El fiscal a cargo sostiene que Grant intervino activamente en el armado de compulsas, habilitación de proveedores y en la manipulación del sistema interno del organismo, para garantizar contratos a empresas vinculadas al entramado. 

Por su parte, la defensa de Spagnuolo —quien fuera el titular del organismo hasta su abrupta salida— volvió a mover ficha: presentó un escrito en el que pide la nulidad de la causa, cuestionando la validez de los audios usados como prueba. Argumentan que estos fueron alterados o generados con inteligencia artificial. 

Sin embargo, la fiscalía no se apoya solamente en esas grabaciones: además investiga movimientos bancarios, cruces de llamadas y encuentros privados registrados, lo que, según fuentes oficiales, compone un entramado documental que refuerza la hipótesis de corrupción.

El escándalo en ANDIS salió a la luz tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los cuales se detallaba —según él— un sistema de sobornos requeridos por droguerías proveedoras a cambio de obtener contratos del Estado. En ese contexto, Grant aparece como operador fundamental de ese esquema, encargado de ejecutar órdenes desde lo administrativo: la habilitación de proveedores, definición de pliegos, adjudicaciones, y manipulación de los tiempos del sistema de compras. 

Las sospechas alcanzan además a otros exfuncionarios, y apuntan al uso de un circuito de “consultas y decisiones articuladas” que vulneraba los mecanismos de control internos de ANDIS. 

La gravedad del caso radica en que si se confirma, no se trata de irregularidades menores, sino de un entramado sistemático de corrupción en un organismo clave para la salud y la distribución de medicamentos a personas con discapacidad.

Reforma al régimen de DNU: avances y obstáculosEl proyecto que limita las facultades del Poder Ejecutivo para dictar DNU obtuvo aprobación general con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones. Sin embargo, un artículo clave —el que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los decretos— fue rechazado en la votación particular, al no alcanzar el quórum establecido.  Debido a ese cambio, la iniciativa pierde su forma definitiva y deberá volver al Senado. Esta situación le da tiempo al oficialismo para negociar modificaciones antes de una posible sanción definitiva o veto presidencial. 

La reforma pretendía invertir la lógica vigente: actualmente, los DNU rigen desde su firma y pueden ser rechazados por el Congreso; bajo el nuevo esquema, sólo serían válidos si ambas cámaras los ratifican expresamente en 90 días.Durante la sesión, el oficialismo celebró este resultado como una victoria táctica, pues logró postergar una derrota más severa —un veto presidencial ahora podría llegar después de las elecciones legislativas del 26 de octubre— y abrió espacio para ajustes en el diálogo con gobernadores y partidos aliados. 

Interpelaciones aprobadas: quiénes deben afrontar el CongresoLa oposición consiguió también reunir votos para interpelar al ministro de Economía, Luis Caputo, quien deberá presentarse el miércoles 15 de octubre ante el Congreso para responder sobre negociaciones con Estados Unidos. En la misma sesión, fueron aprobadas las citaciones a Karina Milei (secretaria general de Presidencia) y Mario Lugones (ministro de Salud), por los supuestos audios vinculados al caso ANDIS, donde se investigan coimas y retornos en el organismo nacional de discapacidad. La interpelación para Milei y Lugones fue fijada para el 15 de octubre a las 14 horas. Además, la oposición incluye en su plan de interpelaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. 

El contexto y las expectativasEstas maniobras legislativas se dan en un momento de elevada tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, con añejos conflictos por el uso de DNU, vetos presidenciales y el creciente reclamo de control del poder estatal. Muchas de estas decisiones repercutirán en el tablero electoral de octubre.Para el oficialismo, la reforma a los DNU representa un retroceso institucional que debilita su margen de maniobra, pero al lograr que el proyecto vuelva al Senado, gana espacio para negociar. Para la oposición, aprobar estas interpelaciones y plantear límites al Presidente constituye un paso hacia mayor transparencia y equilibrio de poderes.

Queda por verse cómo responderá el Senado al nuevo texto del proyecto y qué decisiones tomarán los funcionarios convocados ante las interpelaciones. El choque de poderes promete mantenerse vivo en las próximas semanas.