La crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad, denunciada a nivel nacional por organizaciones del sector, tiene un correlato directo en Gualeguay. Lo que en Buenos Aires se expresa en movilizaciones y reclamos formales ante el Ministerio de Economía, en el plano local se traduce en demoras, obstáculos administrativos y situaciones que, según familias y profesionales, afectan derechos básicos.En los últimos días, el Foro Permanente Discapacidad reclamó la transferencia urgente de fondos para programas como Incluir Salud, Pensiones No Contributivas y prestaciones vinculadas al PAMI, además de la plena implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Desde el sector advierten que la falta de respuestas concretas pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales en todo el país. Sin embargo, más allá del plano macro, en ciudades como Gualeguay la crisis adquiere rostro humano.Familias: burocracia, demoras y costos que se trasladan

Familias de la ciudad describen un escenario marcado por la incertidumbre y el desgaste. Una de las principales dificultades es el retraso en los reintegros de prestaciones: los pagos llegan tarde y los aranceles reconocidos por las obras sociales quedan por debajo de los valores reales. Esto genera que la diferencia deba ser asumida por los propios familiares. “Los aranceles son bajos y la diferencia con lo que fija el colegio profesional la termina pagando la familia”, explicaron.

La situación se agrava en servicios clave como el acompañamiento domiciliario. “Lo que abona la obra social es muy bajo, el trabajador tiene que ser monotributista y además hay demoras en los pagos. Por eso cada vez hay menos personas que aceptan trabajar en esas condiciones”, señalaron.

Otro punto crítico es el acceso a prestadores. Según relatan, las propias obras sociales entregan listados que en la práctica resultan inviables. “Te piden tres presupuestos, pero cuando vas a las ópticas o a otros profesionales, muchos te dicen que no trabajan con la obra social porque no les pagan en término o pierden plata”, contaron. En ese contexto, las familias terminan negociando por fuera del sistema o afrontando gastos imposibles.

A todo esto se suma una carga burocrática constante: presentación de historias clínicas, presupuestos, formularios y autorizaciones que demoran semanas o meses, incluso en casos donde existe un Certificado Único de Discapacidad (CUD) desde edades muy tempranas.

Una madre relató una situación que grafica el nivel de desprotección: su hijo fue dado de baja de la cobertura sin notificación alguna. “Me dijeron que era porque ya era adulto. Estuvimos siete meses reclamando hasta que logramos resolverlo cuando vino un funcionario a Gualeguay. En una semana se solucionó algo que llevaba meses, completamente fuera de lógica”, explicó.

Otra familia expresó su indignación por recientes procedimientos de control:“Gastaron una fortuna en cartas documento denunciando situaciones en discapacidad y, en vez de analizar caso por caso, nos citaron a todos en condiciones poco dignas. Gente trasladando a sus familiares en silla de ruedas… Nos sentimos menos que mendigos. Es muy indignante”.

Profesionales: pagos a cuentagotas y condiciones precarias

Del lado de los profesionales, el diagnóstico es igual de preocupante. “La situación no ha cambiado. Los pagos salen a cuentagotas, las pensiones no están saliendo y los programas están recortados o sin aprobarse”, resumieron.

Quienes trabajan en el área de salud y discapacidad advierten que sostener espacios de atención se vuelve cada vez más difícil. Las demoras en los pagos, los honorarios desactualizados y la falta de aumentos acordes al contexto económico generan un escenario de fuerte precarización.

“Detrás de cada recorte hay vidas afectadas. No se trata solo de trabajar sobre dificultades, sino de garantizar derechos y construir inclusión real. Pero eso no puede sostenerse solo con el compromiso individual”, expresó una profesional. Además, alertó sobre las consecuencias directas en los pacientes: interrupciones en tratamientos, retrocesos en procesos terapéuticos y mayor vulnerabilidad para las familias.

“Defender el derecho a la salud, la educación y la inclusión no debería ser una lucha constante, sino una garantía”, agregó.

Una problemática sin solución a la vista

La situación que atraviesa Gualeguay no es aislada, sino parte de un problema estructural que afecta a todo el país. La falta de financiamiento, las demoras en la cadena de pagos y la incertidumbre en la aplicación de políticas públicas repercuten directamente en quienes dependen del sistema de prestaciones.

