Con esta prórroga, los contribuyentes y responsables tendrán tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 para regularizar sus obligaciones, lo que implica una extensión de tres meses respecto del vencimiento anterior, que estaba previsto para el 30 de diciembre de 2025.

El régimen alcanza a obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social que hayan vencido hasta el 31 de agosto de 2025, incluyendo intereses y multas. El plan había sido establecido originalmente por la Resolución General Nº 5.711 y luego modificado por la Nº 5.777.

Desde el organismo señalaron que la prórroga busca fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras, brindando más tiempo a empresas y particulares para ordenar su situación fiscal.

La medida ya se encuentra vigente y representa una herramienta clave para facilitar la cancelación de deudas acumuladas, evitando mayores costos financieros y posibles sanciones.

El remate incluye una amplia variedad de productos:

Los artículos estuvieron en exhibición hasta el miércoles pasado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el 11 de noviembre a las 11 en la plataforma del Banco Ciudad, cumpliendo con los requisitos formales establecidos.

Las subastas se realizan en el marco del Código Aduanero, que establece que las mercaderías bajo custodia de la Aduana —ya sea del área metropolitana o del interior— deben ser comercializadas mediante remates públicos.

Todo el proceso se rige por la Disposición 31/2025, publicada en el Boletín Oficial, que regula las condiciones y el registro de participación. Una vez inscriptos, los usuarios podrán acceder al listado completo de lotes y revisar las imágenes y características técnicas de cada producto.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que a partir de agosto de 2025 pondrá en marcha un sistema de control en tiempo real sobre las operaciones financieras de personas físicas, jurídicas y comercios. La medida busca reducir la evasión impositiva y combatir el lavado de dinero mediante una supervisión más estricta y digitalizada de los movimientos económicos.

El organismo tendrá la facultad de suspender cuentas bancarias, bloquear tarjetas de débito y crédito, y desactivar billeteras virtuales de aquellos contribuyentes considerados “no confiables”. Esto incluye a quienes presenten declaraciones impositivas incompletas, realicen movimientos de dinero sin justificación, operen con fondos de origen dudoso o no presenten documentación respaldatoria.

Los comercios también podrán verse afectados: si son incluidos en la lista de ARCA, sus medios de cobro —como POS, QR y billeteras digitales— podrán ser inhabilitados de forma preventiva, imposibilitando transacciones con clientes hasta tanto regularicen su situación.

Para revertir el bloqueo, los contribuyentes deberán iniciar un trámite digital en el sitio oficial de ARCA, accediendo a la sección “Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial”. Allí deberán adjuntar la documentación requerida para que el organismo evalúe el caso y reactive los medios de pago si se comprueba la corrección de las inconsistencias.

Esta herramienta de fiscalización se aplicará en coordinación con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), permitiendo al Estado actuar con mayor agilidad ante posibles maniobras irregulares.

ARCA monitoreará transferencias, extracciones, compras y otros movimientos financieros que superen determinados umbrales —aún no oficializados—, por lo que se recomienda adoptar ciertas prácticas para evitar sanciones:

Con estas acciones, los contribuyentes podrán prevenir bloqueos, facilitar las auditorías de ARCA y mantener la operatividad de sus medios de pago.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que en mayo se patentaron 1.383 autos cero kilómetro en Entre Ríos. Esta cifra representó un salto interanual del 77,1% respecto de mayo de 2024, cuando se vendieron 781.

La mejora también fue mensual en un 2,3% respecto de abril 2025, cuando se patentaron 1.352 unidades. De esta manera, en cinco meses se contabilizaron 6.827 patentamientos en la provincia, un 88,3% más interanual, ya que en los cinco primeros meses del año pasado fueron 3.625.

Entre Ríos se ubicó octava en ventas a nivel nacional en mayo, sobre un total de 55.363 unidades patentadas en todo el país. Representó el 2,5% del mercado, detrás de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Neuquén.

