Un grupo de diputados y diputadas de La Libertad Avanza presentó un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada tres años atrás por el Congreso.

La iniciativa incluso va más allá, y pretende modificar el Código Penal en relación a los abortos legales que existen en el país desde 1921.

La diputada nacional Carolina Gaillard (PJ) advirtió en sus redes sociales: “No daremos un solo paso atrás en materia de derechos de las mujeres”.

“Más firmes que nunca para defender una ley que se construyó a fuerza de militancia, participación activa del feminismo, organismos de derechos humanos y el cuerpo de miles de mujeres que murieron por la clandestinidad”, aseveró.

Dijo que se trata de “una ley que vino a dar una respuesta a un problema de salud pública” y sostuvo: “Ni un paso atrás con aborto legal”.

En tanto la diputada provincial Stefanía Cora (PJ) aseveró: “La Ley de Aborto es la ley más popular sancionada en la historia reciente. Se militó y luchó en las calles, conmovió las conciencias y a la sociedad entera”.

“Este gobierno de inexpertos le miente a la gente, empeorando aquello que venían a resolver y para lo que fueron votados: bajar la inflación y vivir mejor. Improvisados y violentos. No pudieron aprobar la “ley de bases. Las fuerzas del pueblo dijeron NO al igual que Congreso”.

“¿Saben cuál es la diferencia entre la ley del aborto y la ley ómnibus? Una ES Ley y la otra NO. Vamos a seguir defendiendo nuestros derechos incansablemente. Ni lo intenten!”.

En la Argentina, 250.000 personas accedieron a un aborto legal y seguro en instituciones públicas de salud en todo el país desde que entró en vigencia la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que fue promulgada el 14 de enero de 2021, periodo en el que disminuyó la mortalidad materna por aborto y los embarazos de niñas y adolescentes.

Este domingo se cumplen tres años de la entrada en vigencia de la Ley que fue aprobada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020.

El dato sobre cantidad de intervenciones desde que hay normativa en el país, lo brinda el equipo del proyecto Mirar que monitorea, desde la sociedad civil, la implementación de la norma, en base a datos del Ministerio de Salud.

En tanto, el último informe con datos oficiales lo difundió al final de su gestión la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (Dnssr) a través del Grupo de Trabajo de Acceso a IVE/ILE, un relevamiento que va de enero a octubre del año pasado y que identificó 75.581 interrupciones del embarazo en todo el país.

"En estos tres años de la Ley 27.610 la mortalidad materna por aborto continuó su descenso. También disminuyeron los embarazos a término en niñas y adolescentes, muchos de los cuales son producto de abuso sexual", dice a Télam la médica Mariana Romero del equipo de Mirar y asesora externa del Grupo.

Y resalta que "para que estos resultados sean así se trabajó mejor la educación sexual integral a través del Plan ENIA de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Este Plan trascendió las gestiones y permitió una política pública sostenida con niñas, niños, niñes y adolescentes, con docentes y con equipos de salud".

Detalles de la Ley de IVELa Ley 27.610 regula la interrupción del embarazo bajo un modelo mixto de plazo y causales. Así, reconoce el derecho de las mujeres, adolescentes y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional sin tener que dar motivos. Esta práctica se llama interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

La ley también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) si es el resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante, siendo un modelo de causales con el mismo alcance vigente desde 1921 en el art. 86 del Código Penal y confirmado en el fallo "F.,A.L." de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012.

Línea 0800 SALUD SEXUALPara informarte sobre la ILE / IVE comunicate al 0800-222-3444En todo el país. La llamada es confidencial.También se pueden comunicar por mail: saludsexual@msal.gov.ar

"No siempre sucede que una ley salve vidas, dignifique a las personas y otorgue seguridad jurídica. Esto es precisamente lo que logra la Ley de interrupción del embarazo. Al implementarse, no se queda solo en palabras, sino que se convierte en una realidad en el país, generando eficiencia, garantizando igualdad y respetando la libertad", comenta a Télam, Agustina Ramón Michel, abogada investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y profesora de derecho de la Universidad de Palermo.

En el plano normativo, la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) se pronunció esta semana en relación al DNU 70/2023 y las modificaciones propuestas por el proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" que presentó el Gobierno nacional, enfatizando que ambas iniciativas "no alteran lo establecido por la Ley 27.610, que está vigente en todo el país".

Para ejercer el derecho se necesitan insumos, que son los medicamentos misoprostol y mifeprestona recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuales se entregaban desde la Dnssr.

Romero aporta que "250.000 personas desde la sanción de la Ley hasta octubre de 2023 pudieron interrumpir su embarazo en el sector público de manera legal y segura con medicamentos y otros insumos acordes a las recomendaciones de la OMS". 

Otro dato del relevamiento oficial difundido por la gestión saliente es que 1982 efectores de salud garantizan IVE-ILE en todo el país, cuando en 2020 eran 907, en un proceso que incluyó una serie de acciones y capacitaciones que se realizaron en estos tres años para profesionales sanitarios, política pública establecida en el artículo 19 de la Ley 27.610.

Una de las políticas públicas que se dieron en paralelo a garantizar la IVE/ILE es el Plan de Prevención del Embarazo No intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) que menciona Romero al principio de esta nota, que comenzó su implementación en 36 departamentos de 12 provincias del NEA, NOA y territorio bonaerense.

En septiembre del año pasado se amplió a las 24 jurisdicciones que firmaron el Convenio de Adhesión al Plan ENIA.

Los últimos datos oficiales son de 2021 e indican un descenso del embarazo adolescente en un 57% desde 2005, y una baja, por séptimo año consecutivo, de la fecundidad adolescente.

Los últimos datos oficiales son de 2021 e indican un descenso del embarazo adolescente en un 57% desde 2005, y una baja, por séptimo año consecutivo, de la fecundidad adolescenteEl Plan ENIA fue calificado como "innovador e inspirador" por Susana Sottoli la profesional argentina que asumió en 2022 el cargo de directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), en una entrevista con Télam.

Para asesorar sobre salud sexual y reproductiva existe la línea 0800-222-3444 que es nacional, gratuita y confidencial, que ente enero y octubre del 2022 recibió 24.012 llamados, de los cuales 9.599 generaron secuencias, es decir, gestiones por parte del equipo técnico, revela el informe oficial. De esas consultas, el 90,9% se relacionaron con aborto.

En cuanto los cuestionamientos judiciales a la ley IVE/ILE, el documento de la Dnssr informa que, desde la sanción de la Ley 27.610 se iniciaron 37 causas. En todas ellas se solicitó su inconstitucionalidad, ya sea por vía de amparo u otras acciones. En 2023 no se presentó ninguna nueva acción judicial.

"La justicia se expidió y rechazó de forma contundente 26 de estas demandas. Del resto de las causas: cuatro se encuentran esperando un pronunciamiento judicial, cuatro fueron archivadas y las tres restantes son causas reservadas y, por tanto, esta Dirección Nacional no tiene acceso directo al expediente", señala el documento.

Y resalta que "hasta el momento, no hay ninguna sentencia de fondo que avale las impugnaciones contra la Ley 27.610".

