Entre las principales modificaciones se destaca la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que permitirá que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser juzgados penalmente cuando cometan delitos tipificados en el Código Penal.

La ley también establece un nuevo esquema de penas graduadas, que tendrá en cuenta tanto la edad del menor como el contexto en el que se haya cometido el delito. El objetivo del sistema es combinar sanciones con medidas socioeducativas orientadas a la reinserción social de los jóvenes.

La iniciativa fue sancionada durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso. En el Senado obtuvo 44 votos a favor y 27 en contra, luego de haber recibido previamente la aprobación en la Cámara de Diputados. De esta manera, el oficialismo logró avanzar con una de las reformas más discutidas en materia de política criminal.

Originalmente, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, durante las negociaciones parlamentarias con bloques aliados se acordó fijarla finalmente en 14 años, lo que permitió alcanzar el consenso necesario para su aprobación legislativa.

Con esta modificación, Argentina se alinea con la edad de imputabilidad vigente en varios países de la región. En naciones como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana, la responsabilidad penal comienza a los 14 años, mientras que en países como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá se establece desde los 12 años.

En la mayoría de estos sistemas, el tratamiento de los adolescentes que cometen delitos combina sanciones judiciales con medidas socioeducativas destinadas a su reinserción social.

En total, el juez federal de Victoria, Federico Martín, procesó a 16 personas con prisión preventiva tras los operativos realizados a fines del año pasado. Algunos, como el caso de Carlos, Mariano, Mateo y Luciano Torres; Ayelén Montojo, Alejandra Rossi, Magdalena Brassesco y Jorge Andino, fueron en apelación, pero recibieron la negativa del órgano federal revisor.

La investigación que llevó más de un año detectó que la organización comenzó comercializando marihuana, pero luego ampliaron el mercado a la cocaína.

La primera organización, denominada “Clan Millen”, operaba en Paraná y Gualeguay desde la Unidad Penal Nº 7, involucrando a varios miembros de la familia Millen y sus allegados en la distribución y venta de drogas.  La segunda, llamada “Clan Luque – Torres – Montojo – UP5”, tenía su centro de operaciones en Victoria y dentro de la Unidad Penal N° 5, liderada por un individuo encarcelado que coordinaba la adquisición, transporte y venta de sustancias ilícitas con la colaboración de varios individuos en libertad.

En la causa se detalla que el liderazgo y la coordinación la tenía Jonathan Luque, quien operaba desde la Unidad Penal N° 5. La justicia le atribuye los roles de organizador, proveedor-coordinador, financista y vendedor dentro de la unidad penal. Luque coordinaba la adquisición de estupefacientes desde Paraná o Rosario a través de terceros. También daba instrucciones sobre la recepción, distribución y resguardo de la droga, así como la organización de su ingreso a la cárcel de Victoria.

Por su parte, Alexis Millen, que inicialmente estaba detenido en la Unidad Penal Nº 5 y luego trasladado a la Unidad Penal Nº 7, lideraba esta organización desde la cárcel; se abastecía de material ilícito y organizaba su remisión para la venta dentro del penal gualeyo y en la ciudad de Paraná.

Ambas estructuras presentan una jerarquía con líderes que coordinan las operaciones y eslabones inferiores encargados de tareas específicas. Ambas organizaciones tenían conexiones y operaban tanto dentro como fuera de establecimientos penitenciarios, utilizando su situación de reclusión como base para la coordinación y el comercio.

La única diferencia que surge de las dos bandas es que el “Clan Luque” muestra una estructura más detallada en cuanto a los roles específicos de sus miembros. Mientras que el “Clan Millen” se caracteriza por una fuerte dependencia de los lazos familiares directos para llevar a cabo sus actividades.

Según la resolución a la que accedió AHORA, Jorge Andino y Luciano Torres eran dos eslabones claves en la organización de Luque. Ambos están procesados por comercio de estupefacientes agravado. La decisión del juez se basó en pruebas recabadas, como escuchas telefónicas y allanamientos, que sugieren la existencia de una organización dedicada al narcotráfico con distintos roles para los acusados.