Región CentroEn Córdoba se patentaron 6.115 autos cero kilómetro en mayo, un 76,2% más interanual (3.470 unidades en mayo de 2024) y prácticamente idéntico que abril pasado (6.112 unidades). Así, acumuló 30.507 patentamientos en cinco meses, un 94,6% más de incremento interanual (15.680 unidades de enero a mayo 2024).

En Santa Fe se vendieron 5.091 autos cero kilómetro en mayo, un 60,8% más interanual (3.166 unidades en mayo de 2024) y una suba del 1,3% mensual (5.028 unidades en abril). Contabilizó, de esa manera, 25.131 patentamientos en cinco meses, un 98,3% más de aumento interanual (12.676 unidades de enero a mayo 2024).

Análisis a nivel nacionalAcara informó que el número de vehículos patentados durante mayo ascendió a 55.363 unidades, lo que representó un crecimiento del 59,1% interanual, ya que en mayo de 2024 se habían registrado 34.796 unidades. Si la comparación es contra abril, se observa una suba del 0,6% ya que en ese pasado mes se habían registrado 55.017 unidades.

De esta forma, en los cinco meses acumulados del año se patentaron 272.837 unidades, esto es un 78,9% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 152.518 vehículos.

El presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: “En mayo seguimos con números positivos que nos vienen acompañando desde el principio del año y todo indica que seguirán. Venimos de meses en los que se han anunciado medidas que también han tenido impacto en nuestra actividad y que contribuyen a una macroeconomía más ordenada y previsible como la baja de la inflación, del impuesto País, la quita de impuestos a los autos de mayor segmento, la liberación del cepo y ahora incentivar la utilización de los ahorros fuera del sistema, una suma de elementos que explican bastante este buen momento”.

Asimismo, dijo que “desde la cadena de valor estamos contribuyendo, las fábricas han anunciado y puesto a disposición nuevos modelos y financiación a tasa cero y nuestros concesionarios están con una política de promociones y ofertas que han generado que la adquisición de un vehículo sea hoy una verdadera oportunidad”. “Es un escenario que valoramos y por el que hemos trabajado mucho, tenemos ahora el desafío de mantenerlo para ir a una segunda mitad de año que siga para arriba”, acotó.

Fuente: Dos Florines

La firma del acuerdo contó con la participación del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo. También estuvieron presentes los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes formalizaron la adhesión de sus provincias al nuevo régimen.Este acuerdo busca garantizar la implementación plena del Régimen Simplificado de Ganancias, un sistema que respeta la privacidad de los ciudadanos, preservando la información vinculada a sus consumos personales y al incremento patrimonial.Las provincias que no adhieran al Régimen perderán el acceso a información clave, como los datos de facturación de personas físicas y jurídicas, y los consumos que superen los umbrales establecidos por ARCA, actualmente fijados en $50.000.000.Con esta medida, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con una administración más eficiente y respetuosa de las libertades individuales, garantizando una decisión histórica: devolverle a los ciudadanos de todo el país la libertad de usar su dinero como lo deseen, bajo el principio de que todos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario.Cabe destacar que la semana pasada ya habían formalizado su adhesión al Régimen las provincias de Catamarca y Tucumán, consolidando un creciente consenso federal en torno a esta nueva política fiscal.

Compras hasta $10 millones. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este martes una modificación en el régimen de emisión de comprobantes, al elevar a $10 millones el monto mínimo a partir del cual se debe identificar al consumidor final. La disposición fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 5700/2025 y comenzará a regir a partir del jueves 29 de mayo.

Con esta decisión, el organismo avanza en la implementación del plan oficial anunciado la semana pasada por el Gobierno nacional, que tiene como objetivo estimular el retorno al sistema formal de una porción significativa del dinero que hoy se encuentra fuera del circuito financiero. De esta manera, el organismo continúa oficializando los cambios normativos en el marco del plan oficial para estimular la circulación de los dólares del colchón anunciado la semana pasada por el Gobierno nacional.

El cambio clave introducido por la nueva normativa es la actualización del umbral a partir del cual es obligatorio identificar al consumidor final en las facturas. Hasta ahora, el límite estaba establecido en $250.000 para compras en efectivo y $400.000 para pagos con otros medios. A partir de hoy, se unifica y eleva ese umbral a $10.000.000, lo que implica un salto significativo en términos operativos para los contribuyentes.

