El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos otorgó a la Municipalidad de Gualeguay un Aporte No Reintegrable por un monto total de cinco millones de pesos ($5.000.000), que será destinado a asistir las finanzas locales y solventar gastos extraordinarios para el mantenimiento de calles en la zona de chacras.

La medida fue formalizada a través del Decreto Nº 3530/2025, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Hacienda y Finanzas Fabián Boleas, y publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Sección Administrativa.

Según consta en los considerandos del Decreto, el aporte fue solicitado por la presidenta municipal de Gualeguay, Dora Bogdan, ante la necesidad de reforzar las finanzas del Municipio para atender erogaciones extraordinarias vinculadas al mantenimiento vial en sectores rurales del ejido.

La normativa establece que el financiamiento se instrumentará mediante una modificación del Presupuesto General de la Administración Provincial –Ejercicio 2025–, aprobado por la Ley Nº 11.176, a través de una transferencia compensatoria de créditos por el monto total del aporte.

Dicha operatoria fue considerada viable por la Oficina Provincial de Presupuesto y cuenta con la intervención de la Dirección General de Relaciones Fiscales con Municipios, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Contaduría General de la Provincia.

El artículo segundo del Decreto precisa que el Aporte No Reintegrable será transferido a la Municipalidad de Gualeguay y que los fondos deberán ser utilizados exclusivamente para los fines indicados. A su vez, se faculta a la Tesorería General de la Provincia a realizar la transferencia, previa intervención de la Contaduría General.

En cuanto al control del uso de los recursos, el Decreto dispone que el Municipio deberá rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia, conforme a la normativa vigente.

En referencia al programa de Incentivo para Inversiones Turísticas de Pequeños Prestadores (InTur), la secretaria de Turismo de Entre Ríos, María Laura Saad, dijo que "estas políticas de Estado favorecieron la recuperación del sector y son muy importantes, ya que muchos prestadores de diferentes rubros del turismo se han visto beneficiados para mejorar sus servicios. Por ejemplo, en la incorporación de paneles solares, televisores, glamping, mejoras en insumos de gastronomía, entre otros”. Sumó que, por eso, “nuestra provincia siempre se destacó en la participación de presentación de proyectos en ediciones anteriores, como también en recibir el beneficio".Para aquellos prestadores turísticos que no tengan empleados, se otorgará hasta 1 millón de pesos y la proporción del aporte será de hasta el 80 por ciento del total de la inversión.Para aquellos prestadores turísticos que cuenten entre 1 y 50 empleados, se otorgará hasta 2 millones de pesos y la proporción del aporte será de hasta el 70 por ciento.Para acceder al programa es necesario presentar un proyecto de inversión, el que será evaluado por la autoridad de aplicación y, en caso de resultar aprobado, se le transferirá al prestador el monto solicitado para realizar la inversión.

Más info -  https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=5843

Ayer la vicegobernadora Laura Stratta junto a la secretaria de Articulación Federal de la Seguridad, Silvia La Ruffa y la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos Rosario Romero, hicieron entrega de equipamiento para los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Hernandarias, Santa Elena, Paraná y Diamante; y un aporte extraordinario a las Asociaciones que trabajaron el año pasado durante la emergencia ígnea.

El acto se llevó a cabo en la Casa de la Costa de Paraná, donde Laura Stratta detalló que “son equipamientos para que puedan prestar mejor el servicio pero también, nosotros habíamos hecho un compromiso con los bomberos de la provincia de Entre Ríos para dotarlos de más dinero para que puedan adquirir el equipamiento y las herramientas que necesitan para desarrollar su trabajo en cada una de las localidades”, resaltó.

El equipamiento entregado por el Ministerio de Seguridad de la Nación conducido por Aníbal Fernández, corresponde a un aporte extraordinario de 196 millones de pesos para 66 cuarteles de bomberos en todo el país, entre los cuales se encuentran las asociaciones de Bomberos Voluntarios de Paraná, Diamante, Santa Elena y Hernandarias, que actuaron en el marco de la bajante que afecto al Río Paraná. 

Un puñado de nombres se amontona en la lista de quienes han decidido no hacer un aporte solidario en un contexto extraordinario; entre quienes deben hacerlo hay profesionales, empresarios de distintos rubros, herederos con apellidos patricios y hasta futbolistas a quienes se les pide un aporte por única vez.

La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el denominado impuesto a la riqueza cumplió con su obligación; unas doscientas personas presentaron demandas en la justicia para no pagar el aporte; y después están aquellos que simplemente decidieron no pagar, pero no judicializaron.

