La jornada se desarrollará como un feriado judicial: no habrá atención al público, se suspenderán los plazos procesales y no se realizarán audiencias.

De todos modos, se mantendrán guardias mínimas para casos de urgencia y la ciudadanía podrá realizar consultas telefónicas gratuitas al 0800-444-6372. También estarán habilitadas las Mesas de Información Permanente en los tribunales de Paraná y Concordia.

Un grupo de jueces federales denunció al abogado de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, Gregorio Dalbón, luego de apuntar contra el fiscal federal Ramiro González como un "coimero" y el juez Sebastián Casanello como parte de "la pudrición" de Comodoro Py.

"Las expresiones publicas agraviantes proferidas en redes sociales contra el fiscal federal penal Dr. Ramiro González y el juez federal penal doctor Sebastian Casanello", comenzaron en su denuncia entregada al Colegio de Abogados, en donde pidieron una sanción disciplinaria contra Dalbón, quien lanzó esos comentarios en el marco de la investigación contra el Presidente por el cumpleaños que festejó la primera dama en Olivos en 2020, en épocas de cuarentena estricta.

"Las expresiones del letrado han traspasado con holgura la Iínea más flexible que pueda preverse en el marco de una sociedad democrática en punto al derecho que asiste a toda persona a expresar sus ideas, proyectándose sobre los magistrados afectados como una verdadera ofensa a su honor", agregaron en su escrito los jueces Marcelo Gallo Tagle, que preside la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; Ricardo Recondo, Luis María Cabral y María Lilia Gómez de Alonso, junto al exjuez Miguel Ángel Caminos.

Además, consideraron que no es la primera vez que el letrado tiene un exabrupto y remarcaron la gravedad de sus dichos ante los funcionarios judiciales que investigan el cumpleaños de Fabiola Yánez con varios invitados: "Los exabruptos del letrado se han venido reiterando con preocupante constancia; pero en esta última oportunidad, no por efecto acumulativo, aunque en la realidad existe como tal, sino por el singular desvalor de sus ultimas expresiones, demandan la intervención disciplinaria de esa institución en pos del restablecimiento de elementales pautas de orden y decoro en el desempeño de la abogacía".

Las declaraciones de Gregorio Dalbón

"Ramiro González puede hacer lo que quiera, pero es un coimero, y sabe que yo lo sé. Si quiere venir a buscar plata, acá no la va a encontrar porque nosotros no lo vamos a coimear, ¿está claro? Yo se que la colectividad judía lo coimeó", dijo en una entrevista radial el abogado del máximo mandatario y de la vicepresidenta. Luego de estos dichos, el jefe de Estado decidió defenderse por su propia cuenta del caso de Olivos.

Dalbón también pidió disculpas a la comunidad judía: "Estuve conversando con autoridades de la DAIA, quienes pedagógicamente me explicaron y coincidimos en que hombres y mujeres con alcance en los medios debemos ser responsables de temas tan delicados", detalló en Twitter.

Sobre el juez Casanello, había dicho que le importaba "un huevo". "A mí los jueces me importan un huevo. Ni me va ni me viene. No le conozco la cara. Para mí Comodoro Py está recontra podrido y dentro de la pudrición esta Casanello. Que venga Casanello, que lo vamos a atender", advirtió. (Perfil)

El abogado Mauricio D'Alessandro, defensor de una de las asistentes a la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos durante la etapa más estricta de las restricciones por el Covid-19, pidió hoy al juez Sebastián Casanello que declare la "inconstitucionalidad" de los decretos de necesidad y urgencia que establecieron la prohibición de circulación y desplazamientos como medida preventiva para contener la pandemia. El planteo fue hecho en nombre de Stefanía Domínguez, amiga y asesora de Yáñez. "Debe descartarse que con su accionar hubiera puesto en peligro la salud pública y/o propagado una enfermedad que no padecía", subrayó la defensa, tal como había sido adelantado por Infobae.

