El Gobierno detectó presuntos "desvíos críticos y sobreprecios" en compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante 2025. En un documento interno, el Ministerio de Salud analizó pagos efectuados para adquirir sillas de ruedas, andadores y prótesis, y las diferencias entre lo facturado y los precios de referencia oscilan entre el 300% y el 1.000%. En algunos casos la brecha supera el 2.000%. 

El caso más extremo es el de un andador por el que se pagó $12.150.000, que supera en un 4239% al precio de referencia del mismo producto en el mercado. El artículo cuenta con frenos doble función, ruedas delanteras giratorias, asiento acolchado rebatible y canasto de compras.

Otro caso llamativo es el de un sistema de válvulas bicaval transcatéter, por el que la ANDIS pagó $425.000.000, un 242% más caro que el PAMI, que había abonado $124.200 por el mismo producto.

El documento recolectó 37 facturas de seis proveedores del Estado: Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Imnova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat, que recibieron pagos por $18.100 millones en total. Farma Salud es la empresa que más fondos absorbió, con $7.900 millones. 

"El análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público", señala el documento.

La investigación cuestiona la transparencia del procedimiento por el cual la ANDIS elegía sus proveedores. El organismo trabajaba con el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), del que se sospecha fue vulnerado para invitar selectivamente a un pequeño grupo de empresas a ofertar para el Estado. La hipótesis que maneja la Justicia es que se simularon competencias de precios ficticias para pagar sobreprecios. 

El fiscal Franco Picardi señaló en uno de sus dictámenes que el sistema, "lejos de constituir una garantía de transparencia, terminó funcionando como una herramienta que, bajo la fachada de imparcialidad y automatismo, permitió el despliegue de maniobras orientadas a beneficiar a determinados proveedores de manera ilícita y orquestada".

Esta semana declararán varios empresarios relacionados con la causa. El primero en presentarse es Osmar Mariano Caballi, contador que fue director general de la ANDIS durante unos meses en el gobierno de Alberto Fernández y uno de los socios mayoritarios de Farma Salud.

El martes 12 declararán Mariano Sagués y Christian Sagués, propietarios de la Ortopedia Sagués, mientras que Vicente Sagués y Lucas Sagués lo harán el miércoles 13. La investigación menciona además a MED-EL Latinoamérica, Ortopedia Alemana, New Farma y Profarma entre las empresas señaladas. 

La causa tiene entre sus procesados a Diego Spagnuolo, máxima autoridad de la ANDIS durante parte del período analizado. Su abogado señaló que el informe no le atribuye ninguna intervención en la maniobra ni prueba conocimiento de la misma.

El fiscal a cargo sostiene que Grant intervino activamente en el armado de compulsas, habilitación de proveedores y en la manipulación del sistema interno del organismo, para garantizar contratos a empresas vinculadas al entramado. 

Por su parte, la defensa de Spagnuolo —quien fuera el titular del organismo hasta su abrupta salida— volvió a mover ficha: presentó un escrito en el que pide la nulidad de la causa, cuestionando la validez de los audios usados como prueba. Argumentan que estos fueron alterados o generados con inteligencia artificial. 

Sin embargo, la fiscalía no se apoya solamente en esas grabaciones: además investiga movimientos bancarios, cruces de llamadas y encuentros privados registrados, lo que, según fuentes oficiales, compone un entramado documental que refuerza la hipótesis de corrupción.

El escándalo en ANDIS salió a la luz tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los cuales se detallaba —según él— un sistema de sobornos requeridos por droguerías proveedoras a cambio de obtener contratos del Estado. En ese contexto, Grant aparece como operador fundamental de ese esquema, encargado de ejecutar órdenes desde lo administrativo: la habilitación de proveedores, definición de pliegos, adjudicaciones, y manipulación de los tiempos del sistema de compras. 

Las sospechas alcanzan además a otros exfuncionarios, y apuntan al uso de un circuito de “consultas y decisiones articuladas” que vulneraba los mecanismos de control internos de ANDIS. 

La gravedad del caso radica en que si se confirma, no se trata de irregularidades menores, sino de un entramado sistemático de corrupción en un organismo clave para la salud y la distribución de medicamentos a personas con discapacidad.

Reforma al régimen de DNU: avances y obstáculosEl proyecto que limita las facultades del Poder Ejecutivo para dictar DNU obtuvo aprobación general con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones. Sin embargo, un artículo clave —el que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los decretos— fue rechazado en la votación particular, al no alcanzar el quórum establecido.  Debido a ese cambio, la iniciativa pierde su forma definitiva y deberá volver al Senado. Esta situación le da tiempo al oficialismo para negociar modificaciones antes de una posible sanción definitiva o veto presidencial. 

La reforma pretendía invertir la lógica vigente: actualmente, los DNU rigen desde su firma y pueden ser rechazados por el Congreso; bajo el nuevo esquema, sólo serían válidos si ambas cámaras los ratifican expresamente en 90 días.Durante la sesión, el oficialismo celebró este resultado como una victoria táctica, pues logró postergar una derrota más severa —un veto presidencial ahora podría llegar después de las elecciones legislativas del 26 de octubre— y abrió espacio para ajustes en el diálogo con gobernadores y partidos aliados. 

Interpelaciones aprobadas: quiénes deben afrontar el CongresoLa oposición consiguió también reunir votos para interpelar al ministro de Economía, Luis Caputo, quien deberá presentarse el miércoles 15 de octubre ante el Congreso para responder sobre negociaciones con Estados Unidos. En la misma sesión, fueron aprobadas las citaciones a Karina Milei (secretaria general de Presidencia) y Mario Lugones (ministro de Salud), por los supuestos audios vinculados al caso ANDIS, donde se investigan coimas y retornos en el organismo nacional de discapacidad. La interpelación para Milei y Lugones fue fijada para el 15 de octubre a las 14 horas. Además, la oposición incluye en su plan de interpelaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. 

El contexto y las expectativasEstas maniobras legislativas se dan en un momento de elevada tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, con añejos conflictos por el uso de DNU, vetos presidenciales y el creciente reclamo de control del poder estatal. Muchas de estas decisiones repercutirán en el tablero electoral de octubre.Para el oficialismo, la reforma a los DNU representa un retroceso institucional que debilita su margen de maniobra, pero al lograr que el proyecto vuelva al Senado, gana espacio para negociar. Para la oposición, aprobar estas interpelaciones y plantear límites al Presidente constituye un paso hacia mayor transparencia y equilibrio de poderes.

Queda por verse cómo responderá el Senado al nuevo texto del proyecto y qué decisiones tomarán los funcionarios convocados ante las interpelaciones. El choque de poderes promete mantenerse vivo en las próximas semanas.