Según lo resuelto en audiencia judicial, el imputado permanecerá detenido durante 40 días en la Unidad Penal correspondiente mientras avanzan las medidas probatorias.

De acuerdo con la información judicial, la denuncia fue radicada en sede policial en las últimas horas y dio inicio a una causa por abuso sexual grave. El episodio habría ocurrido durante la madrugada del domingo, cuando la víctima regresaba a su domicilio tras salir de un boliche.

El trayecto hasta su vivienda superaba las 40 cuadras y, según lo trascendido, el ataque se produjo cuando la joven estaba llegando a su casa.

Tras el aviso inmediato de la víctima, intervino personal policial y se dio intervención a la Fiscalía, que dispuso las diligencias de rigor: toma de testimonios, pericias médicas y recolección de elementos probatorios.

La causa se desarrolla bajo estricta reserva con el objetivo de preservar la intimidad de la denunciante y garantizar el correcto avance del proceso judicial. Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron la necesidad de actuar con celeridad debido a la sensibilidad del caso.

El acusado permanece a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para determinar responsabilidades.

Cuando habían pasado exactamente siete días después de haber recibido una condena por parte de un jurado popular integrado por doce personas en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, FJC (son sus iniciales con el apellido al final) tomó la determinación de suicidarse. El hecho sucedió en uno de los calabozos de la Jefatura Departamental de Gualeguay, y personal de Criminalística y Fiscalía están investigando los pormenores del hecho al cierre de esta edición. A su vez, familiares y allegados al condenado se acercaron a la Jefatura y permanecieron también hasta el cierre de esta edición.

Sobre el juicio

El pasado viernes en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, un jurado popular de doce personas halló culpable a FJC del delito de abusos sexuales reiterados con acceso carnal, agravados por el daño de la salud mental de la víctima.

Intervinieron por el Ministerio Público Fiscal el Coordinador de Fiscales de Gualeguay, Nogoyá y Victoria, Dr. Jorge Gamal Taleb, y la Dra. Mariángeles Schell como Agente Fiscal de Gualeguay. La defensa de FJC fue ejercida por los dres. Mariano Sánchez y Mariano Velazco. El Dr. Tórtul participó en su carácter de vocal del Tribunal como Juez Técnico. 

Luego de cuatro jornadas, el jurado popular halló culpable a FJC por el delito de abusos sexuales reiterados con acceso carnal agravados por el daño en la salud de la víctima, quien se suicidó tiempo atrás a raíz de estos hechos tremendos.

La familia y allegados a la víctima, MMR, obtuvieron de esta manera una reparación judicial en un caso muy complejo por haberse llevado a cabo sin la víctima presente.

El suicidio de FJC

El condenado esperaba conocer la sentencia definitiva. Sin embargo sólo se resolvió ampliarle la prisión preventiva. La Fiscalía le había pedido 21 años de cárcel.

Una versión que difundieron medios locales, sostiene que al final de la audiencia de cesura, el nuevo abogado del condenado habría  solicitado al tribunal custodia especial ante el riesgo concreto de suicidio.

Lo cierto es que la Justicia investiga de qué manera FJC pudo haber desviado la atención de sus custodios y concretar la drástica determinación en las dependencias de la Jefatura. Se le practicaron maniobras de RCP, pero no surtieron efecto. 

M. tenía 21 años cuando el 31 de julio de 2019 se presentó en los tribunales de Gualeguay para denunciar a FJC, un hombre de 32 años, que la agobiaba con amenazas desde hacía casi dos años hasta lograr abusar sexualmente de ella.

La relación entre M. y su abusador empezó mediante mensajes que le enviaba desde la cárcel de Gualeguay, adonde estaba alojado. Los mensajes siguieron hasta que FJC recuperó la libertad, en 2017.

El primer abuso fue en la Navidad de 2017 en un hotel de la ciudad de Gualeguay. La obligó a mantener relaciones sexuales bajo pena de lastimar a sus padres o a su hermana. Le quebró la voluntad. Así siguieron los abusos hasta que en 2019 decidió denunciarlo. 

Pero dos meses después de presentar la denuncia en la justicia, el 19 de septiembre de 2019, M. no aguantó más y se suicidó.

El caso, así, se presentaba harto complejo para el sistema judicial: no estaba presente la víctima para llevar a juicio oral un caso. Sólo estaba la denuncia de M. escrita en un expediente judicial. 

Tras una gran labor de la fiscal Mariángeles Schell, en su primer juicio por jurados, el jurado que deliberó en Gualeguay halló “culpable” por unanimidad a FJC de los delitos de «abuso sexual con acceso carnal de manera reiterada, agravado por resultar un grave daño en la salud psíquica de la víctima».

La audiencia de cesura durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir el hombre declarado culpable, se realizará el  28 de marzo a las 9, en los Tribunales de Gualeguay.

FJC continuará cumpliendo la prisión preventiva en la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguay, medida que se le había ordenado en el marco de otra causa y hasta que la condena sea ejecutable.

Las audiencias del juicio se iniciaron el martes 18 y culminaron este viernes 21 con el veredicto unánime de los doce integrantes del jurado popular en igualdad de género.

El juez técnico que dirigió el juicio fue el juez  Dardo Tórtul. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Mariángeles Schell y el fiscal coordinador Jorge Gamal Taleb. La defensa del imputado la ejercieron los abogados Marcelo Sánchez y Marina Velazco.

