El encuentro se realizó este martes por la mañana en la Sala de reuniones de Comisiones Legislativas, en el segundo piso de la Casa de Gobierno.

Estuvieron presentes los representantes de Gualeguay, Concordia, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Diamante, Federación, Colón, Gualeguaychú, Feliciano, Uruguay y San Salvador; Casiano Otaegui (presidente de la Comisión de Producción), Gloria Cozzi (preside Ambiente y Desarrollo), Rafael Cavagna, Claudia Silva, Pablo Cosso, Gustavo Vergara, Rubén Dal Molín, Jaime Benedetti, Gladys Domínguez, Martín Oliva y Marcelo Berthet, respectivamente.

Se trabajó sobre el proyecto de ley que propone para Entre Ríos buenas prácticas en materia de fitosanitarios a los fines de garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, de proteger y conservar la salud, de gozar de un ambiente sano y equilibrado y de favorecer una producción agrícola que contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible.

La norma apunta a regular “los actos de las personas humanas o jurídicas de importación, elaboración, formulación, fraccionamiento, distribución, expendio, aplicación, transporte, almacenamiento bajo diferentes condiciones, asesoramiento y toda otra actividad que implique el uso o manipulación en cualquier concepto de productos fitosanitarios”.

Cabe recordar que el texto tiene origen en el Poder Ejecutivo, que lo remitió a la Cámara de Diputados en el año 2022. Fue retomado por la actual composición legislativa y recibió media sanción en octubre de este año.

El trabajo de este martes

Abrió el encuentro el senador de Gualeguay, Casiano Otaegui, y se comenzó con un análisis de aquellos artículos que serán modificados.

Los cambios de forma se consideraron necesarios para mejorar la lectura e interpretación de la normativa propuesta, por lo que se eliminaron algunas remisiones y se modificó el orden del articulado.

Por ejemplo, ahora se pone en primer lugar la composición del Consejo Asesor y posteriormente sus funciones.

Uno de los intercambios estuvo relacionado con la elaboración del protocolo específico de buenas prácticas que deberá elaborar ese Consejo.

Además, se produjo un intercambio sobre el perfil y formación que deberían tener quienes concurran a ese espacio en representación de los diversos organismos del Estado y del sector privado.

Se introdujeron modificaciones al artículo referido al uso de cortinas vegetales. Los senadores ampliaron el alcance que estaba apuntado solamente para los establecimientos escolares y se propuso que se podrán usar para proteger áreas sensibles con asentamiento de personas.

Todos los legisladores hablaron sobre la necesidad de contar con una regulación que haga efectivo el control en todo el territorio provincial.

Asimismo, en lo relacionado a la limpieza de algún espacio educativo rural que pudiera ser alcanzado por los efectos de una aplicación, el senador de Uruguay, Martín Oliva, propuso que debe quedar perfectamente aclarado que esa responsabilidad (la de limpiar) no debe recaer sobre el personal de la escuela, ya que se trata de una cuestión que requiere especialización.

Luego se trabajaron los artículos relacionados con la Vigilancia epidemiológica, el aspecto presupuestario, como así también la creación y funcionamiento del Cuerpo de Inspectores. (APFDigital)

El funcionario del Gobierno de Entre Ríos entendió razonable el fallo del juez Emilio Luján Mattoras, vocal de la Sala Segunda de la Cámara Tercera Laboral, quien decretó la inconstitucionalidad de las resoluciones administrativas y dispuso la aplicación del criterio del Decreto Nº 2.239/19 al expedirse sobre una causa de pulverización de agroquímicos en cercanías del loteo Tierra Alta I, en Colonia Ensayo, departamento Diamante.

El decreto provincial aludido establece distancias mínimas para la aplicación de plaguicidas en zonas contiguas a escuelas rurales y, en este caso, el magistrado ordenó que se apliquen las previsiones ínsitas en dicha determinación "computándose la zona de exclusión desde el límite de la superficie del aludido predio".

Al considerar el caso, Julio Rodríguez Signes recordó que el Decreto Nº2.239/19 fue fruto de "una larga labor, sobre todo de la Fiscalía de Estado con personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la Secretaría de Ambiente de la provincia" y que fue convalidado "por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

En tal sentido, lo definió como "perfectamente legal, sólido y protectorio del ambiente, la salud y de la actividad económica, en un sano equilibrio", al establecer zonas de prohibición y distancias mínimas a partir de las cuales podían aplicarse plaguicidas, en determinadas condiciones, en zonas contiguas a escuelas rurales.

