La norma fue impulsada por legisladores de distintos partidos y de ambas cámaras que tienen algo en común: son todos abogados. Al trabajo en comisión se invitó a participar al Colegio de la Abogacía y en ninguna instancia de un trabajo legislativo con claro sesgo corporativo se hizo mención al impacto que la medida tendrá en la población, que afronta dificultades económicas. Tampoco se analizó si con esta suba -que medida interanual supera el 1.300%- habrá dificultades para el acceso a la justicia.

La autora del proyecto original es la ex diputada provincial Carina Ramos (PJ), de profesión abogada. Lo presentó durante su mandato, en 2021. Fueron coautores los también abogados Ángel Giano, Juan Pablo Cosso y Mariana Farfán, todos del bloque justicialista.

La iniciativa planteaba la modificación de un artículo de la ley Nº 7.046 que regula los aranceles de los abogados y los procuradores. En ese entonces, obtuvo dictamen de comisión y llegó al recinto hace casi un año, en la sesión del 7 de junio de 2023.

Ramos fue miembro informante. Habló de “dignificar la profesión”, en la que se advertía “una precarización”. También bregó por “la obtención de una recompensa justa y equitativa por el ejercicio de la labor profesional”.

La siguió en el uso de la palabra la entonces diputada Mariana Farfán, también abogada, que comenzó saludando “a los colegas abogados y abogada que se encuentran en la sala”, según figura en la versión taquigráfica de entonces.

“Tal vez quienes no ejercen la abogacía no lo saben, pero es un trabajo a tiempo completo. Yo ejercí más de la mitad de mi vida y la disponibilidad es de 24 horas. El teléfono suena a cada rato, hay que ir a Tribunales, hacer constataciones, viajar...”, justificó la legisladora.

Otro abogado y entonces diputado, Esteban Vitor, apoyó desde la bancada opositora: “Se salda una deuda histórica”, consideró.

El proyecto pasó al Senado donde fue tratado en el presente período parlamentario. Lo defendieron en el recinto un senador peronista y uno radical, ambos abogados: Rafael Cavagna (JxER - Nogoyá) y Juan Pablo Cosso (PJ-Vllaguay), que como diputado había sido coautor del proyecto.

Tras la introducción de algunas modificaciones menores, el expediente volvió en revisión a la Cámara de Diputados, donde finalmente fue sancionado en la sesión de esta semana.

El miembro informante fue otro abogado: el radical concordiense Marcelo López. El diputado sostuvo que “Entre Ríos es una de las jurisdicciones con el arancel profesional más bajo”. Ningún otro legislador hizo uso de la palabra y en menos de 10 minutos la norma quedó sancionada. 

La votación unánime generó el aplauso de representantes del Colegio de la Abogacía que siguieron la sesión desde las gradas. “Es un logro de la abogacía unida y de las distintas secciones”, festejaron desde la conducción de la entidad en las redes sociales.

A partir de ahora, percibirán en sus ingresos un aumento muy por encima de cualquier paritaria sectorial.

El nuevo cálculo del “jurista” que es la unidad en la cual se establecen los honorarios de los abogados, lo elevó de 9.800 pesos a más de 40.000. Una suba mayor al 300% que, si se mide interanual, supera el 1.300%, dado que en junio de 2023 el valor del jurista era de 2.750 pesos.

Los números surgen de establecer que el jurista se corresponde con el 1,5% del sueldo básico de un juez de primera instancia, que actualmente está en 2.682.753 pesos. Y, lógicamente, todo queda atado a los aumentos salariales del sector.

