El proyecto, presentado por el diputado Marcelo López, plantea instar a los legisladores nacionales a promover en el Congreso de la Nación una ley para incorporar esa fecha al calendario de feriados nacionales.

Durante la misma jornada legislativa también se aprobó una declaración impulsada por el diputado Juan José Bahillo, mediante la cual se solicita al Gobierno nacional que realice gestiones ante los Estados Unidos con el objetivo de avanzar en la apertura de mercados para la exportación de naranjas y mandarinas producidas en Entre Ríos.

En la sesión también tomaron estado parlamentario diversos dictámenes de comisión. Entre ellos se destacó el proyecto del Poder Ejecutivo para la creación de una Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública, así como también una propuesta del diputado López para la declaración de utilidad pública y expropiación de un inmueble en El Solar y San Carlos, en el departamento La Paz. Ambos expedientes fueron girados al orden del día de la próxima sesión.

Además, ingresaron formalmente varios proyectos enviados por el Gobierno provincial, vinculados a obras estratégicas y regularización de inmuebles destinados al sistema educativo.

Uno de los expedientes autoriza a aceptar la donación de un terreno por parte de la Municipalidad de Paraná para la construcción de la Escuela Secundaria Nº78 “Intendente Juan Carlos Esparza”. Otro propone el ascenso a primera categoría de la comuna Ingeniero Sajaroff, en el departamento Villaguay.

A su vez, se incorporaron iniciativas relacionadas con infraestructura vial y apoyo a la producción, entre ellas:

Entre los proyectos también se incluyó la sistematización del Canal Mihura, en el departamento Gualeguay, una obra considerada clave para el saneamiento hídrico y el ordenamiento del escurrimiento del agua en la región, lo que permitirá mejorar las condiciones productivas y reducir problemas vinculados a anegamientos en la zona.

Al cierre de la sesión, el presidente del bloque oficialista, Bruno Sarubi, informó que los diputados María Elena Romero y Jorge Maier representarán a la Cámara en la Comisión Asesora para el Fomento de la Colonia Productiva Guardamonte, creada por la Ley Nº10.664. Ese organismo tiene la función de asesorar al Poder Ejecutivo en la evaluación, selección de proyectos y adjudicación de parcelas.

En el tramo de homenajes, la diputada Vilma Vázquez recordó el 192º aniversario de la Policía de Entre Ríos y el Día del Federalismo Entrerriano, que se celebra cada 13 de marzo en conmemoración del nacimiento de Francisco “Pancho” Ramírez.

Por su parte, la diputada Liliana Salinas realizó un reconocimiento a las mujeres en el marco del 8M.

El proyecto fue impulsado por el diputado Carlos Damasco (Fe y Libertad) y cuenta con la coautoría de Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) y Roque Fleitas (La Libertad Avanza).

La propuesta plantea que Entre Ríos adhiera parcialmente al Título VII de la Ley Bases, que regula el RIGI. Este régimen fue diseñado para fomentar inversiones superiores a 200 millones de dólares, ofreciendo beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante un período de 30 años.

Según se detalla en los fundamentos del proyecto, el objetivo es atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras, mejorar la competitividad económica, incrementar las exportaciones y generar empleo.

El segundo artículo del proyecto, que cuenta con apenas tres artículos en total, establece que deberán derogarse todas las normas o disposiciones provinciales que contradigan lo dispuesto por esta adhesión.

Los legisladores sostienen que Entre Ríos reúne condiciones favorables para captar grandes inversiones debido a sus recursos naturales, su ubicación geográfica y su infraestructura.

En ese sentido, destacan que la provincia se encuentra en el corredor de una de las principales rutas del Mercosur y es limítrofe con otros países, lo que podría facilitar la llegada de capitales destinados a proyectos productivos.

También remarcan que la adhesión al régimen permitiría contar con un marco legal que otorgue seguridad jurídica a los inversores, lo que —según afirman— ayudaría a impulsar el desarrollo económico provincial.

El proyecto menciona diversos sectores productivos que podrían verse beneficiados por el régimen, entre ellos:

El martes 5, a las 10 de la mañana, la Sala de Comisiones será sede del análisis de modificaciones a la Ley Nº 10.394 de “Emprendedurismo Joven Entrerriano”. La propuesta es del diputado Juan Rossi y contará con la participación de Paula Vicari, secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor de la Provincia.

A las 11:30, en el Salón de los Pasos Perdidos, se debatirá el régimen de licencias por adopción para empleados públicos. El proyecto es impulsado por la legisladora Mariana Bentos. Están previstas las exposiciones de María Silvana Spais (Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción), Maximiliano Benítez (Defensor General) y Débora Devetter (Asociación Civil “Ser Familiar por Adopción”).

También se incorporará a la discusión una propuesta de la diputada Vilma Vázquez relacionada con la Ley del Colegio de Martilleros Públicos de la provincia.

El miércoles 6 continuará con una intensa jornada. A las 10:30, la Comisión de Salud Pública tratará tres iniciativas destacadas:

Más tarde, a las 12:30, tendrá lugar una reunión conjunta de varias comisiones —Asuntos Municipales y Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento— para debatir el proyecto de “Ley de Mancomunidades Entrerrianas”. Se espera la presencia de Javier Manzo, coordinador del Consorcio Interjurisdiccional del Gran Paraná.