Según un relevamiento de Página Judicial, diecisiete entrerrianos iniciaron litigios en la provincia por considerar que el impuesto a la riqueza es inconstitucional y tiene carácter confiscatorio.

En el listado de quienes eligieron no pagar y demandar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aparecen los hermanos Guillermo y Raúl Derudder, dueños del Grupo Flecha Bus; y Mario Benito Sborovsky, titular de la tarjeta Consumax y Nexon, entre otras empresas. Lo hicieron con posterioridad a que venciera el plazo para pagar, bajo el argumento de que les resulta "impagable" y le piden a la jueza federal de Concepción del Uruguay, María Isabel Caccioppoli, que dicte una medida cautelar de no innovar para que se impida a la AFIP la confección de los títulos de deuda hábiles para el cobro del aporte extraordinario hasta tanto resuelva sobre los planteos de inconstitucionalidad. La magistrada rechazó la pretensión sobre la presunción de legitimidad de los actos públicos y la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó la decisión porque ninguno de ellos logró demostrar de qué manera la aplicabilidad del aporte solidario y extraordinario podría generarles un perjuicio que no pueda ser reparado hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Los accionistas del Grupo Flecha Bus presentaron una demanda ante el Juzgado Federal Número 2 de Concepción del Uruguay. Los representan Román Alberto Uez, abogado en numerosos pleitos judiciales del grupo, y Jorge Diego Satto, actual diputado provincial y uno de los fundadores del PRO en la provincia. Paréntesis: ¿es éticamente aceptable que un legislador, un representante del pueblo, patrocine una demanda contra una decisión del Estado para paliar los efectos de la epidemia del Covid-19?

Los hermanos Derudder presentaron demandas por separado aunque con idénticos argumentos: dijeron que el aporte solidario "es inconstitucional por violar las garantías de no confiscatoriedad de los tributos, la falta de existencia de una imprescindible capacidad contributiva del contribuyente, la irrazonabilidad de la ley en su aplicación al caso concreto y la violación del principio de igualdad", y advirtieron sobre las "terriblemente gravosas" consecuencias que tendría el no pago del impuesto si no se acciona judicialmente.

Grupo Flecha Bus concentra el 40 por ciento del mercado del transporte de pasajeros en la Argentina y casi la totalidad en la provincia de Entre Ríos. La historia oficial, esa que cuentan ellos mismos, dice que la empresa nació de manera modesta en 1959 por impulso de don Hugo Derudder, su padre, y fue creciendo "lenta pero constantemente, con el esfuerzo perseverante de los socios y el continuo aporte de capital". Lo cierto es que el crecimiento fue exponencial a partir de la década del noventa, con la desregulación del transporte y un influjo de dinero que nunca se supo ni se investigó de dónde provenía. Desde entonces Flecha Bus fue ahogando a la competencia a través de prácticas monopólicas y maniobras denunciadas de competencia desleal hasta borrar al resto de las empresas en la provincia. "Se puede decir que Flecha Bus es la empresa mejor posicionada en el mercado del transporte de pasajeros a nivel nacional", dicen jactanciosamente y con razón los hermanos Derudder.

Guillermo Derudder tiene acciones en decenas de empresas de transporte, desarrolla actividades agropecuarias y reconoce un patrimonio superior a los 3.400 millones de pesos entre bienes en el país y en el exterior. Raúl Derudder, en tanto, declara un total de bienes que sobrepasa los 3.300 millones de pesos.

Sin embargo, el Grupo Flecha Bus está en concurso preventivo de acreedores y los hermanos Derudder dicen que llegaron a esa situación por culpa de políticas estatales que han "castigado incesantemente" al transporte de pasajeros de larga distancia hasta llevar a la actividad "a un literal agobio financiero y económico que ha dejado a las empresas al borde de la quiebra". Por supuesto que también invocan a la pandemia de Covid-19 y "la prohibición de circulación" como factor agravante de la crisis. Y esa crisis, dicen, se hace extensiva a los dueños de las empresas.

Los hermanos Derudder aseguran que el aporte solidario les resulta "impagable" y le pidieron a la jueza Caccioppoli que dicte una medida cautelar de no innovar. Según sus propios cálculos, Guillermo Derudder debería pagar 108.433.294,83 pesos; mientras que Raúl Derudder tendría que abonar 103.782.845,32 pesos.