Con votos de los vocales de la Sala III de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial, María Valentina G. Ramírez Amable, Virgilio Alejandro Galanti y Mariano Andrés Ludueño, se rechazó la apelación de Fiscalía de Estado al fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Paraná que le había dado la razón en el año 2021 a la presentación firmada por el presidente del Colegio de la Abogacía, Alejandro Canavesio en el año 2019.En aquella oportunidad, toda la abogacía entrerriana acompañó la presentación del CAER, que contó con la firma de todos los presidentes de Sección de la entidad, así como de ex presidentes de la institución, ante lo que consideraron un “atropello por parte del STJ”.• Lo que sostuvo el fallo de primera instanciaEl primer fallo favorable confirmó la posición del CAER en relación a que la Ley 7046  posee el Carácter de orden público de los honorarios, los cuales no pueden reducirse por decisión judicial.Además el fallo le dio la razón al Colegio de la Abogacía en cuanto a que la decisión del STJ violó la división de poderes al pretender legislar mediante un Acuerdo arrogándose facultades del Poder Legislativo de la Provincia de Entre Ríos, expresando el fallo en forma textual, “que resulta imposible equiparar, tanto en jerarquía como en efectos, a los Acuerdos plenarios con las leyes sancionadas por el Congreso o Legislatura. Si esto fuera así, estaríamos ignorando el principio básico sobre el que se asienta nuestra organización democrática”.En aquella oportunidad, quedó establecido que el Honorario tiene rango constitucional por poseer carácter alimentarios protegido por el Art. 14 bis de la Constitución Nacional.Debe destacarse que la declaración de Inconstitucionalidad es una decisión extrema que  toma un juez cuando la violación de las normas constitucionales es de tal magnitud y evidencia que no existe otra forma de soslayarse.

Con el reciente caso en Concordia relacionado a la violencia contra las mujeres, como se denunció al ex funcionario municipal, Maximiliano Benedetto, quien está con prisión preventiva domiciliaria, abogadas de la Capital del Citrus solicitaron al gobierno provincial que se cree un Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia de Género al igual que el que funciona a nivel nacional y se encuentra realizando trabajos coordinados con varias provincias del país.

Las abogadas Bernardita Zalisñak y María de los Ángeles Petit son quienes han hecho esta petición y consideran que brindar un patrocinio jurídico gratuito integral a personas que hayan sufrido abuso sexual y cualquier otro tipo de violencia, garantizará su derecho de acceso a la justicia.

Además, especifican que el cuerpo debe estar integrado por profesionales capacitados en perspectiva de género. Con ello se busca que se lleven adelante causas civiles o penales y se realice el asesoramiento y la orientación que las víctimas requieran.

El cuerpo de abogados especializados debe ser un servicio que el estado le preste a la víctima no solo para que la oriente, sino que el acompañamiento esté en todo el proceso judicial.

"Eso garantizará el acceso a la justicia, uno de los objetivos que está determinado en las Convenciones Internacionales y sobre todo en la ley 26485 del año 2009, que rige en Argentina para todas las violencias de género. También en la provincia a través de una acordada del Superior Tribunal de Justicia de 2019 y en el código procesal de familia, como en el código de violencia intrafamiliar se habla de la necesidad de que el estado brinde una asistencia integral a las víctimas de violencia, no solo por el tratamiento psicológico sino también por el asesoramiento jurídico", detalló.

El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) solicitó mediante un escrito ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que los juzgados provinciales vuelvan a funcionar con normalidad y que se encuentre una "solución real" al problema suscitado por el paro de los empleados judiciales, informaron desde la institución que nunclea a los abogadas y abogados de la provincia.

En la nota se pidió formalmente "que no se continúe con la forma de prestación del servicio de justicia" dispuesta por el STJ en el Acuerdo Especial del 21 de mayo, que hace referencia al trabajo remoto en el Poder Judicial entrerriano por motivo de la segunda ola de la pandemia de Covid-19.

El pedido de los abogados se fundamenta en la flexibilización que a su criterio hay en las medidas generales de restricción en cuanto a la circulación y trabajo en el ámbito productivo, económico y de servicios, respetando todos los protocolos que la situación sanitaria amerita.