El Encuentro Entrerriano de Artes Visuales se realizará del 1 al 3 de agosto en Chajarí. El secretario de Cultura, Julián Stopello, brindó detalles de las distintas actividades que serán parte del Encuentro. Además, se refirió a la Feria Provincial del Libro que se desarrollará en Concordia y la agenda cultural de la provincia.

En diálogo con Radio Diputados, el funcionario repasó las actividades que vienen desarrollando: “Se trata del tercer encuentro, ya que venimos del Encuentro Provincial del Muralismo en Galarza, donde dejamos más de doce obras bellísimas en la ciudad que pueden ser disfrutadas por la gente en lo cotidiano. Luego vino el Encuentro de Música en Diamante, un encuentro federal con participación de referentes de toda la provincia y que apuntan a visualizar la capacidad y talento que tienen nuestros artistas y además lograr instancias de integración ante la diversidad. Es notable cómo en esos días que los artistas conviven pueden entrar en diálogo, intercambiar experiencias, conocerse y por eso estas instancias son el corazón del  evento para la Secretaría de Cultura”.

Al ser consultado sobre lo que sucederá este fin de semana en Chajarí, Stopello remarcó: “Notábamos una necesidad de convocar un encuentro de este tipo, una demanda de artistas visuales que no contaban con un espacio oficial para poder plasmar su obra y que ahora tendrán esa oportunidad de mostrar su arte y enriquecerse ya que además habrá espacios de talleres y charlas”..Sobre la respuesta de los ciudadanos a las distintas convocatorias, Stopello destacó la participación: “Estos eventos permiten que el arte invada los rincones de la ciudad donde se realizan y los vecinos y sus instituciones se sientan parte; en esta oportunidad estamos muy expectantes porque tanto el municipio como la comunidad de artistas de Chajarí están involucrados y participando activamente, ya desde la organización”.

El secretario de Cultura también se refirió a la Feria del Libro que se realizará en Concordia, durante el mes de septiembre: “Por iniciativa del ministro Manuel Troncoso estamos trabajando en esta feria que es muy importante, ya que constituye el ámbito de mayor exposición para las obras de muchos escritores. Será el 4, 5 y 6 de septiembre en el Centro de Convenciones y tomamos dos días hábiles porque queremos que se acerquen las escuelas, para las que estamos preparando propuestas más que interesantes”, finalizó.

Silvina Pérez, investigadora y coordinadora del Archivo General de Entre Ríos, habló con Radio Diputados acerca de las XIV Jornadas de la Red Argentina de Valoración y Gestión Patrimonial de Cementerios, que se realizaron en Basavilbaso del 16 al 18 de julio. Esta actividad fue declarada de interés por la Cámara de Diputados, a partir de una iniciativa de Silvio Gallay.

“Fueron tres días en que hubo exposiciones de distintos trabajos de investigación que tienen que ver con las historias de los cementerios, con la finalidad de realizar un rescate de todas esas historias y que esos cementerios sean luego puestos en valor para resguardar ese patrimonio tan importante para las comunidades”, comentó Pérez.

La funcionaria aseguró que participaron representantes de distintas provincias, como Buenos Aires, Catamarca, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y distintas ciudades de Entre Ríos. “En mi caso particular, soy de Basavilbaso y presenté una ponencia sobre la historia del cementerio municipal de esa localidad, que es un trabajo inédito, porque no había nada escrito”, contó.

En su rol de coordinadora del Archivo General de Entre Ríos, además, dijo que en ese organismo “hay documentación de los cementerios de distintos lugares de la provincia”, por lo cual invitó a los investigadores a acercarse para consultar ese material.

Acerca del trabajo que expuso en las jornadas, relató las características que presenta el camposanto municipal de Basavilbaso y el patrimonio que resguarda, como las tumbas donde se encuentran los nombres de antiguos vecinos y la arquitectura de distintas épocas.

En el marco del Mes del Ambiente, el Gobierno de Entre Ríos lanzó una campaña provincial para activar la participación ciudadana con acciones educativas y territoriales. Agustín Curuchet, director de Vinculación Ciudadana, comentó los proyectos que se llevan adelante.

En ese marco, indicó a Radio Diputados que el fin de semana en Puerto Viejo, Diamante, se desarrolló una jornada con “Voluntarios ER”, donde más de 70 personas se sumaron a limpiar un microbasural a la vera del río Paraná. Recolectaron más de 100 bolsas de residuos, charlaron con vecinos sobre reciclaje y separación y convocaron a los niños con juegos.

Paralelamente, sigue adelante una campaña de recolección de botellas con el objetivo de contribuir a la primera ampliación escolar con materiales reciclados de todo el país. Los puntos de reciclaje son: en Paraná, Plaza Mansilla; en Crespo, Parque Ambiental (Democracia y Alemanes del Volga); en General Ramírez, Parque Evita, y en Libertador San Martín, Obrador Municipal.

“El 5 de junio comenzamos con iniciativas participativas en el contexto del Mes del Ambiente, con varias actividades que tienen como centro el entrerriano. Lo del sábado en Diamante fue una de las primeras actividades de Voluntarios ER, un equipo de ciudadanos comunes cuyo único objetivo es colaborar, en este caso en lo ambiental”, dijo Curuchet.