El planteo es en sintonía con la convicción del presidente Alberto Fernández en torno a que no se cometió delito porque nadie se contagió. Más allá de ello, el jefe de Estado propondrá un acuerdo al fiscal federal para cerrar la causa, pagando una multa o haciendo una donación del sueldo presidencial.

Tal como se había anunciado, D'Alessandro reclamó el sobreseimiento de su clienta por "inexistencia de delito". "Es obvio remarcar que Domínguez jamás puso en riesgo el bien jurídico que los decretos - más allá de su invalidez e inconstitucionalidad - buscaban proteger -la salud pública- ya que no se pudo determinar que ninguna de esas personas que participaron en la referida reunión hayan estado contagiadas de Covid-19", sostuvo el abogado.

Según el escrito, "de las tomas fotográficas y filmaciones incorporadas podía observarse un grupo de personas que concurrieron a una reunión, sin aparente respeto de los protocolos sanitarios establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional, tales como el respectivo distanciamiento social, la utilización de barbijos y/o mascaras faciales".

No obstante, consideró el defensor de una de las asistentes a la velada, tal conducta "encuentra encuadre en el ejercicio de derechos de jerarquía superior, como son la libertad de reunión y, a su vez, no haberse corroborado que en ese entonces se hubieran encontrado cursando la enfermedad causada por el COVID19 o padeciendo algún síntoma compatible con la misma".

D'Alessandro sostuvo que el DNU vigente para la fecha de la celebración, así como todos los otros adoptados en el marco de la pandemia que hubieran cercenado libertades individuales, son contrarios a la Constitución y fueron emitidos violando el procedimiento previsto para esos casos.

Stefanía Domínguez tomó distancia del resto de los invitados de Olivos y tiene su propia estrategia judicial.

"No existieron circunstancias excepcionales en cuanto al funcionamiento y ejercicio de las legales y constitucionales facultades legislativas, que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previsto por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes", disparó el escrito. Pero aun así, advirtió que "el texto del DNU 576/2020 (vigente a la fecha) permitía las reuniones sociales de hasta diez personas en determinados aglomerados urbanos".

"Aun cuando pudiera argumentarse que habría violado el distanciamiento o aislamiento establecido en dicho decreto - lo que a todo evento niega esta defensa -, lo cierto, lo concreto y real es que existiría, en el caso, un error de derecho y hecho excusable, que haría el accionar inimputable a mi asistida", insistió.

En la presentación el abogado también sembró dudas acerca de la veracidad de las imágenes que ratifican la realización de la fiesta: "Sin perjuicio de ello, señalo que las imágenes no poseen fecha cierta de cuando habían sido tomadas, ni contienen certificación actuarial que den cuenta de ello, correspondiendo - supuestamente - a un período de hace más de un año atrás".

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el juez Casanello abrió un incidente para que las distintas partes opinen sobre el planteo de la defensa. Se descuenta que todos los abogados apoyaran la iniciativa. Habrá que ver qué dice el fiscal Ramiro González que tiene delegada la investigación.

Mientras tanto, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado solicitó tomar vista de la causa que se lleva adelante en su Fiscalía. De esa lectura, se sabrá si la jueza reclama que la causa debe ir a su juzgado porque, territorialmente, la residencia de Olivos está bajo su jurisdicción.

A dos semanas del día de furia que tuvo en "ShowMatch: la academia", en el que protagonizó un fuerte cruce con el jurado, Karina La Princesita encontró un poco de calma. La cantante venía de perder dos juicios millonarios contra sus exmúsicos y tras cambiar de abogado logró salir victoriosa de uno de los enfrentamientos legales.

"En realidad, como son tantos juicios hay algunos que los tenía con un par de abogados que claramente no hicieron nada por mí. Y con este abogado hemos ganado un juicio así que nos quedan un par más", declaró la artista en un móvil con "Implacables" y destacó que le hizo bien poder manifestar su malestar públicamente, a pesar de las críticas que recibió. Y agregó: "Ya perdí la cuenta de los juicios. Había perdido uno, gané uno con este abogado y me junté con él porque el resto de los juicios que quedan los tiene este abogado".

