La decisión fue comunicada mediante un oficio enviado al juez del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), Néstor Costabel, en el que el director general de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal, Sergio Romero, notificó que se dispuso el decomiso y la adjudicación definitiva de los fondos provenientes de las subastas judiciales, así como la inscripción registral de los inmuebles a nombre de la Corte Suprema.

Según la sentencia dictada por el TOF en abril de 2021 —confirmada por la Cámara de Casación en 2023— el total decomisado asciende a USD 61.130.860,86 y $4.174.697, este último monto actualizado por el índice de precios del INDEC.

En ese marco, la Corte solicitó al TOF 4 la transferencia del dinero a dos cuentas oficiales y la remisión de toda la documentación vinculada a las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El 29 de mayo de 2025, con los votos de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte declaró inadmisibles los recursos de la defensa, dejando firmes las condenas y habilitando así la ejecución plena del decomiso.

En paralelo, el Poder Ejecutivo había creado por decreto el Consejo de Bienes Recuperados, dependiente del Ministerio de Justicia, destinado a administrar activos provenientes de delitos complejos. Sin embargo, su aplicación quedó suspendida.

En octubre pasado, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials dictó una cautelar que frenó la vigencia del decreto al considerar que la norma afectaba la independencia del Poder Judicial. Según su fallo, la medida “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” y vulnera la autonomía y la autarquía presupuestaria de la Justicia.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Leonardo Portela, habilitó la feria judicial para tratar el recurso presentado por la defensa del exfuncionario. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal respondió solicitando el rechazo del pedido. Ahora, el Tribunal integrado por Portela, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak deberá resolver la situación de Báez, aunque Mizawak podría ser recusada debido a su vínculo con el exgobernador Sergio Urribarri.

Contexto judicial y antecedentes recientes

El pasado 7 de enero, el exgobernador Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, recuperaron la libertad tras permanecer 50 días en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Ese mismo día, la defensa de Báez presentó un pedido de habilitación de feria y extensión del beneficio otorgado a los otros imputados.

Actualmente, el exministro también tiene en curso una impugnación extraordinaria contra su prisión preventiva ante el STJ, aunque se espera la contestación del Ministerio Público Fiscal antes de que la Sala Penal del tribunal delibere al respecto. En su defensa, los abogados Ignacio Díaz y José Velázquez argumentaron que no está demostrado el peligro de fuga de su cliente.

Posiciones enfrentadas

El fiscal Leandro Dato se opuso tanto a la habilitación de la feria judicial como a la excarcelación de Báez. En su escrito, sostuvo que no se configuran los supuestos legales para conceder la medida y que hacerlo violaría principios básicos como el debido proceso, el juez natural y la igualdad ante la ley. Además, enfatizó que existen riesgos procesales suficientes para mantener la medida de coerción.

El camino judicial del traslado

El pedido de traslado de Báez a Gualeguaychú ingresó este lunes al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, que tiene como juez de feria a Juan Malvasio. Sin embargo, el magistrado rechazó el planteo debido a que no corresponde a su jurisdicción y lo elevó al STJ, que aún está deliberando sobre la impugnación extraordinaria presentada contra la prisión preventiva.

En caso de que el tribunal rechace el pedido de la defensa y confirme la medida cautelar dictada por la Cámara de Casación, Báez será trasladado al penal de Gualeguaychú. De lo contrario, podría acceder a prisión domiciliaria o recuperar la libertad ambulatoria.Fuente:analisisdigital.com

El fiscal Leandro Dato fundamentó su rechazo al señalar que conceder esta solicitud iría en contra de principios fundamentales del debido proceso, como el del juez natural. Además, acusó a la defensa de reiterar argumentos previamente expuestos.

El abogado defensor de Báez, Ignacio Díaz, había solicitado al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que se aplicara el mismo criterio que permitió la habilitación de feria judicial para liberar al exgobernador Sergio Urribarri y a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, ambos condenados por delitos de corrupción. No obstante, Dato argumentó que extender este beneficio a Báez sería arbitrario y violaría el principio de igualdad ante la ley.

Pedro Báez, condenado en 2022 a seis años y medio de prisión, se encuentra con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná desde el 22 de noviembre, por decisión del Tribunal de Juicio. La medida fue adoptada por mayoría ante el riesgo de fuga, según consideraron los jueces Julián Vergara y Elvio Garzón.

