Un numeroso grupo de acopios, cooperativas y productores agropecuarios que el año pasado formaron el "Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin" anunció este domingo que "impulsan y participan activamente" en el proceso de Cram Down de la defaulteada agroexportadora; esto es un salvataje a través del control de terceros. .

"Para acompañarnos en este camino, y porque sabemos que existe una sola forma de llevar adelante un proceso que alinee los intereses y posibilidades de los participantes de este concurso, hemos seleccionado a UBS Investment Bank (UBS) como Advisor Financiero", anunciaron por medio de un comunicado titulado "Ante el fracaso de Vicentin, el agro propne una solución para todos" y que lleva la firma de 64 empresas agropecuarias.

Convencidos de que Vicentin se encamina a la quiebra y desguace, y para defender los derechos de los acreedores, este grupo que tiene entre sus promotores al grupo Grassi (que es el segundo acreedor comercial de la aceitera), aseguran que "desarrollamos un modelo de negocio virtuoso, que permite pagar a los acreedores granarios la totalidad de sus acreencias, medidas en la moneda de la cadena, y con ello construir el motor para la continuidad de la empresa y para obtener los recursos necesarios en una reestructuración del pasivo".

Además de Grassi, en la lista de los 64 cerealistas que participan del proyecto figuran, entre otros, Agricultores Ganaderos Villa Cañas SRL, Aguirre Vázquez SA, Agroinversiones Pampeanas SA, Bosetti Cereales SA, Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong Limitada, Gagliardo Agricola Ganadera S.A, GEAR SA, Granar, La Clementina y Moscoloni Hnos.

La semana pasada, un "grupo nacional" había contratado un banco de primera línea para encarar el proceso de cram down, que ahora formaliza a la opinión pública sus objetivos. Los ejecutivos del UBS ya tomaron contacto con el Banco Nación y con los bancos extranjeros, que son los principales acreedores de Vicentin, quienes recibieron muy bien la gestión y la iniciativa.

Es que, precisamente, el dato clave es que el UBS participe del proceso, ya que es líder global en este tipo de complejas negociaciones. Y además porque les da una muy fuerte validación institucional a la iniciativa del fideicomiso ya que es un banco que muy selectivo a la hora de tomar clientes y que además su participación le da entidad a la propuesta y por eso ya fue recibido por el conglomerado de bancos extranjeros acreedores de Vicentin.

Si bien el grupo cerealero reunido en torno al fideicomiso viene reuniéndose desde principios de 2020, asoma ahora con la propuesta de cram down porque el concurso de acreedores entró en una fase decisiva.

Es que luego de que Vicentin presentara una oferta de pago (abonar el 30% en 15 años) que generó no sólo el rechazo de los acreedores (con el Banco Nación, el principal acreedor, a la cabeza), hasta el juez que lleva la convocatoria, Fabián Lorenzini, les pidió que la reformule. A regañadientes, la firma lo aceptó pero le pidió ahora que extienda el plazo de exclusividad para negociar con los acreedores (bloqueando así el "cram down") que termina el 16 de diciembre, y en las próximas horas el magistrado deberá tomar una decisión. Y es que si no hay acuerdo de acreedores, el cram down es la única forma de evitar la quiebra.

Pero para los participantes del "fideicomiso de acreedores granarios", la propuesta de pago no tienen forma de prosperar. Y como hasta la califican de "fraudulenta", por eso activan la preparación del "cram down". Y así se expresan en el comunicado completo publicado a continuación y que dice lo siguiente:

"La inminente quiebra de Vicentin, por la irrazonable, abusiva y potencialmente fraudulenta propuesta presentada, violatoria del derecho de propiedad de los acreedores -según las expresiones del propio juez Fabián Lorenzini- nos impulsan a avanzar en los pasos necesarios para promover una solución alternativa en el marco del concurso.

La quiebra y/o el desguace o un plan de pagos como el planteado, son un golpe al corazón de la cadena del agro, es decir, a cientos de Pymes de todo el país, que verán socavados sus capitales de trabajo, construidos con mucho esfuerzo durante décadas.

Hace casi dos años que un número importante de acreedores granarios, conformamos un grupo abierto de trabajo dispuesto y comprometido a sumarse y colaborar, como un bloque ágil y dinámico, en los proyectos que persiguieran la continuidad de la empresa y con ello, el resguardo equilibrado de los intereses de todas las partes afectadas.

Entendimos siempre, que en una empresa en la situación de Vicentin, el aporte del sector proveedor de granos era determinante para la continuidad de la misma y que los "granarios" debían ser cuidados y respetados si, verdaderamente, se perseguía la restauración de la cadena comercial y el bienestar del agro argentino.

Trabajamos mucho para transmitir a la concursada, a los síndicos y al juez del concurso que, dolarizar las acreencias granarias, era lo justo para esta cadena que opera 100% en esa moneda, y condición fundamental para pensar en un futuro de la empresa. Ofrecimos ideas y propuestas que sistemáticamente parecían caer en saco roto, con una continua postura esquiva de los participantes que, se suponía, estaban interesados en solucionar el problema. Nuestras charlas con los principales grupos damnificados comenzaron a principios del año 2020 y hemos construido un entendimiento y respeto mutuo.