Nuevas condiciones para monotributistas y pequeños contribuyentesAdemás de elevar el umbral para la identificación del consumidor final, la resolución también introduce cambios relevantes para los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado (RS). En particular, se amplía a $500.000 el importe de las operaciones que pueden respaldarse mediante el sistema de facturación simplificada conocido como “Facturador”.

Esta herramienta digital fue diseñada para facilitar la emisión de comprobantes por parte de monotributistas y pequeños contribuyentes. Sin embargo, la resolución también fija un límite para su uso por parte de los monotributistas sociales. En estos casos, se aclara que no podrán emitir comprobantes con el “Facturador” cuando el importe de la operación supere la mitad del nuevo límite, es decir, $250.000.

Con la actualización implementada, se unificaron ambos umbrales determinando que una vez alcanzado se deberá consignar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI) o, en su caso, número de documento nacional de identidad (DNI), o documento/cédula de identidad/pasaporte para extranjeros.

Una normativa que busca facilitar la inversión y reducir la burocraciaLa medida se enmarca en el Decreto N° 353, el cual fue dictado con el objetivo de simplificar y desregular los trámites vinculados a la inversión y adquisición de bienes en el país. La medida está amparada en el Decreto N° 353, que ‘dispuso la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, en el marco de los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.

En ese contexto, el decreto también instruye a ARCA a revisar y actualizar sus propias regulaciones para adaptarlas a una nueva lógica de eficiencia administrativa. “En la citada norma, se encomendó a ARCA que ‘simplifique su normativa en materia de regímenes de información, fiscalización y otros a su cargo’, partiendo de que ‘es un objetivo principal del Estado Nacional constituir una Administración Pública a favor del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios’”.

Con estas modificaciones, el Gobierno busca incentivar la formalización de operaciones de alto valor que actualmente se realizan fuera del sistema, al tiempo que reduce la carga administrativa para los pequeños contribuyentes. (Con información de Noticias Argentinas)

El nuevo acceso fue incorporado al sistema interno SARHA, dentro del apartado "Mi Legajo", y está disponible para los 19.270 trabajadores de ARCA. Según detalló la institución, esta herramienta permite tanto la afiliación como la baja de una entidad gremial sin necesidad de realizar trámites presenciales ni intermediarios. Al momento de realizar la gestión, el sistema informa automáticamente cuánto representa el aporte sindical sobre el salario del trabajador, y qué porcentaje volverá a su bolsillo en caso de desafiliación.

Los gremios involucrados en esta medida son la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (Supara) y la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip). Aefip y Supara protagonizaron recientemente un paro nacional que incluyó un “apagón informático” que afectó las operaciones en aduanas, migraciones y otras sedes clave del organismo.

"En el marco de las medidas comunicadas el pasado viernes y con el objetivo de facilitar el ejercicio de tu derecho de asociación sindical en absoluta libertad, habilitamos un nuevo acceso en SARHA", indicó el comunicado oficial. Las autoridades remarcaron que la nueva herramienta agiliza y transparenta el vínculo entre trabajador y sindicato, y que el sindicato será notificado automáticamente de cualquier modificación.

Aunque desde ARCA presentaron la medida como una mejora administrativa, los gremios no tardaron en mostrar su malestar. Para algunos sectores sindicales, la implementación del botón digital representa un intento de debilitar su representatividad y poder de negociación.

El caso de ARCA podría marcar un precedente en otras dependencias del Estado, donde también se evalúa replicar este tipo de sistemas automáticos de afiliación y desafiliación.

El senador por el departamento Gualeguay, Alberto Otagui, expresó su inquietud ante la decisión, ya que las delegaciones afectadas pasarán a depender de las sedes de Gualeguaychú y Concordia, respectivamente. Según el legislador, “estamos hablando de dos delegaciones en las cuales trabajan alrededor de treinta personas, que no saben a qué funciones serán reasignadas y temen perder su fuente laboral”.