En un escrito fechado el 9 de enero, Dato destacó que habilitar la feria judicial sin justificación normativa podría sentar un precedente peligroso. "La pretensión de rediscutir todas las prisiones preventivas en enero bajo argumentos falaces no resiste análisis lógico y solo una arbitrariedad manifiesta podría admitir tal pedido", expresó. Asimismo, subrayó que los delitos imputados a Báez, enmarcados en la Convención contra la Corrupción, requieren un tratamiento especial, ya que atentan contra el sistema democrático.

El fiscal también alertó sobre las posibles consecuencias de aceptar la solicitud de habilitación de feria, advirtiendo que comprometería la función judicial y afectaría la legitimidad del sistema. Este rechazo se produce en un clima de controversia generado por la reciente liberación de Urribarri y Aguilera, una medida cuestionada por su supuesta inconstitucionalidad.

La decisión deja en claro que el caso de Báez no es equiparable al de los otros condenados, según lo planteado por el fiscal. Así, el exfuncionario deberá continuar cumpliendo su prisión preventiva mientras avanzan los procedimientos judiciales en su contra.

En un operativo conjunto entre la Sección Investigaciones y la Sub Jefatura Departamental de Policía de Paraná, pasadas las 14.30 de este viernes, el ex ministro de Cultura, Pedro Ángel Baez, de 61 años, fue detenido. El arresto tuvo lugar en la intersección de Blas Parera y Avenida Almafuerte.

Según el informe policial, Báez, fue interceptado mientras se desplazaba en un vehículo particular.

La orden de captura había sido emitida este mismo viernes 22 de noviembre de 2024, en el marco de una causa judicial caratulada como "Urribarri Sergio Daniel, Báez Pedro Ángel, Tortul Gustavo Javier, Céspedes Hugo Félix, Aguilera Juan Pablo, Cargnel Carolina, Marzo Hugo José María, Carurso Gerardo Daniel S/ Peculado y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública", en la cual Báez está implicado junto a otros acusados.

Báez, cuyo domicilio está registrado en la calle Jozami al 2000, fue trasladado sin inconvenientes a la unidad penal, donde permanecerá a disposición de la justicia.

La causa está relacionada con acusaciones de corrupción y negociaciones incompatibles con la función pública, por la cual el gobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera, están detenidos desde esta semana en la Unidad Penal Nº1 de la capital entrerriana. Elonce.com

La Cámara de Casación de Paraná resolvió este martes hacer al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) y revocó la resolución del 5 de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal de juicio y apelaciones de Paraná -que en fallo de mayoría- rechazó el pedido de los fiscales para que Urribarri, Aguilera y Báez comiencen a cumplir la prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná-, y dispuso, en una resolución muy esperada, que comiencen a cumplir con la prisión preventiva efectiva de los imputados Urribarri y Aguilera , hasta que la sentencia condenatoria recaída en autos adquiera firmeza”.

Sin embargo la Cámara, con otra orden de integración, Badano, Bruzzo y Davite, resolvió “declarar abstracto el recurso de Casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, sólo respecto del imputado Pedro Báez”, y dispuso que se está “a la audiencia fijada en autos” para el próximo 31 de octubre de 2024, a los fines de continuar la tramitación en esta instancia, en relación a los restantes coimputados”.

La Cámara señaló que “en relación al imputado Báez, planteaban una discusión centrada en la ejecutoriedad de una sentencia que se consideraba firme, situación que ha variado a partir de haberle concedido el recurso extraordinario federal, corresponde dejar sin efecto la audiencia fijada en autos sólo en relación al imputado Pedro Báez, ya su respecto, declarar abstracto el recurso casatorio, debiendo continuar la tramitación en esta instancia, en relación a los restantes coimputados”.

Tras la audiencia en la tarde de este miércoles, el Tribunal de Justicia de Paraná informó que dará a conocer su resolución este viernes a las 12 sobre el pedido que hicieron los fiscales para que Baez cumpla su prisión preventiva en la Unidad 1 de Paraná hasta que la sentencia quede firme

La defensa a cargo de Raúl Velázquez e Ignacio Díaz solicitó que se rechace el pedido de los fiscales y ofrecieron una prisión preventiva en la modalidad domiciliaria con tobillera electrónica y pidieron que se tome como precaución los 20 millones de pesos que ya habían sido ofrecidos en la citación anterior. (APFDigital)