“Realizamos un trabajo integral, que hacemos codo a codo con los municipios y vinculando a todas las áreas del Estado, tanto en el Ejecutivo como en el ámbito legislativo. Por eso agradecemos a Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados, y la vicegobernadora Alicia Aluani, ya que fuimos muy bien recibidos por ellos y nos ayudan un montón”, resaltó.

Por otro lado, contó que el proyecto llamado “Botellas que construyen futuro”, busca que los envases se transformen en ladrillos con los cuales se construirán “las primeras tres aulas cien por ciento sustentables en Crespo”.

 Para obtener más información sobre estas acciones y cómo colaborar, se puede visitar la página https://portal.entrerios.gov.ar/viviverde/

El diputado Silvio Gallay resaltó la importancia de la reunión realizada este martes en la cual se integraron al Comité Provincial de Prevención de la Tortura los representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

El Comité es integrado por el senador Juan Pablo Cosso –quien fue electo presidente–, la diputada Silvina Deccó y el diputado Gallay por el Poder Legislativo; María Emma Bargagna, directora de Derechos Humanos, por el Poder Ejecutivo; y Sofía Stamatti e Ignacio Journé en representación de las organizaciones de la sociedad civil.

“Ayer, finalmente, terminamos con el proceso de conformación del Comité, que se creó en 2018 y tuvo una modificación en 2023, y que tiene por objeto prevenir la tortura y las penas crueles, inhumanas y degradantes que se dan en situaciones de detención como unidades penitenciarias, alcaidías y residencias socioeducativas”, explicó Gallay en los estudios de Radio Diputados.

Asimismo, el legislador destacó el trabajo realizado hasta ahora por los representantes de las organizaciones de derechos humanos, lo cual permitió “sostener” el Comité mientras se concretaban las designaciones de los representantes del Ejecutivo y la Legislatura. “Ellos recorrieron las unidades penales de la provincia y elaboraron informes para ser presentados ante la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, que debe con esos informes elaborar políticas públicas para la mejora de las condiciones de detención de las personas que están allí”, dijo.

Además de las cárceles y comisarías, el diputado subrayó que el Comité también debe controlar los centro socioeducativos cerrados que dependen del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf): “Estamos hablando de chicos de entre 14 y 18 años y nosotros tenemos que garantizar y velar por sus derechos humanos. Es importantísimo cumplir con ese objetivo, porque son menores”.

“Tenemos que tener en cuenta que cuando se comete un delito lo que se priva es la libertad ambulatoria, porque hay mucha gente que cree que cuando una persona comete un delito tiene que estar privado de todos sus derechos”, agregó.

En cuanto a la situación de la población carcelaria, Gallay mencionó que hubo un crecimiento significativo en la última década: en 2013 las personas privadas de su libertad en los distintos establecimientos de Entre Ríos eran 1.060, mientras que en 2024 eran 2.800, lo cual implica un aumento del 160% No obstante esto, consideró: “Tenemos hoy ocho unidades penales, con capacidad para 2.758 personas, es decir que la sobrepoblación es del 1,54%, que es un número muy bajo en términos comparativos con otras provincias”. 

Se reunió la Comisión de Legislación General, que preside Marcelo López, para analizar dos proyectos enviados oportunamente por el Ejecutivo. Por un lado, crear la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos (AABIPER) y por el otro, autorizar a la Provincia a transferir a título de donación un edifico de su propiedad en favor de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Al finalizar la reunión, se firmaron los dictámenes para que ambos proyectos sigan su camino hasta convertirse eventualmente en ley.  

Luego del trabajo en comisión, el diputado Marcelo López dio a conocer los avances: “El proyecto de creación de la Agencia de Bienes Inmuebles del Estado, que ya habíamos tratado, permitirá ordenar y administrar todos los espacios físicos que hoy están muy desordenados, dispersos y en cuyo uso y administración vemos que existe una gran ineficiencia y necesita ser optimizado. En el Senado se realizaron modificaciones y hoy las hemos analizado y aceptado y por ende emitimos dictamen, no con el acompañamiento de todos los bloques pero sí por la mayoría de los diputados”.

Respecto a la importancia de la ley en discusión, López recalcó: “Le damos una herramienta fundamental al Poder Ejecutivo para pueda centralizar la organización y administración de todo el patrimonio que es del Estado y que va a redundar en beneficios para todos, ya que posibilitará optimizar el uso de los espacios y  seguramente invertir menos recursos en alquileres, por ejemplo”.  

Donación de un inmueble

En el caso del otro proyecto abordado en la comisión, López explicó que se trató de subsanar una situación formal. “Había una disposición anterior que hablaba de la donación al Estado nacional y la Universidad se constituye en una figura jurídica específica y diferente al Estado nacional y era necesario avanzar en una nueva norma jurídica que clarifique el destinatario de la donación”.  

“Estamos hablando del edificio donde funciona la Facultad de Ciencias Económicas y hemos sacado un dictamen que fue firmado por unanimidad y que próximamente tomará estado parlamentario para su aprobación”, finalizó.

En una nueva reunión conjunta de las comisiones de Obras Públicas y Planeamiento y de Comunicaciones y Transporte, que presiden Noelia Taborda y Andrea Zoff respectivamente, continuó este martes el debate en torno a los proyectos de ley que proponen crear un Régimen de Consorcios Camineros. Al finalizar la reunión, se firmó el dictamen para que siga su camino para convertirse en ley.  

