Esta semana, se dio la media sanción al proyecto que había presentado el Ejecutivo en la Cámara de Senadores hace casi dos meses. "Veníamos trabajando esto de antes, porque sabíamos que era una de las problemáticas que se venía hablando, desde hace mucho tiempo. No lo sabíamos nosotros, sino toda la clase política, todos los técnicos que han pasado por la Caja de Jubilaciones sabían que la reforma era necesaria para darle sustentabilidad al sistema", explicó Otaegui. Según relató, ya en 2024 el Gobierno tomó algunas medidas para tratar de disminuir algunos puntos del déficit, que hoy representa un millón de dólares por día. "Tuvieron algún efecto, pero cuando se veía el crecimiento del déficit de la Caja a lo largo de los años, la verdad que se necesitaba" una reforma estructural, señaló. El trabajo se profundizó a fines de 2025: "Algunos de los colegas senadores venían hablando de algunos puntos junto con el presidente de la Caja, Gastón Bagnat.

El senador recordó, que el gobernador anunció la reforma en la apertura de sesiones de este año. "Fue un anuncio, que también hicieron muchos gobernadores anteriores que no lo cumplieron, a lo mejor porque siempre hubo una excusa: la pandemia, el año electoral, estamos muy cerca de las elecciones. Nunca se dio un debate como lo propuso este gobernador", afirmó. Y agregó: "Es un tema que si no querés pagar costo político, no lo tomas y listo, se lo patea para más adelante. Este gobernador tomó la decisión de decir: yo no solo estoy preocupado, sino que me voy a ocupar de esto, corriendo el costo político que tenga que correr". Según Otaegui, el mandatario podría haber postergado el debate hasta después de las elecciones de junio y julio, o incluso para un eventual segundo mandato sin reelección en juego: "Miles de situaciones podría haber tomado este gobernador para trasladar este problema para más adelante, como la política lo viene haciendo hace años".

Un déficit que crece año a año

Otaegui insistió en que el objetivo es darle sustentabilidad a la Caja, para poder seguir afrontando el pago de las jubilaciones actuales y futuras. Nunca estuvo en cuestión el 82% sobre el bruto del salario, lo más importante de nuestro sistema, y la verdad que es muy bueno para los trabajadores entrerrianos". La idea, explicó, es "darle sustentabilidad, una sustentabilidad que no viene a dar un déficit cero, sino uno razonable, para que la economía de la provincia pueda seguir arreglando escuelas, hospitales”. Con el 95% del presupuesto provincial destinado a pago de sueldos y funcionamiento, remarcó que no hay margen: "Hoy el déficit de la caja representa cerca del 10% del presupuesto provincial”. Recordó que la relación entre activos y jubilados era de 2,3 a 1 en 2020 y hoy es de 1,8 a 1: "En el 2030 ya estaríamos en 1,3. Eso tiene que ver con que el Estado ya no crece, mientras la cantidad de jubilados aumenta. Hoy tenés 66.000 jubilados y 120.000 personas activas". Según el senador, la baja de la natalidad y la modernización administrativa profundizarán esa tendencia: "El Estado se va a ir manteniendo, va a ir decreciendo el activo y va a seguir aumentando el pasivo". El legislador remarcó que otras provincias, gobernadas por distintos signos políticos, ya habían encarado reformas similares: "Cambió la edad Formosa, un peronismo bien tradicional. Lo cambió Córdoba, una reforma dura, hecha por el peronismo cordobés. Y lo cambió Pullaro, un gobierno radical con el socialismo. Hoy lo cambiamos nosotros. No es una locura, es algo que se tendría que haber hecho, hace muchos años. La política y los técnicos, decían que había que hacer una reforma".

Los cambios al proyecto original

Otaegui detalló que, tras escuchar a gremios y asociaciones en las entrevistas previas al debate, se modificaron varios puntos del proyecto que había enviado el Ejecutivo a fines de mayo. Uno de los puntos, fue la edad jubilatoria: "El proyecto original tenía 65 años para la mujer y para el varón, hoy quedó en 60 y 65. Escuchamos mucho eso y lo sentimos bien, porque la tarea de cuidado todavía la sigue realizando mayoritariamente la mujer. En el 80% de los casos son las mujeres las que cuidan a los chicos o a los adultos mayores. Todos los gremios nos decían que están por la paridad de género, pero en esto la sociedad todavía no avanzó lo suficiente". El cambio de edad, aclaró, será gradual: "Toda la edad se va a cambiar recién después de los primeros cinco años. De acá hasta 2031 no va a haber cambio de edad, se van a seguir jubilando igual que ahora, y después, por cada año calendario, seis meses más de edad. En 2031 se van a jubilar con 57 y medio las mujeres y 62 y medio los varones, y así sucesivamente". Los años de aporte necesarios seguirán el mismo esquema: pasarán de 30 a 35 años, también de manera progresiva, un año de edad, cada dos años calendario.

Otro punto que la Cámara modificó fue la edad de 68 años que el proyecto original preveía para quienes ingresaran a trabajar una vez sancionada la ley: "Escuchamos que no era alentador para que la gente quisiera entrar al Estado, si se encontraba con una jubilación a los 68 cuando en el privado son 65. Entonces dijimos: volvamos a 65, como todos los regímenes vigentes en las provincias y en la Nación". También se reformuló el aporte solidario que deben seguir pagando quienes se jubilan bajo regímenes especiales -docencia, enfermería, penitenciarías- hasta alcanzar la edad ordinaria. "En el proyecto original era del 19% hasta llegar a la edad de la jubilación ordinaria común. Eso quedo escalonado: hoy se divide en cuatro tramos. Si alguien se jubila a los 52 y tiene que llegar a los 60, esos ocho años se dividen en cuatros tramos: dos años se aporta el 19%, dos el 17%, dos el 12% y dos el 6%". Además, ese aporte recién regirá para quienes se jubilen desde el 1° de enero de 2028: "Los que estén para jubilarse este año y el próximo no lo van a tener que hacer".

Otra modificación que plantearon varios senadores fue garantizar previsibilidad a quienes ya iniciaron su trámite jubilatorio o continúan trabajando pese a tener la jubilación otorgada. "Pedimos que quienes ya estén jubilados y hagan su cese dentro de los 60 días, y que quien tiene una jubilación en trámite siga con el sistema anterior. No se le puede cambiar la previsibilidad a alguien que empezó un trámite hace dos meses, sabiendo que tardan siete u ocho meses", explicó.

El capítulo de emergencia

La ley, señaló Otaegui, se divide en un capítulo de emergencia y otro de reformas estructurales. Sobre el primero, detalló que el Ejecutivo podrá prorrogar por dos años más una emergencia vigente, durante la cual se aplica un aporte extra a los sueldos de los activos superiores a tres millones de pesos: "Había una escala progresiva que llegaba hasta el 8%; hoy quedó estipulado en un 3% para todo aquel que cobra por encima de los tres millones de pesos". En ese capítulo también se eliminaron los topes a los montos de las jubilaciones y se modificó el aporte extraordinario de municipios, que aportan a la Caja, que era del 3% para todos. Hoy los que tienen superávit van a aportar 1,5%, y los que tienen déficit, 3%, porque muchas cajas municipales tienen un déficit importante que hoy cubre la provincia". También se estableció que, a diferencia del proyecto original -que permitía al ejecutivo, prorrogar la emergencia con solo informar al Poder Legislativo-, ahora se requerirá una nueva ley después de los dos años de prórroga para establecer una nueva emergencia.

Movilidad y escalafón docente                                                                                                   

Otros de los cambios propuestos fue el de la movilidad de los haberes. El proyecto original la ataba a la paritaria del escalafón general del Estado. La media sanción la vinculó al escalafón docente: "Es el escalafón más numeroso, el que tiene más cantidad de aportantes. Nos pareció más justo que el aumento de las jubilaciones vaya relacionado con esa paritaria, la movilidad del 82%". Otaegui explicó que el cambio busca evitar distorsiones que se daban con aumentos otorgados en algunos entes autárquicos o municipios muy por encima de los del Estado provincial, que luego debían trasladarse a los jubilados de esos escalafones: "Si un intendente daba un aumento del 30% y la provincia del 15%, eso terminaba pagándolo toda la Caja, con el déficit de todos".

Armonización con nación y reclamo judicial

El senador vinculó la reforma con el reclamo que la provincia mantiene contra la Nación por los fondos que, según entiende, adeuda ANSES a raíz del traspaso histórico de la Caja. "Estas medidas van a permitir armonizar más con ANSES a nivel nacional. Cuando haces una auditoría, como las que se empezaron a hacer a partir del 2024 no había desde el 2017, decís: la Nación me debe esa plata, porque cuando la provincia decidió quedarse con la caja, dijo que iba a cubrir un porcentaje del déficit armonizado con su régimen. Cuanto más armónico, mayores será los porcentajes a exigir. La auditoría avanzó hasta 2019 y continúa, mientras el reclamo también está en la Justicia: "El gobernador está decidido a acompañar esa medida legal para que, si no hay acuerdo político, se entienda que lo que dice la auditoría es lo que se tiene que pagar. Este reclamo está en la Corte Suprema.

Una ley de 1993 que también fue resistida

Consultado sobre el contexto histórico, Otaegui recordó que la ley vigente hasta ahora, la 8732, se promulgó en 1993: "Más de 30 años que tenemos la misma ley y nunca se decidió hacer las reformas necesarias. Si se hubiese hecho antes, esta reforma podría haber sido mucho más gradual que la de hoy". Señaló que aquella norma también fue resistida por los mismos sectores que hoy la defienden: "Los gremios que tenían reparos en el momento de la promulgación de la ley actual (8732), porque subió dos años la edad y cambió la forma de calcular el haber inicial, paso de tomar los últimos 5 años a 10. Hace más de 30 años hubo legisladores que tuvieron que votar una reforma muy conflictiva, y hoy es una ley que los mismos sectores que en su momento la combatían, hoy la defienden".

Por último, se refirió al cálculo del haber inicial, otro de los puntos modificados respecto del proyecto original, en la actualidad se calcula tomando los últimos 10 años. El proyecto proponía 20 y se modificó a 15 años un intermedio entre lo que se planteó y lo que había.

