La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó las nuevas escalas del monotributo que regirán desde el 1 de agosto y habilitó la recategorización para los contribuyentes alcanzados. El trámite podrá realizarse hasta el 5 de agosto, sin penalidades.

La actualización contempla un incremento del 16,8% en los topes de facturación y en las cuotas mensuales de todas las categorías, en línea con la inflación acumulada durante el primer semestre informada por el Indec.

Los nuevos importes comenzarán a aplicarse desde el vencimiento del 20 de agosto, fecha en la que deberá abonarse la cuota mensual con los valores actualizados.

Los contribuyentes deberán analizar los ingresos brutos, alquileres devengados, superficie afectada a la actividad y consumo de energía eléctrica correspondientes a los últimos 12 meses para determinar si les corresponde cambiar de categoría.

En cambio, no deberán realizar la recategorización quienes mantengan los mismos parámetros que en el semestre anterior ni aquellos monotributistas que todavía no cumplieron seis meses calendario desde el inicio de sus actividades.

ARCA también mantiene disponible la modalidad de recategorización simplificada, que muestra automáticamente la facturación anual registrada y agiliza el trámite para quienes cumplen con los requisitos. Esta modalidad está disponible para quienes poseen únicamente puntos de venta de facturación electrónica y cuentan con 12 meses completos dentro del régimen.

Para completar el trámite, los contribuyentes deben seguir estos pasos:

1- Ingresar al portal de ARCA con CUIT y clave fiscal.

2- Acceder al servicio Monotributo.

3- Seleccionar la opción "Recategorizarme".

4- Revisar la información registrada y presionar "Continuar recategorización".

5- Actualizar los datos, si corresponde.

6- Confirmar el trámite y descargar el formulario F.184 junto con la nueva credencial de pago.

Categoría A: hasta $12.009.410,45.Categoría B: hasta $17.595.182,74.Categoría C: hasta $24.670.494,31.Categoría D: hasta $30.628.651,43.Categoría E: hasta $36.028.231,33.Categoría F: hasta $45.151.659,41.Categoría G: hasta $53.995.798,87.Categoría H: hasta $81.924.660,37.Categoría I: hasta $91.699.761,90.Categoría J: hasta $105.012.519,20.Categoría K: hasta $126.610.838,75.

ARCA recordó que puede realizar una recategorización de oficio cuando detecta inconsistencias entre la categoría declarada y la información fiscal disponible, como compras, gastos o acreditaciones bancarias que superen los ingresos permitidos para la categoría vigente.

En esos casos, el organismo notificará la decisión a través del domicilio fiscal electrónico. Si el contribuyente no está de acuerdo, podrá presentar una apelación mediante el servicio Presentaciones Digitales, dentro de los plazos previstos por la normativa.

En un operativo de rutina que derivó en el hallazgo de un sofisticado doble fondo, personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial incautó un importante cargamento de telefonía móvil ingresado al país de forma ilegal. El procedimiento tuvo lugar este miércoles a las 10:50 en el Puesto de Control Vial "Paso Cerrito", ubicado en la Ruta Nacional 14.

El personal policial apostado en la ruta detuvo la marcha de un automóvil Volkswagen Virtus conducido por un hombre de 54 años, de nacionalidad paraguaya y domiciliado en la localidad de Eldorado, provincia de Misiones. Al ser interrogado, el hombre manifestó que viajaba desde su domicilio con destino a la provincia de Buenos Aires.

Durante la habilitación de la requisa visual de rutina, la agudeza del funcionario policial a cargo resultó clave. Al observar detalladamente el interior del habitáculo, el efectivo notó que los plásticos de la zona del torpedo, del lado del acompañante, se encontraban mal encastrados y presentaban signos de haber sido removidos recientemente. Al mirar de cerca a través de una de las hendiduras, divisó una pequeña sección de un paquete rectangular envuelto en cinta plástica de color negro.

Ante la firme sospecha de estar frente a un ilícito, y de acuerdo con lo establecido por el artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación, se convocó a testigos civiles para garantizar la legalidad del procedimiento.

Al remover el plástico frontal del panel, los uniformados descubrieron una modificación estructural en la carrocería: un "corte ventana" diseñado exclusivamente para el ocultamiento de mercadería. Del interior del doble fondo, los efectivos extrajeron un total de 70 teléfonos celulares de alta gama de diversas marcas y modelos, embalados de manera compacta para evitar ruidos durante el viaje.

El conductor del rodado no disponía de ningún tipo de documentación aduanera o comercial que avalara la legal tenencia o el transporte de los dispositivos electrónicos en el territorio nacional.

Las autoridades policiales se comunicaron de inmediato con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Concordia —anteriormente conocida como AFIP-DGA—. Desde el organismo nacional se dispuso el secuestro formal de la totalidad de la mercadería por infracción a la Ley N° 22.415 (Código Aduanero). El valor estimado en plaza del cargamento ilegal asciende a $22.810.000.

