Si bien es usual asociar el fin de esta división de poderes a los gobiernos de facto, existen prácticas dentro del orden de la república que pueden afectar esta columna tan importante para el estilo de vida democrático.

Muchas veces los integrantes del Poder Ejecutivo de turno optan por la alternativa de gobernar por fuera de los límites del Congreso Nacional para esto se valen de atajos tales como los DNU o los contextos de, según sus especificaciones, emergencia. Lo cierto es que, salvo ocasiones sumamente excepcional es, estás prácticas políticas lo único que consiguen es alterar el orden republicano. Por lo tanto, los responsables de controlar estás situaciones, es decir, los integrantes del Pode Legislativo, nunca debieran entregar estos límites y estos equilibrios encomendados en la Constitución Nacional.

Las facultades extraordinarias forman parte de este herramental político que prolifera a favor del personalismo y en contra de la división de poderes. Éstas importan el ejercicio por un órgano del gobierno, usualmente el ejecutivo, de atribuciones que exceden la órbita de su competencia constitucional, destruyendo el equilibrio y control recíproco de los poderes estatales como garantía de la libertad. Esta expresión ofrece en la Argentina la significación negativa de estar prohibido al Congreso Nacional ya las Legislaturas provinciales conceder a sus respectivos Poderes Ejecutivos esas facultades extraordinarias y la suma del poder público, así como tampoco sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna ( Fuente: www.enciclopedia-juridica.com http://www.enciclopedia-juridica.com/d/facultades-extraordinarias/facultades-extraordinarias.htm).

Sin lugar a dudas, este tipo de disposiciones irrumpen y golpean de lleno a los cimientos más profundos de cualquier régimen republicano. El yugo del Ejecutivo sobre el Legislativo implica un retroceso marcado en el carácter de república de todo país. Es inviable mantener una institucionalidad adecuado bajo los firmamentos constitucionales a partir de estas maniobras. Los encargados de respetar los valores políticos que funda nuestra Constitución deben estar atentos restringir este tipo de instrumentos.

Julián Lazo Stegeman 

Si bien ambas cámaras se fundan en la representación popular (todos sus miembros son elegidos en forma democrática en base al sufragio universal, secreto y obligatorio), los diputados representan directamente al pueblo argentino y los senadores a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. 

El equilibrio entre ambas representaciones es la base de nuestro sistema representativo, republicano y federal. El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que tengan en cuenta el bien común de todos los habitantes, para lo cual pueden también modificar la legislación preexistente. 

La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es clave para fortalecer el sistema republicano. La participación del Congreso y del Poder Ejecutivo en la formación y sanción de las leyes es un ejemplo de ello. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. 

Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación -dependiente del Congreso-, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las Cuentas de Inversión. La publicidad de sus actos es otra de las tareas clave del Congreso ya que permite a la ciudadanía evaluar el cumplimiento del mandato conferido. Es importante también señalar que, desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de Gabinete de Ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del Gobierno. Este informe se realiza alternadamente, un mes en cada Cámara del Congreso (Fuente: www.congreso.gob.ar https://www.congreso.gob.ar/poderLegislativo.php).

En reiteradas oportunidades de nuestra historia nacional se ha intentado resquebrajar o sobrepasar las funciones del Poder Legislativo. No solamente bajo los mandatos de los diversos gobiernos de facto que ha experimentado nuestro país, también ha habido intentos recurrentes en esta sintonía en gobiernos democráticos. A propósito de esto último, un ejemplo que se ha repetido constantemente es la negativa que han mostrado a menudo los diferentes Jefes de Gabinete a concurrir al Congreso a brindar detalles de las determinadas gestiones de turno.

Otra forma que mantienen los gobiernos electos democráticamente para intentar administrar el Estado por fuera del Poder Legislativo son los DNU. Muchas veces para justificar estás herramientas se intentan plantear situaciones de necesidad y urgencia a como de lugar. Sucede a menudo que tal intento no sé justifica técnicamente en la herramental jurídica que argumentaría una situación de tal índole . Es decir, entonces, que los DNU se han posicionado como estrategias para esquivar el Congreso y de esta manera evitar los controles de éste sobre el Ejecutivo.

Debe quedar en claro que los Decretos de Necesidad y Urgencia suelen quebrantar todo espíritu institucional que marca la Constitución Nacional. De esta forma, la sociedad civil debe estar atenta y demandar, si así lo requiriera, la no utilización de estos recursos.

Julián Lazo Stegeman 

Es decir que en la actualidad, más de 20 millones de argentinos no cumplen con las necesidades básicas de salarios, salud, educación y alimentación. Este combo de caída de la inversión, estancamiento del empleo pleno y el fuerte gasto público (especialmente en materia social) es el que disparó en los últimos años los niveles de pobreza (Fuente: Gabriel Matera para www.ambito.com https://www.ambito.com/politica/segun-la-uca-la-pobreza-alcanzo-el-447-y-afecta-casi-19-millones-argentinos-n5891496).La pobreza no es sólo una estadística. La pobreza no es solamente un dato. La pobreza no es únicamente un número. La pobreza, más importante aún, son personas.Cada vez que en los medios se reflejan las estadísticas de pobreza e indigencia o en cada momento que en actos públicos los funcionarios de turno hablan sobre ella, pareciera que se pierde de foco que se está haciendo referencia a seres humanos. No es cuestión de agarrar la calculadora o la plantilla de Excel o proponer reformas y medidas electoralistas para conformar a la ciudadanía y, de paso, obtener algún voto. La pobreza es un hecho como también lo es la realidad de que en Argentina queda muchísimo por hacer para resolverla.En nuestro país se habla mucho de “ordenar la economía “ y bienvenido que así sea. Sin embargo, nunca se debe perder de eje que ese mencionado ordenamiento tiene que ser con las personas adentro. Tirar por la borda a miles de ciudadanos para que los números “cierren” lo único que genera es más pobreza, más tensión social y menos gobernabilidad para generar las correcciones que necesita la macro nacional.Nuevamente, es clave comprender que los números son personas. Detrás de cada dígito hay ilusiones, sueños y realidades que merecen dignidad. Estás líneas no apelan a un sentido demagógico, por el contrario, apuntan a la verdadera esencia del Ser Humano. Ése que vive, siente y piensa.La solución para resolver una contingencia social tan importante como la pobreza requiere de un correcto plan y accionar de índole colectiva de parte de los administradores del Estado. Siempre pero siempre con la gente dentro del sistema.

Julián Lazo Stegeman  

La transición política o transición gubernamental es uno de los pilares claves en todo régimen republicano ya que abre las puertas a la alternancia en el poder. Sin embargo, si este proceso no se lleva adelante con prudencia y responsabilidad, los contextos circundantes pueden ser nocivos para el país.

