El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Gualeguay, Olegario Escobar, confirmó en diálogo con medios locales que el Ejecutivo alcanzó un acuerdo salarial con el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, tras una serie de reuniones que, según destacó, se desarrollaron en un marco de “buen diálogo”. De acuerdo a lo explicado por el funcionario, el entendimiento establece una pauta salarial con vigencia hasta octubre y contempla un esquema mixto de aumentos fijos y actualizaciones atadas a la inflación. En concreto, se acordó un incremento del 6% para marzo —que se liquidará en los próximos días— y otro 6% en junio.

Además, el acuerdo incluye cláusulas de actualización: en julio se abonará lo correspondiente a la inflación acumulada de abril y mayo, mientras que en octubre se revisarán los índices inflacionarios de julio, agosto y septiembre. “Es un acuerdo que surgió de diferentes reuniones y de un buen diálogo con el sindicato”, señaló Escobar.

El funcionario aclaró que el aumento de marzo se calcula sobre la base salarial de mayo debido a la incorporación progresiva de un bono de 80 mil pesos otorgado el año pasado. Ese monto, explicó, se está integrando al salario en cinco cuotas entre enero y mayo, lo que impacta de manera distinta según la categoría de cada trabajador. En términos generales, Escobar consideró que el acuerdo “protege el salario del trabajador municipal” y brinda “previsibilidad al menos hasta octubre”, en unos contextos económicos complejos, y con paritarias aún abiertas, en otros niveles del Estado. Asimismo, remarcó que el incremento alcanza a todas las categorías, incluyendo personal contratado y jubilados municipales, y que fue firmado y homologado por ambas partes. También subrayó que las mejoras salariales se definieron “respetando el equilibrio fiscal”, en línea con la política económica del municipio.

Finalmente, el secretario destacó que, a diferencia de lo ocurrido en otras negociaciones recientes, en esta oportunidad no fue necesaria la intervención de instancias externas como fuera la conciliación obligatoria del año pasado: “Hubo varias reuniones, pero en razón de un buen diálogo se pudo lograr un buen acuerdo”, concluyó.Un cambio en la resolución

El nuevo entendimiento se da luego de un conflicto salarial intenso durante el año pasado, que incluyó semanas de tensión entre el Ejecutivo y el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM). En ese momento, el gremio reclamaba un aumento cercano al 35% para recomponer el poder adquisitivo, mientras que la Municipalidad sostenía una oferta inicial considerablemente menor, lo que derivó en audiencias en la Secretaría de Trabajo y un escenario de posiciones enfrentadas. La falta de acuerdo derivó en asambleas, movilizaciones y un proceso de negociación que se extendió durante varias semanas. Finalmente, el conflicto se resolvió con un acuerdo que incluyó el pago de una suma fija de 80 mil pesos en los últimos meses del año, que luego comenzó a incorporarse progresivamente al salario desde enero.

"El acuerdo paritario alcanzado para todo el año 2025 es una gran noticia y refleja este compromiso con la educación y con los docentes. Es importante resaltar que Entre Ríos es una de las pocas provincias del país que ha firmado un acuerdo paritario anual, lo que no solo refleja la madurez de nuestra gestión, sino también la voluntad de generar un marco de previsibilidad y estabilidad para los trabajadores de la educación", afirmó el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

"La negociación ha sido seria,  responsable y, sobre todo, comprometida con la mejora de la educación en nuestra provincia. Para nosotros, como gobierno, y lo marca nuestro gobernador Rogelio Frigerio, lo más importante sigue siendo la calidad educativa y el bienestar de nuestros gurises", agregó Troncoso, tras destacar que "lo que los estudiantes aprenden dentro del aula es la base sobre la cual construimos el futuro"

Por su parte, la presidente del CGE, Alicia Fregonese, expresó: "Felices de poder arribar a este acuerdo junto a los gremios docentes. Pocos antecedentes debe haber a nivel nacional de cerrar el año en materia salarial a esta altura del año y con el ciclo lectivo recién iniciado". Agregó que "como dice el gobernador Rogelio Frigerio, la verdadera discusión que queremos dar es sobre calidad educativa para nuestros estudiantes. Y ahí necesitamos estar todos juntos: alfabetizando, transformando la secundaria y jerarquizando a nuestros docentes, entre otras metas".

Participaron del encuentro la presidenta del CGE, Alicia Fregonese; y los paritarios Bruno Frizzo y Conrado Lamboglia. Por los docentes, el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Marcelo Pagani; por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Carlos Varela; por la Unión Docentes Argentinos (UDA), Mirta Raya; y por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Alejandra Frank.

El acuerdo

El acuerdo salarial es anual y rige para todo el año 2025. Contempla una actualización de los salarios docentes mes a mes según índices de precios al consumidor (IPC) del mes inmediato anterior desde el mes de febrero hasta el mes de diciembre de 2025.