Por disposición de la justicia y las autoridades aduaneras intervinientes, se ordenó la correcta identificación del conductor. Al no registrar impedimentos legales ni pedidos de captura previos, recuperó la libertad, aunque quedó formalmente supeditado a la causa federal en trámite. No se ordenó el secuestro del automóvil Volkswagen Virtus ni del teléfono celular particular del implicado.

La recaudación tributaria de junio totalizó los $20 billones y, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), descendió un 7,4% en términos reales interanuales, retomando la tendencia decreciente que se había interrumpido en mayo, cuando había subido 1,7% por el ingreso de Ganancias de las empresas.

"Los recursos tributarios de junio alcanzaron $20.017.104 millones, con una variación interanual de 23,7%. La recaudación está afectada negativamente por los menores ingresos vinculados al Comercio Exterior", señaló la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El organismo indicó que la baja obedeció principalmente a menores derechos de exportación, ya que en junio de 2025 se habían registrado ingresos extraordinarios por tratarse del último mes de vigencia de la disminución de aranceles a las exportaciones estipulada por el Decreto 38/2025, lo que elevó la base de comparación. Este mes rigieron alícuotas más bajas, especialmente para soja, trigo y maíz, según el Decreto 877/2025, a lo que se sumó la reducción de la alícuota para el trigo, que pasó del 7,5% en mayo al 5,5% en junio por el Decreto 423/2026.

ARCA también mencionó la desaceleración de las importaciones, por la alta base de comparación derivada del fuerte crecimiento del año anterior, y el impacto negativo del vencimiento especial dispuesto para la presentación y pago del saldo de la declaración jurada de personas humanas por Ganancias y Bienes Personales del período fiscal 2025, que este año se trasladó a julio.

Si bien la explicación oficial menciona un incremento de planes de pago y la utilización de saldos a favor, no hace mención a la baja de la actividad económica en sectores como la industria y el comercio, que tienen un impacto determinante en los ingresos tributarios.

El IVA Neto recaudó $6,54 billones, con una variación interanual del 28,2% nominal (28,1% en el IVA Impositivo y 26,6% en el IVA Aduanero), contra una inflación estimada en 33,4% para el año. En Ganancias, los ingresos sumaron $3,2 billones, una mejora nominal del 11,3%, afectada por la prórroga del vencimiento de la declaración jurada de personas humanas hacia julio.

El Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios registró $1,4 billones, con una mejora del 33,2%, un rendimiento casi igual a la inflación del período. La Seguridad Social aportó $5,58 billones, con un incremento nominal del 29,6%, una merma relacionada con la caída de los salarios nominales frente a la inflación y la baja del empleo registrado.

Los derechos de exportación se desplomaron un 27% nominal, con ingresos por $881.128 millones, mientras que los aranceles de importación subieron 13,8% nominal, hasta los $545.789 millones.

Según el IARAF, bajo el supuesto de una inflación mensual del 1,9% en junio, el tributo que más habría caído en términos reales fue el de derechos de exportación, con una baja del 45,9% interanual, por la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario. Le siguieron los impuestos internos, con una caída del 19,7%, y Ganancias, con el 16,7%.

En sentido contrario, los tributos que habrían mostrado un incremento real fueron el impuesto a los combustibles, con una suba del 27,6%, y Bienes Personales, con el 9,5%. El IVA neto de devoluciones y reintegros habría tenido una baja real del 4,0% respecto de junio de 2025, mientras que los aportes y contribuciones de la seguridad social habrían descendido un 2,9% real interanual, por el comportamiento del salario real y del empleo formal.

ARCA puede modificar de oficio la categoría de un monotributista cuando detecta que los datos declarados no coinciden con los parámetros que surgen de la información fiscal disponible. La medida puede impactar en el valor de la cuota mensual y, en algunos casos, generar diferencias correspondientes a períodos anteriores.

La recategorización de oficio está prevista dentro del Régimen Simplificado y puede aplicarse cuando el organismo considera que la categoría informada no se ajusta a la actividad real del contribuyente. La normativa contempla la determinación de deuda y la posibilidad de aplicar sanciones cuando la declaración fue inexacta o no se cumplió con la obligación de recategorizarse.

La primera señal de un cambio suele aparecer en el Domicilio Fiscal Electrónico, donde llegan las comunicaciones oficiales de ARCA. También se puede revisar la situación al ingresar al Portal Monotributo con CUIT y clave fiscal, especialmente antes de la próxima recategorización semestral.

Para definir si corresponde una nueva categoría, el organismo analiza los parámetros que determinan el encuadre dentro del Monotributo. Entre ellos se encuentran los ingresos brutos, los alquileres devengados, la superficie afectada a la actividad y la energía eléctrica consumida.

Además, la evaluación puede tomar como referencia la facturación electrónica emitida, las acreditaciones bancarias, los ingresos declarados y otros registros fiscales disponibles. Por eso, una diferencia entre los movimientos detectados y los datos informados por el contribuyente puede derivar en una revisión de la categoría.