En relación al párrafo anterior, cabe mencionar que la alternancia en el poder prima cómo uno de las factores más saludables de todo estilo de vida democrático. Es precisamente en este punto donde las transiciones dan cuenta de su importancia. Es inviable un régimen político republicano si no se respetan los cambios de mando entre una gestión y otra. Además, no sólo existe un factor ético en esta cuestión, a su vez hay un aspecto técnico fundamental. Pasar de una gestión a otra, aún más si son de distintos signos políticos, requiere la sapiencia necesaria para ordenar y organizar los elementos técnicos y legales que toda administración pública conlleva. Debe quedar en claro que no es borrón y cuenta nueva, la responsabilidad en la gestión de la cosa pública requiere la preeminencia del orden por sobre el caos para que el Estado continúe sobre rieles de la mejor manera posible . Nunca se debe olvidar que en el medio están los ciudadanos.

Muchas veces ha ocurrido que luego de una elecciones disputadas en donde triunfa una agrupación de color político distinto al oficialismo vigente, las transiciones pueden ser complicadas y complejas. Todo depende del compromiso que tengan los funcionarios de turno a la hora de abandonar, por un lado, y de asumir, por el otro, con las instituciones republicanas.

Es imprescindible comprender que de la mano de una transición política ordenada va de la mano la gobernabilidad necesaria del gobierno futuro  es un acto de responsabilidad cívica fundamental el hecho de traspasar el poder organizadamente.

Julián Lazo Stegeman 

Los parámetros de desarrollo para lograr el bienestar de sus respectivas poblaciones, invita a los diversos Estados a generar cada vez a menudo un entorno favorable para el desarrollo de las ciencias y las tecnologías. Actualmente, sin un ambiente de inversiones para las mismas, el progreso de un país se torna inviable.

Argentina invierte un 0,31% de su producto bruto interno (PBI) en ciencia; estando este presupuesto repartido en diferentes organismos del estado como, por ejemplo, CONICET, INTA, INA, CONAE, y universidades públicas. Si nos comparamos con otros países de la región, según datos del Banco Mundial (2019), Brasil invierte 1,21%, Chile 0,34% y Uruguay 0,48% de su PBI en ciencia. Otros países desarrollados, muestran una inversión que se triplica en relación con los mencionados países sudamericanos. Tal es el caso de Estados Unidos que invierte 3,45% de su PBI, Japón 3,26%, Bélgica 3,48%, Alemania 3,14%, en tanto que Israel y Corea del Sur invierten el 4,9%. (Fuente: https://santafe.conicet.gov.ar/el-rol-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-el-desarrollo-de-un-pais-soberano/). Como se puede observar a partir de estos números, el desarrollo de los Estados mantiene una relación directa con su inversión en ciencias y tecnología. A mayor iniciativa inversora en atas áreas, más es el desarrollo por país. Esto no es casualidad, claro está. 

Una sociedad con bajo nivel de desarrollo científico-tecnológico se encuentra ligada a una economía dependiente de otras economías productoras de bienes con valor agregado. Esta situación genera falta de inclusión, desigualdad social y la extracción de riqueza desde los países más pobres hacia los más ricos. El conocimiento científico se traduce en un incremento de la calidad de vida de las personas a través de políticas de gestión de recursos y desarrollos tecnológicos que nos posicionan favorablemente en un contexto global, que ya en sí mismo, es delicado. Es por esto, que el desarrollo científico-tecnológico aparece como una herramienta indispensable para dirigir decisiones de gestión apropiadas que se traduzcan en políticas públicas que favorezcan al pueblo argentino. Ejercer conscientemente nuestros derechos y obligaciones civiles, expresando nuestra voluntad hacia posiciones que promuevan la construcción de un país soberano es una obligación moral de todos nosotros (Fuente: https://santafe.conicet.gov.ar/el-rol-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-el-desarrollo-de-un-pais-soberano/).

No caben dudas que la importancia de la inversión en ciencia y tecnología excede a cualquier ideología o partidismo. Dicha tarea está estrictamente ligada al desarrollo del país sin miramientos partidarios.

La política es esa herramienta que permite pensar las relaciones humanas en el contexto de la organización social y la distribución del poder. Este asunto deriva de un aspecto biológico y antropológico del ser humano: su incapacidad para vivir aislado e individualmente. Si se reflexiona aún más en profundidad, se puede observar que inclusive las teorías o concepciones que hacen al sistema capitalista en el cual convivimos socialmente mantienen una esencia colectiva de subsistencia. Por ejemplo, la división internacional del trabajo.

La actividad política es también la mejor herramienta para cambiar y mejorar la realidad de las personas. En esta línea, su función no es sólo administrativa, además es clave en términos de progreso y desarrollo social. El futuro de ninguna sociedad está asegurado si no mantiene un equilibrio político e institucional estable.

En toda comunidad, desde los inicios del sistema vigente, existe otro lugar de intercambio entre las personas además de la política: el mercado. Si bien tiene sus beneficios, también mantiene ciertas desventajas. En este sentido, es inviable sostener que las diversas realidades sociales se pueden dirimir en este sitio. El mercado persigue otros objetivos, legítimos, pero que muchas veces van a contramano de las necesidades básicas humanos, tanto de administración y organización como de subsistencia. Es poco sensato sostener que el eje vector de toda sociedad puede ser el mercado por encima de la política.

A la hora de hablar de política es fundamental diferenciar entre esta práctica como transformadora de la realidad social en términos colectivos y aquella politiquería cuyo basamento es el rédito personal y el beneficio propio. Es precisamente esta última donde la corrupción pública tiene lugar. Es aquí donde la transformación que la política busca no encuentra punto de llegada. Es así que el punto no es criticar a la política per sé sino a la errónea administración y gestión de la misma. No todo es lo mismo.