El Grupo de trabajo Acceso a la IVE-ILE cuenta con el apoyo institucional del Cedes y del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) Argentina.

Hasta el cierre de esta nota, no se recibió respuesta oficial sobre si se mantendrá la Dnssr.

A dos años y medio de la sanción de la Ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, la ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Salta son las jurisdicciones con la tasa más alta de aborto: 13 cada 1000 mujeres en edad fértil. En cambio, las tasas más bajas corresponden a Corrientes, Chaco y Misiones, con tres veces menos IVE/ILE durante 2022.Los datos reflejan profundas diferencias en el acceso a la interrupción voluntaria, y podría responder --advierten-- a las desigualdades que persisten entre provincias en la provisión de servicios en hospitales y centros de salud públicos.A continuación, las cifras de Entre Ríos:En la provincia 6,96% de cada mil mujeres llevaron a cabo un proceso de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) o Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la provincia durante 2022, esto se traduce a 2444 personas gestantes y posiciona a la provincia en el puesto nº 15 de Argentina. De estas, solo el 0,11% recurrió a un establecimiento de salud.Con respecto a los servicios de salud que llevan a cabo los protocolos de ILE e IVE son 37 en Entre Ríos. A su vez, 1861 personas abortaron con el medicamento misoprostol, que fue distribuido por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (Dnssr), según supo esta Agencia.• “Demandas y antiderechos”Por más que las leyes amparen a quienes elijan interrumpir un embarazo, en algunos casos, algunos grupos ultraconservadores llegaron a demandar a profesionales de la salud que garantizan este derecho para obstaculizarlo. A pesar de ello, durante el 2022 el número demandas de grupos conservadores contra leyes, programas u otras normas fue cero, no se registraron nuevos reclamos.  (APFDigital) 

Hasta el 22 de diciembre de 2022, en Entre Ríos se realizaron un total de 2.272 abortos: 2.055 corresponden a IVE, 131 a Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y 86 no registraron datos. De esta estadística, siete de estas interrupciones se realizaron a niñas menores de 13 años por causas de violación y riesgo de salud integral; 257 a mujeres entres 14 y 19 años; 1.887 a mayores de 20 años y 121 no registraron datos.

Asimismo, la cartera sanitaria informó que en toda la provincia hay 371 efectores de salud con equipos que garantizan la práctica. Por otro lado, durante el 2022, el programa abordó distintas líneas de trabajo en la prevención de embarazos no intencionales: consejerías de salud sexual integral, reproductiva y no reproductiva, entrega de métodos anticonceptivos, entre otras iniciativas.

En toda la provincia, se entregaron 234.271 anticonceptivos orales, 1.450.224 preservativos, 26.089 tests de embarazo y se aplicaron 7.749 implantes subdérmicos. Por lo tanto, los métodos más demandados continúan siendo los anticonceptivos orales y aumentó la elección del implante subdérmico por parte de las adolescentes (4.212 en toda la provincia).

En esta línea, el PPSSyR destacó que en Entre Ríos hay 1.053 profesionales capacitados en los departamentos Paraná, Concordia, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy para aplicar el Plan Nacional ENIA Dispositivo Salud Sexual y Reproductiva que atienden en los campos de salud menstrual, diversidad sexual, IVE-ILE, aplicación de DIU, entre otros servicios. En la provincia existen 40 equipos de salud que dan cumplimiento a la Ley 27.610 integrados por médicos, licenciados en Obstetricia, trabajadores sociales, psicólogos, agentes sanitarios y enfermeros.

Miles de personas, en su enorme mayoría mujeres, protestaron un día más en calles de las principales ciudades de Estados Unidos contra la decisión de anular el derecho federal al aborto y dejarlo, en cambio, en manos de los estados, en manifestaciones que amagan con prolongarse en el tiempo.

Las ciudades de Eugene y Portland, en el estado de Oregón, fueron algunos de los escenarios de protestas a favor del aborto. Entre los carteles que sostenía el centenar de manifestantes de Portland, por ejemplo, se podían leer leyendas como "Muerte en la Corte Suprema".

También se registraron nuevas manifestaciones en Nueva York y en Washington, justamente frente a la sede de la Corte, donde dos personas fueron detenidas, informó la agencia de noticias ANSA.

El viernes pasado, la mayoría conservadora de la Corte Suprema enterró el derecho al aborto, que era legal en el país desde 1973, lo que fue considerado "un error trágico" por el presidente Joe Biden, aprovechado por varios estados para avanzar en medidas contrarias a las interrupciones del embarazo y celebrado y cuestionado por organizaciones de derecha y progresistas, respectivamente, aún desde afuera del país.

En este contexto, de acuerdo con un sondeo de la consultora Gallup, publicado por ANSA este domingo, la confianza de los ciudadanos estadounidenses en el tribunal supremo disminuyó: solo 25% de los encuestados confía en él, frente a 36% de hace un año.

El mínimo histórico anterior fue de 30% en 2014, un año en el que la confianza en las principales instituciones estadounidenses tocó fondo en general, con un promedio de 31%.

Durante los últimos 16 años, el apoyo al tribunal supremo se desplomó en general: entre 1973 y 2006, el promedio fue de 47%.

Junto al aborto, también se perfila una fuerte presión sobre la "pastilla del día después".

La gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, anunció que prohibirá las citas de telemedicina para evitar que las mujeres obtengan píldoras abortivas recetadas en línea y las reciban por correo.

Según un informe del Departamento de Seguridad Interna, existe el riesgo de que extremistas internos se aprovechen de la situación creada por la sentencia de la Corte Suprema para realizar actos de violencia, informó el portal ABC.

La valoración, según el reporte, se basa "en el aumento de la violencia ocurrido en mayo tras la filtración de noticias sobre la opinión de los máximos jueces sobre el aborto".

La amenaza, advirtió el departamento, podría durar "semanas".

Los "extremistas internos" son el blanco de jueces, funcionarios gubernamentales y estatales. Pero también las clínicas y las protestas pro-aborto que se dan mayoritariamente pacíficamente en estas horas.

La diputada demócrata Alexandria Ocasio-Cortez pidió a Biden que reaccione ante la decisión del tribunal supremo y abra "inmediatamente clínicas" para la práctica del aborto "en los terrenos federales en los Estados republicanos que impongan la prohibición".

"Hay cosas que el presidente puede hacer ahora mismo. Este es el primer paso, el paso más pequeño", expresó Ocasio-Cortez en una manifestación en Nueva York.

La senadora demócrata Elizabeth Warren también instó al mandatario a "explorar hasta qué punto se pueden usar tierras federales para proteger a las mujeres que necesitan acceder al aborto en todos los estados que lo prohibieron o están en proceso de hacerlo".

"Hay mucho que podemos hacer a nivel federal desde un punto de vista administrativo bajo la ley actual. Tenemos que hacerlo", insistió Warren.

El popular actor Mark Ruffalo se sumó al movimiento en defensa de la vigencia del derecho al aborto en Estados Unidos, amenazado por un debate en la Corte Suprema de ese país que puede derivar en la anulación del histórico veredicto de “Roe vs. Wade”, que mantiene en vigencia desde 1973 el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en aquel país.

