Este martes tuvo lugar una nueva reunión conjunta de las Comisiones de Salud Pública y Drogadicción, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Producción para continuar con el análisis del “Proyecto de Ley de buenas prácticas en la utilización de fitosanitarios y domisanitarios en la provincia de Entre Ríos”.

El encuentro de trabajo tuvo una duración de cinco horas y se desarrolló en el recinto de la Cámara de Senadores, con algunos invitados de manera presencial y varios con la modalidad videoconferencia.

Encabezaron la reunión quien preside la comisión Salud Pública y Drogadicción, Hernán Méndez (Ibicuy – Juntos por Entre Ríos), la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) y el presidente de Producción, Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos).

Los ambientalistas enviaron días atrás una nota a las autoridades de comisión (nota que contó con la adhesión de más de 500 firmas) solicitando que un listado de 22 especialistas tenga la posibilidad de expresar su postura ante los senadores.

De ellos tomaron la palabra los siguientes especialistas y vecinos:

El doctor en Ciencias Naturales, investigador del Conicet, profesor de Eco toxicología de la Universidad Nacional del Litoral, Rafael Lajmanovich.La abogada, Magister en Derecho Ambiental, Derecho Urbanístico y Tutela del Patrimonio Cultural, María Aldana Sasia.El médico y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verzeñassi-La periodista ambiental e investigadora Anabel Pomar.Nicolás Indelángelo, ingeniero agrícola agroecológico.Nadia Burgos. Ecosocialista RojaXimena Rosso, representantes de vecinos autoconvocados de Colonia EnsayoCynthia Arellano, representante de vecinos autoconvocados de Colonia Ensayo.Facundo Scattone Moulins, Brote Ecológico de Concordia.María Cristina Tejedor, miembro de la Ronda de los Martes de Concepción del Uruguay y Encuentro Ambiental Uruguayense.Emilio Vitale, Cordinadora Basta es Basta de Gualeguaychú.“La casta del campo”

En representación del MST en el FIT- Unidad y la Red Ecosocialista estuvo presente la dirigente Nadia Burgos

Señaló que el rechazo al proyecto “no es un caprichoso, sino que es producto de años de lucha contra un modelo agotado y cuyas consecuencias sufrimos el 99% de la población y los territorios que habitamos”.

Luego puso sobre la mesa una serie de datos de los pueblos fumigados: “Una es la curva de crecimiento del uso de agrotóxicos en nuestro país, que desde 1990 aumentó un 1400 %”.

“Con la soja como una de las producciones de mayor salto en estos años y que hoy ocupa el 60% de la tierra cultivada del país, este modelo empuja el desmonte volviéndonos uno de los 10 países con más deforestación del mundo”, advirtió Burgos.

“Los resultados de un modelo productivo que decían iba alimentar el mundo muestran que el 25% de la población sufre inseguridad alimentaria o, como sucede en nuestro país, el 50% de la niñez está bajo la línea de pobreza”.

Luego aseveró que “esta ley legaliza un modelo productivo que tiene como una de las principales consecuencias en nuestra provincia la concentración de tierras. Hay 190 firmas que controlan más del 25% de la tierra cultivada. Son 524.775 hectáreas que representan el 42% de tierra trabajada por nuevos actores, megaempresas no entrerrianas, pooles locales y grandes propietarios que también generan una concentración productiva, desplazando del campo a familias enteras mediante la concentración y monopolio de la tecnología y fuerza productiva”.

“Este modelo productivo bajo el imperativo de la ganancia que disloca la producción de las necesidades sociales no va más. En términos económicos es necesario reconocer que no existe producción que dé ganancias en el agronegocio sin fuertes estímulos económicos por parte de los gobiernos. La casta del campo, que son los planeros vip de los que nadie quiere hablar, a quienes le declaran la emergencia por sequía, por inundaciones, a quienes le bajan los aranceles de los agrotóxicos, etc. Y esto es así porque el paquete tecnológico es cada vez más caro, en dólares, y porque la dinámica de producción de commodities está atada a una demanda no natural, la del mercado, que todos sabemos no se regula solo”.

“La crisis capitalista actual no es solo económica, es sistémica y está impulsada por factores propios de este sistema en decadencia, no hay rindes en el campo porque bajo el consumo, porque las consecuencias ambientales ya están presentes, los suelos se agotan, las lluvias. son escasas, las ganancias no son las que esperan y así se multiplican proyectos como el RIGI y el RINI con exenciones impositivas, aduaneras, o pedidos como el de los productores de megagranjas porcinas que pegan el grito. en el cielo pidiendo subsidios a la luz, a su producción para que la 'competencia sea leal' frente a otras producción altamente subsidiadas”, agregó el dirigente de izquierda.

“Estos proyectos de ley avalan ese modelo y además lo hacen apelando a garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, de proteger y conservar la salud, de gozar de un ambiente sano y equilibrado y de favorecer una producción agrícola que Contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible. Son CÍNICOS: ¿no inocuidad en la utilización de productos tóxicos?, no hay equilibrio en la utilización de venenos, no pueden declarar de interés público la legalización estatal de este modelo productivo”.

“No queremos más engaños, porque sabemos que esta ley no es nueva, ni aggiornada, ni moderna. Es un intento fallido que insiste, ya frenamos en el 2014 el mamarracho de Arletaz y Cresto, nos manifestamos en una audiencia pública e hicimos caer en el 2017 el texto bochornoso de Giano y Torres. Y también cuando ingresó a la cámara de diputados en 2022 esta ley de Bordet la rechazamos. Nos toca una vez más expresar desde la lucha un rechazo, un rechazo que abre un poquito más el camino para que una transición a otro modelo productivo sea posible, porque con estas instancias cada vez más personas se entran que lo nuestro no es el fundamentalismo del NO. Que el fundamentalismo del NO lo tiene el agronegocio de las corporaciones, que hace lobby para que esta ley se concrete e imposibilitar otras formas de producción. Nosotros luchamos por un modelo productivo de y para las poblaciones, donde se decide democráticamente qué y cómo se produce. Que se produce al servicio de las mayorías sociales y el ambiente”.

“Para terminar queremos expresar una vez más que las únicas buenas prácticas son agrícolas sin venenos y es con agricultura con agricultores”, finalizó.

“Hallaron glifosato en la orina de las personas”

Otro de los que tomó la palabra fue el doctor en Ciencias Naturales, investigador del Conicet, profesor de Eco toxicología de la Universidad Nacional del Litoral, Rafael Lajmanovich.

El especialista en impactos de agroquímicos se explayó sobre diferentes investigaciones a lo largo de las últimas décadas. Señaló que a partir del 2008/2010 empezaron a aparecer más residuos de glifosato en muchas matrices, y en 2016 un estudio sobre el río Paraná confirmó residuos en los sedimentos, principalmente de herbicidas, insecticidas y fungicidas con concentraciones de alto riesgo.

Lajmanovich confirmó que Argentina marca récord en residuos de este tipo, y en un estudio reciente se encontraron concentraciones de glifosato en tejidos y músculos de sábalos. En distintas partes del país se encuentran resultados similares en agua, sedimentos y hasta en la lluvia, y existen investigaciones que hallaron glifosato en la orina de personas, por lo que “la problemática es cada vez mayor”.

El experto apuntó al movimiento de los plaguicidas en el ambiente lo que es un tema muy complejo y que la cercanía a los lugares de aplicación aumenta el riesgo.