El planteo de Sborovsky está hecho en los mismos términos. Lo hizo a través del Estudio Jaureguiberry-Di Genaro y asociados, un estudio de Mar del Plata especializado en derecho tributario. La presentación la hizo el abogado Marcos Jaureguiberry ante la jueza Caccioppoli. En su caso, se estimó que por el impuesto a la riqueza debería pagar 10.181.283,57 pesos, que se sumarían a los 4.636.865,54 pesos que desembolsará por el impuesto a los bienes personales, y "la sumatoria conjunta del impuesto determinado por el aporte solidario, y estimado para el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales arrojaría un monto de 15.182.029,30 pesos (...) lo que arrojaría una alícuota efectiva del 98,12 por ciento sobre las ganancias del ejercicio 2020". Para llegar a ese cálculo, el empresario declaró un patrimonio superior a los 428 millones de pesos, entre bienes en el país y en el exterior, como dueño de la tarjeta Consumax, las empresas Nexon, Centro Eléctrico SA, Salud Mental SA, Las Rosas SA, Creditel Argentina SA, Dilfer SA y Presper SA, siempre en sociedad con familiares.

Fuente: Página Política.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, anunció la selección final de los Proyectos Federales de Innovación (PFI). Entre Ríos logró sumarse a esa convocatoria con nueve proyectos, por una inversión 19.709.709 de pesos.

El ministro de Producción, Juan José Bahillo, manifestó que "nuevamente se ha logrado un trabajo de articulación interinstitucional que nos permite contar con nueve proyectos y agotar el cupo para la provincia".

En tanto, el secretario de Ciencia y Tecnologìa, Jorge Gerard, aportó: "Hemos recibido 17 proyectos muy buenos, pero tuvimos que priorizar por razones presupuestarias. Agradecemos la respuesta del sistema científico-técnico entrerriano, que muestra una vez más su potencial de crecimiento y aporte a la solución de problemáticas concretas socio-productivas y ambientales"

Los criterios de evaluación fueron impacto social, ambiental y/o productivo, así como de las capacidades científico-técnicas del sistema provincial. También analizaron las condiciones generales de transferencia y/o adaptabilidad al entorno local; el grado de urgencia de la problemática a resolver; y el entramado institucional de respaldo en cuyo marco se presentó el proyecto para su ejecución.

Los proyectos seleccionados son:

-Desarrollo y validación de una metodología analítica por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa para la determinación de residuos de antiparasitarios en carne bovina para garantizar inocuidad y favorecer la exportación de Entre Ríos. Aporte: $ 3.000.000. Es un proyecto de alcance provincial y será llevado adelante por la UNER.

-Desarrollo de equipamiento y procedimientos de pasteurización de leche para. Tambos quesería de elaboración artesanal. Aporte: $ 2.000.000. El proyecto tiene alcance provincial y es llevado adelante por UNER.

-Desarrollo de nuevos alimentos a partir de la revalorización de subproductos de la cadena de nuez pecán. Aporte: $ 2.000.000. El proyecto tiene alcance provincial y es llevado adelante por la UNER.

-Caracterización de efluentes porcinos y establecimiento de parámetros analíticos guía para regular su uso en la descarga de aguas de la provincia de Entre Ríos. Aporte: $ 2.709.709. Se trata de un proyecto de alcance provincial que será llevado a cabo por la UNER.

-Utilización de energía solar para calefaccionar el agua de un Sistema de Recirculación en Acuicultura Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción/CONICETProv. Aporte: $ 2.000.000. Se trata de un proyecto localizado en Diamante y con alcance provincial llevado a cabo por el CICYTTP-UADER.

-Desarrollo de un sistema integral para el agregado de valor al plástico PET recuperado en la Planta de Clasificación de Residuos de la Municipalidad de Paraná. Aporte: $2.000.000. El proyecto se localiza en Paraná y será llevado adelante por la FRP-UTN.

-Interfaces cerebro-computadora para la recuperación de funciones por afecciones neurológicas adquiridas: desarrollo y transferencia a centros de rehabilitación. Aporte: $ 2.000.000. El proyecto que tendrá un alcance provincial, se localizará en Oro Verde y será llevado a cabo por la FI-UNER.

-Desarrollo de una sopa instantánea a base de un subproducto de molinería de arroz. Aporte: $ 2.000.000. El proyecto, tendrá un impacto en el sector arrocero y un alcance provincial y será llevado adelante por la UNER.

