El objetivo declarado es impedir que personas privadas de su libertad utilicen celulares para coordinar actividades delictivas desde el interior de las cárceles. La resolución señala que las organizaciones criminales pueden valerse de estos dispositivos para planificar maniobras ilícitas, lo que representa un riesgo para la seguridad pública.

Los sistemas a instalar permitirán bloquear los identificadores únicos de cada teléfono —conocidos como IMEI e IMSI— para anular su funcionamiento dentro del perímetro de los penales. La normativa aclara que deberán adoptarse ajustes técnicos para evitar que las interferencias afecten a la población que vive en zonas cercanas a los establecimientos.

La resolución también encarga a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información los procesos de adquisición, instalación y mantenimiento de los equipos necesarios, y aprueba un manual de procedimiento específico para regular el uso de estos sistemas y su supervisión.

La medida se enmarca en la legislación vigente, que garantiza el derecho de los internos a comunicarse con familiares, abogados y allegados, pero prohíbe expresamente el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios.

Se publicó en el Boletín Oficial Nº 28.006 la sanción de la “Cooperativismo en Contexto de Encierro”, que busca transformar las cárceles en espacios de aprendizaje y trabajo. Esto permitirá que las personas privadas de libertad, junto a sus familiares y organizaciones sociales, formen cooperativas laborales para desarrollar oficios y facilitar su integración a la sociedad tras cumplir sus condenas.El Ministerio de Gobierno y Justicia será el encargado de implementar esta iniciativa. Según la normativa, las cooperativas promoverán trabajos y servicios con el objetivo de "proveerles de herramientas y capacitación" a los internos y su entorno para su "posterior reinserción laboral e inclusión social".Entre los objetivos destacados está la generación de redes productivas tanto dentro como fuera de las unidades penitenciarias, donde los internos podrán aprender oficios y participar en proyectos laborales. Además, se garantiza que mantendrán su condición de asociados a la cooperativa incluso después de recuperar su libertad.La ley también establece que las cooperativas deberán cumplir con la Ley Nacional de Cooperativas N° 20.337 y recibirán apoyo en la organización de talleres y cursos obligatorios. El programa busca brindar a los participantes una salida laboral que les permita superar el estigma del encierro y reducir las posibilidades de reincidencia.Con un plazo de 120 días para su reglamentación, esta iniciativa marca un avance hacia un sistema penitenciario que no solo custodia, sino que también educa, capacita y da nuevas oportunidades. (APFDigital)

Se trata de un innovador sistema que fue diseñado por el equipo técnico del gobierno provincial y apunta transformar la gestión penitenciaria mediante la eliminación de los expedientes en papel y la digitalización total de la información. 

Del acto participaron el Ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia; el jefe del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti; el jefe de la Policía, Claudio González; y el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, quien brindaron precisiones sobre el impacto que el nuevo sistema tendrá en la unidades penales de Entre Ríos.

El sistema permitirá que todos los datos de las unidades penitenciarias se consoliden en una única plataforma y, a través de la Base de Datos Única (BDU), se garantizará una identificación precisa de cada interno, al tiempo que se reducirá significativamente el uso de documentos físicos y se simplificarán las tareas administrativas.

A su vez, la plataforma elaborará reportes detallados sobre las características centrales de la población carcelaria (edad, género, tipo de delito, nivel de reincidencia, etc), lo cual abrirá la posibilidad de que las autoridades del Servicio Penitenciario lleven a cabo una gestión más estratégica y tengan las herramientas necesarias para diseñar políticas públicas fundamentadas en evidencias concretas.

Además, el nuevo sistema garantiza la seguridad de los datos mediante controles de acceso con niveles de permisos para proteger información sensible y establece un mecanismo de auditorías que registra todas las acciones, promoviendo la transparencia y trazabilidad en la gestión. 

El Ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia, afirmó que para lograr "una gestión más eficiente es fundamental que nuestras decisiones estén basadas en datos concretos, por lo que este sistema nos permitirá optimizar los recursos y mejorar el funcionamiento de la estructura carcelaria".

Por su parte, el Secretario de Modernización, Emanuel Gainza, sostuvo que la puesta en marcha de este sistema "reafirma el compromiso del Gobierno de Entre Ríos con la transformación digital de sus instituciones, promoviendo una administración más ágil, eficiente y transparente". En tanto, el jefe del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, aseveró que "la implementación del Sisper marcará un punto de inflexión en el sistema carcelario entrerriano y mejorará notablemente su funcionamiento".