“Es el momento de luchar. Esta es la generación que va a tener que vivir con esta decisión, estamos hablando de personas jóvenes teniendo que llevar adelante embarazos producto de violaciones, de incesto, o siendo forzadas a la subyugación, forzadas a mantener relaciones antes de que sea tiempo que realmente puedan tomar una decisión sobre sus relaciones en la vida”, dijo el intérprete.

Las declaraciones del actor se conocieron este viernes a través de la publicación en su cuenta de Instagram en la que mostraba en primera persona una manifestación celebrada en Nueva York.

El actor aseguró que “es muy importante lo que están haciendo estas jóvenes”, y comentó que fueron sus propias hijas, de 15 y 17 años, las que lo invitaron a participar de la marcha.

“Estoy muy conmovido por la efusividad de la juventud, y de ver a tantos varones en este lugar. Creo que la gente tiene miedo, está desmoralizada, siente que por la presencia de la Corte Suprema esto no se va a poder ganar, pero es el momento de luchar, y hay muchas oportunidades”, concluyó Ruffalo.

APOYO EN HOLLYWOODEl actor se suma así a una larga lista de estrellas de Hollywood que decidieron participar activamente en las manifestaciones en contra de la intención del máximo órgano de la Justicia de revocar el fallo que desde 1973 consagra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Estados Unidos.

En ese sentido, el pasado sábado 14 de mayo se realizaron cerca de 450 concentraciones a lo largo y ancho de ese país, con multitudinarias convocatorias en Washington, Nueva York, Chicago, Austin y Los Ángeles.

Julia Louis-Dreyfus, Lynda Carter, Laura Dern, Cyndi Lauper, Amber Tamblyn, Rosanna Arquette, Josh Gad, Cher y Whoopi Goldberg fueron algunas de las figuras del mundo del entretenimiento que decidieron sumarse a las protestas, desarrolladas dos semanas después de que el portal de noticias Politico filtrara el borrador de un dictamen mayoritario de la Corte que pretende abolir el mencionado fallo.

Tras conocerse la noticia, una de las primeras actrices en pronunciarse fue Susan Sarandon, quien en su cuenta de la red social Twitter llamó al Partido Demócrata -que no solo ocupa la Casa Blanca sino que ostenta la mayoría en ambas cámaras legislativas- a “abolir la obstrucción” y otorgar carácter de ley a la práctica.

“Quizás algunos de ustedes, activistas de teclado, deberían salir a las calles y usar su energía para hacerlos responsables”, escribió en su mensaje la protagonista de Thelma y Louise.

Por su parte, la intérprete y comediante Amy Schumer, quien fue una de las anfitrionas en la última edición de los premios Oscar que se realizó el pasado 27 de marzo, publicó una sintética imagen en su cuenta de Instagram que rezaba: “A las calles”. “Dennos nuestra dignidad o la tomaremos. Es por esto que luchamos. Nos vemos por ahí, mujeres”, señala el texto con el que acompañó el post en esa ocasión.

El informe ImplementAR 2021 resume las acciones de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) del Ministerio de Salud para la implementación de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo en el país, los logros y desafíos.

La norma se sancionó el 30 de diciembre de 2020, y el documento oficial hace un balance de su aplicación hasta el último día de 2021.

"Son 59.348 las interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público al 31 de diciembre de 2021", confirmó a Télam, Valeria Isla, titular de la DNSSR.

Otros datos que aporta el informe es que son 1.347 hospitales y centros de salud de todo el país que garantizan la práctica.

El estudio suma que se distribuyeron 74.057 tratamientos de misoprostol, el medicamento recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar abortos.

"Está disponible en todo el país como tratamiento seguro para el acceso al aborto con medicamentos", explicó la directora de Salud Sexual y Reproductiva.

El informe detalla que se editaron tres protocolos nacionales sobre cómo proceder en la atención de la IVE/ILE, en los casos de violación y en la atención posaborto.

Además, precisa que se desarrolló una línea de formación en prevención y asistencia ante abusos sexuales y embarazos forzados en niñas y adolescentes menores de 15 años.

"Son grandes pasos y avances en la implementación de la ley", destacó Isla.

La dirección también gestionó una donación de 25.000 tratamientos con Fos Feminista (ex Federación Internacional de Planificación de la Familia) e inició el proceso de adquisición de 50.000 tratamientos Combipack -incluye Mifepristona y Misoprostol, indicado por la OMS como el esquema ideal y adecuado para interrumpir un embarazo- mediante el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) para su ingreso al país en el segundo semestre de 2022.

"Se incrementó cinco veces la compra de misoprostol", reveló la funcionaria.

Sobre los llamados al 0800-222-3444, línea telefónica nacional, gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva, el documento oficial revela que recibió 21.800 consultas sobre interrupción del embarazo.

Esta cifra es superior al total de consultas sobre el tema en los diez años previos, ya que entre 2010 y 2020 la línea respondió 17.302 llamados vinculados al derecho a la interrupción legal.

El informe destaca que no hay ninguna sentencia de fondo que avale impugnaciones contra de la Ley 27.610 y especifica que hasta el momento la Justicia rechazó 26 de las 37 demandas iniciadas en todo el país. Del resto de las causas, siete esperan un pronunciamiento judicial y 4 fueron archivadas.

El equipo legal de la DNSSR, en conjunto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, organizaciones de la sociedad civil y abogadas de Salta "ha trabajado en la defensa técnica" de Miranda Ruiz, residente de medicina familiar del Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal.

La médica "está imputada preliminarmente por el delito de aborto sin consentimiento, a pesar de que en la historia clínica consta tanto el consentimiento informado firmado por la paciente, como la certificación de la causal por el equipo interdisciplinario del efector; por tal motivo se solicitó colectivamente su sobreseimiento", explica el documento.

A fines del año pasado se inició el proyecto "Más Servicios" con un equipo de personal experto con el objetivo de identificar las estrategias en el plano de gestión, de recursos humanos y de comunicación para aumentar la capacidad de respuesta del sistema de salud a la práctica del aborto.

La educación sexual integral es uno de los eje de trabajo, y se usa como herramienta pedagógica una serie audiovisual para la formación en detección y abordaje del abuso sexual y el embarazo forzado en la niñez y adolescencia.

En ese sentido se activó el "Proyecto Abordaje en Red" para la de atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual y embarazo forzado, que se desarrolló en Jujuy, Misiones y Entre Ríos con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Otro proyecto fue con Católicas por el Derecho a Decidir en Formosa y Santiago del Estero para consolidar la formación de equipos de capacitación y de atención en derechos sexuales y no reproductivos.

En cuanto a comunicación de la ley de aborto legal, los protocolos de IVE ILE y de violaciones sexuales, fueron adecuados por y para las mujeres indígenas en idiomas wichí, guaraní, toba y chorote, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud.

También hubo adaptaciones comunicacionales para personas con discapacidad.

El correo electrónico saludsexual@msal.gov.ar se habilitó para la atención en forma escrita de las personas sordas y con disminución auditiva, entre otras acciones donde se trabajó con quienes conviven con discapacidades.

Al ser consultada sobre los desafíos, Isla señaló que "hay que seguir ampliando los equipos de salud en todo el país e incorporar la interrupción del embarazo en la estrategia de atención primaria de la salud".