Mientras a nivel nacional las organizaciones reclaman respuestas urgentes, en el plano local las familias y los profesionales continúan sosteniendo, como pueden, una red que muestra signos de agotamiento. La crisis en discapacidad está lejos de ser resuelta. Ni la sanción de la Ley de Emergencia, defendida del veto presidencial, ni los fallos judiciales a favor se tradujeron en respuestas concretas por parte del Gobierno.

El diagnóstico es coincidente en todos los niveles: sin recursos, sin previsibilidad y sin una implementación efectiva de la ley de emergencia, el sistema de discapacidad se vuelve cada vez más frágil. Y quienes más lo padecen son, una vez más, las personas con discapacidad y su entorno cotidiano.

El Gobierno nacional aseguró haber detectado que cerca de 178 mil Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) permanecían activos a nombre de personas fallecidas, lo que habría generado el cobro indebido de prestaciones estatales. El hallazgo surgió tras un cruce de datos entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Según se informó desde fuentes oficiales, la irregularidad fue detectada durante una auditoría integral impulsada a fines de agosto, luego de la salida del entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en medio de una fuerte polémica política y judicial. El actual interventor del organismo, Alejandro Vilches, fue quien autorizó la baja de los certificados observados tras confirmar las inconsistencias.

Desde la Casa Rosada no descartan judicializar el caso, tanto contra quienes percibían los beneficios como contra los prestadores involucrados, al considerar que se trataría de “una estafa al Estado”. En ese sentido, se prevé un nuevo cruce de información para determinar responsabilidades y eventuales delitos.

El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que habilita el acceso a distintas prestaciones y beneficios del Estado. Su otorgamiento depende de una Junta Interdisciplinaria que evalúa cada caso, por lo que las autoridades remarcaron la gravedad institucional del hallazgo.

La auditoría sobre la ANDIS también incluyó la revisión de contratos y procedimientos internos, en un contexto marcado por denuncias cruzadas, audios filtrados y una presentación judicial del ex titular del organismo, quien sostuvo que el material difundido habría sido manipulado con inteligencia artificial.

Además, desde el Gobierno señalaron que se detectaron otras inconsistencias, entre ellas un aumento del 27% en la compra de medicamentos clave para tratamientos oncológicos, lo que encendió nuevas alertas sobre el manejo del área.

Los resultados finales de la auditoría aún no fueron oficializados y, según trascendió, podrían darse a conocer hacia el final del primer trimestre de 2026, mientras continúa el debate político y legislativo en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El fiscal a cargo sostiene que Grant intervino activamente en el armado de compulsas, habilitación de proveedores y en la manipulación del sistema interno del organismo, para garantizar contratos a empresas vinculadas al entramado. 

Por su parte, la defensa de Spagnuolo —quien fuera el titular del organismo hasta su abrupta salida— volvió a mover ficha: presentó un escrito en el que pide la nulidad de la causa, cuestionando la validez de los audios usados como prueba. Argumentan que estos fueron alterados o generados con inteligencia artificial. 

Sin embargo, la fiscalía no se apoya solamente en esas grabaciones: además investiga movimientos bancarios, cruces de llamadas y encuentros privados registrados, lo que, según fuentes oficiales, compone un entramado documental que refuerza la hipótesis de corrupción.

El escándalo en ANDIS salió a la luz tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los cuales se detallaba —según él— un sistema de sobornos requeridos por droguerías proveedoras a cambio de obtener contratos del Estado. En ese contexto, Grant aparece como operador fundamental de ese esquema, encargado de ejecutar órdenes desde lo administrativo: la habilitación de proveedores, definición de pliegos, adjudicaciones, y manipulación de los tiempos del sistema de compras. 

Las sospechas alcanzan además a otros exfuncionarios, y apuntan al uso de un circuito de “consultas y decisiones articuladas” que vulneraba los mecanismos de control internos de ANDIS. 

La gravedad del caso radica en que si se confirma, no se trata de irregularidades menores, sino de un entramado sistemático de corrupción en un organismo clave para la salud y la distribución de medicamentos a personas con discapacidad.

El Gobierno nacional anunció que se implementará un aumento escalonado en los valores del nomenclador para prestadores de servicios a personas con discapacidad, con incrementos que irán del 29 % al 35 % entre octubre y diciembre de 2025. La medida, difundida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presenta como un paso hacia “la normalización y previsibilidad del sistema de atención”. 