En esta ocasión, se discutieron algunos puntos en los que había disidencias entre los diputados, aunque todos destacaron la importancia de contar con esta herramienta para poder mejorar la situación de los caminos rurales. Se trata de una unificación de los proyectos presentados anteriormente por los exlegisladores Esteban Vitor y Néstor Loggio, y el de la actual diputada Julia Calleros.  

Luego de una hora de intercambio de opiniones, finalmente se llegó a la firma del dictamen de mayoría para que el proyecto tome estado parlamentario y sea tratado en el recinto de la Cámara. Sobre esto, la diputada Noelia Taborda destacó: “Es una ley muy importante, una herramienta que le damos al gobierno provincial, un marco normativo que nos permite llegar al que más lo necesita”. Sobre el debate en comisiones, que llevó varios meses, sostuvo: “Estamos satisfechos porque fue un intercambio con muchas voces, de todos los sectores involucrados”.  

Por su parte la autora del último proyecto sobre el tema, Julia Calleros, sostuvo: “Teníamos la necesidad de que trabajen conjuntamente lo público y lo privado; conozco en forma directa el tema y estamos muy contentos de poder aportar una herramienta legal como esta”. La legisladora agradeció a quienes presiden las comisiones –Taborda y Zoff– por “un trabajo cuidado desde lo legislativo, pero también poniéndole muchas ganas porque había una necesidad, por un abandono histórico de la ruralidad”.  

Las legisladoras destacaron el apoyo recibido por parte del gobernador Rogelio Frigerio y del presidente de la Cámara, Gustavo Hein, así como el trabajo de todos los legisladores y sus equipos y los aportes de Vialidad Provincial y los invitados a las reuniones de comisión.  

En una reunión conjunta de las comisiones de Obras Públicas y Planeamiento y de Comunicaciones y Transporte, que presiden Noelia Taborda y Andrea Zoff respectivamente, continuó este martes el debate en torno a los proyectos de ley que proponen crear un Régimen de Consorcios Camineros. El tratamiento de estas iniciativas continuará con un nuevo encuentro, con el objetivo de arribar a un dictamen unificado.

En esta ocasión, participaron de la reunión el subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Alfredo Bel; el exdiputado y actual secretario Legal y Técnico de la Provincia, Esteban Vitor, y los representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever), Juan Carlos Lallana (secretario general) y Hugo Reyes, quienes ofrecieron sus opiniones sobre la temática.  

A su vez, fue parte del encuentro la diputada Julia Calleros, autora de uno de los proyectos de regulación de los consorcios camineros en Entre Ríos. Los otros dos pertenecen a Vitor y al exdiputado Néstor Loggio, quien también fue convocado pero no pudo estar presente.  

“El trabajo en comisión llevó casi dos horas y la verdad que todos llegamos al mismo fin: estamos interesados en la ley de consorcios para el mantenimiento y mejora de los caminos rurales, que son los caminos de la producción, de la educación y de la salud. Los tres autores y todos los legisladores que estuvimos en la reunión queremos aportar los mejores nutrientes para que prospere lo que será una herramienta más para el gobierno, en articulación con los privados”, remarcó la diputada Taborda.

Almeida recordó que “esto ya se hizo en la Legislatura, donde a principios de la gestión se produjo una baja de contratos y una recomposición del personal que estaba cumpliendo tareas y fichaba. Unos 17 trabajadores pasaron de contratos de obra a servicios”.

Sobre los nuevos recortes, que fueron cuestionados públicamente por el diputado Enrique Cresto, el dirigente sindical indicó que la decisión fue anticipada por las autoridades, argumentando falta de recursos. “También es público que los gobernadores están reclamando a la Nación aportes que no se están enviando”, señaló.

Respecto a la situación de los contratados, Almeida explicó que “la ley 9.014 no nos permite como gremio tener injerencia sobre ellos, ya que son monotributistas. En su momento, gestionamos por personas con más de 8, 10 o 15 años de contrato, siempre cuidando el presupuesto de la Legislatura”.

En cuanto a los salarios, detalló que un trabajador de planta recién ingresado cobra actualmente “un millón y pico de bolsillo”, cifra que se incrementa por antigüedad o títulos académicos. Sin embargo, remarcó la diferencia con los contratados: “Algunos están cobrando 200.000 o 300.000 pesos”, aunque aclaró desconocer los montos que perciben quienes responden directamente a los legisladores.

Almeida también destacó que “los contratados son personal temporario, que en su mayoría vienen y se van con el legislador, pero en algunas gestiones han quedado cumpliendo tareas esenciales de la Cámara”.

Finalmente, al referirse al contexto económico nacional, el referente gremial expresó su preocupación: “La situación del país es muy difícil y quedarse sin trabajo hoy es un problema serio. Lo vimos también en OSER, donde hubo muchos despidos y contratos que no fueron renovados”.

Durante la décima sesión ordinaria del 146° periodo legislativo, la cual fue presidida por Gustavo Hein, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se modifica la Ley de Juicio por Jurados. Con el objetivo de agilizar la implementación de este sistema, uno de los cambios establece que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados populares los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de más de 20 años de prisión o reclusión. En la votación en general, la norma fue aprobada por mayoría, con 23 votos afirmativos y nueve negativos.