La Cámara rechazó las apelaciones de las defensas, encontrando suficientes indicios de su participación coordinada en la actividad ilícita. Además, los camaristas realizaron recomendaciones al juzgado Federal de Victoria para profundizar la investigación, especialmente en cuanto a la identificación de proveedores y el destino de los fondos.

La estructura jerárquica de esta organización de narcotráfico, según se desprende de la resolución judicial, parece estar compuesta por diferentes niveles y funciones específicas. Se identifican al menos dos grupos diferenciados operando dentro de una organización mayor.

Uno de los grupos era liderado por Juan Alexis Millen, operando en el barrio Las Flores de Paraná y en la Unidad Penal N°7 (de Gualeguay). El otro grupo, liderado por Jonathan Luque, quien operaba en la ciudad de Victoria y en la Unidad Penal N°5.

En la confirmación del procesamiento, la Cámara avaló el detalle pormenorizado realizado por el juez federal de Victoria.

Si bien no se explicita una jerarquía rígida con organigramas, la información sugiere una estructura con un líder (Luque) dando órdenes a un ejecutor principal (Luciano Torres) que coordina con otros (como Montojo), un proveedor/transportista (Andino) que abastece al ejecutor, un financiador (Carlos Alberto Torres) y varios individuos encargados de la venta y distribución en diferentes niveles (Mariano Torres, Mateo Torres, Rossi, Brassesco), informó Ahora.

E

l resultado de esta desarticulación tiene relación con un procedimiento realizado (en septiembre de este año) por Gendarmería Nacional, donde se detuvo a una mujer de nacionalidad peruana y se decomisó 2 kilos 043 gramos de cocaína, que eran llevados adosados al cuerpo de la involucrada.

A raíz del operativo, y por disposición del Magistrado interviniente, el personal de la Fuerza efectuó durante tres meses tareas investigativas y analizaron el celular de la ciudadana, los cuales arrojaron que un integrante de la banda delictiva se encontraba detenido en la Unidad Penal N° 3 y que desde allí operaba.

En consecuencia, los uniformados materializaron cuatro allanamientos, en dos Unidades Penales N° 3 y N° 6 de la provincia como así también en dos inmuebles ubicados en el Partido de la Matanza (Buenos Aires). En esos lugares, se incautaron cocaína, 30 celulares, dispositivos de almacenamiento, divisas, una balanza de precisión y demás elementos de interés para la causa al igual que se detuvo a otras dos personas.

Efectivos de la Sección de Investigaciones Antidrogas “Concordia” del Escuadrón de Operaciones Antidrogas llevaron adelante por el transcurso de tres meses tareas de inteligencia criminal, ordenadas por el Juzgado Federal de la ciudad de Concordia, por el antecedente del secuestro de 2 kilos 043 gramos de cocaína que estaban adosados al cuerpo de una mujer de nacionalidad peruana. Este operativo fue realizado por el personal de la Sección “Chajarí” del Escuadrón 4 “Concordia”, en la localidad de Federación, que también tuvo como resultado el decomiso del celular de la involucrada y dos personas quedaron supeditadas a la causa.

Como resultado del análisis del teléfono y otras tareas de campo, los funcionarios pudieron establecer los vínculos y roles del clan familiar, conformada por integrantes de diferentes nacionalidades (argentinos, bolivianos y peruanos), la misma operaba en diferentes provincias del territorio nacional. Asimismo, los uniformados descubrieron que la ciudadana detenida en septiembre, era la encargada de entregar las sustancias ilícitas, más precisamente cocaína, y que un recluso de la Unidad Penal N° 3 “Teniente Coronel José Boglich” coordinaba la distribución de las drogas de manera local (en las ciudades y localidades de Entre Ríos).

Ante la información obtenida, que inmediatamente fue presentada al Magistrado interviniente, el cual dispuso cuatro órdenes de allanamientos; uno en la Unidad Penal N° 3, uno en la Unidad Penal Femenino N° 6 ubicada en la ciudad de Paraná y otros dos inmuebles situados en Villa Celina (Partido Bonaerense de La Matanza).

En los registros, los gendarmes hallaron 270 gramos de cocaína, una balanza de precisión, 30 celulares, una computadora portátil, tarjetas de memoria, 200.000 pesos argentinos, 100 dólares y demás elementos de interés para la causa.

