Treinta y tres terneros murieron tras la caída de una centella en el campo La Delia, ubicado en la localidad de Líbano, partido de General La Madrid, provincia de Buenos Aires. El episodio ocurrió el martes pasado durante una tormenta eléctrica seca, es decir, sin lluvias al momento del impacto.

El propietario del establecimiento, Ricardo Hoffmann, explicó que la descarga cayó directamente sobre el alambrado perimetral del campo. La corriente eléctrica se propagó a través del metal y alcanzó a los animales que en ese momento estaban agrupados contra el cerco, un comportamiento habitual del ganado ante las tormentas. “El animal, naturalmente ante la tormenta, quiere escapar y se va en grupo contra los alambres. Donde llega al alambre se quedan amontonados”, describió el productor.

El lote afectado formaba parte de un grupo total de aproximadamente 100 animales de la raza Aberdeen Angus. Los terneros muertos tenían un peso estimado de 200 kilos cada uno y se encontraban en plena etapa de desarrollo, con el objetivo de ser comercializados como animales terminados dentro de un año.

En términos económicos, el productor estimó pérdidas superiores a los 40 millones de pesos, lo que representa una fuerte descapitalización para la empresa familiar. No obstante, consideró que se trata de un golpe recuperable.

Más allá de los números, Hoffmann destacó el impacto emocional del episodio tanto para él como para sus empleados. Al mismo tiempo, subrayó que ninguna persona resultó herida, algo que valoró especialmente dado el riesgo que implica trabajar en el campo durante tormentas eléctricas.

Fue en el campo semillero de la Asociación Plantadores de Arroz (APA), en Colonia La Perla, departamento San Salvador y reunió a productores, representantes de molinos y autoridades locales, quienes participaron de dinámicas a campo y exhibición de maquinaria.

Durante el acto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Boc Hó, transmitió el mensaje del gobernador, subrayando el valor estratégico del agro para la provincia: "Este gobierno tiene muy en claro que el campo es la palanca fundamental para el desarrollo de nuestra provincia", afirmó y enumeró algunas de las medidas implementadas. Entre ellas, la reducción tributaria como la baja de impuestos en términos reales del Inmobiliario Rural, eliminación de más de 100 tasas y reducción de alícuotas de Ingresos Brutos y del Impuesto al Sello en la compra de maquinaria. Por otro lado, destacó la disminución de la tarifa eléctrica arrocera; reduciendo el costo fijo al 10% durante los meses sin riego, con un esfuerzo provincial superior a los 2 mil millones de pesos para garantizar condiciones competitivas a los productores.

Asimismo, resaltó las inversiones en infraestructura rural y portuaria, como los trabajos en caminos rurales, mejoras en el puerto de Concepción del Uruguay y la inclusión del brazo del Paraná Guazú en el dragado de la Hidrovía, que permitirá alcanzar 34 pies de calado y beneficiará a los puertos entrerrianos, especialmente el de Ibicuy.

"Estas acciones son parte de una visión de provincia que apuesta a producir más, generar empleo genuino y aprovechar el potencial exportador de nuestros sectores agroindustriales", concluyó Boc Hó. El encuentro consolidó el trabajo conjunto entre el sector público y privado, reafirmando la importancia del arroz como motor productivo y social del centro norte entrerriano.

-EDP ¿Cómo lo recibió la Expo de Gualeguay?

-En primer lugar, quiero felicitar a Magalí Siviglia, presidenta de la Sociedad Rural de Gualeguay, y agradecer a Dios por el hermoso día que nos tocó. Estos eventos al aire libre dependen del clima y, por suerte, hoy acompañó la gente.

Estoy muy contento porque hay varios presidentes rurales, dirigentes provinciales y nacionales acompañando esta exposición, que tiene una larga tradición. Es una fiesta del campo en la ciudad. Aquí se refleja el trabajo de todo un año, condensado en dos o tres días. 

—EDP ¿Cómo está la situación del sector en este momento?

El sector es muy amplio. En esta zona, que es agrícola, la agricultura no está tan bien. Particularmente la soja, que hoy es lo más complicado. No solo por las retenciones, que bajaron un porcentaje como anunció el presidente, sino porque los costos son altísimos y no está siendo rentable. 

En el norte, de donde yo soy (Federal), la ganadería hoy está en una situación de buena a muy buena. Eso lo puede confirmar cualquiera del sector. Se notó en las exposiciones de Federal, Feliciano, La Paz o Villaguay. 

En casi todas las categorías, ya sea terneros o novillos, estamos en valores de tres dólares o un poco más. Son precios que antes envidiábamos a los uruguayos, y hoy los alcanzamos. 

“Tiene que volver el crédito”

Por eso digo: el sector es amplio, depende de dónde esté cada uno. Lo que se necesita es mayor previsibilidad. Que la ganadería pueda sostener este buen momento en el tiempo y que la agricultura pueda recuperarse. Para eso tiene que volver el crédito y la estabilidad. Valoramos que la inflación esté más contenida, pero los costos siguen siendo muy altos.

Algunos creen que una devaluación puede servir si se venden productos a buen precio, pero al momento de comprar insumos los valores también aumentaron. Es una ruleta complicada. 

 —EDP ¿Lo más complejo es la falta de previsibilidad? 

Exacto. La agricultura necesita previsibilidad de un año y medio o dos. La ganadería, de tres a cinco años como mínimo. Y acá vamos mes a mes, lo cual es muy difícil. Hoy tenemos una inflación menos descontrolada, pero todavía faltan muchas cosas. 

—EDP La política, sin embargo, suele manejarse con tiempos más cortos, vinculados a lo electoral...

 Inexorablemente. Nosotros necesitamos tiempo, pero la política piensa en ciclos de dos años, y nos parece demasiado seguido. Todos los años se está evaluando cómo posicionarse y eso complica. En un país como Argentina, donde las reglas de juego cambian constantemente, es muy difícil proyectar a largo plazo.

Me siento profundamente honrada de estar aquí hoy en este lugar emblemático para nuestra institución. De dirigirme a ustedes como la primera mujer en ocupar la presidencia de nuestra querida Sociedad Rural de Gualeguay, en sus 127 años de historia. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos aquellos que confiaron en mí para liderar esta entidad. 

He asumido este compromiso en un contexto político completamente renovado, en el que el sector agropecuario ha logrado ser escuchado. El diálogo con las autoridades gubernamentales ahora es una realidad alcanzable, lo cual nos motiva a expresar con mayor claridad nuestras ideas y necesidades. Como productores agropecuarios nos esperanzamos en ver materializados muchos de los pedidos que se han hecho desde nuestro sector. Somos conscientes de este cambio y de que no queremos volver al pasado. 

Los caminos rurales han sido durante muchos años motivo de discursos y reclamos por parte de los productores. Es innegable que esta situación es el resultado de décadas de desidia y corrupción. Es vital que esta problemática llegue a su fin. Hay que dejar atrás las críticas hacia el pasado y la búsqueda de culpables. Por ello es indispensable que este gobierno tome las riendas y actúe con determinación hacia una solución efectiva. Los productores queremos ver resultados concretos y estamos dispuestos a colaborar activamente en la búsqueda de soluciones duraderas. Es así que, en distintos distritos, las Comunas, Juntas de Gobierno, productores han aunado fuerzas para reparar parte de los caminos con recursos propios, cansados de esperar que Vialidad Provincial cumpla con su deber. Asimismo, las comisiones viales se han conformado para mitigar esta crisis, aunque ¿cómo pueden funcionar eficazmente cuando los recursos económicos no llegan debido a una burocracia excesiva? 

Si bien la totalidad del impuesto inmobiliario se ha destinado a la reparación de caminos rurales, aún no se ha traducido en resultados tangibles para nosotros. 

La única realidad es la que se ve y lo que vemos es que los caminos siguen igual desde hace años: dinamitados. El Departamento Gualeguay destina el 26% de su superficie solo en la agricultura, contando maíz, soja y trigo, sin contar la producción ganadera, porcina y avícola, que también necesitan transitar caminos de tierra destruidos para poder producir. Pero esto no solo perjudica la producción, sino también a familias que viven en el campo, chicos que deben asistir a la escuela o poder acercarse al dispensario más cercano. Es imperioso que nuestros gobernantes tomen nota de esto para alcanzar el camino hacia una solución definitiva. 