La Corte Suprema ratificó que los presos no podrán usar celulares en las cárceles de Mendoza, por lo que vuelve a ser obligatorio el sistema de visitas. La medida había sido reglamentada en la pandemia.

Este lunes, por 2 votos a 1, la Corte Suprema anunció que se prohíbe que los presos usen celulares dentro de las cárceles mendocinas luego de que el juez Sebastián Sarmiento resolviera en enero de este año dicha resolución.

En esta oportunidad, el supremo tribunal rechazó el recurso presentado por el Ministerio Público de Defensa y de este modo se hace efectiva la medida.

Había sido en 2020 cuando en la presidencia de Alberto Fernández se habilitó que los presos utilicen celulares para poder comunicarse con sus familiares ya que por la pandemia de Coronavirus no podían recibir visitas.

Sin embargo, en enero de 2024 Sarmiento presentó un escrito en el que explica que “se ha superado el estado de emergencia sanitaria a nivel global, tal como lo ha resuelto la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

Tras varios meses, este lunes se anunció que queda establecida la prohibición de que los reclusos utilicen celulares y obliga a que regrese el sistema de visitas.

Aun así, las autoridades señalaron que habrá excepciones. Una de ellas será en caso de tener hijos o un preso/a que lo necesite para una actividad determinada, como estudiar.

Con nuevos protocolos para desactivar el narcotráfico y el poder de los presos de alto perfil en las cárceles de Santa Fe, el Ministerio de Seguridad de la provincia confirmó que los internos usarán uniformes.

Desde la cartera de seguridad explicaron que esta medida facilitará la identificación y la supervisión de la custodia en los distintos pabellones.

Entre otras de las cuestiones por las que se sumará esta modalidad, el diario La Capital informó que ayudará a la contabilización y permitirá la detección de situaciones extrañas o inusuales.

En principio se utilizaría durante la visita que reciban internos, así como también en los espacios comunes y en la salida extramuros.

Además, indicaron que los presos de altos perfiles serían los primeros en usarlos con la idea de implementarlo en todo el sistema penitenciario provincial.

El Ministerio sostuvo que esta incorporación no será para estigmatizar a los internos, si no para una "correcta visualización" de los mismos.

Esta medida se suma a las diversas restituciones que hay en las cárceles de Santa Fe y las relocalizaciones de presos por narcotráfico y homicidios. N.A.

La Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la sentencia que condenó a prisión perpetua a los tres responsables del séxtuple homicidio en la Unidad Penal N° 5 de Victoria Gobernador Ramón Febre, ocurrido el 7 de junio de 2018.

En un fallo fechado el 9 de este mes, el Tribunal revisor rechazó todos los planteos interpuestos por los abogados de los tres presos acusados de la masacre que conmocionó a la provincia: Ismael Ramón Framulari, Maximiliano Exequiel Chamorro y Kevin Alexander Paniagua.

Los tres presos habían sido condenados a prisión perpetua en primera instancia el 15 de septiembre 2021 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. La sentencia la emitieron los jueces Dardo Tórtul, Javier Cadenas y Darío Crespo.

Entonces, fueron encontrados culpables del séxtuple homicidio calificado por haberse cometido con alevosía, ensañamiento, mediante la utilización de un medio idóneo para crear peligro común y con el concurso premeditado de tres personas en concurso ideal con homicidio igualmente calificado en grado de tentativa para con uno de los sobrevivientes, ambos en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por ser tres personas en perjuicio de Walter Sosa.

Esta resolución fue apelada por la Defensa Oficial de Paniagua, a cargo de Susana Alarcón; Agustina Quattrochi (Framulari); y por la Defensa Particular de Chamorro, a cargo del abogado Rubén José Barbagelata Xavier.