- Gestión de olores desagradables en fábricas de subproductos cárnicos de origen avícola, Aporte: $ 2.000.000. El proyecto, tendrá un impacto en el sector avícola y en la población sujeta a esa problemática, y será llevado adelante por la UNER.

En los próximos días deberán elevarse los documentos formales para el inicio de la ejecución.

(Prensa Ministerio de Producción)

Para acceder al aporte mensual destinado a trabajadores de los sectores turístico y gastronómico dispuesto por el gobernador Gustavo Bordet, los empleadores deberán presentar la documentación correspondiente a través del aplicativo de servicios de ATER con Clave Fiscal.

Dicha documentación, cuya presentación es de carácter obligatoria incluye constancia de habilitación municipal del establecimiento en el cual funciona la actividad; formulario 931 correspondiente al período abril 2021; reporte del sistema de AFIP con nómina de empleados activos y listado de personal afectados a las actividades (apellido y nombre de cada trabajador, CUIT y CBU/ALIAS o CVU según corresponda).

A su vez, los requisitos son: tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico ante la ATER; poseer una inscripción vigente al Impuesto a los Ingresos Brutos; tener dada de alta en el Impuesto a los Ingresos Brutos alguna de las actividades detalladas en el Anexo del Decreto N° 1159/21MP; y poseer una inscripción vigente en el Fondo de Integración Social Ley 4035.

Al respecto, el ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo, indicó que el organismo que se ocupará de realizar el análisis y posterior aprobación de las solicitudes de esta medida, que -sentenció-, "sin dudas resultará beneficiosa tanto para los trabajadores como para los empleadores del rubro", será la Secretaría de Turismo. Dichas tareas se efectuarán luego del cotejo de la documentación requerida y el cruce de datos con ATER, pidiendo la colaboración de los áreas administradoras de los municipios y de las entidades del sector de ser necesario.

Este aporte no reembolsable de 10.000 pesos se pagará en la cuenta sueldo de cada empleado durante los meses de junio, julio y agosto. Es importante aclarar que la fecha límite de presentación será 22 de junio del corriente inclusive.

Para acceder al aporte mensual destinado a trabajadores de los sectores turístico y gastronómico dispuesto por el gobernador Gustavo Bordet, los empleadores deberán presentar la documentación correspondiente a través del aplicativo de servicios de ATER con Clave Fiscal.

Dicha documentación, cuya presentación es de carácter obligatoria incluye constancia de habilitación municipal del establecimiento en el cual funciona la actividad; formulario 931 correspondiente al período abril 2021; reporte del sistema de AFIP con nómina de empleados activos y listado de personal afectados a las actividades (apellido y nombre de cada trabajador, CUIT y CBU/ALIAS o CVU según corresponda).

A su vez, los requisitos son: tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico ante la ATER; poseer una inscripción vigente al Impuesto a los Ingresos Brutos; tener dada de alta en el Impuesto a los Ingresos Brutos alguna de las actividades detalladas en el Anexo del Decreto N° 1159/21MP; y poseer una inscripción vigente en el Fondo de Integración Social Ley 4035.

Al respecto, el ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo, indicó que el organismo que se ocupará de realizar el análisis y posterior aprobación de las solicitudes de esta medida, que -sentenció-, "sin dudas resultará beneficiosa tanto para los trabajadores como para los empleadores del rubro", será la Secretaría de Turismo. Dichas tareas se efectuarán luego del cotejo de la documentación requerida y el cruce de datos con ATER, pidiendo la colaboración de los áreas administradoras de los municipios y de las entidades del sector de ser necesario.

Este aporte no reembolsable de 10.000 pesos se pagará en la cuenta sueldo de cada empleado durante los meses de junio, julio y agosto. Es importante aclarar que la fecha límite de presentación será 22 de junio del corriente inclusive.

El ministro de Producción de Entre Ríos, Juan José Bahillo, confirmó que a partir de la semana próxima estará disponible un instructivo para hacer el trámite para acceder al aporte de 10.000 pesos por trabajador que el gobierno destinará a trabajadores del sector hotelero y gastronómicos.

El funcionario precisó además que antes de finalizar el mes se hará efectivo el primer aporte para contribuir al pago de los salarios de los trabajadores del sector. Este programa consiste en un aporte durante tres meses, por lo que se estima una inversión total de alrededor de los 100 millones de pesos que se integra a los paliativos contemplados en la Ley de Emergencia Turística.