Julián Lazo Stegeman 

El pensador alemán nos remite a uno de los conceptos más básicos y fundamentales a la hora de comprender a esta asociación política. En este sentido observamos que el monopolio de la fuerza, siempre en el marco de la ley y las estructuras constitucionales, es una faceta inherente y fundacional del Estado como tal.¿Qué ocurre cuando un régimen estatal no se reserva este monopolio legítimo? Sucede lo que hemos estado observando durante estos días con los saqueos en distintos puntos del país: la violencia ilegítima y social se dispersa por las calles de una sociedad civil desprotegida.A priori, no importan las razones de estos lamentables sucesos. En el peor de los casos y de las más canallas justificaciones, el hambre nunca debería justificar la delincuencia. Que quede claro: si hay hambre es porque el Estado falló y si, a su vez, está insatisfacción de esta necesidad básica lleva a la delinquir, el Estado falló doble.La asociación política mencionada en el párrafo anterior tiene que preservar su monopolio legítimo de la fuerza dentro de los marcos constitucionales, así mantiene la responsabilidad de resguardar a los ciudadanos de cualquier contingencia delictiva que pudiese experimentar. Los saqueos ingresan en esta última categoría . Y no son culpa del hambre, dado que mucha gente de bien sufre esta tragedia a causas de funcionarios ineficientes y no todos incurren en estas prácticas delictivas. Es mas, la mayoría de ellas intenta subsistir dentro de un sistema que cada vez las desampara en proporciones mayores sin la necesidad de adentrarse en la delincuencia. Por el contrario, siempre con el trabajo como directriz. Justamente, el mencionado desamparo también radica en el hecho de sufrir episodios delictivos. Muchos de los saqueos de los últimos días se dieron en negocios de barrio, donde muchos laburantes intentan asegurar un plato de comida de manera digna. Allí debe estar presente el Estado y el uso legítimo del monopolio de la fuerza, para resguardarlos. Pero cuando esta asociación política se desentiende de sus responsabilidades, los desampara y los dejaba su suerte. Pareciera ser que los administradores estatales no toman dimensión de lo que implica el miedo y la inseguridad de poder perderlo todo para un almacenero o carnicero de barrio a manos de delincuentes. Porque los saqueadores son eso : delincuentes. Es lamentable que se tenga que aclarar esta cuestión. El hambre no debería justificar la delincuencia. En realidad, nada debería justificar que los ciudadanos se ataquen entre sí. Hablan de Estado presente pero en estos contextos está más ausente que nunca. En primer lugar debería asegurar que nunca persona sufra los avatares de los incumplimientos de las necesidades como salud, alimentación, vivienda y educación. Segundo, no debería permitir que la hechos de inseguridad sobresalgan en el cotidiano de los trabajadores.En fin, al no hacerse cargo del monopolio legítimo de la fuerza, el Estado delega esta facultad a los privados, lo cual es sumamente peligroso y riesgoso para la convivencia pacífica dentro de un ordenamiento civil.

Julián Lazo Stegeman  

El régimen republicano es, entre otras cosas, una relación colectiva. Por consiguiente, como toda relación, debe ser construida día a día. El hecho de ir a votar en cada proceso electoral es una acción que configura positivamente no sólo la república en la cual vivimos, sino que además posibilita la estructura política y social para el estilo de vida en el cual nos desarrollamos como sociedad: la democracia.

Sin voto, la ciudadanía no tiene voz. Es decir, entonces, que este mecanismo es la herramienta principal para que la sociedad civil se haga oír. En este sentido, no se puede omitir tampoco que cada voto es la participación individual de cada individuo en la construcción colectiva del régimen político en el cual experimentan sus respectivos cotidianos. Allí también reside en la importancia del voto, en la elección de qué día a día queremos como sociedad.

El CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) plantea una cuestión problemática a la hora del ejercicio electoral que se establece en todo el mundo: “Votar es la forma de participación más elemental en las democracias y, por lo tanto, su fuente de legitimación. A través de las elecciones, la ciudadanía elige a sus representantes para cargos públicos y también expresa sus intereses y demandas para que puedan ser traducidas en políticas públicas. Por eso, su importancia es evidente e innegable. Sin embargo, en contextos de desafección y baja confianza en las instituciones como el actual, se vuelve particularmente relevante cuidar los niveles de participación. En muchas democracias del mundo la participación electoral declina elección tras elección. Entre las explicaciones más comunes a este fenómeno se encuentra el hecho de que cada vez menos personas están dispuestas a encarar la logística que implica votar. Esto involucra no sólo cuestiones relativas a identificar y trasladarse hacia el centro de votación, sino sobre todo una serie de costos cognitivos asociados a ejercer un voto informado tales como la información sobre la oferta electoral, las reglas electorales y las categorías en juego, entre otras”. Frente a esta cuestión, el sistema político en su totalidad tiene mucho por hacer. Entre ello (además de lo citado en el párrafo anterior), brindar plataformas programáticas claras que inciten al debate público y no le den espacio a los discursos vacíos y agraviantes. El diálogo político en el contexto de un proceso electoral debe ser transparente, claro, lúcido y accesible para todos los votantes. Los temas que se deben enmarcar allí tendrían que estar ligados a las problemáticas nacionales colectivas y no a dirimir cuestiones personales de los candidatos en cuestión. En esta línea, vuelven a tomar importancia las plataformas programáticas que establezcan discusiones sobre planes concretos sobre el desarrollo del país.

La importancia del voto no sólo está en lo planteado más arriba, además responde a la necesidad de continuar cimentando el régimen republicano en el cual vivimos. Para esta tarea, a su vez, es clave que el sistema político brinde reglas claras sobre qué, cómo y dónde debatir los planes de desarrollo de la Argentina en términos colectivos.

Julián Lazo Stegeman 

Entonces, ¿Qué es la deontología profesional periodística?. La ética del periodista resulta de la ambición de este a ser un profesional excelente. Es la obediencia del periodista a la naturaleza de su trabajo. Para el profesor José María Desantes es la guía de los actos humanos e informativos que modelará el ser profesional y constituirá la medida de su cualificación. Se llama ética si comprende todos los aspectos personales, y Deontología si solo se refiere a los actos específicos profesionales.

 Es importante notar que hay distintas maneras de ver la ética. Quienes la reducen a normas y principios, buscan en la ética la solución de problemas prácticos y del momento, por tanto la ética se convierte en un manual de soluciones para problemas concretos. La otra es la que espera de la ética la formulación de una actitud, de modo que ser ético es un modo de vivir. Esta visión de la ética va más allá del conjunto de reglar; es eso y mucho más, es el descubrimiento de cómo vivir como persona y como profesional (Fuente: www.fundaciongabo.org https://fundaciongabo.org/es/consultorio-etico/consulta/669).

En Argentina vivimos una época donde la profesión de periodista mucha a veces de observa apuntalado por objetivos singulares y privados que están lejos de los propósitos republicanos y democráticos de esta actividad. Muchas veces se privilegian los beneficios personales por sobre las razones colectivas que son la razón de ser de la práctica periodística. 

En tiempos electorales, todas estas cuestiones aumentan en su recurrencia. En la gran agenda pública nacional donde el periodismo debería mantener un papel clave no sólo en la circulación de información sino, además, en la tarea de asegurar el intercambio de opiniones libres y trasparentes, muchas veces ocurre todo lo contrario. Las operaciones, las fake news, los manejos de opinión por medio de pauta oficial, entre otras cuestiones, lejos están de asegurar la libertad de expresión, sólo vuelven aún más sinuosa la arena pública de debate.

