Un inversor afectado por el colapso del criptoactivo $LIBRA, identificado como Juan Patricio Marchetto, apeló el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de su hermana Karina Milei y de los otros nueve acusados en la causa. El damnificado, quien se presentó como pretenso querellante, busca que la investigación penal continúe su curso ante la falta de medidas probatorias concluyentes.

El recurso cuestiona que la misma fiscalía que solicitó diligencias previas haya promovido el cierre del proceso antes de obtener resultados. Al respecto, el inversor sostuvo:

Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado.

Entre los puntos centrales de la apelación, Marchetto destacó la falta de avance en la ampliación de las pericias telefónicas encomendadas a la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP) sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco. Asimismo, cuestionó que el fiscal Taiano no citara a declarar a testigos clave como Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, los hermanos Marcelo y Leandro Aranda, y la abogada Yanina Nicoletti.

El escrito judicial pone el foco en la secuencia de comunicaciones entre el presidente Javier Milei y el lobista Mauricio Novelli durante el 14 de febrero de 2025. Según los registros, Novelli realizó llamadas al mandatario a las 18:44, 18:54 y 18:58, mientras que recibió una comunicación del presidente a las 18:56. Apenas 22 segundos después de la última llamada, el jefe de Estado publicó el código para acceder al criptoactivo en su cuenta de X.

El inversor subrayó que, instantes antes de la difusión pública, 74 billeteras realizaron 87 operaciones por un volumen cercano a los 13,5 millones de dólares. El recurso ahora deberá ser analizado por la Casación Penal, que definirá si reincorpora a los damnificados al expediente o confirma la exclusión definitiva de los mismos.