Los trabajadores nucleados a la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) decidieron continuar con las acciones el viernes pasado, durante un Plenario que se realizó luego de la Asamblea Ordinaria prevista. "La mayoría de las filiales votó por seguir con las mismas medidas, es decir, asamblea con retención de servicios por dos horas el lunes 3 de mayo, con quite de colaboración, y paro de 24 horas el jueves 6", comentó en esa oportunidad el secretario general del gremio, Mario Brnusak.

En declaraciones, apuntó que "las medidas se tomaron por una semana, para ver cómo evoluciona la pandemia" y precisó que para las próximas las acciones que se definan evalúan fundamentalmente la forma de instrumentar las asambleas, "para que no sean contrarias a los cuidados que se requieren por el coronavirus".

Brnusak aseguró que "la gente hizo saber, a través de sus delegados, del malestar y la disconformidad que hay con los porcentajes de recomposición salarial otorgados, más que nada porque no representan una recomposición real". También se expresaron respecto a la vigencia de la ley de emergencia solidaria: "Una vez más fue rechazada y se pidió su caducidad o, en su defecto, la no prórroga en junio, cuando se cumpla un año de su sanción".

El de este jueves 6 de mayo es el tercer paro que AJER realiza este año. El primero fue el jueves 22 de abril y el segundo, el 29 de ese mes. Ambas jornadas fueron contundentes en toda la provincia, con promedios de adhesión superiores al 90%.

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) inició ayer una retención de servicios de dos horas por día, que se ejecutará todos los lunes y jueves

La medida -que se desarrollará en todas las oficinas del Poder Judicial de toda la provincia y que en principio se extenderá por cuatro semanas- fue resuelta en un Plenario Ampliado de AJER realizado la semana pasada, con la presencia de la Comisión Directiva y de los secretarios generales de sus 15 filiales.

Allí se expresó "el rechazo al ajuste implementado a través de la ley de emergencia y al aumento concedido unilateralmente por el Gobierno" y "la necesidad de constituir una mesa de diálogo que realmente escuche las demandas de los trabajadores".

También se exige "la derogación de la ley de emergencia provincial o su finalización en junio, sin extensión hasta diciembre" y que se convoque "a todos los sectores involucrados en la Caja de Jubilaciones de la provincia a una mesa de diálogo (con todos los números de la caja sobre la mesa) para acordar las modificaciones que garanticen la permanencia del 82% y la sustentabilidad del sistema".

Por último, se reclama al Gobierno nacional "que ponga límite al saqueo al bolsillo de los trabajadores que realizan las grandes compañías que controlan monopólicamente los precios. Tomando medidas que frenen los aumentos, y garanticen el abastecimiento y el consumo en condiciones equitativas".