Sin embargo, el sector de las organizaciones, prestadores y familiares de personas con discapacidad respondió con indignación. Para muchos, el incremento anunciado resulta insuficiente frente a la magnitud del atraso acumulado.

¿Qué dice el anuncio oficial?Según el comunicado de ANDIS, el ajuste se aplicará en tres tramos sucesivos entre los meses de octubre y diciembre de 2025. El aumento abarca servicios esenciales como internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.  El organismo asegura que el ajuste busca “fortalecer el sistema de atención, garantizando que las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025”. 

Las críticas del sector: el atraso real y el reclamo por la ley de emergenciaPara las organizaciones que trabajan en el terreno, la actualización anunciada está muy por debajo de lo necesario. Según una de las notas periodísticas, la actriz Valentina Bassi, madre de un joven con autismo, calificó la medida como “una burla”. Además, prestadores de servicios de discapacidad alertan que el nomenclador estaba congelado desde fines de 2024 y que los montos vigentes ya estaban “hundidos” frente a los costos reales. Uno de los reclamos centrales es el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que en varias instancias fue sancionada o debatida en el Congreso y que, según quienes protestan, imponía un aumento mayor al autorizado. 

Impactos concretos: servicios en riesgo y prestadores al límiteEl atraso en los valores del nomenclador tiene efectos palpables: centros de día, talleres, transporte adaptado y acompañamientos terapéuticos arrastran desequilibrios financieros que comprometen su continuidad. Uno de los testimonios señala que “venimos con atraso de más del 70 % desde el año pasado”. El retraso también afecta a los trabajadores y profesionales del sector, que deben lidiar con incrementos de costos, movilidad y gastos operativos, con ingresos que no se ajustan al ritmo inflacionario.

Desde el Gobierno nacional informaron que el ajuste se da “en el marco de una gestión que prioriza la normalización y la previsibilidad del sistema de atención a las personas con discapacidad”.

Según precisaron, la suba fue autorizada mediante una decisión administrativa del Jefe de Gabinete de la Nación, con el objetivo de “fortalecer el sistema de atención, garantizando que las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025”.

El incremento impactará en los valores que perciben los profesionales y prestadores de servicios esenciales como internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación, entre otros.

“Este tipo de medidas no solo otorgan previsibilidad al sistema, sino que también reconocen el trabajo y el compromiso de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad todos los días”, expresó el Gobierno a través de un comunicado oficial.

Reforma al régimen de DNU: avances y obstáculosEl proyecto que limita las facultades del Poder Ejecutivo para dictar DNU obtuvo aprobación general con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones. Sin embargo, un artículo clave —el que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los decretos— fue rechazado en la votación particular, al no alcanzar el quórum establecido.  Debido a ese cambio, la iniciativa pierde su forma definitiva y deberá volver al Senado. Esta situación le da tiempo al oficialismo para negociar modificaciones antes de una posible sanción definitiva o veto presidencial. 

La reforma pretendía invertir la lógica vigente: actualmente, los DNU rigen desde su firma y pueden ser rechazados por el Congreso; bajo el nuevo esquema, sólo serían válidos si ambas cámaras los ratifican expresamente en 90 días.Durante la sesión, el oficialismo celebró este resultado como una victoria táctica, pues logró postergar una derrota más severa —un veto presidencial ahora podría llegar después de las elecciones legislativas del 26 de octubre— y abrió espacio para ajustes en el diálogo con gobernadores y partidos aliados. 

Interpelaciones aprobadas: quiénes deben afrontar el CongresoLa oposición consiguió también reunir votos para interpelar al ministro de Economía, Luis Caputo, quien deberá presentarse el miércoles 15 de octubre ante el Congreso para responder sobre negociaciones con Estados Unidos. En la misma sesión, fueron aprobadas las citaciones a Karina Milei (secretaria general de Presidencia) y Mario Lugones (ministro de Salud), por los supuestos audios vinculados al caso ANDIS, donde se investigan coimas y retornos en el organismo nacional de discapacidad. La interpelación para Milei y Lugones fue fijada para el 15 de octubre a las 14 horas. Además, la oposición incluye en su plan de interpelaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. 