El expediente será tratado desde las 12 horas en el ámbito de la Comisión de Legislación General, donde los legisladores retomarán el análisis de distintos aspectos de la propuesta que busca derogar la Ley N.º 4.506 y sus modificatorias, vigente desde 1964.

La normativa cuestionada creó hace más de seis décadas un régimen de pensiones vitalicias destinado a quienes ejercieron los cargos de gobernador y vicegobernador de Entre Ríos, otorgándoles una prestación especial una vez concluido su mandato.

Durante la última reunión de comisión, uno de los puntos centrales de discusión fue el artículo 5°, que establece la pérdida del beneficio en caso de condenas penales.

En ese marco, la senadora justicialista Nancy Miranda informó que su bloque presentó una propuesta de modificación con el objetivo de resguardar los derechos adquiridos de quienes actualmente perciben la prestación. La iniciativa plantea que la caducidad del beneficio solo pueda aplicarse cuando exista una sentencia condenatoria firme, confirmada en segunda instancia.

El planteo busca introducir garantías jurídicas para evitar controversias respecto de beneficiarios actuales, en caso de que la ley avance y sea finalmente aprobada.

La propuesta forma parte de una serie de medidas orientadas a revisar beneficios especiales dentro de la administración pública provincial. Desde el Gobierno entrerriano sostienen que la eliminación de estas pensiones apunta a generar mayor equidad en el sistema previsional y a adecuar la normativa a los actuales criterios de austeridad y transparencia en el uso de los recursos públicos.

De aprobarse la iniciativa, Entre Ríos dejaría sin efecto un régimen que se mantiene vigente desde hace más de 60 años y que ha sido objeto de debate en distintas oportunidades por parte de sectores políticos y de la opinión pública.

La discusión continuará este martes en comisión, instancia clave para definir el futuro de una norma que podría marcar un cambio significativo en el esquema de beneficios otorgados a exmandatarios provinciales.

EDP: Unas palabras sobre la nueva bandera de Aldea Asunción.

Otaegui: Estas son las cosas que a uno lo ponen muy contento: poder estar acompañando a todo el sector de las Comunas y de las Juntas de Gobierno. Justamente hoy, en el Día de la Bandera, se presenta el emblema que va a representar e identificar de ahora en más a la Comuna de Aldea Asunción. A mí siempre me gusta estar presente y apoyar lo que se hace en cada localidad. En este caso, el presidente comunal, Mauricio Frare, junto a todo su equipo, ha tenido una idea excelente y creo que toda la comunidad va a estar muy feliz de tener su propia bandera.

EDP: ¿Cómo evalúa la situación actual de las comunas y juntas de gobierno del departamento?

Otaegui: Creo que están muy bien, fundamentalmente por el enorme esfuerzo que están haciendo. Todos los dirigentes que están a cargo —tanto los presidentes comunales como los de las juntas de gobierno— están a la altura de las circunstancias. Nos toca atravesar una coyuntura difícil, donde los recursos son pocos. Es muy importante que se visibilice todo lo que se está haciendo. En cada lugar se nota cómo se optimizan los recursos disponibles, que no siempre son los que uno quisiera, y se vuelcan en beneficio de los vecinos. Aquí mismo, en Aldea Asunción, acabamos de ver que la Comuna adquirió un tractor nuevo. En el Sexto Distrito, que son dos comunas que ya venían con rodaje, se viene trabajando muy bien en el mantenimiento de caminos, el acompañamiento a las escuelas y la infraestructura interna. Lo propio ocurre en las dos comunas nuevas, algo que logramos sancionar hace poco por ley: Estación Lazo y el Quinto Distrito. En el caso de Lazo, ya contaban con la infraestructura de la junta y su propio edificio; y en el Quinto Distrito logramos que una escuela que iba a ser demolida porque se construyó un edificio nuevo, quede ahora como sede de la Comuna. Son acciones que, acompañadas por el gobierno provincial, buscan que la gente del interior profundo del departamento sienta que tiene un pedacito del Estado cada vez más cerca.

EDP: ¿Se busca incentivar el arraigo y evitar el éxodo rural en el Departamento Gualeguay?

Otaegui: Sí, por supuesto, y además es lo que manda la Constitución Provincial, que reconoce como organizaciones sociales básicas a las comunas y a los municipios. El formato de junta de gobierno es un esquema que ha quedado relegado y que viene transformándose desde gestiones anteriores. Con la última ley aprobada, pasamos entre 20 y 25 juntas a la categoría de comunas en toda la provincia.Dar este paso es clave porque les otorga autonomía. Una junta de gobierno no la tiene; depende administrativamente de la provincia. En cambio, la Comuna —al igual que un municipio— tiene autonomía para decidir su rumbo, gestionar su administración con mucha mayor agilidad y, fundamentalmente, recibir una mayor cantidad de recursos económicos.Ojalá que en este año y medio de gestión que nos queda podamos terminar de regularizar el mapa del departamento. En algunos lugares de la provincia se ha optado por unificar dos juntas cercanas para formar una sola comuna con más espaldas. Ese camino podríamos proyectarlo aquí para el Séptimo y el Octavo Distrito; ambos presidentes trabajan muy bien y en conjunto, y la unión significaría más recursos para toda esa zona. También nos quedaría evaluar la incorporación del Cuarto Distrito bajo algún esquema similar para que todo el territorio departamental quede cubierto por comunas autogestivas.

EDP: ¿Cómo observa la situación general y las principales demandas de la región?

Otaegui: El escenario es difícil. Hoy se está haciendo un gran esfuerzo por solucionar el estado de los caminos. Gracias al trabajo de los presidentes comunales se ven mejoras en varios sectores viales del departamento, pero sabemos que con la estructura actual de Vialidad Provincial no alcanza.Nuestra urgencia y ocupación actual está en que este año se concreten obras de infraestructura claves. Estamos gestionando en conjunto con los presidentes de juntas y comunas para que este mismo año salgan las licitaciones de las calzadas sumergibles: la del Arroyo Cantoni, la del Arroyo Vizcacha, en La Invernada para el Octavo Distrito.

EDP: ¿Qué alternativas legislativas o administrativas están impulsando para agilizar estas obras?

Otaegui: El gobernador tiene la firme idea de descentralizar a través de dos herramientas ágiles: los convenios directos de Vialidad con las comunas y la creación de consorcios camineros. Respecto a esto último, estimo que en los próximos 15 o 20 días estaremos aprobando la Ley de Consorcios en la Cámara de Senadores.Hacer una licitación o pedir un presupuesto tradicional en Vialidad puede demorar muchísimos meses. En cambio, si firmamos convenios directos, las comunas —que tienen la autonomía que mencionábamos antes— ejecutan con mayor rapidez. Esto nos urge aún más ante los pronósticos meteorológicos que anuncian la llegada del fenómeno de "El Niño". Con la infraestructura vial que hoy tiene el departamento, el panorama ante intensas lluvias puede ser muy complejo. Si bien está previsto que llegue una motoniveladora nueva y algunas herramientas más para la zonal de Vialidad, los recursos materiales siguen siendo insuficientes.  Por eso me estoy ocupando personalmente de acelerar los convenios y la ley, para permitir que los productores y las autoridades comunales, mediante fondos provinciales, conformen estos consorcios y atiendan los caminos vecinales con la agilidad que la producción y los vecinos necesitan.

La Cámara de Senadores de Entre Ríos retomará esta semana el tratamiento de un proyecto de ley que busca eliminar las jubilaciones de privilegio en la provincia. La iniciativa, que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados hace dos años, no había avanzado hasta ahora en la Cámara alta.

El martes, desde las 11 horas, la Comisión de Legislación General se reunirá para abordar el proyecto del Poder Ejecutivo que deroga la Ley 4.506 y sus modificatorias, sobre el régimen de pensiones especiales o graciables otorgadas por la provincia. La media sanción en Diputados se logró por unanimidad en general y por mayoría en la votación en particular, en abril de 2024.

Qué propone el proyecto

La iniciativa apunta a prohibir que funcionarios o empleados públicos provinciales, municipales o comunales sean beneficiarios de esas pensiones una vez finalizada la función. Se exceptúan únicamente las pensiones contempladas en la Ley de Mérito Cultural y en la Ley de Héroes Entrerrianos Veteranos de Malvinas.

El proyecto también prevé regular incompatibilidades, entre las que se incluyen la percepción actual o futura de beneficios previsionales o asistenciales de cualquier régimen vigente, y la percepción de retribuciones, honorarios, sueldos o dietas provenientes de cualquier tipo de relación laboral o contractual con el Estado nacional, provincial o municipal.

Además, detalla los motivos de caducidad para quienes ya perciben estos beneficios, entre los que se incluye la condena penal por alguno de los ocho tipos de delitos que menciona el proyecto.

Dos años de demora

Desde la oposición cuestionaron la tardanza en el tratamiento. "En abril de 2024, por iniciativa del propio Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto. El proyecto pasó al Senado y allí está paralizado desde hace dos años, sin tratamiento para eliminar un beneficio especial que el oficialismo había exhibido como emblema de austeridad", señalaron desde la UCR Activa.

La iniciativa fue respaldada por los 20 senadores de La Libertad Avanza, 10 de la Unión Cívica Radical, 3 del PRO y legisladores de bloques provinciales como Frente de la Concordia Social, Provincias Unidas, Frente Cívico, Independencia, Despierta Chubut, La Neuquinidad y Primero los Salteños.

En contra votó el interbloque peronista —integrado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero— junto con dos senadores de Santa Cruz.

En la votación en particular de algunos artículos, el oficialismo obtuvo 40 votos, dos menos que en la aprobación general.

El proyecto de “modernización laboral” introduce modificaciones estructurales en el régimen de trabajo vigente. Entre los puntos más relevantes se destacan:

Además, se incorporó como anexo el traspaso de la Justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se dispuso mantener hasta 2028 su esquema actual de financiamiento, tras lo cual dependerá de partidas asignadas en el Presupuesto Nacional.

Desde el oficialismo, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que la normativa vigente responde a un esquema “obsoleto” que desalienta la contratación y afirmó que la reforma apunta a dinamizar el sector privado.

El senador libertario Juan Cruz Godoy señaló que el proyecto busca reducir el temor empresarial ante eventuales litigios laborales.

Por la oposición, el presidente del interbloque peronista, José Mayans, calificó la iniciativa como “inconstitucional” y advirtió que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales. Mariano Recalde, en tanto, afirmó que la reforma no generará empleo y que implica un retroceso en derechos laborales.

Desde el radicalismo, Carolina Losada defendió el proyecto al considerar que promoverá inversión, ampliará el empleo formal y fortalecerá el sistema previsional.

Con la media sanción obtenida en el Senado, el debate se traslada ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá consolidar apoyos para alcanzar la aprobación definitiva.

La discusión anticipa un nuevo capítulo de fuerte confrontación política en torno al modelo laboral, el alcance de los derechos de los trabajadores y el rol del Estado en la regulación del empleo.

Según la información difundida por el propio Senado y analizada por distintos medios nacionales, actualmente los legisladores cuentan con 894 asesores y secretarios, una cifra sensiblemente inferior a la registrada en junio del año pasado, cuando la conformación anterior del cuerpo sumaba 1.187 empleados. Esto representa una reducción de 293 cargos, aunque la distribución continúa siendo marcadamente desigual.

En ese contexto, los senadores nacionales que representan a Entre Ríos se encuentran entre los que menos asesores tienen designados. De acuerdo a los registros oficiales de la Cámara de Senadores:

Estos números ubican a los representantes entrerrianos dentro del grupo de legisladores con estructuras más reducidas.

El reglamento del Senado establece que cada senador dispone de 7.338 módulos mensuales para la designación de personal transitorio. Con el valor actual del módulo fijado en $2.554,80, el gasto máximo autorizado por despacho ronda los $18,7 millones mensuales.

En función de esa disponibilidad, los senadores se agrupan en distintos niveles:

En el extremo superior de la nómina se ubica José Mayans, presidente del bloque Justicialista, con 31 empleados, seguido por Carolina Moisés y Jesús Fernando Rejal, ambos con 27, y Mariano Recalde, con 26. Luego aparecen Sandra Mendoza (25), María Florencia López y María Celeste Giménez Navarro (23), Daniel Bensusán y Beatriz Ávila (22), y Daniel Kroneberger (21).

El reglamento del Senado no prohíbe la designación de familiares, un vacío normativo que atraviesa a todos los bloques políticos. De acuerdo con la información disponible, registran designaciones de familiares en sus despachos los senadores José Mayans, Sandra Mendoza, Daniel Bensusán, Vilma Bedia, Juan Carlos Pagotto y Jorge Capitanich.

El caso que generó mayor impacto político fue el de Vilma Bedia, de La Libertad Avanza, que motivó una intervención directa del presidente Javier Milei para reducir esas designaciones. Finalmente, la senadora declinó las contrataciones de dos de sus tres familiares.

Más allá de los despachos individuales, el Senado cuenta actualmente con 3.980 empleados, lo que representa un 23% menos que en 2022. La reducción se aceleró en el último año: solo entre 2025 y 2026 la caída fue del 13%, la más pronunciada del último lustro.

La nómina vigente se compone de 2.205 empleados permanentes, 1.402 transitorios y 373 contratados.

Nota elaborada por El Debate Pregón.

La sesión, presidida por la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, estuvo atravesada por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, especialmente desde el bloque justicialista, que cuestionó varios artículos incorporados por La Libertad Avanza (LLA). Finalmente, el proyecto fue aprobado con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, sin ausencias.

De este modo, el presidente Javier Milei contará por primera vez en dos años de gestión con la denominada “ley de leyes”, que fija las partidas y lineamientos económicos que el Poder Ejecutivo podrá ejecutar durante el próximo año fiscal.

La senadora gualeya Romina Almeida (La Libertad Avanza) integró el grupo de legisladores que respaldaron el Presupuesto 2026, alineándose con el oficialismo y con sectores aliados que facilitaron la sanción de la norma. Su voto se sumó al de otros senadores de LLA, bloques provinciales, radicales y monobloques dialoguistas.

Desde el Gobierno nacional celebraron la aprobación y señalaron que permitirá avanzar con el denominado “Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos”, destacando el rol de los legisladores que acompañaron la propuesta.

El resultado reflejó una marcada división en la Cámara Alta. Mientras el oficialismo y sus aliados lograron imponerse, la mayoría del bloque justicialista votó en contra, junto a algunos espacios provinciales.

La única abstención correspondió a la senadora Alejandra María Vigo (Provincias Unidas).

En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, se destacó el trabajo político realizado durante el tratamiento del proyecto:

“Dos inconmensurables logros que fueron posibles gracias al incansable trabajo de la Jefa de Bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, y a aquellos legisladores que acompañaron con su voto el plan económico que está sacando la Argentina adelante”.

Emergencia pediátricaEl proyecto establece la asignación prioritaria de recursos para insumos, infraestructura, personal médico y equipamiento indispensables para la atención pediátrica. También incluye cláusulas de recomposición salarial para quienes trabajan en salud infantil y la eximición del pago del impuesto a las ganancias sobre horas extras y guardias en casos críticos. El Hospital Garrahan es mencionado como hospital de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad. El impacto fiscal previsto entre julio y diciembre rondaría los $ 65.573 millones, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Universidades públicasEl texto vetado obliga a que el Ejecutivo actualice el presupuesto universitario en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del período 1 de mayo al 31 de diciembre de 2024, aplicable desde el 1 de enero de 2025. También plantea que los aumentos salariales para docentes y personal no docente deban tener carácter remunerativo y bonificable, y que la negociación paritaria ocurra cada tres meses como máximo. 

Para que los vetos sean rechazados sobre tablas, se requerirán los votos de dos tercios del Senado. Esto no se considera un problema para quienes buscan la reactivación de ambas leyes, dado que en la votación original del 21 de agosto pasado el proyecto pediátrico obtuvo 62 adhesiones y el universitario, 58, sobre un total de 72 senadores. En esa ocasión, los rechazos provinieron de ciertos sectores libertarios y del oficialismo. En el caso universitario, también hubo abstenciones de legisladores que luego pidieron más tiempo para analizar.

En el caso de los senadores entrerrianos, Stefanía Cora (Frente de Todos) y Stella Maris Olalla (UCR) respaldaron la iniciativa, mientras que Alfredo Luis De Angeli (PRO) optó por abstenerse.

Al explicar su decisión, De Angeli sostuvo que cuando el gobernador Rogelio Frigerio asumió en 2023 encontró una provincia “quebrada” y que actualmente mantiene un diálogo con la Nación para gestionar fondos. Por ello, el ruralista decidió abstenerse para no afectar ese vínculo.

La votación de hoy representa una nueva derrota legislativa para el Gobierno, que había enfrentado el miércoles anterior el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos de la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica, conocida como Ley Garrahan.

El miércoles 18 de junio, desde las 20, el Comité de la UCR Gualeguay fue sede de una charla abierta titulada “Reformas, perspectivas económicas y desafíos legislativos”. La actividad fue encabezada por el senador departamental Casiano Otaegui, quien ofició de anfitrión, junto a los senadores Rubén Dal Molín, de Federación, y Hernán Méndez, de Islas del Ibicuy. A continuación, reproducimos el diálogo con los tres legisladores provinciales.

EDP: Casiano, como anfitrión, ¿podrías presentar esta actividad?: Sí, la verdad que sí. Era algo que queríamos iniciar ya a fines del año pasado, después del primer año de actividad legislativa. Queríamos salir al territorio los ocho senadores de Juntos por Entre Ríos, y hoy comenzamos con esta primera jornada, en la que nos acompañan Rubén Dal Molín, de Federación, y Hernán Méndez, del departamento Islas.

La idea es que cada uno de los senadores y sus equipos recorramos distintas ciudades, hablemos de nuestra actividad legislativa, cómo vemos la provincia, cómo funciona el gobierno. Contar los inconvenientes que se encontró el gobierno al inicio y los que tiene actualmente. Estar en contacto.

Cuando uno está solamente legislando y no tiene ese contacto directo, se da cuenta de que es necesario. En nuestros pueblos estamos todos los días con la gente. Dijimos: “Empecemos con este ejercicio”. Creo que va a dar buen fruto.

Tenemos un buen marco y el acompañamiento de senadores como Rubén, que está en su segundo mandato y tiene una experiencia muy importante, especialmente en comisiones de presupuesto. Con Hernán también compartimos varias comisiones: salud, deporte, y comisiones conjuntas. Hoy abordamos el tema económico, pero la idea es también hablar de nuestro trabajo legislativo. 

EDP: Dal Molín, ¿cómo es la situación presupuestaria en la provincia? ¿Qué encontraron con el nuevo gobierno de Frigerio?

(Dal Molín): Esa es una parte importante de la charla. Agradezco la hospitalidad de la gente de Gualeguay. Como dijo Casiano, esta es la segunda vez que me toca venir, y he tenido excelentes colegas de acá: Morchio antes, que fue presidente del bloque durante cuatro años, y ahora Casiano, con quien compartimos muchas experiencias.

Venimos a contar una realidad. Estamos atravesando momentos muy difíciles. Hay un nuevo modelo a nivel nacional. No voy a hacer juicio de valor, pero este modelo ha establecido un fuerte recorte de los recursos nacionales hacia las provincias. Lo dicen los gobernadores, lo indica la realidad. Esto obliga a repensar la provincia y también a repensar los municipios.

Cuando se recortan recursos en 2024, las consecuencias se van a sentir más adelante, y ya estamos empezando a notarlas.

Este tipo de charlas nos enriquece: yo puedo hablar de la cadena de valor del citrus en Federación, él (por Casiano) de la ganadería, y Hernán de la pesca y la extracción de minerales en su departamento. Venimos a contar qué recibimos, cómo vemos la provincia. Una deuda pesada, una provincia devastada en muchos aspectos, y una administración muy burocrática y recargada de empleados. Eso tiene consecuencias.

EDP: Senador Méndez,¿cómo está la situación del IOSPER y la salud pública en general?