“Las buenas prácticas no existen”

Luego fue el turno de la abogada, Magister en Derecho Ambiental, Derecho Urbanístico y Tutela del Patrimonio Cultural, María Aldana Sasia. En su experiencia de llevar adelante varios casos judiciales por daños a poblaciones y medio ambiente, el profesional se centró en los fundamentos de los fallos. “Hablamos de la salud de todos los entrerrianos”, manifestó, para afirmar que los impactos de los fitosanitarios persisten por tres generaciones.

“Este proyecto peca de inconstitucional” aseveró, tras lo cual enumera que no se adecúa al estado de la ciencia actual, al principio de no regresión, de objetivación de la tutela ambiental, entre otros puntos. Sasia cuestionó el tema de las cortas distancias para fumigar y la aseveración de que los productos son inocuos.

“Las buenas prácticas no existen, por distintas variables el producto llega a un lugar distinto de donde se tiró”, por lo que “los controles son imposibles, hay pruebas contundentes en fallos judiciales” agregó.

Más hizo adelante destacó en los 2.334 principios activos y 6.480 productos formulados aprobados por Senasa, organismo que apunta a lo agudo de la toxicidad y no a lo crónico de los efectos, en tanto en la provincia de Entre Ríos no hay registros de casos crónicos. Para finalizar entendió que “es necesario regular las distancias de aplicación, ampliarlas y rever el modelo de producción”.

“El proyecto adolescente de fundamentaciones científicas”

Luego y por videoconferencia hizo su exposición el médico y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verzeñassi. “Hace más de 20 años trabajo en los impactos de los modelos de producción” comenzó diciendo ante los legisladores.

Aseveró que los productos fitosanitarios producen intoxicación aguda y toxicidad crónica. Entre estos últimos ubicó al cáncer, que se ha demostrado que distintos tipos de la enfermedad tienen relación con la exposición, y tanto en Entre Ríos la exposición es intensiva. El profesional ahondó en estudios que demuestran los daños en la salud de la población.

Entendió que el proyecto de ley que está en análisis “adolece de fundamentaciones científicas”. Seguidamente se preguntó por las distancias contempladas en el texto, para decir que deben tenerse en cuenta los 1095 metros fijados por la Justicia.

Verzeñassi citó varios ejemplos de productos de banda verde (también conocidos como clase IV, se consideran productos con menor toxicidad) los cuales no son inocuos y acarrearían múltiples consecuencias, y puso de aliviar que hay conflictos de intereses que hay que tener en claro.

Por último, pidió una ley en función de la salud y la vida de la población.

Las distancias están alejadas de lo que marca la ciencia.

También por pantalla se hizo presente a la periodista ambiental e investigadora Anabel Pomar. “Las propias empresas que fabrican los productos ocultan la peligrosidad de los mismos” aseveró.

En contra del proyecto de ley, señaló que no garantiza la salud de la población y las distancias de aplicación contempladas son alejadas de lo que la Justicia y la ciencia sugieren. “Los fabricantes pagan para mentir y seguir comercializando productos y ocultan los daños”, manifestó, y denunció que en Argentina se aplican fitosanitarios prohibidos de más de 40 países del mundo y no se monitorean.

Pomar también cuestionó la base científica del proyecto de ley y finalizó sosteniendo que la vida de las personas no tiene precio.

El proyecto “tiene fuerte arraigo en lo comercial”

Por su parte, Nicolás Indelángelo, ingeniero agrícola, se preguntó dónde está el método científico en el proyecto de ley. “Entiendo que se busca validar el uso por ejemplo de drones, pero sin evidencia científica; los jueces fallan sobre la evidencia y se arrojó una aplicación a 1000 metros de distancia” por lo que “reclamamos la evidencia científica en el Poder Legislativo”.

El profesional citó que en la localidad de Oro Verde se ha encontrado en el aire, en el agua y en el suelo la presencia de Múltiples agroquímicos, tras lo cual señaló que “no se maneja la dinámica ambiental y es alto el porcentaje de producto que llega a cualquier lugar”. Indelángelo dijo a los senadores que “estamos alarmados porque estamos condenados por la gran cantidad de aplicaciones por hectárea y cada vez se usan más agroquímicos, la tendencia es creciente y exponencial, son un negocio fantástico para multinacionales”.

El ingeniero opinó que “este articulado tiene fuerte arraigo en lo comercial y tenemos que pensar en los habitantes de este suelo, poner la agenda en la disminución del uso de agroquímicos”.

La voz de los vecinos

En representación de vecinos autoconvocados de Colonia Ensayo, Ximena Rosso y Cynthia Arellano rechazaron el proyecto de ley. “En Colonia Ensayo hay 18 barrios nuevos porque los productores lotearon los campos” y señaló que “soy una vecina fumigada y no queremos que nos envenenen”.

“Hay un Estado ausente y se habla de más veneno a menos distancia”. Por su parte Rosso indicó que “fuimos beneficiadas por el amparo y pedimos mayores distancias en las fumigaciones”.

En el mismo sentido, Facundo Scattone Moulins desde Concordia por videoconferencia, manifestó el rechazo al proyecto y al modelo de producción y pidió avanzar en un proyecto con base sólida en la salud.

El ambientalista hizo hincapié en que no hay consenso sobre el proyecto de ley, el que fue hecho a su entender por la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas.

Desde Concepción del Uruguay, también por pantalla, María Cristina Tejedor miembro de la Ronda de los Martes y Encuentro Ambiental Uruguayense, habló de lobby en el proyecto de ley.

Señaló que el texto “es como una trampa para institucionalizar a las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA)”.

Como muchos de los expositores que la precedieron en la palabra, también cuestionaron las cortas distancias contempladas en las aplicaciones.

Por último, desde Gualeguaychú, Emilio Vitale, referente de una organización ambientalista, entendió que el proyecto de ley “no contempla controles ambientales ni durante ni después de las aplicaciones” por lo que no se puede certificar la buena práctica agropecuaria.

Por videoconferencia abogó por informar los expedientes en materia ambiental, utilizar mayor tecnología para evaluar impactos, e impulsar el menor uso de los productos fitosanitarios apuntando a los beneficios de la agroecología. (APFDigital)

Este miércoles a las 11 durante la sesión de la Cámara de Diputados se tratará el proyecto que propone regular el uso de agroquímicos. Es por ello que el titular de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente, Juan Rossi, escribió una nota de opinión titulada “Una producción agropecuaria sostenible es posible y necesaria”.

Hubo dictamen de comisión para el proyecto de ley de agroquímicosDura crítica de Burgos al dictamen del proyecto que regula el uso de agroquímicos: “Se impuso el lobby del agronegocio”Agmer fue a Diputados a dar su postura sobre el proyecto de ley que regula el uso de agroquímicos en la provinciaA continuación, la opinión del diputado:

"Soy de la opinión que el futuro de Entre Ríos depende en buena medida del tipo de acuerdo de convivencia entre el campo, pueblos y ciudades. Tales acuerdos son de naturaleza política y, en consecuencia, su contenido es lo que deberíamos debatir. Por ejemplo : en estos meses hemos estado debatiendo sobre la problemática social y ambiental derivada del uso de productos fitosanitarios (“agroquímicos” o “agrotóxicos” incluyen también a los fertilizantes); salud y el ambiente; tres aspectos centrales en la vida de muchos entrerrianos”.

“Este estado de situación implica un desafío político enorme para la dirigencia entrerriana. Así las cosas, con el apoyo de nuestro gobernador Rogelio Frigerio, desde la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados que preside, decidimos modernizar la regulación fitosanitaria vigente, un tema, que como veremos, excede con creces las buenas prácticas agropecuarias. en sí”.

