En el marco de la ejecución de la condena contra el exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exfuncionario Pedro Báez, el fiscal de Estado adjunto, Martín Rettore, recibió este lunes las llaves del galpón de calle Racedo, en Paraná, donde funcionaba la empresa Tep SRL. Se las entregó el abogado Miguel Ángel Cullen. Además de los inmuebles, quedaron a disposición del Estado vehículos y equipos informáticos.

La Fiscalía tomó posesión de los dos inmuebles contiguos de calle Racedo 409 y 415, donde funcionaba la imprenta vinculada a Aguilera. El decomiso incluye también una camioneta Citroën Berlingo, un camión Ford, una motocicleta Zanella, computadoras, equipos técnicos y un plóter que se usaba en la imprenta.

"Son dos inmuebles, uno pegado al otro, que funcionan como uno solo; una motocicleta y dos vehículos, los bienes de computación de la empresa y el plotter que es una impresora de grandes dimensiones que se utilizaba para el trabajo de la imprenta. Esa es la totalidad del decomiso ordenado por la sentencia penal", detalló Rettore.

Según explicó el fiscal adjunto, la Fiscalía recibe los bienes en nombre de la provincia y los pone a disposición del Poder Ejecutivo, que deberá evaluar su estado y decidir qué uso darles. El traspaso se hará mediante un expediente administrativo dirigido al gobernador.

El decomiso fue ordenado en la sentencia del 7 de abril de 2022, en la causa de las imprentas que formó parte del megajuicio por corrupción contra Urribarri, Aguilera y Báez. En ese proceso, Urribarri fue condenado a 8 años de prisión.

El Tribunal de Juicio estuvo integrado por los vocales Carolina Castagno, Elvio Garzón y José María Chemez, hoy jubilado. Tras conocerse la sentencia, Urribarri debió dejar el cargo de embajador argentino en Israel y Chipre, que le había asignado el gobierno de Alberto Fernández. Fue el entonces canciller Santiago Cafiero quien le exigió la renuncia.

La jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, Cecilia Beatriz Bértora, dispuso el traslado del exgobernador Sergio Urribarri, de su cuñado Juan Pablo Aguilera y del exministro de Cultura y Comunicación Pedro Ángel Báez a la Unidad Penal de la ciudad de Gualeguaychú.

La resolución se adoptó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara de manera definitiva las condenas dictadas en el megajuicio de abril de 2022, dejando firme la sentencia por delitos de corrupción contra la administración pública. Aunque inicialmente se había previsto que los tres penados ingresaran a la Unidad Penal N° 1 de Paraná, el curso de la medida se modificó a partir de una presentación formal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

En dicho documento, elevado por el subdirector de la fuerza, Inspector General Juan Santiago García, se advirtió formalmente al juzgado que la cárcel de la capital entrerriana no reunía las condiciones de seguridad y edilicias óptimas para albergar a los exfuncionarios y al empresario, recomendando su reubicación en el penal del sur entrerriano.

A partir de los registros carcelarios y las planillas de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), se detallaron las fechas límites en las cuales cada uno de los sentenciados completará su tiempo de detención:

Las condenas responden al esquema de desvío sistemático de fondos del Estado entrerriano montado entre 2010 y 2015, encubierto bajo contratos simulados de publicidad oficial para beneficiar a empresas vinculadas directamente a la familia y allegados del exmandatario.

El exgobernador Sergio Urribarri (67 años) purga una pena de 8 años de prisión efectiva como autor de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, aplicados por el direccionamiento de fondos a la imprenta ligada a Aguilera, los spots de la Cumbre del Mercosur y el financiamiento estatal del parador promocional instalado en Mar del Plata en 2015 durante su campaña presidencial.

Por su parte, el exministro Pedro Báez cumple 6 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva como coautor de los delitos de negociaciones incompatibles y peculado. En tanto, Juan Pablo Aguilera (47 años) fue condenado a la misma pena —6 años y 6 meses de prisión efectiva— en calidad de autor responsable de ambos ilícitos.