El cambio no debe confundirse con una exclusión del régimen. La recategorización implica que el monotributista continúa dentro del sistema, pero pasa a una categoría diferente. La exclusión, en cambio, supone la salida del Régimen Simplificado y el ingreso al régimen general, con otro tipo de obligaciones tributarias.

Para verificar si ARCA modificó la categoría, el contribuyente debe ingresar al Portal Monotributo y revisar la información vigente. También resulta clave consultar el Domicilio Fiscal Electrónico, que es el canal obligatorio para recibir notificaciones oficiales del organismo.

En caso de encontrar una comunicación, se recomienda leer los fundamentos del cambio y comparar los datos utilizados por el organismo con la facturación, la actividad declarada y los parámetros correspondientes a los últimos 12 meses.

La recategorización habitual se realiza dos veces al año, en febrero y agosto, y debe completarse hasta el día 5 de cada uno de esos meses cuando corresponde un cambio de categoría. Quienes mantengan los mismos parámetros o tengan menos de seis meses de actividad no deben realizar esa gestión.

Si el monotributista considera que la recategorización de oficio fue incorrecta, puede presentar una apelación a través del servicio "Presentaciones Digitales", disponible con clave fiscal. El sistema contempla las opciones "Recategorización de oficio del monotributo - Apelación en término" y "Recategorización de oficio del monotributo - Recurso fuera de término".

Para avanzar con el reclamo, es necesario revisar los motivos informados por ARCA y adjuntar la documentación que permita respaldar la situación fiscal real. Facturación, constancias bancarias, contratos, comprobantes de alquiler o información sobre la actividad pueden resultar relevantes, según el caso.

Mientras el organismo analiza la presentación, la categoría determinada de oficio puede mantenerse vigente. Por ese motivo, controlar las notificaciones y revisar periódicamente la información del Portal Monotributo permite evitar que una comunicación quede firme sin que el contribuyente haya podido evaluar o responder la medida.

Ante el movimiento turístico previsto por las vacaciones de invierno y el Mundial, ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) recordó cuáles son las obligaciones que deben cumplir los viajeros al entrar o salir del país. El organismo informó qué bienes deben declararse, cuáles son los límites de franquicia y en qué casos corresponde realizar trámites ante la Aduana.

El organismo indicó que los pasajeros deben prestar atención no solo al equipaje, sino también a los productos comprados en el exterior, los objetos que llevan al salir del país y el dinero en efectivo o instrumentos monetarios que transporten. Incumplir estas condiciones puede generar demoras, pagos adicionales o inconvenientes en los controles fronterizos.

Según las normas vigentes, quienes ingresen al país por vía aérea o marítima pueden traer mercaderías por hasta 500 dólares sin pagar tributos. A ese monto se suma otra franquicia independiente de 500 dólares para compras realizadas en el Free Shop de llegada.

En el caso de quienes regresen por vía terrestre o fluvial, la franquicia es de 300 dólares para adultos y de 150 dólares para menores de 16 años. Además, matrimonios, uniones civiles e hijos menores de 16 años pueden unificar sus franquicias para utilizarlas de manera conjunta.

ARCA aclaró que estos beneficios son mensuales y no acumulables. Esto significa que, si un pasajero no utiliza la franquicia en un viaje, no puede trasladarla para otra oportunidad. Cuando el valor total de los bienes supera el límite permitido, se debe abonar un arancel del 50% sobre el excedente.

Por ejemplo, si una persona ingresa por vía aérea con productos valuados en 600 dólares, se toma como referencia la franquicia de 500 dólares. En ese caso, el excedente es de 100 dólares y el impuesto a pagar será de 50 dólares.

Otra obligación alcanza a quienes ingresen o egresen del país con 10.000 dólares o más, o su equivalente en otras monedas. En esos casos, el monto debe ser informado ante la Aduana. Para menores de 16 años, el límite es de 5.000 dólares.

El organismo también recordó que quienes viajen con objetos adquiridos previamente en el exterior pueden declararlos antes de salir del país. Ese trámite permite acreditar que esos bienes ya formaban parte del equipaje y evitar inconvenientes al regresar a la Argentina.

Para realizar la declaración, ARCA dispone de formularios digitales y terminales de autogestión en aeropuertos y pasos internacionales. Si el trámite no puede completarse de manera online, se pueden presentar los formularios manuales correspondientes. La recomendación central es verificar las condiciones antes de viajar y utilizar los canales oficiales para evitar demoras en los controles.

Sin embargo, el foco ya está puesto en julio, cuando el organismo deberá actualizar los parámetros del régimen simplificado tomando como referencia la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026. Esa modificación impactará tanto en los topes de facturación como en los importes mensuales que pagan millones de pequeños contribuyentes.

