La visita del papa León XIV a la Argentina quedó envuelta en una polémica por el manejo de los fondos públicos destinados a la organización de sus actividades. Una investigación del portal El Disenso, difundida por la Agencia Noticias Argentinas, identificó contrataciones directas por $20.477 millones, equivalentes a aproximadamente 14 millones de dólares.

El informe, elaborado por los periodistas Mariana Escalada y Agustín Ronconi, examinó siete procedimientos administrativos que comprendieron servicios de producción, transmisión televisiva, sonido, iluminación, estructuras, energía y acondicionamiento de espacios.

Uno de los principales cuestionamientos gira alrededor de la instalación de una carpa VIP durante la misa celebrada frente al Monumento a los Españoles, en Buenos Aires, donde participaron funcionarios, empresarios y personalidades del espectáculo.

Según la investigación, la principal adjudicataria fue DF Entertainment S.A., con un contrato por $8.690 millones para la producción y coordinación general de la misa y la Vigilia de Jóvenes.

Otras adjudicaciones importantes correspondieron a Nuevos Aires Producciones SRL, por $4.547 millones; Recordvision S.A., por $3.090 millones; PRG Argentina SRL, por $1.979 millones; y Fidias Energía SRL, por $1.736 millones.

Las tres primeras empresas concentraron cerca del 80% de los montos identificados.

Las contrataciones se habrían realizado mediante procedimientos directos por razones de urgencia, una modalidad que despertó interrogantes debido a que la visita papal había sido confirmada meses antes.

Entre los requerimientos mencionados en la documentación analizada aparece una carpa de 30 por 40 metros, equipada con climatización, pisos nivelados, alfombras y mobiliario.

También se contemplaron miles de sillas, sillones, mesas, arreglos florales, sanitarios diferenciados y servicios gastronómicos para distintos sectores.

La investigación hizo referencia a un sistema de acreditaciones para aproximadamente 4.000 invitados especiales, cifra que no representa necesariamente la cantidad de personas que ingresaron a la carpa.

La controversia se profundizó cuando comenzaron a circular imágenes de famosos y dirigentes políticos disfrutando de las instalaciones, mientras miles de fieles permanecían durante horas al aire libre.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reconoció que algunos elementos del catering, como las medialunas y los budines, habían sido excesivos, aunque rechazó que se tratara de un lujo descomunal.

Otro aspecto de la investigación apunta a TechSecurity, una compañía de seguridad que el portal relacionó con Martín Menem y su entorno familiar, y a Purgato, una firma dedicada a servicios de limpieza vinculada, según la publicación, con familiares del presidente de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, los montos correspondientes a estas empresas no aparecen individualizados entre las ocho adjudicaciones principales relevadas.

Por lo tanto, los vínculos societarios y las eventuales responsabilidades administrativas todavía requieren documentación adicional.

El informe también puso bajo análisis la intervención de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, y de Mariana Vello, responsable de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria que participó en la adjudicación principal.

La investigación no acreditó que Santilli hubiera firmado personalmente todas las contrataciones, por lo que será necesario examinar los expedientes para determinar las responsabilidades de cada funcionario.

La polémica adquirió otra dimensión al conocerse la situación financiera del Pequeño Cottolengo Don Orione, institución que, según la publicación, obtuvo una resolución judicial de embargo por más de $828 millones contra cuentas del Ministerio de Salud por deudas acumuladas.

El contraste entre los gastos destinados a la organización de la visita y las necesidades de instituciones asistenciales alimentó el debate sobre las prioridades presupuestarias.

Por el momento, las publicaciones periodísticas plantean interrogantes sobre los mecanismos de contratación, los controles administrativos y el destino de los fondos, pero no constituyen por sí mismas una comprobación de irregularidades o delitos.

La revisión de los expedientes completos será determinante para establecer cuánto dinero se destinó efectivamente a los espacios VIP, qué servicios fueron prestados y si las adjudicaciones cumplieron con la normativa vigente.