Por ejemplo en el Código Deontológico de España, aprobado en la Asamblea Ordinaria celebrada en Sevilla el día 27 de Noviembre de 1993 y actualizado en la Asamblea Ordinaria llevada Adelante en Mérida el día 22 de abril de 2017 por la Federación de Asociaciones de Periodistas de aquel país, se marcan algunos puntos a considerar para la realización ética de esta profesión:

En Argentina muchas veces no se respetan estos puntos y el periodismo cae por el propio peso de su práctica irresponsable.

Debe quedar en claro que la práctica ética y deontológica de esta práctica fortalece el derecho a la libertad de expresión y al respeto de los principios republicanos.

Julián Lazo Stegeman 

Hay distintos conceptos relacionados con el PIB que es útil conocer:

¿Por qué es importante este concepto para el caso de la macroeconomía de Argentina? Básicamente (y no tanto), la razón es que nuestro país hace año viene experimentando tres cuestiones que impactan duramente en el bienestar de la sociedad civil: inflación descontrolada, endeudamiento externo y, justamente, crecimiento negativo per cápita.

Así como no parece haber solución para los primeros dos, el tercero mencionado tampoco es la excepción. Si bien en estos últimos tiempos ciertos informes arrojan un porcentaje de crecimiento en la economía nacional, la realidad es que esto no se traslada como se debería a mejorar la realidad de los sectores más vulnerables. 

Distintos funcionarios del oficialismo como así también sus exégetas, destacan características de este crecimiento en ciertos comportamientos de consumidores más ligados a los estratos medio-altos y altos que a los segmentos más perjudicados por las inclemencias económicas: los bajos. Tales comportamientos a los que aquellos se refieren son, por ejemplo, salidas a comer, ida a conciertos, viajes, entre otros. Claro está que analizar tales puntos de consumo implica una mirada demasiado acotada de la sociedad. Aún más para un funcionario público.

Hablar del crecimiento per cápita debería ser uno de los temas más trascendentes del debate nacional y de la opinión pública de nuestro país. Sin embargo, nada más lejos que esto . A su vez, los diálogos y consensos en torno al próximo proceso electoral carecen de este tipo de tópicos tan importantes para el futuro de Argentina. Así como escasean las plataformas programáticas de los precandidatos, también faltan debates de esta índole.

Como ya mencionamos, el PIB per cápita es una variable macroeconómica que tiene el objetivo de dar información acerca del nivel de riqueza y bienestar de un territorio en un momento determinado. Es utilizado habitualmente como medida de comparación entre países, para poder analizar en qué situación se encuentra cada uno en cuanto a condiciones y desarrollo económico. Esta variable también es utilizada para evaluar la evolución de un país con el paso del tiempo. Los diferentes países persiguen que la renta per cápita vaya creciendo conforme pasan los años. Por ello, es importante analizarla y saber de primera mano cómo evoluciona. A propósito de esto último, debe quedar en claro que sin bienestar y riqueza de una nación, el progreso de su ciudadanía es nulo.

Julián Lazo Stegeman

(Fuentes: Datos Macro https://datosmacro.expansion.com/diccionario/pib#:~:text=PIB%20per%20c%C3%A1pita%20(o%20PIB,por%20cada%20uno%20de%20ellos.; Economipedia https://economipedia.com/definiciones/renta-pib-per-capita.html#para-que-sirve-el-pib-per-capita)

La inseguridad es una contingencia social que preocupa a vastos sectores de la ciudadanía nacional. A propósito de las  graves consecuencias que ella acarrea, está la estructura jurídica de nuestro país para encargarse. En una república cimentada en la división de poderes, es en vano que los funcionarios legislativos y ejecutivos viertan comentarios jurídico-mediáticos en tono electoralista cuando su real, valga la redundancia, función es la de dedicarse a solucionar las causas que la provocan.

Si pensamos a la sociedad como una estructura, su base está conformada por las relaciones sociales de producción y las fuerzas de trabajo. Básicamente, a modo práctico, podemos decir que la base social es económica. Ésta determina a lo que podemos denominar superestructura, allí se encuentran las leyes, los códigos éticos, la educación, la moral social, las ideas, la educación, entre otras. Ésta, a su vez, sobre determina a la base económica social.

Si tomamos en cuenta este esquema de la sociedad, podemos decir que la base de la mayoría -por no decir todos- de los problemas sociales es el aspecto económico. Es decir, que para ir al fondo de las diversas contingencias que nos atañen como país, no puede faltar nunca la perspectiva económica de los mismos. La inseguridad no es la excepción.

Está más o menos consensuado por la mayoría, sin importar el tinte político de los diferentes actores políticos en pugna, que los problemas de Argentina se pueden sintetizar en tres puntos claves: 1) crecimiento per cápita negativo desde hace más de una década. 2) Endeudamiento externo. 3) Descontrol del índice inflacionario. Estos elementos convergen en graves escenarios para la ciudadanía, sobre todo para aquellos sectores más vulnerables. Entre los que se destaca la pobreza. Vale recordar que en el último informe de la UCA se estimó que ésta es del 43,1 por ciento.

Sin más preámbulos, cabe decir que la pobreza es una causa de la inseguridad, en suma a otras cuestiones que también tienen que ver con los desmanejos de la corporación política. Obviamente es falso sostener la linealidad de decir que todo individuo en situación de pobreza cae en la delincuencia, los datos demuestran que esto no es así. De todas maneras, el hecho de ser pobre y no poder cumplimentar las necesidades básicas como cubrir el mínimo para llegar a la canasta básica mensual, sumado a otros factores, puede conllevar a la delincuencia. 

En relación a lo expresado en el párrafo anterior, los sectores políticos y encargados de solucionar los problemas de las personas tienen mucho que explicar. La ineficiencia en sus respectivas gestiones llevan al deterioro cada vez más profundo de la economía nacional, lo cual repercute en el cotidiano de las personas en las formas más salvajes posibles: en el hecho de arriesgar la vida.

Háganse cargo. Transformen y mejoren la realidad de la ciudadanía para que no corra peligro la vida de los individuos. La inseguridad es culpa de los políticos. Y esta (ir)responsabilidad lleva a que las personas se pongan en peligro entre si. Es inverosímil un entorno social en estos términos. Los administradores del Estado se han encargado de configurar un ambiente en donde se resquebraja el tejido social y ya no se distinguen entre víctimas y victimarios. 

Julián Lazo Stegeman 

Jean Paul Sartre, destacado filósofo proveniente del existencialismo francés, reflexionó sobre el concepto de alteridad, al cual podríamos situarlo como ese proceso de relación con el Otro.

Este intelectual planteaba que el encuentro con el Otro provoca la responsabilidad, no el conflicto. El rostro de ese Otro demanda como si fuera de mi incumbencia y lo hace antes de todo enfrentamiento conmigo. El Otro impugna la tranquilidad y la seguridad de mi derecho al ser. No me siento agredido, yo soy mi agresor. La mirada del Otro es doblemente saludable en la medida en que libera al Yo de si mismo y en la medida en que lo desabriga de su complacencia y de su soberbia.