El contexto y las expectativasEstas maniobras legislativas se dan en un momento de elevada tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, con añejos conflictos por el uso de DNU, vetos presidenciales y el creciente reclamo de control del poder estatal. Muchas de estas decisiones repercutirán en el tablero electoral de octubre.Para el oficialismo, la reforma a los DNU representa un retroceso institucional que debilita su margen de maniobra, pero al lograr que el proyecto vuelva al Senado, gana espacio para negociar. Para la oposición, aprobar estas interpelaciones y plantear límites al Presidente constituye un paso hacia mayor transparencia y equilibrio de poderes.

Queda por verse cómo responderá el Senado al nuevo texto del proyecto y qué decisiones tomarán los funcionarios convocados ante las interpelaciones. El choque de poderes promete mantenerse vivo en las próximas semanas.

La votación dio como resultado 63 votos en contra del veto y solo 7 a favor, superando ampliamente los dos tercios requeridos para invalidar la decisión presidencial. Con esto, se restablece la emergencia en el área de discapacidad por un período hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. 

Según los voceros de la oposición, "la emergencia en Discapacidad es ley" y representa "un alivio para las familias que estuvieron luchando por la dignidad de más de seis millones de argentinos y argentinas con discapacidad". 

La votación ocurre en un escenario político convulsionado, atravesado por audios filtrados que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), su ex titular Diego Spagnuolo y la hermana del presidente, Karina Milei, en supuestos actos de corrupción. El oficialismo está debilitado frente a estos encabezamientos, mientras crece la presión social y mediática.

Además del rechazo al veto, el Senado aprobó en general una modificación al régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que limita significativamente su uso. La iniciativa, respaldada con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, establece plazos y condiciones más estrictas para su aplicación. 

Este avance confirma el interés del Congreso por reequilibrar los poderes y reforzar los controles legislativos sobre decretos ejecutivos.

El rechazo al veto se da apenas días antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y a pocas semanas de los comicios nacionales de medio término. Para el oficialismo, fue una gran derrota que expone su falta de capacidad para ejercer control en el Congreso.

En términos económicos, el costo fiscal estimado por la nueva ley representa 0,28 % del producto bruto interno (PBI) para este año, y 0,46 % para el próximo

Desde el oficialismo, el vocero presidencial Manuel Adorni calificó la situación como “una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”. 

Además, el Gobierno denunció ante la Justicia Federal lo que definió como una “operación de inteligencia ilegal”, diseñada para desestabilizar al país en plena campaña electoral. Según el texto de la denuncia, las conversaciones privadas —que involucran a Karina Milei y otros funcionarios— fueron manipuladas con el objetivo de condicionar al Poder Ejecutivo. Adorni lo describió como “un ataque ilegal, planificado y dirigido”. 

La denuncia, presentada por el abogado Fernando Soto del Ministerio de Seguridad, recayó en el Juzgado Federal Nº12. Está subrogado por el juez Julián Ercolini y el fiscal a cargo es Carlos Stornelli. 

Tras el escándalo de los primeros audios vinculados a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, se filtraron otros, incluyendo algunos de Karina Milei en los que se la escucha insistiendo en mantener la unidad del gobierno y cuestionando la exposición pública: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros, tenemos que estar unidos... yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”. 

El mismo Presidente, Javier Milei, replicó el mensaje publicado por Adorni y lo complementó con un tuit en mayúsculas: “Operación de inteligencia ilegal”

Durante una caravana en Lomas de Zamora, el mandatario, consultado por la prensa, declaró:

“Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, asegurando así su intención de actuar judicialmente ante estas acusaciones. 

El canal de streaming Carnaval Stream difundió nuevas grabaciones donde la voz atribuida a Spagnuolo no solo reafirma un sistema de sobornos en la compra de medicamentos, sino que ofrece descripciones detalladas de cómo funcionaba la “repartija” de los contratos, con referencias criticas hacia figuras cercanas al poder. 

Se mencionan nombres clave:

La Justicia secuestró el celular de Spagnuolo y constató que no contiene chats con Javier ni con Karina Milei, pese a ser una figura cercana al círculo presidencial. Se sospecha que estos mensajes fueron eliminados manualmente —no mediante formateo general—, lo que dispara dudas sobre posibles borrados deliberados

Este lunes, el juez federal Sebastián Casanello ordenó el congelamiento de las cajas de seguridad pertenecientes a ex funcionarios y empresarios involucrados: Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, y los miembros de la familia Kovalivker (Jonathan, Emmanuel y Eduardo). La medida, impulsada por el fiscal Franco Picardi, busca preservar pruebas potencialmente relevantes para la causa, que investiga la supuesta entrega de sobornos desde Andis hacia interesados privados. 

