Desde el 2019, se han entregado a través del Fondo Provincial de Seguridad (Foprose), aportes en más de 100 localidades de la provincia para fortalecer sus centrales de monitoreo y en algunas instancias, instalarlas desde cero, con la tecnología adecuada y con miras a conformar una red provincial. Actualmente hay más de 2.000 cámaras colocadas en todo el territorio entrerriano.En la mañana de este martes, la titular de la cartera de Gobierno y Justicia rubricó convenios con presidentes comunales de Colonia Avigdor, Puerto Algarrobo, Raíces, Lucas Norte, Aldea Santa María, Estación Camps y Aldea Asunción en el marco del Fondo Provincial de Seguridad para la puesta en funcionamiento y ampliaciones de Centros de Monitoreo.“Nuevamente celebrando la posibilidad de que siete localidades entrerrianas refuercen su sistema de videovigilancia. Es una política que desde el gobierno provincial venimos estimulando. Nosotros hace ya tres años iniciamos un proceso de diálogo con los intendentes, hacemos un acuerdo de esfuerzo compartido e instalamos cámaras siempre en sede policial. Así, ya llevamos en la provincia instaladas una cantidad importantísima de cámaras de videovigilancia”, sostuvo la ministra Rosario Romero durante el acto de firma de convenios en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno.En esta línea, agregó: “Todo esto es fortalecer el Sistema de Seguridad en la Provincia, porque la Policía es el directo colaborador de la Justicia en materia de prevención de delitos y, en materia de investigación, las cámaras de videovigilancia cumplen un rol fundamental”.

Finalmente, resaltó el avance que presenta la ampliación del 911 SIS en Paraná y subrayó: “Hasta el momento tenemos 300 cámaras instaladas y en un mes y medio vamos a tener 400 cámaras en la ciudad. Además, estamos muy próximos a inaugurar el 911 de Concordia porque ya se está terminando el edificio y esta semana inauguraremos una nueva dependencia policial en Nogoyá”.Los convenios firmados este martes suman un total de 9.930.000 pesos para la adquisición de elementos, materiales y equipamientos de videovigilancia. Estuvieron presentes la senadora Claudia Giego, los diputados Jorge Cáceres y Sergio Castrillón, las diputadas Stefanía Cora, Carina Ramos y Sara Foletto; el secretario de Asuntos Municipales, Daniel Kramer, el subsecretario de Comunas, Mariano Nuñez y el director de Juntas de Gobierno, José Bantar.La presidenta comunal de Aldea Santa María, Clelia Hergenreder, firmó convenio con el Ministerio para sumar dos nuevas cámaras a las tres que ya están funcionando en la localidad. “La idea es poder cerrar el circuito con estos equipos para que toda la comunidad esté resguardada. Estoy más que agradecida con la provincia que nos ha podido conceder estos aportes. Antes capaz se pensaba que en las localidades pequeñas no se podía hacer este tipo de inversión y nosotros estamos muy contentos de que hoy sí se haga”, manifestó.Por su parte, el presidente de la Comuna Estación Raíces, Juan Carlos Guardini, sostuvo: “Pudimos firmar hoy un pedido de cámaras para la comuna. Es un gran beneficio porque no tenemos en nuestro pueblo y le va a venir bien a la comisaría para monitorear el acceso a nuestra localidad. Es un gran logro y estamos muy agradecidos”.Sobre los aportes para seguridadEl Fondo Provincial de Seguridad (Foprose) está constituido por aportes del Instituto de Ayuda Financiera para la Acción Social (Iafas) que son asignados al Ministerio de Gobierno y Justicia para ser destinados a los gobiernos locales a fin de ser invertidos en equipamientos de seguridad y videovigilancia. Este año ya se han otorgado 50 nuevos aportes a municipios y comunas de los departamentos de Diamante, Uruguay, Victoria, Paraná, La Paz, Gualeguay, Gualeguaychú. Tala, Colón, Islas, San Salvador y Villaguay.

La Sala Tercera del tribunal, en un fallo unipersonal del juez Néstor Fasciolo, desestimó un planteo realizado por la diputada de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña, que había pedido la revisión de la sentencia.

El juez explicó en una resolución que un planteo similar ya había sido formulado, y rechazado, por otro grupo de legisladores de la misma fuerza política que Ocaña.

Además, el juez señaló que la decisión judicial que otorga los dos beneficios a la vicepresidenta está "firme" y, en consecuencia, no hay instancias de apelación abiertas.

Ocaña pretendía que la Cámara de la Seguridad Social declarara la nulidad de la decisión de la ANSeS de no apelar el fallo dictado a fines del año pasado por un magistrado de primera instancia que reconoció el derecho a una jubilación como ex presidenta y otra pensión como viuda de un ex jefe de Estado para Cristina Kirchner.

La Cámara recordó que el anterior planteo formulado por legisladores de Juntos por el Cambio fue declarado "inadmisible" y que nada ha modificado esa situación ante este nuevo intento de Ocaña.

Ante el desistimiento de la apelación por parte de la ANSeS, el fallo "quedó firme y consentido", por lo que pasó en autoridad de "cosa juzgada".

Según la sentencia, la ex presidenta tiene derecho a percibir su propia jubilación (en el marco del régimen especial que perciben todos los ex jefes de Estado) y la pensión por viudez de su marido, en el mismo contexto legal.

La situación es única, por cuanto nunca ocurrió en la historia argentina que una mujer percibiera su propia jubilación como ex jefa de Estado y, a su vez, la pensión por su marido fallecido, también ex presidente.

La percepción había sido suspendida durante el gobierno de Cambiemos, pero el fallo de la Justicia de la Seguridad Social lo restituyó, con carácter retroactivo al mes en que, por una decisión política, dejó de pagarse.

Como beneficiaria de ambos emolumentos previsionales, la vicepresidenta debió optar entre cobrar esos haberes o percibir su sueldo como número dos del Poder Ejecutivo nacional.

Cristina Kirchner optó, entonces, por no cobrar salario alguno como vicepresidenta.