El encuentro se realizó este miércoles en la Sala de Comisiones y fue presidido por las senadoras y senadores Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos) y Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), titulares de las respectivas comisiones.

Durante el debate, se contó con la participación de referentes clave del sector, como Fabricio Orsich, presidente de la Federación de Cámaras de Extrusado y Biopymes de Argentina (Feceba); Maximiliano Stivala, titular de la Cámara de Biopymes de Entre Ríos (Cabioper); y Pablo Sánchez, presidente del Clúster de Proteínas Vegetales Argentinas. Los invitados aportaron datos productivos, compartieron sus experiencias y ofrecieron sugerencias para mejorar la propuesta.

En ese marco, también se hizo entrega de una copia autenticada de la Declaración de Interés Legislativo aprobada esta semana por el Senado, en reconocimiento a la “9° edición del Congreso Internacional de Extrusores y Biopymes”, que se realizará los días 8 y 9 de octubre en la ciudad de Paraná. La iniciativa fue presentada por los senadores Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Gustavo Vergara y el propio Otaegui.

Al finalizar el encuentro, el senador Otaegui destacó que el trabajo continuará en comisiones: “Vamos a seguir escuchando a distintos actores del sector, para enriquecer el texto y tener una ley que organice y promueva el desarrollo del biodiesel y la bioenergía en Entre Ríos”.

A través de las Resoluciones 200 y 201/2024 publicadas en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía actualizó este miércoles el precio de los biocombustibles destinados para la mezcla obligatoria por ley con las naftas y el gasoil.

La medida podría significar otro ajuste en los valores de los combustibles en los surtidores, tras la suba del 3% promedio a principios de agosto propiciada por el aumento en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), y la devaluación mensual del 2% del dólar.

Con la actualización, el precio mínimo de adquisición del biodiésel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil quedó en $965.554 por tonelada, para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de agosto de 2024 y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace.

NormativaLa normativa gubernamental determinó que el plazo de pago del biodiesel no podrá exceder, en ningún caso, los 7 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente.

Por otro lado, el precio mínimo de adquisición por litro del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar se fijó en $644,525. Mientras que, para el precio de adquisición del bioetanol elaborado a base de maíz, Energía dispuso el nuevo valor en $590,730.

El documento oficial precisó que el plazo de pago del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar y maíz no podrá exceder, en ningún caso, los 30 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente.

Valores mínimosAsimismo, aclara que los nuevos precios fijados “son los valores mínimos a los cuales deberán ser llevadas a cabo las operaciones de comercialización en el mercado interno”.

En los considerandos, se recordó que la secretaría encabezada por Eduardo Rodríguez Chirillo está facultada para modificar los precios “tanto en los casos en que se detecten desfasajes entre los valores resultantes de su implementación y los costos reales de elaboración de los productos, o bien cuando dichos precios puedan generar distorsiones en los precios del combustible fósil en el pico del surtidor, esto último lo cual resulta necesario atender tanto para el caso del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar como el de maíz, fijando excepcionalmente precios que se ajusten a dicha necesidad”.

De esta manera, el Ejecutivo definió diferir la actualización correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, al 1° de junio de 2024.

En el documento oficial, se explicó que se resolvió posponer el incremento “con el fin de estimular el crecimiento de la economía garantizando un sendero fiscal sostenible”. Además, desde el Gobierno indicaron que “la medida garantiza previsibilidad al sector y establece que no habrá incremento alguno, por dichos conceptos, en el mes de mayo”.

La actualización del impuesto ya había sido postergada, por la actual administración de Javier Milei, a fines de enero cuando se fijó el 1 de mayo como fecha para aplicar el último tramo de las subas correspondientes a los trimestres del año pasado.

La decisión de posponer nuevamente el aumento había sido anticipada por el Ejecutivo junto con la postergación de los ajustes en las tarifas de luz y gas, con el objetivo de consolidar la reducción de la inflación, registrada en las últimas semanas.

Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo justificó la medida, en su cuenta de X, asegurando que “porque estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media", al responder lo publicado por una periodista en la misma red social que advertía que "la obsesión del Gobierno por reducir la inflación comienza a colisionar con la base del programa económico: eliminar el déficit de las cuentas del Estado".