Bahillo manifestó que este aporte "tiene la misma modalidad que tenía el programa ATP el año pasado, es decir que forma parte integrativa del sueldo". La iniciativa llegará a empleados de hoteles, cabañas, hostales, campings, complejos termales, agencias de viajes, transporte turístico, bares, restaurantes, cantinas, guías de viajes y turismo de aventura.

El ministro apuntó que esto "además de ser una ayuda al trabajador, de garantizar un ingreso que le de cierta tranquilidad a su economía familiar, también es una ayuda al empleador que lo alivia en el pago total del sueldo y salario hacía a los trabajadores".

Bahillo destacó que la norma "plasma la decisión política del gobernador Gustavo Bordet de darle una ayuda y un acompañamiento al sector turístico y gastronómico entendiendo la gravedad de la situación que están pasando y que vienen pasando en el último año".

La ayuda se concretará con fondos provinciales, según se acordó en la reunión donde se ultimaron los detalles de la puesta en marcha del programa y se firmó el decreto que dispone el financiamiento, en la que participaron además el ministro de Economía, Hugo Ballay y la vicegobernadora, Laura Stratta.

Esta semana se habilita la inscripción para el aporte a hoteleros y gastronómicos. Así lo hizo saber el ministro de la Producción, Juan José Bahillo, , quien precisó además que antes de finalizar el mes se hará efectivo el primer aporte para contribuir al pago de los salarios de los trabajadores del sector.

Luego de un encuentro con la vicegobernadora Laura Stratta y el ministro de Economía, Hugo Ballay, en el que se ultimaron detalles de la puesta en marcha del programa de ayuda y se firmó el decreto que dispone el financiamiento, Bahillo destacó que la norma "plasma la decisión política del gobernador Gustavo Bordet de darle una ayuda y un acompañamiento al sector turístico y gastronómico entendiendo la gravedad de la situación que están pasando y que vienen pasando en el último año".

Este programa consiste en un aporte de 10 mil pesos por trabajador, durante tres meses, "con lo que estimamos una inversión total de alrededor de los 100 millones de pesos que se integra a los paliativos contemplados en la Ley de Emergencia Turística", explicó el Bahillo, tras señalar que este aporte "tiene la misma modalidad que tenía el programa ATP el año pasado, es decir que forma parte integrativa del sueldo", valoró.

El ministro apuntó que esto "además de ser una ayuda al trabajador, de garantizar un ingreso que le de cierta tranquilidad a su economía familiar, también es una ayuda al empleador que lo alivia en el pago total del sueldo y salario hacía a los trabajadores".

Precisó que la parte operativa de este programa "estará disponible la semana próxima, donde habrá un instructivo para hacer el trámite a distancia por internet, muy sencillo". Adelantó que el primero de los tres aportes estará "disponible para los trabajadores formalizados en la tercer o cuarta semana de junio".

La iniciativa llegará a empleados de hoteles, cabañas, hostales, campings, complejos termales, agencias de viajes, transporte turístico, bares, restaurantes, cantinas, guías de viajes y turismo de aventura. La ayuda se concretará con fondos provinciales y se prevé una erogación de 100 millones de pesos, aproximadamente que se integra a los paliativos contemplados en la Ley de Emergencia Turística.

La jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre hizo lugar a una medida cautelar pedida por el empresario Alejandro Scannapieco, uno de los alcanzados por la norma que estableció un aporte solidario.

El fallo suspende el cobro de la contribución sólo para este caso, pero sienta un primer criterio sobre la aplicación y, en perspectiva, sobre la validez de la ley.

Scannapieco argumentó que el aporte que no es técnicamente un impuesto, afecta a su derecho de propiedad.

"La afectación de dicho derecho se traduce en forma sustancial en que la norma referida aplicada a su persona, le origina una manifiesta absorción de características inéditas y sin precedentes de su renta y patrimonio", planteó.

En ese contexto, reclamó "un pronunciamiento que ordene la inaplicabilidad de Ley a su caso concreto, por resultar confiscatoria a la luz de la doctrina emanada de nuestro Alto Tribunal".

La jueza, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, hizo lugar a la suspensión del cobro, cuyo agente de ejecución es la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

"Considero que el peligro en la demora se encuentra configurado en autos. Ello así, teniendo en cuenta la Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictada con fecha 5 de febrero de 2021, mediante la cual se dispuso que el aporte extraordinario y obligatorio que recae sobre las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior, creado con carácter de emergencia y por única vez vence con fecha 30 de marzo de 2021, inclusive", subrayó la jueza.

