El domingo último, María José Favarón, esposa de Aníbal Lotocki, vivió un episodio que alteró profundamente su vida cotidiana: según su relato, delincuentes ingresaron a su vivienda y se llevaron todos sus ahorros. El hecho, denunciado y relatado por la propia Favarón a través de sus redes sociales, se produjo mientras ella visitaba a su esposo en el penal de Ezeiza, donde el médico cumple condena a ocho años por estafas y lesiones graves.

Según el video que compartió, la secuencia comenzó cuando llegó al complejo penitenciario cerca de las 13 junto al hijo de Lotocki. Como hacía desde hacía tres años, estacionó su auto afuera del penal. Al regresar, alrededor de las 17.20, se encontró con el vidrio de su vehículo roto. Al principio creyó que no había sufrido pérdidas de valor, pero pronto notó la ausencia de la llave de su departamento.

La preocupación creció de inmediato. La mujer decidió llamar a unos amigos que poseían una copia de la llave para que se acercaran a su domicilio y verificaran el estado del lugar. Cuando estas personas ingresaron, se encontraron con el típico panorama de una casa luego del ingreso de ladrones.

De acuerdo a su testimonio, el robo afectó de forma directa a la economía y la tranquilidad de la familia, y a través de las redes sociales expresó: “Me robaron mis ahorros. Hice la denuncia, vino la policía científica... No sé qué voy a hacer... Por supuesto que arrancar de nuevo”. En su relato, evidenció angustia y la sensación de vulnerabilidad tras el hecho.

Favarón compartió su testimonio a través de videos y publicaciones en sus redes sociales, en los que relató el paso a paso de lo ocurrido y la intervención policial posterior. “Lo primero que atiné a hacer fue llamar a unos amigos que tienen una copia y les pedí que fueran al departamento. Cuando llegaron, estaba todo dado vuelta”, describió.

En otro mensaje, dirigido a quienes perpetraron el delito, escribió: “Solo decirles a las personas que me rompieron el auto el domingo y que entraron a robar a mi casa... que todo se paga en esta vida”.

Luego añadió: “Por más que hayan cortado la luz en mi departamento, se olvidaron de cosas. Es cuestión de tiempo”. Estas frases reflejan tanto la bronca como la esperanza de que los responsables enfrenten consecuencias.

El impacto emocional para Favarón resultó evidente en sus declaraciones, donde no solo lamentó la pérdida económica, sino también la invasión a su espacio privado y la sensación de inseguridad que quedó tras el episodio.

El robo se produjo en un momento especialmente delicado para la familia, dado el contexto judicial de Aníbal Lotocki. El médico se encuentra detenido en el penal de Ezeiza desde octubre de 2023, cumpliendo una condena de ocho años por mala praxis. Esta situación mantuvo a su entorno bajo la mirada pública y en una situación de vulnerabilidad adicional.

Lotocki adquirió notoriedad por haber realizado procedimientos quirúrgicos a varias figuras del espectáculo argentino, entre ellas Silvina Luna, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis. Los efectos secundarios de las intervenciones practicadas derivaron en consecuencias graves para la salud de sus pacientes y, en el caso de Luna, en su fallecimiento.

El médico quedó detenido en el marco de otra causa, la que investiga el homicidio simple de Cristián Zárate, quien murió luego de una cirugía realizada por Lotocki en una clínica del barrio porteño de Caballito, en 2021.

El episodio del robo a Favarón se da en este contexto de tensión, marcado por los procesos judiciales en curso y el seguimiento mediático constante sobre la vida privada y familiar del médico, mientras continúa la lucha de las víctimas por conseguir justicia luego de varios años difundiendo sus respectivos casos ante el ojo público.

Según se constató, 529 internos están procesados a la espera de condena, hecho que los habilita a votar en las PASO y Generales de este año. En ocho unidades de la provincia son 2540 las personas privadas de la libertad.Paraná (950) sigue siendo la unidad con más presos alojados, segunda aparece Concordia (410), tercera Gualeguaychú (400) y cuarta Concepción del Uruguay (350).Mediante la Ley 25.858, se permitió a las personas procesadas que se encuentren cumpliendo prisión preventiva votar en todas las elecciones que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidas.Asimismo, se otorgó a la Cámara Nacional Electoral la facultad de confeccionar un Registro de Electores Privados de Libertad y la habilitación de las mesas de votación en cada establecimiento de detención, así como la designación de sus autoridades.

¿CÓMO VOTAN LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRIVADAS DE SU LIBERTAD?

El instrumento de votación es una boleta única diseñada por la Cámara Nacional Electoral.En la misma, se destaca el distrito electoral, la categoría de cargos a elegir, la fecha de la elección y la leyenda “Voto por los/as candidatos/as oficializados/as del partido o alianza”.La boleta tiene tantas divisiones como agrupaciones políticas compiten. Cada una de ellas contiene el nombre de la fuerza, su logo, el número de lista, la identificación del primer candidato o candidata y un espacio para la emisión del voto.La autoridad de mesa le entregará al elector o electora una boleta oficial de sufragio firmada en el acto de su puño y letra y un instrumento para seleccionar su opción. En el cuarto oscuro o box, la persona deberá marcar el espacio correspondiente al partido que desea votar y luego doblar la boleta para finalmente introducirla en la urna.Las autoridades de las cárceles deberán arbitrar los medios para que cada elector o electora reciba su documento cívico dentro de las 24 horas anteriores a la fecha del comicio.