El pedido se fundamentaría en una situación de enfermedad y en la necesidad de garantizar la continuidad de un tratamiento médico, dado que padece un cuadro de diabetes desde hace varios años.Su condena quedó firme luego de que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia rechazara los recursos de queja interpuestos por las defensas del exministro, el exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y de otros seis exfuncionarios y empresarios que recibieron penas de cumplimiento condicional.En el caso de Báez, una “omisión involuntaria” de su defensa, ejercida por los abogados Ignacio Díaz y José Velázquez, lo dejó sin posibilidad de acudir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.El 18 de abril, el Ministerio Público Fiscal pidió la detención de Báez y su traslado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná. La resolución de esa solicitud corresponde al tribunal autor de las condenas en primera instancia, que se conocieron en abril de 2022 luego de un juicio oral y público que se extendió durante meses.Por sucesivas recusaciones planteadas por la defensa de Urribarri, ese tribunal aún no está constituido. Los magistrados deberán resolver también sobre el pedido de prisión preventiva efectuado por los fiscales respecto de Urribarri (condenado a ocho años de cárcel) y de Aguilera (condenado a seis y medio). Subsidiariamente, la Fiscalía pidió que se les prohíba salir del país y se les fije una caución.Ante ese tribunal, Báez radicó su pedido de prisión domiciliaria, lo que en esos ámbitos fue interpretado como un nuevo error de la defensa del exfuncionario ya que, según explicaron distintas fuentes, una solicitud de esa naturaleza debe ser presentada ante el Juzgado de Ejecución de Penas, a cargo de Cecilia Bértora.No obstante, habrá que ver cuál es la resolución del tribunal, una vez que se logre conformar. La última noticia al respecto fue el rechazo de la recusación contra Elvio Garzón y Julián Vergara para analizar un pedido de recusación anterior contra Juan Malvasio y la excusación de Santiago Brugo.La decisión fue adoptada por Carolina Castagno, Carola Bacaluzzo y Pablo Zoff, quienes calificaron de “inadmisible e improcedente” el planteo de la defensa que lidera el abogado Fernando Burlando. Los magistrados sí hicieron lugar al apartamiento de la jueza Elisa Zilli, motivado en que es esposa de Emilio Fouces, abogado defensor del empresario Gerardo Caruso, condenado en la causa.La prisión domiciliaria es una medida excepcional que está en manos de los jueces de Ejecución Penal, que son los magistrados encargados de controlar la ejecución de la pena una vez que queda firme una condena.Desde su reforma de 2008, la Ley Nº 24.660 contempla seis supuestos en los que se puede basar el juez para conceder una prisión domiciliaria:1. Cuando la permanencia en un establecimiento del servicio penitenciario le impida al detenido tratar adecuadamente una enfermedad;2. Cuando el detenido padezca una enfermedad terminal;3. Cuando a un detenido con discapacidad el encierro le implique un trato inhumano;4. Cuando un detenido supere los 70 años de edad;5. A una mujer embarazada;6. A la madre de un menor de cinco años o de una persona con discapacidad.Fuente: Análisis

El fiscal de juicio Abel Córdoba pidió hoy la condena de seis años de prisión para el empresario Lázaro Báez por lavado de dinero y cuatro al “arrepentido” Leonardo Fariña.

Fuentes judiciales informaron que el pedido lo hizo ante el Tribunal Oral Federal 4 en el que reclamó la pena de seis años de prisión para el empresario y una “unificada” de seis años de prisión para Fariña. 

Él caso es por una supuesta operación de lavado de dinero a partir de la compra venta del “Entrevero”, un campo en la República de Uruguay por la cual intervino Fariña por supuesto mandato de Báez. Esa operación comercial fue por un monto de 14 millones de pesos. 

El pedido fiscal también abarcó a otros acusados para los cuales solicitó penas de entre cuatro y cinco años de prisión por lavado de dinero. 

En tanto la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió penas de cuatro años y medio para Fariña y 9 a Báez; en tanto que AFIP reclamó 3 años y seis meses para el primero y 7 para el segundo.

El Tribunal Oral Federal 4 otorgó hoy la excarcelación al empresario Martín Báez, hijo de Lázaro, en la causa por la “ruta del dinero K” por la cual fue condenado a nueve años de prisión y al haber cumplido más de dos terceras partes de la condena. 

El hijo mayor del empresario estaba ya con arresto domiciliario desde hace dos años en Río Gallegos y ahora se le concedió la libertad, y al no encontrarse firme su condena la cual se aguarda la decisión final de la Corte Suprema de Justicia.