Ese mismo día, Jonathan Kovalivker – presidente de Suizo Argentina y uno de los empresarios implicados – se presentó en los tribunales de Comodoro Py junto a su abogado, entregando su celular sin revelar la clave de acceso. El aparato fue retirado por las autoridades, que ampliarán el análisis junto a otros teléfonos ya incautados de los involucrados. 

El objetivo del juez es reunir todos los elementos digitales posibles. Entre los dispositivos en estudio se encuentran celulares de Spagnuolo – presunta fuente de los audios filtrados –, Garbellini (quien sí entregó la clave) y Emmanuel Kovalivker, aunque la pericia técnica podría enfrentar dificultades debido a la sofisticación de algunos aparatos. 

Mientras tanto, el jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, fue indagado como principal sospechoso de haber alertado a Jonathan sobre la presencia policial. Él negó los cargos y entregó dos teléfonos que ahora también serán revisados. 

La empresa Suizo Argentina, vinculada al caso, disparó sus negocios con el Estado: pasó de facturar contratos por aproximadamente $3.900 millones en 2024 a superar los $108.000 millones en lo que va de 2025, una suba que alcanza casi el 2.700%, muy por encima de la inflación acumulada. 

Detrás de este incremento hay un contrato clave: en marzo, el Ministerio de Salud adjudicó a la firma un acuerdo por más de $78.000 millones para distribución y almacenamiento de medicamentos y vacunas con cadena de frío, al que fue prácticamente la única compañía del ámbito farmacéutico que compitió. Según el mismo Ministerio, la operatoria permitió ahorrar casi $48.000 millones al concentrar múltiples procesos en un solo servicio. 

Este contrato es señalado como la causa principal del aumento exponencial del volumen de negocios de Suizo Argentina, que además no ha ofrecido comentarios públicos al respecto. 

Por otro lado, se difundieron frescos fragmentos de audio atribuidos al exdirector de Andis, Diego Spagnuolo. En ellos, el exfuncionario cuestiona a figuras clave del Gobierno como Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger y miembros de la familia Menem, y expresa su percepción de fuertes internas y fricciones dentro del oficialismo. 

Los audios, que datarían desde agosto del año pasado hasta comienzos del año en curso, fueron presentados por un ciclo televisivo y desatan fuertes reacciones entre dirigentes oficialistas. En uno de los mensajes, Spagnuolo critica la actitud de Pettovello y su vínculo con Karina Milei, mientras que en otro menciona directamente la intervención de Sturzenegger respecto a políticas de pensiones. Hasta ahora, el Poder Ejecutivo no se pronunció oficialmente.

El Gobierno denunció “un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que podría ascender un total de 3.400 millones de dólares. Las nuevas autoridades del área, que pasó a depender de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Salud, estima que el “el desvío de fondos fue de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad”. Las irregularidades derivaron en una denuncia penal -que será ampliada- fue realizada por el director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, y es investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.

Según el primer corte de auditoría realizado por los funcionarios de La Libertad Avanza, solo “el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos”. La documentación que alimenta el expediente judicial, al que tuvo acceso Infobae tiene aristas que rozan lo inverosímil: en un expediente se aportó como prueba de incapacidad laboral una radiografía de un perro. “Lo que descubrimos es escandaloso”, calificaron desde la ANDIS al ser consultados por este medio. Y no es para menos.

“Tenemos la radiografía de un hombro mismo hombro roto en 157 expediente. Tenemos radiografías bajadas directamente de Google. También tenemos constancias de análisis de laboratorios repetidos y hasta un certificado médico que acredita la supuesta dolencia del paciente que en teoría no podía trabajar por una incapacidad grave, que, en vez de describir la dolencia de la persona, reprodujo un poema de Arias Uriburu titulado ‘la Herida’. Ese es el diagnóstico médico que justificaba la documentación médica que justificaba el pedido de la pensión por invalidez”, describe el funcionario de La Libertad Avanza. “No había controles médicos en la ANDIS. Se aprobaban los expedientes sin una auditoría médica”, recalca.

