El operativo, coordinado desde el Ministerio de Desarrollo Económico, se llevó a cabo con la intervención de expertos de la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, el Ministerio de Trabajo y la Asociación Civil Campo Limpio.

Tras notificar al propietario de la inhabilitación, se le impuso una suspensión provisoria de toda actividad dentro de la explotación; se retiraron los envases de fitosanitarios previo relevamiento y clasificación; y luego se trasladaron a un Centro de Acopio Transitorio. De acuerdo al tipo de envase se realizará ahora su tratamiento definitivo que, en algunos casos, implica la disposición final segura.

Durante el operativo, sobre la ruta nacional 12, kilómetro 375, los especialistas dieron cuenta de una enorme cantidad de envases almacenados ilegalmente con una orden de allanamiento y secuestro dispuesta por el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta.

Desde la Secretaría de Ambiente se informó, además, que el propietario prestó colaboración, por lo que el operativo se concretó sin mayores inconvenientes. Además, se trabaja en la detección de posibles impactos en la salud de vecinos de la zona, quienes aportaron testimonios. Esto dará lugar a otros procedimientos.

A su vez, se investiga a otra empresa que puede ser propiedad del mismo infractor, ubicada en inmediaciones de la ciudad de General Ramírez, donde se procesarían algunos de los envases plásticos que se acopiaban en Aranguren.

"El cuidado de la salud pública y la protección del ambiente son deber y prioridad del Estado provincial, y es un compromiso que el gobernador Rogelio Frigerio nos ha encomendado, en la construcción de una provincia sostenible", declaró la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, quien estuvo presente en el lugar.

El Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley denominado “Ley de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios en la provincia de Entre Ríos”.La presentación de la iniciativa había sido adelantada por el ministro de Economía, Hugo Ballay, a la Mesa de Enlace en una reunión que tuvieron a comienzos de septiembre.La implementación de una nueva regulación en el uso de agroquímicos viene frenada en Entre Ríos debido a desacuerdos entre sectores rurales y ambientalistas en los que el Gobierno no ha podido mediar.La iniciativa -que ingresó a la Cámara de Diputados este miércoles- tiene como fin “la protección y conservación de la salud, de un ambiente sano y equilibrado y de la producción agropecuaria, mediante la utilización de las buenas prácticas, a través de la correcta y racional utilización de productos fitosanitarios y domisanitarios que aseguren la calidad e inocuidad de los alimentos y materias primas tanto de origen vegetal como animal, como, asimismo, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la producción”.La autoridad de aplicación será el Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que deberá garantizar “la intervención” de la Secretaría de Ambiente.

La Secretaría de Comercio Interior pondrá en marcha en abril próximo el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), en el cual las grandes empresas deberán informar mensualmente los precios de sus productos, cantidades vendidas y stocks de bienes finales e intermedios.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial, no implicará para las empresas ningún gasto o trabajo adicional, debido a que es una información con la que ya cuentan y que deberán enviar por sistema y bajo declaración jurada.

En una primera etapa, la medida alcanzará a alrededor de medio millar de firmas de los sectores de alimentos y bebidas, higiene personal y limpieza; materiales para la construcción y muebles; químico y agroquímico; y de electrónica y electrodomésticos.

Con esta iniciativa, el Gobierno persigue el objetivo de "entender mejor la evolución de los precios en cada cadena de valor para luego hacer mejores políticas para el mercado interno", explicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Los sectores comprendidos inicialmente son aquellos que cuentan actualmente con mayores tensiones de abastecimiento, stocks y precios; luego, en una segunda etapa se incorporarán más rubros hasta alcanzar alrededor de 1.000 empresas.

"Queremos contar con información fiable y actualizada mes a mes para hacer más sencilla la cadena de comercialización y poder prever con anticipación problemas de stock o de abastecimiento", ampliaron desde el Ministerio que conduce Matías Kulfas.

La primera presentación deberá realizarse entre los días 1 al 10 de abril de este año y, por única vez, se informarán los precios, cantidades vendidas y stock disponibles para los meses de enero, febrero y marzo del 2021; luego, el trámite mensual hará referencia a los mismos ítems pero sólo del mes inmediato anterior.

En todos los casos, se podrán realizar rectificaciones de lo informado en los cinco días siguientes al cierre correspondiente (11 al 15 de cada mes).

Las compañías deberán reportar la información -que tendrá carácter reservado y confidencial- en forma obligatoria y, de no hacerlo, serán pasibles de sanciones a través de la ley 20.680 de Abastecimiento y sus modificatorias, aseguraron las fuentes oficiales.

"Esta iniciativa nos permitirá tener un monitoreo actualizado y más preciso para hacer seguimientos de precios e insumos, detectar alertas, problemas de producción", confiaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo.

"También nos va a permitir tener mejor información de cara a la mesa de precios y salarios", agregaron las fuentes.

De acuerdo con lo establecido por la Resolución 220/2019 y sus modificatorias de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme), el Sipre comprenderá a las empresas que facturan anualmente más de $965 millones en el caso del sector de la construcción; más de $2.602 millones en comercios; y $2.540 millones en firmas dedicadas a la actividad industrial.

Entre los objetivos del Sipre, en los fundamentos de la norma se señala la posibilidad de "dotar al Estado nacional de una herramienta de monitoreo del comercio interior y tener alertas tempranas de faltantes de mercadería que puedan producirse".

También coordinar acciones para prevenir situaciones de faltantes o escasez; mejorar la planificación de políticas públicas; fortalecer el mercado interno y proteger los derechos de las y los consumidores.

Desde la cartera productiva aseguraron que la resolución no afectará la política comercial de las empresas porque "no deberán informar a quién/es le/s venden".

"Acá no hay una cuestión de atacar márgenes de rentabilidad, si no que se busca entender cuál es la evolución de los precios en la cadena, cuándo hay picos de precios y de demanda y problemas de abastecimiento para poder administrar mejor situaciones tanto en shock como en normalidad del proceso de producción y de comercialización", subrayaron el la cartera de Desarrollo Productivo.

Tras la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, en los próximos días se dará a conocer qué sectores están comprendidos es la primera etapa, junto con la información necesaria para las firmas alcanzadas. (Télam)