Queremos hacer una mención especial respecto a la obra de limpieza del arroyo Clé y su cuenca. Fue una obra muy importante para nuestro Departamento que afectaba una gran cantidad de productores del Octavo Distrito. Un claro ejemplo de gestión público-privada que pudo concretarse. Agradecemos especialmente al gobierno provincial a través del del Ministerio de Desarrollo e Hidráulica de la provincia, Corufa, el Diputado Morchio y el Senador Provincial Otaegui.

En cuanto a seguridad en la campaña hay que destacar la fuerte labor que realizan los agentes. Los recursos solicitados han sido atendidos, siendo algunos de los ejemplos las embarcaciones que se pusieron a disposición de la Brigada de Abigeato para patrullar el río Gualeguay, así como las dos camionetas nuevas de las que disponen actualmente. Los delitos rurales deben ser denunciados, siendo este un aporte para la prevención. Confiamos en que los recursos se mantengan ya que los delitos siguen existiendo y es crucial mantener la presencia policial en la zona rural.

Un tema relevante es el tendido eléctrico rural. En nuestro Departamento hay cada vez más empresas agropecuarias que requieren de energía eléctrica para poder producir, lo cual se dificulta con la red actual que es endeble e inestable. Esta problemática debe ser atendida con celeridad si queremos fomentar el crecimiento y desarrollo de dichas empresas quienes a su vez traccionarán la economía de la provincia de Entre Ríos.  

Mientras luchamos para optimizar nuestras condiciones productivas y reducir las cargas impositivas debemos también afrontar una amenaza que pone en riesgo nuestro patrimonio ganadero: la garrapata.  Una amenaza sanitaria, productiva y económica. Esta enfermedad parasitaria puede desencadenar pérdidas devastadoras, llegando a cifras de mortandad del 20% de la hacienda en pocos días. Las pérdidas van desde disminución de ganancias diarias de peso hasta bajas tasas reproductivas. Pero lo más grave es su rol como transmisora de la enfermedad tristeza bovina, causante de anemias tan severas como mortales. Los productores del departamento Gualeguay estamos a tiempo de prevenir esta amenaza mediante acciones responsables y coordinadas. La prevención es nuestra mejor herramienta para cuidar nuestro ganado. Agradecemos a la FUCOFA local, a sus paratécnicos que realizan inspecciones rigurosas de las tropas con amplio sustento técnico. Este es un ente que debemos defender como productores, porque Fucofa es de los productores. Debemos apoyarnos en ellos si queremos mantener nuestro Departamento libre de garrapata. Está a nuestro alcance revisar toda tropa que arribe desde fuera del Departamento Gualeguay. Es nocivo que se quiera atacar el problema solo, por ser esta alternativa altamente peligrosa para los productores vecinos.

Hoy estamos a tiempo de evitar que la garrapata ingrese a nuestro Departamento, porque una vez que llega, llega para quedarse y causar daños irreparables. Trabajemos unidos: productores, FUCOFA, SENASA, gobierno provincial, entidades rurales. Es la única manera de impedirlo. 

La ley de fitosanitarios, aprobada en diciembre pasado, era una medida esencial para la producción agrícola. Durante años los productores fueron acorralados por medidas judiciales que hacían inviable el trabajo de muchos. Esta ley fue objeto de meras mezquindades políticas sin tener en cuenta los estudios técnicos preexistentes. De esta manera hubo aproximadamente 300.000 hectáreas improductivas en la provincia que hoy volvieron a dar frutos. En consecuencia, se puede tener mayor seguridad a la hora de realizar ciertos laboreos en agricultura. 

En cuanto a las retenciones a las exportaciones en el sector agrícola, estas han sido objeto de frecuentes reclamos. Las retenciones son un mecanismo extorsivo, obstaculizan el desarrollo y el crecimiento de nuestro país y desalienta la producción agropecuaria, que constituye una de nuestras principales fuentes de ingresos de divisas. Reconocemos que la reciente reducción ha sido una medida positiva y bienvenida por nuestro sector. Sin embargo, consideramos que ello es insuficiente. Exigimos al Gobierno Nacional un plan de quita de retenciones gradual que permita mayor previsibilidad para los productores. Nuestro sector no solicita más que la libertad para producir. Eso es lo que mejor sabemos hacer. Producimos alimentos para Argentina y para el mundo. Generamos valor agregado y brindamos trabajo a muchas familias.

El campo argentino aporta aproximadamente un 23% del producto bruto interno nacional ¿No resulta también evidente la fortaleza del sector? Pedimos que se nos permita producir en condiciones justas y que se implementen políticas adecuadas para potenciar nuestro trabajo, de modo que la economía de todos mejore sustancialmente.

Un párrafo aparte merece el agradecimiento a nuestros socios que nos apoyan de manera continua e invitamos a aquellos que quieran sumarse y ser parte. Nuestra institución en sus 127 años de historia se encuentra unida, pujante y económicamente consolidada con fuertes inversiones en la sede social y en el predio. Muchos habrán apreciado el frente histórico del edificio de calle 25 de Mayo que ha sido restaurado para embellecer su rica historia arquitectónica. En el predio donde estamos ahora se han hecho a nuevo los corrales del sector norte con agua y futura sombra priorizando el bienestar de los animales. Esto permitirá un manejo más ágil y eficiente de las tropas. El embarcadero curvo, las mangas nuevas también atienden a este fin. La balanza digital en la pista fue un pedido de las casas consignatarias para mantener la transparencia de los remates que aquí se desarrollan.

Quisiera hacer mención a la Fundación El Cobijo que trabaja de manera incansable y con gran dedicación mediante el uso de equinoterapia como método de rehabilitación para personas con capacidades diferentes. Esta tarea tan noble se lleva a cabo en nuestro predio, dando apoyo a chicos y familias con diversas necesidades. También al Ateneo de la Sociedad Rural de Gualeguay, que es uno de los tres ateneos que funciona actualmente dentro de FARER. Ellos son el semillero de futuros representantes del campo. Asimismo, valoramos al INTA, una institución con la que trabajamos en conjunto, llevando adelante diversos ensayos que realizamos en este predio con el fin de generar información de en la zona.

Finalmente, quiero agradecer a los que hacen posible esta muestra: expositores, comercios, industrias, cabañeros, jurados de admisión, de calificación, autoridades presentes, al público en general, al encargado del predio y sus colaboradores, a mi familia y amigos y especialmente a las secretarias y a la comisión directiva de la Sociedad Rural de Gualeguay, que ha trabajado a desvelo para que esta muestra sea posible hoy. Tenemos una comisión sólida, comprometida y unida, siempre buscando la mejor manera de representar los intereses de los productores. 

Muchas gracias.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, coloca a Entre Ríos entre las primeras provincias del país en certificar productos provenientes de áreas de reserva de usos múltiples, bajo esquemas productivos que conservan bosque nativo, pastizales y recursos hídricos. En ese contexto, el programa de certificación y trazabilidad del Ministerio de Desarrollo Económico busca garantizar transparencia, escalabilidad productiva y sostenibilidad, además de abrir oportunidades en mercados internacionales cada vez más exigentes en materia ambiental.

La firma del acuerdo contó con la participación de la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Walter Sione; el director general de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Pablo Aceñolaza; el director de Economía del Conocimiento, Matías Ruiz; los representantes de la reserva natural de usos múltiples Les Amis, Naira Camacho Villalobos y Luis Barcos; y la especialista en trazabilidad, Agustina Baigorria.

La secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, destacó: "Es fundamental para la provincia estar entre las primeras en certificar productos que provienen de áreas de reserva de usos múltiples, con esquemas productivos que permiten conservar el bosque nativo, el pastizal y los recursos hídricos. Este convenio refleja el compromiso del Ministerio de Desarrollo Económico con la sostenibilidad".