Actualmente, el límite máximo para permanecer dentro del monotributo supera los 108 millones de pesos anuales en la categoría más alta. Hasta que se oficialicen los nuevos valores, esos parámetros continuarán vigentes durante junio y gran parte de julio.

Aunque ARCA todavía no difundió los nuevos cuadros oficiales, distintas estimaciones privadas indican que la actualización semestral podría rondar el 17%, en línea con la evolución de la inflación registrada durante los primeros seis meses del año.

La recategorización se habilitaría durante la segunda quincena de julio, una vez que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique el último índice inflacionario del semestre.

Por ese motivo, especialistas tributarios recomiendan comenzar a revisar la facturación acumulada de los últimos doce meses para evitar inconvenientes cuando se abra el período de actualización.

Con los nuevos parámetros, muchos contribuyentes podrían verse obligados a cambiar de categoría o incluso evaluar si continúan dentro del régimen simplificado.

Mientras tanto, durante junio:

El nuevo esquema comenzaría a aplicarse desde agosto, luego de que ARCA oficialice las escalas actualizadas.

Las transferencias bancarias y los movimientos en billeteras virtuales forman parte de la rutina cotidiana de millones de argentinos, pero no escapan al radar del fisco. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigentes durante junio distintos mecanismos de monitoreo sobre operaciones financieras que superen determinados parámetros o presenten patrones considerados inusuales.

El organismo no prohíbe recibir dinero en cuentas o aplicaciones. Sin embargo, las entidades financieras deben reportar ciertas operaciones cuando los montos exceden los límites establecidos o cuando la actividad no coincide con el perfil económico declarado por el titular.

Para personas físicas, las transferencias y acreditaciones bancarias —incluyendo billeteras virtuales— quedan sujetas a información cuando superan los $50.000.000 mensuales. Para empresas y personas jurídicas, el límite es de $30.000.000 por mes.

Las extracciones de efectivo deben reportarse cuando superan los $10.000.000 mensuales, tanto para individuos como para empresas. Los saldos bancarios al cierre de cada mes también se informan cuando exceden los $50.000.000 en personas físicas o los $30.000.000 en personas jurídicas.

En cuanto a plazos fijos, el monitoreo se activa en colocaciones superiores a los $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para empresas. Las compras como consumidor final pueden realizarse hasta $10.000.000 sin aportar información adicional, aunque operaciones superiores pueden quedar sujetas a verificaciones.

Los sistemas automáticos también analizan la frecuencia de las operaciones, la cantidad de personas involucradas y los patrones de movimiento habituales. Múltiples acreditaciones pequeñas pueden generar alertas si el comportamiento resulta atípico.

Superar un umbral informativo no implica automáticamente una infracción ni una sanción. Lo que sucede es que la operación pasa a formar parte de los registros que las entidades deben reportar a ARCA. Si los movimientos resultan inconsistentes con los ingresos declarados, las entidades pueden requerir documentación que justifique el origen de los fondos. Ante respuestas insuficientes, pueden aplicar restricciones preventivas sobre la cuenta e incluso elevar un Reporte de Operación Sospechosa ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

La recaudación tributaria nacional registró un punto de giro en mayo. Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ingresos fiscales del Estado treparon a los $21,51 billones, lo que representó un incremento nominal del 35,6% respecto al mismo período del año anterior. Al contrastar la cifra con la inflación anualizada proyectada del 33,4% para mayo, la performance impositiva arrojó un crecimiento real del 1,7%, interrumpiendo así una dinámica contractiva de nueve meses consecutivos de caída. El dato contrasta especialmente con la baja real del 3,8% registrada en abril.

El cambio de tendencia responde a un factor estacional que el equipo económico aguardaba con expectativa: durante mayo operaron los vencimientos de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes a las sociedades comerciales con cierre de balance en diciembre de 2025, el segmento de mayor volumen y peso relativo para el fisco dentro del calendario anual.

Con este resultado, el Gobierno logra un respiro en su meta de sostener el superávit financiero, apoyado en el desempeño de los tributos vinculados a la actividad corporativa y al comercio exterior, aunque los impuestos asociados al consumo del mercado interno todavía muestran debilidad.

La medida fue establecida mediante la Resolución General 5850/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y forma parte de la adaptación del sistema laboral a la Ley de Modernización Laboral 27.802.

Según informó ARCA, el objetivo es avanzar en la digitalización de los comprobantes salariales, simplificar trámites administrativos y mejorar el control sobre los aportes y contribuciones del sector.

El recibo de sueldo deberá generarse exclusivamente a través del “Registro Especial del Personal de Casas Particulares”, disponible en el sitio web oficial de ARCA mediante Clave Fiscal.

Los empleadores deberán cargar:

Luego, el sistema emitirá el comprobante digital. La validación con Clave Fiscal reemplazará la firma manuscrita del empleador y otorgará plena validez legal al recibo electrónico.