¿Cómo se juzga un caso de abuso sexual con la víctima ausente? El rol de las audiencias preparatorias

Fue clave en las audiencias previas de admisión de evidencias el litigio de partes para relevar antecedentes -que no los hay en la Provincia-, consultar jurisprudencia y ver de qué modo lo habían resuelto otros tribunales en el punto clave de que el jurado pudiera conocer la denuncia de la mujer. 

El rastreo de precedentes llevó hasta las Reglas de Evidencia de los Estados Unidos. 

Es una máxima del Derecho constitucional y convencional de los DDHH que todo imputado por cualquier delito tiene el derecho a confrontar los testimonios en su contra y poder realizar un contraexamen a los testigos de cargo, conforme lo establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 inc e): "A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo"

El tema en cuestión era que la víctima se había suicidado y ni siquiera llegó a declarar como testigo en el juicio oral. Tan solo estaba su denuncia y sus entrevistas con los profesionales que la trataron

Fueron claves los testimonios de los profesionales -psiquiatra, psicólogo- que trataron a M luego de ser abusada y su historia clínica. La teoría del caso de la fiscalía fue que las amenazas que le profería FJC le provocaban temor y la doblegaban. El acoso fue tal que terminó dañando su salud psíquica, catalogado por los médicos como "terror psicológico, estrés post traumático y daño psíquico emocional grave". Por eso el suicidio.

La tarea de la fiscalía fue convencer al jurado de que, a pesar de no poder escuchar la voz de M, el abuso había existido y que ella había sufrido un grave daño mental que la llevó a suicidarse.

Eso efectivamente ocurrió. El jurado popular por unanimidad lo halló culpable a FJC por todos los cargos.

Leer noticias aquí:

- El Debate Pregón (22/03/25): "Jurado popular condenó un abuso sexual que derivó en suicidio de la víctima" (ver)

Desde la implementación del Juicio por Jurados en Entre Ríos ya se han desarrollado más de cien casos. En esta ocasión, en los Tribunales de Gualeguay tuvo lugar una experiencia muy compleja. Este lunes pasado fue la audiencia de selección de jurados que formaron un grupo de doce y deliberaron durante cuatro días (18, 19, 20 y 21 de marzo) a puertas cerradas. Intervinieron por el Ministerio Público Fiscal el Coordinador de Fiscales de Gualeguay, Nogoyá y Victoria, Dr. Jorge Gamal Taleb, y la Dra. Mariángeles Schell como Agente Fiscal de Gualeguay. La defensa de FJC fue ejercida por los dres. Mariano Sánchez y Mariano Velazco. El Dr. Tórtul participó en su caracter de vocal del Tribunal como Juez Técnico. Luego de cuatro jornadas, el jurado popular halló culpable a FJC por el delito de abusos sexuales reiterados con acceso carnal agravados por el daño en la salud de la víctima, quien se suicidó a raíz de estos hechos. La familia y allegados a la víctima, MMR, obtuvieron de esta manera una reparación judicial para un dolor inconmensurable.

El pedido de justicia por la joven de 16 años continuó este miércoles con una manifestación frente al Hogar de Protección Integral para mujeres víctimas de violencia de género. Más tarde, los manifestantes se trasladaron al Juzgado de Garantías de Colón, sede de la Fiscalía, donde se registraron momentos de tensión con gritos, insultos y golpes en las puertas.

El día anterior, vecinos intentaron linchar al padrastro de la joven, Claudio Barrios, a quien consideran su abusador. La situación derivó en enfrentamientos con la policía, que dispersó a la multitud con gas lacrimógeno y disparos de escopeta con munición de goma.

Algunas manifestantes denunciaron que existían antecedentes que señalaban posibles abusos dentro de la familia. "Hace años se había abierto un protocolo en la escuela por una de las hermanitas, porque pasaba algo con este hombre. No se tuvo en cuenta y llegamos a esto", afirmó una vecina.

El fiscal Juan Sebastián Blanc, a cargo de la investigación, explicó que no puede brindar detalles específicos debido a la naturaleza del delito y a la presencia de menores involucrados. Sin embargo, confirmó que la causa se abrió tras la viralización de mensajes en redes sociales que derivaron en denuncias formales.

"Esto comenzó con la situación lamentable del suicidio de una joven, que derivó en la posibilidad de abuso sexual de menores en un ámbito intrafamiliar. Estamos investigando hace 24 horas", indicó Blanc.

Según trascendió, otras dos niñas que viven en la misma casa habrían sido sometidas a abusos sexuales desde el 2022 hasta la actualidad.

Claudio Barrios fue detenido y la Fiscalía cuenta con 48 horas para reunir los elementos necesarios para tomarle declaración como imputado y, eventualmente, solicitar su prisión preventiva. Además, se investiga a la madre de la adolescente fallecida por un posible encubrimiento u otra forma de participación en los hechos.

"Se está investigando la posibilidad de que otro adulto del grupo familiar haya sido partícipe de algún delito. La madre de Agustina también es objeto de investigación dentro de esta causa compleja", sostuvo el fiscal.

Los hermanos de la joven fallecida quedaron bajo la protección del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y del Área de la Niñez. Una de sus hermanas fue internada preventivamente en el hospital para abordar una posible crisis emocional.

El jefe de la Departamental de Policía, Cristian Valdez, informó que se están analizando conversaciones de la adolescente fallecida. En los mensajes viralizados, la joven hacía referencia a situaciones que podrían haberla llevado a tomar la trágica decisión.