“En Entre Ríos los fitosanitarios están regulados por la Ley 6.599 de Plaguicidas sancionada en 1980 durante la última dictadura cívico-militar y ratificada en democracia en 1984. Es una ley de 21 artículos que regula los actos derivados del expendio, aplicación, transporte y almacenamiento. de plaguicidas. En ella también se destacan: la obligación de contar con el asesoramiento técnico de un profesional en el gasto y/o aplicación, la creación de los registros de gastos y aplicadores y sanciones para quien cause daños a terceros”.

“Desde entonces fueron numerosos tanto los decretos y resoluciones ministeriales en materia fitosanitaria, como los amparos ambientales y fallos judiciales. El 6 de marzo de este año, el Tribunal Superior de Justicia resolvió por unanimidad, entre otras cuestiones, declarar ineficaz e insuficiente la normativa vigente en materia de fitosanitarios para la protección del derecho a la salud y al goce de un medio ambiente sano y sustentable. , ordenando al Poder Legislativo de la Provincia de Entre Ríos el dictado de la ley que corresponde en un plazo razonable”.

“El 30 de noviembre del 2022 el gobierno de Gustavo Bordet presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley 26.117 de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios. Una propuesta que tuvo el mérito de haber sido consensuada con la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos, un espacio donde confluyen actores vinculados al mundo productivo, económico, profesional y académico. Sin embargo, pasó más de un año, y aun teniendo mayorías en ambas cámaras, nunca existió la decisión política de aprobarlo”.

“Ya con un nuevo gobierno, el 26 de marzo del 2024 desde la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, como decía, comenzamos un proceso de discusión abierto y participativo sobre los “escabrosos fitosanitarios”. Convencido que el proyecto de Ley 26.117/22 no contenía una perspectiva de salud y ambiental adecuada, convocamos a especialistas en toxicología, medicina, veterinaria e ingeniería y a decenas de agrupaciones ambientales, entre otras. Escuchamos a personas afectadas, sindicatos, científicos del INTA, funcionarios provinciales y actores del mundo productivo entrerriano. Asimismo, recorrí la provincia para comprender los posibles impactos en las economías regionales, productores y obreros rurales. Con ambientalistas nos encontramos en lugares contaminados, en Colonia Elía conocí el funcionamiento del protocolo de control de aplicación de fitosanitarios y en el aeroclub de Paraná presencié pruebas de simulación de derivas de aplicaciones aéreas y terrestres. También analizamos variados papers científicos y opiniones escritas. ¡Fueron un montón!”.

“Una gran parte de los aportes y muchas de las demandas sociales en materia ambiental, productiva y de salud fueron plasmadas en los 109 artículos del dictamen de comisión aprobado el día 2 de octubre. Como prontamente será debatido en la Cámara de Diputados, paso a destacar las principales novedades respecto de la ley 6.599 de Plaguicidas vigente desde hace 44 años”.

“Alcance regulatorio ampliado. Nuevos deberes para nuevos y viejos actores: importadores, elaboradores, formuladores y fraccionadores, expendedores, asesores, ensayistas, aplicadores, operarios, almacenadores y transportistas y empresas de verificación técnica. Compárese con los 4 actores de la Ley 6.599 vigente”.

“Ordenamiento ambiental del territorio. Establece 3 zonas bien diferenciadas: Zona de Exclusión (existe restricción absoluta para aplicaciones de productos fitosanitarios), Zona de Amortiguamiento (pueden aplicarse algunos productos fitosanitarios de forma condicionada: presencia obligatoria del asesor fitosanitario, receta agrónomica digital presentada, aviso con 48 horas de anticipación y condiciones meteorológicas adecuadas) y Zona de Libre Aplicación. Esta zonificación combinada con las modalidades de aplicación (manual, drone, terrestre y aérea) dan como resultado 24 distancias diferenciadas”.

“Intensificación ecológica. En las zonas de exclusión, donde se prohíbe el uso de fitosanitarios, el gobierno deberá otorgar incentivos económicos, beneficios fiscales y/o pago por servicios ambientales a las y los productores que impulsen modelos productivos de intensificación ecológica que contribuyan a un desarrollo rural sostenible”.

“Sistema de monitoreo ambiental. El gobierno provincial, los municipios y comunas promoverán redes de monitoreo ambiental sobre las actividades de aplicación de fitosanitarios y sobre los potenciales efectos en la calidad del suelo, el aire, el agua y la biota. También el sector privado podrá instrumentar sistemas de control y monitoreo de manera complementaria al de las autoridades públicas”.

“Inspección, fiscalización y sanción. Para mejorar las deficientes capacidades estatales de control se incorpora el poder de policía concurrente entre la Provincia, municipios y comunas según lo establece el artículo 83 de la Constitución provincial. Asimismo se crea un Cuerpo de Inspectores exclusivo y en un plazo de 2 años, todos los equipos de aplicación de fitosanitarios deberán contar con dispositivos de contralor tecnológico instalados”.

“Régimen sancionatorio ampliado”.

“Sumar tecnología. Además del contralor tecnológico mencionado, se incorporan bajo regulación tecnologías relevantes tales como los productos fitosanitarios de orígen biológico (biofitosanitarios) y los drones para pulverizaciones”.

“Buenas prácticas en materia de fitosanitarios. Toda actividad en territorio entrerriano que utilice productos fitosanitarios deberá regirse por un protocolo de buenas prácticas en materia de fitosanitarios aprobado por el Consejo Asesor Fitosanitario”.

“Salud y escuelas rurales. Enumero: elaboración de un mapa público de georreferenciación para las 781 escuelas rurales entrerrianas, las cuales deberán contar con barreras vegetales en sus perímetros. Implementación obligatoria de protocolos de limpieza en las escuelas después de aplicaciones y de protocolos de actuación ante casos de aplicaciones de productos fitosanitarios en cercanías de escuelas. Por último, vigilancia epidemiológica a las personas afectadas por la exposición aguda o crónica a productos fitosanitarios”.

“Educación ambiental. Campañas de concientización y sensibilización periódicas y programas de educación ambiental en materia de fitosanitarios y sus riesgos, en los términos dispuestos en el artículo 84 de la Constitución entrerriana y la Ley Nº 10.402 de Educación Ambiental”.

“Consejo Asesor Fitosanitario. El Consejo se integra con 17 actores estatales y no estatales, destacándose representantes académicos, el INTA, organizaciones de productores y ambientales, sindicatos de trabajadores rurales y docentes, etc”.

“Fondo Fitosanitario Entrerriano. Básicamente se conforma con el 1% de la recaudación del impuesto inmobiliario rural y las partidas presupuestarias asignadas. Tiene afectación específica, esto es, solo podrá ser utilizado para el cumplimiento de la ley”.

“Todos sabemos que la producción agropecuaria es estratégica para el desarrollo entrerriano. Comparto unos datos para ilustrar la magnitud del impacto sobre la producción de las reformas propuestas. Para la campaña 2024/25, en Entre Ríos se proyecta sembrar 2,2 millones de hectáreas con cultivos de trigo, maíz, sorgo, soja y arroz. Además, unas 700.000 hectáreas destinadas a los cultivos agrícolas restantes, semillas forrajeras, carne bovina, citrus, pecán, forestal y de pastura. Asimismo, aunque es escaso el uso de productos fitosanitarios, unas 2 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería en campo natural. Sumando da un total de casi 5 millones de hectáreas en donde se emplean fitosanitarios con diferente intensidad y frecuencia. Estas casi 5 millones de hectáreas representan el 63% de la superficie total de la Provincia de Entre Ríos (7,8 millones de hectárea)”.