Por último, un hombre y una mujer (ambos de nacionalidad argentina) quedaron detenidos, quienes permanecerán alojados en el Escuadrón 4.

Por unanimidad, el Tribunal N°1 de Morón denegó el pedido de excarcelación solicitado por el padre Grassi y de esta manera continuará preso hasta mayo de 2028 cuando finalice su condena por los dos hechos de abuso sexual infantil.

De acuerdo a lo anunciado por la jueza Mariana Maldonado, los fundamentos de la resolución del tribunal se darán a conocer el próximo 2 de septiembre.

Al término de la audiencia, el abogado Juan Pablo Gallego expresó: “Es importante que estas audiencias se puedan ver, porque hoy se demostró que se complicó solo”.

“Vimos a un monstruo que redobló su agresividad. Hoy dio una clase de pedofilia”, manifestó.

Asimismo, solicitó que la Iglesia saque a Grassi y ratificó que las víctimas “tienen miedo”. 

Conforme a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el acusado había presentado un escrito ante la Justicia para pedir su libertad condicional.

Frente a esta solicitada, el abogado de las víctimas manifestó a este medio que estaba “preocupado”, pero también “optimista” ya que tenía muchas cuestiones por las que el Tribunal no debía darle el beneficio, algo que finalmente se confirmó. 

Ante las diversas presentaciones y después de dos horas de audiencia, este jueves al mediodía el tribunal confirmó que el padre Grassi seguirá tras las rejas.N.A.

La Dirección de Toxicología y las Divisiones de Toxicología de la Policía de Entre Ríos, juntamente con los Grupos Especiales, realizaron un total del 26 allanamientos, en las ciudades de Villaguay y Concordia, como así también en la Unidad Penal de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

Investigación y allanamientos en Entre RíosLos operativos se llevaron a cabo luego de una investigación iniciada hace más de cinco meses por la División Toxicología de Villaguay, la cual con la colaboración de su similar de Concordia y de la Dirección de Toxicología, pudieron determinar la comercialización de sustancias estupefacientes en distintos puntos de la ciudad de Villaguay, siendo coordinada esta actividad por un interno de la Unidad Penal N° 4, el cual se encuentra condenado por narcotráfico.

Asimismo se pudo determinar quién era al menos uno de sus proveedores, siendo el mismo de la ciudad de Concordia, este a su vez era abastecido por una persona, cuyos padres se encuentran alojados en la Unidad Penal N° 9, desde donde coordinaban sus maniobras con su hijo.