"Lamentablemente, se viralizó una conversación en la que hacía mención a lo que posiblemente la llevó a esta determinación. Se iniciaron actuaciones de oficio para corroborar la veracidad de la información", explicó Valdez.

La sentencia incluye los cargos de "abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la condición de educador y de guardador", "abuso sexual simple, agravado por la condición de educador y guardador", y "abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de educador y guardador".

El magistrado dispuso que la pena se cumpla en la unidad penal que determine el Servicio Penitenciario, de acuerdo con sus capacidades operativas de alojamiento. Hasta tanto la condena adquiera ejecutoriedad, B.E.S. cumplirá prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

El juicio se desarrolló en el salón del Concejo Deliberante de la ciudad de Victoria, entre el martes 25 y el viernes 28 de febrero. La audiencia de cesura, realizada el pasado 7 de marzo en los Tribunales de Gualeguay, concluyó con el dictado de la pena. El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Iván Yedro, había solicitado una condena de 17 años. La defensa de B.E.S. estuvo a cargo del abogado Marcelo Sánchez.

Por tratarse de delitos contra la integridad sexual, el debate se llevó a cabo a puertas cerradas. Este fue el juicio por jurados número 115 en la provincia de Entre Ríos desde la implementación de este sistema penal.

El jurado popular que deliberó en Victoria, encontró al acusado M.J.R culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por la guarda y convivencia con menores de 18 años”.

La audiencia de censura será el martes 27, a las 10, en la Sala de Audiencias del Tribunal de Gualeguay.

El juicio fue dirigido por el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Dardo Tórtul. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Eduardo Guaita. La defensa fue ejercida por los abogados Ceferino Tejeira y Rubén Gallardo.

Se llevó a cabo a puertas cerradas por tratarse de un delito contra la integridad sexual.

Este proceso es el nonagésimo séptimo juicio por jurados que se realiza en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Melisa Ríos, impuso la pena de 16 años de prisión de cumplimiento efectivo a M.F.E., a quien un jurado popular reunido en la ciudad de Rosario del Tala declaró culpable el 28 de junio pasado por los delitos de Abuso sexual gravemente ultrajante por ser el autor el encargado de la guarda y de Promoción de la corrupción de menores agravada por ser el autor el encargado de la guarda, en concurso ideal.

El debate, en el marco del legajo "M.F.E. s/Abuso sexual agravado", se desarrolló en el Club Talense y a puertas cerradas por tratarse de delitos contra la integridad sexual, mientras que la audiencia de cesura, durante la cual las partes expusieron sus argumentos sobre la condena que debería cumplir el imputado, se celebró el lunes pasado en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Guillermo Federico Uriburu, quien imputó a M.F.E. haber atentado asiduamente, entre los años 2014 y 2015, contra la integridad sexual de una menor y llevado adelante acciones de gran tenor ultrajante hacia ella, las que tuvieron entidad suficiente para corromper el normal desarrollo de su sexualidad.

El abogado Lucio Salisky y la abogada Eliana Peltzer ejercieron la querella particular, en tanto que sus colegas José Ostolaza y Pablo Sotelo asistieron al imputado.

"Teníamos previsto en el orden del día el tratamiento de un proyecto consensuado por ambos bloques (Frente Creer Entre Ríos -Juntos por el Cambio) que buscaba definir el futuro de Fabián Constantino en al frente del Ejecutivo de Gilbert, basándonos en las características de la resolución judicial de público conocimiento", explicó a RADIO 2820 el concejal Carlos Bernardi (JxC)."Pero a último momento, ingresó una nota con fecha de 22 de marzo en la que Constantino solicita que se extienda su licencia en el cargo con goce de sueldo. Se acordó ingresar la nota al expediente para abordarla en comisión, porque no podemos dejar de tratarla, pero como estaba fuera del orden del día, mañana jueves nos reuniremos en conjuntas", contó el edil a la vez que agregó que "ya quedó establecido en el acta de hoy que sesionaremos el lunes, seguramente a las 20.30 horas".Vale remarcar que la licencia que hoy goza Constantino se encuentra pronta a expirar, y el Legislativo de Gilbert corre contra el reloj para definir la situación del Ejecutivo.En cuanto al proceso consensuado entre los bloques, Bernardi explicó: "Tuvimos más de cinco reuniones la semana pasada, le explicamos a Alberto Meneses -Intendente en funciones- en qué estábamos trabajando, y entonces dio lugar a nuestra propuesta retirando su proyecto"."Nos basamos en lo que establece la Ley de Municipios que es la que nos rige como Municipio de Gilbert, y en ese sentido la normativa establece que se requiere de una condena firme para poder excluir a Constantino del cargo. Todos nuestros asesores legales coinciden en que no podemos destituirlo hasta tanto esto ocurra. Repudiamos su conducta, todos los hechos por los que fue condenado, pero no podemos exonerarlo ni suspenderlo, según lo indica la propia ley", aseguró el concejal opositor.Y cerró: "Nuestro proyecto plantea otorgarle licencia sin goce de sueldo ya que la misma ley establece que la situación actual no puede perdurar en el tiempo y que debe cumplir con las obligaciones del cargo, lo cual es inviable considerando que cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica".De esta manera, Fabián Constantino -el intendente condenado en primera instancia por violar a tres mujeres de su comunidad- continúa en su casa, cobrando un sueldo del Estado, mientras los concejales pasmados (sin distinción de partido político) parecen no comprender que se trata de una condena sin precedentes, contra un Intendente en ejercicio encontrado culpable de delitos contra la integridad sexual de las personas y que tienen una gran oportunidad para establecer consecuencias específicas en torno al ejercicio de la violencia de género, otorgando a su vez un apoyo concreto a las víctimas.