“Bajo el paradigma productivo actual los productos fitosanitarios sirven para combatir las plagas que impactan en la productividad y calidad de los cultivos. La FAO estima que las plagas y las enfermedades vegetales causan pérdidas de entre el 20% y el 40% de la producción mundial de alimentos. Por lo tanto, el uso de fitosanitarios no solamente afecta la productividad de las unidades productivas y, la economía de una determinada región, con sus consecuencias en el tejido social rural y en la recaudación estatal, sino que las pérdidas de cultivos y rendimientos debido a las plagas son una amenaza para la seguridad alimentaria mundial”.

“Por otro lado, si bien es cierto que el uso de fitosanitarios crece de manera continua, la toxicidad de los mismos disminuye. Sin embargo, es excesiva la concentración de fitosanitarios encontrados en los seres vivos, en la lluvia, el aire y los suelos, en las cuencas y los ríos. Los fitosanitarios, tanto los sintéticos como los de origen natural, son sustancias intrínsecamente tóxicas. No obstante, el riesgo de que tales sustancias perjudiquen la salud de las personas y los ecosistemas, depende no sólo de la toxicidad intrínseca de la misma, sino del grado de exposición que se tenga a la sustancia (riesgo = toxicidad x exposición)”.

“En este relato quise mostrar la complejidad que deriva del hecho de usar fitosanitarios en la producción entrerriana actual, las diferentes caras de un problema político y socioambiental cuyos elementos no son separables y, por lo tanto, no deben ser estudiados aisladamente. En consecuencia, es necesario salir del inconducente debate que proponen las posturas políticas unilaterales; porque, sencillamente, más allá del ruido y los lemas, no aportan soluciones realistas e integrales. De un lado, están las posiciones exclusivamente ambientales, que ignoran los aspectos productivos relevantes que permiten el autosostenimiento económico de las unidades productivas, olvidando además las consecuencias en la maltratada ruralidad. En el otro extremo, las perspectivas netamente productivistas que niegan o minimizan los evidentes impactos en la salud y el ambiente”.

“Finalmente, esta crítica no implica pararse en el medio de los extremos. El contenido del dictamen aprobado y su proceso de construcción muestran que existe un amplísimo consenso social en priorizar la salud humana, cuidar el ambiente y la biodiversidad y producir de manera sostenible con las y los productores viviendo en los campos. Es un principio de un nuevo acuerdo de convivencia entre el campo, pueblos y ciudades. Resta ponerlo en práctica”.

La iniciativaEl borrador base es el mismo que presentó el Ejecutivo en noviembre de 2022. Se trata de un cuerpo normativo que fue impulsado por el ex ministro de la Producción y actual diputado, Juan José Bahillo (MpER-PJ).

Las distancias mínimas para las pulverizaciones con agrotóxicos donde haya personas es de 100 metros para las realizadas de forma terrestre y 200 metros para las aéreas.

En el caso de instituciones educativas rurales se establece un régimen especial, donde se considera “una distancia de 150 metros medidas desde el perímetro de la escuela para delimitar la zona de exclusión, siendo para aplicaciones aéreas la distancia de 500 mts, medidas desde el perímetro del establecimiento educativo.

A partir de esta distancia se considera una zona de amortiguamiento que va desde el límite de la zona de exclusión (150 mts de perímetro) a 500 mts para equipos terrestres; desde el límite de la zona de exclusión para equipos aéreos (500 mts del perímetro de la escuela) hasta los 3000 mts”.

OpositoresCabe destacar que la semana anterior la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Nadia Burgos, calificó como nefasto el proyecto de ley y aseguró que “no se lo vamos a permitir. Vamos a seguir movilizados y en lucha”. Además el dirigente en ocasiones anteriores pidió que se retirara la iniciativa y que “se habilite un verdadero debate” para construir un modelo productivo diferente. (APFDigital)

El proyecto de ley será sometido a debate este martes 26 de marzo a las 10 horas en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Se trata del proyecto de ley de “buenas prácticas en la utilización de fitosanitarios y domisanitarios en la provincia de Entre Ríos”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Gustavo Bordet que tomó estado parlamentario en diciembre de 2022 y que recién comenzó a debatirse este mes en la comisión legislativa que preside el socialista Juan Manuel Rossi.

En el anterior encuentro de la comisión, el legislador había adelantado que se convocará a organizaciones productivas, vinculadas al cuidado del medio ambiente, referentes de salud, miembros de la comunidad científica, representantes de las Universidades y a organizaciones intermedias que trabajan en la temática”.

“Asumimos el compromiso de escuchar a todos los sectores involucrados en este tema para encontrar una propuesta superadora que contemple el ambiente, la producción y la salud de las y los entrerrianos”, señaló.

“Queremos contribuir para impulsar un modelo de producción sostenible ambiental y socialmente. Aspiramos a tener unas de las leyes más modernas del país referida a este tema que hace años debió ser tratado y quedó siempre guardado en algún cajón", enfatizó.El proyectoEl proyecto establece que las distancias mínimas para las pulverizaciones con agrotóxicos donde haya personas es de cien metros para las realizadas de forma terrestre y 200 metros para las aéreas.

A su vez, se dispone un régimen específico si en la zona hay instituciones educativas rurales: se establece “una distancia de 150 metros medidos desde el perímetro de la escuela para delimitar la zona de exclusión, siendo para aplicaciones aéreas la distancia de 500 metros, medidas desde el perímetro del establecimiento educativo”.

A partir de esta distancia se considera una zona de amortiguamiento que va desde el límite de la zona de exclusión (150 metros del perímetro) a 500 metros para equipos terrestre; desde el límite de la zona de exclusión para equipos aéreos (500 metros del perímetro de la escuela) hasta los 3.000 metros. (APFDigital)

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la queja interpuesta por la Municipalidad de Sastre para oponerse a la sentencia de primera instancia que hizo lugar a una acción de amparo colectivo ambiental. El fallo original había determinado un radio de protección de 1.000 metros libres de agroquímicos, en todo el perímetro urbano de esa ciudad del departamento San Martín. Ahora, la decisión del máximo órgano de Justicia provincial convalidó la instauración de esa distancia como protección a una población rural en su totalidad y sentó un precedente que abre la puerta para que otras comunidades afectadas por la aspersión de químicos agrarios, concreten su reclamo.

Desde septiembre de 2020, cuando el juzgado de primera instancia de Rafaela dictó una sentencia en la que prohibió las fumigaciones terrestres a 1.000 metros de distancia, comenzó la etapa de resguardo para la ciudad de Sastre, de unos 7.000 habitantes, transformándola en la primera urbe santafesina y la segunda en el país, en contar con todo el perímetro urbano protegido.

La causa tiene un fuerte fundamento en la protección de la vida, la salud de las personas y el ambiente e invoca el principio precautorio. También incorpora numerosas pruebas reunidas como voces de expertos, informes científicos y territoriales y la normativa ambiental vigente.

Municipio contra vecinos

Esta decisión judicial fue apelada por los productores en carácter de terceros interesados y la Municipalidad, pero la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Rafaela rechazó los recursos confirmando la sentencia de primera instancia. Respecto a esta última, el municipio interpuso luego un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara de Rafaela a fin de que intervenga en el asunto la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, pero la Cámara de Apelaciones lo rechazó.