Y se mostró optimista por los juicios que le falta afrontar. "Yo tengo mucha fe, porque no hace falta ir a convencer con mentiras a nadie. Es cuestión de ver, de entender muchas cosas. Pero este juicio lo ganamos nosotros, bueno al menos yo no lo tuve que pagar. Así que sepan que ahora estoy bien defendida", concluyó.

Días atrás, la artista se mostró muy angustiada por las consecuencias económicas de sus conflictos legales con sus excompañeros, que la acusan de haber estado asociada a los productores Pablo y Adrián Serantoni y no cumplir con sus responsabilidades como empleadores. "Algún día me gustaría contar las cosas que me vengo guardando hace un montón. Demostré con papeles, con pruebas que yo no tenía nada que ver. El martes me avisaron que es más plata de la que ya tuve que pagar una vez... El año pasado y el anterior los tuve que trabajar por nada porque lo que gané fue para pagar el juicio. Este año será igual y el otro... pero todavía me quedan dos juicios más", explicó entre lágrimas.

E insistió: "Ahora siento que le tengo que dar todo a gente que no.... Yo soy una mina que apoya que el empleado reclame sus derechos, empecemos por ahí, pero que se los reclame a la gente que corresponde y no a mí porque soy mina y sea lo más fácil hacerme juicio a mí y que sea yo la que tenga que estar pagando"

La Justicia de Los Ángeles negó una solicitud presentada por el abogado de Britney Spears en noviembre pasado para destituir al padre de la cantante como su único tutor, decisión que no está vinculada al testimonio que dio la artista la semana pasada en la que lanzó graves acusaciones contra aquellos que administran su tutela.

Hace siete meses la artista exigía a través de un pedido realizado por su abogado que un fondo llamado Bessemer Trust se convirtiera en su único responsable, pero la Justicia se lo denegó. "La solicitud del curador de suspender a James P. Spears inmediatamente después del nombramiento de Bessemer Trust Company of California como único curador de la herencia se niega sin perjuicio", indicaron los documentos judiciales presentados ayer, según el sitio especializado Variety.

Las nuevas presentaciones judiciales son otro revés legal para la cantante, pero no son novedad para Britney: Samuel Ingham III, su abogado, había presentado la solicitud para remover al padre de Spears en noviembre de 2020, afirmando que su cliente tenía "miedo de su padre" y se negaría a actuar de nuevo, si su padre continuaba a cargo de su carrera.

En ese momento, la Justicia se negó a suspender a su padre de la tutela, aunque no descartó futuras peticiones para su remoción o suspensión. Además, en ese momento, el juez nombró a la compañía financiera Bessemer Trust como co-curadora.

La semana pasada, Spears se dirigió públicamente a la Corte por primera vez durante su tutela que ya lleva 13 años, y dijo que su padre disfruta controlando su vida, que la obliga a utilizar un DIU e, incluso, habló de "explotación".

Juan López, un abogado de Chajarí de 50 años, fue asesinado a tiros el viernes al mediodía en la localidad de Bernardo de Irigoyen, en Misiones.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a que fue ejecutado por sicarios en un posible ajuste de cuentas por encargo de personas vinculadas al negocio de venta de vinos a Brasil.

El asesinato se registró cerca de las 12.55, sobre una calle interna del barrio Santa Rita de la localidad misionera, a pocas cuadras de la frontera seca internacional con Brasil.

La víctima, además de su profesión de abogado, se dedicaría a comercializar cargas de vinos que trasladaba desde Buenos Aires. Se estima que pocas horas antes del asesinato había llegado de La Plata.

El ataque se produjo mientras López circulaba al mando de su camioneta Ford Ranger Límited en compañía de un abogado del fuero provincial hasta que una motocicleta con dos ocupantes se les cruzó en frente. El hombre que iba como acompañante en la motocicleta extrajo un arma y abrió fuego en varias oportunidades. Los primeros datos recolectados por los investigadores señalan que en total se ejecutaron cinco disparos, de los cuales tres dieron en la víctima.