Aseguraron que los abogados y abogadas han "respetado en todas sus formas" las medidas sanitarias y cuentan con protocolos propios aprobados por el COES provincial y en cada una de las jurisdicciones de los departamentos judiciales.

El gobierno provincial, junto a la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y la sociedad International Legal Group, llevará adelante los días 25, 26 y 27 de noviembre la Jornada Preparatoria del V Congreso Argentino de Justicia Constitucional.

Será a través de videoconferencias. También se desarrollará 59° Encuentro Internacional de Justicia Constitucional "La Participación Ciudadana en los tres poderes del Estado".

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, representará a la provincia de Entre Ríos en la apertura de las jornadas, que contarán con la presencia del presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, Dr. Patricio Maraniello.

El Congreso está destinado a abogados, estudiantes y personas vinculadas al estudio y ejercicio de las Ciencias Jurídicas.

Un equipo de abogados te facilitará la vida a una empresa porque contarás con asesoramiento y protección legal. Muchas situaciones cotidianas tienen una gran carga legal que merece la pena consultar con un experto para hacer las cosas bien y evitar futuros problemas.

1. Blindar tus relaciones con proveedores y clientes

¿Cuántas veces has cerrado un acuerdo por teléfono o intercambiado emails? ¿Cuántas cláusulas hubieras eliminado de un contrato pero por desconocimiento ni lo has comentado? Un contrato no solo evita muchos malentendidos que suelen ocurrir sino que anticipa cómo actuaremos en caso de desacuerdo. Un abogado nos recomendará cláusulas que prevean estas situaciones y que nos protejan. Además, podrá aconsejarnos incluir una cláusula que indique que, en caso de conflicto, acudiremos a una mediación de conflictos antes que a juicio, ya que es una vía de resolución más económica y rápida.

2. Frenar la morosidad

La incidencia de este problema en pymes es elevada, pero lo que muchos empresarios ignoran es que se puede reducir el impacto de la morosidad prestando atención a los detalles administrativos y legales del día a día: entregar presupuesto, solicitar su aceptación, documentar la entrega del producto con un albarán, especificar los entregables de un proyecto en un contrato de servicios… para todo esto, y para saber si tus facturas reúnen los requisitos legales necesarios, o para aclarar responsabilidades en los plazos de entrega o en la calidad, nada mejor que levantar el teléfono y poder consultarlo con un abogado de forma rápida y ágil. Te indicarán las medidas preventivas adecuadas a adoptar para evitar el impago y, si sucede, contarás con las mejores armas de negociación para que la reclamación sea rápida y te permita recuperar la cantidad que te corresponde.

3. Evitar problemas con el uso de datos de tus clientes

¿Sabes que una acción tan habitual como el envío de un email a un cliente con nuevas ofertas te puede suponer una multa si no cuentas con su consentimiento? Y no es para obviarlo porque las sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos por el incumplimiento de la ley van de los 900 a los 600.000 euros. ¿La solución? Tener a alguien experto a quien poder preguntar cualquier duda que surja, en el día a día, con el manejo de los datos personales de clientes y trabajadores.

4. Cuando piensas contratar a un trabajador

La última reforma laboral ha roto la rigidez del mercado, permitiendo al empresario muchas variedades de contratación laboral, movilidad funcional de los trabajadores, posibilidad de modificar la jornada de trabajo, el horario, el salario, flexibilización en los despidos, etc. Es conveniente tener un buen asesoramiento profesional que te ayude a vigilar los costes de estructura y a aprovechar la flexibilidad de la nueva ley, asesorándote sobre qué contratos te benefician más, qué derechos y deberes tiene frente a sus trabajadores,… Estar al día en temas laborales puede animarnos a contratar sin miedos.

5. Competir en un entorno online

El imparable auge de las nuevas tecnologías ha obligado a las empresas a ponerse las pilas a la hora de tratar cuestiones como el comercio electrónico, la protección de datos personales, la firma electrónica, los sorteos y promociones o cumplir con la política de cookies,… aunque no siempre se tengan claros los aspectos legales que conllevan.