Por su parte, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Walter Sione, sostuvo: "Los sistemas de trazabilidad actuales no solo agregan valor a los productos, sino que son una herramienta clave para mejorar procesos en las empresas. Desde el ministerio, apostamos a impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en todos los sectores productivos de Entre Ríos".

En tanto, desde Les Amis, sus representantes remarcaron que el sello Raíz Nativa y el sistema de trazabilidad serán diferenciales para acceder a mercados internacionales y responder a la creciente demanda de información sobre el origen y el impacto ambiental de los productos.

En la oportunidad se dió cuenta de aspectos estratégicos que reflejan el impacto del trabajo científico y tecnológico desarrollado en Entre Ríos. En ese marco Bernaudo afirmó que el "INTA es pilar del sector agropecuario argentino. Se trata de un organismo científico que innova permanente, ya sea con variedades de cultivos, técnicas, productos fitosanitarios; entre otros".

Sumó que "los expertos del instituto reciben consultas específicas de técnicos y productores, y este trato directo entre el sector público y el privado termina retroalimentado las investigaciones. En el caso de la estación Paraná, también estudiantes de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) realizan allí pasantías y tesis que enriquecen al INTA", añadió.

Gvozdenovich, sostuvo que como institución "remarcamos la importancia de trabajar en conjunto con el Gobierno provincial. Precisamente esta estación experimental se encuentra en convivencia con áreas periurbanas de Oro Verde, y colaboró activamente en la redacción de la nueva Ley de Fitosanitarios impulsada por el Gobierno". Especificó que "INTA Paraná ha sido también referente en leyes provinciales, como la de Conservación de Suelos; y aporta información sobre los recursos naturales y su gestión, articulando con los privados el desarrollo de variedades que licencia a empresas que las difunden y comercializan".

Por su parte, Basaldúa subrayó que el "INTA siempre trabajó junto al sector privado en el desarrollo y fortalecimiento de la actividad agraria. Hoy vimos ensayos sobre colza, cultivo que a nivel global ya es una commodity, ubicándose incluso por encima del girasol; y que crece muy rápido en países vecinos como Brasil, Paraguay y Uruguay".

Por caso, visitaron un ensayo de colza y otras brasicáceas a cargo del investigador de INTA Leonardo Coll, quien destacó que la EEA Paraná es referente nacional en investigación de este cultivo; de gran potencial para la producción de aceites y biodiesel. Indicó a su vez que INTA ha logrado un paquete de manejo adaptado localmente a Entre Ríos, trabajando en conjunto con la Cooperativa Agropecuaria de Aranguren y asociaciones de productores.

Asimismo, Walter Kuttel presentó un ensayo a campo de cultivares de cebada para mejoramiento e investigación de comportamiento, llevado a cabo mediante un convenio con la Cámara de la Industria Cervecera Argentina. Explicó también que el único programa de mejoramiento de avena del país está a cargo de INTA, el cual busca mejorar la productividad.

A su vez, la investigadora Lucrecia Gieco narró su experiencia con un programa de mejoramiento de trigo realizado con el aporte de empresas del sector, que se extendió durante 10 años. El mismo tuvo como objetivo el desarrollo y difusión de germoplasmas para Argentina y países limítrofes, y fue un trabajo en conjunto entre la EEA Paraná y cinco estaciones más, teniendo su sede en la EEA Marcos Juárez, de Córdoba.

De acuerdo al comunicado, julio de 2025 se convirtió en el mejor mes desde que se llevan registros (2002), impulsado principalmente por la finalización de la reducción de derechos de exportación establecida por el Decreto 38/25, que venció el 30 de junio. Las empresas con Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVEs) debieron cumplir con el anticipo del 95% del valor de cada contrato y prepagar los derechos de exportación correspondientes. 

El ingreso de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite a las firmas continuar comprando granos a los productores al mejor precio posible. Según el sector, la liquidación está directamente vinculada con la adquisición de granos para exportación, tanto en su estado original como procesados, con una anticipación que puede rondar los 30 días para granos y hasta 90 días para aceites y harinas proteicas.

Las entidades advirtieron que las comparaciones estadísticas entre períodos deben considerarse con cautela, ya que la liquidación depende de múltiples factores como precios internacionales, volúmenes de cosecha, clima, feriados, medidas gremiales y regulaciones externas. 

En 2024, el complejo oleaginoso-cerealero —incluyendo biodiésel y derivados— aportó el 45% de las exportaciones del país, siendo la harina de soja el principal producto, seguido por el aceite de soja y el maíz. Sin embargo, el sector mantiene estancada su producción y depende de las variaciones de precios internacionales para modificar su estructura exportadora.

El 30 de junio se convertirá en una fecha bisagra para el sector agroexportador. Con el reloj corriendo hacia el fin de la baja temporal en los derechos de exportación (DEX), productores y empresas se volcaron masivamente al mercado. El resultado es un auténtico boom de ventas de granos, liderado por la soja y el maíz, que podría cerrar el mes con una liquidación récord de entre u$s4.500 y u$s5.500 millones, según estimaciones del sector privado.

A solo nueve días hábiles del cambio de régimen impositivo, el campo le imprime velocidad al cierre de contratos, impulsa los registros de exportación y adelanta operaciones incluso con embarques previstos hasta noviembre. El objetivo es claro: evitar el impacto del regreso al 33% de retenciones, que implicaría una caída inmediata de ingresos para los productores.

Según datos relevados hasta el 12 de junio, ya se registraron exportaciones por 7,9 millones de toneladas entre granos y subproductos, duplicando el promedio histórico para este período del año. Solo en soja, la harina acumula 2,2 millones de toneladas, seguida por el maíz con 3,5 millones, el poroto de soja con 1,04 millones y el aceite de soja con 469.000 toneladas.

El valor declarado por estas exportaciones alcanza los u$s2.300 millones, pero si se mantiene la tendencia en precios y ritmo de ventas, el mes podría cerrar en niveles nunca antes alcanzados. Las estimaciones privadas proyectan una liquidación de al menos u$s4.000 millones, con un techo que podría escalar por encima de los u$s5.500 millones si las condiciones acompañan.

La decisión oficial de no prorrogar la baja de las retenciones para la soja y el maíz activó un anticipo masivo de operaciones. En cambio, sí se mantendrá el beneficio fiscal para la campaña fina, que incluye al trigo y la cebada. Esta diferencia generó tensión en el mercado y aceleró la necesidad de colocar grano disponible antes del 1 de julio.

El impacto también se refleja en las ventas primarias, es decir, las que hace el productor al circuito comercial. Allí el promedio diario trepó a 500.000 toneladas, con muchas operaciones que incluyen entregas pactadas a futuro, incluso hasta noviembre. El anticipo de ventas se traduce en un volumen inédito para esta altura del año, y evidencia un intento por construir un “colchón logístico” que garantice liquidez y cobertura fiscal en los meses siguientes.

El contexto internacionalLa creciente tensión en Medio Oriente empujó el precio del petróleo y, en consecuencia, de las commodities agrícolas. Aunque el efecto podría ser transitorio, el mercado optó por anticiparse a posibles fluctuaciones. Con los precios de la soja rondando los u$s280 por tonelada, cualquier suba de retenciones implicaría una pérdida de competitividad que muchos buscan evitar.

El comportamiento del mercado también responde a una mejora en la cosecha. La soja superó las expectativas en volumen, lo que permitió disponer de grano para vender en un momento fiscalmente oportuno. Aunque los precios no son los más altos del ciclo, la oportunidad radica en aprovechar la ventana antes del cierre del mes.

En términos comparativos, ya se alcanzó el 77% del promedio anual de ventas entre las campañas 2017/18 y 2023/24, y el 89% de lo registrado durante el mismo período del año pasado. Esta aceleración refleja no solo la respuesta ante un cambio impositivo, sino también una reacción al aumento de costos y a la presión cambiaria.

El escenario pone en evidencia el dilema del Gobierno: mantener ingresos fiscales a corto plazo o generar incentivos a mayor producción. Desde el sector exportador se insistió en que la continuidad del esquema reducido para la soja y el maíz podría potenciar las exportaciones sin sacrificar recaudación, dado el incremento en volumen que genera una mejora en la base imponible.