En relación a dicha actualización, la misma se realizará con diferentes bases de cálculo: haberes de marzo se toma como base de cálculo el sueldo de enero; con los haberes de abril a agosto se tomará como base de cálculo el sueldo de marzo; con los haberes de septiembre a noviembre se tomará como base de cálculo el sueldo de agosto; mientras que con los haberes de diciembre en adelante, se tomará como base el sueldo de noviembre del 2025.

Además, se acuerda el pago de una suma fija por docente a partir de los 10 años de antigüedad de 25.000 pesos remunerativos y bonificables que se abonarán desde febrero a diciembre de 2025. Se abona con los siguientes criterios: a) para cargos: 25.000 pesos; b) horas cátedras: 25.000 pesos a partir de 15 horas y proporcional para menos de 15 horas. Este monto se comenzará a abonar con los sueldos de marzo con retroactividad a febrero 2025.

Además se establece un aumento único del Fondo Provincial de Incentivo Docente y Conectividad en un 10,7 por ciento de cada ítem desde febrero de 2025, a pagarse con los haberes de marzo de 2025.

Se trabajará en la implementación de un boleto docente con un 50 por ciento de subsidio, el cual se abonará a través del sistema SUBE, comprometiéndose a tramitarlo con la mayor celeridad.

Por último, las partes acuerdan que continuarán las discusiones de las Comisiones Técnicas creadas en el ámbito de la negociación paritaria y que vienen funcionando desde el año 2024, en particular la de Nomenclador, por lo cual, de mediar acuerdo en alguna de ellas, conjuntamente solicitarán la reapertura de la presente instancia paritaria para su suscripción y homologación.

Además, se planteó una cláusula de revisión para cuando se conozca el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que implica una convocatoria a paritarias a fines de acordar la forma y términos en que se actualizará el salario para cerrar el primer semestre 2024.

Los gremios plantearon mover a junio la base de cálculo para los aumentos, lo cual los representantes gubernamentales se comprometieron a revisar para ver la posibilidad de modificarla a partir de la liquidación de haberes de julio. En relación a este último ítem, cabe recordar que esta actualización ya se hizo en dos ocasiones desde que se inició la actual gestión provincial.

El encuentro fue presidido por el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano. Por el gobierno participó el secretario de Presupuesto y Finanzas, Uriel Brupbacher, quién señaló que atento a lo acordado "el impacto en el bolsillo de los trabajadores este fin de mes será del 9 por ciento", teniendo en cuenta los dos retroactivos del mes de abril y los siete de mayo. 

"Es una oferta importante, con un sacrificio que está haciendo el gobierno. Venimos ordenando la cuestión financiera con el decreto 991, donde pusimos coto a una serie de gastos. Esto no permitió corregir esas ofertas que habíamos hecho en oportunidades anteriores", resaltó el funcionario.

Brupbacher indicó además que el gobierno le da importancia a no alterar el cronograma de pagos, y que si bien eso tiene un costo financiero para la provincia, a los trabajadores "les ordena sus finanzas, porque los 10 generalmente vencen tarjeta de crédito, el alquiler, y un montón de cuestiones personales. Hoy por hoy, ese costo financiero lo está absorbiendo la provincia". 

En representación de ATE, participó del encuentro paritario el secretario general de la Regional Entre Ríos, Oscar Muntes, y la secretaria administrativa, Mariana Luján. Por UPCN lo hizo su secretario general, José Allende, y la secretaria adjunta, Carina Dominguez.

El gobernador Gustavo Bordet, encabezó este jueves junto al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, un encuentro de trabajo con el Embajador Argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello y empresarios entrerrianos.En la oportunidad se firmó un convenio entre el gobierno nacional y provincial para la implementación de una línea de fomento de exportaciones por un monto total de 2.000 millones de pesos que estará destinada a Pymes de los sectores industrial, agroindustrial, porcino avícola y cultivo de economías regionales con perfil exportador. Y para la implementación de una línea de sustitución de importaciones que cuenta con un monto total de 1.000 millones de pesos que se destinarán a Pymes de los sectores autopartistas, laboratorios, minerias, fitosanitarios, petroleo, gas y quimica fina.

"Poder tener hoy esta reunión de trabajo aquí en la ciudad de Paraná con una agenda importantísima que marca el ritmo de las exportaciones que tiene Entre Ríos con Estados Unidos”, dijo el mandatario entrerriano. 

La Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) firmó un acuerdo salarial que se abonará en tres tramos: abril, mayo y julio. El sueldo básico de los profesionales llegará a 165.000 pesos y el de los cadetes a 112.000.

