una de las notas periodísticas, la actriz Valentina Bassi, madre de un joven con autismo, calificó la medida como “una burla”. Además, prestadores de servicios de discapacidad alertan que el nomenclador estaba congelado desde fines de 2024 y que los montos vigentes ya estaban “hundidos” frente a los costos reales. Uno de los reclamos centrales es el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que en varias instancias fue sancionada o debatida en el Congreso y que, según quienes protestan, imponía un aumento mayor al autorizado. 

Impactos concretos: servicios en riesgo y prestadores al límiteEl atraso en los valores del nomenclador tiene efectos palpables: centros de día, talleres, transporte adaptado y acompañamientos terapéuticos arrastran desequilibrios financieros que comprometen su continuidad. Uno de los testimonios señala que “venimos con atraso de más del 70 % desde el año pasado”. El retraso también afecta a los trabajadores y profesionales del sector, que deben lidiar con incrementos de costos, movilidad y gastos operativos, con ingresos que no se ajustan al ritmo inflacionario.