Es que hasta el momento la condena sólo fue confirmada por la Cámara de Casación Federal que rebajó a seis años y medio de cárcel. Ahora, se están apelando a la Corte Suprema.

En el fallo, los jueces al conceder la libertad, se tuvo en cuenta el tiempo transcurrido en que Martín Báez estuvo con prisión preventiva, y un informe del Equipo Psicosocial del Programa de Asistencia para Personas Bajo Vigilancia Electrónica que sostuvo que el hijo mayor del empresario se "encontraba comprometido y ejerciendo de manera responsable aquellas acciones para sostener su arresto domiciliario, evaluándose positivamente el transcurso de su arresto”.

Asimismo los jueces resolvieron el “sometimiento de Martín Antonio Báez al cuidado del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, mediante el dispositivo de monitoreo electrónico GPS, con un radio de 100 km a la redonda de su domicilio, debiendo comunicar a este Tribunal, en forma inmediata, cualquier modificación de su lugar de residencia, como así también toda circunstancia en virtud de la cual deba ausentarse por más de 24 horas del mismo”. 

Ello porque “la obligación de sujeción al proceso por parte de Martín Báez continúa vigente, en tanto su condena no se encuentra firme y eventualmente, resta su etapa de ejecución”.

Martín Báez fue detenido en febrero de 2019 pues la Justicia sospechó de actividades de su parte para fugar el dinero que se buscaba en paraísos fiscales.

El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores condenó hoy a la pena de prisión perpetua a cinco de los ocho rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa, en la madrugada del 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell, mientras que a los otros tres los consideró partícipes secundarios.

Los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia entendieron por unanimidad que Máximo Thomsen (23), Ciro Pertossi (22), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23) y Luciano Pertossi (21) fueron coautores del delito de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves", mientras que Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (23) fueron considerados partícipes secundarios del mismo delito a una pena de 15 años de prisión. 

El Megajuicio que se lleva adelante ante el Tribunal de Juicio integrado por José María Chemez; Elvio Garzón y Mónica Castagno tuvo una nueva jornada de alegatos a cargo de Ignacio Díaz y José Velázquez, defensores técnicos de ex ministro Báez.

Ambos dividieron en dos sus exposiciones. Por un lado explicaciones con base en el derecho administrativo sobre cómo son los procedimientos de contratación de publicidad, a fin de demostrar que el ex funcionario no cometió ningún delito. Y por otro cuestionaron con fuerza al Ministerio Público Fiscal, en particular a su vértice: el Procurador General Jorge García y su Adjunta, Cecilia Goyeneche, suspendida en su cargo debido a que se le realizará un jury por mal desempeño en la causa “Contratos”.

Díaz estribó su planteo contra Fiscalía en la utilización de los bioingenieros Fritz y Ferrari para la realización de informes técnicos sobre computadoras y celulares, marcando la falta de incumbencia material y el incumplimiento de la ley que creó a comienzos de siglo el Colegio de profesionales de la informática (Coprocier).

Sugirió que podría haber habido por parte de García y Goyeneche violación a los deberes de funcionario público e instigación a cometer delitos al haberlos contratado y encomendado que realizan un informe técnico para el cual no tenían la competencia profesional ni tampoco el requisito legal de matriculación en el Coprocier.

Díaz marcó que la incumbencia, el alcance del título “no es una cuestión de hechos sino de legalidad” y son determinadas en función de la ley por Coneau (Comisión nacional de acreditación universitaria), Consejo Universitario nacional y la norma provincial que creó el Coprocier.

“Los bioingenieros sólo tienen incumbencia en materia vida. Los que tienen injerencia (para peritar equipos informáticos y celulares) son los ingenieros informáticos o analistas de sistemas”, destacó el letrado

Ni Fritz ni Ferrari “pueden realizar ninguna pericia que no sea de su incumbencia”, remarcó. Luego, citó un caso reciente de Gualeguay donde se anuló la prueba por falta de incumbencia de quienes realizaron el informe.

También señaló que son los colegios los que realizan el control de la matrícula. “Los profesionales no solo tienen que tener la incumbencia, sino también estar matriculados”, postuló. Luego citó la nota de esta Agencia donde la presidenta del Coprocier indicó que ni Fritz ni Ferrari estaban matriculados ni tenían incumbencia profesional.

Ambos técnicos de Fiscalía “han realizado tareas por fuera de su incumbencia. Hay una violación con consecuencias. No hay que darles validez probatoria alguna a estos informes realizados por ellos, usurpando incumbencias”, razonó el abogado.