¿A QUÉ DISTRITO SE ADJUDICAN LOS VOTOS?

El voto de las personas privadas de la libertad se adjudicará al último distrito registrado en su documento.

¿DÓNDE SE REALIZA EL ESCRUTINIO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD?

Los votos emitidos en los distintos establecimientos penitenciarios son remitidos a la Cámara Nacional Electoral, quien tendrá a cargo la realización del escrutinio definitivo y la remisión de la documentación correspondiente a las Juntas Electorales Nacionales con asiento en cada distrito del país.Fuente:R2820

Ambos ministros aprovecharon el encuentro para dialogar sobre el avance de las obras de infraestructura que se vienen llevando a cabo en Unidad Penal 9 “Granja Penal El Potrero” de Gualeguaychú y el inminente cierre de la cárcel más antigua de la provincia, enclavada en el centro de esa ciudad; actos que se realizarán la segunda quincena de diciembre y a los que el ministro nacional confirmó su presencia.Vale recordar que a inicios de semana, Romero estuvo en Gualeguaychú ultimando detalles del traslado de los internos de la UP2 tanto a la UP9 como a otros destinos de la provincia, de manera de poder concretar el cierre de la cárcel de Gualeguaychú que fue anunciado por el gobernador Gustavo Bordet durante la Asamblea Legislativa de este año.La ministra Romero recordó que la Unidad Penal 2 “es una de las nueve unidades carcelarias cuyo origen fue en 1889, es la segunda cárcel más antigua del país. En diciembre estaríamos poniendo en funcionamiento nuevos módulos carcelarios en El Potrero, que tiene modalidad de cárcel granja y todo lo que es el sistema penitenciario se va a ver fortalecido en cuanto a las posibilidades de tratamiento de los internos".Otro de los temas del encuentro fue el funcionamiento y marcha de los dispositivos de vigilancia electrónica para casos de violencia de género, conocidos como “pulseras duales”. Al respecto, a través de la firma de un convenio entre ambos Ministerios en octubre pasado, la cartera nacional de Justicia duplicó la cantidad de pulseras duales a disposición de Entre Ríos.Hoy día en la provincia se encuentran activos 88 dispositivos duales, dichos elementos constituyen un elemento fundamental para supervisar y rastrear a los agresores sexuales y para prevenir la violencia de género a nivel federal.Avance de obrasEn la Unidad Penal 9, se culminó con la primera etapa de la obra de pabellones que consta de dos módulos de alojamiento que permiten incorporar 144 plazas nuevas, 72 en cada pabellón. Esta obra cuenta con 18 celdas por pabellón, grupo sanitario, celaduría, patio cubierto y patio exterior. Asimismo, se continúa con la segunda etapa que consta de tres pabellones de alojamiento. La misma se encuentra con un avance del 70 por ciento.En tanto, en la Unidad Penal Nº 8 de Federal, se continúa con la obra del anexo alojamiento que se trata de dos pabellones con ingreso diferenciado. Esta primera etapa, que comprende 26 celdas dispuestas en dos pabellones con sanitarios, comedor, salones de visita, celaduría y cerco perimetral, tiene un avance del 80 por ciento. En esta unidad se podrán albergar, una vez finalizada la obra, un total de 100 nuevos internos.

"Podemos reducir el espíritu de este proyecto en la esperanza, en que quienes se han equivocado merecen segundas oportunidades" remarcó el legislador del bloque Juntos por el Cambio. En sintonía añadió "La idea es que las personas privadas de su libertad puedan tener otra oportunidad y que el Estado pueda brindarles herramientas para que una vez que cumplan su condena puedan reinsertarse en el tejido social, en la vida comunitaria".En su defensa del proyecto en el recinto de la Cámara Baja provincial, el diputado Troncoso expresó: "Muchas de las personas que se encuentran en situaciones de privación de su libertad, se encuentran también sumergidas en situaciones de vulnerabilidad social junto a sus familias". En sintonía agregó: "Creo en el Estado y creo que las políticas tienen que estar allí, auxiliando a quienes las necesitan precisamente"."Creemos que el Estado tiene que estar presente brindándoles herramientas para capacitarse en oficios y para comprender cómo se pueden asociar de manera comunitaria y mancomunada bajo la figura de cooperativas en contextos de encierro" explicó el autor del proyecto. La iniciativa además propone que las cooperativas puedan ser integradas por ex convictos, familiares y asociaciones vinculadas al trabajo en cárceles.Para concluir, Troncoso agradeció los aportes de la Comisión de Seguridad, presidida por Ayelen Acosta, y de Asuntos Cooperativos y Mutuales, presidida por Juan Domingo Zacarias. Además, destacó también la participación en el armado del proyecto de integrantes del Ministerio de Gobierno y otros funcionarios provinciales.