"Tal procedimiento -añadió- no es otro que el procedimiento de cobro de la suma que el accionante impugna".

Al hacer lugar a la suspensión del cobro sólo para el empresario, la jueza destacó: "Dentro del limitado ámbito cognoscitivo que impone el procedimiento cautelar, considero que el requisito de la verosimilitud del derecho no debe ser tratado en este estado liminar, pues ello sería avanzar sobre el fondo de la cuestión planteada, lo cual se encuentra vedado".

"Atento las especiales circunstancias del presente caso, existe mayor riesgo en denegar la medida que en concederla y que la concesión de la cautela no consuma a favor de la actora ninguna situación que no pueda ser revertida si la pretensión de fondo fuera rechazada", resumió la magistrada.

El fallo es apelable, pero igualmente en ese escenario difícilmente posibilite que el cobro por parte de la AFIP se haga efectivo en el corto plazo.

Tras la reglamentación de la ley, que facultó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a "instrumentar los regímenes de información a los fines de recabar datos" y evitar así las operaciones de evasión impositiva, la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, firmó este viernes la regulación del Aporte Solidario y Extraordinario.

De este modo, estableció que los sujetos alcanzados deberán realizar la presentación de la declaración jurada y el ingreso del saldo resultante hasta el 30 de marzo de 2021.

La fecha a considerar para la valuación de los bienes es la de entrada en vigencia de la Ley, es decir el 18 de diciembre de 2020, se informó oficialmente.

El organismo estableció la normativa relativa a la presentación de la declaración jurada, ingreso del aporte y otros aspectos establecidos en la Ley 27.605 y su Decreto Reglamentario N° 42/2021, con lo que se completa el proceso iniciado en noviembre con el análisis del proyecto en el Congreso nacional, y que se convirtió en ley el 4 de diciembre, con la idea de morigerar los efectos de la pandemia de coronavirus mediante un aporte de los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.

La resolución con las definiciones sobre el Aporte Solidario y Extraordinario será publicada en el Boletín Oficial en los próximos días.

Qué establece la normativa

La normativa de la AFIP establece que los sujetos alcanzados por el aporte deberán realizar la presentación de la declaración jurada y el ingreso del saldo resultante hasta el día 30 de marzo de 2021, inclusive.

El aporte alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $200 millones de pesos.

El decreto reglamentario instruye a la AFIP a instrumentar regímenes de información para detectar maniobras tendientes a eludir el pago del aporte a través de variaciones patrimoniales.

Con ese fin, el organismo incorpora un Régimen Informativo a fin de detectar supuestos de variaciones patrimoniales ocurridos durante los 180 días inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley, que hicieran presumir operaciones que configuren un ardid evasivo o destinado a eludir el pago del aporte.

La Resolución General dispone que el régimen de información también deberá ser cumplido por sujetos no alcanzados por el aporte cuyos bienes, valuados al 31 de diciembre de 2019, alcanzaban una suma igual o superior a $130 millones, y por aquellos cuyos bienes valuados al 31 de diciembre de 2018 alcanzaban una suma igual o superior a $ 80 millones.

En estos casos, deberán declarar los bienes de su titularidad al 20 de marzo de 2020 y al 18 de diciembre de 2020.

El plazo para presentar las declaraciones juradas informativas será entre el 22 de marzo y el 30 de abril de 2021, inclusive.

La normativa también detalla los términos y condiciones para la repatriación del 30% de los activos financieros situados en el exterior, que permite a quienes lo hagan aplicar el método de cálculo del aporte correspondiente a aquellos que solo poseen bienes en el país.

La AFIP contempló la obligación de los sujetos que realicen dicha repatriación de confeccionar un informe especial extendido por contador público independiente matriculado, con su firma certificada por el consejo profesional o colegio que rija la matrícula, quien se expedirá respecto de la razonabilidad, existencia y legitimidad de la totalidad de los activos financieros situados en el exterior.

La iniciativa

El proyecto, que había sido impulsado por el presidente del bloque oficialista en la Cámara baja, Máximo Kirchner, tiene como objetivo recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos para volcar a planes productivos y sanitarios.

La iniciativa prevé el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.

Esa tasa se elevará al 2,25% en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones.

La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.

La ley estipula que los fondos recaudados irán un 20% a la compra o elaboración de equipamiento médico e insumos sanitarios, un 20% a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, un 20% destinado al programa integral de becas Progresar, un 15% para el Fondo de Integración Socio Urbana y un 25% a programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural.