Sergio Urribarri comenzó a cumplir su condena en un pabellón colectivo de la Unidad Penal N.º 9 “El Potrero”, ubicada en Gualeguaychú. En ese sector convive con otros 12 internos, en su mayoría mayores de 60 años y algunos con problemas de salud.

El espacio se encuentra cerca del ingreso al establecimiento penitenciario. Allí había sido construido un módulo destinado al funcionamiento de un hospital sanitario, pero el servicio nunca llegó a ponerse en marcha por la falta de designación de profesionales. Las instalaciones habían sido inauguradas durante 2025.

El pabellón dispone de 17 celdas individuales de aproximadamente tres metros por cuatro. Cada una cuenta con cama y mesa de luz. Además, existen dos baños compartidos, una cocina equipada con heladera y un patio común que permanece habilitado hasta las 17.

Las instalaciones cuentan con cámaras de seguridad y un sistema de monitoreo permanente. En el comedor hay un televisor de uso colectivo, aunque los internos también pueden disponer de un aparato propio dentro de sus celdas.

No está permitido el acceso a teléfonos celulares ni a conexión a internet.

Urribarri, de 67 años, fue condenado a ocho años de prisión efectiva por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. De acuerdo con el cómputo de la pena, permanecerá detenido hasta el 15 de julio de 2034.

En el mismo establecimiento también fueron alojados Pedro Báez, condenado a seis años y seis meses de prisión, y Juan Pablo Aguilera. Báez completaría su pena el 22 de mayo de 2031, mientras que Aguilera permanecería detenido hasta el 12 de enero de 2033.

La jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, Cecilia Beatriz Bértora, dispuso el traslado del exgobernador Sergio Urribarri, de su cuñado Juan Pablo Aguilera y del exministro de Cultura y Comunicación Pedro Ángel Báez a la Unidad Penal de la ciudad de Gualeguaychú.

La resolución se adoptó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara de manera definitiva las condenas dictadas en el megajuicio de abril de 2022, dejando firme la sentencia por delitos de corrupción contra la administración pública. Aunque inicialmente se había previsto que los tres penados ingresaran a la Unidad Penal N° 1 de Paraná, el curso de la medida se modificó a partir de una presentación formal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

En dicho documento, elevado por el subdirector de la fuerza, Inspector General Juan Santiago García, se advirtió formalmente al juzgado que la cárcel de la capital entrerriana no reunía las condiciones de seguridad y edilicias óptimas para albergar a los exfuncionarios y al empresario, recomendando su reubicación en el penal del sur entrerriano.

A partir de los registros carcelarios y las planillas de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), se detallaron las fechas límites en las cuales cada uno de los sentenciados completará su tiempo de detención:

Las condenas responden al esquema de desvío sistemático de fondos del Estado entrerriano montado entre 2010 y 2015, encubierto bajo contratos simulados de publicidad oficial para beneficiar a empresas vinculadas directamente a la familia y allegados del exmandatario.

El exgobernador Sergio Urribarri (67 años) purga una pena de 8 años de prisión efectiva como autor de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, aplicados por el direccionamiento de fondos a la imprenta ligada a Aguilera, los spots de la Cumbre del Mercosur y el financiamiento estatal del parador promocional instalado en Mar del Plata en 2015 durante su campaña presidencial.

Por su parte, el exministro Pedro Báez cumple 6 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva como coautor de los delitos de negociaciones incompatibles y peculado. En tanto, Juan Pablo Aguilera (47 años) fue condenado a la misma pena —6 años y 6 meses de prisión efectiva— en calidad de autor responsable de ambos ilícitos.

La decisión fue establecida mediante la Resolución 734/2026 del Enacom, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Hasta ahora, el procedimiento estaba contemplado para establecimientos penitenciarios federales y, con la nueva normativa, podrá extenderse a las cárceles dependientes de las provincias.

El sistema permitirá inhabilitar los dispositivos que sean detectados dentro de los sectores de detención y otras áreas de acceso restringido. El bloqueo comprenderá el IMEI, que identifica al teléfono; el IMSI, asociado a la tarjeta SIM; y la línea telefónica vinculada al equipo.

La aplicación de la medida no será automática. Para utilizar este mecanismo, las provincias deberán incorporarse al protocolo establecido y cada bloqueo tendrá que tramitarse a través del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Será esa cartera nacional la encargada de canalizar ante las empresas de telefonía móvil las solicitudes realizadas por las jurisdicciones adheridas. De esta manera, las provincias no podrán solicitar directamente a las compañías la inhabilitación de un teléfono.

La disposición busca reforzar las herramientas destinadas a prevenir la utilización de celulares para organizar estafas, amenazas, robos u otros delitos desde las cárceles.

Además, la normativa establece que los mecanismos tecnológicos utilizados deberán garantizar que las restricciones se circunscriban al perímetro penitenciario y no afecten las comunicaciones de vecinos, comercios u otros usuarios ubicados en las inmediaciones.

Las empresas prestadoras, por su parte, deberán mantener un registro de las gestiones efectuadas para garantizar la trazabilidad de cada procedimiento.

La ampliación del sistema se produjo luego de gestiones realizadas por autoridades de Mendoza, que habían solicitado contar con un marco normativo que permitiera aplicar el procedimiento también en establecimientos penitenciarios provinciales.