Entre la lucha y el idilio, entre la violencia del antagonismo y la paz de la efusión hay lugar para otra forma de inquietud y otro modelo de encuentro: éste es un modelo ético, amoroso, lo cual tendría a demostrar que moral y pasión presentan afinidades a las que no han prestado suficiente atención ni los moralistas de ayer, ni los militantes contemporáneos del deseo.

A la hora de pensar la política, es indiscutible la necesidad de interacción del Yo (funcionario público) con el Otro (ciudadano) que designa al primero con el poder necesario para transformar la realidad. Un poder que, a su vez, conlleva una enorme responsabilidad. En términos filosóficos propios de la alteridad se puede plantear lo mismo que Sartre: el encuentro con el Otro genera responsabilidad. Si existencia depende de mí como la mía de él. El Yo y el Otro se conforman, se configuran, contemplan y dan rigor de existencia al Ser. En combinación configuran el aquí y el ahora, el tiempo que transcurre, el tiempo en el cual viven y existen. 

Sin el Otro no existe el yo. Sin la ciudadanía no existe el político. Este último no puede olvidar este punto. Su existencia se da en términos de la existencia del Otro. Esa es la relación política fundamental. Allí también está la clave colectivista de esta praxis. La política nunca puede ser individual mediante enclaves particulares, es una contradicción con su propia existencia en este mundo. En definitiva, sin los ciudadanos, el funcionario no puede Ser ni puede Estar.

¿Cuál es el poder de la sociedad civil sobre el régimen político? Justamente ésto: la capacidad de brindarle a éste su capacidad de existir. Si la sociedad civil no actúa, no se compromete o no acciona, el régimen político no existe, no encuentra razón de estar. Esto habilita un sinfín de realidades, ninguna responsable, menos aún ligadas al bienestar social y general. En términos aún más profundos, sin el involucramiento de la ciudadanía, la República, como régimen, como tal, no encuentra razón de Ser, de existir en el aquí y en el ahora, ni tampoco en el hecho de extenderse en el tiempo.

El Yo y el Otro conforman una relación fundamental en la existencia, en el existir. Esto es importante a la hora de comprender la conexión entre políticos y ciudadanía.

Julián Lazo Stegeman

(Fuente: “La sabiduría del amor” de Alain Finkielkraut)

Vale tomar como ejemplo, dado el último dato difundido esta semana, el índice inflacionario.  El IPC de Argentina ha vuelto a situarse en abril por encima de los tres dígitos, alcanzando el 108,8% interanual, lo que supone un incremento de más de cuatro puntos respecto al dato de marzo, según ha divulgado este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Por su parte, la inflación mensual ha escalado hasta el 8,4%, siete décimas más que en marzo. A su vez, solo en los primeros cuatro meses del año, la inflación acumulada es del 32% (Fuente: Diario La Nación).

El régimen político argentino tiene una gran dificultad a la hora de brindar repuestas a las contingencias sociales, ésta es la idea de creer en personalismos salvadores por encima de planes integrales que funcionen como ejes vectores de una determinada gestión. El caso del IPC es paradigmático. A medida que la inflación aumentaba, el Frente de Todos sustituyó al Ministro de Economía de ese entonces, Martín Guzmán, por el otrora opositor Sergio Massa. Es más, en la figura de éste aglutinó o intentó juntar toda la legitimidad que había perdido (y aún hoy continúa perdiendo) el Presidente Alberto Fernández. La llegada de Massa a Economía en un rol de “superministro” no traía aparejada un plan sistematizado para controlar la inflación. Por el contrario, éste no existía y todo apuntaba a que la figura del tigrense, por sí misma y sus supuestos contactos, lograría consensuar con el mercado y sus agentes, lo cual permitiría contener el espiral inflacionario. Nada de esto sucedió. Desde que él arribó al poder, el IPC continuó con un vertiginoso ascenso.

Un grave error económico del arco político nacional en general es sostener medidas o acciones que no se sustentan en incentivos. Si tomamos como parámetro a la hora de ejemplificar este punto a la actividad política reciente, podemos ir desde el 2015 al año actual y notar varios elementos de este tipo. Desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia que iba a traer una “lluvia de inversiones”, que finalmente no ocurrió hasta lo que se está comentando en la columna de hoy, el “consenso” Massista para frenar la inflación. Ambas cuestiones tienen en común el hecho de pensar en que los personalismos traen consigo soluciones, cuando en general ésta no es la regla. Para que las cosas ocurran hay que brindar incentivos económicos y políticos, no alcanza con un nombre o un apellido para convencer al mercado. Asimismo, estos incentivos tienen que estar involucrados dentro de un plan integral de mediano y largo plazo. Esto es lo que sustenta cualquier acción o medida que se pueda tomar para administrar la cosa pública.

En estos constantes tropiezos, la política nacional demuestra una constante falta de entendimiento de esta práctica. La praxis política implica gestionar recursos humanos y materiales para transformar y mejorar la realidad de las personas. Esto nunca va a suceder si se privilegian o se sobrestiman las personalidades por sobre lo material.

En definitiva, siempre es lo mismo. La clase política nacional continúa demostrando y argumentando a favor de la frase que dice que “el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”.

Julián Lazo Stegeman

Entre chicanas, operaciones, rumores y debates de poca monta, el circo político y mediático que ofrecen los administradores del Estado en el contexto de las campañas electorales es lamentable. Nada de lo que enuncian es certero y nada de lo que explican apunta a resolver las problemáticas cotidianas de vastos sectores de la población.

¿Dónde están las propuestas? ¿A dónde se ubican las plataformas programáticas? ¿Por qué importa menos ofrecer respuestas a las demandas de la ciudadanía que agredir al otro posible candidato electoral? Está forma de hacer política se ha popularizado por nuestras tierras al importar del exterior lo peor de esta práctica. La praxis del quehacer político ya no es transformar la realidad de las personas para mejor mediante la gestión de recursos materiales y humanos, ahora ésta es la obtención del poder por el poder mismo. Siempre bajo la lógica individualista por sobre la colectiva.

El ejemplo claro de la baja calidad de los funcionarios públicos es la inflación. No brindan respuestas ni resoluciones concretas. En su mayoría, ni siquiera argumentan proyectos para controlarla a la hora de explicar por qué son buenos candidatos para ocupar cargos en el Estado. Por su lado, los que sí lo hacen, pareciera que están filmando un sketch, un stand up o una parodia con las propuestas más delirantes. Es preciso tomar dimensión a propósito del descontrol del índice inflacionario. Los consultores económicos relevados por el BCRA esperan una inflación de 126,4% para 2023 y del 7,5% para abril. Hubo una fuerte corrección al alza en los pronósticos del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central. Los analistas económicos hicieron una fuerte corrección al alza de sus pronósticos de inflación para 2023 y lo ubicaron en 126,4%, una cifra que se ubica en 16,4 puntos porcentuales por encima del mes pasado, según este relevamiento del Banco Central (Fuente: Infobae).