A los responsables de la masacre, se les endilgó que privaron de la libertad a Walter Sosa en la noche del 6 de junio y en la mañana del 7 de 2018 “con el fin de que éste no los delate en el plan criminal que los imputados habían planeado de dar muerte a ocupantes de la celda Nº 2 del pabellón Nº 3 de la Unidad Penal Nº 5 de la ciudad de Victoria, la cual se encontraba ocupada por Justo Silva (53 años), Marcelo Beber (31 años), Matías Ezequiel Rodríguez (30 años), Vladimir Casco (20 años), Brian Alarcón (21 años), Emilio Suarez (27 años) y Francisco Coronel (19 años), ejecutando ese accionar en la mañana del 07/06/2018 aproximadamente a las 06:38 hs, desplegando su plan premeditado entre los tres imputados, utilizando un medio idóneo para crear un peligro común -un colchón prendido fuego-, aprovechándose de que las víctimas se encontraban en absoluto estado de indefensión ya que estaban descansando -durmiendo-, debido al horario de la mañana en que se produjo el ataque”.

Los acusados arrojaron el colchón prendido fuego en el interior de la celda N° 2, cerrando la puerta de la misma, colocando el pasador externo para dar muerte a los siete ocupantes. El único sobreviviente fue Emilio Suárez.

En el recurso de apelación, la defensa de Paniagua consideró que el Tribunal omitió tener en cuenta que al momento de los hechos “su defendido era un joven de sólo diecinueve años de edad, que fue tempranamente institucionalizado” y que según un informe de una psicóloga “tiene una inteligencia lógico concreto equivalente a una escolarización lograda en un cuarto grado”.

También manifestó que Paniagua “estaba dentro del Pabellón 3 y que las puertas del chapón estaban cerradas desde afuera; lo que evidencia que su defendido nunca pudo haber querido ni sospechado que se daría el desenlace que finalmente se produjo, porque se hubiera puesto a sí mismo en un serio riesgo de morir. Esto, acredita que su intención no fue la de dar muerte”.

Asimismo, afirmó que no existió un plan para dar muerte a las víctimas, “sino que lo único pensado fue evitar el ataque de los internos de la Celda Nº 2 y que actuaron con el único fin de proteger sus vidas”.

En esa misma línea, por su parte, la defensa de Framulari sostuvo que la intención de su pupilo nunca fue la de dar muerte al resto de los internos, “sino solo intimidar a los internos de la celda N° 2 ante el temor que tenía de que ellos les ‘caigan a su celda’, como él mismo expresó al ejercer su defensa material”.

Finalmente, la defensa de Chamorro manifestó señaló que había un plan criminal, pero que sólo entre Framulari y Paniagua. “Maximiliano (Chamorro), por el contrario, no tenía problemas con los otros y ya había cumplido más de la mitad de su pena por delitos en grado de tentativa de menor criminalidad. Así fue que le propusieron prender fuego un colchón y tirarlo contra un chapón”, señaló su defensa y agregó que con la quema del colchón se buscaba llamar la atención, pero no matar a los otros internos.

La postura de la Fiscalía

A su tiempo, el fiscal Eduardo Guaita solicitó se rechacen las apelaciones y se confirme la sentencia de primera instancia. Enfatizó que “la sentencia explica correctamente cómo se produjeron los hechos y la participación que le cupo en cada momento” a cada acusado.

Señaló que el único sobreviviente de las personas que estaban en la celda, también aportó datos y permitió determinar los distintos momentos del hecho. Destacó también la filmación de la Unidad Penal, que permitió observar que uno de los internos, Paniagua, cerró las celdas 4 y 1. “Allí se ve el colchón prendido fuego adentro, el cual deben haber prendido entre Framulari y Chamorro, y mientras Chamorro abre la puerta Framulari sale con el colchón. Chamorro tuvo una actuación activa en todo momento ya que ve cuando el colchón es arrojado en la celda, y si bien no surge del video que haya visto que se cerró la celda, es muy probable que supiera el plan completo”, señaló.

El rechazo a los planteos

La resolución en rechazo a los planteos defensivos estuvo a cargo de Marcela Davite, quien entendió que se probó el plan criminal ejecutado por los tres condenados. A su voto adhirieron los vocales Marcela Badano y Gustavo Pimentel.

“El resultado muerte, más la acreditación de que en ese momento las víctimas estaban durmiendo, la utilización de un medio apto para crear un peligro común, y la intervención de tres personas; confirma que la determinación de los hechos y la calificación escogida en la sentencia sean correctas”, puntualizó Davite, según el fallo.