“Cuando esta Legislatura aprobó por unanimidad la Ley N° 10.746, lo hicimos con la clara convicción de que íbamos a dar un paso adelante en la participación ciudadana y la democratización de la justicia penal en nuestra provincia. Hoy debemos revisar y ajustar puntos esenciales para garantizar un mejor funcionamiento del sistema, pero sin perder de vista aquellos principios fundamentales que motivaron la sanción de esta ley”, sostuvo la diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) al abrir el debate.

Luego, precisó que la iniciativa prevé modificar los artículos 2, 46 y 96. Sobre el artículo 46, dijo que “modifica el piso remuneratorio de los jurados, pero mantiene el reconocimiento de viáticos y la protección legal frente a posibles sanciones laborales”; mientras que el 96 habilita a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia a suscribir convenios con instituciones públicas o privadas en aquellos lugares donde el Poder Judicial no tenga espacios físicos para llevar adelante el juicio.  

En cuanto al artículo 2°, dijo que se establece un nuevo criterio de competencia, limitándola a todos aquellos delitos que tengan más de 20 años de prisión efectiva. “Esto no restringe el derecho, sólo ordena el proceso y concentra este recurso institucional donde más se lo requiere. Se prioriza la mayor gravedad y la mayor complejidad, dejando en manos de los jueces técnicos el resto de los delitos. Es una optimización de los recursos y de las funciones”, señaló, antes de describir que desde 2019 sólo se han realizado 50 juicios por jurados, el 80% de ellos concentrados en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, y que hay más de 150 causas pendientes, por falta de recursos logísticos y por agenda judicial. “A esta velocidad, poner al día esta situación llevará cuatro años y medio. Se hace un cuello de botella importante y se genera una dilación de la justicia para las víctimas y para los acusados”, añadió.

Posteriormente, Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) expresó su voto en general a favor de la iniciativa, pero en contra en la votación en particular, ya que se mostró en desacuerdo con la modificación del artículo 46.

Laura Stratta (Más para Entre Ríos) anunció el voto dividido dentro de su bloque, debido a la existencia de diversidad de miradas acerca del dictamen de comisión. Adhirió a las consideraciones de Lena sobre la trascendencia de esta herramienta, pero consideró que era necesario darle más tiempo de funcionamiento a “una institución joven”. Y señaló: “En este momento, en la Cámara de Diputados de la Nación se está debatiendo un dictamen que busca la sanción de la ley de juicio por jurados a nivel nacional y amplía las competencias que tiene hoy nuestra ley actual, lo cual nos parece una contradicción”, advirtió.

En lo sucesivo, Sergio Castrillón (Más para ER) hizo público su voto positivo, debido a la necesidad de mejorar las instituciones. Débora Todoni (La Libertad Avanza) rechazó el proyecto por entender que “lejos de representar un avance para el sistema de justicia, constituye un preocupante retroceso institucional”.

Fabián Rogel (JxER) sostuvo: “Vamos sumando y perfeccionando derechos. Agradezco a los peronistas que acompañen en lo que ellos creen que es positivo”. Roque Fleitas (LLA) dijo que votaría a favor en general pero en contra en particular, porque quedan fuera de estos juicios una serie de delitos.

La diputada María Elena Romero, tras participar del X Encuentro de Viceintendentes de Entre Ríos, en Libertador San Martín, contó que se trataron diversos temas vinculados a los municipios y a las gestiones locales, con la participación ciudadana como eje.

“Fue una reunión muy importante para el trabajo que llevan adelante todos los viceintendentes”, indicó Romero acerca de este acontecimiento. En ese marco, destacó que disertó el politólogo Gustavo Tarragona sobre los desafíos del siglo XXI en cuanto a participación ciudadana.

“Fue un intenso trabajo, con exposiciones que permitieron conocer las realidades de cada localidad y la normativa que cada una de ellas tiene. También es una manera de intercambiar estas normas, por lo cual es algo muy enriquecedor”, dijo la titular de la comisión de Asuntos Municipales y Comunales de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

A su vez, mencionó que fue una oportunidad para informar sobre los proyectos que están en la comisión, los que ya fueron aprobados y lo que se prevé tratar, además de la reforma de las leyes de Régimen Municipal y de Régimen Comunal.

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió a los pastores de la Iglesia Evangélica Vida y Esperanza de Paraná, Carlos Schultz y Esther Werner de Schultz, para intercambiar puntos de vista y posibles herramientas para atender las cuestiones de salud mental en Entre Ríos.

“Quisimos expresarle al presidente de la Cámara nuestra voluntad de trabajar en algunos temas sociales, como es la salud mental de niños y adolescentes. La tasa de suicidios en adolescentes y preadolescentes aumenta en la provincia, y no hay demasiados proyectos que apunten a la niñez, como forma de prevenirlo. Esos niños tal vez no piensen en una forma de quitarse la vida, pero ya expresan angustia, soledad y con el paso del tiempo pueden recurrir a eso”, relató la pastora.

“Nosotros desde la Pastoral –forman parte de la Asociación de Pastores de la provincia de Entre Ríos (APER) y de la Asociación de Iglesias Evangélica de la República Argentina (ASIERA)– podemos hacer un aporte, un proyecto especial para los niños, y también colaborar con lo que ya se está haciendo desde el gobierno”, agregó.

Por su parte, el pastor Carlos Schultz sostuvo que “las problemáticas son muy variadas: adicciones, ausencia de los padres, entre otras”, y agregó: “Somos 700 pastores en Entre Ríos, que tenemos posibilidades de interactuar y trabajar con el Estado, para tener paliativos ya desde la niñez. En las escuelas mismas se puede trabajar en la concientización y en la prevención. Queremos trabajar conjuntamente en la prevención, para no llegar tarde con el hecho consumado”.