La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a Roberto Omar Alí, más conocido como “Tito”, el cantante de banda de cumbia La Liga, acusado de abusar sexualmente de una menor en la localidad bonaerense de Costa Azul. El músico está denunciado por violación y tocamientos sobre una amiga de su hija de 11 años.

Según indicaron fuentes con acceso al expediente a Infobae, el primero de los hechos que le imputan ocurrió en junio de 2022, cuando la hija del músico, junto a una amiga suya, estaban la casa de “Tito” en la localidad de Mar de Ajó. En ese momento, Alí se introdujo en la habitación donde estaban las menores y violó a la amiga de la hija.

Luego, “Tito” está acusado de volver a abusar a la chica en un viaje que el músico realizó junto a su banda, en el cual llevó a su hija y a la amiga de la nena. “Hubo tocamientos por encima de la ropa en esa oportunidad”, indicó un detective del caso a este medio.

El tercero de los abusos que se le endilgan lo ejecutó en una hostería en Mar de Ajó, cuando, de vuelta, se introdujo en la habitación donde dormía su hija y la amiga de la nena y, del mismo modo, volvió a violarla. De acuerdo a fuentes del caso, en esa oportunidad, la víctima comenzó a gritar y fue rescatada por su abuelo.

El caso quedó en manos del fiscal Manuel Prieto, titular de la UFID N°2 de Mar del Tuyú, quien en las últimas horas ordenó la detención del músico. Según indicaron fuentes del caso, la víctima declaró en Cámara Gesell, un peritaje clave en los casos de abuso sexual de menores. Allí relató los ataques perpetrados por “Tito”. “La declaración de la nena es contundente”, reveló un detective del caso.

Así, el músico fue arrestado y llevado a un calabozo acusado de abuso sexual de menores. Se espera que en las próximas horas declare frente al fiscal Prieto por los delitos que se le imputan.

No es la primera vez que “Tito” queda detenido. En 2019 había sido arrestado en el Partido de la Costa tras una secuencia que empezó con la denuncia de amenazas a una mujer, la persecución de la Policía, disparos y un agente atropellado.

El episodio comenzó en la localidad de la Lucila del Mar cuando personal del destacamento de Costa Azul recibió un alerta en la que se denunciaba que “Tito”, hasta ese momento identificado como N.N., le había dicho a una mujer que la iba a matar.

El músico estaba con su camioneta Volkswagen Amarok en la esquina de las calles Moreno e Islas Malvinas. Pero cuando llegó el patrullero, escapó. La mujer advirtió a los policías que estaba armado y comenzó una persecución que incluyó un operativo cerrojo.

Alí huyó hacia la localidad de Aguas Verdes, pero sobre la Ruta N°11 fue interceptado por otros patrulleros. Según indicaron fuentes policiales, “Tito” recibió la orden de bajar de su camioneta. Cuando el teniente Rubén Patri le abrió la puerta del vehículo, se produjo un forcejeo y, en ese momento, el policía detectó que Alí tenía un arma de fuego a un costado y que mientras luchaban el cantante manoteó su pistola y aceleró. Luego, quedó detenido.

Juan Luis Turano, el denunciante relató ante medios de la provincia que “los abusos sucedieron cuando tenía entre 6 y 9 años"

"Hace tiempo vengo acarreando esto y ya no aguanto más la situación. Me enteré de muchas cosas que pasaron y están pasando, y dudo que no lo haya hecho con otras personas”, dijo.

“Estos hechos ocurrieron reiteradas veces, hasta que comenzó a venir a Paraná por su trabajo, ya que iba a asumir como vocal en Tribunales. Yo rogaba que llegue el lunes, porque él viajaba y no quería que sea viernes, porque sabía que él volvía a nuestra casa”, expresó.Juan Luis, contó que a medida que “iba creciendo, me iba dando cuenta de las cosas que pasaban y lo enfrentaba”. Seguidamente, agregó: “quiero justicia, yo me presentó para que el caso no prescriba. No lo denuncie antes por miedo”.

Fuente: APF

Ángela Rodríguez, la secretaria de “Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género”, anunció que espera que para finales del mes de agosto esta nueva ley, popularmente conocida como “Solo sí es sí, cuyo nombre real es “Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual”, sea aprobada.

Dicha ley sigue causando mucha polémica en la sociedad española, ya que consiste en tener que otorgar de forma explícita el consentimiento a la hora de tener relaciones sexuales con una persona. De lo contrario, las mujeres tendrán el derecho a ejercer acciones legales en contra de la otro persona involucrada en la relación si se sintieron acosadas y/o abusadas. 

Irene Montero, ministra de Igualdad y esposa de Pablo Iglesia, fundador del partido político de izquierda Podemos, dijo que esta ley es un “paso decisivo” y le permitirá a las mujeres “ser mucho más libres”. Desde el gobierno, liderado por Pedro Sánchez del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), expresaron que “el modelo de solo sí es sí deja claro que el silencio o la pasividad no necesariamente significan consentimiento”. 