Comprendiendo las limitaciones e intereses de cada una de las partes, desarrollamos un modelo de negocio virtuoso, que permite pagar a los acreedores granarios la totalidad de sus acreencias, medidas en la moneda de la cadena, y con ello construir el motor para la continuidad de la empresa, para el mantenimiento de los puestos de trabajo y, para la obtención los recursos necesarios en una reestructuración del pasivo.

Hoy, a la luz de los hechos expuestos, conociendo la imposibilidad de que una propuesta como la planteada prospere, y, la voluntad explícita del gobierno de proteger la competencia y las fuentes de trabajo, evitando el desguace y la concentración en la industria, hemos decidido avanzar en los pasos necesarios para transformar el modelo validado, en la solución a concretar.

Es por ello, que agotadas todas las instancias con la concursada, impulsaremos y participaremos activamente en el proceso de Cram Down de Vicentin para proponer y luego implementar el modelo anunciado, y al que invitaremos a participar a todo aquel que quiera aportar a este proyecto transformador para el agro argentino.

Para acompañarnos en este camino, y porque sabemos que existe una sola forma de llevar adelante un proceso que alinee los intereses y posibilidades de los participantes de este concurso, hemos seleccionado a UBS Investment Bank ("UBS") como Advisor Financiero. Nos encontramos en plena tarea y esperamos poder comunicar los avances en corto plazo".

A continuación, la lista completa de los acreedores que forman el fideicomiso que firmó el comunicado y contrató al banco UBS:

Admin. industrial y agrop. SA

Agricultores Ganaderos Villa Cañas SRL

Agro Hernando SRL

Agro Matorrales SA

Agroempresa Colón SA

Agroempresa Semillas SA

Agroinversiones Pampeanas SA

Aguirre Vázquez SA

Alassia Cereales SA

Albarellos Cereales SRL

Albeciano Misael Domingo

Alfredo Sebastian Mondino

Bartolo J Pons

Baya Casal Enrique M. SA

Borsini SA Bosetti Cereales SA:

Bruno Tesan SA

Cereales Santa Lucia SA

Cerros Servicios Agrícolas SA

Cifre Agropecuaria S.A.

Comini Daniel Heraldo

Comini Hermanos SA

Commodities S.A.

Coop. Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Limitada

Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong Limitada

D5 Cereales SRL

Delfino C Porporato y Cia SRL

Desab SA Distribuidora Royjo SRL

Division Agropecuaria S.A.

Don Ponciano SA

Dottori Hnos SA

El Choli SA

El Remanso SA

El Sol Agropecuraria SRL

Elorza Marcelo y José María SRL

Enrique Berdini y Cia Feccia y Battistoni SRL

Fedea SA

Flor del Cardo Fraisa S.A.

Gagliardo Agricola Ganadera S.A

Galvez Cereales SA

Gear SA

Granar SRL

Granos del Oeste SA

Granos del Plata

Grassi S.A.

Grupo Ckoos SRL

Guira Guazu SA

Héctor A Bertone S.A.

Integral Acopio SRL J A Agricola

La Clementina S.A.

La Constancia Agro SA Lopez Carlos Walter Merlo y Manavella S.A.

MH Cereales SRL

Morel Vulliez SA

Moscoloni Hnos.SRL

MyMsa Agronegocios S.A.

Ortega Hermanos S.A.

Pussetto Agropecuaria SRL

R. Y G Sgarlatta SRL

Ramon Rosa y Cia.S.A.

Santiago Dugan Trocello SRL

Terra Verde Agro Insumos SA

Terrapampa SA

Teumaco cereales SA

Villarrica SRL

Zanoy Agro y Servicios SA

(Fuente: Rosario 3)

El expresidente Mauricio Macri escribió en su cuenta personal de Twitter que espera que la jueza que interviene en el concurso de acreedores del Correo Argentino S.A., Marta Cirulli, rechace la posición expresada por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) que desestimó la oferta de la empresa del Grupo Macri y reclamó que se decrete la quiebra de esa firma.

"Espero que la jueza Cirulli rechace ese abuso militante y acepte la propuesta del pago del 100% (de la deuda)", sostuvo el exmandatario en un mensaje en el que además calificó de "atropello" la postura de la PTN, que encabeza Carlos Zannini, de desestimar la oferta de la empresa de los Macri por considerar que representa una quinta parte de lo que en realidad debe la firma.

"Espero que la jueza Cirulli rechace ese abuso militante y acepte la propuesta del pago del 100% (de la deuda)"

MAURICIO MACRI

El Correo Argentino S.A. ofreció pagarle al Estado, de una sola vez y como toda deuda, 1.011 millones de pesos: la cifra representa bastante más que los 296 millones (a pagar en cuotas) que estuvo dispuesto a aceptar el gobierno de Macri pero mucho menos de los más de 5.000 millones que reclama la PTN.

Cuando rechazó la última oferta de la empresa de los Macri, Zannini remarcó que la instancia del salvataje no está prevista para generar mayor litigiosidad y por ello reclamó la quiebra de la firma, lo que podría generar que otras empresas de ese holding, como SOCMA, deban hacerse cargo de las deudas.