“Estamos seguro que entre el 30 y el 50 por ciento de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas van a ser dadas de baja después de una exhaustiva auditoría que abarca a todo el país”, afirman las autoridades de la ANDIS. Y enfatizan: “Se encontró con un sistema de pensiones por invalidez laboral poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude. Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”.

“Sobre los 2.559 casos auditados médicamente hasta el momento, solo el 7% (185) cumplen con los requisitos establecidos”, destaca la denuncia judicial. Esas pensiones “truchas ya fueron dadas de baja”. “El gobierno de Alberto Fernández armaba operativos para otorgar pensiones. Es escandaloso”, opinan los funcionarios y agregan que hay gente que llama a la Agencia denunciado que es titular de una pensión y nunca la gestionó.

Además de las pensiones mal otorgadas Spagnuolo encontró otras irregularidades que poco tiene que ver con la asistencia a personas con discapacidad. Como la contratación de artistas como Ignacio Copani. Gastos por más de 35 millones de pesos en “agasajos” e instalación de un gazebo y 20 remeras remeras para la marcha LGTV+ del año pasado por lo cual se abonó $900.000.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó detalles desde la Casa Rosada sobre la pesquisa iniciada en la ANDIS y que ya tiene su correlato en los tribunales de Comodoro Py.

Según los datos oficiales, entre 2003 y 2015, es decir los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner la cantidad de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, “un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, opinan desde la Casa Rosada. El valor actual de la pensión es de $203.100. Durante el gobierno de Mauricio Macri la cifra se mantuvo constante -ver gráfico- pero durante la presidencia de Alberto Fernández, la cifra de beneficiarios volvió a ascender hasta las 1.250.000 pensiones al 10 de diciembre de 2023.

Sobre este tema, el fiscal Marijuán afirmó que: “Tal incremento habría sido consecuencia de un proceso de articulación de decretos y resoluciones por medio de los cuales se habrían flexibilizado los criterios originalmente establecidos para el otorgamiento de tales pensiones, y por la puesta en marcha de un circuito de tramitación de dichos beneficios especialmente destinado a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes, en lo que las pensiones eran moneda de cambio aprobados en tiempos reducidos de tres meses que se entregarían a personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición medica de discapacidad, que habría funcionado en forma paralela al circuito formal en el que la tramitación para el otorgamiento de tal prestación demoraba entre 2 y 3 años”.

Es más, Marijuan recuerda que “la Resolución 8/2020, publicada el 30 de enero de 2020, avaló el inicio del trámite para acceder al beneficio en cuestión aun cuando no se acompañe el Certificado Médico Oficial -constancia principal de análisis para el otorgamiento o denegatoria de la pensión puesto que se trata de un documento de carácter obligatorio que, junto al alta de trámite en ANSES, permite dar inicio al proceso de evaluación de la solicitud de la pensión-, y modificó los parámetros para la determinación del estado socio-económico y de vulnerabilidad de las peticiones atinentes para el otorgamiento, denegación, suspensión y caducidad de las pensiones señaladas”.

La denuncia penal presentada por Spagnuolo aporta pruebas sobre casos de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad, incluyendo personas con bienes como aviones, embarcaciones, más de un auto y hasta 59 inmuebles, así como personas que trabajaban.

Hasta ahora, las nuevas autoridades de la ANDIS, a cargo del abogado Spagnuolo, certificaron que “alrededor del 35% de las pensiones otorgadas presentarían incompatibilidades, siendo el 5% del total (casi 60.000 pensiones) en condiciones de incompatibilidad por poseer bienes y trabajo, mientras que el 30% restante presenta incompatibilidades en las condiciones médicas”.

Para los funcionarios: “Este mecanismo perverso ha vulnerado gravemente los derechos de las personas con discapacidad ya que el dinero destinado a este sector tan vulnerable de la sociedad ha sido utilizado para arreglos políticos y beneficios de unos pocos”.

El impacto del fraude

La investigación sobre las pensiones otorgadas de manera irregular también permitió observar el uso indebido del Programa Nacional Incluir Salud creado para brindar cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de pensiones nacionales no contributivas.

Ese programa era el encargado de pagar a los prestadores conveniados. La sospecha es que los involucrados en la presunta estafa contra el Estado, facturaban servicios a instituciones, centros médicos, clínicas y transportes que en realidad no se brindaban, generando una sumatoria adicional de fondos desviados. Según los funcionarios de la ANDIS “la estafa estaba asociada al gasto asociada a la función. Ya sabemos quienes estaban involucrados”, advirtieron.