Julio César Lescano, de 25 años, fue asesinado el 20 de enero de 2017 en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Su homicidio ocurrió en un lugar que, al menos en teoría, debería ser seguro para los reclusos: la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay. El autor del crimen fue Cristian Ibarra, quien admitió el hecho en un juicio abreviado donde aceptó purgar una pena de 12 años y seis meses de cárcel. La historia de este crimen no terminó allí, ya que que la familia de la víctima interpuso una demanda contra el Estado provincial por la suma de $11 millones por haber incumplido su deber de seguridad y custodia.La demanda comenzó a tramitarse en el juzgado Civil y Comercial N° 1 de Gualeguay, a cargo de Fabián Morahan. El 3 de septiembre de 2019, el magistrado hizo lugar parcialmente al reclamo y ordenó al Estado a pagar una suma total de $2.566.883, a repartirse entre la madre del joven y la viuda, en representación de sus dos hijos. En rigor, el magistrado estableció que la madre del joven reciba una parte por los rubros de daño moral, gastos funerarios y tratamiento psicológico; mientras que la concubina debía percibir otra suma por daño moral, lucro cesante y tratamiento psicológico.Esa cifra, muy inferior a lo reclamado, no conformó a las demandantes y por esa razón interpusieron una recurso de apelación para que se revea el monto indemnizatorio. En tanto, la Fiscalía de Estado apeló en busca de la anulación de la sentencia fundamentando que no tenía responsabilidad por la muerte del joven. Dicha discusión llegó ahora al pleno del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En una resolución a la que accedió UNO, fechada el 24 de julio, los vocales del máximo tribunal declararon la competencia para entender en la causa.Antes de que el caso ascendiera al máximo tribunal provincial, hubo otras resoluciones de importancia: el 19 e octubre de 2021 la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº1 de esta ciudad confirmó la sentencia de primera instancia y, ante la apelación de Fiscalía de Estado, elevó las actuaciones a la Sala Nº2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia. Esta Sala del STJ se declaró incompetente de tratar el asunto el 26 de septiembre de 2022 y remitió el legajo al STJ para que analice si es competente su intervención. Finalmente se supo que sí accedió a entender en la causa.Lescano fue asesinado alrededor de las 23 del 20 de enero de 2017. Recibió una puñalada en el pecho con una tijera. El ataque se dio en el sector de cocinas de la Unidad Penal N° 7 "Casiano Calderón", de Gualeguay. De acuerdo al relato del abogado de la familia de la víctima, Lescano "fue víctima de una apuñalada practicada por otro interno, el cual ocasionó su deceso"."El ataque fue propinado por el interno Ibarra, provisto con un elemento punzo cortante, sin que se haya acreditado legítima defensa o agresión alguna por parte de la víctima, que ante el incumplimiento del deber primario de seguridad y custodia de los internos, por el cual debe velar el Estado provincial a través del Servicio Penitenciario, resulta responsable civilmente de los daños y perjuicios que dicho hecho provocó y continúa provocando a mis mandantes”, agregó.En otro momento, adujo que el Servicio Penitenciario incumplió "el deber de seguridad que debió garantizar a los condenados y/o procesados”. Además, señaló que la madre de la víctima no fue informada claramente de lo que había sucedido y que incluso recién pudo dar con el cuerpo de su hijo a las 21.30 del sábado 21 de enero.“Agrava la responsabilidad objetiva de seguridad que pesa sobre el Servicio Penitenciario la circunstancia de que la muerte de Lescano fue un hecho que previsiblemente pudo haberse evitado, con la toma de debidos controles y cuidados para prevenir altercados y lesiones”, manifestó.Además, el abogado planteó que dos meses antes, Lescano estaba alojado en el pabellón modelo en la celda N° 4, con los internos Ibarra, Valussi, Reynoso y Godoy, y que una vez le pidió al director de la Unidad Penal "que lo trasladen a otro pabellón por problemas que tenía con Ibarra, originados en ataques verbales y hostigamiento personal que le infligía”.Tras el homicidio de Lescano, el fiscal Ignacio Telenta aseguró que “hubo una pelea" pero que desconocía el motivo. Por entonces barajaron dos hipótesis: un problema con una pareja o venta de droga en la cárcel. Ninguna fue probada. En otro fragmento, el abogado de la familia destacó un dato no menor: Lescano iba a salir en libertad el 5 de noviembre de ese año, ya que finalizaría la condena que le aplicaron en 2014.La causa por el crimen se resolvió rápido en la sede penal. Cristian Ibarra confesó haber sido el autor del homicidio y firmó un acuerdo de juicio abreviado. Fue condenado el 22 de junio de 2017 (cinco meses después del hecho) a la pena de 12 años y seis meses de prisión. Al momento del hecho, el homicida cumplía una condena a nueve años de cárcel por abuso sexual agravado. Fuente;unoentrerios

En ese sentido, El Debate Pregón dialogó con el integrante de la APDH, Juan Etcheverry.

Así, éste comenzó señalando: “Hoy la APDH junto con la Biblioteca Popular Carlos Mastronardi decidimos hacerle una donación a la Unidad Penitenciaria de un mueble biblioteca con una cantidad de libros que fuimos recolectando para que la gente alojada en esta unidad pueda tener acceso a la misma”.

“Creemos que es una buena medida en cuanto a que puedan informarse sobre una variedad de temas que tratan estos libros, que serán seguramente clasificados dentro de la unidad por gente experimentada”, expresó.

Y añadió: “En base a eso se trató de juntar libros que sean interesantes para la gente que está adentro como una forma de interiorizarse, a lo mejor hay gente que le gusta la parte de poesía, otra la de historia, otra la de bricolaje, carpintería, todo un poco de eso es lo que hemos logrado juntar y esperamos que podamos repetir esta iniciativa en alguna otra entidad”.

Respecto a otras actividades realizadas por la Asamblea, comentó: “Este jueves participamos en el Instituto Luis Federico Leloir en el `Pasa la Posta´, que es un programa que vino de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de Horacio Pietragalla al cual nos sumamos el Instituto y su centro de estudiantes. Fue a abierta a toda la comunidad educativa”.

Por otra parte, adelantó que: “A partir de junio vamos a hacer en algunos centros educativos, ya confirmadas las escuelas Normal y Comercio, proyección de la película `Argentina 1985´. Eso se realiza en base a un programa que se ha coordinado con la Secretaría de Derechos Humanos de la Dirección Departamental de Escuelas”.

“Se va a ir haciendo la proyección de la película en todos aquellos establecimientos educativos que tengan secundarios, va a ser para los cursos superiores de quinto y sexto año como nivel terciario”, finalizó.

Un diputado nacional del Frente de Todos reclamó que se baje la edad de imputabilidad a los 14 años y pidió que no haya excarcelación para las personas que sean detenidas con armas de fuego sin documentación.

Se trata del bonaerense Ramiro Gutiérrez, quien presentó en octubre pasado un proyecto de ley para ampliar el universo de personas imputables por la Justicia ante la comisión de delitos.

"Estamos viviendo una situación muy complicada. Hay gente armada en la vía pública que, así como hay gente que toma la decisión de ir a trabajar, toman la decisión de salir con un arma a robar o matar", sostuvo el legislador.

En declaraciones radiales, el dirigente oficialista señaló que su iniciativa legislativa busca "darle nuevas herramientas a la Policía y a los jueces para que cuando encuentren a una persona con un arma no puedan ser excarceladas".

Al referirse al asesinato del empresario Andrés Blaquier, cometido el pasado fin de semana por dos jóvenes de 18 años con antecedentes, Gutiérrez afirmó que el autor de los disparos "es un asesino".

"A partir de los 14 años de edad esta persona comprendía perfectamente lo que hacía", subrayó el diputado nacional.

En ese sentido, consideró necesario modificar la responsabilidad penal, lo que propone en su iniciativa: "Es un histórico proyecto de (Sergio) Massa de hace varios años, que volvimos a recrear. La edad es la posibilidad de comprensión, un joven a los 14 años comprende perfectamente que un arma es un instrumento capaz de matar a otro".

"Hay una ostentación absoluta de la portación de armas, un culto que se ve en las redes", lamentó el dirigente oficialista.

Las iniciativas para bajar la edad de imputabilidad son cuestionadas por organismos de derechos humanos y espacios dedicados a la infancia y la juventud, como UNICEF.N.A.

Al realizar la prueba de reactivo, arroja resultado positivo para marihuana, procediéndose al secuestro de los mismos. 

Por otra parte, el oficial de la unidad secuestró un celular que halló en la celda.

Por esta razón se le da intervención al Personal toxicológico, haciendo saber que en la fecha los internos habían recibido visita, localizándose en el lugar, 23 cigarrillos armados artesanalmente con material estupefaciente Marihuana (reactivo positivo) de los comúnmente llamados “porros” con un pesaje de 4 gramos, los que fueron debidamente secuestrados. Se puso en conocimiento al Fiscal en Turno.

El personal policial se constituye en el lugar y procede al formal secuestro de dichos envoltorios, resultando ser material compacto Marihuana con un pesaje de 66 gramos.

Al ser abierto detectan cuatro envoltorios de marihuana que ante el control arrojaron un pesaje de 102 gramos, procediéndose al formal secuestro y puesta a disposición de la causa. 

En otro hecho, en horas de la noche de este sábado, personal de la División Investigaciones trasladan desde calle Dr. Medina entre Pancho Ramírez y San Lorenzo, a un conocido hombre, quien cuenta con un importante prontuario, el cual se da a la fuga al notar la presencia del móvil policial, al momento de ir circulando en una bicicleta rodado 28 tipo galga de color negra, que había sido sustraída horas antes desde el exterior de un supermercado en calle Belgrano. 

Comunicada la situación a la Agente Fiscal en turno, se dispuso la detención del masculino y el secuestro del rodado para ser entregada a su propietario.

Se confirmó la condena contra Leonel Fernando Melgares de 20 años, que asesinara de un balazo a Catriel Cesar Monzón (22), el 24 de noviembre del pasado 2021, en el Barrio La Quilmes, de la ciudad de Concepción del Uruguay.

El crimenMelgares dio muerte a Monzón, efectuándole tres disparos con un arma de fuego, cuando la víctima estaba en la intersección de Henri y Lepratti, causándole lesiones, una de ellas en el tórax, proyectil que terminó impactando en el corazón del muchacho, que tras correr unos metros cayó sobre una vecina que estaba sentada en Henri 1211, dio cuenta 03442.Tras el artero ataque, Melgares escapó en una moto, mientras que el herido era llevado al hospital donde falleció, por lo que Melgares fue imputado del delito de “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

Se llegó a un acuerdo abreviadoLa causa estuvo en manos de la fiscal María Albertina Chichi, en tanto que el homicida tuvo en la Defensa Técnica Dr. Jair Manuel Gay.Tras llevarse adelante la investigación, las partes concretaron un acuerdo de juicio abreviado con la voluntad expresa de Melgares de aceptar su responsabilidad en el trágico hecho y la pena a ser impuesta, lo que se llevó a cabo la semana pasada en la Cámara Penal, con Tribunal unipersonal, presidido por el doctor Nicolás Gazali.

Presentado el acuerdo, el vocal dispuso pasar a un cuarto intermedio hasta este miércoles, oportunidad en la que daría su veredicto, lo que finalmente fue conocido en horas de la mañana.Gazali confirmó la homologación del acuerdo y condenó a Leonel Fernando Melgares, a la pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo, que continuará alojado en la UP7 de Gualeguay, renunciándose a los plazos de casación. 

Todo ello tenía como destinatario un interno de dicha Unidad Penal, destacando que se efectuó el secuestro de todos los elementos.

Chocaron un auto y una moto: un herido

En otro hecho, a las 19:30 horas de la tarde de este martes, desde la Sección 911 y Video Vigilancia, comisiona Personal a la intersección de las calles 1 de Mayo y Gianello, lugar donde se produjo un siniestro vial entre un automóvil marca Fiat, modelo duna weekend, conducido por un hombre mayor de edad y un motovehiculo marca Corven 110 cc donde se desplazaban dos hombres mayores de edad. 

A consecuencia de la colisión, quienes transitaban en el vehículo de menor porte debieron ser trasladados en ambulancia hacia el hospital San Antonio, donde al ser examinados por el Médico Policial, constató que uno de ellos con escoriaciones mientras que el restante una lesión de carácter grave, con fractura de tibia y peroné.

Un hombre de 26 años fue detenido en las últimas horas a la salida de un boliche en pleno centro de la ciudad chubutense de Trelew. Se trataba de un preso con salidas transitorias que tenía regresar al Instituto Penitenciario Provincial (IPP), pero se fue a bailar.

La detención tuvo lugar durante un control de rutina en el local bailable ubicado ubicado en el Pasaje Tucumán al 200. Allí, los oficiales reconocieron al prófugo pese al esfuerzo que este había hecho por cambiar su fisonomía y tras una breve persecución lo recapturaron.

De acuerdo a lo publicado por los medios locales, el hombre se había cortado el cabello, tenía nuevos tatuajes, lentes y otros accesorios destinados a pasar desapercibido y mantenerse prófugo.

La presencia policial tomó desprevenido al recluso que amagó con un nuevo intento de fuga pero fue apresado por los policías y trasladado, en principio, a una comisaría.

Casi en simultáneo, la Policía de la Ciudad recapturó a otro de los presos que se escaparon la semana pasada de una alcaldía del barrio porteño de Chacarita. Lo encontraron escondido en un hotel de Constitución y con el pelo teñido de rubio.

Estuvieron presentes el senador Jorge Maradey, la diputada Mariana Farfán, funcionarios municipales y la delegada de la zonal de Arquitectura, Leticia Bogliolo, entre otros.“Tenemos el propósito de concretar esta decisión del Gobernador Bordet de cerrar la Unidad Penal N° 2 de Gualeguaychú, una de las más antiguas del país. Desde el Gobierno Provincial vamos en un camino de construcción de nuevos pabellones en la Unidad Granja El Potrero y tenemos otra construcción en la ciudad de Federal, donde se reubicarán los internos”, explicó la ministra Romero.En relación al destino de la UP N°2, sostuvo: “El camino que vamos a hacer progresivamente es que en el enclave actual Unidad Penal de Gualeguaychú, que funcione una parte un espacio público y otra destinada a un centro cívico para funcionamiento de oficinas del Estado Provincial”."La cárcel se va a cerrar por completo, la parte de la vieja estructura va a quedar para la provincia para que funcionen oficinas públicas como un centro cívico y una parte va a quedar para paseo público y espacio de recreación", indicó la ministra Romero.En este marco, el intendente Piaggio destacó: “En poco tiempo vamos a cerrar la UP 2, que nos da la posibilidad de revalorizar la zona, crear una nueva centralidad para nuestra ciudad, un sitio de encuentro y trabajo”, para luego concluir “Vamos a rescatar este patrimonio de nuestra ciudad y abrirlo, convertirlo en un espacio público temático, un centro cívico”El senador Jorge Maradey, subrayó la importancia de trabajar en conjunto entre la provincia y el municipio "para encontrar el mejor destino para el edificio histórico de la Unidad Penal 2" y agregó: "Analizamos distintas propuestas, la idea principal sería trasladar a los internos y transformar ese espacio en un lugar abierto a la comunidad"."Cabe destacar el gran trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Gobierno, para avanzar con el traslado de la Unidad Penal Nº2, tanto ampliando la Unidad Penal Nº9 que podría alojar a algunos internos, como coordinando con la gestión municipal y los organismos de DDHH futuros proyectos en el espacio, preservando este histórico y significativo edificio. Es una satisfacción enorme como gestión y para la comunidad que comiencen a ser realidad", mencionó, por su parte, la diputada Mariana Farfán.En este sentido, agregó: "Quiero destacar la decisión política de nuestro gobernador Bordet, la ministra Romero y el intendente Piaggio, de transformar este espacio público, y ponerlo a disposición de todos los y las vecinas con una nueva funcionalidad, dando así respuesta a una demanda histórica".

El alemán Boris Becker, una de las leyendas del tenis y campeón de seis torneos del Grand Slam, fue declarado culpable de ocultar activos y préstamos por valor de tres millones de euros, por lo que la Justicia de Reino Unido lo condenó a dos años y medio de prisión.

Becker, ganador de tres títulos en Wimbledon, transfirió 463.000 euros de su cuenta a otras, incluida las de dos de sus ex mujeres: Barbara Becker y Sharlely Becker. Mientras que no declaró su participación en una propiedad de 1.187.400 euros en su ciudad natal de Leimen, además de ocultar un préstamo bancario de casi 831.000 euros, valorado en más de un millón con intereses.

Asimismo, el ex deportista alemán ocultó 75,000 acciones en una empresa de tecnología, valoradas en 78,000 euros, según Marca.

El objetivo del alemán era no hacer frente a sus deudas, alrededor de 60 millones de euros, por las que se declaró en bancarrota en 2017.

Ahora la justicia británica le condenó a prisión durante los dos próximos años y medio.  El primer año y medio es innegociable, se inició este viernes, y podrá salir en libertad condicional a partir de esa fecha.

Becker, de 54 años, fue declarado culpable de cuatro cargos por un jurado en Southwark, en virtud de la Ley de insolvencia, en tanto que fue absuelto por 20 cargos.

La magistrada del caso, Deborah Taylor, comentó al respecto de la sentencia que el culpable no había aprendido la lección de un proceso parecido sucedido en Alemania en 2002:

"No ha mostrado remordimiento ni aceptación de su culpabilidad y ha buscado distanciarse del delito y de la quiebra", dijo la jueza.

En 2002, el tenista, que reside en el Reino Unido desde 2012, ya había sido condenado en su país a dos años de libertad condicional y a pagar medio millón de euros por evasión fiscal entre 1991 y 1993.