No conforme, el municipio insistió recurriendo directamente en queja ante la Corte para solicitar su intervención, que el máximo tribunal rechazó no solo por cuestiones formales sino fundamentando su decisión con profusión de argumentos vertidos en la sentencia.

De este modo confirmó el veredicto de primera instancia, del juez Duilio Hail y ratificó la sentencia de segunda instancia. Con esta decisión de la Corte, rubricada por el presidente, Daniel Erbetta y los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Mario Netri y María Angélica Gastaldi, se agotaron los recursos provinciales debido a que ya se expresó el órgano máximo de justicia.

Ahora, en absoluta soledad -ya que los productores no pudieron continuar su reclamo por presentarse fuera de los plazos establecidos en la queja ante la Corte provincial-, el municipio de Sastre, opuso otro recurso extraordinario, esta vez ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta medida se presentó en la Corte santafesina y aún no fue resuelta. En caso de que se admita, remitiría la causa al máximo órgano de Justicia nacional; si lo rechaza, sólo quedará a la Municipalidad recurrir directamente en queja ante la Corte de la Nación.

Argumentos municipales

En los fundamentos de las distintas impugnaciones que intentó, la Municipalidad argumentó que consideraba al fallo de primera instancia como arbitrario y lesivo de sus derechos constitucionales; que se interpretó el material probatorio incluido en la causa de un modo equivocado, que hubo vicios de sustentación dogmática, autocontradicción y falta de apreciación de cuestiones conducentes.

También atacó el mecanismo que usaron los vecinos -un recurso de amparo colectivo- como método legal para zanjar el conflicto que se presentó ante las fumigaciones cercanas a las viviendas y la legitimación de los vecinos como demandantes “por no haber acreditado su relación, más o menos directa, con las zonas supuestamente afectadas por las fumigaciones”. En el mismo rumbo observó la personería de la defensora general y su habilitación para representar a los amparistas.

Sin embargo, la Corte consideró acertada la decisión de la Cámara que “ponderó los delicados intereses en juego y evaluó los distintos carriles existentes para canalizar la pretensión de los amparistas, concluyendo acertadamente con sustento en la Constitución Nacional, que para el caso, el amparo era la vía idónea para tutelar de manera efectiva los derechos fundamentales comprometidos”.

En este punto, la Corte destacó la importancia de esos derechos que cuentan con expreso reconocimiento en la Carta Magna nacional, como los que se encuentran en juego en este caso: “un ambiente sano, una mejor calidad de vida y la protección de la salud”.

Capítulo aparte merece el cuestionamiento que hizo el municipio al considerar que “la vía judicial no es la adecuada para resolver la cuestión debatida, sino que debía continuarse con la discusión democrática y representativa en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad”.

En realidad, los demandantes junto a los padres de Zoe Giraudo -una niña de dos años enferma de cáncer- decidieron optar por la vía judicial cuando el cuerpo de concejales les indicó a los vecinos que las posibilidades de reclamo ante el Concejo estaban agotadas, luego de un año de pedir que modifiquen la ordenanza que regula las fumigaciones.

“Vayan a la Justicia, nosotros no podemos hacer nada”, dijo el entonces edil y actual secretario de Gobierno del municipio, Edgardo Figueroa. Su suegra, la intendenta María del Carmen Amero -quien es propietaria de campo dentro de la zona alcanzada por la restricción judicial- nunca recibió a los vecinos para debatir sobre la problemática a pesar de los reiterados pedidos de audiencia.

La Municipalidad defendió los alcances de la ley provincial 11273, de regulación de “productos fitosanitarios” -sancionada en 1995, antes del cambio de modelo agroindustrial- como herramienta para decidir dónde permitir y prohibir las fumigaciones. “Cada comunidad tiene un margen de apreciación dentro de lo que la ley provincial considera como tolerable, siendo competencia municipal decidir si se fumiga o no en la zona donde la ley ya no lo considera peligroso”, indicaron en la causa.

Las autoridades municipales de Sastre también atacaron las pruebas producidas en el proceso porque consideraron que “no dan certeza de que estemos ante la presencia de un daño cierto o inminente” e intentaron desacreditar el aporte al legajo que hicieron el biólogo Rafael Lajmanovich y la médica pediatra Analía Pretto. En este punto cabe aclarar, que durante la etapa de desarrollo de este conflicto, los trabajos de investigación de Lajmanovich fueron publicados en revistas científicas internacionales y convalidadas por sus pares.

El municipio, también consideró que el fallo es descalificable por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial e incumplir con la exigencia de motivación suficiente. Sostiene que se cercenaron sus derechos con una interpretación incorrecta de los antecedentes y prueba aportada, que se aleja del derecho vigente y afecta el derecho al debido proceso y la garantía de defensa en juicio.

La posición de la Corte

El fallo de la Corte santafesina aclara que “sólo se advierte la mera discrepancia” -sin entidad constitucional- de la Municipalidad con lo resuelto por la Cámara, “en un intento de lograr su revisión en una suerte de tercera instancia ordinaria que no amerita el franqueamiento de esta vía excepcional”.

“Se advierte que toda la argumentación desarrollada por la recurrente (el municipio), pese al matiz constitucional que pretende otorgarle, constituye una reedición sin variantes de las objeciones formuladas en las anteriores instancias, omitiendo la demandada dirigir críticas concretas hacia la decisión objeto de la impugnación extraordinaria”, señalaron los ministros y consideraron que así desvirtuó el objetivo de atacar legalmente el fallo de Alzada.

También consideraron inadmisible interpretar que no existe daño cierto o inminente para que proceda el amparo de los vecinos “en un campo en el que rigen los principios de prevención y precautorios, adquiriendo este último operatividad, justamente, en supuestos de incerteza científica cuando se verifica riesgo, amenaza o peligro de daño grave o irreversible y siempre que exista un mínimo de demostración de su posible concreción”.

Copie y pegue

En definitiva, la Corte Suprema explicó que el municipio, representado a lo largo del juicio por el abogado santafesino, Domingo Rondina, “no hizo más que reeditar idénticos planteos a los que fueron objeto de tratamiento oportuno y suficiente, evidenciando solo discrepancia con el criterio del Tribunal y sin lograr perfilar un supuesto de arbitrariedad que amerite la descalificación de la sentencia”.

Hacia un modelo sostenible

Pasaron dos años de la primera sentencia. Y si bien aún hay tensiones entre los protagonistas, Sastre tiene la posibilidad de transitar un camino de transición hacia un modelo agroecológico más saludable y rentable. En los lindes de la ciudad actualmente se realiza siembra de pasturas o producciones ganaderas, demostrando que se puede producir sin envenenar. Un contexto en el que todos ganan.

Fuente: La Capital de Rosario

Proyecto de Ley que tiene como objetivos la “protección y conservación de la salud, de un ambiente sano y equilibrado y de la producción agropecuaria, mediante la utilización de las buenas prácticas, a través de la correcta y racional utilización de productos fitosanitarios y domisanitarios que aseguren la calidad e inocuidad de los alimentos y materias primas tanto de origen vegetal como animal, como, asimismo, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la producción”.

Ante esto, desde la Coordinadora por una vida sin agrotóxicos provincial Basta es Basta, se pronunciaron asegurando que, con este proyecto no se busca regular, sino que lo que se hace es promover el uso de agroquímicos como los plaguicidas. 