Además, Otagui destacó que el cierre de estas oficinas no solo perjudicaría a los empleados, sino también a profesionales, contribuyentes y ciudadanos en general, quienes se verán obligados a trasladarse a otras ciudades para realizar trámites o consultas presenciales. “Es un gran inconveniente para aquellos que necesitan atención especializada, especialmente para los productores rurales y las pymes”, señaló.

La Agencia AIM informó que el senador recordó la reapertura de la sede de Gualeguay en 1993, luego de haber sido trasladada a Gualeguaychú. Desde entonces, dicha oficina demostró un rendimiento eficiente, con niveles de recaudación superiores a la dependencia de la vecina ciudad, gracias a un alto compromiso voluntario de los contribuyentes.

“Se trata de una sede que tiene indicadores de eficiencia, y su cierre no solo afectará a los trabajadores, sino que también impactará negativamente en la recaudación fiscal”, argumentó Otagui.

En el caso de Concepción del Uruguay, los contribuyentes deberán trasladarse a Concordia para efectuar trámites, lo que implicará mayores costos y tiempos de gestión. El senador advirtió que esta situación podría dificultar la comercialización y generar un impacto negativo en la actividad económica de la provincia.

Otagui concluyó cuestionando la lógica de la decisión del gobierno nacional en el actual contexto de ajuste. “Pretenden que solo cierren los números en un Excel, pero es difícil creer que estén calculando cómo puede impactar esta medida en la recaudación. Lejos de simplificar las cosas, este tipo de decisiones complican a los contribuyentes”, enfatizó.

A través de un proyecto de comunicación presentado por el legislador Alberto Otaegui (Juntos por Entre Ríos) con el acompañamiento como coautor de Martín Oliva (Más por Entre Ríos), el Senado le solicitará al Gobierno provincial que realice “las gestiones necesarias” ante el Gobierno Nacional para que se deje sin efecto la Disposición N° 36/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, por la cual se cierran las sedes de dicho Agencia de las ciudades de Gualeguay y de Concepción del Uruguay.

“Estamos hablando de dos delegaciones en las cuales trabajan alrededor de treinta personas, las cuales no saben a qué funciones serán reasignados y que temen perder su fuente laboral. Pero no sólo se ven ellos afectados, hay profesionales, contribuyentes y ciudadanía en general que debe realizar trámites o consultas presenciales, para todo lo cual deberá viajar hasta otra ciudad”, detalló Otaegui en la iniciativa presentada.

Cierran las sedes de ARCA (exAFIP) de Concepción del Uruguay y GualeguayAsimismo, el legislador de Juntos remarca que respecto a la sede de Gualeguay “ha logrado una mayor recaudación que la dependencia de Gualeguaychú con poco personal. se trata de una de las dependencias con menor incidencia para el gasto público si lo comparamos con lo que recauda”, Mientras que en Concepción del Uruguay, el no haber sede provocará que los contribuyentes deberán trasladarse hasta Concordia para realizar sus trámites.

“En el contexto actual el gobierno nacional realiza un ajuste en el cual pretende que sólo le den los números en un excel, pero cuesta creer que estén realizando el cálculo de cómo puede impactar esta medida en la recaudación, ya que lejos de simplificar las cosas este tipo de medidas no hace más que complicar a los contribuyentes”, culminó. (APFDigital)

Esta disminución se debe a un proceso de reempadronamiento que comenzó en octubre de 2024. Según el informe oficial, "la contracción del padrón responde a un reempadronamiento para quienes se inscribieron en el monotributo social dentro de programas sociales". Este cambio requirió que los monotributistas se reinscribieran bajo nuevos criterios y, a partir de la reactivación del régimen, aquellos que se ajustaron a los nuevos lineamientos comenzaron a pagar un aporte del 50% para la obra social, un costo que antes estaba subsidiado por el Estado.

La principal consecuencia de esta medida fue la exclusión de aquellos que no cumplieron con los nuevos requisitos, lo que resultó en la eliminación del 60% de los beneficiarios del régimen.