Si los supuestos candidatos se quedan en los detalles, en la mínima, en el árbol que tapa el bosque, se les escapan estas contingencias sociales de suma relevancia. Aún más si provienen de espacios de carácter nacional y popular. Que quede claro: la inflación, al aumentar, en lo primero que impacta negativamente es en el bolsillo de las bases, de los barrios. No existe militancia que alcance si desde las altas esferas políticas, las cuales deben tomar decisiones, no se hace nada para controlar esta problemática macroeconómica.

La danza de nombres no cesa como tampoco las especulaciones con respecto a quiénes integrarán las listas electorales de las diversas agrupaciones. Lo cierto es que el mundo continúa, no cae en stand by por las elecciones argentinas. Pareciera que los funcionarios olvidan esta cuestión al gastar la mayor parte de su tiempo en las internas inconclusas de siempre.

Para finalizar, cabe el interrogante que se viene desarrollando hace tiempo: entre chicanas y agresiones, ¿dónde quedan las propuestas?.

Julián Lazo Stegeman 

 Por su lado,  la “ética de responsabilidad” se refiere a la necesidad cotidiana en el ejercicio del poder  de usar los medios de la violencia del Estado con el objetivo de mantener la paz para un bien mayor.

Además de las cuestiones señaladas en el párrafo anterior, un político debe tener en claro un aspecto fundamental para desarrollar una gestión adecuada en su mandato: no importa tanto el saber en una disciplina particular como la capacidad de administración. Dicho de otra manera, importa más ser un correcto administrador del Estado o de las herramientas que proporciona éste antes que conocer en especificidad un área del saber en particular.

Si vamos de lleno al análisis de las funciones del Presidente, es preciso marcar lo que señala Patricio Gómez Talavera (Licenciado en Historia y Diplomado en Campañas Electorales): “La función del presidente no es saber. Es administrar a quienes saben, fijar agenda, y establecer metas y prioridades. Es más: votar como presidente a alguien porque sabe mucho de un tema puede ser un error fatal, porque llega con el aura de ‘YO SÉ DE ESTO' y estira enormemente el proceso de aprendizaje por desarmar esa postura inicial a los golpes. La orientación por arriba del conocimiento”.

La cabeza del Poder Ejecutivo tiene un conglomerado que le brinda el Estado no sólo para utilizarlas, sino además para administrarlas. Parte de fijar agenda, objetivos y prioridades tiene que ver con esta administración. La cual, a su vez, está ligada a la gestión de la cosa pública. 

La generalidad por encima de la especificidad debería ser un vector clave en toda gestión gubernamental. Importa menos, como se dijo, un saber en particular que la capacidad de combinar actores competentes en los distintos rubros que conforman el Estado. Esta capacidad es la que asegura un eficiente régimen político constitucional.

Alberto Fernández perdió legitimidad y erosiono su capacidad administración de los instrumentos estatales porque no pudo o no supo ni fijar agenda ni consensuar, para adentro y para afuera de su frente gubernamental, objetivos y prioridades. A esta altura de su mandato ya se podría explicitar que la gestión lo sobrepasó y no tuvo la capacidad de configurar un gabinete que lo pudiese sostener.

Sin capacidad de maniobra y sin el establecimiento de un horizonte que sirviese como orientación, Fernández tropezó con su propia impericia. A tal punto su ineficacia política, que disgustó a propios y ajenos.

Hacia finales de su gestión, queda claro y totalmente trasparente un secreto a voces: Fernández sólo fue un fusible electoral para asegurar la estructuración de una alianza que quería asegurar su triunfo en los comicios presidenciales pasados. Sin embargo, esto no alcanzó para lo más importante y lo que, a su vez, muchos armados políticos descuidan: el momento de gobernar una vez ganadas las elecciones.

Cuando los intereses son meramente electoralistas, los gobiernos, sin importar tinte político, están condenados al fracaso. Para ejercer la praxis política hay elementos que no se pueden descuidar, éstos son territorio, proyecto, alianzas y, no menos importante, coherencia. Sin ésta última, cualquier intención de coalición gubernamental se resquebrajará en sus internas y contradicciones.

Julián Lazo Stegeman 

Sin lugar a dudas, la renuncia del Presidente Fernández a su candidatura para una reelección tuvo que ver con este panorama de agenda. De todas maneras, existen otros aspectos importantes a considerar que resultaron como causales de tal decisión. En primer lugar, la interna del Frente de Todos y el carente diálogo entre Fernández y su Vice caldearon los ánimos de propios y ajenos. El país atraviesa una situación compleja en términos macroeconómicos y, en el aspecto político, parte del FdT, aquellos sectores más Kirchneristas, apuntaban a quebrar el frente gubernamental e inclusive a separar las elecciones presidenciales de las gubernamentales por la Provincia de Buenos Aires, no sólo para exponer la falta de legitimidad política interna de Alberto Fernández sino, además, porque sostenían que Axel Kicillof mantendría más chances de una posible reelección si no compartiese la boleta con el actual encargado del Ejecutivo nacional.En segundo lugar, el contexto del dólar y la brecha cambiaria tuvo mucho que ver en que se adelantara una situación que ya parecía estar determinada y planeada su comunicación para más adelante. La periodista Estefanía Pozzo lo comenta así en el Buenos Aires Herald: “Anoche (en referencia al 20 de abril), el presidente Alberto Fernández informó a su círculo íntimo que hoy tomaría la decisión de no presentarse a bolsa. Se especuló con que podría anunciarlo en mayo, pero la circulación de algunos rumores y la alarmante suba del dólar esta semana aceleraron las manecillas del reloj”. Como tercer punto, es imprescindible considerar todo lo mencionado anteriormente para comprender esta decisión. De cara a los comicios electorales, la determinación de Fernández apunta a limpiar y ordenar el mapa de su frente político en una realidad que, pese a su segura molestia, no lo tenía como un agente competitivo en las próximas elecciones presidenciales. Si bien la renuncia de su candidatura no altera el juego electoral en términos de competitividad, como se dijo recién, sí abre las puertas para que se concreten nuevas alianzas y sociedades políticas dentro del Frente de Todos para asegurar un rol importante con respecto a las fechas mencionadas en el primer párrafo, luego de un Gobierno sin respuestas a las principales contingencias de la ciudadanía. Claro está, que así como ocurrió en 2019, el armado del Kirchnerismo y sus socios quedará en manos de Cristina Fernández de Kirchner. Sabido es en el entorno peronista que los votos únicos de la base electoral de ella no alcanzan pero sin ellos tampoco es suficiente para competir en las elecciones nacionales.Ante el ocaso de un Gobierno Nacional que no estuvo a la altura, los altibajos de la oposición y la aparición de nuevos candidatos políticos catalogados como “outsiders” y con un caudal de votos que va en aumento, internamente en el Frente de Todos se considera que la decisión de Fernández fue acertada ya que se tornaba imprescindible comenzar a mover y dinamizar la maquinaria política del peronismo dado los detalles antes comentados.En fin, sólo la historia y la ciudadanía que las construye ubicará a Alberto Fernández en el lugar que corresponde. Un presidente que no tendrá, a ciencia cierta, un segundo mandato.