En este marco, dialogamos con Ramón Velázquez, integrante de las organizaciones ambientalistas locales como “Gualeguay Te Quiero Verde” y “Foro Ambiental Gualeguay”, quien además forma parte de “Basta es Basta”, y ha colaborado con varios vecinos que viven en campos y sufren de manera constante bajo el ala de los agrotóxicos, para que nos brinde detalles del porqué se estaría promoviendo el uso con el proyecto ingresado el pasado noviembre. 

“Las organizaciones ambientalistas repudiamos el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre, ya que es regresivo, tramposo y contradictorio. Y busca legitimizar la utilización de venenos en la producción agroindustrial, en perjuicio del cuidado de la salud y el ambiente”, comenzaba diciendo.

Y continuaba “Este Proyecto para las supuestas Buenas Prácticas Agrícolas que propone el Ejecutivo, no cumple con los requisitos del Acuerdo de Escazú, (que establece acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales), no se Ajusta a los principios del Derecho Ambiental, no reconoce al Uso de Agrotóxicos como una Actividad Peligrosa para el Ambiente y la Salud. Ni involucra al Ministerio de Salud cuando se trata prioritariamente un tema de salud pública”

En la misma línea Ramón Velázquez expresa “La agroindustria es la única industria que está exceptuada de tener controles ambientales cómo las demás actividades contaminantes. Siendo que además es la principal causa de contaminación de ríos, arroyos y humedales”

Por ende, es que desde todas las organizaciones ambientales de la provincia, especialmente desde Basta es Basta “apelamos a que nuestra legislatura provincial no impulse normativas permisivas que sigan lesionando la salud pública y sigan sosteniendo un modelo concentrado. Los agroquímicos agotan la fertilidad del suelo y carga de tóxicos nuestros cursos de agua. Un modelo que ha dejado excluidos a pequeños productores; y que arrasó con nuestro monte nativo que nos protegía del calentamiento global”

Cerca del final, nos contaba que “La Argentina se caracteriza por tener un importante consumo anual de productos de síntesis química para la producción agrícola, de origen nacional o importados. En las 36 millones de hectáreas cultivadas, se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otros tipos de agroquímicos. Los envases necesarios para su comercialización generan unas 17 mil toneladas de polietileno cada año, el volumen de productos químicos utilizados, que ha superado los 500 millones de kilogramos en los últimos años, un promedio de 13 kg por hectárea, en Argentina diversos estudios detectaron la presencia de fitosanitarios en aire, aguas superficiales, subterráneas y de lluvia, suelos agrícolas y en áreas urbanas y periurbanas”, todo esto, basándose en un informe del INTA.

“Exigimos a los Legisladores que cumplan con su deber de legislar para la salud de las generaciones presentes y futuras. Basta de política extractivista, otras formas de producir son posibles, urgentes y necesarias”, finalizaba Ramón Velázquez, docente y ambientalista. 

Tras el encuentro, sectores vinculados al campo afirmaron que avalan la iniciativa del Poder Ejecutivo porque “reduce considerablemente las distancias establecidas para poder aplicar fitosanitarios”, indicaron a esta Agencia fuentes del sector rural, quien precisaron que la letra chica sobre esta polémica discusión está en el artículo 13º del proyecto.En el proyecto anterior “la cantidad de hectáreas de la provincia en la que se podía sembrar sin trabas equivalía a la superficie del departamento Islas”, por lo que este proyecto “es un avance”, consideraron.

También manifestaron que reina una “gran incertidumbre sobre cómo actuará la Legislatura” y consideran que “hay que ver si el gobernador Gustavo Bordet logra bajar línea a sus legisladores y cómo se para el bloque oficialista ante esto, ya que sabemos que son varios los que tienen un perfil más ligado a los ambientalistas”.

Desde el sector rural estiman que si el campo lo pide, el Interbloque de Cambiemos apoyará el proyecto, pero hay dudas sobre su aprobación debido a que la mayoría está en manos del oficialismo, donde recae la mayor resistencia al uso de plaguicidas. 

Fuente: APFDigital 

Entre Ríos es una de las zonas productivas del país donde hay mayor impacto ambiental por la aplicación de agroquímicos.

Esto se dio a conocer a través de un informe elaborado por la empresa argentina SIMA Agtech (Sistema de Monitoreo Agrícola), mediante el indicador EIQ, que permite evaluar el impacto ambiental generado por una aplicación de estos productos.

El mayor nivel responde de forma directa a los diferentes cultivos que se siembran, la rotación de los mismos, la cantidad de aplicaciones e incluso los diferentes productos que se utilizan durante la campaña, dijeron desde la empresa.

Para este estudio, la compañía se basó en el coeficiente EIQ (coeficiente de impacto ambiental, por su sigla en inglés). SIMA, asimismo, analizó la cantidad de aplicaciones que se hace por cada cultivo y determinó que, en promedio, para los tres principales (soja, maíz y trigo), el valor de EIQ por aplicación es de 9,40, lo cual para la escala de referencia utilizada se puede catalogar como de "impacto bajo".

En términos generales los principios activos de los insecticidas, con 30,3 de EIQ son los que ocupan el primer lugar del podio, en tanto que los de fungicidas tienen en promedio un valor del indicador de 29,6, y, por último, con un valor de 19 están los herbicidas.

El profesor de la cátedra de Botánica Sistemática de la Facultad de Ciencia y Técnica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y especialista en políticas ambientales, licenciado Alfredo Grimaux, describió transformaciones ambientales que acontecen como consecuencia del modelo sojero. También, y como parte en el conflicto que sucede por la proyectada obra de ensanche de bulevar Racedo, ya que asesoró técnicamente a los vecinos, fundamentó su posición y analizó un contexto más general de la situación del arbolado en Paraná.

Entre el monte y los tajamares

—¿Dónde naciste?

—En Federal, en el límite de la ciudad con el monte de algarrobales negros y espinillos. Mi casa tenía campo y monte; íbamos a bañarnos a los arroyos cercanos, comíamos frutas silvestres y aprendí Botánica, informalmente, de mi padre, quien era agrónomo general.

—¿Qué se veía al salir de tu casa?

—Monte; estábamos en la zona alta de la Cuchilla de Montiel, de tierra arcillosa, y en la zona de los bañados y tajamares, con mucho guayabo, y cerca de uno de los puentes sobre el río Gualeguay, Paso Duarte, con pajonales y selva en galería.

—¿Les imponían algún límite del lugar?

—Tengo varios hermanos mayores que fueron boys scouts, así que eran grandes nadadores y campamentistas, por eso nos daban permiso para irnos a bañar a los arroyos cercanos y hacer campamentos.

—¿Tu mamá?

—Ama de casa. Mi papá trabajó muchos años en la Dirección de Ganadería, en la lucha contra la garrapata, y por eso conocíamos la mayoría de las estancias y montes. También trabajó en ensayos de nuevas especies agrícolas y lo acompañábamos.

—¿Qué ancestros eran franceses?

—Mis tatarabuelos, agricultores, quienes llegaron desde la zona de los Pirineos entre 1806 y 1807 al puerto de Buenos Aires y de ahí una rama se asentó en Nogoyá, donde mi abuelo tiene campo, y otra en Rosario del Tala. Mi mamá era de origen español y su familia, por la Guerra Civil, se trasladó a Francia.

—¿A qué jugabas?

—¡A qué no jugábamos! Toda la vida al fútbol, con mis hermanos hicimos mucho atletismo y competimos en Paraná, al tenis criollo, pelota a frontón, mucha bicicleta y juegos familiares.