Hasta el momento, la postura oficial es firme. Solo se extenderá la baja para trigo y cebada, mientras que la soja volverá al 33% de retenciones. El maíz, por su parte, se encuentra bajo análisis, con posibilidades de mantener una alícuota intermedia si las condiciones fiscales lo permiten. Esta indefinición mantiene en vilo al sector, que busca planificar su logística y sus ventas con más certezas.

En paralelo, el Gobierno observa con atención el ingreso de divisas. En un semestre marcado por las necesidades de financiamiento y el calendario electoral, el aporte del agro aparece como una vía clave para sostener el equilibrio externo. La expectativa está puesta en que la aceleración actual permita estirar el flujo hasta julio y agosto, gracias a las ventas anticipadas y a la programación de embarques bajo el esquema fiscal vigente.

La incógnita es el segundo semestreEl interrogante se centra en lo que ocurrirá a partir del 1 de julio. Con el 70% de la soja aún sin precio fijado, el regreso al esquema pleno de retenciones podría generar una caída en la capacidad de pago de la exportación, lo que limitaría los precios en el mercado interno. Este posible escenario podría frenar el ritmo de ventas y alterar la planificación comercial del segundo semestre.

El cierre de junio se proyecta como una marca histórica en términos de volumen y valor exportado. Pero también se transforma en una advertencia sobre los efectos que generan los cambios impositivos sin previsibilidad. El campo respondió rápido, pero ahora espera definiciones que le permitan proyectar su actividad más allá del corto plazo.

Mientras tanto, las terminales portuarias refuerzan su operativa, las industrias procesadoras aceleran la molienda y los productores se concentran en cerrar operaciones antes del límite fiscal. El agro se mueve con prisa, anticipando un giro que ya se siente en los números de junio y que dejará huella en el segundo semestre de 2025.

En diálogo con Ámbito, el analista y consultor Javier Preciado Patiño aseguró que “desde la última semana de mayo hasta ahora los negocios se aceleraron mucho, con incrementos fuertes en las toneladas que se comercializan diariamente. Pasaron de un promedio de 400 mil toneladas diarias a más de 500 mil. En cuanto a la liquidación de divisas, los exportadores y la industria declararon sólo en la primer semana 4 millones de toneladas, con lo cual si llegamos a los 8 millones tendríamos que tener una muy buena liquidación de dólares”.

Sin embargo, Preciado Patiño advirtió en su cuenta de X que en virtud de los valores ofrecidos a futuro, “hay alguien apostando en el mercado por la continuación de los DEX al 26% post 1 de Julio”.

Por ahora no hay mayores detalles acerca de lo que podría ocurrir en las próximas semanas, más allá de ciertas especulaciones. Con este panorama, lo concreto es que el sector proyecta cerrar junio con cifras sin precedentes.

Si se sostiene el ritmo actual de operaciones y se mantienen los valores internacionales, la liquidación mensual podría convertirse en la mayor del año. Se prevé que las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) superen las 8 millones de toneladas (con un máximo de 10 para los más optimistas) y que las divisas ingresadas por el agro igualen, o incluso superen, los u$s5500 a u$s6000 millones. Este nivel no solo representaría un récord para un mes de junio, sino que también reforzaría el peso del agro como motor central de la economía argentina e impulsor de las ventas al exterior, en medio de un escenario internacional incierto.

Fuente: Ámbito

El decreto, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, introduce cambios clave en el Código Alimentario Argentino (CAA). Entre las medidas destacadas, se eliminan los requisitos para registrar y autorizar muestras, productos, establecimientos, depósitos y utensilios para alimentos provenientes de países con altos estándares sanitarios, como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y otros. Esto significa que productos certificados en estos mercados podrán ingresar al país sin restricciones adicionales, facilitando su incorporación directa al mercado argentino.

Posibilidades de expansión

Por el lado de las exportaciones, el decreto elimina "todas las mochilas regulatorias" que enfrentaban los productores locales. Según Sturzenegger, “el Estado deja de molestar para ponerse al servicio del productor”, limitándose a emitir los certificados requeridos por los países de destino. Esto busca mejorar la competitividad internacional de la industria alimenticia argentina, permitiendo que las empresas tengan un acceso más ágil y económico a los mercados extranjeros.

Sin embargo, esta apertura también presenta desafíos importantes. La posibilidad de que ingresen al mercado interno alimentos importados, certificados en países como Australia, Canadá o Nueva Zelanda, podría generar competencia directa para los productores locales. Esto podría impactar especialmente a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) agroindustriales de la región, que no cuenten con los mismos recursos para adaptarse rápidamente a un entorno más competitivo.

Llamados de atención

Es ocioso explicar el impacto que tiene la industria alimenticia en Gualeguay, donde empresas como Soychú desempeñan un rol central en la economía local. Este nuevo marco normativo representa una oportunidad de expansión internacional, pero también un llamado de atención. Si bien la desregulación promete facilitar las transacciones y reducir costos para los consumidores, la competencia con productos extranjeros podría generar presiones en el mercado interno, especialmente en el sector cárnico y avícola.

En el Anexo III de la normativa se aclara cuáles son los mercados que por tratados de integración económica o acuerdos de reciprocidad podrán ingresar sus productos con menos controles. Entre ellos se encuentran Estados Unidos y la Unión Europea, dos de los principales productores avícolas del mundo. De dicho apartado se encuentra excluido Brasil, la gran amenaza para la industria avícola y porcina local por sus volúmenes de producción y su cercanía, entre otros factores.   El decreto también establece que los exportadores solo deberán ajustarse a las normativas del país de destino, eliminando requisitos adicionales del Estado argentino, como la certificación previa de muestras o el cumplimiento de normativas locales no exigidas por los compradores internacionales. Esto permitirá reducir costos y tiempos administrativos, incentivando a las grandes empresas a aumentar su volumen de exportaciones y explorar nuevos mercados.

No obstante, sectores productivos de Gualeguay adviertieron sobre la necesidad de monitorear el impacto de esta normativa en el empleo y en la capacidad de las industrias nacionales para competir en igualdad de condiciones con los alimentos importados.

La desregulación del comercio exterior, que entrará en vigencia el 21 de enero de 2025, plantea un cambio de paradigma para la agroindustria argentina y, puede tener impacto particular en una ciudad como la nuestra donde el sector alimenticio no solo es motor económico, sino también fuente de identidad local. Mientras algunos celebran la eliminación de barreras para crecer en mercados internacionales, otros observan con cautela cómo la apertura comercial puede reconfigurar el equilibrio entre producción nacional e importaciones. 

“2023 fue un año difícil para las exportaciones en Argentina: en total cayeron 24,5%, mientras que en las cadenas agroindustriales (CAI) la caída fue del 35,8%, impulsado principalmente por la sequía y la caída de precios internacionales. En total las CAI generaron 38.835 millones de dólares en 2023, 20.680 millones menos que en 2022”, señala un reciente reporte de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). El dato se desprende del Monitor de Exportaciones Agroindustriales.

“Esto afecta a todos los argentinos. Por un lado, de los 11 rubros exportadores, solamente 3 ingresan más dólares de los que consumen: transporte, minería y las cadenas agroindustriales. Sin embargo, las últimas generan 14 veces lo que generan transporte y minería juntos. Esto quiere decir que los dólares que entran de las cadenas agroindustriales nos permiten comprar computadoras, celulares, ropa, muebles, combustibles, juguetes, entre otros. Además, menos exportaciones es igual a menos trabajo y menos oportunidades”, subrayó Nicolle Pisani, economista de la Fundación.

“¿A cuántos países llegamos?”, es uno de los tantos interrogantes que se resuelven con este reporte. “Las cadenas agroindustriales argentinas llevan sus productos a más de 155 países, eso equivale al 80% del mundo. Como principales compradores se destacan Brasil, China, Estados Unidos y Vietnam”, revela David Miazzo, Economista Jefe de FADA.

Perspectivas 2024: ¿Qué podemos esperar?