El expresidente Macri afirmó en el mensaje que escribió en redes sociales que si la jueza acepta la oferta rechazada por varios de los acreedores más importantes del Correo Argentino S.A. "se evitará un perjuicio al Estado y la persecución ilícita a mis hermanos e hijos, que es su plan de venganza", dado que él los colocó como accionistas de SOCMA en 2009.

"Antes Macri lo mandaba a Pepín (el abogado Fabián Rodríguez Simón) a presionar para que las cosas salieran como él quería, pero ahora parece que Pepín perdió efectividad y además está en Uruguay, asi que tuvo que salir él", le dijo a Télam una fuente judicial que sigue de cerca el trámite del concurso.

El expediente

La Procuración del Tesoro de la Nación interviene en el expediente del concurso del Correo a partir de un decreto firmado por el propio expresidente Macri: el primer procurador que intervino fue Carlos Balbín y el segundo, Bernardo Saravia Frías.

Balbin fue desplazado de su cargo porque, entre otras cosas, no estaba de acuerdo con aquella oferta que el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, se mostró dispuesto a aceptar por parte del Correo Argentino S.A., según confirmaron a Télam fuentes seguras.

Cuando lo invitaron a presentar la renuncia, a Balbin le hicieron saber que el gobierno de Macri había perdido su confianza en él y que su lugar sería ocupado por alguien que sí representara sus intereses: lo reemplazó Saravia Frías, que había sido abogado del Grupo Macri.

La PNT no fue la única que rechazó la propuesta de salvataje del Correo Argentino S.A. que incluía pagarle a los demás acreedores en 10 cuotas anuales: el Banco de la Nación Argentina y un grupo de acreedores con créditos laborales legitimados tampoco prestaron conformidad, según pudo reconstruir Télam.

La concesión del Correo Argentino

El Grupo Macri obtuvo la concesión del Correo Argentino en 1997 durante el gobierno del fallecido expresidente Carlos Menem y esa concesión fue rescindida en 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner detectó que la empresa solo había pagado uno de los cánones semestrales que le correspondía abonar por cifras superiores a los 50 millones de pesos/dólares.

El concurso de acreedores del Correo Argentino S.A. comenzó en el 2001 y el caso cobró mayor exposición pública en 2016, durante el Gobierno de Macri, porque el Poder Ejecutivo se mostró dispuesto a aceptar una oferta que consideraba que la deuda era la misma que en 2001 y proponía pagarla en 15 cuotas, algo que la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, se opuso por considerar que era "abusivo".

El presidente Alberto Fernandez se refirió a la deuda del Correo Argentino S.A. durante una entrevista que le concedió a El Destape Radio en la que afirmó que "la deuda que le están reclamando a Macri es porque él había incumplido todos los pagos, nunca hubo una persecución".

"Nunca nos denunció Macri cuando le quitamos la concesión por abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos con lo cual me parece que el papá de Macri sabía que lo que le decíamos era cierto", remarcó.

Entre Ríos anunció que este viernes 12 que llegó a un acuerdo por su deuda con acreedores, allanando el camino para que los bonistas retiren una demanda legal contra la provincia en tribunales de Nueva York.

Entre Ríos llegó a un acuerdo en principio con un grupo de acreedores que posee el 58% de sus US$500 millones en bonos con vencimiento en 2025, según un comunicado de la provincia publicado tarde el 11 de febrero. La provincia espera lanzar formalmente una solicitud de consentimiento "tan pronto como sea posible", agregó.

La provincia, que enfrenta una demanda en un tribunal federal de Manhattan por US$11,9 millones en intereses impagos sobre los bonos, agregó en su comunicado que espera que el grupo de acreedores retire un reclamo presentado en el tribunal federal de Nueva York en enero si el intercambio se resuelve con éxito.

La demanda marcó el primer reclamo legal contra una provincia argentina después de que, el año pasado, varios distritos iniciaran negociaciones de deuda individuales con sus acreedores en el extranjero.

Entre Ríos comenzó las conversaciones con acreedores tras un default el 7 de septiembre, luego de que la provincia incumpliera un pago de intereses de US$ 21.87 millones con vencimiento originalmente en agosto.

El importante acuerdo, que alivia sustancialmente los compromisos financieros de la provincia para los próximos años, fue alcanzado tras siete meses de intensas negociaciones llevadas adelante por la provincia y lideradas por el Banco Entre Ríos, entidad que desempeñó un rol central en todo el proceso, desde la exitosa emisión del bono en 2017 hasta el cierre de las tratativas con los acreedores.

El acuerdo alcanzado, basado en una extensión de los plazos y la reducción de los intereses, permitirá al Estado provincial contar con mayores recursos para ser invertidos en políticas públicas y en el financiamiento de la economía y de los sectores productivos.

El conflicto de la provincia con sus acreedores comenzó el pasado 8 de agosto, cuando la gobernación no pagó US$21,87 millones por un cupón de interés del bono de US$500 millones emitido bajo legislación extranjera, en 2017.