—¿Personajes del pueblo?

—Nos llamaban mucho la atención los hacheros que venían a trabajar a casa, especialmente uno, don Verdún, un hombre grande y muy sufrido, quien trabajaba de sol a sol. Muchas veces se vendaba la manos, le preguntábamos qué le pasaba, nos las mostraba y estaban llagadas, con cicatrices. Le preguntábamos si no podía dejar de trabajar y nos decía que no. Los hacheros trabajaban en los obrajes de sol a sol y se les pagaba, diariamente, muy poco.

—¿Una vivencia o el primer descubrimiento en el monte?

—El crecimiento de los arroyos y tajamares con las lluvias de verano, y comer fruta silvestre en el monte: mburucuyá, tala, tuna, chañar y tasi. Antes de entrar al monte había mucha carqueja fina, con avispas que hoy ya no se ven, por los agroquímicos. Era una miel silvestre muy rica.

—¿Qué modificaciones hubo desde aquellas prematuras observaciones?

—La riqueza de la flora entrerriana es altísima, tanto en el monte seco como en la selva o monte en galería, cercana a los cursos de agua, y en las zonas de transición, con especies semiduras como el espinillo. Hubo estudios muy interesantes de los ingenieros Jozami y Juan de Dios Muñoz, en un viejo inventario de 1985. La especie dominante eran los algarrobos negros y alrededor distintas categorías de talas, chañares, coronillos, espinillos, chilcas, pajonales y, finalmente, especies herbáceas. Hoy, por haberse convertido el algarrobo en una madera comercialmente valiosa, se sacó ese soporte principal y las otras especies no resisten la presión, con lo cual el monte se empobreció y desequilibró, con problemas de erosión, empobrecimiento del suelo y plagas específicas.

Barnard y las langostas

—¿Sentías una vocación cuando niño?

—Sí; cuando tenía 10 años era el momento de los primeros trasplantes de corazón del doctor Cristian Barnard. Ese verano hubo una gran invasión de tucuras muy grandes y con mis hermanos hacíamos pruebas científicas, con bisturís usados y seccionadores. Las adormecíamos con alcohol, las operábamos para intercambiar los aparatos digestivos de una a otra, y medíamos el tiempo de sobrevida. Imitábamos la experiencia que veíamos en televisión.

—¿Leías?

—Éramos muy lectores, con nuestros padres. En invierno se tostaba girasol y maní, y hacíamos lectura y debates con nuestros padres.

—¿Libros influyentes?

—Enciclopedias generales, para saber sobre los países, y los de Julio Verne.

—¿Qué materias te gustaban?

—Todas; fui muy buen alumno sin esforzarme. Era muy bueno en francés y en Paraná estudié en la Alianza Francesa. Cuando terminé la Secundaria vine al profesorado, donde encontré mucha gente valiosa que trabajaba en el Museo de Ciencias Naturales, como la señora Olga Jordán, Estela Guillen, Magda Schneeberger, Lucía Altamirano y un profesor invitado, muy reconocido, era el ingeniero agrónomo Jozami, quien diseñó todo el arbolado urbano del Parque Urquiza y dentro de bulevares. Tenía una sabiduría exquisita, era un gran dibujante y me orientó hacia la Botánica. Las clases con estos personajes se prolongaban después de hora.

—¿Qué imaginabas a futuro mientras estudiabas?

—Dar clases. Siempre, salvo algunas suplencias trabajé en escuelas agrotécnicas y en la de Villa Urquiza estuve 20 años. Era otro ambiente y un gran desafío, ya que había que hacer lo didáctico y lo productivo. En 1985 se creó un gran equipo profesional y en 2000, con pocos recursos tecnológicos, producíamos alta calidad de hortícolas, hicimos invernáculos automatizados, la escuela creció industrialmente y en 2005 trajimos otras variedades frutales, como mamón, para producirlo localmente, que se entregaba a la escuela para su elaboración, y a la vez se hacía investigación.

Un paisaje alterado

—¿Dos imágenes que selecciones por la alteración de los ciclos naturales?

—Permanentemente nos llama la atención, antes de entrar al monte, que se ve muy poco la presencia de carqueja ancha, medicinal y que es un indicador de fertilidad de los suelos. Por la gran cantidad de agroquímicos solo se la encuentra en algún lugar, escondida, siendo que su semilla viaja en un "panadero" y se reproduce muy eficientemente a kilómetros del lugar original. Segundo, vemos todo el tiempo lo que se llaman "escapes". El hombre ha mejorado las pasturas y rollos, por ejemplo, de alfalfa, trébol y otras forrajeras. Lejos de las zonas de cultivo se observan esos escapes; una lluvia importante o viento fuerte cuando se está formando la semilla, que es muy pequeña, se traslada y coloniza lugares nuevos. Esto no pasa con las especies nativas sino con las que interviene permanentemente el hombre en su ciclo. Todavía no provocan retrocesos de muchas gramíneas nativas, también forrajeras, pero si se potencia lo harán y perderemos diversidad.

—¿Se extinguieron especies?

—Como te dije anteriormente, cuatro o cinco tipos de avispas, que construían sus avisperos y colmenas con algo de barro y bosta de vacunos y equinos. Hoy hay kilómetros de soja, sin animales, entonces no la tienen. También son muy sensibles a cualquier agroquímico y al veneno que se deposita en las flores. Entonces estos insectos se retiran de a poco hasta que no aparecen más, ya que también hay poco monte. Igualmente no hay un registro de cuántas especies vegetales teníamos antes.

—¿Qué dimensión tiene el problema de los agroquímicos?

—Está en debate, se ha controlado, hay una mejor tecnología aplicada a la soja y no hay excesos tan severos como en otros momentos cuando no había control, pero sigue siendo severo. Trabajamos en un proyecto de extensión de la Facultad de Ciencia y Tecnología, la Facultad de Humanidades, la Municipalidad de Oro Verde y el Museo de Ciencias Naturales en la reserva natural de Alberdi. Las reservas naturales de monte nativo necesitan estar rodeadas de una zona de amortiguación, o sea alejadas a determinada distancia de las áreas cultivadas. Si hay un área cultivada pegada a una reserva se produce una zona de fractura y conflicto. Nos interesa la mayor diversidad porque cuanto mejor esté esa zona de amortiguación, se moverán muchos insectos, animales, roedores y la cadena trófica está completa.

—¿Hay nuevos riesgos inminentes?

—La situación es estable en cuanto a la superficie cultivada de soja. El problema es que es un gran extractor de nutrientes y deja muy poca materia orgánica. A diferencia de lo que hacían nuestros abuelos y hasta la década de 1970, cuando el productor dividía su campo en cinco o seis lotes y en cada uno hacía algo diferente: pradera de alfalfa, trigo, maíz, girasol... y cada año rotaba uno de esos cuadros. Hoy, normalmente, las rotaciones agrícolas son de dos tiempos: trigo-soja o trigo-maíz, una de invierno y una de verano. Si tengo cinco años con soja, el suelo queda pobre, entonces agrego fertilización química, que también afecta el balance de nutrientes. La recomendación es que cada cinco años se haga un análisis integral del suelo para saber qué tengo y qué me falta.

—¿Tenés página en Internet?

—La página del proyecto de extensión en Facebook e Instagram es PEX Reserva Natural Escuela Alberdi, donde publicamos novedades y las salidas escolares y comunitarias.