Julián Lazo Stegeman  

Que la inflación es por emisión. Que la inflación se gestiona mediante teorías heterodoxas. Que la inflación se maneja a través de la ortodoxia. Muchachas y muchachos: no son comentaristas, son funcionarios públicos que, valga la redundancia, tienen que funcionar. 

Según el último informe del INDEC, los precios al consumidor (IPC) subieron 7,7% en marzo de 2023 respecto de febrero y 104,3% interanual. Acumularon un alza de 21,7% en el primer trimestre. La división con mayor alza mensual en marzo de 2023 fue Educación (29,1%); en marzo de 2023, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país.

Con éstos números, es inviable cualquier proyección económica que apunte al desarrollo del país. Con éstos números, además, no hay relato épico ni justificación alguna para justificar esta contingencia social. Las bases lo saben, con sólo recorrer los barrios se conoce la peor consecuencia de la inflación: la generación constante de nuevos pobres.

Un gobierno de supuesta estirpe nacional y popular no puede pretender menguar la realidad de este índice bajo excusas cuasi cómicas. Ante esta escalada inflacionaria, pareciera ser que muchos administradores del Estado sobran. La ineficiencia es inaudita y se paga con el bolsillo de los ciudadanos, aún más en los sectores más vulnerables de la sociedad. De nuevo: ¿Estamos hablando de un Gobierno nacional y popular?.

A su vez, existen dos detalles para nada menores a considerar: 1) El dato de 7,7% que se conoció sobre la inflación de la Argentina en marzo es el más alto en más de un año y muestra las dificultades que tiene el país para contener los aumentos de precios frente a sus vecinos: la mayoría de los países tiene interanualmente un número similar al que registró el INDEC en un solo mes. A nivel regional, el problema de los aumentos de precios también golpeó en 2020 y 2021 pero comenzó a estabilizarse en 2022 y ahora tres países tienen una inflación anual menor que la que tuvo la Argentina en marzo: Paraguay, Brasil y Bolivia no llegan al 7%. Por su parte, Uruguay y Chile son los países limítrofes que siguen con un 9,1 y 11,1% respectivamente en los últimos doce meses. Si se expande esta consideración a nivel regional, quien tiene también una inflación interanual menor que la de la Argentina en un mes es Ecuador, con 2,9% (Fuente: El Cronista https://www.cronista.com/economia-politica/bolivia-brasil-y-paraguay-tienen-una-inflacion-interanual-menor-a-la-que-argentina-registro-en-marzo/). 2) El 7,7% de inflación de marzo representa el registro mensual más alto desde abril de 2002, mes en el que el Índice de Precios al Consumidor había marcado 10,2% tras la devaluación que había sufrido el peso argentino durante el gobierno de Eduardo Duhalde. El registro dado a conocer este viernes por el Indec se ubicó, además, como el segundo más alto desde la hiperinflación de 1991, dejando en tercer lugar al 7,4% de julio de 2022 (Fuente: Tomás Carrió para Bloomberg Línea https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/argentina/la-inflacion-de-marzo-2023-en-argentina-llego-a-77-y-acumula-217-en-el-primer-trimestre/?outputType=amp).

El régimen político actual paga las consecuencias de estas cifras macroeconómicas ya que ceja su reputación institucional continuamente. No se debe soslayar que la economía también es política. En este sentido, cada paso en falso pone en jaque la credibilidad de las instituciones nacionales de Gobierno. En fin, en algún momento de su gestión el Presidente Fernández le declaró la “guerra” a la inflación. Pareciera ser, al respecto, que la bandera blanca está flameando de su parte.

Julián Lazo Stegeman 

 Este mencionado conjunto de instituciones conforma la estructura del régimen y determina cómo se organiza y distribuye el poder en una sociedad. Al regular la lucha política, las instituciones garantizan las formas que adoptan las conductas sociales. Estas conductas refieren, a la lucha por el poder y a las actividades sociales vinculadas a ella. 

Un régimen democrático se sustenta en normas que garantizan la participación, el pluralismo, el consenso, la libertad, la solidaridad, la igualdad, la seguridad, la tolerancia, entre otros. 

A su vez, las instituciones regulan la lucha por el poder. Esto incluye la relación entre aquellos que detentan la autoridad y el resto de la sociedad. Se debe examinar si el régimen se impuso en forma violenta o pacifica, si fue legítima o ilegitima, si se ajusto a lo previsto por la ley o fue violando todas las normas al respecto. A su vez, además de observar como se accede al poder, también hay que ver como se ejerce. Es decir, de que manera ejercen el poder esos actores que llegan a ocupar los espacios del Estado.

El linchamiento a Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en la última semana por parte de un grupo de colectiveros por el asesinato de su compañero de trabajo no es solamente una agresión física hacia el funcionario en cuestión, es también un golpe hacia todas las instituciones y el régimen político de nuestro país. 

Como se comentó en uno de los párrafos anteriores, la instituciones median entre aquellos que tienen el poder político y el resto de la sociedad. Cuando ocurre lo sucedido días atrás, claramente se produce un quiebre en esta mediación. Asimismo, está ruptura no es neutral ni natural, existen responsables: los políticos. Muchas veces estás personalidades olvidan las funciones que cumplen y esto es sumamente grave ya que ponen en jaque a las instituciones del régimen democrático. Cada error de ellos no sólo genera riesgo para las vidas de las personas, sino que además resquebraja el marco institucional en el cual vivimos.

La trompada a Berni es un golpe a las instituciones es términos de metamensaje: la sociedad está cansada y desbordada de tanta ineficiencia pública. Lejos de reivindicar la violencia contra un administrador del Estado, lo cierto es que habría que observar que es lo que está fallando para que esto no ocurra.

Es cierto, además, que comenzaron a circular teorías conspiranoicas del lado del espacio del Ministro, de todas maneras los análisis en estas cuestiones tan complejas deben realizarse sobre lo que hay y sobre lo que, hasta el momento, ha establecido la justicia. 