Según el informe, las perspectivas de las exportaciones para 2024 son: neutras en términos de demanda internacional; positivas en competitividad cambiaria; positivas en oferta exportable; y negativas en precios.

“Podemos esperar un 2024 con mayor nivel de exportaciones respecto a 2023, generado por la tracción de los granos, aunque con menor valor que 2023 a causa de los precios. Con estas perspectivas, se podrían estimar exportaciones de las cadenas agroindustriales alcancen un valor entre USD 50.000 y USD 55.000 millones en 2024, unos USD 15.000 millones por encima del nivel de 2023”, analiza Miazzo.

Radiografía de las exportaciones 2023

“No fue un buen año para las exportaciones agroindustriales: de los 20 complejos que analizamos, en 16 cayeron las exportaciones, lo que ocasionó que ingresen 20.680 millones de dólares menos al comparar con lo exportado en 2022. Esto fue producto de la sequía y de los precios internacionales”, observa Pisani Claro.

Se destaca que Argentina es primera exportadora mundial de porotos, aceite y jugo de limón, maní y aceite de soja. Estamos segundos en harina de soja y yerba mate y terceros en leche en polvo, maíz y porotos de soja.El estudio de FADA también analiza quiénes son nuestros principales compradores: Brasil (lácteos, legumbres, peras y manzanas y trigo), China (carne aviar y de vaca y cebada), India (girasol y soja), EE.UU. (té, uva, limón y forestal), Vietnam (maíz), Chile (arroz), Países Bajos (maní), Siria (yerba), España (pescado), Costa de Marfil (cerdo) y Alemania (lanas).

Una actividad federal con impuestos no tan federales

En 2023, Argentina exportó por USD 66.788 millones de dólares. Las cadenas agroindustriales generaron un total de USD 38.835 millones en concepto de exportaciones. Del total de las exportaciones argentinas, 6 de cada 10 dólares provienen de las cadenas agro, lo que equivale al 58% de las exportaciones argentinas.

“Los productos agroindustriales salen desde todo el país, es una actividad totalmente federal. Cada rincón de la Argentina tiene miles de trabajadores que se especializan en las producciones de esa región. Por ejemplo, en la Patagonia lo que más se exporta son los rubros pesqueros, peras y manzanas. En la región pampeana son mayoría soja, maní, girasol, maíz, trigo, cebada, carne de vaca, lácteos y carne aviar. En cuyo prevalece la cadena vitivinícola. Desde el NEA es el té, la yerba y productos del complejo forestal. Por último, en el NOA se especializan en limón, porotos y garbanzos”, afirma la economista.

“Sin embargo, ese federalismo no se refleja desde lo impositivo, ya que el 89% de lo recaudado por AFIP en Derechos de Exportaciones viene de las cadenas agroindustriales, y ese impuesto no es coparticipable a las provincias. O sea, es trabajo y recursos que se generan a lo largo y ancho del país y que quedan en el Estado nacional”, concluye Miazzo.

Con la llegada del fenómeno climático de El Niño las lluvias se hicieron presentes en gran parte de la región agropecuaria del país y promete dejar la segunda mejor cosecha de la historia, con 137 millones de toneladas, que permitirá exportar 99 millones de toneladas de granos y el ingreso de US$ 35.800 millones.

Es por eso que despejado el panorama productivo en cuanto a lo climático, sumado a la devaluación que mejora la rentabilidad del sector y la eliminación de restricciones a la comercialización exterior de la producción, la dirigencia agropecuaria enfoca sus esfuerzos en lograr reglas de juego estables y previsibles, al mismo tiempo que insiste con que baje la presión tributaria.

Lo cierto es que este último punto parece ser el más difícil de lograr, ya que una de las primeras decisiones que tomó el gobierno de Javier Milei fue impulsar un aumento en las retenciones a todas las producciones agroindustriales, a excepción de una veintena de economías regionales, sumada la lechería.

Así, la iniciativa que está incluida en el la denominada "Ley ómnibus" y que tendrá que ser debatida en el Congreso Nacional prevé llevar los derechos de exportación al 15%, lo que en maíz y trigo implica un incremento de dos puntos en la alícuota, mientras que en carne vacuna representa seis puntos, en girasol ocho puntos y en producciones como el algodón o el maní, 15 puntos.

A raíz de esto, la dirigencia del sector espera no sólo revertir esta decisión, sino también que se establezcan reglas de juego claras y previsibilidad para el desarrollo de los negocios.

En diálogo con Télam, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, sostuvo que "el campo cierra un año 2023 climática y políticamente complicado. Estamos saliendo de una sequía histórica de tres años consecutivos que dejó a muchos productores fuera de su actividad y un Gobierno que no apostó a la producción, con medidas que impedían el desarrollo".

"El tema principal será la brecha cambiaria y la eliminación total de los derechos de exportación. Este es un reclamo histórico de CRA, y no importa quién gobierne. Siempre hemos dicho que es un impuesto que hace mucho daño, inclusive dentro de las cadenas de valor", dijo Castagnani.

Por eso, remarcó la necesidad de "tener un Gobierno que entienda la producción, necesitamos reglas claras impositiva y productivamente".

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, también hizo hincapié en la difícil situación que atravesó el campo con el clima.

"Cerramos un año que empezó muy duro, agudizando una sequía que pegó en todo el país y que aún sigue pegando en algunas zonas. Esa razón nos hizo perder las expectativas de producción. Por suerte la cuestión se fue revirtiendo con el pasar de los meses", dijo Pino a Télam.

En la misma línea, opinó que "desde la economía y política sectorial transitamos un año que termina con un cambio de modelo generando expectativas para lo que viene. Confiamos en que el nuevo Gobierno genere el rumbo que el sector y el país necesita y que va a poner en práctica lo que siempre pregonó: un sector con libertad de mercados, producción sin retenciones y reglas estables".

Por último, el titular de Coninagro, Elbio Laucirica, espera que en 2024 "se vean superadas las dificultades políticas, sociales y económicas, y climáticas que tuvimos y podamos contar con políticas públicas que promuevan el desarrollo socio económico del país, incentiven la producción y la generación de trabajo con empleo genuino, con reglas claras y perdurables en el tiempo".

Para Laucirica es necesario "el arraigo rural, mejorar la calidad de vida rural, con inversiones en caminos rurales, electrificación y conectividad, y un país con mejor educación, seguridad, justicia y salud para todos los argentinos".

La Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó su desacuerdo con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que se publicó hoy en el Boletín Oficial, al considerar que las iniciativas que contiene la norma "deberían ser debatidas por el Poder Legislativo" y criticó de manera especial la derogación de la Ley de Tierras, que limita la compra de tierras por parte de extranjeros.

"Desde FAA ratificamos nuestro compromiso republicano. Por ello, creemos que es fundamental el respeto irrestricto a la división de poderes, así como también al saludable funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos que prevé nuestra Constitución Nacional, pues ella impide el avasallamiento de un Poder sobre el otro", dijo la entidad agraria en un comunicado.

Al respecto, consideró que las "acciones que tienden a cambiar drásticamente la vida social, productiva, económica y cultural de los argentinos deberían ser debatidas por el Poder Legislativo en el Congreso de la Nación. Y, más allá de las mayorías con las que se arriba al Gobierno, de las que siempre hemos sido respetuosos, como entidad estamos convencidos de que el hecho de que los gobernantes se ciñan a la Constitución y sus preceptos no es optativo ni discutible".

"Si bien el DNU contiene aspectos positivos y negativos, queremos dejar expresado desde ya nuestro rechazo en particular a la apertura irrestricta de la compra de tierras por parte de extranjeros en nuestro país. Sin límites, ponemos en riesgo la supervivencia de los productores y la soberanía de nuestros recursos naturales", sostuvo la entidad.

"Con el pretexto de atraer inversiones, es necesario recordar que durante 21 años desde el sector agropecuario hemos aportado casi US$ 200.000 millones en concepto de retenciones, que han sido la herramienta que provocó la desinversión y la desaparición de miles de pequeños y medianos productores" y agregó que "si nos sacaran las retenciones estaríamos en condiciones de generar las inversiones que tanto anhela el gobierno y espera de parte de los extranjeros", concluyó el comunicado.