La investigación se inició luego de que Spagnuolo notara una alarmante discrepancia en los datos de asignación de pensiones: mientras en 2003 había 79.581 pensiones no contributivas por invalidez, para 2023 esta cifra se había disparado a 1.222.882.

La auditoría también reveló que “existían canales paralelos en la gestión y una demora tal que hacía que muchos solicitantes morían esperando su pensión”, mientras que otros, que no tenían ninguna dolencia, accedieran al beneficio en cuestión de meses.

La denuncia judicial de la ANDIS afirma que: “A partir de 2020 comenzaron una catarata de Resoluciones y Decretos flexibilizando el otorgamiento de las pensiones. Por ejemplo, en enero de 2023 eliminaron la condición de invalidez laboral y lo reemplazaron por algo muy subjetivo. Mientras que, en octubre de ese año, pocos días antes de dejar el poder, se publicó un decreto que directamente quitaba el requisito de incapacidad para trabajar a una persona inválida, y el requisito de acreditar 76% de invalidez, creyendo que, de esta manera, se cubrían de todas las pensiones otorgadas irregularmente en su gestión”.

Para las autoridades de la ANDIS: “Con este mecanismo perverso accedieron a la pensión por invalidez laboral personas sin invalidez laboral, e inclusive sin condición médica alguna -pero que les entregaron la pensión por su condición de pobreza- y personas que poseían alguna condición médica pero que no eran invalidante y que trabajaban, o que tenían obra social o prepaga y poseían ingresos ellos y/o su grupo familiar de hasta 1.5 millones de pesos. Es decir, escondieron pobres en las pensiones por invalidez, y usaron el dinero destinado a esta noble causa para arreglados políticos con sus gobernadores e intendentes amigos”.

A esto se suman casos individuales como los que se descubrieron, por ejemplo, en la provincia de Chaco, donde con una misma radiografía entregaron más de 100 pensiones por invalidez. En la misma provincia, en noviembre pasado -antes de finalizar el gobierno de Alberto Fernández-, se sumaron 22 mil nuevos pensionados por discapacidad”.

Los números de la discapacidad laboral

Según el relevamiento realizado por las autoridades de la ANDIS, hoy en día existen 1.250.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral. dentro de ellas se encontró:

-100.000 niños cobrando la pensión.

-25.000 personas que trabajan.

-60.000 con incompatibilidad de requisitos, entre los que encontramos beneficiarios con más de un auto, más de una casa, dueños de embarcaciones y hasta avión.

-30.000 extranjeros de los que se desconoce su condición de residencia y radicación.

“Todo esto, además de ser otro curro más de la casta, vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad y es injusto con los ciudadanos de bien que pagan sus impuestos pensando que éstos van destinados a la ayuda de quienes lo necesitan y en realidad son usados para el negociado político y el beneficio de unos pocos, rompiendo la igualdad ante la ley”, le dijeron a Infobae desde la Casa Rosada.

Durante la actividad realizada este lunes en el Salón de los Pueblos Originarios de Casa Rosada, en la que participó la directora del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Inés Artusi, se reafirmaron las líneas de acción para el financiamiento de transportes para las Juntas Itinerantes de Certificación y la creación de Bancos Provinciales de Ayudas Técnicas, en el marco del Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (Fonadis) de la Andis.“Entre Ríos recibió los fondos de esta acción, que ya realizaron otras provincias con las rúbricas de convenios. Son 10 millones de pesos para fortalecer la política de Bancos de Ayudas Técnicas, que en la provincia son más de 40. También recibimos más de 20 millones de pesos para la compra de un vehículo que será destinado a las juntas itinerantes, que funcionan en la costa de Uruguay y en la costa del Paraná, cubriendo todo el territorio provincial”, explicó Artusi.En ese sentido, la funcionaria agregó: “Todo esto es, además, un reconocimiento a las distintas estrategias que llevamos adelante en Entre Ríos, con políticas en materia de discapacidad que guía nuestro gobernador Gustavo Bordet, y que hoy por hoy se están replicando en otros puntos de Argentina”.Alcances de las políticas de discapacidadLas firmas realizadas durante el acto se enmarcan en el plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad que está llevando adelante la Agencia en articulación con los gobiernos provinciales, y en las líneas de trabajo conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La inversión total de la firma del convenio será de más de 600 millones de pesos.Durante el encuentro, Rossi habló de la perspectiva federal de los acuerdos: “Una asignación de recursos equitativa para las provincias, sumada a la idea de articulación permanente entre el Estado nacional y los estados provinciales, que son los que tienen el anclaje en el territorio y hacen posible que las políticas públicas se lleven a cabo de manera más contundente. Los estados de cercanía son los que tienen más herramientas para aplicar determinadas políticas y que lleguen a sus destinatarios”.Por su parte, Galarraga sostuvo que “el territorio es tan grande y extenso que necesitamos invertir la lógica, conseguir que la juntas itinerantes de certificación puedan acercarse a las comunidades, puedan llevar los equipos interdisciplinarios y a partir de eso generar la instancia de certificación. Pero también los bancos descentralizados de ayudas técnicas son herramientas centrales para atender la demanda urgente de muchas personas con discapacidad que adquieren esta condición y que necesitan una respuesta inmediata del Estado, en este caso provincial”.En el acto también participaron el secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la nación, Alejandro Collia, y la coordinadora general de la Unidad Ejecutora del Fonadis, Mariana Thompson, entre otras autoridades de distintos puntos del país. 