Los límites entre la sociedad civil y el régimen político no deben romperse, es el orden institucional necesario para que, desde lo político, el país pueda tener la estabilidad concreta para desarrollarse.

Lo ocurrido esta semana debería encender una alarma hacia la clase política para que comprendan las responsabilidades de su deber público, lo ocurrido no puede pasar por alto ni quedar en un dimes y diretes meramente electoralista.

Julián Lazo Stegeman

(Fuente: Eve Labandeyra. Licenciada en Ciencia Política. Magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bologna, Italia.)

El tráfico de estupefacientes es uno de los negocios más lucrativos del crimen organizado y se ha convertido en el principal desafío en regiones donde operan con brutal violencia los carteles de la droga o las bandas aliadas con las fuerzas de seguridad estatales (como ocurre, por ejemplo, en Rosario). En la última década, algunos países de América Latina se han convertido también en centros de consumo, mientras que otros sirven como puntos de tránsito de la mercancía ilegal (Fuente: www.dw.com).

La desigualdad, la violencia y la ineficiencia junto a la complicidad estatal son los ejes principales que explican el aumento del narcotráfico tanto en Argentina como en el mundo. Más allá de la supuestas “guerras” contra la venta ilegal de narcóticos que se han pretendido instalar en el país por parte de los funcionarios públicos que han estado en el poder, lo cierto es que nada de esto ha sido así. De hecho, si lo fuera, tampoco hubiese sido la solución, por el contrario. Si se aumenta el espiral de violencia, el problema se profundiza.

Debe quedar en claro que el prohibicionismo de sustancias, la criminalización de consumidores y la militarización del combate lejos están de lograr resultados positivos. Tampoco ayudan la especulación y el show político en años de comicios electorales.

La ignorancia y el desconocimiento por parte de las autoridades públicas a la hora de encarar esta problemática es preocupante. No sólo no desandan estrategias eficientes y modernas al momento de enfrentarlo sino que ni siquiera apuntan a entender que la actividad política tiene mucho por hacer más allá de la violencia. En este sentido, los administradores del Estado podrían luchar contra la inflación, la pobreza, la indigencia y el trabajo precarizado. De esta manera, combatirían uno de los factores más determinante que posibilitan el comercio ilegal de drogas: la desigualdad.

La corrupción y la complicidad de las fuerzas públicas es otro asunto grave a considerar en esta temática. Nada puede ser solucionado si el Estado no corrige esta red compleja de responsabilidades y complicidades. Peor aún es si las autoridades públicas que deben solucionar estas cuestiones también se alían a este crimen organizado, ejemplos en Argentina hay de sobra sin considerar un color político en particular.

No se puede omitir que es tiempo que toda la clase política dejé a un lado los prejuicios y comprenda que, más allá de que la desigualdad es un factor determinante para su desarrollo, el narcotráfico a esta altura ya abarca y atraviesa a todas las clases sociales, no solamente a las bajas. Si no se entiende este punto, la criminalización y la discriminación contra los sectores más vulnerables dificultará aún más esta problemática.

En fin, el comercio ilegal de drogas ha ido aumentando con el tiempo. Por fuera del show, la criminalización del consumo, la prohibición de sustancias, la enorme gama de prejuicios y la complicidad y corrupción por parte de quienes deberían combatir esta contingencia social, nada se está realizando para solucionar este grave problema.

Julián Lazo Stegeman 

La unión de estos dos conceptos (comunicación y política) se debe a que los gobernantes necesitan el apoyo de los ciudadanos para desarrollar sus proyectos e ideas y, los gobernados quieren darle a conocer las necesidades y expectativas a quienes los dirigen ( Fuente: Ibero https://blog.posgrados.ibero.mx/comunicacion-politica/).

En épocas electorales o en vísperas a éstas cuando es el momento de definir, establecer y dar a conocer candidaturas, la comunicación política se basa mayormente en un solo punto: influir a partir del proceso político-comunicacional para la obtención de los puestos de autoridad a través del convencimiento con fines electorales. Indudablemente esta situación puede mantener sus controversias. A la hora de posicionar la candidatura de un político, ¿vale todo? ¿El fin justifica los medios? ¿Promocionar un posible administrador del Estado es lo mismo que vender un producto? ¿Importa más lo que hace o lo que dice que va a realizar? ¿Alcanza comunicar bien para ganar una elección? ¿Es razonable que la ciudadanía experimente los avatares del marketing político al momento de elegir sobre el camino que debería tomar el país?.

Muchos son los interrogantes y no menos las respuestas y polémicas que despiertan. De todas maneras, algo es seguro: la punta de lanza de todo proceso político es y siempre será, valga la redundancia, la política.

Lo cierto es que no alcanzan los mensajes vacíos ni las imposturas falsas de los candidatos. La comunicación política no puede resolver la falta de profesión ni de vocación. Se pueden armar y configurar infinitos enunciados a la hora de generar una campaña en para posicionar a un funcionario. Sin embargo, el hecho básico pero sumamente importante es el contenido, lo que tiene el político para proponer y lo que ha hecho, su expertise en la labor pública o privada (si es que proviene de allí). Al fin de cuentas lo que se destaca es la política como praxis, como práctica para transformar la realidad de las personas.

Afortunadamente, por otra parte, los cargos públicos tienden a no definirse exclusivamente por la publicidad o el marketing. Si esto fuese, la actividad política se reduciría al simple hecho de cuál candidato o candidata invierte más dinero en su campaña electoral. De este asunto, surgiría algo aún más complicado: ¿quién financia esa publicidad? Actualmente, se corroboran muchos ejemplos a propósito de cómo los favores a la hora de invertir plata por parte de un privado en un candidato, luego se traduce en beneficios particulares cuando éste llega al poder. Inclusive hay teoría al respecto, el pensador alemán, Max Weber, hablaba sobre la figura del “Boss”. Así también, algo de estas cuestiones se pueden encontrar en los trabajos del periodista Hugo Alconada Mon sobre los “sótanos del poder “.

Como ya se dijo, la política es la punta de lanza. Después se la puede complementar con la comunicación y con la configuración de historias y relatos. De todas formas, es imprescindible comprender que lo único importante, o mejor dicho, lo trascendental a la hora de evaluar un determinado candidato es su capacidad al momento de gestionar la cosa pública. Obviamente que si es un denominado “outsider” que no ha tenido ningún antecedente conocido en la política es más difícil. No obstante, siempre algo se puede conocer, de aquí la importancia de la responsabilidad y curiosidad cívica de la ciudadanía.

En fin, comunicar no es lo mismo que gestionar y hacer marketing político no es lo mismo que hacer política en lo que respecta a la actividad, allí está el meollo de la cuestión.

Julián Lazo Stegeman