Más adelante, refirió que “el Estado ha decidido una pena indivisible que, frente al caso concreto, no aparece injusta ni desproporcionada, ni demuestra la necesidad de una respuesta punitiva de menor intensidad como para habilitar un apartamiento de la pena de prisión perpetua, previa declaración de inconstitucionalidad”, publica Entre Ríos Ahora.

Antes de terminar, les respondió a los defensores oficiales sus cuestionamientos por el estado de las cárceles entrerrianas: “Por último, quiero expresar que comparto la preocupación de las Defensas respecto a la necesidad de que el Poder Ejecutivo cumpla con el mandato constitucional respecto a las condiciones mínimas que deben presentar las cárceles; y por ello, una vez más, debemos recordar -como ha sostenido esta Cámara- que esa problemática resulta un tema importante, fundamental y doloroso, pero que no les toca a los jueces resolver, sino al Poder Ejecutivo, del que dependen las instituciones carcelarias de la provincia”.

El director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, señaló en contacto con el Nueve que la población carcelaria se ha incrementado en un 280% en los últimos 10 años. Asimismo, advirtió que no hay cárceles colapsadas y que aún se dispone de lugar para nuevos presos."No hay sobrepoblación en las unidades penales. Sí hay algunas que están al límite, especialmente en la costa del Uruguay. Contamos con capacidad de alojamiento, con 120 plazas disponibles en toda la provincia. A esto se le debe sumar que se han construido 634 nuevas plazas y estamos pronto a inaugurar obras que habilitarán 500 plazas más", indicó Sánchez.El funcionario resaltó luego que en la Unidad Penal N° 1 de Paraná hace 10 años había 120 internos, mientras que hoy hay más de 800: "En una década ha crecido un 280% la población total de la provincia", dijo a Ahora.• ObrasCon el objetivo de “mejorar las condiciones de habitabilidad” en las unidades penales y “hacer frente a la demanda de crecimiento”, el gobierno de Entre Ríos destinó recursos a obras de ampliación y refacción en las instalaciones del Servicio Penitenciario, lo cual permitió crear 850 nuevas plazas durante los últimos cuatro años.En la Unidad Penal Nº 9 (Colonia “El Potrero”) de Gualeguaychú se proyectan cinco pabellones, de los cuales dos ya fueron finalizados en una primera etapa: tienen capacidad para alojar 216 internos distribuidos en 72 celdas y cada pabellón cuenta con sanitarios, celaduría y patio cubierto. La segunda etapa lleva un 37 por ciento y consta de tres pabellones más, de iguales características. Según publicó Radio2820, la ampliación total permitirá sumar 540 nuevas plazas y representa una inversión de 146.478.411pesos.Asimismo, se está desarrollando en el lugar una obra de tratamiento de líquidos cloacales. Este proyecto, inscripto en el plan que se desprende de un convenio entre el gobierno provincial y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), presenta un avance del 40 por ciento.“Tenemos el propósito de concretar esta decisión del gobernador Bordet de cerrar la Unidad Penal Nº 2 de Gualeguaychú, una de las más antiguas del país. Desde el gobierno provincial vamos en un camino de construcción de nuevos pabellones en la Unidad Granja El Potrero y tenemos otra construcción en la ciudad de Federal, donde se reubicarán los internos”, refirió la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero.Por su parte, en la Unidad Penal Nº 8 de Federal se encuentra en un 73 por ciento el avance la obra de anexo de alojamiento, refuncionalización y reparación. Esta obra permitirá incorporar 120 nuevas plazas, que ampliarán la capacidad de alojamiento, readecuación de espacios y distribución de la población penal. Asimismo, se continúa con la reparación de los sanitarios, que alcanza un 50 por ciento.Además de estas obras, informaron que durante este año se dio continuidad a las tareas de infraestructura, remodelaciones y readecuaciones en todas las unidades penales, a fin de “ampliar el número de plazas de alojamiento, mejorar las condiciones de habitabilidad y optimizar el funcionamiento general” del sistema carcelario. 

En el padrón de las personas privadas de libertad, la lista que encabeza Enrique Cresto obtuvo más del doble de votos que las tres propuestas electorales que compitieron en Juntos por Entre Ríos

En este marco, la lista del Frente de Todos que encabezó Enrique Cresto fue votada por 285 internos y le sacó más del doble de votos a Juntos por Entre Ríos, que entre las tres propuestas sumó 120 sufragios: 60 la lista de Rogelio Frigerio, 49 la de Pedro Galimberti y 11 la de Carlos González.