(Méndez): Primero quiero agradecer a Casiano por la invitación y a la gente de Gualeguay por la calidez. Es una ciudad por la que paso muy seguido rumbo a Paraná y tengo muchos conocidos acá. Esta invitación la valoro mucho. En la política  compartir con colegas con experiencia me enriquece mucho.

Soy presidente de la Comisión de Salud, y también integro otras. El tema salud es complejo. Cada departamento tiene su particularidad, pero el sur de la provincia es el más perjudicado por la falta de profesionales. Estamos en el límite con provincias donde los sueldos son el doble y hay mucho más trabajo en salud. Eso no pasa en nuestro sur.

Se está trabajando con el Ministerio para no depender tanto de ciudades como Gualeguay o Gualeguaychú, que gracias a Dios tenemos cerca. Pero queremos fortalecer la estructura local de salud. La provincia no está en buen momento económico. La herencia no fue favorable, y eso complica todo.

Se trabaja con mucho diálogo, con mucho recorrido territorial, viendo las problemáticas específicas de cada lugar. Sabemos que la salud no es un tema menor.

EDP: Casiano, ¿esta actividad también apunta a fortalecer el radicalismo?

(Otaegui): Sí, lo hablamos mucho entre los seis integrantes de nuestro bloque. Coincidimos en que hay que salir a buscar radicales que hoy están afiliados o que comparten nuestros valores, pero que no están activos.

No solo para ocupar los cargos actuales, sino también para que a futuro haya funcionarios preparados para el Ejecutivo. Necesitamos gente formada en salud, en producción, en cada área. Transformar la provincia va a llevar muchos años. El gobierno de Frigerio está haciendo un gran esfuerzo para ordenarla, pero va a llevar tiempo.

Nosotros, con Rubén, ya tenemos una edad en la que dentro de diez años no vamos a estar ocupando funciones ejecutivas. Por eso es importante movilizar a las nuevas generaciones. Queremos que la gente se acerque al partido, se forme, se comprometa. Solo con compromiso ciudadano se puede revertir lo que pasó en los últimos 20 años.

EDP: En este escenario político tan volátil, ¿cómo ven el panorama electoral?

(Dal Molín): La Argentina es un país muy volátil. Lo que hoy ocurre, en dos meses puede ser completamente distinto. Eso afecta desde lo social hasta lo económico. Hoy, la arena política se concentra en Capital Federal y Buenos Aires, que entre ambas tienen casi el 45% de la población. Allí se están negociando cosas importantes, y eso marcará lo que pase en el resto del país.

Nosotros, en Entre Ríos, estamos muy lejos de eso.

Nos eliminaron las PASO, lo que cambia totalmente la dinámica interna de los partidos. El peronismo está enfrentando sus dificultades y nosotros también estamos en un proceso de reorganización interna. Espero que todo se dé con el mayor respeto posible hacia los adversarios.

EDP: Para cerrar, ¿cómo ven el futuro de la provincia?

(Méndez): A pesar de todo, soy optimista. El ordenamiento que se está haciendo en los números y en la estructura de los ministerios es positivo. Estar en la función pública a veces no permite ver cosas alentadoras, pero creo que vamos hacia un futuro con mucho trabajo.

Estamos en permanente contacto con el Ejecutivo, y trabajamos para que ese cambio llegue lo más rápido posible. Sabemos que la gente no la está pasando bien, pero, como dijo Casiano, con tiempo y trabajo vamos a salir adelante.

Y lo más importante: que cada uno de nosotros demuestre ese compromiso día a día. 

El último ajuste fue firmado recientemente, con el aval del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Se trata de una actualización del 1,3% correspondiente a marzo, que se aplicará también de manera idéntica en abril y mayo, todos con carácter retroactivo.

Este esquema establece que los senadores cobran según el valor de 2.500 módulos, los mismos que utilizan los trabajadores legislativos. A esto se le suma un plus de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 por desarraigo. Con el valor actual de cada módulo estimado en $2.376,04, la dieta mensual supera los $9,5 millones brutos, monto que será efectivo desde julio.

La clave de estos aumentos radica en el sistema que se votó hace poco más de un año y que fue aprobado por consenso entre todas las fuerzas políticas, sin discusión abierta ni cobertura mediática previa. Esta fórmula permite que los legisladores actualicen sus sueldos sin necesidad de tratar el tema en el recinto ni asumir el costo político.

Mientras tanto, el contraste con el contexto general no pasa desapercibido. En medio de un ajuste que golpea con fuerza al bolsillo del trabajador promedio y con recortes en múltiples áreas del Estado, la suba millonaria de las dietas legislativas vuelve a encender la polémica.

Desde distintos sectores, ya se alzaron voces críticas que cuestionan la falta de transparencia y sensibilidad de una clase política que se blinda con aumentos automáticos, al margen de la crisis que enfrenta gran parte de la ciudadanía.

En una jornada legislativa marcada por tensos debates y discursos cruzados, el Senado rechazó este miércoles el proyecto de ley conocido como Ficha Limpia, una iniciativa que proponía impedir que personas con condenas en segunda instancia pudieran presentarse como candidatas a cargos electivos nacionales.

Tras más de diez horas de sesión y con 36 votos afirmativos frente a 35 negativos, el proyecto no alcanzó el mínimo necesario de 37 votos para su aprobación. El resultado fue interpretado como un triunfo para el kirchnerismo, ya que de haberse aprobado, la normativa habría dejado fuera de la contienda electoral a la actual senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien posee una condena no firme por causas de corrupción.

La votación estuvo marcada por la sorpresiva decisión de los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, ambos del Frente de la Concordia, quienes se alinearon con el interbloque kirchnerista y terminaron inclinando la balanza. Ambos legisladores evitaron hacer declaraciones a la prensa, manteniéndose fieles a un perfil bajo que ya habían mostrado en votaciones anteriores.

Cabe destacar que el Frente de la Concordia, conducido por el ex gobernador misionero Carlos Rovira, ya había bloqueado un proyecto similar en su provincia en 2020. En esa ocasión, la iniciativa había sido impulsada por la legisladora radical Anita Minder.

El rechazo del proyecto generó sorpresa y descontento en distintos sectores del oficialismo dialoguista, donde se esperaba que la propuesta contara con los votos suficientes para avanzar. Uno de los gestos más ilustrativos del desconcierto fue la expresión de la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, al conocerse el resultado.

El proyecto Ficha Limpia había cobrado relevancia en los primeros meses del año, cuando comenzó el conteo informal de votos y se especulaba con la postura de los senadores indecisos. No obstante, la atención mediática fue capturada en los últimos días por las disputas internas entre el Gobierno y el PRO, y por las posiciones cambiantes de legisladores como Natalia Gadano y José María Carambia.

Con el rechazo parlamentario, la iniciativa no podrá volver a tratarse hasta el 1 de marzo de 2026. De esta manera, en un año marcadamente electoral como 2025, la legislación quedará archivada, y Cristina Kirchner mantiene habilitada su posibilidad de competir en los próximos comicios nacionales.

La jubilación mínima establecida para mayo será de $296.481,74, según la resolución 211/2025 publicada en el Boletín Oficial. Con el bono de $70.000 dispuesto por el Gobierno, el haber se eleva a $366.481,74. En ese contexto, la dieta senatorial representa una distancia cada vez más amplia respecto de los ingresos de los jubilados.

Este incremento se produce luego de que no se prorrogara el congelamiento de dietas impuesto en agosto de 2024 mediante el decreto 27/24. En esa oportunidad, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, había extendido el congelamiento tras un acuerdo con el bloque oficialista de La Libertad Avanza y espacios aliados como el Frente Renovador de la Concordia, PRO, UCR y Las Provincias Unidas.

Aunque Villarruel intentó reabrir el debate en diciembre pasado durante la sesión en la que se votó la expulsión del senador Edgardo Kueider, no logró consenso entre los jefes de bloque para discutir el tema en el recinto. El tratamiento del aumento quedó así en suspenso, hasta que finalmente venció el plazo para definirlo, en la tercera semana de abril, sin que los senadores se pronunciaran.

Durante la sesión de abril, marcada por un clima de incomodidad y falta de debate público, los legisladores aprobaron un nuevo esquema de módulos salariales y sumaron una “dieta número 13”, una suerte de aguinaldo adicional que replicaría el esquema del sector privado.

La decisión generó malestar en diversos sectores, especialmente entre jubilados y trabajadores estatales, cuyos ingresos han quedado muy por debajo del aumento que recibirán los miembros de la Cámara Alta.

La medida refleja el compromiso del Poder Ejecutivo con los principios constitucionales, tanto provinciales como nacionales, y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El gobierno explicó que la nueva propuesta se basará en un análisis integral del sistema actual, teniendo en cuenta no solo fundamentos teóricos, sino también las experiencias recogidas durante su aplicación práctica.

Entre los ejes centrales de la futura reforma se destacan la optimización normativa, basada en el estudio de fortalezas y debilidades detectadas en la implementación vigente; la adecuación a estándares internacionales, conforme a los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y la agilización de los procesos judiciales, con el objetivo de reducir los tiempos sin comprometer las garantías del debido proceso.

Desde la administración provincial se remarcó que el nuevo proyecto buscará consolidar un sistema penal más moderno, transparente y respetuoso de los derechos fundamentales, con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia y la confianza ciudadana en las instituciones.

La nueva propuesta será presentada en los próximos meses, tras un proceso de revisión participativa que permita asegurar su solidez técnica y un amplio consenso social.

Desde El Debate Pregón aprovechamos su presencia en la Apertura de Sesiones para conocer su mirada.

EDP: ¿Cómo evalúa el discurso de apertura de sesiones de la intendenta Dora Bogdan?