Como en otras ocasiones, durante el encuentro Gustavo Hein destacó la importancia de seguir trabajando en articulación con la sociedad civil en las problemáticas de la salud mental, que atraviesan a toda la sociedad.

Clarisa Sack, presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), explicó en una entrevista con Radio Diputados los motivos de esta revisión. Según indicó, la iniciativa busca adaptar esta herramienta pionera a los nuevos contextos y problemáticas que afectan a la infancia.

“El protocolo ha sido una guía fundamental para los equipos que intervienen ante sospechas de abuso, pero los tiempos cambian y es necesario repensar ciertas instancias para fortalecer su efectividad”, señaló Sack.

La semana pasada se dio inicio formal al proceso de actualización con un acto en el que participaron representantes de los tres poderes del Estado, entre ellos la vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados Gustavo Hein y el titular del Superior Tribunal de Justicia, Leonardo Portela.

Sack recordó que desde 2018 el Copnaf tiene a su cargo el rol de observatorio del protocolo, en virtud de la Ley N° 10.629, y que la última actualización se había realizado en 2019. En este nuevo trabajo, se buscará incluir aspectos vinculados a las violencias en entornos digitales, una problemática que afecta cada vez más a niños y adolescentes.

Uno de los ejes principales del protocolo es garantizar una intervención articulada entre organismos e instituciones, con mecanismos que permitan prevenir el delito y evitar la revictimización de quienes han sido vulnerados.

Este martes 1 de julio, desde las 11 de la mañana, tendrá lugar una reunión conjunta entre las comisiones de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, junto con la de Previsión y Seguridad Social. El eje central será el análisis de una propuesta de modificación del Código Procesal Laboral de la Provincia. En este contexto, expondrá María Marta Simón, presidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.

Por la tarde, a las 15, se reunirá la Comisión Conjunta de Obras Públicas y Planeamiento y de Energía en el Salón de los Pasos Perdidos. Más tarde, a las 15:30, será el turno de las comisiones de Comunicaciones y Transporte junto con Obras Públicas y Planeamiento, que debatirán iniciativas orientadas a establecer medidas de seguridad y protección en las paradas de transporte público ubicadas sobre rutas provinciales.

Estas reuniones forman parte del trabajo legislativo que se desarrolla en la antesala de las sesiones ordinarias, con una agenda que combina temáticas vinculadas al ámbito jurídico-laboral, la infraestructura y la seguridad vial.

Durante la novena sesión ordinaria del 146° periodo legislativo, la cual fue presidida por Gustavo Hein, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto de adhesión a la Ley Olimpia y creación de un programa de prevención de la violencia de género digital, así como a la autorización a las comunas para contratar empréstitos o crédito público. A su vez, se dio sanción definitiva a la creación del Colegio Público de Productores Asesores de Seguros. La Cámara repudió la agresión y amenaza sufrida por Fabián Rogel (Juntos por Entre Ríos) y se solidarizó con el legislador.

Los diputados aprobaron por unanimidad el dictamen de las comisiones Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de Educación, Ciencia y Tecnología sobre el proyecto de ley unificado de violencia de género digital, autoría de Juan Rossi (JxER), Silvia Moreno (Más para Entre Ríos) y Mariana Farfán (mandato cumplido). Mediante esta norma, la Provincia adhiere a lo dispuesto por la Ley Olimpia Nº 27.736, modificatoria de la Ley Nº  26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En paralelo, se crea el programa de prevención, sensibilización y concientización sobre esta problemática.  

La diputada Moreno, además de destacar el trabajo realizado en comisiones, explicó que la ley nacional fue “un paso fundamental para reconocer especialmente la violencia digital, porque las tecnologías han avanzado en múltiples aspectos y lamentablemente esta transformación ha dado lugar a nuevas formas de violencia hacia las mujeres y los integrantes del colectivo de la diversidad sexual”. Además, hizo referencia a la incorporación de un programa provincial, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano, que implementará capacitaciones y campañas de difusión que permitirán “abordar un amplio abanico de conductas, que van desde la difusión no consentida de imágenes íntimas a las prácticas extorsivas que se llevan adelante muchas veces en las redes sociales”.

Gabriela Lena (JxER) agregó: “Celebramos que estemos tratando esta ley, porque estamos convencidos de que tenemos que construir una sociedad más justa, más segura y más consciente de estas nuevas formas de violencia contra la mujer. La violencia digital también la sufren los hombres, pero las mujeres somos las más afectadas”. Luego citó estadísticas: “Una de cada tres mujeres en Argentina ha sufrido violencia digital, el 59% recibió mensajes misóginos y el 70% modificó su comportamiento en redes”. Y remarcó: “Estamos haciendo honor a la lucha de tantas mujeres en contra de la violencia”.

Comunas

Obtuvo media sanción por unanimidad el dictamen de la comisión de Asuntos Municipales y Comunales respecto del proyecto de ley de María Elena Romero (JxER), por el cual se agrega el inciso P al artículo 25 de la Ley de Comunas N° 10.644, con el fin de autorizar a estas localidades a acceder empréstitos o crédito público. “Estamos incorporando una herramienta legal que apunta al desarrollo estratégico y responsable de nuestras comunidades. No es sólo una ampliación de facultades, sino una clara expresión de confianza en la capacidad de planificación y gestión de los gobiernos comunales”, dijo Romero.