Además, las trabajadoras y trabajadores podrán acceder online a:

La resolución también aclara que, si el salario se abona en efectivo o el trabajador lo solicita, el recibo deberá imprimirse por duplicado:

ARCA estableció que los formularios tradicionales F.102/RT, F.575/RT y F.1350 ya no serán considerados comprobantes válidos de pago por sí solos.

Desde ahora, el único comprobante aceptado será el recibo electrónico emitido desde el sistema oficial.

La disposición entra en vigencia desde el 22 de mayo de 2026 y se aplicará a los salarios correspondientes al período devengado mayo 2026, es decir, los haberes que se pagan en junio ya deberán contar con recibo electrónico obligatorio.

ARCA también recordó los valores salariales vigentes para el personal de casas particulares:

Con esta prórroga, los contribuyentes y responsables tendrán tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 para regularizar sus obligaciones, lo que implica una extensión de tres meses respecto del vencimiento anterior, que estaba previsto para el 30 de diciembre de 2025.

El régimen alcanza a obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social que hayan vencido hasta el 31 de agosto de 2025, incluyendo intereses y multas. El plan había sido establecido originalmente por la Resolución General Nº 5.711 y luego modificado por la Nº 5.777.

Desde el organismo señalaron que la prórroga busca fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras, brindando más tiempo a empresas y particulares para ordenar su situación fiscal.

La medida ya se encuentra vigente y representa una herramienta clave para facilitar la cancelación de deudas acumuladas, evitando mayores costos financieros y posibles sanciones.

El remate incluye una amplia variedad de productos:

Los artículos estuvieron en exhibición hasta el miércoles pasado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el 11 de noviembre a las 11 en la plataforma del Banco Ciudad, cumpliendo con los requisitos formales establecidos.

Las subastas se realizan en el marco del Código Aduanero, que establece que las mercaderías bajo custodia de la Aduana —ya sea del área metropolitana o del interior— deben ser comercializadas mediante remates públicos.

Todo el proceso se rige por la Disposición 31/2025, publicada en el Boletín Oficial, que regula las condiciones y el registro de participación. Una vez inscriptos, los usuarios podrán acceder al listado completo de lotes y revisar las imágenes y características técnicas de cada producto.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que a partir de agosto de 2025 pondrá en marcha un sistema de control en tiempo real sobre las operaciones financieras de personas físicas, jurídicas y comercios. La medida busca reducir la evasión impositiva y combatir el lavado de dinero mediante una supervisión más estricta y digitalizada de los movimientos económicos.

El organismo tendrá la facultad de suspender cuentas bancarias, bloquear tarjetas de débito y crédito, y desactivar billeteras virtuales de aquellos contribuyentes considerados “no confiables”. Esto incluye a quienes presenten declaraciones impositivas incompletas, realicen movimientos de dinero sin justificación, operen con fondos de origen dudoso o no presenten documentación respaldatoria.

Los comercios también podrán verse afectados: si son incluidos en la lista de ARCA, sus medios de cobro —como POS, QR y billeteras digitales— podrán ser inhabilitados de forma preventiva, imposibilitando transacciones con clientes hasta tanto regularicen su situación.

Para revertir el bloqueo, los contribuyentes deberán iniciar un trámite digital en el sitio oficial de ARCA, accediendo a la sección “Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial”. Allí deberán adjuntar la documentación requerida para que el organismo evalúe el caso y reactive los medios de pago si se comprueba la corrección de las inconsistencias.

Esta herramienta de fiscalización se aplicará en coordinación con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), permitiendo al Estado actuar con mayor agilidad ante posibles maniobras irregulares.

ARCA monitoreará transferencias, extracciones, compras y otros movimientos financieros que superen determinados umbrales —aún no oficializados—, por lo que se recomienda adoptar ciertas prácticas para evitar sanciones:

Con estas acciones, los contribuyentes podrán prevenir bloqueos, facilitar las auditorías de ARCA y mantener la operatividad de sus medios de pago.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que en mayo se patentaron 1.383 autos cero kilómetro en Entre Ríos. Esta cifra representó un salto interanual del 77,1% respecto de mayo de 2024, cuando se vendieron 781.

La mejora también fue mensual en un 2,3% respecto de abril 2025, cuando se patentaron 1.352 unidades. De esta manera, en cinco meses se contabilizaron 6.827 patentamientos en la provincia, un 88,3% más interanual, ya que en los cinco primeros meses del año pasado fueron 3.625.

Entre Ríos se ubicó octava en ventas a nivel nacional en mayo, sobre un total de 55.363 unidades patentadas en todo el país. Representó el 2,5% del mercado, detrás de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Neuquén.

Región CentroEn Córdoba se patentaron 6.115 autos cero kilómetro en mayo, un 76,2% más interanual (3.470 unidades en mayo de 2024) y prácticamente idéntico que abril pasado (6.112 unidades). Así, acumuló 30.507 patentamientos en cinco meses, un 94,6% más de incremento interanual (15.680 unidades de enero a mayo 2024).