Casiano Otaegui: Lo escuché bien, con la personalidad de Dora, de cara a la gente, como siempre lo ha sido, como son los Bogdan. Una familia que es de cara a la gente, no sólo hoy en la política, hoy con el compromiso de estar al frente de una gestión, sino siempre, como ha sido siempre. Diciendo y reconociendo que ve falencias, tratando de explicarle al vecino cómo fue la situación que tuvo el municipio a fines del 2023 y lo que fue el 2024. Contándole que trabajó. Lo interpreté como cada uno trabajamos en nuestra casa: ajustando, viendo la forma en que nos podemos organizar. Uno tenía una incertidumbre de un gobierno nuevo a nivel nacional y recibimos una provincia en la que no teníamos el acompañamiento. No están los recursos para poder auxiliarnos desde el lado de la provincia con obras, con infraestructura. El gobierno provincial está pagando créditos por 192 millones de dólares en un año. Imaginen todo lo que nos podría haber ayudado a los gualeyos y a todos los entrerrianos si hubiesen estado esos recursos. Creo que Dora fue muy clara de frente a la gente y la veo todos los días comprometida, una guerrera como ha sido en toda su vida. La veo que va a dar batalla. Por ahí no fue tan bueno el 2024 en cuanto a servicios, cuando uno ve lo que no ve el vecino. Se pudo ordenar, emprolijar; los GPS; los vales de NAFTA; que el vecino pueda gestionar por QR poder ir haciendo cosas. Ahora, lo que palpa el vecino como por ahí lo vemos todos los días. Ustedes nos dan la oportunidad de estar más cerca de esos reclamos. Lo reconoció y la veo con muchas ganas de revertir eso. Por supuesto que el vecino a lo mejor no lo ve hoy. Uno de a poquito lo va viendo y creo que lo va a lograr.

EDP: ¿Cómo fue su trabajo en el Senado Provincial?

Casiano Otaegui: A mí me gusta siempre lo ejecutivo y me toca estar en la parte legislativa. Entonces siempre trato de ver que mi trabajo y el de trabajo de los 17 senadores. En qué impactó en el vecino esa ley. Nos tocó tomar emergencias, hacer muchas leyes, consensuar entre los 17. Si bien somos oficialismo en la provincia, tenemos un gobernador de nuestro partido, pero no tenemos la mayoría en el Senado. Somos minoría. Entonces había que trabajar con mucho consenso. Me gusta trabajar en el consenso, creo que es necesario para que las cosas perduren, para que estemos todos de acuerdo. Gracias a ese trabajo de los 17 senadores pudimos tener una ley de emergencia alimentaria, de educación, una ley de emergencia vial. ¿Y eso en qué impacta? En que se pudieran arreglar escuelas sin procesos que duraran muchísimos meses licitatorios. Se pudieron llegar, en el caso de Gualeguay, a hacer no una escuela nueva porque no están los recursos de la provincia, pero sí arreglos importantes para que no se llueva una escuela, para que una pared electrificada deje de estarlo para que alguna ventilación que necesite una escuela la tenga, veredas. Todas esas obras que a lo mejor no son muy costosas, pero que están rondando los veinte millones en cada una de esas escuelas. Más de 115 en toda la provincia, además de otras obras importantes. No como uno quisiera porque los recursos no están. Generar hoy una deuda en obra pública como la que recibió el gobernador en 20 mil millones de pesos, no es lo correcto. No es el sentido común. Se tuvo que pagar lo viejo y pagar de contado lo nuevo. Entonces mes a mes se va avanzando con los recursos que van ingresando a la provincia. Uno quisiera tener hoy ya la ruta 11 bacheada completamente. Esperemos que dentro de diez a quince días empiece el tramo 1 que va desde Gualeguay hasta Oro Verde. Tenemos un problema con la lluvia importante en la zona de ingreso del Sexto Distrito. Ya tendría que haber estado, pero no se ha llegado por la falta de recursos. Las empresas privadas tuvieron que sentarse a negociar la deuda que recibió el gobernador. Lo hicieron, se fue pagando la deuda vieja y hoy se va pagando mes a mes la obra que se va reiniciando.

EDP: ¿Cómo maneja Frigerio las diferencias con el Gobierno Nacional, especialmente en obra pública y educación?

Casiano Otaegui: En los caminos rurales lo primero que hizo tiene que ver con el impuesto inmobiliario rural. Va a entrar un proyecto de ley que el 100% del impuesto inmobiliario rural va a ir a los caminos, a Vialidad. Eso es un compromiso no sólo en los dichos sino que hay una acción. El Gobierno Nacional decidió no pagar más el Fondo de Incentivo Docente ni el Fondo de Conectividad. El gobernador Rogelio Frigerio sabía que eso estaba mal y no lo acompañó. Y con recursos de todos los entrerrianos pagó ese Fondo de Incentivo Docente. Para que se hagan una idea, octubre, noviembre, diciembre del 2024 fueron 70 mil millones de pesos que el Gobierno Nacional retiró y el Gobierno Provincial, el gobernador comprometido con la educación fue y los puso. 70 mil millones que hoy podrían ir a la obra pública, podrían haber arreglado otra cosa. No. Por supuesto uno quisiera que cobraran muchísimo más, pero se hace lo posible. Una negociación recibiendo a los gremios todos los meses en paritaria. También estamos ya tratando de buscar una forma de que los chicos puedan seguir en el aula todo el 2025 y que las negociaciones puedan continuar. Uno dice no frenar las negociaciones, pero ir reclamando y charlando y entender que se puede charlar. Porque del lado del gobierno hay respuesta, incorporando diferentes aumentos, incorporando diferentes montos fijos remunerativos. No como era antes que eran no remunerativos. La verdad que lo veo muy comprometido. Acompañando el desarrollo de la Argentina, el cambio, ordenar la Argentina, pero no las políticas. Sí a la obra pública, sí a la educación pública, sí a la salud pública, sí a la seguridad, sí a la universidad pública y eso lo acompaña no sólo en el discurso sino en los hechos.

EDP: ¿Le preocupa la agresividad política?

Casiano Otaegui: No me gusta la forma en que el presidente le habla a cualquier persona que esté en contra. Un periodista, un político, un empresario, un economista. Me parece que no va por ahí. Soy un hombre de consenso y creo que solamente de esto se sale con consenso. Ya tuvimos un gobierno que buscó un enemigo, fue en un momento el campo, en un momento otras personas y no sirvió. Hoy estamos de nuevo generando enemigos. Creo que la Argentina, la provincia, la ciudad necesita consenso. Acompañar, por supuesto que ante las diferencias, trabajar, volver a charlar, volver a ver. Ceder en el buen sentido. ‘La verdad lo que me están diciendo está bien, podemos corregir por acá’. Ahora el enfrentamiento, el maltrato, la verdad que para mí no va. No lo he hecho nunca, soy una persona que entré en la política ahora, pero vengo de instituciones intermedias desde antes. Nunca fue mi accionar y no pretendo que los otros hagan lo que yo no hago.

EDP: ¿Qué problemáticas identifica en el Departamento Gualeguay y cómo se abordan?

Casiano Otaegui: Lo más importante, lo que más piden y el gobernador lo repite en todo su discurso, son los caminos. Estoy muy preocupado por el estado de Vialidad Provincial. Ha sido desguasada, principalmente, en los últimos ocho años del gobierno de Bordet. En maquinaria, en recursos, en mantenimiento, Entonces hoy se hace muy difícil con recursos propios poder poner en funcionamiento una máquina. Nos ha pasado que las que se han podido arreglar, se emparchan. En nuestra zonal tenemos máquinas que desde hace un año no tenemos los recursos para terminarlas. Estamos trabajando con una sola retro en el Departamento. Cuando vino la seca, que fue el 2024, anduvimos bien. Ahora volvió a llover y vamos a estar complicados. Pero eso hay que decirlo de cara a la gente. Hay que buscar soluciones, pero tiene que ser en forma ordenada. Si hoy vos te endeudás de nuevo, va a ser una solución muy cortita y vamos a estar nuevamente con problemas dentro de un par de años. El Gobernador tuvo una reunión con los municipios, junto a comunas, para trabajar en conjunto. Ya lo estamos haciendo acá. Si vos me preguntas algo que veo en este año, es el trabajo en conjunto de presidentes de junta y presidentes de comunas con Vialidad. Comprándole tubos, arreglando una máquina, comprando algo para una moto guadaña, o para una desmalezadora, solucionando algo en una gomería. Ese trabajo y todo el personal de Vialidad, junto a su jefe, trabajando en conjunto coordinados, con los poquitos recursos que hoy tiene la Zonal, la verdad que a mí me pone contento. Hay un espíritu de tratar de sacar el problema adelante. No entregarse. Hoy el Octavo Distrito tiene un tractor. Dentro de un par de meses ya tengo un tractor con una hoja. Que el Sexto Distrito tenga una cargadora, que la aportó Vialidad y la arregló la Comuna del Sexto. Ese trabajo en conjunto es lo que me parece bien. Ahora, el desafío es muy grande porque la problemática de la forma en que está Vialidad y la cantidad de caminos que tenemos, se hace muy difícil tratar de solucionar con esos recursos el problema que tenés.  

En el recinto de la Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al 146º Período Legislativo. Estuvo asistida por el secretario de Cámara, Sergio Avero y la prosecretaria, Sara Foletto. Contó con la presencia de 17 legisladores.

La Bandera Nacional fue izada por el senador Casiano Otaegui (Gualeguay-Frente Juntos por Entre Ríos) y la Bandera de Entre Ríos por el senador Víctor Sanzberro (Victoria- Más por Entre Ríos).

Previo al tratamiento de los expedientes, el bloque de Juntos por Entre Ríos informó la designación de su presidente para el presente período legislativo, al senador Rubén Dal Molín del departamento Federación.

Sobre tablasLos senadores aprobaron, en general y en particular, el proyecto de ley de autoría del senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), por el cual se sustituye el inciso c) del artículo 25 de la Ley N° 10.644 (Régimen Comunal). El mismo, que ya contaba con dictamen favorable de la Comisión de Legislación General, será girado a la Cámara de Diputados.

Al respecto, el legislador fundamentó: “La Ley de Comunas, que anticipo, merece una reforma integral que tenga que ver con una mejor y mayor regulación de las cuestiones administrativas y contables; a la publicación de los actos de gobierno y de los estados contables de las comunas”. Además, afirmó que “lo que hacemos con esto esto es simplemente poner en manos de las comunas la responsabilidad de autorizar o no nuevos emprendimientos, nuevos desarrollos urbanísticos, y también, que puedan tener la autonomía para decidir sobre la planificación urbana, el uso del suelo y muchas cuestiones”.