Los asesinos se dieron a la fuga sin robar nada y López llegó a ser trasladado en forma particular al hospital de Irigoyen, donde media hora después falleció. Los médicos constataron que tenía tres heridas de arma de fuego, dos en la región posterior dorsal izquierda y una en el brazo del mismo lado.

El otro abogado, aunque resultó ileso, debió ser atendido por el shock que le generó la situación y los investigadores aguardan que esté en condiciones de prestar su testimonio.

En el hecho interviene el Juzgado de Instrucción N° 1 de San Pedro, a cargo del magistrado Ariel Omar Belda Palomar, que el viernes ya había dispuesto de varias medidas.

A su vez, estos ejemplos de las naciones vecinas nos deberían llevar a pensar sobre las responsabilidades de los funcionarios públicos a la hora de proteger, honrar y justificar día a día con sus acciones y decisiones a la república.

El estallido social y la crisis institucional que se está viviendo en Colombia es una clara muestra de lo que sucede si se quiebra la relación entre el régimen político y la sociedad civil. Si bien todos somos responsables de que esto no suceda (desde medios de comunicación hasta sectores empresariales, pasando por instituciones educativas, fuerzas de seguridad, entre otros), es el Estado y sus administradores los que poseen la autoridad legítima suficiente para poder utilizar todas las herramientas de la gestión pública para evitar que aquello suceda. La fuerza del voto y de la soberanía popular dotan a los funcionarios gubernamentales para llevar adelante y tomar decisiones que no sólo transformen la realidad de las personas, sino que también resguarden el consenso democrático.

El abogado, académico y ex Consejero del Instituto Federal Electoral de México, Marco Antonio Baños, plantea lo siguiente: "El pacto social ha permitido transitar a entornos democráticos estables, con pluralismo y alternancia pacífica gracias al reconocimiento e inclusión de las oposiciones, a medidas que, sin renunciar al derecho que tienen las mayorías de hacerse presentes, procuran consensos con minorías que en conjunto no son tan marginales y tienen, en todos los casos, también respaldo en votos..." (Fuente: El Economista de México https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Democracia-y-consenso-20200301-0091.html). Precisamente, la fortaleza y el mantenimiento del consenso anteriormente mencionado requiere de la mancomunión entre oficialismo y oposición. La tolerancia entre ambas y la exclusión de la forma de hacer política mediante la verborragia agraviante y peyorativa son dos pilares fundamentales para robustecer el pacto republicano.

Marco Antonio Baños dice a continuación: "En ninguna sociedad democrática se puede asumir que los pensamientos de la población están uniformados o en sintonía precisa con todo lo que decida algún gobierno municipal, estatal o presidencial. Las decisiones de fuerzas partidistas en los congresos tampoco son, necesariamente, fiel reflejo del ánimo social, pero siempre deben hacer un esfuerzo por honrarlo. Nuestro modelo legal otorga periódicamente confianza a los actores políticos que compiten por el voto en las urnas y para ello se valoran sus ofertas generales (en algunos casos más específicas) de gobierno o representación legislativa, las cuales, en teoría, son las que deben aplicar en sus encargos, y si no lo hacen la nación se los demanda retirándoles su respaldo o expresando su descontento (Fuente: El Economista de México https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Democracia-y-consenso-20200301-0091.html). En efecto, podríamos argumentar que las disidencias o diferencias de criterios siempre se deben dirimir dentro de las instituciones democráticas, nunca por fuera de ellas. La relación entre el régimen político y la sociedad civil debe sustentarse en el marco jurídico que configura nuestro sistema republicano y evitar a toda costa que aquella mencionada relación se rompa.

La clase política no debe gobernar de espaldas a la ciudadanía y sus problemáticas. Esto implica un compromiso no sólo con las personas que les otorgaron la responsabilidad de ejercer como funcionarios mediante el voto sino, también, un acuerdo pacífico entre las partes que conforman el régimen político para que desde las cúpulas del poder público se cuide el pacto social radicado en el consenso democrático.