El Impacto de la Eliminación del Subsidio a la Obra Social

Una de las principales razones detrás de esta caída en el padrón es la eliminación del subsidio estatal a la obra social. Desde octubre de 2024, aquellos que completaron el proceso de reempadronamiento comenzaron a pagar la mitad del aporte correspondiente a la obra social, tanto para ellos como para los adherentes, lo que representa un gasto mensual significativo.

Según la resolución 630/2024 del Ministerio de Capital Humano, "el titular que desee mantenerse en el régimen del Monotributo Social deberá abonar el 50% del componente de la obra social por sí mismo y por cada adherente". Este aporte mensual de $8.358,16 por cada integrante del grupo familiar significó una carga económica difícil de afrontar, especialmente para familias con varios miembros. En el caso de una familia tipo (un matrimonio con dos hijos), el gasto total mensual alcanzaba los $33.432,64.

Este aumento en los costos ha generado que muchos beneficiarios abandonen el régimen, ya que el aporte a la obra social se había convertido en uno de los principales atractivos del monotributo social.

El Monotributo Social: Un Régimen de Inclusión en Riesgo

El Monotributo Social está destinado a la formalización de trabajadores en situación de vulnerabilidad social, tales como desempleados o beneficiarios de programas sociales como Acompañamiento Social, Volver al Trabajo, y Microcréditos. También está dirigido a emprendedores que desarrollan actividades productivas, comerciales o de servicios vinculadas al Desarrollo Local y la Economía Social.

A través de este régimen, los beneficiarios podían acceder a servicios de salud para ellos y sus familias, además de poder realizar aportes jubilatorios. Asimismo, el Monotributo Social es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras pensiones no contributivas. Sin embargo, la reciente eliminación del subsidio a la obra social ha puesto en riesgo la viabilidad de este régimen, ya que muchas familias no pueden hacer frente al nuevo costo.

Especialistas sociales han señalado que la disminución en el número de monotributistas puede explicarse tanto por la falta de reempadronamiento como por la eliminación del subsidio, lo que ha afectado principalmente a las personas más vulnerables que dependían de este régimen para acceder a la salud, emitir facturas y contribuir al sistema jubilatorio.

Para conocer más detalles sobre la situación, dialogamos con Darío Marengo, secretario general de ARCA en la seccional Paraná, quien visitó la ciudad este jueves y brindó un panorama sobre el posible cierre y sus implicancias.El cierre de la delegación local de ARCA impactaría en la comunidad, afectando tanto a los contribuyentes que realizan trámites en la oficina como a los empleados que desempeñan sus funciones en la misma. La medida responde a una reestructuración que se viene evaluando en distintos puntos de la provincia.Desde la comunidad y diversos actores locales se espera que las autoridades reconsideren la medida y se logre mantener la oficina operativa, evitando así mayores dificultades para los ciudadanos y el personal de la agencia

Desde ARCA recomiendan no abrir ni responder estos correos sospechosos, ni acceder a archivos adjuntos o enlaces incluidos en los mensajes. Los estafadores utilizan el nombre y logotipo de la agencia para engañar a los contribuyentes. En caso de recibir un mensaje de este tipo, se recomienda reportarlo a la dirección de correo electrónico phishing@arca.gob.ar o verificar la información a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

ARCA recuerda que las comunicaciones oficiales se realizan exclusivamente a través del Domicilio Fiscal Electrónico y nunca por vía telefónica, Whatsapp, mensaje de texto o correo electrónico. Además, enfatiza que la clave fiscal es personal e intransferible y no debe compartirse bajo ninguna circunstancia.

Los correos fraudulentos suelen incluir:

Exigencias de pago inmediato de una supuesta deuda.

Amenazas de acciones legales en caso de incumplimiento.

Enlaces sospechosos que dirigen a páginas no oficiales.

Solicitudes de información personal o de la clave fiscal.

El Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) es una casilla de mensajería privada entre ARCA y los contribuyentes. Requiere autenticación con clave fiscal y actúa como un canal oficial de comunicación. Su acceso es gratuito, seguro y obligatorio.