Cristian Aldana está preso desde diciembre de 2016 por siete denuncias por abuso sexual. Esta semana, la condena al líder de El Otro Yo quedó confirmada: pasará 25 años en la cárcel.

En principio le habían dado 22, pero los jueces Gustavo Bruzzone y Jorge Rimondi incluyeron dos denuncias que habían sido consideradas prescriptas anteriormente. Finalmente, la Justicia lo consideró responsable de 6 casos de corrupción de menores.

La condena inicial a Cristian Aldana la dio el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 25 en julio de 2019: 22 años de prisión por el delito de corrupción de menores.

Pero el mes pasado, la fiscal María Luisa Piqué, titular de la Unidad Fiscal de Asistencia ante la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional, sugirió que debía rechazarse la apelación que había iniciado la defensa del músico.

“Estimo que la pena de 25 años de prisión resulta proporcional al grado de culpabilidad de Aldana por los hechos objeto de pronunciamiento, al tiempo que resulta adecuada a los fines preventivo­s especiales que deben regir la ejecución de toda pena privativa de la libertad”, resolvió Casación.

“Considerando el plazo de prescripción de diez años señalado correctamente por la defensa, y que llega al 2018, ninguno de los hechos por los que Aldana fue juzgado y condenado se encontraba prescripto a la fecha del primer llamado a indagatoria que se produjo el 21 de diciembre de 2016″, señaló Bruzzone.

En el primer fallo, el relato de las denunciantes fue respaldado por otros elementos de prueba, como informes psicológicos y psiquiátricos, además de coincidir en cómo Aldana solía captar a sus víctimas. El perfil de sus elegidas también coincidían: adolescentes de entre 14 y 16 años, con problemas familiares en sus casas y fanáticas de la banda.

Como si no fuese suficiente, declararon más de 100 testigos, entre ellos otras jóvenes que decidieron no denunciarlo, aunque hablaron de su experiencia con él ante la justicia.

Cristian Aldana usó el Facebook de El Otro Yo para hacer su descargo tras conocerse su nueva condena. Allí apuntó a la Cámara de Casación N°1: según su testimonio, se niegan a reconocer su “indefensión” por no contar con su abogado de confianza.

Además, aseguró que su causa está siendo manejada “de forma arbitraria e irregular”. “Es inaudito que los jueces de Casación se nieguen a mirar los videos de las audiencias, dado que con solo verlos, se certifica que lo que sostengo es cierto: que no tuve, ni tengo, derecho a la defensa”, dijo, apostando al rol de víctima que adoptó desde que está sentado en el banquillo de los acusados.

“Inevitablemente, tendré que acudir a la Corte Interamericana para reparar esta grotesca y terrible injusticia”, adelantó.

Al mismo tiempo, aseguró que no va a rendirse: “Seguiré luchando y pidiendo un juicio justo hasta mis últimas fuerzas, por mis hijos y por las personas que creen en mí”.

La joven que declaró la semana pasada en la causa que tiene al futbolista Sebastián Villa acusado por el presunto abuso sexual de una mujer en un country de la localidad bonaerense de Canning aseguró ante la Justicia que esa misma noche también fue víctima del colombiano, quien la encerró en una habitación, "se bajó los pantalones y se subió encima" de ella, pero que en un descuido logró escapar.

Si bien declaró como testigo en el marco de la investigación por el supuesto "abuso sexual con acceso carnal" que tuvo como víctima a Rocío Tamara Doldán (26), la nueva víctima le dijo a la fiscal que no quiere instar la acción penal, y como se trata de un delito de instancia privada, no puede ser investigado sin su autorización.De todas formas, la fiscal de la causa Vanesa González, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Esteban Echeverría, incorporó su testimonio al expediente y le sirve para obtener nuevos elementos de prueba como para indagar al imputado el próximo jueves.

En este nuevo testimonio, la joven -de quien se preserva su identidad para no ser revictimizada- contó que concurrió a la casa de Villa la noche del 26 de junio del año pasado a pedido del guardaespaldas del futbolista de Boca, apodado "Vikingo" y, de hecho, su nombre quedó registrado en el libro de ingresos del country "Venados II".De acuerdo con su relato, durante la madrugada le pidió una camiseta al futbolista y este se la llevó a la habitación.

"Me agarró del brazo y de dos empujones me metió a la pieza, fue dos segundos. Cerró la puerta. Me empezó a besar, yo le dije que no quería estar con él, que solo quería la camiseta", explicó la joven, quien agregó que cuando quiso salir de la habitación, Villa la "empujó a la cama", que forcejeó con él y que no le entendía lo que decía "porque estaba muy borracho"."El se bajó los pantalones y se subió encima mío", agregó la nueva víctima, quien aseguró que le "arrancó la bombacha" y que la tenía "agarrada de los brazos", hasta que logró distraerlo y pudo escapar de la habitación.Esta testimonial, junto a otras que tomó días atrás a distintas personas que participaron del encuentro la noche del 26 de junio pasado, forman parte de las nuevas medidas de prueba que la fiscal González suma al expediente con el fin de profundizar la pesquisa por el abuso sexual, como le ordenó el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, cuando rechazó el pedido de detención de Villa formulado el 7 de este mes.Ahora, la fiscal aguarda el próximo jueves a Villa, a quien indagará por la violación de Doldán.La denuncia contra el delantero de Boca fue presentada por escrito el 13 de mayo en la UFI 3 de Esteban Echeverría y a los tres días la víctima la ratificó de manera presencial en la fiscalía.La joven contó que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el country "Venado II" de la localidad bonaerense de Canning, partido de Ezeiza, donde vivía el futbolista, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneize.Según la denuncia, Villa había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador, y, allí, según dijo, Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.Esta no es la única causa penal que involucra a Villa, ya que el delantero de Boca será sometido a un juicio entre el 19 y 21 de septiembre próximos en otro expediente que le inició su expareja por las lesiones y amenazas sufridas en abril del 2020 en la casa que compartían en la localidad bonaerense de Canning.De hecho, una jueza correccional de Lomas de Zamora ya le había concedido al acusado una autorización especial para viajar a Brasil la semana próxima, a pesar de que tiene un impedimento judicial de abandonar el país en el marco de esa otra causa. Fuente: (Telefe)