"Se necesita un plan maestro que regule el arbolado"

El especialista en Botánica criticó las podas mal hechas y la falta de un plan general y continuado de cuidado y mantenimiento del arbolado paranaense. "Falta planificación y tareas permanentes, más allá de las urgencias de determinados momentos", enfatizó, aunque destacó que la situación general "no es mala".

—¿Qué observás en Paraná como disonante en cuanto a arbolado público y planificación?

—Gracias a Dios, Paraná tiene bastante diversidad de especies en distintos ambientes, tales como tipas, chivatos, jacarandáes, etc. Lo más agresivo son las podas mal hechas, el sacrificio de los árboles cada dos años, con cicatrices, enfermedades y deformaciones. La motosierra, bien utilizada, es una herramienta espectacular, pero si no es como un arma y podés matar o herir a un árbol en cinco minutos. Quien la maneja tiene que estar capacitado.

—¿La Municipalidad, históricamente, se ha desentendido del cuidado y mantenimiento?

—Tiene que haber un plan maestro, planificación y hacer tareas permanentes, más allá de las urgencias de determinados momentos. Cuando se hace poda, primero hay que tener una mirada paisajística y en perspectiva a varios años, no podar y ver cómo queda.

—¿Cómo calificás la situación global, de 1 a 10?

—No es mala, entre 7 y 8. En las plazas viejas, como esta (Sáenz Peña) en todo su perímetro hay tipas de 20 a 25 metros, muy nobles y eficientes pero que para su poda exigen un equipo especial. Hoy no serían recomendables porque se utilizan especies más bajas y menos pesadas.

—¿Cuál es tu participación y opinión del conflicto por la obra de bulevar Racedo?

—La gente me convocó para hacer dos informes por el "no al ensanche". El proyecto de la Municipalidad es pobre en cuanto a que tiene una carpeta técnica con solo dos hojas referidas al impacto ambiental, que califica como "bajo" y en un renglón menor relacionado con los otros aspectos técnicos. Se planteaba la tala total de árboles para el ensanchamiento de la calle al doble, y plantación de palmeras, cuando los 80 árboles que se van a extraer están en buen estado, salvo dos. La arboleda de segunda línea es muy pequeña y en muchos tramos, falta, con lo cual se hará una isla de calor y los arbolitos no se sabe si sobrevivirán a los 70° u 80°. Las palmeras para el cantero central son decorativas pero no mejoran el follaje para disminuir la temperatura. Es un proyecto de alto impacto ambiental y no sé si ese error fue voluntario o involuntario. Hay que imaginar cómo se reconfigura ese lugar a 15 años. El fallo del juez es contradictorio, porque los vecinos no querrán que se les instale "una torre", como son los fresnos, cerca de la casa, cuando, además, hay muchas cañerías y cableado cruzado. Hay consecuencias que se pueden planificar e ideas alternativas en cuanto a obras complementarias con menor presupuesto.

Un estudio científico detectó la presencia de agroquímicos tanto en el agua del río Salado, en su tramo final en territorio de la provincia de Santa Fe, como en los sedimentos y en los peces, informaron hoy voceros académicos.

El trabajo fue elaborado por integrantes del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), a pedido de la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Las muestras de agua y sedimentos para realizar los análisis fueron tomadas a finales de 2020 a la altura del country Los Molinos, en el norte de la ciudad de Santa Fe, y en el puente de la ruta provincial 70, en jurisdicción de la ciudad de Esperanza.

También se colectaron peces que todavía estaban con vida pero que mostraban conductas inusuales, como subir permanentemente hasta la superficie para respirar.

Sobre esas muestras se efectuaron análisis fisicoquímicos, bacteriológicos y de metales, además de medirse el oxígeno. Asimismo, se trabajó en la detección de químicos que llegan a las aguas del río Salado por su cercanía con campos agrícolas que son fumigados con plaguicidas.

En ese sentido, los científicos determinaron que encontraron en las branquias e hígado de sábalo "el herbicida 2,4-D" y "el insecticida organofosforado clorpirifos con 80" en el primer sitio de extracción de muestras y "clorpirifos 30" en el segundo.

Por otra parte, los especialistas también indicaron que "el 2,4-D por su efectos tóxicos y genotóxicos en peces, se puede clasificar como una sustancia muy nociva para los organismos acuáticos".

"El clorpirifos es el insecticida neurotóxico de amplio espectro más utilizado en Argentina (principalmente en cultivos de soja, maíz, trigo y girasol) para controlar plagas de insectos", añadieron en el trabajo

Luego, indicaron que "debido a sus grandes riesgos para la salud humana y animal (sus exposiciones crónicas pueden causar déficits cognitivos y conductuales) en enero de 2020 la Unión Europea prohibió el uso del clorpirifos".

El informe fue confeccionado por los investigadores Rafael Lajmanovich, Paola Peltzer y Maximiliano Attademo, todos científicos del Conicet y de la UNL.

Restricciones del Banco Central afectarían producción de fitosanitarios. Según un relevamiento de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) el 60% las empresas no pueden acceder al pago de las deudas contraídas; lo que condiciona el abastecimiento del sector industrial; mientras que el 20% de las empresas asociadas ven comprometida su continuidad en los próximos 6 meses.

De este mismo relevamiento surge que de mantenerse las restricciones actuales del BCRA, se vería afectada la producción local de insumos para el agro, con la consecuente disminución de líneas de producción, aumento de costos, pérdida de trabajo y finalmente el abastecimiento para la campaña de gruesa por parte de estas empresas", manifiestan desde CIAFA, a raíz del informe realizado.

Otro factor que genera preocupación en estos días entre las empresas consultadas es el impedimento para pagar deudas vencidas de materias primas ya nacionalizadas y comercializadas en la campaña pasada; debido a las regulaciones emitidas por el BCRA recientemente.

Las compañías consultadas expresaron que, de liberarse las actuales restricciones para pagar deudas contraídas con el exterior, aún se está a tiempo de poder revertir esta situación que puede afectar el abastecimiento de los insumos para la próxima campaña.

En otro sentido y ante la declaración del brote de coronavirus (COVID-19) como pandemia mundial, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), CIAFA plantea que nos encontramos frente a una emergencia sanitaria con impactos económicos y sociales.

Frente a esta situación, la industria nacional de fitosanitarios, al igual que otros sectores, se adaptaron rápidamente a través de protocolos, que si bien generaron costos extra, permitieron poder seguir elaborando insumos clave para la producción de alimentos de nuestro país.

Según el relevamiento realizado por la Cámara del que participaron 25 de sus empresas socias, a la fecha, el 70% de las mismas, no presenta casos de COVID 19 en sus plantas productivas.

Dentro las medidas de prevención implementadas, se pueden mencionar la adquisición de los kits de diagnóstico de COVID 19 y sus respectivos elementos de protección personal, los aumentos en los procesos de sanitización y la modificación de los turnos de trabajo, posibilitando incrementar el distanciamiento social. A su vez, se han realizado acuerdos con clínicas de las localidades donde se encuentran emplazadas las empresas asociadas, entre otras acciones.

En este contexto, y en función de los protocolos efectuados, se relevó que el 55% de las empresas asociadas se encuentran trabajando a un 65% de su capacidad operativa.

Fundada a fines de 1990, la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) cuenta actualmente con 56 asociados.

En fitosanitarios, las empresas socias representan el 60% del mercado en volumen.

La principal finalidad de CIAFA es la protección de la industria local de fitosanitarios y fertilizantes en un sentido amplio, promoviendo la integración entre la industria y el ámbito agropecuario dentro del marco de crecimiento de ese sector y el país en su conjunto.