La postura del Gobierno provincial

-Recusación al juez: El Gobierno interpuso una recusación contra el juez Juan Francisco Malvasio (vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná), argumentando un prejuzgamiento que vulnera la imparcialidad requerida en el proceso.

-Cuestionamiento sobre la calidad nutricional: La Fiscalía de Estado señala que el magistrado, al convocar al proceso colectivo, dio por sentado en su resolución que los alimentos a proveer tienen una "aptitud dañosa" o de causar un "perjuicio a la salud". El Estado sostiene que la calidad y seguridad nutricional de los insumos es un punto en debate que aún debe ser probado fehacientemente mediante peritajes durante el juicio, y no asumido a priori.

-Objeción procedimental: El Gobierno cuestiona además la forma y oportunidad en que el juez convocó públicamente a potenciales afectados mediante el Registro de Procesos Colectivos, argumentando que se utilizó para subsanar deficiencias de "legitimación activa" de los denunciantes originales.

-Defensa del modelo: Sostienen la validez y la transparencia del proceso de licitación para la compra centralizada como un mecanismo para optimizar la provisión de insumos alimentarios a las escuelas.

La postura del gremio docente y las comunidades educativas

-Rechazo a la estigmatización: AGMER denuncia la existencia de una "campaña sucia" impulsada con fondos públicos para deslegitimar y estigmatizar a equipos directivos, docentes, cocineros y comercios locales que tradicionalmente sostuvieron el servicio del comedor.

-Defensa del sistema tradicional e histórico: Resaltan que durante años fueron las comunidades educativas y los proveedores locales quienes garantizaron el plato de comida a los estudiantes, afrontando incluso retrasos en los pagos en contextos de crisis.

-Exigencia de alimentos saludables: Cuestionan el nuevo esquema por el suministro de alimentos ultraprocesados y reclaman una alimentación variada, sana y con presupuesto adecuado en defensa de la escuela pública como un derecho social.

-Falta de transparencia e interlocución: Reclaman que el gobierno de Rogelio Frigerio avanzó con la licitación y contratación de la firma Teknofood S.A. sin convocar, informar ni consultar previamente a los actores que día a día gestionan los comedores en el territorio.

-Denuncia por irregularidades: El gremio denunció además que fue objeto de un ciberataque (hackeo) al formulario digital habilitado para que la comunidad adhiera al amparo colectivo.

Estado actual del conflicto judicial

Actualmente, el sistema centralizado se encuentra suspendido gracias a la medida cautelar que otorgó el juez Malvasio. Luego de que este rechazara la recusación formulada por el Estado, la causa completa —tanto la cautelar apelada como la continuidad del magistrado en la investigación— quedó a la espera de una resolución del pleno del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos.

El desembarco del nuevo esquema de desayunos y meriendas centralizados en los establecimientos educativos tuvo un freno de mano este mediodía en pleno departamento Gualeguay. Mientras nutricionistas de la firma Teknofood realizaban un relevamiento y mantenían reuniones en escuelas locales acompañadas por la Directora de Comedores del Departamento Gualeguay, la notificación de una medida cautelar de la Justicia provincial interrumpió abruptamente las actividades previstas, obligando a suspender la agenda en el acto.

La decisión judicial que paralizó la transición fue dictada por el juez Juan Malvasio en el marco de una acción de amparo colectivo impulsada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Fundación Cauce y un colectivo de padres y madres.

En su resolución, el magistrado resolvió ordenar al Gobierno provincial que “se abstenga de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los establecimientos educativos públicos provinciales dependientes del Consejo General de Educación productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias en los términos del Art. 12 de la Ley 27642” (Ley de Promoción de la Alimentación Saludable / Etiquetado Frontal).

Regreso al esquema tradicional

Además de frenar el reparto de los módulos alimentarios empaquetados, el fallo dispone expresamente que el Poder Ejecutivo provincial deberá “garantizar en forma simultánea e ininterrumpida la provisión de productos no alcanzados por dicha prohibición, bajo la modalidad vigente antes de la implementación del sistema centralizado”.

De este modo, hasta tanto la Justicia tramite el fondo de la cuestión y dicte una sentencia definitiva, la prestación del servicio alimentario en las escuelas de Gualeguay y del resto de la provincia deberá continuar operando bajo el sistema descentralizado habitual.

La novedad judicial generó un alivio momentáneo en sectores docentes y comunidades educativas locales que venían manifestando reparos sobre el valor nutricional de las viandas empaquetadas respecto a la elaboración e insumos frescos que se gestionan tradicionalmente en cada comedor.