En la resolución, el magistrado de Paraná, solicitó que quienes se consideren con derecho podrán presentar sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura vigente.

- 1) DECLARAR la QUIEBRA de la firma BAZAR EL ENTRERRIANO SA CUIT 30-53554035-3, con domicilio legal sito en calle Gualeguaychú No42 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. (...) 13)

ENCOMENDAR a la Secretaria del Juzgado proceda hacer PUBLICAR EDICTOS en la forma prevista por el artículo 89 de la ley 24.522, por el término de cinco días (5), en el Boletín Oficial y en un medio escrito.

A su vez, y dado que la fallida tenía una sucursal en la ciudad de Santa Fe, se dispone la publicación en el Boletín Oficial de esa provincia, en iguales condiciones que el resto de los edictos. Esta misma información será publicada por medio del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial, en atención a su trascendencia.

El juez Civil y Comercial N° 1 de Chajarí, José Manuel Lena, hizo lugar a la demanda promovida por siete trabajadores despedidos de la sucursal de esa ciudad de Bazar El Entrerriano en 2019 y condenó a la firma al pago de una millonaria indemnización.

La cancelación de los montos a cada uno de los demandantes no resultó un trámite sencillo y por eso debió efectivizarse el embargo que pesaba sobre la mercadería existente en los locales de Paraná, parte de la cual fue secuestrada este miércoles.

La sentencia referida a la filial de Chajarí sienta un importante antecedente en el marco del cierre de las sucursales de Paraná y el despido de más de 40 trabajadores ocurrido en los últimos días de 2020.

Empleados aseguran que no recibieron ninguna propuesta de indemnización y ni siquiera telegramas de despido de parte de la empresa, por lo que están asesorándose con abogados y evaluando las acciones a seguir, aún pasmados por lo repentino de la pérdida de sus puestos laborales.

El magistrado rechazó los argumentos planteados por Bazar El Entrerriano SA, que buscó reducir los importes indemnizatorios de los despedidos. Si bien reconoció que la firma paranaense "soportaba una desequilibrada situación económica-financiera", eso no le basta para comprobar la considerable merma en las ventas que dice haber soportado y que le impida proseguir con los vínculos laborales.

Según el juez, no se evidencia además que el Bazar haya adoptado las medidas a su alcance, "con la diligencia propia de un buen hombre de negocios", para contrarrestar los imponderables que le provocaban la realidad económica y el incremento de las ventas bajo la modalidad online". Y sumó que "las implicancias eventualmente adversas podrían haberse previsto ya que son propias del riesgo del negocio, en tanto que el incremento de las ventas electrónicas no es una cuestión novedosa".