Seguidamente, se aprobó la iniciativa del senador Vergara, por el que se declara de Interés Legislativo a la actividad “Ramírez Festeja”, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de marzo de 2025 en General Ramírez. Sobre el tema, explicó: “Es un evento que va por el octavo año y que tiene por objeto presentar a la ciudad con todo su potencial productivo, artístico y cultural. Son unos días de festejo que están previos al 13 de marzo, que es la fecha de fundación de nuestra ciudad, pero que tiene como principal objetivo mostrar a la provincia de Entre Ríos el potencial que tiene nuestra comunidad, el desarrollo productivo y económico y toda la diversidad cultural y gastronómica que tiene nuestra comunidad a partir de una rica composición étnica donde la colonización alemana tiene una preponderancia muy importante”, destacó el legislador.

Por su parte, al pedir la palabra, el senador Martín Oliva (Uruguay- Más para Entre Ríos) solicitó la aprobación del proyecto de Declaración de Interés de “Maratón de la Mujer” a realizarse los días 15 y 16 de marzo en Concepción del Uruguay. El legislador indicó que “es una maratón saludable que vincula el derecho o muchos de los derechos que tiene la mujer con la salud, en este caso la salud pública”. Además, el representante solicitó la aprobación del proyecto de Comunicación de su autoría por el que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial lleve a cabo gestiones pertinentes ante las autoridades del Gobierno Nacional, para evitar decisiones de reestructuraciones que impliquen despidos y perjuicios en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad.

Durante la sesión, se dio tratamiento y aprobación por mayoría al proyecto de Ley de autoría del senador Rubén Dal Molín y los senadores Gloria Cozzi, Héctor Favre, Gustavo Vergara, Rafael Cavagna, Casiano Otaegui, Jaime Benedetti y Hernán Méndez, por el que se derogan los Artículos 139°, 140° y 269° del Código Fiscal –Texto Ordenado– 2022. Expediente N° 15.246.

Entre otros, se trató el proyecto de ley de autoría de la senadora Patricia Díaz (La Paz– Más para Entre Ríos), por el que se dispone la disolución y supresión del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), creado por el artículo 46 de la Ley Provincial N° 8.916, con efecto a partir de la promulgación de la presente ley.

También ingresó a la Comisión de Legislación General, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, relacionado a la implementación de un procedimiento de sinceramiento de obras o mejoras constructivas, tiene por fin actualizar la información catastral vigente en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos para lograr un sistema tributario más justo y equitativo. Expediente Nº 15.244.

Otras iniciativasLuego, se dio lectura a las comunicaciones particulares y posterior aprobación de la declaración de interés provincial la Semana de Malvinas, la Marcha de las Antorchas y la Maratón “Malvinas No Olvidar”. Nota presentada por el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná, Oscar Orlando Eguías, y el secretario, Ricardo César Álvarez.

Asimismo, en la sesión de este jueves, los senadores aprobaron 14 proyectos de Declaración y tres proyectos de Comunicación.

HomenajesAl turno de los homenajes, la senadora Gloria Cozzi (Concordia – Juntos Por Entre Ríos) tomó la palabra en alusión al Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de Marzo. La legisladora calificó a esta jornada como “una fecha que trasciende fronteras y se convierte en una poderosa llamada a la acción en la lucha por la igualdad” y “que nos invita a mirar hacia atrás y reconocer los logros de quienes nos precedieron, pero también a reflexionar sobre los desafíos que aún enfrentamos en nuestra búsqueda por un mundo más justo y equitativo”. Además, hizo un llamado “a la educación” y a “fomentar el diálogo y la empatía” con el fin de “construir un futuro donde la violencia de género ya no tenga lugar”.

En tanto, la senadora Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos) acompañó el homenaje por el Mes de la Mujer y reconoció la publicación del libro “Mujeres en Marcha” escrito por la exdiputada nacional Sara Lipovetsky “que narra el proceso organizativo y la consolidación de las amas de casa en Entre Ríos, destacando la participación de las mujeres que, sin antecedentes políticos ni gremiales, se convirtieron en protagonistas de una verdadera transformación social”.

Por su parte, la senadora Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos) adhirió a la conmemoración por el Mes de la Mujer y remarcó: “Solamente nosotras somos las responsables de nuestro destino. Las cosas pueden ser difíciles y podemos tener muchas cosas en contra, no es un camino fácil cuando uno toma una decisión y va en contra de lo que la sociedad espera de cada una de nosotras, pero que vale la pena”. También hizo mención a un nuevo aniversario de la Creación de la Policía de Entre Ríos y envió un saludo especial “a las fuerzas de seguridad que tenemos en la provincia, tanto a los activos como a los pasivos y a aquellos que ya no están entre nosotros”.

Por último, el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú- Juntos Por Entre Ríos) acompañó la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer: “El sector masculino que representamos también luchamos por la igualdad de género y la consideramos una lucha de muchos años pero está muy internalizada entre los varones también”.

FUENTE ELONCE

La vicegobernadora y presidente del cuerpo legislativo, Alicia Aluani, presidió la 18ª sesión ordinaria, correspondiente al 145º Período Legislativo. Estuvo asistida por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y por la prosecretaria, Sara Foletto.

Creación del Ente Mixto de Turismo

El cuerpo legislativo dio tratamiento al proyecto de Ley de autoría del senador Ramiro Favre (Colón) y sus pares del bloque Juntos por Entre Ríos, por el que crea el Ente Mixto de Turismo de la Provincia de Entre Ríos (EMTURER). La norma contempla la creación de una entidad descentralizada de la Administración Pública Provincial, dependiente del Poder Ejecutivo, integrado por el sector privado y público, con el fin de diseñar y ejecutar políticas y programas de desarrollo, fomento y promoción del turismo como actividad económica estratégica de la Provincia.

Al respecto, el senador Favre pidió la palabra y fundamentó: “Entiendo la responsabilidad política que nos cabe en este proyecto de ley de creación de un Ente Mixto de gestión turística para Entre Ríos. Más allá de las indiscutibles implicancias económicas y sociales del recurso turístico, estamos logrando dar a los distintos sectores involucrados en esta actividad un marco jurídico que coordina al sector privado con el sector público. Los ingresos derivados de la actividad turística y el empleo son uno de los más importantes de nuestra provincia. Hace muchísimos años que se viene discutiendo un marco legal con este perfil e incluso hubo en anteriores gestiones iniciativas legislativas que no llegaron a plasmarse”, recordó.

Y agregó: “Este marco jurídico será la referencia para la organización de la actividad de cada ciudad y de nuestra provincia. Eso, sin lugar a dudas, necesita de la confianza, pero también así de tiempos, recursos y gestión. Hay un término muy dicho estos últimos tiempos, que es la gobernanza, a esto se refiere”.

Otro aspecto que destacó Favre en su discurso fue “la representación de los trabajadores dentro del ente mixto, este recurso humano es de suma importancia dentro de la actividad”. “Se debe bregar para que la actividad turística sea una herramienta de más y mejor empleo. Tenemos los recursos naturales, los recursos humanos, ahora estamos dando una herramienta de gestión que antes no existía”, subrayó.

En otro párrafo de su alocución, el senador por el Departamento Colón mencionó e hizo un reconcomiendo al grupo de vecinos, quienes hace años, tuvieron “una visión futurista” y fueron “pioneros del turismo” en su ciudad.

Por último, destacó el diálogo, el trabajo y los aportes realizados por los senadores en la presente iniciativa, y antes de finalizar solicitó el acompañamiento de sus pares con su voto para lograr la media sanción del proyecto.

En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el senador Rubén Dal Molín (Federación – Más Para Entre Ríos) expresó: “Con este proyecto creamos un organismo de Estado con personería jurídica y autonomía institucional como herramienta para las políticas públicas del turismo, una industria que ha crecido a lo largo de varios años en esta provincia”.

El senador, además, hizo hincapié en que “este organismo no va a generar más gastos para el Estado, ya que la estructura propia que tiene la Secretaría de Turismo va a pasar a ser Ente”. Y añadió: “Aprobamos por consenso y trabajo armónico una ley que marca un nuevo enfoque en la arquitectura, ejecución y control de las políticas públicas. Una herramienta participativa y plural en todos los actores del sector para diseñar acciones puntuales de promoción y comercialización”, resaltó.

Luego, el senador Víctor Sanzberro (Victoria) tomó la palabra en representación del bloque Más Para Entre Ríos, destacando “la amplitud de los autores de esta iniciativa que en verdad abrieron el proyecto a la discusión” y que “tenemos la convicción de que hemos hecho cuanto mejor hemos podido”. Además, expresó que este nuevo Ente “tiene como punto de partida la Ley de Turismo que rige desde el 2009” y “recoge experiencias y desarrollos de los gobiernos locales”.

También remarcó que se han realizado más de treinta correcciones a la redacción original del proyecto: “Hubo modificaciones específicas, puntuales, de cuestiones formales, que hacen que esta media sanción sea respecto de un producto de mayor calidad”.

La información del Senado es muy abundante. Son más de 1.000 contratos por año en 2022 y 2023. Como en la Cámara de Diputados, aparecen amigos y familiares, dobles sueldos, consultores de Buenos Aires. Hasta Tomás Schneider, el entrerriano de la publicidad de cerveza que se hizo conocido a nivel nacional, es contratado del Senado provincial. El joven es hijo de José Javier Schneider, que se desempeña en el Senado desde 2008 y quedó involucrado en la causa de los contratos truchos de la Legislatura, en la que se desviaron 53 millones de dólares entre 2008 y 2018. También estaría contratada otro familiar directo de Schneider en el Senado.

La información publicada por el Senado tiene algunas particularidades en comparación con la de Diputados, que presentó los datos de manera clara y accesible como indican los estándares de transparencia.

En el Senado se optó por un formato que apunta a dificultar la interpretación de la información por parte de la prensa y la ciudadanía.

Los nombres no siguen ningún orden, cada vez que uno accede a las listas el orden es diferente de manera aleatoria, no se pueden aplicar bien los buscadores y los decretos están desordenados y escaneados al revés.