La defensa del futbolista colombiano Sebastián Villa solicitó la postergación para el 30 de junio de la indagatoria que debía prestar el viernes próximo en la causa que lo tiene como acusado del abuso sexual de una joven en un country de Canning, en junio del año pasado, informaron fuentes judiciales.

El abogado Martín Apolo, defensor de Villa, presentó un escrito ante la fiscalía Especializada de Violencia de Género de Esteban Echeverría, a cargo de Vanesa González, para que se postergue la indagatoria porque tiene dos compromisos futbolísticos con su club Boca Juniors que le impedirán estar presente.

Es que, aún cuando está imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal" de una joven de 26 años, el delantero xeneize fue convocado por el técnico de Boca Sebastián Battaglia para disputar el mismo viernes a las 20.30 el partido por la campeonato local contra Unión; y luego tiene previsto viajar a la ciudad brasileña de San Pablo para jugar el encuentro por los octavos de final de la Copa Libertadores de América frente a Corinthians.

De hecho, un juez correccional de San Martín ya le concedió una autorización especial para viajar a Brasil la semana próxima, a pesar de que tiene un impedimento judicial de abandonar el país en el marco de otra causa que lo tiene como imputado -y a punto de ser sometido a juicio oral- por violencia de género contra su expareja.

El pedido de la defensa de Villa fue rechazado por el abogado que representa a la víctima, Roberto Castillo, por lo que aún debe resolver la fiscal González si hace lugar y posterga la indagatoria, la cual estaba prevista para el próximo viernes a las 10.30.

Por otra parte, la fiscal pidió hora y fecha para que le realicen a Villa un informe psicológico con psicodiagnóstico, como parte de los elementos de prueba que le reclamó el juez de Garantías de San Martín Javier Maffucci Moore cuando rechazó un pedido de detención del colombiano.

El 7 de este mes, la fiscal había solicitado la detención del goleador por considerar que existe peligro de fuga debido a la expectativa de pena que tiene el delito que se le imputa, de 6 a 15 años de prisión, no excarcelable.

Sin embargo, ese pedido fue rechazado por el juez Maffucci Moore, quien consideró que la declaración de la víctima no es prueba suficiente como para encarcelarlo y le sugirió a la fiscal González profundizar la investigación.

La denuncia contra Villa fue presentada por escrito el 13 de mayo en la UFI 3 de Esteban Echeverría y a los tres días la denunciante la ratificó de manera presencial en la fiscalía.

La víctima contó que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el country "Venado II" de la localidad bonaerense de Canning, donde vivía el futbolista, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneize.

Según la denuncia, Villa había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.

Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador, y, allí, según dijo, Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.

Esta no es la única causa penal que involucra a Villa, ya que el delantero de Boca será sometido a un juicio entre el 19 y 21 de septiembre próximos en otro expediente que le inició su expareja por las lesiones y amenazas sufridas en abril del 2020 en la casa que compartían en la localidad bonaerense de Canning.

Tanto fuentes judiciales como los abogados de la querella y de la defensa confirmaron a Télam que las audiencias se desarrollarán ante el juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Claudia Dávalos, y el futbolista llegará acusado del delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas" contra su expareja Daniela Cortés, también colombiana.

El juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Rossi, deberá definir en los próximos días dónde el abogado Gustavo Rivas deberá cumplir los 8 años de prisión tras ser condenado por los delitos de abusos sexuales con corrupción y promoción a la prostitución de menores.

En ese sentido, el Tribunal de Primera Instancia integrado por Alicia Vivian, Mauricio Derudi y Arturo Dumon le otorgó a Rivas el beneficio de comenzar con una prisión domiciliaria en virtud de sus 77 años, mientras se sustancia la conformación de un nuevo Tribunal para que fije la pena de otros 7 hechos que fueron declarados no prescriptos por el Superior Tribunal de Justicia, ya que los consideró "graves violaciones a los derechos humanos".

Sin embargo, la medida solicitada por el defensor de Rivas, Raúl Jurado, ya fue objetada por la Fiscalía. Lisandro Beherán presentó este miércoles un escrito ante el juez Rossi pidiendo que el condenado vaya a una cárcel común ya que hasta aquí -más allá de su edad nunca manifestó ninguna enfermedad que lo habilite al beneficio de la domiciliaria.

En estos días, Rivas es sometido a una serie de estudios médicos para determinar cómo es su real estado de salud y así clarificar si le corresponde la domiciliaria. Con la causa radicada en el Juzgado de Ejecución de Penas y el pedido de detención en una unidad penal por parte de la Fiscalía se aguarda la resolución de Rossi.