Julián Lazo Stegeman

"El Ministerio Público Fiscal de Brasil denunció de oficio a Juan Darthés y es una decisión acertada, es muy bueno que esto haya sucedido", dice a Clarín Martín Arias Duval, el nuevo abogado de Thelma Fardín.

Arias Duval es abogado de la Universidad de Buenos Aires, fue juez, Subsecretario de Seguridad el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Director Nacional de Migraciones y forma parte del Estudio de León Arslanian, ex ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Thelma llegó al abogado a través de Amnistía, que viene acompañando a la actriz en su proceso judicial desde el comienzo. Fue a fines de 2018 que la actriz denunció a Darthés por un abuso sexual ocurrido en 2009, cuando ella tenía 16 años y estaba de gira con la obra "Patito Feo", en Nicaragua. Darthés tenía entonces 44 años. El actor negó los hechos.

"Thelma tiene su abogada en Nicaragua y tuvo una abogada en Argentina, Sabrina Cartabia, que trabajó muy bien. El caso ahora está en una instancia internacional. No podemos intervenir ni en Nicaragua ni en Brasil", explica. Darthés se refugió en Brasil poco después de ser denunciado, ya que tiene doble nacionalidad. Su nombre real es Rafael Pacífico Dabul.

Arias Duval detalla que más allá de la primera denuncia de Thelma en Nicaragua, la actriz no es querellante en ninguno de los dos países sino que fueron sus ministerios fiscales los que avanzaron con la denuncia. "En Nicaragua hubo un equipo de fiscales que investigó y le pidió al juez la extradición, y un juez aceptó el pedido. Y le pidió a Interpol que diera una alerta Roja, No siempre Interpol acepta este pedido pero en este caso lo hizo". Nicaragua había ordenado su detención y captura internacional por "violación agravada". Interpol emitió la alerta roja en 2019.

Brasil es de un pequeño grupo de países en el mundo que no extradita a sus ciudadanos por una disposición constitucional. Por ahora no aceptó la extradición pero puede ofrecer investigarlo, En Brasil, a diferencia de Argentina, la jurisdicción no es por "el suelo" sino por "la sangre". Y juzga en su país los delitos que sus ciudadanos cometieron en el exterior.

"La cancillería de Nicaragua le pidió a la Cancillería de Brasil la extradición. No sabemos aún la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en principio el ministerio público de Brasil pidió pruebas a la Argentina para investigarlo. Ahora tendremos que ver si un juez abre o no una investigación", detalla Arias Duval.

"Soy optimista -asegura el flamante abogado-. Y soy optimista por donde llegó el caso. Estos delitos sexuales son los peores porque ocurren en la soledad de la víctima y el agresor, pero el relato de Thelma es muy sólido, y las pruebas también y así lo están entendiendo la Justicia de Nicaragua y ahora también de Brasil".

"Que se haya llegado a este punto es muy importante. Y que actúe la Justicia en estos delitos es muy alentador, porque justamente desalienta a los criminales sexuales -explica Arias Duval-. Darthés es un prófugo. La captura internacional sigue vigente. Veremos cómo sigue el proceso en Brasil, pero en todo caso quedará preso de por vida en ese país". Fuente: (Clarín)

El abogado de un abusador hizo un planteo que no pasó desapercibido a los jueces. Después de aclarar que no se trataba de una cuestión personal, el defensor aseguró que no le parecía correcto que uno de los tres jueces del Tribunal que tenía que juzgar el caso de un abuso intrafamiliar fuera una mujer.

Ruben Fernández, el abogado, lo dijo por la jueza Mariana Irianni, integrante, junto a los jueces Juan Manuel Sueyro y Fabián Riquert, del Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Mar del Plata, que además de brindarle una respuesta rotunda indicó al Colegio de Abogados que capacite a sus matriculados en materia de género.

"Claramente la única y huérfana razón que sustenta esta improcedente solicitud obedece solamente a una profunda ignorancia -sostuvo la jueza Irianni-. Ignorancia que hay que neutralizar con educación".