Subirán retenciones 15 % para economías regionales y la soja queda en 30 %

Uno de las medidas que le dará ingresos fundamentales al fisco será la suba generalizada de derechos de exportación,

La soja, en tanto, desembolsará 30%. Esperan una aceleración inflacionaria inmediata con impacto en la actividad. Buscarán revertir el cambio en Ganancias que hizo Sergio Massa en campaña

El Gobierno aplicará un plan económico inmediato que incluirá un recorte de subsidios desde febrero para luz y gas, la eliminación rápida del sistema SIRA de autorización de importaciones, y una suba generalizada de retenciones, que pasarán a tener una alícuota de 15% para todos los productos salvo la soja que pagará 30 por ciento. El Poder Ejecutivo reconoce que el impacto de las medidas será fuertemente contractivo para la actividad económica y que habrá dos o tres meses de índices inflacionarios mucho más altos que el actual.

Uno de las medidas que le dará ingresos fundamentales al fisco será la suba generalizada de derechos de exportación, que quedará simplificado en dos alícuotas: 30% para la soja y 15% para el resto. Es decir, aquellas economías regionales que no pagaban retenciones pasarán a hacerlo en esa magnitud. Es una contrapartida, dicen en Economía, de la fuerte devaluación del tipo de cambio que, esperan, acelerará exportaciones y liquidación de divisas hasta fin de año. Creen que podría haber unos USD 5.000 millones, que están en conversaciones con las cerealeras.

En el campo, claro, no lo ven con buenos ojos. "Con el 50-50 que había hasta una semanas (liquidaciones 50% al MULC y 50% al contado con liqui) ofrecían unos $240.000 por toneladas. Eso mismo mañana va a valar unos 256.000 pesos. Con la suba que habrá en los fletes e insumos más inflación vamos a salir hechos o empezaremos a perder plata", calculó un hombre de campo luego de los anuncios.

El comercio exterior pasará a tener tipos de cambio diferenciados. Las exportaciones, por ejemplo, pasarán a ser liquidadas, en todos los casos, con un esquema de 80-20: la mayor parte a valor del dólar oficial ($800) y el 20% restante, a contado con liquidación. Daría así un dólar a $860. Al contar las retenciones, se iría a $760.

Las compras al exterior, por su parte, pagarán en la mayor parte un 17,5% de alícuota de impuesto PAIS, ya sea para importaciones de bienes como de servicios. Tendrán un tipo de cambio de $940, confirmaron fuentes oficiales.

El plan que empezará a aplicar el ministro de Economía Luis Caputo incluirá medidas más allá de las 10 que anunció este martes por la tarde. El objetivo de fondo será llegar a un equilibrio fiscal en el primer año de Gobierno mediante medidas de shock, con una devaluación que lleve el tipo de cambio oficial a 800 pesos con dos "anclas": la fuerte poda de gastos y un precio del dólar que se moverá muy lentamente tras ese salto, a ritmo de 2% mensual. El equipo económico prevé una aceleración de los precios inicial para que desde el tercer o cuarto mes del programa, la carrera nominal empiece a frenar.

Para ese programa fiscal agresivo el Gobierno piensa un esquema de tenaza compuesto por un baja drástica de algunos gastos y la suba de ingresos fiscales. Hay una distinción entre las dos patas de ese programa: la parte de la poda no requiere autorización del Congreso y podrá ser operada directamente por el Ministerio de Economía, mientras que las medidas para reforzar la recaudación necesitarán, en su mayoría, el visto bueno del parlamento.

El plan "tenaza" para borrar el déficit

El ajuste del primer año del Gobierno de Javier Milei se estima en 5,2% del PBI, de manera tal de llegar prácticamente a equilibrio financiero en 2024. De ese total a ajustar hay 2,9 puntos del PBI que están explicados en recorte de gastos. Subsidios y obra pública son las columnas principales de esa poda (0,7% del PBI en cada caso).

Sobre subsidios, el plan de Caputo es activar un recorte a las subvenciones desde febrero -a más tardar en abril-, con aumentos que todavía no fueron estipulados. En términos generales, buscarán mantener una segmentación en la que los sectores de mayores ingresos dejen de tener asistencia del Estado, un sector medio con un tope estricto de consumo y una parte más protegida con tarifa social. Fuentes oficiales aseguraron que sostendrán las audiencias públicas, un requerimiento por ley.

La obra pública sufrirá un corte abrupto para el financiamiento con fondos públicos de proyectos que estén aprobados pero no estén iniciados. Esos quedarán completamente descartados. Entre los que ya estén iniciados, Economía "bajará" cuál es el presupuesto a disposición del Ministerio de Infraestructura y Guillermo Ferraro deberá elegir qué obras se terminan y cuáles quedarán truncas. Y por último, aquellos proyectos con financiamiento externo, continuarán funcionando con ese fondeo.

Otros dos elementos centrales de ese ajuste serán los 0,5% del PBI que darán la disminución "al mínimo" de las transferencias discrecionales a provincias y un 0,5% adicional de "gastos de funcionamiento" del Estado, que típicamente representa las erogaciones en salarios del sector público. En el equipo económico distinguen el gasto social "con intermediarios" con los que no lo tienen. Para ese caso, que podría incluir por ejemplo Potenciar Trabajo, habría un ahorro de 0,4%, mientras que el rubro Jubilaciones y pensiones también tendrá un recorte de 0,4 por ciento.

El Gobierno de Milei descongelará tarifas desde febrero (Adrián Escandar)

El único gasto que subirá durante el 2024 es el de la Asignación Universal por Hijo y Tarjeta Alimentar, que tendrán subas de 100% y 50% respectivamente de manera inmediata para amortiguar el impacto inicial del plan económico de Milei. "Sobreexageramos el ajuste en otras partidas para tener este colchón de ayuda social", explicó una fuente oficial.

Un asterisco interesante es que habría, en esa hoja de ruta de Caputo y compañía, una reversión del cambio en el impuesto a las Ganancias que hizo Sergio Massa durante la campaña, que eximió del pago de ese tributo sobre los salarios de la mayoría de los que estaban alcanzados. Si eso prosperara, representaría ingresos extra por 0,4% del PBI.

La entidad agraria comunicó a través de sus redes sociales los puntos que les presentará a Juan José Bahillo, secretario de agricultura este martes a partir de las 10. La popuesta contiene dos cuestiones centrales: el alivio fiscal y el financiamiento.Dentro del alivio fiscal, se destaca la suspensión de retenciones por IVA, la exención del Impuesto sobre Créditos y Debitos; suspensión y levantamiento de juicios de ejecución y de los bloqueos de cuentas corrientes; entre otros puntosPor el lado del Financiamento presentarán un plan de salvataje para pequeños y medianos productores; créditos a tasa cero para reactivar la producción y la eliminación de la resolución BCRA 7720 que aumenta la tasa de créditos por la tenencia de cereal.Por último, desde la Federación solicitaran un seguro multirriesgo, una reforma impositiva integral y progresiva; y medidas para el desarrollo productivo de pequeños y medianos productores.

Fue en un comunicado que alerta sobre la desigualdad entre el AMBA y las provincias que se desprende de la nueva segmentación de subsidios a la energía a nivel nacional.El documento fue firmado por Bolsa de Cereales, Bolsa de Comercio, Cámara Arbitral de Cereales, Centro de Acopiadores de Granos, Consejo Empresario y Unión Industrial y señala que en Entre Ríos, al igual que otras provincias, las tarifas eléctricas son “esencialmente superiores en cuanto a su costo y en relación a la provincia de Buenos Aires”.Y grafican que para un consumo hasta 300 kilowatts “en nuestra provincia se paga casi el 100% más que los usuarios de EDESUR”. Afirmaron a su vez que la situación se replica en la misma medida para todas las categorías de consumidores, incluyendo particularmente el de los grandes, como son las entidades firmantes.