Recordemos que Carlos Rossi enfrentó y superó un jury de Enjuiciamiento por mal desempeño en el marco de la Causa Micaela García, cuando le otorgó al feminicida Sebastián Wagner la posibilidad de salidas laborales y terminó asesinado en Gualeguay a la joven de Concepción del Uruguay.

La fiscal Vanesa González le pidió este martes por la noche a la Justicia de Garantías de Lomas de Zamora la detención del delantero de Boca Juniors Sebastián Villa, acusado de abuso sexual con acceso carnal tras la denuncia de una joven con la que mantenía una relación. El ataque ocurrió en 2021, en base al testimonio de la víctima.

Ahora será el Juzgado de Garantías N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Javier Leandro Maffucci Moore, quien definirá si convalida o no el pedido de detención de Villa que hizo la fiscal.

Poco antes de la 19 de este martes fuentes de la investigación habían adelantado a este medio que la fiscal González iba a solicitar el arresto del jugador. Alrededor de las 20.30, se concretó ese pedido.

Infobae accedió al documento donde se solicita la detención. Ahí, se detalla: “Por lo que a juicio de esta Fiscal se encuentra probado la comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal… y motivos bastantes para sospechar que Sebastián Villa Cano ha participado en su comisión, y... solicito se dicte la correspondiente ORDEN DE DETENCION ”.

Pericia psiquiátricaLo cierto es que, luego de la pericia psiquiátrica al futbolista colombiano, que determinó que Villa tiene “una personalidad normal” y “no presenta patología psiquiátrica o trastornos mentales”; era inminente el pedido de las fiscales de la UFI N°3 de Esteban Echeverría que investigan al colombiano para que comparezca en la causa.

El jueves pasado, la especialista que hizo la pericia a Villa durante una hora, la médica psiquiatría Yanina D´Emilio, concluyó que el futbolista no padece “patologías psiquiátricas, por lo que puede declarar sin perjuicio de su bienestar psicofísico”.

Hasta ahora, además de la víctima, las fiscales González y Verónica Pérez escucharon a las dos médicas que atendieron a la denunciante al día siguiente del supuesto abuso sexual y coincidieron en que no recuerdan el caso y que se atienen a lo que dice la historia clínica. Es decir, que no vieron ningún tipo de lesión.

Sin embargo, durante los interrogatorios, el abogado de la víctima, Roberto Castillo, hizo hincapié en preguntar por unos estudios complementarios. Es que la víctima asegura que la mandaron a hacer una serie de procedimientos de los que se estilan ordenar en casos de abuso. Las dos médicas lo negaron. Esa contradicción, podría zanjarse si aparece el documento en el que se le ordena a la mujer realizarse esos estudios.

También recibieron el contundente informe psiquiátrico a la víctima. Allí se reveló que la joven “presenta indicadores de abuso sexual durante el relato de los hechos” con “angustia” y un “trastorno de estrés post-traumático”. También se concluyó que en su testimonio “no se advierten indicadores de fabulación o mendacidad”.

El ex gobernador de Tucumán José Alperovich responderá hoy a las acusaciones por la denuncia de abuso sexual que hace más de dos años hizo su sobrina. En diciembre pasado perdió sus fueros como senador nacional del Frente de Todos. La Fiscalía había pedido tres veces su indagatoria y el juez en lo criminal Osvaldo Rappa lo convocó de manera virtual para este miércoles a las 9.30.

Todo se enmarca en la denuncia que hizo la sobrina y exasesora de Alperovich el 22 de noviembre de 2019. “Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe”, narró entonces”, dijo en aquel momento.“El mío se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quien fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él”, sostuvo.

Apenas se conoció la denuncia, el entonces senador sostuvo: “Desde hace tiempo he sido víctima de amenazas y exigencias indebidas por parte de quién ahora se presenta falsamente como víctima”. El escándalo político creció y Alperovich pidió una licencia de seis meses sin goce de sueldo en la Cámara Alta. Una vez que finalizó ese periodo, el bloque de senadores del Frente de Todos extendió ese requerimiento por tiempo “indefinido”. Así terminó su mandato en diciembre pasado, sin regresar a su banca.

Puntualmente, la mujer lo acusó por siete hechos. Dos de ellos habrían tenido lugar en la provincia del norte argentino, mientras que por los otros cinco en CABA. Se abrieron entonces dos causas, una en Tucumán y otra en Buenos Aires. Las dos se decían incompetente. Fue la Corte Suprema la que definió que se investigara en la Capital Federal.

El 30 de diciembre del 2020, mientras se definía la votación de la ley del aborto en el Congreso, los fiscales Santiago Vismara y Mariana Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), reclamaron la indagatoria del ex gobernador.

Sostuvieron que los casos de abuso sexual se cometen en un ámbito de intimidad donde no siempre es posible contar con testigos directos de lo ocurrido. Y señalaron que: “Por ello, las mujeres víctimas de esta clase de agresiones y abusos enfrentan grandes dificultades para denunciarlos, todo lo cual ha llevado al trazado de políticas públicas que, desde el servicio de justicia, se vienen desarrollando hace algunos años, a fin de garantizarles una asistencia eficaz y oportuna”.El planteo de los fiscalesEn su dictamen los fiscales resaltaron el informe pericial psicológico, las constancias médicas, las comunicaciones mantenidas entre la víctima y Alperovich, que otorgaron “fuerza probatoria” a los dichos de la denunciante. Hicieron hincapié en la necesidad de aplicar “un criterio de amplitud probatoria”, es decir, que se consideren las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos “siempre que estos sean indicios graves, precisos y concordantes”.