Un informe de todo el país elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), detalló que Entre Ríos y cinco provincias más, son las únicas que no registran sobrepoblación en las cárceles. Se aclaró que en el resto de la Argentina hay situaciones muy complejas y graves que deben ser atendidas de modo urgente.

El informe señala que, según los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de Pena (Sneep), que solo seis provincias de todo el país no registran exceso de población carcelaria, entre ellas, Entre Ríos.

Según datos detallados en dicho informe, la provincia se encuentra, junto con Santiago del Estero, Córdoba, Chubut, Tucumán y Catamarca entre las seis que no tiene establecimientos sobrepasados. El resto de los establecimientos penales registran exceso de población.

En el monitoreo, se hizo notar que en 17 provincias existe superpoblación en los penales, además de fallas sanitarias.Situación nacionalEl Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtió sobre "la extrema gravedad que reviste la posibilidad de contagio en los centros de detención" debido a "la falta de elementos básicos en materia de higiene y salubridad, deficiente infraestructura, sobrepoblación y hacinamiento, así como el riesgo potencial de la violencia que puede desplegarse ante la impotencia de evitar contagios entre las personas privadas de la libertad".

El informe anual del Comité, que se presentó esta semana ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso, subraya el fuerte crecimiento de las detenciones en los últimos años, que empeoró los índices de sobrepoblación de centros penitenciarios en gran parte de la Argentina, y pone el foco sobre las crecientes "restricciones a los derechos" de las personas privadas de su libertad debido a las medidas de aislamiento.

El informe, publicado recientemente en medios nacionales, señala que hay solo seis provincias en todo el país que no registran exceso de población carcelaria y que las otras 17 están sobrepasadas hasta en un 108% de su capacidad.

Según los últimos datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), unificados al 31 de diciembre de 2018, existe una sobrepoblación promedio del 24,9% en las unidades dependientes de servicios penitenciarios provinciales y del 7,8% en el Servicio Penitenciario Federal.

Pero la situación podría ser aún peor. El CNPT alerta que la información de la ocupación de las cárceles es suministrada por los propios servicios penitenciarios o por las autoridades administrativas que toman como variables solo "la cantidad de plazas o camas disponibles" en el lugar.

"De computarse la capacidad de los establecimientos de acuerdo con los estándares internacionales se reflejaría una sobrepoblación muy superior, como se constata al visitar las distintas unidades", indica el comité, desde donde explicaron que para medir el hacinamiento deben tomarse en cuenta otras variables, como la cantidad de metros cuadrados de las celdas y del espacio al aire libre, el acceso a los servicios sanitario y el tipo de actividades recreativas, entre otros puntos.

Según datos que brindaron los servicios penitenciarios provinciales, solo Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, Chubut, Tucumán y Catamarca no tienen los establecimientos sobrepasados. El resto de los distritos registró excesos de población de diferente envergadura.

San Juan es la provincia con la situación más delicada, con una sobrepoblación del 108%, seguida de La Rioja (55%), Jujuy (51%), Buenos Aires (44%) y Salta (42%). Tierra del Fuego y Neuquén son las que tienen un menor porcentaje de exceso (1%).Instan a la prisión domiciliariaPor eso, en su informe, el Comité instó a "disponer la detención domiciliaria de las personas que ya se encontraban gozando de salidas transitorias o estuvieran en un régimen de semilibertad o semidetención al momento de disponerse el aislamiento y hayan sido obligadas a volver a la unidad; disponer máxima celeridad para los trámites vinculados con excarcelaciones, prisiones domiciliarias, y priorizar las decisiones judiciales relativas a la preservación de la salud", entre otros puntos.

Según el organismo, las medidas de aislamiento preventivo "conllevaron una fuerte restricción de los derechos de las personas privadas de la libertad" debido a que la mayoría de las jurisdicciones suspendió las visitas, las actividades recreativas, laborales y educativas. En algunos casos se intentó compensar esas restricciones con protocolos.

Si bien el nivel de contagios en los establecimientos es menor al promedio de circulación del virus en la sociedad, preocupa al Comité la tasa de mortalidad de personas detenidas infectadas.

"La tasa de contagios está en la mitad de lo que está la tasa de contagios en la sociedad. Sin embargo, observamos que la tasa de fallecimientos se duplica en los lugares de encierro. Esto seguramente tenga que ver con las graves condiciones de acceso a la salud", agregó.

Según el informe presentado en el Congreso, se registraron falencias en la entrega de productos de higiene en las unidades penales y en la implementación de medidas de bioseguridad, hubo casos de personal penitenciario sin elementos de protección, se registraron insuficiencias en el acceso a la salud y escasa presencia de personal sanitario. También preocupa la confección de listados de población de riesgo y la falta de información sobre Covid-19 a los internos.Fuente: Uno Entre Ríos