Aumento de combustibles el 1 de mayoA pesar de la postergación en la suba del tributo, la nafta y el gasoil aumentaron desde este 1 de mayo un 4% debido a la devaluación mensual del peso frente al dólar del 2% y el aumento del barril del petróleo. En caso de haberse aplicado la actualización prevista, se calcula que el incremento habría alcanzado el 8%.

La reunión se realizó en la ciudad de Buenos Aires entre el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, la secretaria de Energía, Noelia Zapata, y el ministro de Interior de la Nación, Guillermo Francos, junto al secretario de Bioeconomía, Guillermo Vilella, sus equipo políticos y técnicos; y representantes de las principales provincias productoras.

“En relación a lo planteado desde el gobierno nacional en la denominada Ley Ómnibus, junto a Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Tucumán planteamos la importancia de preservar los cortes mínimos de biodiesel y etanol con diésel y naftas; la defensa de los productos de origen nacional y el respeto a los derechos adquiridos de las empresas del sector”, sentenció Bernaudo al término del encuentro. En ese marco, detalló: “Expusimos que deben desaparecer las retenciones a las economías regionales; incluso las que se mantienen sobre los cultivos tradicionales tienen que tender a la baja y durar un corto período”.

Bernaudo ponderó que “logramos coincidencias conceptuales, pero quedamos a la espera de respuestas concretas. Este tema se debatirá en el Congreso. Desde Entre Ríos, la postura del gobernador Rogelio Frigerio es defender las economías regionales, a cada una de sus cadenas, como la forestoindustria, la avícola, pecanera y la exportación de sábalos. En Santa Fe suman el algodón y el maní desde Córdoba”. El jefe de la cartera también aportó que “en relación al pecán y el maíz pisingallo las autoridades nacionales expresaron que ya habían bajado a cero sus retenciones, pero aún no lo hemos visto reflejado".

Se realizó la primera mesa de trabajo del Consejo de Provincias Productoras de Biocombustibles. El encuentro tuvo lugar en la Secretaría de Energía de la Nación y estuvo encabezada por el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Berna; en tanto que la provincia de Entre Ríos estuvo representada por la secretaria de Energía, Silvina Guerra.

Analizar y formular propuestas para la elaboración del plan estratégico para el impulso integral de la producción de biocombustibles del país fue el objetivo del encuentro. En esta primera reunión se avanzó en la construcción de una agenda y se consensuaron aspectos centrales a abordar en el ámbito del consejo.

En su alocución, Bernal expresó que "la industria de los biocombustibles para países como el nuestro, reviste una importancia de primera magnitud, ya que no solamente se trata de una actividad económica que genera empleo e industrialización de materia prima, sino que promueve el arraigo y una genuina política de desarrollo federal de la Argentina”.

Al respecto, Guerra afirmó que "estos encuentros son muy importantes debido al intercambio institucional y de ideas que se crea. Esto nos permite pensar en políticas que contribuyan a la previsibilidad energética, pero también conformar una mirada común, federal y estratégica para el fortalecimiento de la industria de los biocombustibles en nuestro país", declaró Guerra.

Además de Entre Ríos, la mesa contó con la participación de representantes de Salta, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. En conjunto, se plantearon objetivos de corto, mediano y largo plazo y se acordó que los equipos técnicos de cada dependencia inicien el diálogo para fijar las condiciones de trabajo que contemplen de forma plena las necesidades puntuales de cada una de las provincias y/o regiones de nuestro país.

Legisladores nacionales del peronismo de Santa Fe y directivos de las cámaras del sector de los biocombustibles analizaron con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, los avances en la reglamentación de la Ley Nacional de Biocombustibles.

De la reunión participaron los senadores, Roberto Mirabella y María de los Angeles Sacnun, el diputado nacional, Marcos Cleri y el recientemente electo senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski.

Tras el encuentro, el senador Mirabella dijo que "fue una muy buena reunión de trabajo, la primera fue en agosto, después se sucedieron diferentes reuniones bilaterales para fijar el precio, el cupo y para la futura reglamentación de la ley".