La Agencia Nacional de Discapacidad fomenta el desarrollo y la aplicación de políticas que consoliden derechos de las personas con discapacidad, potenciando la transformación social y la inclusión.

Cinco municipios enterrianos firmaron un convenio para recibir distintos aportes económicos, entre ellos estuvo General Galarza y sobre ello el intendente Fabián Menescardi comentó: "...Junto a Mónica Paltenghi, Directora de la Agencia Municipal de Discapacidad participamos en representación de General Galarza. El convenio fue rubricado por Fernando Galarraga, Director de la Agencia Nacional de Discapacidad.

A partir de este aporte, podremos poner en funcionamiento el Banco Descentralizado de Ayudas Técnicas, esta herramienta nos permitirá seguir avanzando en una agenda inclusiva que tiene como objetivo principal promover y alcanzar los derechos de las personas con discapacidad"

Fernando Galarraga se convirtió en el funcionario no vidente en hacerse cargo del organismo nacional.

"Nada de nosotros sin nosotros. La discapacidad es una temática transversal". El autor de esta frase es del uruguayense Fernando Galarraga, quien hace unos días se erigió el primer ciego al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Las palabras del flamante director encierran de manera tácita conceptos como inclusión y visibilidad. "Nada de nosotros sin nosotros. La discapacidad es una temática transversal". El autor de esta frase es del uruguayense Fernando Galarraga, quien hace unos días se erigió el primer ciego al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Las palabras del flamante director encierran de manera tácita conceptos como inclusión y visibilidad.

La designación de Galarraga fue impulsada como política pública del presidente Alberto Fernández, y de la Secretaría General de Presidencia de la Nación. Y la Andis expresó el hecho de que ocupe ese rol representa un hecho histórico en las políticas relacionadas con la discapacidad en nuestro país, porque es la primera vez que una persona con discapacidad visual presidirá este directorio, que determina las prestaciones de rehabilitación y habilitación de la Ley 24.901, en los términos de Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Galarraga nació en Entre Ríos y es licenciado en Comunicación Audiovisual, periodista, docente de nivel terciario en Accesibilidad Audiovisual y conferencista nacional e internacional en materia de Derechos Humanos y discapacidad

Desde 2001, ejerció distintos roles de gestión en organismos e instituciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos del colectivo de personas con discapacidad: fue primer vicepresidente, secretario general y responsable de áreas técnicas orientadas a juventudes de la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC) y fue, hasta 2008, Director Ejecutivo de la Biblioteca Argentina para Ciegos, entidad con presencia en toda América Latina desde hace 95 años.

En 2018 asumió la Secretaría de Discapacidad de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Capital Federal, y desde allí impulsó una sólida línea de trabajo en pos de la articulación y unidad de acción de las organizaciones de y para las personas con discapacidad, por la defensa y ampliación de sus derechos ante el sistemático desguace presupuestario y de políticas públicas de la pasada gestión de gobierno.

En enero de 2020 fue designado Subdirector Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Anis), máximo órgano rector de las políticas de discapacidad en el país, en el que actualmente ejerce funciones de Dirección Interina.