Asimismo, advirtieron que de producirse en Entre Ríos un incremento como el que se anunció en el AMBA se afectarán no sólo los usuarios residenciales sino también y los aspectos productivos de nuestra provincia, que perderían competitividad frente a los bienes y servicios generados en Buenos Aires.

Fuente: El Entre Ríos 

En el marco del lock out patronal de 24 horas impulsado por el sectores del agro, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti cuestionó la medida y argumentó que se trata de un paro político decidido por la Mesa de Enlace que levanta un reclamo que "ya está solucionado".

"Estos paros siempre son políticos, decisiones políticas que toman las patronales de la Mesa de Enlace. Son decisiones que ponen en discusión cuestiones que en algún momento deben ver cómo mejorarlas, como la falta de gasoil, y que tuvo un pico de tensión un mes atrás, pero que ya está solucionado", sostuvo Cerruti en entrevista con AM530.

La vocera del mandatario hizo referencia también a los sectores que especulan con la guerra y con el valor del dólar, y reveló que Silvina Batakis trabaja en un programa de Gobierno para hacer frente a la falta de divisas y a reducir la inflación.

En la misma sintonía que el discurso de Alberto Fernández en el acto del 9 de Julio, Cerruti denunció a quienes buscan "desestabilizar al Gobierno", y volvió a cargar contra los medios de comunicación.

"Tuvimos un pico de esta escalada (de desestabilización) que se desató de manera feroz la semana pasada. Post salid de Guzmán se sucedieron una cantidad de encuentros entre el Presidente y la vice, e intentaron forzar la devaluación, hicieron corridas entre el lunes y martes...", desarrolló la portavoz.

Y agregó: "No puede ser que me estén preguntando por rumores que surgen en la City y que tienen que ver con desestabilizar. Entonces el periodismo también tiene que tener cuidado en cómo se engancha"

Por último, potenció el ensayo de tregua entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner al contar que mantienen diálogo constante, aunque no la hacen parte de los detalles. "Siempre sostuve que son debates que se dan, a veces más fuertes, porque somos una fuerza política que da debates de forma pública. Expresamos con mucha fuerza aquello que pensamos y no lo hacemos escondidos. A veces está dicho con una vehemencia que hace que los medios naturalmente tomen esto como una situación compleja", concluyó.

La Mesa de Enlace de Entre Ríos convocó a la Movilización y Asamblea a realizarse el próximo miércoles 13 de julio en Gualeguaychú, en el marco de la jornada de protesta y el cese de comercialización de granos y hacienda decidido por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias.

Desde la conducción de la mesa rural integrada por FARER, FAA, SRA y FEDECO, señalaron que en el marco de la jornada nacional de protesta se ha previsto la concentración para la hora 10:30 en el km. 83 de la ruta nacional 14 (mano al sur), desde donde se partirá en caravana hacia el cruce de las rutas 16 y 14, donde tendrá lugar la Asamblea a la hora 12.

“Marchamos por la Argentina. Y queremos dejar en claro que son muchas las razones que nos llevan a protestar. No hablamos sólo de cuestiones que afectan al sector productivo. Levantamos las voces para exponer ante la sociedad una serie de razones económicas, sociales, productivas y políticas. Hoy se juntan en este reclamo elementos de índole económico: desdoblamiento cambiario; emisión descontrolada; retenciones; presión tributaria; ausencia de previsibilidad y un gigantesco déficit fiscal. Aspectos productivos como falta de gasoil; problemas para la importación de insumos, tecnología y neumáticos; estado de los caminos rurales y ausencia de créditos. Cuestiones sociales tales como el padecimiento de millones de argentinos sumergidos en la pobreza; una inflación que todos los días les roba a los argentinos el poco poder adquisitivo que les queda; deterioro del sistema educativo y de la salud pública; intentos de dominación de la Justicia por parte del poder político; entre otros ejes”, describieron.

Se trata de “manifestar la preocupación y el hastío ante una sucesión de situaciones y hechos que lejos de mejorar, tienden a agravarse. Esta movilización excede ampliamente a la problemática rural. Intenta ser un llamado de atención ante un gobierno sin rumbo que antepone sus internas de poder. El 13 de julio los entrerrianos y los argentinos en cada punto del país estaremos diciendo basta. Será un grito que mezclará el amor por la patria, la protesta y la esperanza de una Argentina próspera”, destacaron.

Por último, los dirigentes señalaron que “Gualeguaychú será el epicentro de la movilización de la provincia de Entre Ríos. Seguramente habrá muchas más expresiones similares en distintos rincones del país. Igualmente hemos cursado invitaciones a los representantes de la Mesa de Enlace Nacional para que nos acompañen. Sería muy importante que estuvieran el 13 con nosotros y poder movilizarnos pacífica, pero firmemente, junto a otros sectores productivos, sociales y económicos de nuestra querida provincia”, finalizaron.

Ratifican la medida

La Mesa de Enlace ratificó para el próximo 13 de julio el cese de comercialización de granos y hacienda y la jornada de protesta en diferentes puntos del país. Todo esto pesar del pedido que realizó el pasado viernes el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, para que se deje sin efecto la medida y pasar de "la confrontación a la cooperación".

La decisión de los dirigentes del campo está centrada en expresar el malestar que hay en el sector por la actual crisis del gasoil, con un faltante del insumo en gran parte del país, pero también los problemas que generan la elevada presión impositiva, la intervención en los mercados, especialmente con las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, maíz y trigo. También se suman a los reclamos la incertidumbre que generó el freno a las importaciones, que impacta en la compra de los fertilizantes que son necesarios para el resto de la siembra de invierno y otros insumos.

A todo esto, una encuesta realizada durante el mes pasado por la consultora Amplificagro entre casi 500 productores reflejó que el 94,3% de los encuestados señaló que los actuales problemas del campo están relacionados directamente al accionar y las decisiones del Gobierno Nacional. En ese sentido, la falta de rumbo y la gobernabilidad aparecen en primer lugar de las preocupaciones, seguido por la falta de previsibilidad y reglas claras, junto con el intervencionismo, el clima de negocios e impuestos, entre otras cuestiones.

Durante el fin de semana, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, dijo en declaraciones radiales que "seguimos apuntando al 13 (de julio). Ahora hay una movida importante. Tenemos la incertidumbre sobre cómo sigue esto para adelante, más allá de lo del día 13. Vamos a tomarnos este día, un respiro. Además el anuncio de la Mesa de Enlace de esta jornada de protesta, no tiene que opacar ese gran encuentro que sucedió la semana pasada con diferentes sectores de la cadena agroindustrial, donde se generó un muy buen documento que refleja la situación actual del sector, que puede ser el puntapié inicial de seguir aportando para que la Argentina pueda salir de este difícil momento".

Ante la consulta sobre si existen definiciones en relación a las características que tendrá la jornada de protesta, Pino sostuvo que "cada entidad que integra la Mesa de Enlace le dará un lugar de preponderancia para tomar las decisiones a las mesas provinciales que ya están trabajando para el armado de las diferentes actividades que vamos a desarrollar y definan los lugares para las mismas. El día de la movilización lo que vamos a hacer es mostrar las necesidades y demandas que tenemos y hacemos al Gobierno, y aparte de eso presentar todo lo que somos capaces de ofrecer siempre y cuando tengamos la posibilidad de producir más y mejor. A todo esto apuntamos".

Gasoil, fertilizantes y otros temas

En el nuevo escenario que trajo la llegada de Silvina Batakis al ministerio de Economía, el campo aguarda definiciones de la flamante funcionaria sobre tres temas: dólar, faltantes de gasoil y retenciones. Sobre los dos primeros, Batakis señaló ayer "sentirse cómoda" con el tipo de cambio oficial actual y estimó que el tema del gasoil debe estar "completamente resuelto" en el plazo de un mes.

Otro de los aspectos que preocupa al campo, es el acceso a los fertilizantes, en medio de las restricciones que aplicó la semana pasada el Banco Central a las importaciones. Según la Asociación Civil Fertilizar, el consumo total de fertilizantes en Argentina durante el año pasado fue de 5,6 millones de toneladas, y el 65% de ese monto fue importado. Los fertilizantes nitrogenados y los fosfatados son los de mayor utilización, totalizando el 92% del total.