"Vamos a seguir teniendo próximas actividades para tener una previsibilidad en la regulación de las actividades de biocombustibles y del biodiesel en particular", agregó.

Y dijo que durante la reunión "se habló de la realidad del sector, de los costos que hoy tienen las empresas, de los cupos para trabajar dentro del mercado interno y en el corte del mercado interno".

Por su parte el electo senador nacional Lewandowski, calificó como "muy positivo" el encuentro, y dijo que "indudablemente el sector está preocupado y necesitamos resolver una problemática urgente que hace a un sector importante en Santa Fe", añadió.

Lewandoski señaló además que la industria del biocombustible "tiene mucha mano de obra y ha significado un paso importante en la provincia dado que el 80% de la producción de biodiesel se produce en Santa Fe".

"Por ende, debemos estar atentos y trabajando mancomunadamente con el sector para lograr las mayores ventajas posibles", afirmó.

En tanto el diputado Marcos Cleri, dijo que "es claro el protagonismo fundamental que tienen los biocombustibles en Santa Fe y en la transición energética de la matriz productiva de la energía de la Argentina".

Por último y para la senadora María de los Angeles Sacnun, "es fundamental que preservemos y cuidemos esta industria que nos ha permitido generar puestos de trabajo en pueblos donde nunca antes hubiera existido quizás una industria".

En una nota enviada desde las Cámaras de Biocombustibles e Hidrógeno y de Bioetanol de Maíz y sus cadenas de valor, al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, advirtieron que el proyecto de Ley de Biocombustibles del que busca aprobar el oficialismo pone en "estado de alerta al sector".

De acuerdo a la carta, se hace referencia al avance del proyecto de ley de biocombustibles que obtuvo, días pasados, dictamen por la mayoría en una reunión plenaria de las comisiones de energía y de presupuesto y hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación: "Este proyecto pone a nuestro país frente a un riesgo inminente de cierre de empresas, pérdida de miles de puestos de trabajo y un gravísimo impacto ambiental, en abierta contradicción con nuestra Constitución Nacional y con nuestros compromisos internacionales", afirma.

Según el nuevo proyecto de ley en tratamiento, tendría vigencia hasta en 2030 y promueve una reducción de la mezcla de biodiesel y bioetanol.

"Además de la drástica reducción de la demanda de biocombustibles, factor que provocaría el cierre de empresas y el fin de una de las pocas políticas de Estado que tiene la Argentina, el proyecto habilita a la Autoridad de Aplicación (Secretaría de Energía) a manejarse con extrema discrecionalidad y a intervenir en mercados que no son ni deben ser de su incumbencia", advierten las entidades y cámaras productivas.

En tanto, señalan que esas facultades extraordinarias, que le quitan todo viso de seguridad jurídica al proyecto, incluyen la posibilidad de intervenir en las cadenas de valor para "garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para la elaboración de los biocombustibles con destino a la mezcla obligatoria, pudiendo arbitrar y establecer los mecanismos que estime necesarios a fin de que la adquisición de aquellos sea llevada a cabo según las condiciones normales y habituales del mercado y sin distorsión alguna, estableciendo como límite en el caso que corresponda, el precio de exportación de dichos insumos menos los respectivos gastos".

Por último, "el proyecto de ley presenta numerosos vicios de forma y de fondo, por lo que es necesario prorrogar la actual ley para poder discutir con el tiempo necesario una norma moderna y eficiente que potencie los beneficios ambientales, económicos y sociales de todos los biocombustibles, en un todo de acuerdo con los acuerdos climáticos internacionales firmados y ratificados recientemente por la Argentina".

En tal sentido, "si se sanciona el expediente 1621-D-2021, determina un importante declino en el uso de biocombustibles y un aumento equivalente en el uso de derivados de petróleos" y afirma que "el drástico ajuste en el uso de biocombustibles contenido en el proyecto de ley provocará el cierre de plantas y la pérdida de al menos 1500 puestos de trabajo genuinos y federales", afirma el documento.

El Gobierno nacional prorrogó el actual régimen de promoción para los biocombustibles, que se aplica desde hace 15 años y vence el miércoles, por un plazo de 60 días o hasta que entre en vigencia un nuevo marco regulatorio que está en discusión en el Congreso.