También pidió que se los investigue por el delito de usurpación de título y que se produzca su remisión al organismo pertinente.

En el mismo sentido, su colega de defensa Velázquez apuntó a la actuación de la Fiscalía. Personalizó el ataque a esta estructura señalando su marcada verticalidad piramidal y enfocó en concreto al vértice, donde se ubican García y Goyeneche. El letrado salvó expresamente de estas críticas a los fiscales del caso: Patricia Yedro; Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.

Según entendió, la política criminal del MPF es “arbitrario y sesgada”, y actúa con funcionalidad a “sectores políticos, que tienen como fin criminalizar lo que ellos quieren”. “Están erosionando la conciencia democrática judicializando acciones surgidas del voto popular”, sentenció.

El MPF “se constituye en una suerte de supermoral para reprobar proyectos políticos, gestiones de gobierno y metodologías de trabajo. Estos excesos son posibles por la distorsión que impone el principio de jerarquía de la ley de ministerio público fiscal que ha avasallado el criterio de fiscales que actúan en el más absoluto respeto de la normativa vigente, como pueden”, abundó.

En línea con esto aseveró que Goyeneche “politizó las causas” y le endilgó haber trabajado “sobre la proyección de prejuicios y el chisme: si es político, está sospechado de corrupto; si es peronista lo es y si es «K» se agrava”, relató.

También le endosó a la Procuradora Adjunta y a su superior haber “destruido la credibilidad de las instituciones”. “Quien encabezó eso fue una alta funcionaria que le faltó el respeto al Jurado de Enjuiciamiento y la Justicia”, agregó, sindicando sin nombrar a Goyeneche.

Y desafió a ambos: “Armen un partido, preséntense y ganen las elecciones”.Cuestión de derechoDíaz, en el tramo inicial de su exposición, centró la defensa de Baez en el criterio de que en las causas analizadas durante el juicio no hubo violación a la ley de contrataciones del Estado, ni del procedimiento ni de los controles.

Repasó que en informes y testimoniales, los organismos de control del Estado provincial confirmaron la validez y legalidad del proceso de contratación directa por vía de excepción con libre elección del proveedor de la publicidad oficial.

Hizo un recorrido por toda la documentación obrante en las causas referida a cómo se produjo una “mejora” según indicó, de los controles públicos sobre la contratación de espacios publicitarios. En el desandar de los distintos escritos, fue marcando las actuaciones del Tribunal de Cuentas y otros organismos de control y las respuestas que fueron produciéndose por parte de la administración pública, en particular su pupilo. También se apoyó en los testimonios que dieron integrantes del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General y que fueron en el mismo sentido.

Remarcó que su defendido expresó en la declaración que estaba contento porque alguien le decía cómo hacer bien el procedimiento, como mejorarlo. “Las recomendaciones fueron aceptadas por el Gobierno y fueron inmediatamente llevadas a la práctica”, remarcó.

Además, puso en conflicto la teoría del caso de Fiscalía señalando que si las irregularidades de los procesos se habrían transformado en delitos, los organismos que intervinieron en el control de legalidad tendrían que haber llamado la atención. O de lo contrario sus responsables haber sido comprometidos también en la acusación.

“Constitucionalmente la Contaduría general es el órgano principal de aplicación de la ley 5140”, de Contrataciones del Estado, afirmó, subrayando que esa responsabilidad es “exclusiva y excluyente”.

“Ni siquiera los tribunales judiciales podrían ejercer la competencia de control de la 5140. Salvo una cuestión: sí podría ser observada la aplicación de la ley por el Poder Judicial si encontráramos algún delito que estos órganos cometieran en el cumplimiento del mandato constitucional. Pero no se abrió por culpa o dolo proceso contra estos organismos. Si no hay imputación a los órganos de control no podemos decir que la ley ha sido incumplida o violada, en función de que estamos admitiendo que actuaron con corrección en su cumplimiento funcional”, argumentó.Cuestión de ordenDíaz conjugó otro factor en la lectura de los hechos a fin de vulnerar la acusación fiscal. Los acusadores apuntaron contra Baez y el ex gobernador Sergio Urribarri haciendo hincapié en el peso que tenían las ordenes de publicidad que se emitían.