El encuentro fue el viernes pasado en Villaguay, cuando se comunicó que motorizan un cese de comercialización previsto para el 13 de julio. Además, en el encuentro se informó sobre el diálogo que mantienen con la ministra de Gobierno, Rosario Romero. A la funcionaria se le pidió la creación de fiscalías especializadas en delitos rurales. Asimismo, se informó que trabajan en una reunión con el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo. 

José Colombatto, titular de la entidad, precisó que le entregó a Romero un petitorio. Agregó que se solicitó a la funcionaria “la creación de una comisión interinstitucional para la prevención y el seguimiento de los delitos rurales; la creación de fiscalías específicas de delitos rurales distribuidas estratégicamente en la provincia; y mientras tanto proponemos a los fiscales que soliciten decomiso de vehículos doble tracción y motos ‘todo terreno’ para proveer gratuitamente de móviles idóneos para prevención del delito rural, entre otros requerimientos”.

Protesta

Desde la entidad que nuclea asociaciones rurales, se adelantó que protestarán el 13 de julio. Cesarán la comercialización de granos y hacienda, a modo de reclamo por la falta de gasoil en la provincia, entre otros motivos.

“Esta movilización surge desde la necesidad y la bronca. La provincia con mayor presión tributaria del país, ni siquiera posee las condiciones básicas en materia de combustibles e insumos para producir. Se repite que el campo es destituyente y observamos atónitos cómo desde el mismo gobierno se hacen zancadillas por una porción de poder, sin importarles el destino del país”, criticó Colombatto.

“Definimos movilizarnos en consonancia con la decisión de la Mesa de Enlace Nacional, y lo haremos en algún lugar emblemático que evaluaremos más cerca de la fecha. Pero esta situación no da para más. Es imposible quedarse de brazos cruzados. Paralizan la producción agropecuaria, ahogan al que invierte, todos los días inventan un nuevo impuesto, el déficit fiscal no para y se despedazan por una cuota miserable de poder especulando con las elecciones de 2023. Es un combo vergonzoso y que pone en jaque a todo un país”, sentenció.

Exposiciones

En otro orden, desde Farer recordaron que se encuentran abocados a exposiciones ganaderas, industriales y comerciales.

El calendario de exposiciones de las rurales que integran la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos para este 2022, es el siguiente:

Gualeguay - 16, 17 y 18 de septiembre.

Villaguay - 5, 6, 7 y 8 de agosto.

Federal - 12, 13 y 14 de agosto.

Feliciano - 19, 20 y 21 de agosto.

Hasenkamp – 26 y 27 de agosto.

La Paz - 26, 27 y 28 de agosto.

Gualeguaychú - 9, 10 y 11 de septiembre.

Colón - 10 y 11 de septiembre.

María Grande - 24 y 25 de septiembre.

Concordia - 1 y 2 de octubre.

Chajarí - 6, 7, 8 y 9 de octubre.

Victoria / Nogoyá (Expo conjunta) - 11, 12 y 13 de noviembre.

La participación del Estado en la renta agrícola llegó al 61,5% este mes, para el promedio de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Esto quiere decir que por cada $100 de renta que genera una hectárea promedio, $61,50 se va en impuestos, sean nacionales, provinciales o municipales, de acuerdo con un informe elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA).

Además, este trabajo reveló que mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 61,5%, la participación del Estado en soja es del 68,4%, maíz 53,9%, trigo 50,4% y girasol 44,8%.

Sin embargo, FADA aclaró que la participación del fisco en las ganancias del agro fue de 3,4% en junio, más baja que en marzo de este año, a raíz de la suba de precios y de los rendimientos, ya que en el tercer mes del año se esperaban mayores impactos por la sequía de los que finalmente se registraron. Así, los dos factores hacen crecer la renta agrícola y la participación de los impuestos baja, en este caso del 64,9% al 61,5%.

No obstante, la entidad explicó que, si bien la participación porcentual de impuestos en la renta baja, la cantidad de impuestos en pesos que pagó una hectárea promedio entre la estimación de marzo y junio se incrementó. En el caso de soja, los impuestos nacionales que paga una hectárea pasan de $74.250 a $89.986, en maíz de $45.316 a $54.480, en trigo de $26.209 a $38.069 y en girasol de $22.306 a $42.693.

"Aquí queda claro que una mejora de precios o una mejora en los rindes, se traduce automáticamente en un mayor nivel de recaudación fiscal, principalmente de impuestos nacionales como derechos de exportación y Ganancias, que tiene una correlación directa con los ingresos y la rentabilidad", evaluó FADA.

Por otra parte, señaló que el tipo de cambio se ha atrasado respecto a la inflación, incrementando los costos de producción al medirlos en dólares: "Un escenario malo para cualquier actividad exportadora", alertó la Fundación. En ese sentido, ejemplificó que el costo de la cosecha se incrementó un 83% en pesos en los últimos 12 meses, mientras que el tipo de cambio oficial sólo subió 26,7% en el mismo período; esto significa que ese costo aumentó un 44,5% en dólares.N.A.

La portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, arremetió contra el tractorazo del campo convocado para el próximo sábado 23 de abril, para pedir por la libertad de "comerciar y expresarse".

En la habitual conferencia de prensa que brinda cada jueves-que está vez se realizó este viernes por cambios en la agenda presidencial-la funcionaria admitió que no entiende el motivo de la marcha, ya que no se anunció ninguna suba de retenciones.

"No es que hubo 'también' como en el gobierno de Mauricio Macri suba de retenciones, no es así porque no hubo suba de retenciones a los productores" , remarcó la portavoz. "Están marchando por las dudas", sostuvo Cerruti, diciendo que la marcha se trata de algo "absolutamente político".

Asimismo, la funcionaria marcó que el campo "es fundamental para el crecimiento de Argentina". En este sentido, celebró que hubo un récord de exportaciones, con un crecimiento interanual del 28,5%, lo que significó una suma de 7.352 millones de dólares. "Esto significa un crecimiento sostenido para el país", admitió y dijo que es necesario que este crecimiento se distribuya para mejorar la situación económica de los ciudadanos.La movilización del "campo" se concentrará el próximo 23 de abril a las 15, con la presencia de productores rurales de distintos puntos de la Argentina. La marcha cuenta con el apoyo de más noventa agrupaciones vinculadas al agro y también de cámaras empresariales y asociaciones ciudadanas, a las que se sumó la adhesión de la Sociedad Rural de Rosario.

Según la entidad santafesina, su presencia en la movilización es "en defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos a trabajar, comerciar y expresarse libremente, a recibir educación y a enseñar, garantizando la salud pública, la seguridad y con una Justicia independiente".

La Mesa de Enlace de entidades agropecuarios -a nivel nacional- tomó en cambio la decisión de no participar. Según se anticipó desde distintos sectores del campo, los productores se movilizarán en tractores, camionetas y otros vehículos y exigirán al gobierno nacional que "escuche" el reclamo del campo y también de la Ciudad de Buenos Aires.

Nuestro país sigue, desde hace años, un sendero de decadencia. Cada día que pasa estamos un poco peor que el anterior.

Por eso, el 23 de abril, decimos BASTA. #23A #AlláVamos #EstamosHartos pic.twitter.com/oXC8m9lliV- CampoMasCiudad (@CampoMasCiudad) April 22, 2022

La movilización comenzará este sábado y los productores se reunirán en dos puntos: el cruce de la ruta nacional 8 y la 193 (Solís) y en el de la ruta nacional 9 y 193 (planta logística Furlong), donde esperarán a otros integrantes que llegarán de diferentes puntos del país para partir juntos, a las 10.30, hacia la ciudad de Buenos Aires.

A partir de las 12, se reunirán en Libertador y Udaondo, donde estarán aguardando los tractores y caballos que encabezarán la marcha por esa avenida, seguidos por la caravana de autos y camionetas, para concluir a las 15 en la Plaza de Mayo y el Obelisco donde se leerá un petitorio.