Para constituir el DFE, los usuarios deben ingresar con clave fiscal al servicio correspondiente, registrar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular. Para más información, ARCA pone a disposición la siguiente guía: Guía Paso a Paso.

Para información confiable y actualizada, ARCA cuenta con los siguientes canales oficiales:

X: @ARCA_informa

Instagram: arca_informa

Facebook, Whatsapp y Telegram: ARCA Informa

YouTube y LinkedIn: Agencia de Recaudación y Control Aduanero

La medida se formalizó mediante la Resolución General 5662/2025, publicada en el Boletín Oficial, que introduce modificaciones en el régimen de información financiera. La normativa busca fortalecer la fiscalización de las operaciones internacionales y mejorar el control tributario sobre estos gastos.

Las entidades emisoras de tarjetas deberán proporcionar datos adicionales a los que ya venían informando. Entre los nuevos requisitos figuran:

Además, se deberá informar sobre las operaciones realizadas no solo por los titulares de las tarjetas, sino también por los adicionales o beneficiarios de extensiones de cuenta.

Desde ARCA explicaron que la implementación de esta normativa busca optimizar los mecanismos de control y detección de posibles irregularidades fiscales. La medida se fundamenta en la experiencia previa con el régimen de información financiera y apunta a mejorar la transparencia en las transacciones internacionales.

La resolución también establece que los bancos y emisores de tarjetas tendrán que presentar informes detallados a partir de los vencimientos que operen desde el 1 de julio de 2025, permitiendo a ARCA una supervisión más precisa y efectiva de estas operaciones.

La exigencia de mayor información podría derivar en una mayor fiscalización de los consumos en el exterior y posibles ajustes en la carga impositiva para los titulares de tarjetas. No obstante, aún no se han anunciado medidas adicionales sobre restricciones o cambios en la percepción de impuestos sobre estos gastos.

La iniciativa forma parte de un conjunto de acciones destinadas a fortalecer la recaudación y evitar la evasión fiscal en un contexto económico desafiante para Argentina.

La información llegó como marca la estrategia comunicacional del Gobierno Nacional por sorpresa y hasta los propios empleados se enteraron por medios informales. Sin embargo, más allá del golpe de efecto que se intenta lograr (que se festeje la pérdida de empleos es parte de esa búsqueda), la disposición real tiene muchos puntos grises.

Qué dice la disposición 36/2025

El documento con fecha 28 de febrero de 2025, y publicado en el Boletín Oficial el 5 de marzo de 2025 aborda la modificación de unidades organizativas dependientes de la Dirección General Impositiva (DGI).Contexto y fundamento oficial:Emergencia pública: La Ley N° 27.742 declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética. Esta declaración en teoría busca evitar el uso de recursos públicos en perjuicio del Estado y los contribuyentes. También se escuda en una supuesta mejora de la eficiencia del Estado, transparentando la gestión pública, reduciendo el ‘sobredimensionamiento de la estructura estatal’, equilibrar las cuentas públicas y asegurar el control interno de la administración pública nacional.

Todo esto se enmarca en la reestructuración de la AFIP: El Decreto N° 953/2024 disolvió la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y creó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A su vez, el Decreto N° 13/2025 redujo la estructura organizativa de ARCA hasta el nivel de Subdirección General inclusive. Se instruyó al Director Ejecutivo a realizar adecuaciones y aprobar la estructura organizativa de segundo nivel operativo inferior.

Disposiciones:

Entre lo que se definió está la modificación de unidades organizativas: Se modifican las unidades organizativas dependientes de la Dirección General Impositiva. También se avisa que se notificará a los contribuyentes sobre los cambios de jurisdicción y la fecha de entrada en vigencia que será en 45 días corridos desde la publicación en el Boletín Oficial, por lo tanto, hasta el 18 de abril todo sigue igual.