Pequeñas avivadas que no son otra cosa que un último intento de resistirse a la publicidad de la información, que entendemos que llegó para quedarse.

También sorprendió el tratamiento que se dio a la información. Muchos nombres y apellidos cambiados, que primero figuraban de una forma, luego se corrigieron. Esto no debería pasar con la información pública. No es la lista del almacenero. Es como que uno vaya al banco y le informen mal una deuda.

* Quien figuraba como Parrilla, Mauro Andrés, en verdad se llama Panizza, Mauro Andrés, abogado y escribano y reside en Rosario del Tala. Fue candidato a concejal por el sector de Rogelio Frigerio.

* El contratado Qué Gabriel Hernán, es en verdad, según su documento Thaut, Gabriel Hernán Federico, con domicilio en Diamante. Es un reconocido docente que ejerce en General Ramírez. Cumple funciones en el municipio de allí y en un establecimiento dependiente del Consejo General de Educación.

* El señor que figuraba como Difruta de Claudio Hernán, es en verdad el ciudadano Spretz, Claudio Adrián, oriundo de Aldea Brasilera y se desempeña en la actividad privada.

* Mayra Natalí Palabras -como figuraba en la web del Senado- en realidad se llama Mayra Palazzi. Tiene residencia en Capital Federal y cuenta con un monotributo dedicado a la salud humana. Es oriunda de Ceibas.

* El señor que figuraba como Juan Correo se llama en realidad Juan Courel, según su DNI. También tiene residencia en Capital Federal. Es un conocido estratega de campañas políticas del peronismo que entre 2012 y 2015 fue secretario de Medios de Daniel Scioli en el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y también participó de la campaña presidencial de Alberto Fernández.

* Además de Juan Courel estuvieron contratados en 2022 y 2023 por Laura Stratta el hermano de Juan Courel y Shila Vilker, socia de Juan Courel en su consultora. También Sebastián Rollandi, gerente de contenidos de Canal 9 de Buenos Aires.

* Miriam Conceptos es en realidad Miriam Natalia Concettoni. Vive en Rosario del Tala y es psicóloga. Entre 2020 y la actualidad se desempeña al frente del PAMI Tala. Antes estuvo en un área dependiente del Consejo General de Educación (entre 2013 y 2015) y luego dependió del Ministerio de Salud de la provincia (entre 2011 y 2020).

* Alberto Ignacio Concierto es Alberto Kloster en realidad. Es oriundo de la localidad de Santa Anita y ejerció funciones en el municipio mencionado entre 2006 y fines de 2019. En diciembre del año pasado asumió como secretario de Desarrollo Social y Productivo de dicha comuna.

* Quien figura en un contrato como María José Cartelera, en realidad se llama María José Cargnel, con domicilio en Paraná. Cumplió funciones en LT14 Radio General Urquiza de Paraná y el año pasado también en el municipio.

* Natalia Turbina es Natalia Turbiner, con domicilio en Santos Lugares, Buenos Aires. Desde el 2016 cumple funciones en el Senado de la Nación, donde fue asesora de la exsenadora Sigrid Kunath. También estuvo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (2013/2015): en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación (2011/2012) y en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (2010/2011).

* El contrato que apareció a nombre de Victoria del Espíritu ahora dice Victoria Geist. La joven tiene domicilio en Paraná. Cumplió funciones en la Caja de Jubilaciones (2013-2019); Consejo General de Educación (2018-2020) y en el Instituto Becario Provincial (2020-2023). Tiene una reconocida tarea social. El 28 de diciembre de 2021 creó la Fundación Callejeritos.

* El contrato que decía Luis Tomo en realidad es de Luis Tomé, proveniente de una histórica familia de Bovril, siempre vinculada al peronismo. Entre 2010 y marzo de 2024 cumplió tareas en el Consejo General de Educación.

* También figuraba Ritter de Madera de Zellheim, pero era Holzl Ritter Von Zellheim Agostina, con domicilio en Concordia. La mujer siempre se dedicó a la actividad privada, pero se le hizo un contrato en el Senado.

* Existe un contrato a nombre de Pedro Páramo, como la clásica novela del escritor Juan Rulfo, publicada en 1955. Pero si bien aparece consignado el CUIT 20-60793689-8, no figura domicilio alguno en la base de la AFIP y solamente aparece consignado que nació el 1 de enero de 1923. O sea, que tendría 101 años.

Escándalo en el interior

En el interior provincial la difusión de los datos generó un tembladeral. Este fin de semana que pasó fueron muchos los legisladores que prefirieron pernoctar en Paraná con alguna excusa y directamente no volver a sus localidades para no enfrentarse con reclamos y reproches.

No obstante, las redes sociales hicieron lo suyo, los medios de las distintas ciudades llamaron a legisladores pidiendo explicaciones e incluso el CGE dio de baja al director departamental de Escuelas de Tala al trascender que el funcionario que ocupaba ese cargo tenía a la vez un contrato en la Legislatura.

Los cuestionamientos fueron fuertes sobre todo dentro del peronismo. Y más duras fueron las críticas en las localidades donde el PJ perdió las elecciones. Porque quedó claro que en los últimos años la Legislatura ya ni siquiera fue una caja para la política, sino que fue para engordar los bolsillos de amigos y familiares de los principales hombres y mujeres del peronismo. Mucha gente que no arrimó ni un voto y a la militancia le duele constatar estas cosas.

Algunos casos de 2022-2023

* La exsenadora Flavia Maidana (PJ-Nogoyá), del sector de José Allende, tenía contratado a su esposo César Maximiliano Lasbías y logró la planta permanente para su hija Valentina Maggio.

* Ernesto Javier Rubel, socio del senador Edgardo Kuieder en la firma Betail SA investigada por la compra de departamentos de lujo, figura con contrato en 2022 y 2023 en la vicepresidencia del Senado.

* Facundo Kueider, hijo del senador, contratado en el Senado y en la Cámara de Diputados a la vez.

* Adalgisa Jalil, esposa de Mariano Giampaolo, que es abogado, fue concejal del PJ y exdelegado del Epre Concordia, figuraba con contrato en el Senado.

 * Esperanza Gloria Pujola es planta permanente del Senado desde la gestión anterior y a la vez es planta permanente de la Municipalidad de Concordia, en la Subsecretaría de Desarrollo Humano, afectada a la Casfeg.

* El exsenador Daniel Olano (PJ-Islas) es uno de los que más contratos suscribió por su rol de vicepresidente del Cuerpo. Olano logró colocar a dos de sus hijas en la planta del Senado. Una de ellas, Sabrina, fue intendenta de Ceibas y su padre tenía contratado a Carlos Antonio Blasich, que era secretario de Desarrollo Social de su hija.

* Gabriel Olivera, del espacio político Soberanos que supo tener como referente a Pedro Báez, era concejal en San Benito y a la vez tenía un contrato con Juan Carlos Kloss, senador por Paraná.

* Tomás Smaldone, hermano del exfuncionario urribarrista Guillermo Smaldone e hijo del ex vocal del STJ Juan Smaldone, tenía un contrato en el Senado y es empleado en Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

* Contratada también en la Presidencia del Senado estaba María Anastasia Keuchguerian, esposa del exfuncionario de Bordet -José Ostrosky- y socia de la esposa del exministro Pedro Báez en el hotel termal que tienen en Concordia.

* Renzo Treppo, hijo del exintendente de Seguí Cristian Treppo, ya en 2022 era contratado de Lautaro Schiavoni (secretario de Cámara) y finalmente quedó en planta.

* Lucio Cabrera, responsable de Comunicación de ATER, en paralelo tenía un contrato en el Senado en 2022. Es hermano de Facundo Cabrera, hombre de confianza del exgobernador Sergio Urribarri y socio en el grupo Octógono con los ex funcionarios procesados por espionaje.

* Guillermo Van Opstal, histórico funcionario de Vialidad jubilado, con contrato en el Senado en 2022 también en Vicepresidencia y, a la vez, contratado en la Municipalidad de Paraná en la gestión de Bahl.

* El exprecandidato a intendente de Paraná y actual funcionario municipal Nicolás Mathieu tenía un contrato con la Vicepresidencia del Senado en 2022 y en 2023, siendo a la vez delegado provincial del Enohsa cuando Enrique Cresto era su presidente.

* Natalio Gerdau, exsenador por Gualeguaychú y luego funcionario, tuvo a sus dos hijos contratados en el Senado: Camila Constanza y Natalio Juan Ignacio, ambos con Olano.

* El extesorero general de la provincia Gustavo Gioria que renunció en 2014 por estar involucrado en la megacausa ATER tenía un contrato en el Senado en 2023 en la Vicepresidencia.

* El exintendente de Victoria César Garcilazo (PJ) contratado en 2022 y 2023 en el despacho de Stratta.

* Guillermina Guastavino, hija del exvicegobernador Pedro “Pemo” Guastavino (PJ), tenía un contrato en el despacho de Stratta en 2023 y a la vez era funcionaria. Primero directora de Participación Ciudadana en el Ministerio de Producción con Juan José Bahillo y luego lo acompañó a la Secretaría de Agricultura de la Nación al frente de la Unidad de Transversalización de la Perspectiva de Género de ese organismo nacional.

-Tomás Schneider, el joven de la publicidad de cerveza, está contratado en el Senado junto a su hermana Nerea Schneider. Ambos son hijos de José Javier Schneider, contador imputado en la causa de los contratos truchos. Desde 2008 Schneider padre se desempeñó en el Servicio Administrativo Contable de la cámara y fue desplazado luego de que se descubrieran los hechos de corrupción. Ahora trabaja en el área de Patrimonio.

Qué pasa en la actualidad

* Claudia Silva, la esposa de Adán Bahl, tiene contratados a Amalia Heinitz (esposa de Ignacio La Barba) y a Sergio Fabián Gómez, dupla de publicistas autores de “El sueño entrerriano”.

* La prosecretaria de Cámara Sara Foletto, de la UCR, tiene contratado a su sobrino Fausto Foletto.