Labozzetta y Vismara además señalaron: “Puede sostenerse que la prueba más trascendental en estas causas son los dichos de la víctima y los elementos reunidos deben evaluarse bajo la directriz que establece la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer”. A esto le sumaron que en el expediente se cuenta con “sobrados elementos de cargo” que sustentan esos dichos.

Y en el caso de la denunciante, resaltaron que la relación de asimetría estaba atravesada también por la relación laboral que tenía con Alperovich y la posición de poder que éste ostentaba, no solo en la cuestión de trabajo sino a nivel provincial y nacional.

Además de la relación familiar, los fiscales tuvieron en cuenta la diferencia de edad (35 años); la situación de dependencia laboral; el hecho de que Alperovich era y es un reconocido político con influencia provincial y nacional, que gobernó años Tucumán, la provincia donde la denunciante vive actualmente. La joven relató en su denuncia el contexto de “permanente control y humillación en el que se desenvolvía esa relación, el constante tono imperativo de él hacia ella y la naturalización del entorno de frases obscenas proferidas por él y dirigidas a ella y a otras personas”.

Los fiscales Vismara y Labozzetta concluyeron que se debe indagar a Alperovich porque los hechos que le imputaron “se enmarcan en un contexto de violencia sexual, intrafamiliar y acoso laboral por razones de género”.

El planteo no tuvo respuestas y los fiscales lo reiteraron en diciembre pasado. “En su gran mayoría, los casos de abuso sexual como el presente se cometen en un ámbito de intimidad en donde no siempre es posible contar con testigos presenciales de lo ocurrido. Por ello, las mujeres víctimas de esta clase de agresiones y abusos enfrentan grandes dificultades al momento de denunciarlos, todo lo cual ha llevado al trazado de políticas públicas que, desde el servicio de justicia, se vienen desarrollando hace algunos años, a fin de garantizarles una asistencia eficaz y oportuna”, habían explicado los representantes del Ministerio Público en el dictamen que presentaron en diciembre de 2021.

Una vez más, el pedido volvió a ser formulado. “Se vislumbra un cuadro probatorio con la suficiente entidad que permite encuadrar la situación fáctica a la norma procesal delimitada en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, dándose en la especie el estado de sospecha al que ésta alude”, insistieron. Ahora, el juez Rappa firmó el llamado a indagatoria. El ex gobernador deberá presentarse a esa declaración este miércoles.

El juez Arturo Dumon preside el tribunal que también integran sus pares Alicia Vivían y Mauricio Derudi condenó a 13 años de prisión efectiva a Enrique Antonio Funes, por ser responsable de los delitos de "abusos sexuales con acceso carnal y corrupción de menores” contra su propia nieta, mujeres y un hombre por hechos ocurridos desde 1982.Sin embargo, desde la defensa del acusado a cargo de Víctor Rebossio precisaron que apelaran el fallo de primera instancia y solicitarán la prisión domiciliaria por cuestiones de salud y los 74 años de edad de Funes.

Recordemos que fue denunciado por su propia nieta, Fernanda Terreni Franco, y otras tres personas. La víctima denunció públicamente el hecho y luego lo refrendó ante la Fiscalía, en 2020, durante la pandemia.La pena interpuesta por la Justicia local estuvo en línea con el pedido realizado por la Fiscalía y acusación durante el juicio que culminó el 7 de abril pasado. 

El hecho fue denunciado en la localidad de Viale en diciembre de 2016. La sentencia se conocerá el miércoles 23 a las 12. El miércoles 16 durante la mañana se realizaron los alegatos en el juicio que se sustancia contra un hombre que siendo empleado del municipio de Viale, habría violado en un galpón de la comuna a un compañero de trabajo con síndrome de down.

El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Alejandro Cánepa, adelantó que dará a conocer la sentencia el miércoles 23 a las 12.Fuentes judiciales precisaron que la acusación pública, en manos de las fiscales Natalia Taffarel y Matilde Federick, y la querella particular, a cargo de Eduardo Gerard, coincidieron en solicitar la pena de 10 años de prisión. La defensa, responsabilidad de Marciano Martínez, solicitó su absolución.

Según se precisó, durante el debate que se realizó entre el lunes 14 y el martes 15 de marzo, declararon 17 testigos. El hecho investigado habría ocurrido en diciembre de 2016 en el interior de las instalaciones de la Municipalidad de Viale, más precisamente en unos galpones donde ambos trabajadores realizaban tareas, publicó ElDiario.

El caso conmocionó a la localidad y tuvo repercusiones en el Concejo Deliberante por acusaciones cruzadas respecto a si el intendente de la localidad en el momento de la denuncia que realizaron los familiares de la supuesta víctima, estaba tanto del caso.

Las acusaciones y señalamientos sobre presuntas responsabilidades desde la gestión comprendieron manifestaciones que sostuvieron que desde la cabeza de la comuna se intentó tapar el caso.

También se señaló que con la denuncia realizada y con el caso instalado en la opinión pública, desde la comuna no sólo que no se apoyó a la víctima y su familia, sino que la gestión le renovó al acusado el contrato que lo vinculaba al municipio.