En Santa Fe se vendieron 5.091 autos cero kilómetro en mayo, un 60,8% más interanual (3.166 unidades en mayo de 2024) y una suba del 1,3% mensual (5.028 unidades en abril). Contabilizó, de esa manera, 25.131 patentamientos en cinco meses, un 98,3% más de aumento interanual (12.676 unidades de enero a mayo 2024).

Análisis a nivel nacionalAcara informó que el número de vehículos patentados durante mayo ascendió a 55.363 unidades, lo que representó un crecimiento del 59,1% interanual, ya que en mayo de 2024 se habían registrado 34.796 unidades. Si la comparación es contra abril, se observa una suba del 0,6% ya que en ese pasado mes se habían registrado 55.017 unidades.

De esta forma, en los cinco meses acumulados del año se patentaron 272.837 unidades, esto es un 78,9% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 152.518 vehículos.

El presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: “En mayo seguimos con números positivos que nos vienen acompañando desde el principio del año y todo indica que seguirán. Venimos de meses en los que se han anunciado medidas que también han tenido impacto en nuestra actividad y que contribuyen a una macroeconomía más ordenada y previsible como la baja de la inflación, del impuesto País, la quita de impuestos a los autos de mayor segmento, la liberación del cepo y ahora incentivar la utilización de los ahorros fuera del sistema, una suma de elementos que explican bastante este buen momento”.

Asimismo, dijo que “desde la cadena de valor estamos contribuyendo, las fábricas han anunciado y puesto a disposición nuevos modelos y financiación a tasa cero y nuestros concesionarios están con una política de promociones y ofertas que han generado que la adquisición de un vehículo sea hoy una verdadera oportunidad”. “Es un escenario que valoramos y por el que hemos trabajado mucho, tenemos ahora el desafío de mantenerlo para ir a una segunda mitad de año que siga para arriba”, acotó.

Fuente: Dos Florines

La firma del acuerdo contó con la participación del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo. También estuvieron presentes los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes formalizaron la adhesión de sus provincias al nuevo régimen.Este acuerdo busca garantizar la implementación plena del Régimen Simplificado de Ganancias, un sistema que respeta la privacidad de los ciudadanos, preservando la información vinculada a sus consumos personales y al incremento patrimonial.Las provincias que no adhieran al Régimen perderán el acceso a información clave, como los datos de facturación de personas físicas y jurídicas, y los consumos que superen los umbrales establecidos por ARCA, actualmente fijados en $50.000.000.Con esta medida, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con una administración más eficiente y respetuosa de las libertades individuales, garantizando una decisión histórica: devolverle a los ciudadanos de todo el país la libertad de usar su dinero como lo deseen, bajo el principio de que todos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario.Cabe destacar que la semana pasada ya habían formalizado su adhesión al Régimen las provincias de Catamarca y Tucumán, consolidando un creciente consenso federal en torno a esta nueva política fiscal.

Compras hasta $10 millones. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este martes una modificación en el régimen de emisión de comprobantes, al elevar a $10 millones el monto mínimo a partir del cual se debe identificar al consumidor final. La disposición fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 5700/2025 y comenzará a regir a partir del jueves 29 de mayo.

Con esta decisión, el organismo avanza en la implementación del plan oficial anunciado la semana pasada por el Gobierno nacional, que tiene como objetivo estimular el retorno al sistema formal de una porción significativa del dinero que hoy se encuentra fuera del circuito financiero. De esta manera, el organismo continúa oficializando los cambios normativos en el marco del plan oficial para estimular la circulación de los dólares del colchón anunciado la semana pasada por el Gobierno nacional.

El cambio clave introducido por la nueva normativa es la actualización del umbral a partir del cual es obligatorio identificar al consumidor final en las facturas. Hasta ahora, el límite estaba establecido en $250.000 para compras en efectivo y $400.000 para pagos con otros medios. A partir de hoy, se unifica y eleva ese umbral a $10.000.000, lo que implica un salto significativo en términos operativos para los contribuyentes.

Nuevas condiciones para monotributistas y pequeños contribuyentesAdemás de elevar el umbral para la identificación del consumidor final, la resolución también introduce cambios relevantes para los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado (RS). En particular, se amplía a $500.000 el importe de las operaciones que pueden respaldarse mediante el sistema de facturación simplificada conocido como “Facturador”.

Esta herramienta digital fue diseñada para facilitar la emisión de comprobantes por parte de monotributistas y pequeños contribuyentes. Sin embargo, la resolución también fija un límite para su uso por parte de los monotributistas sociales. En estos casos, se aclara que no podrán emitir comprobantes con el “Facturador” cuando el importe de la operación supere la mitad del nuevo límite, es decir, $250.000.

Con la actualización implementada, se unificaron ambos umbrales determinando que una vez alcanzado se deberá consignar la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI) o, en su caso, número de documento nacional de identidad (DNI), o documento/cédula de identidad/pasaporte para extranjeros.