Además, consideró necesario "disminuir las brechas de desigualdad que hay entre provincias. Hay algunas que avanzaron mucho en coberturas de servicios y calidad, y otras que van muy lentas con gran esfuerzo de los equipos profesionales de la salud. Se requiere más respaldo de autoridades sanitarias provinciales".

La directora dijo también que "hay que hacer que se conozca mas la ley, este derecho nuevo entre la población para que pueda demandarlo y acceder".

"Seguir ampliando la cobertura de métodos anticonceptivos modernos y eficaces, con buenas consejería, acceso a anticoncepción hormonal de emergencia de manera preventiva y gratuita, y la implementación plena, efectiva de la educación sexual integral (ESI)", son otros ejes a profundizar, según la funcionaria.

"Está demostrado que adolescentes que pasan por la ESI con perspectiva de derechos tienen mejor acceso a métodos, previenen embarazos no intencionales y pueden concluir su trayectoria educativa con regularidad", agregó.

La ley 27.610 establece que mujeres y otras personas con capacidad de gestar tienen derecho a elegir la interrupción de su embarazo: hasta la semana 14 de gestación inclusive, sin dar motivos (IVE). Y solicitar la interrupción legal (ILE) si el embarazo es consecuencia de una violación o pone en peligro su vida o su salud.

Línea 0800-222-3444, nacional, gratuita y confidencial sobre salud sexual y reproductiva. 

 En la provincia, casi dos mil mujeres accedieron al derecho a interrumpir su embarazo desde que se hizo efectiva la norma.

"Agradezco estar en este momento histórico, luego de luchar más de 20 años para que se reconozca el derecho de mujeres y personas gestantes a interrumpir su embarazo. En este ño tuvimos un trabajo muy grande, un desafío muy grande. Es necesario seguir trabajando sobre una cultura que estigmatiza el aborto, en resistencias en el sistema de salud pero también en la sociedad", expresó la funcionaria.

Respecto a esa estigmatización, en declaraciones a Canal 9 Litoral, amplió: "En el servicio de salud porque creen que se va a imponer algo, cuando en realidad lo que se hace es cumplir con un servicio de obstetricia y ginecología. Y en la sociedad porque quienes se encargan de las interrupciones se han visto afectados por hostilidades. Pero lo vemos como un proceso, estamos frente a un cambio cultural".

Grimalt detalló que en 2020, antes de la Ley de IVA, se realizaron 830 interrupciones legales -establecidas en el Código Penal hace 100 años-, mientras que en 2021, sin el cierre definitivo, ya se realizaron 1.700, entre voluntarias y legales: "El 95% fueron en el 1° trimestre de embarazo. Esto habla de que las mujeres tomaron esa decisión importante de interrumpir su embarazo".

A cinco meses de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la asociación civil FUSA de promoción de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes relanzó su campaña "#Ahora que es ley", destinada a despejar las dudas de los equipos de salud que conspiren contra la realización de esta práctica.

Lanzada el pasado 28 de mayo en coincidencia con el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, la campaña "busca interpelar a los equipos de salud que puedan estar involucrados en la realización de la IVE, ya sea que la estén realizando o quieren empezar a realizarla", dijo a Télam Camila Bazán, coordinadora de comunicación de FUSA.

El 14/6 se cumplen seis meses de la promulgación de la Ley 27.610 Por eso, nos juntamos con la Dra. Melisa Pereyra (gineconline) en el marco de la campaña #AhoraQueEsLey para sacarnos las dudas sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo.¡No te lo pierdas!14/619 hs pic.twitter.com/qcTCuKR7M6

Los podcasts, videos y otros recursos en línea que componen la iniciativa están destinados "a todos los profesionales que estén involucrados en la práctica, desde enfermeros, enfermeras, hasta ecografistas, pasando por trabajadores sociales y otros personas que intervienen en el proceso de atención".

"Una investigación previa mostró que aún había muchos grises entre profesionales de la salud sobre qué es lo que efectivamente dice la ley: si bien hay conocimiento de que ahora hay una ley marco que ampara y da seguridad para realizar la práctica, al bajar a la letra surgían dudas sobre, por ejemplo, si las y los adolescentes o las personas con discapacidad pueden acercarse solos a solicitar una IVE, o si los profesionales pueden ser sancionados por tardar más de 10 días en dar respuesta a la solicitud cuando no hay mala fe de parte suya sino demoras en los turnos para la ecografía", explicó.

Es decir que gran parte de la incertidumbre en los equipos de salud a la hora de realizar una IVE, atañen a "cuáles son sus obligaciones y responsabilidades" para dar cumplimiento a esta normativa

"Luego surgen dudas específicas sobre los métodos para hacer interrupciones: si bien el misoprostol es uno de los tratamientos más frecuentemente usados o que más circulan, también existe la aspiración manual intrauterina (AMEU) que muchos profesionales no están tan enterados o no saben cómo realizarlo y hay cierto de pudor de reconocerlo", indicó.

En cuanto a las "resistencias" detectadas por esta investigación previa en los equipos de salud en relación a la práctica de la IVE, "algunas tienen que ver con la desinformación, los prejuicios y los mitos de lo que implica

"La idea de la campaña es dar respuesta con información veraz y accesible a todas esas preguntas que veíamos que empezaban a surgir en los equipos de salud", afirmó Bazán.

Los podcast

En el caso de los podcast estructurados en 6 episodios de 12 minutos de duración disponibles en Spotify y el portal web de FUSA, cada entrega se corresponde con una pregunta: "¿Cuáles son los métodos seguros para hacer una IVE?", "¿Qué pasa con la IVE en adolescentes?", "¿Las personas con discapacidad pueden acceder a la IVE?", "¿Qué implica ser objetor de conciencia?", "¿Cuáles son las sanciones para quienes no respetan la ley IVE?" y "¿En qué consiste la atención post aborto?".

Y mientras en los podcast hablan especialistas en cada uno de los aspectos abordados, en los spots de video toman la palabra "trabajadores y trabajadoras de salud que ahora están brindando el servicio de IVE en sus espacios" para "contar cómo la están implementando la práctica, qué obstáculos o resistencias y qué desafíos visualizan para hacer posible este derecho".

Actividades

Como parte de las acciones de la campaña, FUSA realizará este lunes a las 19 un vivo en Instagram con una entrevista a la ginecóloga Melisa Pereyra, autora del libro "V. Ciencia para una geografía íntima sin mitos" y creadora del espacio @ginecoline que cuenta con casi 800 mil seguidores en esta red social, para responder dudas del público en general sobre IVE.

"Es que si bien la campaña está orientada a profesionales de la salud, la información que brinda le sirve a las usuarias y personas gestantes, porque tiene información sobre métodos de aborto, sobre cómo debería ser la atención integral y cuáles son los derechos de las personas en esa situación", dijo.

Por otro lado, Fusa sigue brindando capacitaciones en ESI, ILE e IVE de manera gratuita, que desde el año pasado se realizan exclusivamente de manera virtual.

FUSA es una asociación civil que trabaja para que adolescentes y jóvenes puedan acceder a un servicio integral de salud de calidad y que se garantice el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos.

La organización cuenta desde 2013 con Casa FUSA, el primer centro de salud especializado en adolescentes y jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires donde actualmente se llevan adelante actividades y proyectos dirigidos a todo el país en articulación con el Estado y otras organizaciones, y con el apoyo organismos de cooperación internacional.

realizar una práctica con los plazos y métodos que tenemos hoy".

Entre Ríos aportó dos votos afirmativos y uno negativo a la votación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado, que recibió sanción definitiva la madrugada de este miércoles.

Alfredo De Angeli (Juntos por el Cambio) se opuso a la negativa. En cambio, su compañera de bloque, Stella Maris Olalla, acompañó el proyecto del oficialismo, al igual que Edgardo Kueider (Frente de Todos).

De Angeli fue el único de los tres entrerrianos que llegó al recinto con una postura asumida públicamente respecto del proyecto. Por el contrario, Olalla y Kueider integraron el grupo de legisladores indecisos, que no habían adelantado cómo votarían.

Cómo votó el resto

Los 38 votos a favor de la interrupción legal del embarazo se conformaron con 26 senadores del Frente de Todos y del peronismo, 10 de Juntos por el Cambio y 2 de partidos provinciales.

Los senadores Jorge Taiana (Buenos Aires), Alfredo Luenzo (Chubut), Nora Giménez (Salta), Oscar Parrilli (Neuquén), Roberto Mirabella (Santa Fe), Silvia Sapag (Neuquén), Mariano Recalde (CABA), Norma Durango (La Pampa) y Matías Rodríguez (Tierra del Fuego) votaron por la aprobación del proyecto.

En la misma lista, de votos provenientes del peronismo que se volcaron por la legalización del aborto, se anotaron Nancy González (Chubut), María Pilatti (Chaco), María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), María Eugenia Catalfamo (San Luis), Eugenia Duré (Tierra del Fuego), Beatriz Mirkin (Tucumán), Ana Almirón (Corrientes), Carlos Caserio (Córdoba), Mario Pais (Chubut), Martín Doñate (Río Negro), Ana María Ianni (Santa Cruz), Daniel Lovera (La Pampa) y Silvia Larraburu (Río Negro).

Entre las filas de Juntos por el Cambio, los senadores que apoyaron la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo fueron Laura Rodríguez Machado (Córdoba), Ernesto Martínez (Córdoba), Humberto Schiavoni (Misiones), Guadalupe Tagliaferri (CABA), Luis Naidenoff (Formosa), Martín Lousteau (CABA), Eduardo Costa (Santa ruz), Pamela Verasay (Mendoza), Gladys González (Buenos Aires), Stella Olalla (Entre Ríos) y Oscar Castillo (Catamarca).

A esos 33 votos se sumaron para llegar al contundente número final de 38 el aporte de legisladores que cambiaron su voto respecto del que habían expresado en el debate de 2018, como el caso de Lucila Crexell (Neuquén), quien giró de abstención hace dos años a voto positivo.

También se sumó a la aprobación del aborto el senador Sergio Leavy (Salta), quien dos años atrás y como diputado había votado en contra.

También emitieron un voto favorable a la legalización del aborto los senadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Edgardo Kueider (Entre Ríos). Con esta sumatoria, los votos positivos para el proyecto de legalizar la IVE llegaron al número -impensado hace semanas- de 38 positivos.

Los ausentes fueron Carlos Menem (La Rioja), en grave estado de salud; Jorge Alperovich (Tucumán), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis) y Clara Vega (La Rioja).

La lista de 29 senadores que rechazó el proyecto que llegaba de Diputados incluía representantes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Estuvo integrada , para arrancar, por Pedro Braillard (Corrientes), Juan Carlos Marino (La Pampa), Magdalena Solari (Misiones), José Mayans (Formosa), María Belén Tapia (Santa Cruz), Silvia Giacopo (Jujuy), Juan Carlos Romero (Salta) y Claudio Poggi (San Luis).

En la misma nómina se ubicaron Esteban Bullrich (Buenos Aires), José Uñac (San Juan), Silvia Elías de Pérez (Tucumán), Inés Blas (Catamarca), Jorge Blanco (Tierra del Fuego), Roberto Basualdo (San Juan), Carlos Reutemann (Santa Fe), Dalmacio Mera (Catamarca), Antonio Rodas (Chaco), Maurice Closs (Misiones) y Julio Cobos (Mendoza).

También, Alfredo De Angeli (EntreRíos), Carlos Espínola (Corrientes), Mario Fiad (Jujuy), Claudia Ledesma (Santiago del Estero), Cristina López Valverde (San Juan), Julio Martínez (La Rioja), Gerardo Montenegro (Santiago del Estero), José Neder (Santiago del Estero), Víctor Zimmerman (Chaco) y María Teresa González (Formosa).

La única abstención correspondió a Carlos Snopek (Jujuy), según Télam.

Aborto legal: Los principales puntos del dictamen que se debate y vota este jueves. El plenario de las comisiones de Legislación General; Legislación Penal; Mujeres y Diversidad; Acción Social y Salud Publica de la Cámara de Diputados de la Nación dictaminó a favor de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), conocido como de Aborto Legal, este jueves por la tarde, así como del proyecto de ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido como "Programa de los Mil Días". Ambas leyes se tratarán en el recinto en una maratónica sesión que iniciará este jueves a las 11 y se extendería hasta el viernes.

Plazos, edades, objeción de conciencia, cobertura de la práctica son los principales puntos del dictamen que se debatirá y aprobara este jueves

Plazos

Despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo, como ya está previsto en el Código Penal, desde 1921, cuando corre riesgo la vida y la salud de la mujer y en caso de violación. En este último caso, se exigirá una declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida.

Cobertura médica

Las obras sociales y prepagas además de hospitales deben garantizar la práctica de manera gratuita. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

Realizada la solicitud de IVE, en el establecimiento de salud pondrá a disposición de las personas gestantes que así lo requieran -pero no son obligatorios ni condición para la realización de la práctica--, en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, lo siguiente:

-Información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados posteriores necesarios

-Atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso.

-Acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y accesible a las necesidades de cada persona, científica, actualizada sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

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Menores de edad y personas con discapacidad

En los casos de personas menores de 13 años, la solicitud de IVE deberá ser efectuada mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal.

En los casos de adolescentes de entre 13 a 16 años, se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida. En dichos casos será necesario, además de su consentimiento, el asentimiento de al menos uno/a de sus representantes legales

Las personas mayores de 16 años de edad tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento, a fin de ejercer los derechos que otorga la presente ley.

Si se tratara de una persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la restricción no tuviere relación con el ejercicio de los derechos que otorga la presente ley, podrá prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna y, si lo deseare, con la asistencia del sistema de apoyo previsto en el artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Objeción de conciencia

El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma, deberá:

-Mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión.

-Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.

-Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica.

-Cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas.

-El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.

-No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto.

-El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.

El plenario de las comisiones de Legislación General; Legislación Penal; Mujeres y Diversidad; Acción Social y Salud Publica de la Cámara de Diputados de la Nación dictaminó a favor de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), conocido como de Aborto Legal, este jueves por la tarde, así como del proyecto de ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido como "Programa de los Mil Días". Ambas leyes se tratarán en el recinto en una maratónica sesión que iniciará este jueves a las 11 y se extendería hasta el viernes.

El plenario de las comisiones de Legislación General; Legislación Penal; Mujeres y Diversidad; Acción Social y Salud Publica de la Cámara de Diputados de la Nación dictaminó a favor de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), conocido como de Aborto Legal, este jueves por la tarde, así como del proyecto de ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido como "Programa de los Mil Días". Ambas leyes se tratarán en el recinto en una maratónica sesión que iniciará este jueves a las 11 y se extendería hasta el viernes.

El dictamen a favor de la ley de IVE obtuvo 77 firmas, mientras que el de rechazo recibió 30 y hubo cuatro abstenciones. El proyecto dictaminado incluyó dos cambios, como se había especulado en las últimas horas, que lograrían ampliar la base de apoyo que el texto final encuentre en el recinto.

En primer lugar, se incorporó un artículo que permite que las clínicas y sanatorios privados donde todos los profesionales sean objetores de conciencia puedan derivar a la persona que solicite el aborto a otro efector.

El agregado fija algunas "obligaciones" para estos efectores que no ofrezcan ningún profesional para realizar la interrupción del embarazo, amparados en el ejercicio del derecho de objeción de conciencia. Deberán "prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó".

Se aclara que "en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica" y que "las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación".

El segundo cambio que sufrió el texto refiere a las personas gestantes menores de 16 años que requieran un aborto. En el proyecto del Ejecutivo se establecía originalmente que "se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento".

Ahora, el proyecto se remite al artículo 26 del Código Civil y Comercial, que señala que "la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales" pero "cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico". Y agrega que "en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada".

Además, indica el Código, "se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física".

Por otra parte, aunque se especulaba con que pudiera acotarse el plazo para la realización del aborto -de diez a cinco días desde la fecha de su requerimiento-, se mantuvo el plazo original de diez días.

Plan de los Mil días

En el plenario de este jueves también fue aprobado, en este caso por unanimidad, el proyecto de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia. De acuerdo al texto, se incorpora a la ley de Régimen de Asignaciones Familiares, la "Asignación por Cuidado de Salud Integral", que "consistirá en el pago de una suma de dinero que se abonará una vez al año" a las madres "por cada niño o niña menor de tres años de edad que se encuentre a su cargo, siempre que hayan tenido derecho al cobro de la prestación" y "siempre que acrediten el cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario, de conformidad con los requisitos de la ANSeS".

En tanto, se modifica la legislación sobre la Asignación por Embarazo para Protección Social, que consistirá en una "prestación monetaria no retributiva mensual" que se abonará a la persona gestante, desde el inicio de su embarazo hasta su interrupción o el nacimiento del hijo, siempre que no exceda de nueve mensualidades, debiendo solicitarse a partir de la semana n° 12 de gestación.

Por otra parte, se crea en el ámbito del Renaper "el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos a fin de garantizar el derecho a la identidad y a la inscripción e identificación inmediata de recién nacidas y nacidos", que incluirá la plataforma de emisión de Certificados Digitales de Hechos Vitales, donde los médicos deberán "certificar por documento electrónico con firma digital los hechos vitales de las personas".

Además se crea, en el ámbito del Ministerio de Salud, una "Unidad de Coordinación Administrativa para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo, y de sus hijos e hijas hasta los tres años". Estará integrada por representantes de los ministerios de Salud; de Educación; de las Mujeres, Géneros y Diversidad; de Desarrollo Social; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); la ANSeS, el Renaper; y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Las calles volverán a ser el termómetro de un debate que en 2018 derribó para siempre un tabú contemporáneo de la sociedad argentina: el aborto dejó de ser mala palabra, involucró decididamente a la clase política, pero quizás el fenómeno más trascendente haya sido que las nuevas generaciones tomaron partido a favor y en contra del proyecto que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. De un lado los movimientos feministas y disidentes apoyando la postura a favor del aborto legal, y en la otra vereda los sectores identificados con los pañuelos celestes que levantan la consigna de las Dos Vidas.

"Esto es mucho más grave de lo que aparenta ser por simple lógica. De hecho, todos sabemos que en un aborto muere un niño, por más que quieran decir que las primeras semanas, que el feto; no es una persona. Nadie se crió siendo un pollo y terminó naciendo un bebé. Todos hemos pasado por esas etapas en el vientre materno y sabemos que una mujer que está embarazada va a tener un bebé, no va a tener otra cosa. Por biología, por genética, por ecografías, se demuestra que es una persona". Paola Guía, integrante de la Red de Familias Entrerrianas. Bajo esta filosofía y con el color celeste como elemento integrador, los sectores contrarios al aborto nucleados en Unidad Pro Vida se movilizarán el sábado en todo el país para expresar el rechazo al proyecto del ley que envió al Congreso el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

La ciudad de Paraná será el epicentro de la protesta en Entre Ríos, con una movilización que se nutrirá con militantes que llegarán procedentes de varias ciudades del interior provincial. Se informó que será una caravana vehicular que comenzará a las 17 y que llegará hasta Casa de Gobierno. Desde la Red de Familias Entrerrianas y la Asociación de Iglesias Cristianas y Evangélicas de Argentina se confirmó que habrá 37 localidades movilizadas en contra del aborto.

Consultada por la decisión política del gobierno nacional de avalar esta iniciativa, Guía argumentó: "Llega a destiempo, contra toda lógica, casi fuera de lugar y esquizofrénico que se haya presentado el proyecto, aduciendóse que es una cuestión de salud pública y que es una deuda de la democracia. Tenemos la confirmación de que hay fuertes presiones de los organismos internacionales y de otros orgamismos de mucho poder a nivel mundial para que se instale el aborto".

La vocera de la Red se propuso interpelar a los sectores identificados con los pañuelos verdes, comparando las muertes por abortos clandestinos con otras causales que producen fallecimientos de mujeres en Argentina. "En 2018 murieron 18 mujeres por abortos, no abortos clandestinos, sino por causas relacionadas al aborto. Y murieron más de 6.000 mujeres por cáncer de mama y más de 1.200 mujeres por cáncer de ovario. Y no veo ninguna de estas feministas sororas pidiendo con un pañuelo, como piden la ley que en 48 horas resuelve la petición de aborto. No veo a ninguna que pida que a las 48 horas, una vez diagnosticado el cáncer de mama, la mujer pueda empezar con el tratamiento de quimiotrerapia. No es una urgencia de salud pública, aquí claramente hay una cuestión de los organismos internaciones por dos motivos: primero porque el aborto es un negocio millonario, y en segundo lugar, porque quieren un país pobre y despoblado", contrastó.

Según la activista: "La normativa que se pretende aprobar en el Parlamento es una forma de colonizarnos", y coincidió en que el texto que cuenta con el aval del Poder Ejecutivo "tiene varias similitudes con el proyecto anterior". Al respecto enfatizó: "Hay tres cosas que son peores que ese; se dice que se habilita el aborto hasta las 14 semanas, y luego de ese plazo se prevén dos causales: el riesgo para la vida o la salud de la madre. Pero se toma la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, donde se define a la salud como el completo estado de bienestar físico y social. Es muy amplia esa definición. Después entre los 13 y los 16 años el aborto no necesita el consentimiento de los padres. Supuestamente contempla la objeción de conciencia, pero obliga a los médicos a buscar quien los reemplace".

El proyecto de legalización del aborto tiene un éxito casi garantizado en las cuatro comisiones a las que fue girado en la Cámara de Diputados. Si bien la iniciativa del Poder Ejecutivo podría recibir cambios en la letra fina durante el debate, a la hora de las firmas hay una clara mayoría "verde" y tan solo cinco legisladores indefinidos en total.

La mayoría de votos más abrumadora está en Mujeres y Diversidad, la comisión que se creó a fines de 2019 separándose de la de Familias, Niñez y Juventudes. De los 31 integrantes, 26 están a favor y solo cinco en contra, con la presencia estelar de algunas integrantes del antiguo grupo de "sororas", como Mónica Macha, Silvia Lospennato (PRO) y Brenda Austin (UCR).

En esta comisión, los rechazos provienen de la misionera Flavia Morales (Frente Renovador de la Concordia) y la bonaerense Natalia Villa (PRO), dos de las más fuertes detractoras del aborto legal en 2018, sumadas a las correntinas Sofía Brambilla e Ingrid Jetter, ambas del PRO, y la tucumana Lidia Ascárate (UCR). Brambilla, que había votado a favor, reveló la semana pasada su cambio de postura, publicó Parlamentario.

La comisión donde el sector "celeste" podría hacer más fuerza es la de Legislación Penal, donde en principio hay un empate, 14 contra 14. La suerte estará en manos de dos diputados que todavía no se pronunciaron públicamente: el massista Ramiro Gutiérrez -autor del proyecto de Código Penal emblema del Frente Renovador- y la formoseña Graciela Parola, que ingresó el año pasado a la Cámara con el padrinazgo del gobernador Gildo Insfrán.

En Legislación General, hay 15 diputados a favor de la legalización, 12 en contra y cuatro indefinidos.

Con 35 miembros, Salud es la comisión más numerosa y la mayoría favorable es, también, contundente: 21 legisladores a favor, 13 en contra y solo una indefinida, la santiagueña María Luisa Montoto (Frente de Todos).

La semana próxima se comenzará a debatir la iniciativa en Diputados

La Cámara de Diputados abrirá la próxima semana el debate en comisión del proyecto de legalización del aborto, que se buscará aprobar en sesiones extraordinarias antes de fin de año, junto con la iniciativa del Plan de los 1.000 días que apunta a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños hasta los 2 años.

El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) comenzará a discutirse entre el lunes o martes y es probable que se realicen varias reuniones semanales, informaron a Télam fuentes parlamentarias.

Para organizar el esquema de trabajo, previo al inicio del debate, se reunirán mañana las autoridades de las cuatro comisiones por las que pasará el proyecto.

Debido a que el debate incluirá la realización de reuniones informativas por el lapso de 15 días, previo a la emisión del despacho de comisión, en la reunión se definirá quiénes serán los expositores, que estarán divididos en cuatro grupos: científicos, sanitaristas médicos, ético religiosos y juristas.

Además, se dispuso que cada bloque irá comunicando las determinaciones y a la vez pidiendo opciones respecto de expositores.

Una vez concluidas las exposiciones, se debatirá en comisiones para pasar luego al recinto de sesiones, lo que se espera suceda antes que termine diciembre, con el objetivo de obtener su aprobación.

El esquema de trabajo fue acordado en una reunión que mantuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con los presidentes y vicepresidentes de las cuatro comisiones por las que pasará la discusión del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo antes de llegar al recinto.

Fuentes parlamentarias informaron que la comisión cabecera será Legislación General, que preside la diputada oficialista Cecilia Moreau, y adelantaron que en la primera reunión expondrán los ministros de Salud, Gines González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

De la reunión virtual, además de Moreau, participaron las titulares de las comisiones de Mujeres y Diversidad Mónica Macha; de Salud Pablo Yedlin y Legislación Penal, Carolina Gaillard.

También lo hicieron las diputadas de Juntos por el Cambio Silvia Lospenatto, Carmen Polledo, Carla Carrizo y Marcela Campagnoli

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito celebró la presentación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por el Poder Ejecutivo Nacional y llamó a realizar este miércoles desde las 18 una jornada de acción federal, donde caravanas, bicicleteadas y pañuelazos se replicarán en decenas de ciudades del país para reclamar que se inicie el tratamiento de la iniciativa. En Paraná, la convocatoria en favor de la ley de aborto se realizará en la plaza 1° de Mayo a las 18.30.

En un comunicado, la Campaña manifestó que espera que la iniciativa "de inmediato inicie su tratamiento en el Congreso de la Nación", a la par del proyecto que fue presentado el 28 de mayo de 2019 con el apoyo de las más de 70 firmas de representantes legislativos de todo el arco político y que aún cuenta con estado parlamentario.

Por ello, para reclamar el reconocimiento del Estado del derecho al aborto, se realizará este miércoles una jornada de acción federal, con alrededor de medio centenar de caravanas, pañuelazos, bicicleteadas e intervenciones en ciudades de todo el país.

"Convocaremos a la vez a respetar los cuidados comunitarios por la pandemia de COVID- 19: usando tapabocas, llevando alcohol en gel para compartir y aplicando distanciamiento social", recordaron.

"Exigimos un debate parlamentario, social y mediático a la altura de la historia de nuestro activismo por el derecho al aborto: un tratamiento expeditivo en el Congreso, sin lugar para la desinformación, mensajes de odio y expresiones antidemocráticas en los medios y en las redes", aseguraron desde la Campaña y recordaron que "es urgente y prioritario que se sancione la ley".

Las acciones se replicarán desde las 18 en ciudades de todo el país como Córdoba, Esquel, Lago Puelo, Aluminé, Junín de los Andes, Neuquén, Bariloche, Viedma, Villa Regina, Bahía Blanca, Mar del Plata, Necochea, Olavarría, Tres Arroyos, Villa Gesell, General Pico, Río Grande, Ushuaia, San Martín de Los Andes, San Luis, Merlo, Salta, La Plata, Marcos Paz, Rosario y Ciudad de Buenos Aires, entre otras.

En Paraná, la actividad tendrá lugar a las 18.30 en la Plaza 1° de Mayo de Paraná y las organizaciones que convocan también solicitaron concurrir con barbijos y respetar el distanciamiento social.

El presidente Alberto Fernández envió al Congreso el proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y el "Plan de los Mil Días", que prevé una ayuda económica para las embarazadas en situación de vulnerabilidad.Luego de los dichos del Presidente, Amalia Granata se pronunció en sus redes sociales para ratificar su postura "por el derecho a las dos vidas", criticó la iniciativa y convocó a una marcha para el 28 de noviembre.

Si sos deseado @alferdez te salva y te ofrece los 1000 días, si no sos deseado @alferdez te habilita a que te maten en el vientre de tu mama #GobiernoDeInutiles

"Si sos deseado, Alberto Fernández te salva y te ofrece los 1000 días, si no sos deseado, te habilita a que te maten en el vientre de tu mamá", escribió la diputada en su cuenta de Twitter y agregó el siguiente hashtag: "#GobiernoDeInutiles".

El 28 #salimostodos pic.twitter.com/scTAPSmvI1

Granata continuó subiendo una serie de tuits para manifestar su rechazo al proyecto y anunció que encabezará una movilización. "El 28 #Salimostodos", expresó y compartió una placa que dice: "El sábado 28 de noviembre, Argentina se moviliza por las dos vidas".

Presentar el proyecto para legalizar el aborto y un plan de acompañamiento materno infantil en simultáneo, es una muestra vergonzosa de cinismo, de falta de rumbo y de convicciones. #ConAbortoSalimosTODOS #LaVidaNoSeDebate#NoSeraLey https://t.co/FFQHUz9iKq

La exvedette también retuiteó un mensaje de la diputada de la provincia de Buenos Aires, Catalina Buitrago: "Presentar el proyecto para legalizar el aborto y un plan de acompañamiento materno infantil en simultáneo, es una muestra vergonzosa de cinismo, de falta de rumbo y de convicciones".

En otro posteo, Granata volvió a mencionar al Presidente y reiteró la convocatoria para el 28 de noviembre. "Creer que asesinar a un hijo en el estado más vulnerable es un 'derecho' es la crueldad ideológica más siniestra que un país puede darle a su pueblo @alferdez #ConAbortoSalimosTODOS", enfatizó.

En un mensaje difundido a través de las redes sociales, Alberto Fernández destacó que, con el envío del proyecto, cumple con el compromiso asumido durante la campaña electoral.

"En el día de hoy, enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral", anunció el presidente, quien remarcó en varias oportunidades que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es "una cuestión de Salud pública".

En ese sentido, Fernández explicó que el primer proyecto busca legalizar el aborto y "garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias" que no pongan en peligro la vida de las personas gestantes. El segundo proyecto es el "Plan de los Mil Días", que apunta a cuidar a las madres y a sus hijos durante los primeros años de vida.

El proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo que está en poder de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia tuvo un amplio trabajo y discusión, incluso antes de la pandemia, entre los Ministerios de Salud y el de Mujeres, Diversidad y Géneros y está completamente definido para diciembre.

Según pudo saber minutouno.com, entre los principales puntos -además de una fuerte decisión de lograr la aplicación efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI)- el Proyecto garantizará el acceso a la interrupción del embarazo de forma voluntaria hasta la semana 14 de gestación.

Asimismo, garantizará la práctica dentro de los cinco días corridos en que se solicita con el único requisito del consentimiento y sin distinción de origen, nacionalidad, estado de tránsito, residencia y/o ciudadanía de la persona que lo pida.

A partir de la semana 14 será necesaria alguna de las causas para el acceso al aborto no punible ya contempladas en el Código Penal desde 1921.

Si bien hay un fuerte hermetismo sobre el texto definitivo, esta semana tuvo un avance clave en la Cámara baja cuando el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y la Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados, recibieron a dirigentas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El encuentro había sido suspendido en dos oportunidades anteriores.

"Nos reunimos con el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, para manifestarle que es urgente el tratamiento y la aprobación de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo", precisaron en un comunicado.

Massa no aseguró una fecha precisa para el tratamiento del Proyecto, aunque deslizó la posibilidad de que sea tratado en Sesiones Extraordinarias que el Gobierno convocará luego del 30 de Noviembre.

Las principales referentes que participaron de la reunión solicitaron que, si el Gobierno no envía la iniciativa, se pueda dar tratamiento al Proyecto de 2019 que aún cuenta con estado parlamentario.

Ante esto, Massa fue contundente y aseguró que el Gobierno tiene listo y redactado un proyecto que es ampliamente superador del anterior que ya fue discutido y había encontrado su principal escollo en la Cámara de Senadores.

Otro de los respaldos que recibieron las dirigentes fue de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara que también participó de la reunión y ya puso manos a la obra en la búsqueda de los votos indecisos. Esta tarea es transversal ya que dicha comisión cuenta con diputadas de diferentes bloques encabezadas por Mónica Macha (Frente De Todos) y Silvia Lospennato (Juntos Por el Cambio), entre muchas otras que trabajan en el conteo de posibles votos para lograr la media sanción del Proyecto.

En el mismo sentido, pero ya desde los ministerios rectores en la materia, hacen lo propio en el Senado donde se anticipa un resultado más ajustado, pero con mejores márgenes de aprobación que en 2019.

Desde la Campaña llegaron a la reunión con el fuerte respaldo popular que vienen recibiendo consuetudinariamente en cada reclamo. Un día antes de la reunión, una "caravana verde" inundó el Congreso Nacional. Esta vez, debido al contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19 y las restricciones de distanciamiento social, lo hizo en forma de caravana de autos para reclamar que definitivamente el proyecto tenga su tratamiento.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a criticar al presidente Alberto Fernández, esta vez sobre su posición respecto al aborto legal, seguro y gratuito y afirmó que en la Argentina regresó "el zurdaje".

Durante sus transmisiones semanales de todos los jueves a través de Facebook, el mandatario brasileño lanzó que el pueblo argentino "tiene lo que se merece" tras "leer" que el Gobierno nacional legalizará el aborto, luego de haber "sacado" a Mauricio Macri del poder.

"Miren el ejemplo de la Argentina. Macri fue elegido hace cinco años con un discurso parecido al mío, siendo uno de los países que logró liberarse del grupito del Foro de San Pablo, el grupito de Cristina Kirchner, de Dilma (Rousseff), de Nicolás Maduro. Macri, como yo, no pudo hacer todo lo que quería hacer en el gobierno", remarcó.

Según Bolsonaro, a Macri "lo criticaron tanto hasta que volvió el 'zurdaje' con Cristina Kirchner".

Alberto Fernández se pronunció en Twitter sobre el tema el 28 de septiembre último en conmemoración del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. En la red social, escribió que la penalización del aborto "había fracasado como política".

"Mueren mujeres por abortos clandestinos y otras sufren graves secuelas en su salud. Ratifico mi compromiso para legalizar el aborto, garantizar el acceso a los servicios de salud e implementar con eficacia la Educación Sexual Integral", concluyó el jefe de Estado argentino.

En su publicación, Fernández no hizo mención a su promesa de presentar el proyecto ni dio pistas de cuál es el futuro del tratamiento en el Parlamento. Por este motivo, el mensaje fue apoyado y cuestionado por igual en las redes.

A mediados de agosto, el Presidente se refirió al tema y prometió que "en cuanto pueda" va "a mandar" el proyecto de legalización del aborto al Congreso, dado que es un tema que hay que "resolver".

"Es una convicción que yo tengo y en cuanto pueda lo voy a mandar. Después tendrá la discusión parlamentaria, pero es un tema que la Argentina debe resolver", precisó en ese momento en una entrevista radial.

El mandatario consideró la legalización del aborto una prioridad desde que comenzó su campaña electoral y en el discurso de apertura de sesiones ordinarias el 1° de marzo en el Congreso insistió con la necesidad aprobar un proyecto de esta naturaleza.