A través del decreto 322/2021 publicado en el Boletín Oficial, se estableció la vigencia del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles establecido por la Ley 26.093, hasta el 12 de julio de 2021 o hasta que entre en vigencia un nuevo marco regulatorio de biocombustibles, lo que ocurra primero.

La prórroga decidida por el Poder Ejecutivo fue anticipada en los últimos días de la semana pasada por el secretario de Energía, Darío Martínez, durante su visita a Tucumán, una de las provincias productoras de este tipo de combustible sustentable, en particular del bioetanol de caña de azúcar.

El decreto publicado reseña que cuenta con estado parlamentario un proyecto de ley por el que se propicia aprobar un nuevo marco regulatorio de biocombustibles, en el que se definirá el rumbo estratégico del sector en consonancia con las necesidades energéticas del país.

"Con el fin de asegurar un adecuado análisis y debate parlamentario del citado proyecto, sin afectar las distintas etapas que integran la cadena de valor del régimen en cuestión, permitiendo la continuidad temporaria del régimen hasta ahora vigente, se considera necesario extender el plazo originalmente previsto hasta el 12 de julio de 2021", señala la norma.

La iniciativa que se encuentra para su debate en la Cámara de Diputados lleva la firma de 15 diputados encabezados por el presidente de la comisión de Energía y Combustibles, Omar Félix.

La propuesta contempla que la nueva norma tenga vigencia hasta 2030, con la posibilidad de una prórroga de 5 años una vez concluido el plazo inicial.

El proyecto tiene como reformulación sustancial al régimen vigente que establece un corte obligatorio del 5% en el caso del biodiesel, cinco puntos porcentuales menos que el 10% vigente hoy.

No obstante, se podrá elevar ese porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente la autoridad de aplicación en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, y razones ambientales o técnicas.

De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras.

Respecto al bioetanol, la legislación propuesta mantiene el corte nominal actual del 12% y establece que en el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, el mismo porcentaje establecido para el de caña de maíz.

En ambos casos, también se podrá elevar el referido porcentaje nominal o bien reducirlo hasta un 3%.

En tanto, el artículo 14 establece que los precios deberán cubrir los costos de producción, ya que "las metodologías de cálculo de los precios de los biocombustibles deberán garantizar una rentabilidad determinada por la misma, considerando los costos de los principales componentes de su elaboración y el precio para producto puesto en su planta".

Por otra parte, el proyecto contempla beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).

Estas líneas principales del proyecto fueron anticipadas por el secretario Martínez cuando el 22 de marzo pasado concurrió a la Cámara baja, en momentos en que aún se analizaba la posibilidad de sancionar la prórroga sin modificaciones, en base al proyecto votado por el Senado.

En aquella oportunidad, Martínez destacó que se debe diferenciar a las pymes y empresas integradas de los grandes grupos, al señalar que se tiene que tener en cuenta "la protección de aquellos a los que en 15 años de régimen no les alcanzó para desarrollarse".

Especialmente, remarcó la distinción necesaria que debe hacerse entre los diferentes tipos de cultivos que participan de la producción, como es el caso del bioetanol elaborado a partir de la caña de azúcar que, a diferencia del maíz y la soja, carece de un mercado de exportación.

Para el oficialismo, además de tener en cuenta la situación de la caña de azúcar, un nuevo marco normativo deberá también tener en consideración los posibles vaivenes en la cotización de los commodities, encontrando algún tipo de esquema de equilibrio que evite afectar el costo de vida.

Luego de 15 años de vigencia, la necesidad de asegurar un nuevo marco normativo generó un amplio debate entre productores de biocombustibles, quienes reclaman la continuidad del régimen y el incremento de los cortes a niveles superiores del 20% y las petroleras refinadoras de naftas y gasoil que pedían mayor flexibilidad al respecto.

De la misma manera, se hicieron sentir en los últimos meses la posición de las provincias productoras de hidrocarburos y las de biocombustibles, que reclamaban por las inversiones y la generación de empleo que cada industria conlleva en sus distritos.