Una normativa que busca facilitar la inversión y reducir la burocraciaLa medida se enmarca en el Decreto N° 353, el cual fue dictado con el objetivo de simplificar y desregular los trámites vinculados a la inversión y adquisición de bienes en el país. La medida está amparada en el Decreto N° 353, que ‘dispuso la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, en el marco de los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.

En ese contexto, el decreto también instruye a ARCA a revisar y actualizar sus propias regulaciones para adaptarlas a una nueva lógica de eficiencia administrativa. “En la citada norma, se encomendó a ARCA que ‘simplifique su normativa en materia de regímenes de información, fiscalización y otros a su cargo’, partiendo de que ‘es un objetivo principal del Estado Nacional constituir una Administración Pública a favor del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios’”.

Con estas modificaciones, el Gobierno busca incentivar la formalización de operaciones de alto valor que actualmente se realizan fuera del sistema, al tiempo que reduce la carga administrativa para los pequeños contribuyentes. (Con información de Noticias Argentinas)

El nuevo acceso fue incorporado al sistema interno SARHA, dentro del apartado "Mi Legajo", y está disponible para los 19.270 trabajadores de ARCA. Según detalló la institución, esta herramienta permite tanto la afiliación como la baja de una entidad gremial sin necesidad de realizar trámites presenciales ni intermediarios. Al momento de realizar la gestión, el sistema informa automáticamente cuánto representa el aporte sindical sobre el salario del trabajador, y qué porcentaje volverá a su bolsillo en caso de desafiliación.

Los gremios involucrados en esta medida son la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (Supara) y la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip). Aefip y Supara protagonizaron recientemente un paro nacional que incluyó un “apagón informático” que afectó las operaciones en aduanas, migraciones y otras sedes clave del organismo.

"En el marco de las medidas comunicadas el pasado viernes y con el objetivo de facilitar el ejercicio de tu derecho de asociación sindical en absoluta libertad, habilitamos un nuevo acceso en SARHA", indicó el comunicado oficial. Las autoridades remarcaron que la nueva herramienta agiliza y transparenta el vínculo entre trabajador y sindicato, y que el sindicato será notificado automáticamente de cualquier modificación.

Aunque desde ARCA presentaron la medida como una mejora administrativa, los gremios no tardaron en mostrar su malestar. Para algunos sectores sindicales, la implementación del botón digital representa un intento de debilitar su representatividad y poder de negociación.

El caso de ARCA podría marcar un precedente en otras dependencias del Estado, donde también se evalúa replicar este tipo de sistemas automáticos de afiliación y desafiliación.

El senador por el departamento Gualeguay, Alberto Otagui, expresó su inquietud ante la decisión, ya que las delegaciones afectadas pasarán a depender de las sedes de Gualeguaychú y Concordia, respectivamente. Según el legislador, “estamos hablando de dos delegaciones en las cuales trabajan alrededor de treinta personas, que no saben a qué funciones serán reasignadas y temen perder su fuente laboral”.

Además, Otagui destacó que el cierre de estas oficinas no solo perjudicaría a los empleados, sino también a profesionales, contribuyentes y ciudadanos en general, quienes se verán obligados a trasladarse a otras ciudades para realizar trámites o consultas presenciales. “Es un gran inconveniente para aquellos que necesitan atención especializada, especialmente para los productores rurales y las pymes”, señaló.

La Agencia AIM informó que el senador recordó la reapertura de la sede de Gualeguay en 1993, luego de haber sido trasladada a Gualeguaychú. Desde entonces, dicha oficina demostró un rendimiento eficiente, con niveles de recaudación superiores a la dependencia de la vecina ciudad, gracias a un alto compromiso voluntario de los contribuyentes.

“Se trata de una sede que tiene indicadores de eficiencia, y su cierre no solo afectará a los trabajadores, sino que también impactará negativamente en la recaudación fiscal”, argumentó Otagui.

En el caso de Concepción del Uruguay, los contribuyentes deberán trasladarse a Concordia para efectuar trámites, lo que implicará mayores costos y tiempos de gestión. El senador advirtió que esta situación podría dificultar la comercialización y generar un impacto negativo en la actividad económica de la provincia.

Otagui concluyó cuestionando la lógica de la decisión del gobierno nacional en el actual contexto de ajuste. “Pretenden que solo cierren los números en un Excel, pero es difícil creer que estén calculando cómo puede impactar esta medida en la recaudación. Lejos de simplificar las cosas, este tipo de decisiones complican a los contribuyentes”, enfatizó.

A través de un proyecto de comunicación presentado por el legislador Alberto Otaegui (Juntos por Entre Ríos) con el acompañamiento como coautor de Martín Oliva (Más por Entre Ríos), el Senado le solicitará al Gobierno provincial que realice “las gestiones necesarias” ante el Gobierno Nacional para que se deje sin efecto la Disposición N° 36/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, por la cual se cierran las sedes de dicho Agencia de las ciudades de Gualeguay y de Concepción del Uruguay.