"Ahora se plantea la misma cuestión con relación a los loteos en zonas subrurales, donde aparecen, por un lado, el productor rural con la necesidad de aplicar plaguicidas para sustentar su producción, y las personas que habitan esas zonas subrurales", acotó el fiscal de Estado.

"El juez de Primera Instancia sostiene que la reglamentación administrativa vigente es inconstitucional, porque establece distancias de 50 metros, demasiado exiguas, y obliga a la aplicación del Decreto Nº2.239/19. Me parece que es una sentencia lógica, que recoge la posición de la Fiscalía de Estado, que propuso esta solución, entendiendo que, si ya se había hecho toda la serie de investigaciones y de trabajos en terrenos y se había llegado a conclusiones muy firmes convalidadas judicialmente para las escuelas rurales en el decreto, corresponde aplicarlo también a los loteos en las zonas subrurales. Todo esto atento a que la normativa vigente en sede administrativa está desactualizada", expuso Rodríguez Signes.

"Entiendo que es una sentencia importante y el juez mismo recomienda a la Legislatura tomar esos parámetros para llenar un vacío legal hoy existente. Considero que el tema es muy importante, en una provincia típicamente productora de alimentos, en particular de granos, donde la aplicación de plaguicidas es una herramienta esencial; pero también es esencial preservar el ambiente, la salud de las personas y las condiciones en las que han de aplicarse los plaguicidas", cerró.

Entidades agropecuarias salieron al cruce de un nuevo capítulo con la campaña "Basta de Venenos" con un video con la participación de actores, periodistas y cocineros para acusar directamente de "envenenadores" de la población a quienes trabajan para producir alimentos en Argentina.

la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) emitió un comunicado en el que lo cuestionó con dureza al sostener que detrás de todos los alimentos y productos hay miles de profesionales del agro, científicos y reguladores que estudian durante muchos años para garantizar la seguridad de lo que consumimos y utilizamos.

" Somos personas que al igual que ustedes se preocupan por lo que comemos, por el ambiente y por la salud. Por eso nosotros también decimos BASTA. Basta de estigmatización, basta de grietas, basta de argumentos sin ciencia, #BastaDeMiedos."

" Todos los sistemas de producción trabajan con principios agroecológicos y pueden convivir. Es importante que, en vez de sembrar miedo, sembremos responsabilidad".

"Nosotros siempre defendemos una única causa: la producción responsable para TODOS los argentinos"

" Somos personas que al igual que ustedes se preocupan por lo que comemos, por el ambiente y por la salud. Por eso nosotros también decimos BASTA. Basta de estigmatización, basta de grietas, basta de argumentos sin ciencia, #BastaDeMiedos".

" Todos los sistemas de producción trabajan con principios agroecológicos y pueden convivir. Es importante que, en vez de sembrar miedo, sembremos responsabilidad."

" Nosotros siempre defendemos una única causa: la producción responsable para TODOS los argentinos", finaliza el comunicado.

Posición de CIARA

Para la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquimicos (CIAFA) Desde hace un tiempo se percibe, cada vez con mayor frecuencia, una preocupación en relación al modelo de producción agropecuaria argentina y toda su cadena de valor.

Se agrega ahora un nuevo capítulo con la campaña "Basta de Venenos" con un video con la participación de actores, periodistas y cocineros para acusar directamente de "envenenadores" de la población a quienes trabajan para producir alimentos en Argentina.

" No ponemos en duda la inquietud de las personalidades que participan en el video, pero los argumentos esgrimidos no son fundados en conocimiento científico y lo que se consigue es generar miedo".

La entidad sostiene que en Argentina, la autorización del uso de los fitosanitarios se realiza siguiendo lineamientos de organismos internacionales como FAO. Su aprobación requiere presentar numerosos ensayos científicos que son evaluados por la autoridad regulatoria.

El pais no está aislado del mundo en materia de fitosanitarios, es productor de alimentos bajo estándares internacionales, logrando alimentos sanos y de calidad para nuestros habitantes y para los mercados más exigentes del mundo.

Los productores y los profesionales del agro, la industria de insumos, los funcionarios de organismos científicos y de control del estado, también tienen familias que habitan nuestro territorio y consumen los mismos alimentos.

" Desde CIAFA manifestamos nuestra preocupación y nos oponemos a este tipo de campañas que difama a quienes día a día trabajan para una producción de alimentos sanos y sustentables".

" La correcta comunicación también es una responsabilidad de todos. #BastaDeMiedos", finaliza el comunicado,