La letra chica

Cuando uno lee la fundamentación difícil pueda estar en desacuerdo en el gasto eficiente y evitar el sobredimensionamiento. Sin embargo, los cambios que están previstos en Gualeguay parecen no apuntar en esa dirección. En primer lugar, cabe decir que la ciudad pierde una institución que en la actualidad recauda más que Gualeguaychú y pasa a depender de la ciudad vecina. El criterio no queda muy claro, por ejemplo, junto con Gualeguay se pretende eliminar Concepción del Uruguay que tiene un peso muy importante. En toda la provincia quedarían solamente Paraná, Concordia y Gualeguaychú.

A su vez, de acuerdo a lo que pudimos averiguar, los empleados seguirán trabajando en el inmueble (que es alquilado) y pasarán a depender de la vecina ciudad. Se ahorrarían los adicionales de los jefes, pero la gente ya no tendrá atención al público a nivel local. El contribuyente local quedará más desamparado, y el ahorro será casi insignificante. No parece buen negocio para la ciudad. Sobre la gente que festeja que un vecino de Gualeguay se quede sin trabajo preferimos no emitir opinión. Sobran las palabras ante esa actitud. 

Durante el inicio de febrero, algunas personas y empresas han experimentado la suspensión de sus cuentas como consecuencia de esta medida.

Ante esta situación, el Banco Central instó a los bancos y fintech a reforzar los controles sobre las cuentas de sus usuarios con el fin de garantizar una mayor regulación. La sanción está dirigida a los titulares que hayan infringido las normativas establecidas por ARCA, organismo que reemplazó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La medida afecta a quienes forman parte de la "Base de Contribuyentes no confiables", quienes podrían ver canceladas sus cuentas. De ser así, estos usuarios no podrán realizar pagos mediante transferencias, ni a otras cuentas ni a fintech. Además, se les prohibirá el uso de Código QR y la compra de bienes o contratación de servicios mediante tarjetas de crédito, débito o prepagas.

Esta normativa se basa en la Comunicación “A” 8144, emitida por ARCA en diciembre pasado. La medida busca fortalecer el control sobre los contribuyentes y asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales y comerciales vigentes.

Para evitar el bloqueo de cuentas, los usuarios deben cumplir con una serie de requisitos establecidos en la Resolución General 3832/2016:

Constituir el domicilio fiscal electrónico.

Registrar y aceptar los datos biométricos.

Actualizar en el Sistema Registral el código de actividad.

Declarar y actualizar, cuando corresponda, el domicilio fiscal y los domicilios de locales y establecimientos.

Dar de alta los impuestos según la forma jurídica adoptada por el responsable.

Contar con una cantidad mínima de integrantes según el tipo societario declarado.

Presentar las declaraciones juradas determinativas vencidas en los últimos 36 meses.

Presentar las declaraciones juradas informativas vencidas en los últimos 12 meses.

En caso de bloqueo, los titulares deberán enviar una Presentación Digital con el trámite "Estado administrativo de la CUIT. Reactivación presencial", especificando la regularización de los puntos incumplidos. Posteriormente, ARCA evaluará la solicitud y notificará su resolución a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

Esta medida refuerza la importancia del cumplimiento normativo para evitar sanciones y garantizar la operatividad financiera de los contribuyentes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ex AFIP, informó que durante enero se llevarán a cabo nuevas subastas públicas. En este sentido se precisó que el jueves 16 se subastarán casi 4000 botellas de vinos, champagne, whisky y otras bebidas alcohólicas. El martes 28 la oferta será de 25.782 kilos de tabaco en fardos.

En lo que va del mes, se realizó la subasta de varios lotes de pelotas de fútbol y voley. Según se resaltó todo el dinero obtenido se incorpora a las rentas fiscales. La recaudación acumulada por subastas al 31 de diciembre ascendió a 1.113.713.090,80 pesos.

Asimismo, y en orden a la gran cantidad de mercadería y la alta demanda que las subastas del organismo vienen registrando, ARCA tiene previsto realizar nuevos remates durante 2025 con el objetivo de generar más recursos para el Estado y potenciar la cercanía con el contribuyente. El cronograma puede ser consultado en www.arca.gob.ar/rematesySubastas/. (APFDigital)