“Estamos hablando de dos delegaciones en las cuales trabajan alrededor de treinta personas, las cuales no saben a qué funciones serán reasignados y que temen perder su fuente laboral. Pero no sólo se ven ellos afectados, hay profesionales, contribuyentes y ciudadanía en general que debe realizar trámites o consultas presenciales, para todo lo cual deberá viajar hasta otra ciudad”, detalló Otaegui en la iniciativa presentada.

Cierran las sedes de ARCA (exAFIP) de Concepción del Uruguay y GualeguayAsimismo, el legislador de Juntos remarca que respecto a la sede de Gualeguay “ha logrado una mayor recaudación que la dependencia de Gualeguaychú con poco personal. se trata de una de las dependencias con menor incidencia para el gasto público si lo comparamos con lo que recauda”, Mientras que en Concepción del Uruguay, el no haber sede provocará que los contribuyentes deberán trasladarse hasta Concordia para realizar sus trámites.

“En el contexto actual el gobierno nacional realiza un ajuste en el cual pretende que sólo le den los números en un excel, pero cuesta creer que estén realizando el cálculo de cómo puede impactar esta medida en la recaudación, ya que lejos de simplificar las cosas este tipo de medidas no hace más que complicar a los contribuyentes”, culminó. (APFDigital)

Esta disminución se debe a un proceso de reempadronamiento que comenzó en octubre de 2024. Según el informe oficial, "la contracción del padrón responde a un reempadronamiento para quienes se inscribieron en el monotributo social dentro de programas sociales". Este cambio requirió que los monotributistas se reinscribieran bajo nuevos criterios y, a partir de la reactivación del régimen, aquellos que se ajustaron a los nuevos lineamientos comenzaron a pagar un aporte del 50% para la obra social, un costo que antes estaba subsidiado por el Estado.

La principal consecuencia de esta medida fue la exclusión de aquellos que no cumplieron con los nuevos requisitos, lo que resultó en la eliminación del 60% de los beneficiarios del régimen.

El Impacto de la Eliminación del Subsidio a la Obra Social

Una de las principales razones detrás de esta caída en el padrón es la eliminación del subsidio estatal a la obra social. Desde octubre de 2024, aquellos que completaron el proceso de reempadronamiento comenzaron a pagar la mitad del aporte correspondiente a la obra social, tanto para ellos como para los adherentes, lo que representa un gasto mensual significativo.

Según la resolución 630/2024 del Ministerio de Capital Humano, "el titular que desee mantenerse en el régimen del Monotributo Social deberá abonar el 50% del componente de la obra social por sí mismo y por cada adherente". Este aporte mensual de $8.358,16 por cada integrante del grupo familiar significó una carga económica difícil de afrontar, especialmente para familias con varios miembros. En el caso de una familia tipo (un matrimonio con dos hijos), el gasto total mensual alcanzaba los $33.432,64.

Este aumento en los costos ha generado que muchos beneficiarios abandonen el régimen, ya que el aporte a la obra social se había convertido en uno de los principales atractivos del monotributo social.

El Monotributo Social: Un Régimen de Inclusión en Riesgo

El Monotributo Social está destinado a la formalización de trabajadores en situación de vulnerabilidad social, tales como desempleados o beneficiarios de programas sociales como Acompañamiento Social, Volver al Trabajo, y Microcréditos. También está dirigido a emprendedores que desarrollan actividades productivas, comerciales o de servicios vinculadas al Desarrollo Local y la Economía Social.

A través de este régimen, los beneficiarios podían acceder a servicios de salud para ellos y sus familias, además de poder realizar aportes jubilatorios. Asimismo, el Monotributo Social es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras pensiones no contributivas. Sin embargo, la reciente eliminación del subsidio a la obra social ha puesto en riesgo la viabilidad de este régimen, ya que muchas familias no pueden hacer frente al nuevo costo.

Especialistas sociales han señalado que la disminución en el número de monotributistas puede explicarse tanto por la falta de reempadronamiento como por la eliminación del subsidio, lo que ha afectado principalmente a las personas más vulnerables que dependían de este régimen para acceder a la salud, emitir facturas y contribuir al sistema jubilatorio.

Para conocer más detalles sobre la situación, dialogamos con Darío Marengo, secretario general de ARCA en la seccional Paraná, quien visitó la ciudad este jueves y brindó un panorama sobre el posible cierre y sus implicancias.El cierre de la delegación local de ARCA impactaría en la comunidad, afectando tanto a los contribuyentes que realizan trámites en la oficina como a los empleados que desempeñan sus funciones en la misma. La medida responde a una reestructuración que se viene evaluando en distintos puntos de la provincia.Desde la comunidad y diversos actores locales se espera que las autoridades reconsideren la medida y se logre mantener la oficina operativa, evitando así mayores dificultades para los ciudadanos y el personal de la agencia