Más adelante, la legisladora subrayó que se busca fortalecer gradualmente la autonomía de las comunas, al tiempo que precisó que esta autorización es para créditos que tengan el objetivo de “invertir en obras de infraestructura o bienes de capital que mejoren la calidad de vida de los vecinos”, con “condiciones claras y transparentes, exigiendo mayorías calificadas para su aprobación y fijando límites estrictos que eviten el endeudamiento irresponsable o el uso de estos recursos para gastos corrientes”.

Seguros

Se trató sobre tablas y se sancionó por mayoría el proyecto de ley por el que se crea el Colegio Público de Productores Asesores de Seguros, enviado en revisión por el Senado. Marcelo López (JxER), al fundamentar la propuesta, recordó que “la Ley N° 22.400 crea el Régimen Nacional para el Ejercicio de la Actividad de Productores y Asesores de Seguros y fija como autoridad de aplicación la Superintendencia de Seguros de la Nación” y que la Constitución de Entre Ríos, en su artículo 77, establece que el Estado reconoce y garantiza la plena vigencia de los colegios y consejos profesionales y define sus facultades. Añadió que en la provincia no existe un colegio para este sector, aunque sí una asociación privada, y explicó cómo fue el tratamiento en la comisión de Legislación General, que él preside.

“Este proyecto va a dar tranquilidad a quienes tienen la necesidad de contratar un seguro en Entre Ríos y le otorga al Colegio el poder de contralor de la actividad y asesoramiento de sus matriculados”, sostuvo el presidente de la comisión de Legislación General.    

Solidaridad con Rogel

Durante el desarrollo de la sesión, se aprobaron proyectos de resolución y declaración. Entre estos últimos, se dio curso a un repudio a la agresión en su domicilio y amenaza de muerte sufrida el 12 de junio por el diputado Fabián Rogel. En ese sentido, Marcelo López, autor de la iniciativa, expresó sobre Rogel: “Sin perjuicio de que su voluntad y sus convicciones en nada se van a ver afectados por esta situación, corresponde que esta Cámara apruebe un proyecto de este tipo con la urgencia que el caso requiere”, al tiempo que se manifestó confiado en que las autoridades competentes esclarecerán el hecho y encontrarán y juzgarán a los responsables.  

Laura Stratta (Más para ER) adhirió al repudio, se solidarizó con Rogel, remarcó la necesidad del pronto esclarecimiento del hecho e instó a “no tener miedo a expresar las ideas y fortalecer la democracia”. Roque Fleitas (La Libertad Avanza) adhirió a las intervenciones de quienes lo precedieron en la palabra.

En un momento anterior de la sesión, Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) también repudió estos hechos. “La violencia en cualquiera de sus formas no tiene cabida en nuestra sociedad, no importa el contexto político o ideológico”, sostuvo. Gustavo Hein suscribió las palabras de Damasco.  

Homenajes

Gabriela Lena recordó al general Martín Miguel de Güemes, de quien se cumplió un aniversario de su fallecimiento el 17 de junio. Lénico Aranda (JxER) hizo mención a tres médicos del Departamento Diamante: Juan Antonio Colobig, Jorge Chémez y Domingo Liotta.

Fabián Rogel habló del Instituto Nacional Yrigoyeneano, recientemente disuelto, hecho que repudió a través de un proyecto de resolución. Liliana Salinas (PCP) hizo referencia al Día de la Bandera Nacional, que se conmemora este 20 de junio, y a Manuel Belgrano.  

Laura Stratta, además de adherir a los homenajes realizados por Lena, Aranda, Salinas y Rogel, hizo alusión al bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. Silvia Moreno se sumó a este recordatorio.

El presidente de la Cámara de Diputados,  Gustavo Hein, participó este jueves de una nueva edición del Foro Anual “Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable”, organizado por el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER).

El encuentro, que tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones, reúne año tras año a empresarios, referentes del ámbito público y privado, y representantes de los sectores económicos, productivos y de servicios de toda la región. A cargo de la apertura estuvieron el gobernador Rogelio Frigerio y el presidente del CEER, Ramiro Reiss.

“Lo mejor que podemos hacer desde el Estado es escuchar con atención al sector productivo y brindar acompañamiento, para que los empresarios sientan que el Estado no es una máquina de impedir”, afirmó Hein.

En esta edición, los ejes  de debate estuvieron enfocados en el desarrollo sostenible, el fortalecimiento institucional y los nuevos desafíos del mundo laboral, atravesado por la innovación y la tecnología. En este sentido, Hein sostuvo que “el sector empresario, vinculado con la producción, es el que realiza un aporte genuino en cuanto a fuentes de trabajo y es importante acompañar con acciones concretas como la reducción de impuestos y la eliminación de cargas innecesarias”.

“Como siempre lo señala el gobernador Frigerio, aquí nadie se salva solo. Hoy nos toca dirigir los destinos de la provincia en un contexto nacional caracterizado por una situación muy compleja que impacta fuertemente en las arcas financieras de todas las jurisdicciones y tenemos que tener en claro que los empresarios son generadores de trabajo y motores de la actividad económica, por lo que el rol del Estado debe ser siempre el de acompañar y promover los mejores escenarios de competitividad posibles”, continuó.