“Adelantamos las paritarias para defender nuestro salario contra la inflación”, destacaron desde la Seccional Entre Ríos de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), y brindaron detalles sobre el Convenio Colectivo de Trabajo 120/75.“Nuestra Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) firmó en el Ministerio de Trabajo de la Nación la paritaria salarial correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 120/75, logrando el aumento para trabajadores de la Rama Droguerías y Distribuidoras Farmacéuticas de todo el país”, resaltaron.El acuerdo salarial alcanzado es de carácter nacional, tiene vigencia a partir del 1º de abril de 2022 y se abona en tres tramos (abril, mayo y julio).También fueron firmados los aumentos de los adicionales establecidos en montos fijos, Cobranza, Sala Maternal y Post VacacionallLos detallesSalario Básico 2022ProfesionalesAbril: 137.100Mayo: 142.813Julio: 165.663Primera categoríaAbril: 114.247Mayo: 119.008Julio: 138.049Segunda CategoríaAbril: 106.516Mayo: 110.954Julio: 128.706Tercera CategoríaAbril: 99.444Mayo: 103.588Julio: 120.162CadetesAbril: 93.418Mayo: 97.310Julio: 112.880Asignación postvacacional: 15:478Adicional por cobranza: 10.500/10.938/12.688Sala Maternal: 18.000/18.900/21.600. (APF)

   El monto original del programa pactado FMI trepaba a USD 55 mil millones, de los cuáles fueron girados USD 45 mil millones debido a que la Argentina no cumplió con la última parte de las metas acordadas.   La deuda actual documentada por la Secretaría de Finanzas al 31 de diciembre de 2021 asciende a USD 40 mil millones, dado que durante el período de negociación la Argentina cumplió con los vencimientos programados.   Incluso en octubre de 2020 utilizó la expansión de DEGs (dinero del FMI) dispuesta por el organismo para hacer frente a los obligaciones que operaron hacia fin de ese año de manera de mantener vigente la negociación.   En enero de 2022, Argentina y el FMI anunciaron "un entendimiento" que demoró más de un mes en transformarse en la redacción definitiva del nuevo programa. En ese momento se pagaron USD 711 millones de dólares contra el compromiso de que se llegaría a la firma final del pacto.   El gobierno de Alberto Fernández tomó la decisión política de enviar al parlamento un proyecto de ley para la aprobación del "Acuerdo para el Refinanciamiento de la deuda entre la Argentina y el FMI".   El Ejecutivo aseguró que la iniciativa incluye como anexos la totalidad de los documentos que conforman el acuerdo, esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico.   Mediante este nuevo programa se reemplazará el stand by firmado por Macri por uno denominado de Facilidades Extendidas, una de las variantes de programas que puede firmar el FMI con sus países miembros.   La diferencia entre ambos son los plazos de pagos y las condicionalidades que se imponen. El stand by vigente concentraba vencimientos en 2022 por más de USD30 mil millones que lo convertían en inviable para el país.   De acuerdo a información oficial del Ministerio de Economía, se harán 10 revisiones trimestrales durante dos años y medio para verificar el cumplimiento de las metas.   El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI y el resto quedará sujeto a la aprobación de cada revisión.   El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.   De acuerdo con el Palacio de Hacienda "hay coincidencia" con el FMI en que uno de los principales desafíos de la economía Argentina es la inflación y que es "multicausal" por lo que debe ser abordada "con un enfoque integral".   "La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas", señaló la cartera a cargo de Martín Guzmán.   El Gobierno afirmó que "el programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas".   Respecto del déficit público se buscará su reducción con una "consolidación fiscal progresiva" a partir de la recuperación de la actividad económica.   Esto se acompañará con una "reducción gradual" de la asistencia del Banco Central" y "la implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos".   El programa contempla un acuerdo de precios y salarios para "anclar expectativas inflacionarias".   De acuerdo a la información del Ministerio de Economía el objetivo de déficit fiscal primario es de 2,5% del PIB para 2022, de 1,9% para 2020 y de 0,9% para 2024.   A su vez, el Gobierno afirmó que el acuerdo "no prevé ninguna reforma previsional" y aseguró que se continuará aplicando la fórmula de movilidad jubilatoria por ley 27.609.   El programa incluye una revisión de los subsidios energéticos como forma de reducción del déficit fiscal. Se hará a través de revisiones sobre la capacidad de pago de los usuarios, tanto residenciales como no residenciales.   Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo las variaciones el coeficiente de variación salarial y se buscará una segmentación concentrada en los sectores de menores ingresos.   Según adelantó el Ministerio de Economía, la segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles: a) usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago; b) usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior, c) para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior.   Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c).   Para el año 2022 se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario.   La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.N.A. 

Este jueves se llegó a un acuerdo entre el Instituto de Obra Social de la Provincia (Iosper) y la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) para la reanudación de las prestaciones que se encuentran suspendidas.

Este viernes se firmará el nuevo convenio, que comenzará a regir el 1° de marzo y por 60 días, luego de casi un mes en que los afiliados tuvieron cortada la cobertura.

Cabe recordar que la propuesta realizada por Iosper se basaba en aumentar los valores de la consulta en tramos: 819 pesos a partir de marzo y 860 pesos a partir de abril.

El anterior ofrecimiento del Iosper había sido aumentar el valor de la consulta en tres tramos: 652 pesos desde 1° de febrero; 769 pesos desde el 1° de marzo y 810 pesos desde el 1° de abril.

Además del valor de la consulta, se acordó que se garantizará que la obra social en la actualización de los nomencladores.