El alemán, que llegó a entrenar al serbio Novak Djokovic, se desempeñaba la actualidad comentarista de televisión.

Becker escuchó la sentencia acompañado de su actual pareja, Lilia de Carvalho, y luciendo la corbata de Wimbledon.

Cabe recordar que su fama como profesional de la raqueta llegó precisamente sobre la hierba del All England Club donde logró tres títulos: 1985, 1986 y 1989.N.A.

Minutos antes, mientras los internos del Pabellón Nº 1 se encontraban en recreo, uno de los centinelas que cubría puesto aéreo observa que por calle Misiones pasa una persona y revolea hacia adentro del establecimiento un envoltorio el cual cae en el sector de huertas, siendo recogido por el oficial de servicio, quien notó que podría tratarse de material estupefaciente, sospecha que fue corroborada por personal de Toxicología, procediendo al secuestro de un trozo compactado de marihuana, un envoltorio con cocaína y 25 dosis de metanfetamina, y a la identificación de 4 hombres. 

En otro hecho delictivo, en horas de la tarde de este miércoles, personal de 911 que se hallaba de recorrida prevencional sorprende en calle San José a un conocido delincuente de 29 años de edad, poseedor de un importante prontuario llamando la atención de los uniformados al circular en una bicicleta transportando una caja con varias herramientas de valor entre otros elementos. 

El personal policial dio aviso a la Agente Fiscal en turno sospechando que podría tratarse de elementos robados, quien dispuso que fueran secuestrados para establecer propiedad y procedencia y que el hombre sea correctamente identificado y recupere su libertad ambulatoria.

Es de destacar que mientras este mal viviente se hallaba en la dependencia policial ingresa un vecino de la zona, quien manifestaba haber sufrido el hurto de su celular, del interior de su taller, ubicado en calle Chacabuco al 300, llamando la atención que el sospechoso descripto por una vecina testigo del hurto coincidían con las del delincuente que se hallaba demorado en la departamental. 

Horas más tarde, se hace presente una mujer quien manifestaba haber sido víctima de la sustracción de elementos en su lugar de trabajo, un astillero ubicado en Ruta Nº 12, encontrándose que eran los elementos secuestrados en horas de la tarde por personal de 911, destacando que por cámaras de sus vecinos, brindaba las mismas características del detenido, y en la mañana del jueves se toma conocimiento de que también había ingresado en una chacra frente al astillero donde había robado varias herramientas.

Tras la requisa a los internos que intentaban ingresar al pabellón encuentran en poder de dos de ellos, material estupefacientes, (14 gr, de Cocaína, 47 gr, de Marihuana, 34 gr, de pastillas en un total de 180 comprimidos. Material que fue sometido a los test y secuestrado conforme a la ley. 

"Me resulta muy grato compartir esta jornada de trabajo donde pudimos dar un paso más en los objetivos establecidos entre provincia y municipio, y en esta oportunidad con el anuncio de dos obras importantes como son la extensión de la red de agua y el proyecto sobre la Delfina, que será muy utilizada por los turistas” expresó el en la visita que hizo a la ciudad entrerriana para el acto de apertura de sobres para la obra Centro de Interpretación de las Reservas Naturales Complejo La Delfina de Gualeguaychú.Dentro de los anuncios, el mandatario adelantó que se va a cerrar este año finalmente la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú: “Con las obras que se están realizando en la Granja Penal El Potrero, donde se construyen 5 pabellones nuevos, un hospital modular para atender toda la población carcelaria y también una planta de tratamiento de efluentes, este año vamos a estar cerrando la cárcel de Gualeguaychú, que es la segunda más antigua de todo el país, recuperando dos manzanas para la comunidad y dando dignidad a la población carcelaria".En cuanto a lo que significa la obra en la Delfina Bordet declaró que “Será muy importante para el desarrollo turístico. Esto se suma a la donación de tres islas por parte de una fundación al gobierno de Entre Ríos, para crear un circuito para navegar de Gualeguaychú a Concepción del Uruguay, en kayak proponiendo un corredor magnífico isleño".También el gobernador expresó que "en un mes se estará llamando a licitación para las obras de la escuela Matheu y la escuela María Elena Walsh".Fuente: Máxima On Line