En el Foro, además, se abordaron las condiciones que son necesarias para el desarrollo de nuevas inversiones, ante lo cual el presidente de la Cámara aseguró que “la previsibilidad es fundamental, porque los empresarios apuestan siempre a futuro, proyectando los posibles resultados, y los gobiernos no pueden cambiarles las reglas cada cuatro años”. Y agregó: “El sector privado necesita políticos que entiendan lo que es la inversión, el riesgo en la producción, que sean empáticos y acompañen con medidas y herramientas adecuadas”.

Este miércoles se llevó adelante una jornada de trabajo del Observatorio de Salud Mental de Colón, durante la cual se conformó una mesa intersectorial. La apertura del encuentro estuvo a cargo del intendente José Luis Walser y el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein. También participó el presidente de la comisión de Salud de la Cámara baja, Silvio Gallay.  

“La idea es acompañar todas las acciones que se llevan adelante con el objetivo de reducir este flagelo que impacta de manera directa a Entre Ríos, donde lamentablemente somos parte de un ranking fatídico”, expresó Hein en referencia a la problemática del suicidio, para cuya prevención la Presidencia de la Cámara baja viene impulsando distintas iniciativas.

Además, el presidente señaló que esta línea de trabajo se desarrolla “por una orden directa del gobernador de generar acciones entre todos los ministerios y acompañar a los intendentes”, al tiempo que destacó que Colón es pionera en la provincia con la conformación de un Observatorio de Salud Mental y que es necesario que esto se replique en otras localidades.

Por su parte, Walser manifestó a Radio Diputados: “En la Municipalidad venimos trabajando con un abordaje integral desde la prevención y promoción. Los padecimientos de salud mental son uno de los grandes problemas en el mundo y los municipios, que son la caja de resonancia de todo lo que pasa, también tienen que trabajar en el tema, porque son nuestros vecinos los que están atravesando por distintas situaciones. Hay que generar vínculos entre los diversos actores”, comentó el intendente.

Asimismo, relató que desde la pandemia se han profundizado las consecuencias del modo de vida actual, que se manifiestan de múltiples maneras, una de las cuales son los consumos problemáticos. A esto agregó: “Permanentemente tenemos casos de suicidios, tanto en jóvenes como en personas mayores. Entonces, tenemos que hacer algo y lo que podemos hacer como municipio es ponernos a trabajar de manera coordinada. Por eso se creó, a través de una ordenanza, el Observatorio de Salud Mental y este miércoles dimos comienzo al trabajo de una mesa interdisciplinaria en esta temática”.

La jornada contó con la presencia de Juan Pablo Scarpinelli, médico psiquiatra y docente, quien ofreció una capacitación orientada a fortalecer herramientas de abordaje institucional. Participaron representantes del sistema de salud, fuerzas de seguridad, áreas de desarrollo humano, educación, justicia, organizaciones sociales y religiosas, entre otros actores vinculados a la temática.

La iniciativa llegó con media sanción del Senado, donde se introdujeron correcciones y agregados. No obstante, el proyecto mantuvo su núcleo estructural: un nuevo modelo de conducción y gestión que reemplaza al actual Directorio Obrero de siete agrupamientos por un órgano de cuatro miembros, dos de los cuales —presidencia y vicepresidencia— serán designados directamente por el gobernador de turno. Las otras dos vocalías estarán reservadas a representantes de trabajadores estatales y del sector docente.

La aprobación en Diputados se dio en un trámite exprés. El texto ingresó el lunes, fue tratado ese mismo día en comisión, dictaminado el martes e ingresado en la sesión ordinaria del miércoles. Este jueves fue aprobado en una sesión especial, marcada por la premura: el Ejecutivo buscaba contar con la nueva herramienta legal para concluir en breve con la intervención vigente en el Iosper y dar paso al nuevo esquema de cobertura.

El tratamiento acelerado del proyecto no pasó desapercibido para los gremios estatales, docentes, judiciales, empleados legislativos y trabajadores del propio Iosper, quienes —agrupados en una Intersindical— rechazaron públicamente la propuesta. También se sumaron organizaciones de jubilados y proveedores. Todos ellos expresaron su preocupación por lo que consideran un avance del Ejecutivo sobre la conducción de la obra social, que históricamente tuvo representación directa de los trabajadores.

Desde la Intersindical advirtieron que la ley sancionada cambia radicalmente el paradigma de participación y control en el sistema de salud de los trabajadores estatales. “La designación política del presidente y vicepresidente implica una pérdida de autonomía y una concentración de poder que atenta contra la transparencia y los principios democráticos en la gestión de los recursos de los afiliados”, señalaron en un comunicado conjunto. El único gremio que no adhirió al rechazo fue la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Con la sanción definitiva, el Ejecutivo cuenta ahora con la base legal para poner en marcha OSER, en reemplazo del histórico Iosper. La transición deberá concretarse en los próximos días, una vez finalizada formalmente la intervención actual.

La puesta en marcha de la nueva obra social abre interrogantes sobre su implementación práctica, el futuro laboral del personal del Iosper y el impacto en la atención de los más de 300 mil afiliados en toda la provincia. Mientras tanto, los sectores críticos ya anticipan que acudirán a la justicia en busca de frenar la aplicación de la norma, bajo el argumento de que vulnera derechos adquiridos y fue aprobada sin un debate democrático genuino.