“Se ha dicho que la orden publicidad es un contrato, una promesa de contrato. Quiero resaltar que estamos en derecho administrativo, que es diferente al Civil. Tal vez a veces nos confundimos y creemos que la normativa del Civil se puede aplicar a esto. Pero la orden de publicidad no es contrato ni promesa. Es un acto unilateral del Estado: no hay firma del contratante del prestador en la orden de publicidad”, señaló.

“Es el instrumento interno que tiene la fundamental función de que se haga la reserva presupuestaria. A tal punto que la reserva presupuestaria ni siquiera tiene que ser exacta. Es para que ese dinero después del control, no sea gastado en otro fin. El acto administrativo se concreta en el decreto, como lo subrayó el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes” en su testimonio, afirmó.

“Consentimiento expreso del Estado es el decreto, no la orden. Ahí está el contrato”, distinguió.En la miraVelázquez, en tanto, volvió a poner en la mira los informes del ex policía y contador de la Fiscalía, Héctor Enrique. El profesional ya había sido cuestionado durante su testimonial porque el informe que elaboró y que la acusación toma como base para acusar a varios imputados estaba cargado de falencias e inconsistencias, algunas de ellas muy evidentes como datos parciales que, sumados, no eran iguales al resultado final o porcentajes que, agrupados, superaban el 100%“Este informe no es serio”, concluyó el letrado. Y pidió que no sea considerado por el Tribunal a la hora de emitir fallo.

“¿Cómo le voy a explicar a Pedro Baez que por esta irregularidad, por esta falta de metodología, porque hay un contador que no sabe sumar, se lo condena?. Esto es escandaloso. Si es el «Megajuicio» administrativo más importante de la provincia hubiesen presentado algo serio. Y esto no es lo es”, dijo dirigiéndose elípticamente a la Fiscalía.

Velázquez y Díaz completarán sus alegatos el próximo jueves 3 de marzo a partir de las 9 de la mañana, cuando se retomen las audiencias.

El fiscal Abel Córdoba pidió condenar a 12 años de prisión a Lázaro Báez en la principal causa por lavado de dinero contra el empresario santacruceño, en el juicio oral por la causa conocida como "La ruta del dinero K". También demandó imponerle una multa de ocho veces el monto de las operaciones atribuidas, equivalente a más de 2000 millones de pesos. El fiscal pidió, además, 9 años de prisión para el hijo mayor de Báez, Martín; cinco años para Leandro Báez; y cuatro años y seis meses para Melina y Luciana Báez.

También pidió condenas de prisión ocho años para el abogado Jorge Chueco, lo mismo para Daniel Pérez Gadín, cuatro años y seis meses para el financista Federico Elaskar, y cinco años para el financista e imputado colaborador Leonardo Fariña.

Todos ellos fueron acusados como coautores del delito de lavado de al menos 50 millones de dólares, llevado a cabo entre 2010 y 2013, a través de una estructura bancaria jurídica y societaria, que realizó operaciones para expatriar y simular la licitud del dinero.

El fiscal pidió la absolución de los acusados Mario Acevedo Fernández, Santiago Carradori, Jorge Cerrota, Alejandro Ons Costa, Christian Delli Quadri, Juan Ignacio Pisano Costa, Eduardo Larrea y Sebastián Pérez Gadín.

Un enorme cúmulo de pruebas"

El fiscal expuso su alegato a lo largo de tres audiencias que se llevaron adelante vía Zoom. Ni Lázaro Báez ni su hijo Martín escucharon la exposición. El Tribunal Oral Federal 4, a cargo de este proceso, está integrado por los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez.

"La investigación llegó a juicio con un enorme cúmulo de pruebas. La maniobra contenida en los hechos de lavado abarca los US$ 54.872.866", dijo el fiscal.

"La fortuna se explica en las maniobras de la obra pública y la evasión impositiva. Para esta fiscalía, en la actualidad, los pronunciamientos judiciales que se desarrollaron en esas causas dan por acreditado ese tipo penal", dijo al comienzo de su exposición. Las querellas también señalaron como delitos precedentes a las maniobras de favorecimiento a Lázaro Báez mediante la asignación de contratos de obras públicas en Santa Cruz, que generó ganancias ilícitas, así como también la evasión impositiva mediante la simulación de gastos con facturas apócrifas.

Tras las exposiciones de las querellas y de la fiscalía, el Tribunal les dará a los acusados la posibilidad de exponer sus alegatos, antes del veredicto.

El juicio se lleva adelante los días miércoles y jueves. Mientras tanto, Lázaro Báez espera un fallo de la Cámara de Casación que favorezca su salida de la cárcel.