La lista Entrerrianos por la vida, el trabajo y la libertad, que lleva como candidata a Miriam Müller y tiene como referentes nacionales al exmilitar carapintada Juan José Gómez Centurión y al mediático economista Javier Milei cosechó 104 votos y estuvo cerca de las suma de las tres listas que compitieron en la interna de Juntos por Entre Ríos.

Marcelo Sánchez, director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), afirmó que la rehabilitación de las visitas de familiares a las personas privadas de su libertad aún no fue definida por la mesa que integran la Justicia; el COES y el organismo a su cargo.

Sin embargo, hay preparativos en algunas unidades penales mientras se espera el visto bueno.

Con respecto al protocolo para la rehabilitación de visitas en las unidades penales de Entre Ríos, Sánchez aseguró: "Se está trabajando. No hay una decisión definitiva. Tenemos que llegar a una autorización por parte del Ministerio de Salud en un trabajo conjunto que se hace". Con respecto al protocolo para la rehabilitación de visitas en las unidades penales de Entre Ríos, Sánchez aseguró: "Se está trabajando. No hay una decisión definitiva. Tenemos que llegar a una autorización por parte del Ministerio de Salud en un trabajo conjunto que se hace".

Esa mesa de definiciones es tripartita. Está compuesta por el SPER, la Justicia y Salud a través del Comité de Emergencia Sanitaria (COES), formado en marzo para atender la contingencia de la pandemia de Covid - 19.

Entre estas tres partes deben ponerse de acuerdo para levantar la restricción parcial del ingreso de familiares a las cárceles, suspendido desde marzo de este año. Una de las prermisas principales es "cuidar lo que se ha logrado hasta aquí: que no haya ningún caso" en los centros de detención.

"En las unidades penales se ha venido trabajando desde hace un tiempo, proyectando ante la posibilidad de que haya otorgamiento (de la rehabilitación de las visitas), con medidas de distanciamiento y sanitarias en los sectores donde se hace la visita y con la capacitación del personal", consignó.

Más de dos mil presos salieron de las cárceles federales desde que comenzó la pandemia del coronavirus en marzo pasado. Algunos de ellos salieron para seguir detenidos bajo la modalidad de arresto domiciliario. Pero las cifras confirman que ahora sobran plazas en las unidades penitenciarias. Los datos surgen de los informes oficiales de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) del Ministerio Público y de la Procuración Penitenciaria Federal.

“Durante el primer semestre de 2020, en contexto de pandemia por Covid-19 y con Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la población alojada registró una baja de 2.230 personas (-16%). El decrecimiento más pronunciado se registró en mayo y junio”, informó la PROCUVIN.

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, no hay un número concreto de presos excarcelados. Es que, según indicaron fuentes consultadas por Infobae, hay unos 50 mil presos en la cárceles de la provincia cuando sólo hay lugar físico para 24.000. Y entre el 10 y el 20 por ciento de ellos salen anualmente, pero al mismo tiempo, la puerta de entrada iguala ese porcentaje.

“Además, el 60 por ciento de las personas que salen, lo hacen porque se agotó su condena, es decir, porque tenían que salir”, remarcaron. Al ser consultados sobre las libertades otorgadas durante la pandemia, las fuentes precisaron que a raíz del escándalo que se generó en abril pasado por el hábeas corpus colectivo para detenidos, “el 90 por ciento de los que salen es por agotamiento de la condena”, es decir que hay menos morigeraciones de penas concedidas. Otro dato: las cárceles registraron una baja menor en su población, pero las alcaidías subieron.

De donde sí hay datos concretos es del Servicio Penitenciario Federal. Allí, los números muestran una baja de la población penitenciaria. La Procuración Penitenciaria reconoce que “a raíz de la declaración de emergencia sanitaria por Covid-19, entre los meses de marzo y junio de 2020 se produjo un significativo descenso de la población”. De hecho, ya a fines de abril, no había “sobreocupación general” en las cárceles del sistema federal. Uno de los datos claves también fue la reducción de ingresos, es decir, menos personas que quedan detenidas.