Al momento de fundamentar el voto que terminó con una condena de seis años de prisión para un hombre que abusó a la hija de su pareja, la jueza destacó que la decisión del Tribunal haya sido unánime, lo que demuestra -dijo- que "el género no implica disidencias sustanciales a la hora de resolver".

El abogado defensor, al hacer su inusual planteo, explicó que en un juicio sobre un delito contra la integridad sexual en el que había participado, otra jueza había dictado una resolución que en segunda instancia había sido revocada.

Irianni le preguntó si se trataba de una cuestión de índole personal, Fernández respondió: "No quiero mujeres juezas ... (se trata de un abuso sexual intrafamiliar)". Pero no llegó a pedir su recusación.

"El planteo del defensor permitiría concluir que mi imparcialidad se pondría en duda solo por mi condición de ser 'mujer'. Esta lógica hace que me pregunte: ¿Es el sexo-masculino el único que garantiza la imparcialidad? ¿Es el género femenino arbitrario? ¿Es el género el único parámetro para medir la idoneidad en cualquier función pública o privada? Para todas las preguntas la respuesta es: ¡¡¡NO!!!".

Afirmó la jueza que la solicitud de Fernández obedece a "una profunda ignorancia de la realidad, en especial sobre la necesaria perspectiva de género que es saludable esperar de las integraciones, muy en especial de los cuerpos colegiados".

Los jueces que integran el mismo Tribunal expresaron que la manifestación del defensor "de caracter general respecto al género del juzgador/a posee un sesgo discriminatorio, ya que ataca por el solo hecho de tratarse de una mujer".

"La expresión, como lo dijera en la audiencia, no se extendió a los otros dos miembros del tribunal varones, que hemos tenido sentencias confirmadas, pero también revocadas", sostuvo Riquert: "En un universo más general como lo planteara el abogado, a miles de jueces varones les han revocado sentencias, y ello no inhibe a que otros jueces varones entiendan en otras causas", señaló.

"No voy a hacer la defensa de mi colega que me consta se defiende muy bien sola y no necesita de ninguno de los jueces -varones- que integramos este Tribunal. Sí me preocupa que en el ejercicio de la abogacía local se realicen este tipo de manifestaciones en una sala de audiencias", agregó.

Por eso, a partir de la obligatoriedad de la aplicación de la Ley Micaela para todos los poderes públicos, en el que está comprendido el Colegio de Abogados, concluyeron los jueces que resulta de "vital importancia" que sus matriculados se capaciten en materia de genero "a los fines de erradicar este tipo de expresiones vinculadas con estereotipos superados para una correcta litigación".

La Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, N° 27499, fue promulgada en 2018 tras un proceso que surgió a partir del femicidio de la adolescente Micaela García, en 2017 en Gualeguay, Entre Ríos.

Irianni sostuvo finalmente que desacreditar el rendimiento o la función de cualquier ser humano por el género en términos biológicos (o cualquier otro motivo externo a sus capacidades intrínsecas) debería ya estar diluido en cualquier ámbito, pero más aún en el marco de profesionales expertos en leyes.

La jueza celebró "poder integrar este Tribunal con mis colegas, hombres respetuosos del género que cada uno porta. Y ciertamente me cuestiono cuándo habrá en las designaciones judiciales de mi ciudad un equilibrio equiparable a la ley de cupo (de los cuerpos legislativos) o a la exigida en la Ley de juicio por Jurados, normas que sabiamente han contemplado esta circunstancia".

Y lamentó: "A lo largo de los 34 años que llevo en la Justicia y habiendo pasado por varios Departamentos Judiciales y numerosas funciones, no es la primera vez y seguramente no será la última que alguien diga: "¡Vos NO porque sos mujer!".

"Lejos de pretender sancionar la ignorancia -dijo Irianni-, hay que neutralizarla. Primero tomando noción de esa ignorancia para luego poder integrar las diferencias, con educación, solo así se puede hacer un espacio nuevo en la conciencia que cambie el paradigma". Instó entonces para que se capacite en perspectiva de género a los colegiados en general, "en especial al doctor Fernández".