En Internet no todo vale y se debe tener en cuenta que una infracción cometida en el entorno online puede obtener magnitudes mucho mayores por el simple hecho de su inmediatez y cantidad de afectados que pueden llegar a verse implicados. Es necesario contar con el respaldo de abogados especialistas en nuevas tecnologías y seguridad online para asegurarnos que nuestra web cumple con toda la normativa.

6. Cuando las comidas familiares parecen reuniones de empresa

Si dirigir una compañía ya es tarea complicada, conciliar además los intereses de la familia en su seno, lo es mucho más. Según datos del Instituto de la Empresa Familiar, un 85% de las empresas españolas son familiares por lo que la conciliación entre intereses familiares y empresariales es el pan de cada día. El relevo generacional, los conflictos de intereses, la implicación emocional en el ámbito empresarial, la informalidad o demasiados familiares participando en la gestión… son problemas que dificultan la gestión del negocio, impactan en los resultados e incluso la continuidad de la empresa. No siempre es fácil para la familia encarar sola la resolución de estas cuestiones, a menudo la mejor opción es reunir las partes y a través de la intervención de un mediador con criterio independiente y libre de vinculación afectiva, intentar encontrar entre todos la mejor solución para la empresa y para preservar las relaciones interpersonales.

7. Proteger el patrimonio personal

La Ley de Sociedades de Capital puede llevar al administrador o miembros del consejo de administración de una Sociedad Anónima o de Responsabilidad Limitada a responder con su patrimonio personal por la mala gestión de su sociedad o incluso a la inhabilitación para volver a ser administrador. Algunos desconocen el alcance de esta norma que regula con mayor detalle los deberes de gestión y lealtad de los administradores y determina por ejemplo que cualquier infracción del deber de lealtad no sólo fijará la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino que también se deberá devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido. Si cuenta con un abogado entre su equipo, serán más conscientes del riesgo al que se exponen los administradores y les ayudaran a valorar los principales cambios que se el legislador han realizado en esta ley para mejorar el buen gobierno en el conjunto de las sociedades de capital.

8. Si eres un franquiciado

El modelo de expansión de negocio mediante franquicias ha crecido en los últimos 5 años, según la Asociación Española de Franquiciadores en un 24,2%. Para todos aquellos que han abierto una franquicia, es importante, no solo entender el contrato que les vincula al franquiciador sino también saber cuáles son sus derechos y obligaciones frente a este. Las discrepancias que surgen entre franquiciados y franquiciadores suelen estar motivadas por múltiples causas pero sobretodo por obligaciones establecidas en el contrato como por ejemplo la falta de publicidad de la red o de asistencia técnica o comercial, la infracción de la zona de exclusividad del franquiciado, etc. Con relativa frecuencia se producen situaciones de conflictividad entre la franquicia y el franquiciado y en cualquier caso, conviene estar preparado y bien asesorado por un abogado especializado que tenga claros desde el principio los derechos y obligaciones de cada una de las partes.

9. Para sobrevivir mejor en tu entorno

La ubicación de tu empresa es clave: una gran inversión y una decisión estratégica, por eso es importante mantener una buena relación con los vecinos, con la comunidad de propietarios, con tu arrendador, etc. Saber cuáles son tus derechos y obligaciones es fundamental. Por ejemplo, si eres propietario es vital que conozcas los estatutos de la comunidad para confirmar si estás autorizado a desarrollar tu actividad comercial en ese local, no sea que te encuentres después de realizar las obras con sorpresas desagradables. Contar con el consejo de un abogado que valore los conflictos que puedan surgir, te ayudará a gestionar mejor las situaciones y a mantener buenas relaciones con todos ellos y, sobretodo, a evitar gastos que no te corresponden.