* Casiano Otaegui senador de JxER de Gualeguay tiene a la esposa del viceintendente de esa localidad, Betiana Menescardi, y al presidente de la Sociedad Rural Gualeguay y socio suyo en una empresa agropecuaria, Justo García.

* El senador de JxER Gustavo Vergara (Diamante), presidente del bloque, tiene contratada a su hija Rosario Trinidad Vergara.

* El senador uruguayense Martín Oliva, jefe de la bancada del PJ, tiene contratados a Cristina Gallego, prosecretaria del Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay y jubilada de la UTN; a Antonio Bernhart, director de Ceremonial del gobierno local; a Mariano Bonnín, secretario de la comuna de Rocamora y asesor jurídico de Líbaros, San Marcial y Las Moscas; Priscila Pusch, empleada del Hospital Urquiza; Rocío García, coordinadora de Asuntos Jurídicos del municipio; y Eros Barsotti; coordinador de Juventud del gobierno local.

* En la Prosecretaría está contratado Marcelo Meda, presidente del PRO Gualeguay que además es asesor en el Ente Región Centro.

* El senador Juan Diego Conti (PJ-Tala) tiene contratado a un concejal de Maciá, José Mariano Stegbañer.

* Hasta 2023 estaba con contrato de servicio el ex intendente de Larroque, Raúl Riganti, recientemente condenado en juicio abreviado por sobreprecios en obras públicas en su localidad.

* Patricia Díaz (PJ-La Paz) tiene contratado a Carlos Guillermo Reggiardo (que es también funcionario en el municipio de Santa Elena y ejerce como abogado) y es contratada de servicio a partir de 2024 la madre de Reggiardo, Irma Liliana Werbrauck. La señora es docente en uso de licencia y está a la espera de su jubilación. También con Patricia Díaz tiene un contrato Daniela Denise Rossi, de 25 años, hija de la senadora y del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ). La sobrina de la senadora provincial, Ariana Tonina, también tiene contrato con el Senado y a la vez cumpliría funciones en el IOSPER.

* La senadora Nancy Miranda (PJ-Federal) tuvo en 2022 a su esposo Mario Hernán Rivarola, a la vez coordinador de Juntas y Comunas del Departamento. Tiene contratada a Giovanna Vallejos Rodríguez, que es su nuera, y a tres de sus hijos: Nancy María Belén Heinz, Jesús Germán Heinz y Sofía Isabel Heinz, dos de los cuales son también empleados del Iosper.

* La senadora Gladys Domínguez (PJ-Feliciano) tiene contratados a su esposo Carlos Muzachiodi y sus dos hijos: Lucio Agustín Muzachiodi y María Florencia Muzachiodi.

Fuente:analalisisdigital.com.ar

El Senado aprobó hoy unanimidad retrotraer los aumentos de las dietas de los senadores y congelar esos haberes hasta diciembre, tras la polémica que estalló por la suba del 6,6 por ciento que elevaba los sueldos que cobran los legisladores a 9 millones de pesos.

  La decisión se adoptó en el último tramo de la sesión con el respaldo de los legisladores de la Libertad Avanza, la UCR, Frente Nacional y Popular, Unidad Ciudadana, Cambio Federal, Unidad Federal, PRO, Frente Renovador de la Concordia Social, Juntos por Rio Negro, por Santa Cruz,  por la Justicia Social, y Comunidad Neuquén.

  Tras la polémica generada por ese incremento, y a la que sumó su rechazo el propio presidente Javier Milei, los jefes de los bloques le presentaron una nota a la titular de la Cámara baja, Victoria Villarruel para suspender la suba de 6,6 por ciento en los sueldos de los legisladores.N.A.

Sobre tablas

Durante la sesión, los legisladores dieron media sanción al proyecto de ley presentado por el senador Juan Cosso (Villaguay- Más para Entre Ríos) que tiene por objeto implementar en Entre Ríos una campaña preventiva dirigida a niños, niñas y adolescentes, sobre los riesgos de las apuestas en línea. La iniciativa también contempla la difusión de material, capacitaciones a docentes en la temática, realización de jornadas y talleres, articulación con organizaciones de la sociedad civil como así también la detección y derivación al sistema de asistencia socio-sanitaria ante presuntos casos de ludopatía, entro otras acciones.

Al solicitar la palabra, el senador Cosso expresó: “Es una problemática que golpea a lo largo y a lo ancho no solo de nuestra provincia, sino también del país. La ludopatía digital ha sido considerada en el último tiempo como la principal adicción del siglo XXI. Actualmente no hay una normativa que esté abocada a la prevención de esta temática y si le damos media sanción a este proyecto de ley, Entre Ríos va a estar a la vanguardia en abordar este tema”.

Al fundamentar la iniciativa, el legislador aclaró: “Lo que buscamos no es una prohibición, sino atacar este tema desde la prevención a través de una campaña muy fuerte con un abordaje transversal, que esté involucrado el Consejo General de Educación (CGE), el Ministerio de Salud, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), el Instituto Becario, y el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de Entre Ríos (IAFAS) como autoridad de aplicación”. También se incorporó a la Secretaría de Comunicación y a Prensa del Gobierno Provincial, explicó tras agradecer el trabajo en comisión “porque hicieron aportes importantísimos al proyecto y lo apoyaron desde el primer momento”.

Por su parte, el senador Ramiro Favre (Colón- Juntos por Entre Ríos) manifestó: “Lo que nos interesa y siempre ponemos por delante es la prevención, la concientización a través de estos programas. El IAFAS junto con el Consejo General de Educación ya venían trabajando pero creemos se necesitan de otros actores y para ello se necesita llegar a todos los rincones para hacer un trabajo serio”, remarcó el legislador.

Es LeyPor unanimidad el Senado entrerriano convirtió en ley el proyecto que propone cambios a la ley provincial 10.412, referida al Colegio de Profesionales de Trabajo Social de la Provincia de Entre Ríos. Sobre la iniciativa, pidió la palabra el senador por el departamento Gualeguaychú, Jaime Benedetti (Juntos por Entre Ríos) para informar sobre el trabajo realizado en Comisión. El legislador recordó que el proyecto contaba con media sanción de Diputados por unanimidad.

Dentro de las incorporaciones se cuenta el mecanismo de acceso a la matrícula de la profesión, el reconocimiento de especialidades profesionales, para que sea el propio Colegio la entidad que pueda otorgar certificación. Además, se modifica el nombre y pasará a ser “Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Entre Ríos”. Otro de los puntos que se incorpora es el de habilitar la realización de asambleas virtuales, tomando en la práctica un mecanismo de trabajo que surgió durante la pandemia.

Otros proyectosAsimismo, los legisladores aprobaron el proyecto de ley del senador Rubén Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos), que introduce modificaciones a la ley 11.139, referida a la sesión de algunos inmuebles a la localidad de Santa Ana, en el departamento Federación.Al hacer uso de la palabra el legislador explicó la iniciativa al cuerpo y destacó la importancia del ordenamiento de la planta urbana de la localidad. “No es más que la regulación dominial”, remarcó. Mencionó, además, los antecedentes históricos que se remontan al año 1991, cuando se realizó la transferencia de inmuebles desde el Estado Nacional a la provincia, ante el nuevo emplazamiento de Santa Ana, que recibió el impacto de la construcción y operación de la represa de Salto Grande.

Los senadores trataron sobre tablas, un proyecto de declaración de autoría de la senadora Gladys Domínguez (Feliciano- Más para Entre Ríos), por el que declara de interés el proyecto “Vivencias del Litoral” del Licenciado en Folclore Mención Danzas Folclóricas y Tango, Federico Curzio, en el marco del Día Internacional de la Danza, que se celebra cada 29 de abril.

Asimismo, durante la sesión, los legisladores dieron tratamiento a 8 proyectos de declaración y 4 de comunicación.

Proyectos de DiputadosDurante la sesión, además, se dio tratamiento el proyecto de Ley de autoría de la diputada Mariel Ávila y los diputados José Maria Kramer, Laura Stratta y Yari Demian Seyler, por el que se adopta en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos la implementación del logotipo “Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal” creado por la Organización de las Naciones Unidas 2015-ONU.También se trató el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a transferir a título de donación a favor de la Municipalidad de Gualeguay, un inmueble de su propiedad, ubicado en la provincia de Entre Ríos, departamento Gualeguay, Municipio de Gualeguay, Plano de Mensura N° 17.287, Partida Provincial N° 108.625.Y se dio tratamiento al proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo, sobre el Régimen Provincial de Promoción de la Economía del Conocimiento. Las tres iniciativas serán tratadas en la Comisión de Legislación General.

Proyectos de SenadoresEn el debate legislativo de este jueves, también se dio tratamiento a tres proyectos de senadores que serán girados a las comisiones correspondientes, los que se detallan a continuación:

El proyecto de Ley de autoría de la senadora Claudia Silva y los senadores Marcelo Berthet, Juan Diego Conti, Juan Pablo Cosso, Patricia Díaz, Gladys Domínguez, Nancy Miranda, Martin Oliva y Víctor Sanzberro, por el que se crea el FEIEX (Fondo Específico Ingresos Extraordinarios) destinado a la realización de obras de: saneamiento, generación de energías renovables, cuidado del ambiente, infraestructura productiva e industrial y fomento de la economía del conocimiento en las localidades de Entre Ríos.

El proyecto de Ley de autoría del senador Berthet, por el que se crea el “Programa de Traslado y Estadía de Pacientes y Acompañantes” para todos los pacientes médicos ambulatorios de cualquier patología y en su caso su acompañante; y también de los acompañantes de aquellos pacientes internados que deban ser trasladados a un centro de mayor complejidad, domiciliados en la provincia de Entre Ríos. Expediente Nº 15.014.

El proyecto de Ley de autoría de la senadora Díaz y los Senadores Berthet, Conti, Cosso, Domínguez, Miranda, Oliva, Sanzberro y Silva, por el que se crea un régimen especial de “boleto docente” para los usuarios del sistema de transporte provincial de colectivos de pasajeros en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos y de larga distancia, destinados a docentes pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aportes del Estado en todos los niveles, incluidos los de formación profesional, bachilleratos y de escuelas especiales que tengan asiento en la Provincia de Entre Ríos.