Un aparente accidente fatal se produjo la noche del lunes en zona de islas santafesinas, cuando un integrante de un grupo de cinco cazadores oriundos de Santa Elena recibió un disparo en la cabeza y murió en el acto.

Según el relato que los propios cazadores hicieron ante las autoridades, el disparo fue accidental y ocurrió durante la caza de un jabalí. El hombre que murió se encontraba agachado a la altura del animal en el momento en que se efectuó el tiro.

Una vez ocurrido el hecho, los cuatro acompañantes emprendieron el traslado del cuerpo desde la zona de islas hasta la costa. El recorrido fue realizado primero a pie y luego en canoa, y demandó varias horas debido a la distancia y las condiciones del terreno. Finalmente llegaron hasta la costa de Santa Elena, donde tomó intervención personal de la Prefectura Naval Argentina.

Efectivos de Prefectura quedaron a cargo de la embarcación que contenía el cuerpo del fallecido, mientras que los cuatro cazadores fueron retenidos en el lugar a la espera de las directivas de la Justicia de Santa Fe, dado que el hecho ocurrió en jurisdicción de Helvecia, departamento de Garay. La investigación del caso quedó a cargo de ese fuero provincial.

La instancia fue informada por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización y se desarrollará en la ciudad de Victoria. Según se indicó, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca trabaja actualmente en la elaboración de medidas orientadas a garantizar un aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre.

Desde el organismo se invitó a participar a instituciones, especialistas y al público en general, quienes podrán presentar informes, estudios y aportes que resulten relevantes para la toma de decisiones en torno a la próxima temporada cinegética.

Además, se recordó que Argentina adhirió al Acuerdo de Escazú mediante la Ley Nacional Nº 27.566. Este tratado regional promueve el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en los procesos de decisión, reforzando criterios de transparencia y debate público en temas de impacto ambiental.

La audiencia pública se enmarca, precisamente, en esos principios, buscando que distintos sectores puedan expresar su mirada antes de la definición oficial de la temporada de caza menor 2026 en Entre Ríos.

Informes técnicos

A mediados de marzo, la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (Catcyc) presentó el informe Relevamiento de abundancia de patos 2025. El documento se encuentra disponible para su consulta por parte de cualquier persona interesada, previa solicitud en la sede de la dirección.

El director de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Zárate, informó que se convoca a una audiencia pública el próximo 20 de abril a las 14, en el área natural protegida Reserva de Usos Múltiples El Potrero, ubicada en la ciudad de Victoria. La actividad tendrá lugar en el Jardín Botánico y Solar Histórico (acceso Dr. Joaquín Vivanco, casi ruta 26).

Según se informó, el operativo fue llevado adelante por personal de la comisaría Larroque en conjunto con efectivos de Enrique Carbó, en el marco de una presunta infracción al artículo 189 Bis del Código Penal.

El hecho ocurrió cerca de las 03:30 horas, cuando un móvil policial de Carbó realizaba una recorrida preventiva sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 225, en la zona conocida como la bajada de La Calera. Allí, los uniformados interceptaron una camioneta Toyota 4x4.

El vehículo era conducido por un joven de 18 años, que viajaba acompañado por otros dos de 19 y 16 años, todos con domicilio en la ciudad de Gualeguay. Durante el control, los efectivos constataron que transportaban un rifle calibre .308, junto con su correspondiente almacén cargador y nueve cartuchos del mismo calibre.

De acuerdo a lo señalado por la Policía, los ocupantes del rodado indicaron que el arma era utilizada para la caza. Sin embargo, carecían de la documentación exigida para su tenencia.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de Propiedad en turno, que dispuso el secuestro del arma y de las municiones, además de la correcta identificación de los involucrados, quienes quedaron supeditados a la causa judicial.

El Gobierno de Entre Ríos volvió a encender el debate sobre el manejo de la fauna silvestre en la provincia. A través de la Resolución Nº 1194, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización habilitó la matanza comercial de hasta 150 mil coipos (nutrias) en todo el territorio provincial —excepto en las áreas naturales protegidas— durante el período comprendido entre el 24 de junio y el 29 de septiembre.

La medida fue duramente cuestionada por el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas), desde donde alertaron sobre las consecuencias ecológicas de esta decisión. “En otra polémica decisión que afectará negativamente a la fauna autóctona, la Dirección de Recursos Naturales autorizó la matanza comercial de hasta 150 mil coipos”, señalaron desde la organización.

El coipo (Myocastor coipus), conocido popularmente como nutria, es un mamífero acuático nativo que habita en ríos, lagunas y bañados de la región. Desde el Gobierno provincial se argumentó que la especie “puede transformarse en un recurso dañino del entorno”, particularmente en zonas agrícolas donde genera daños en terraplenes y plantaciones de nuez pecán.

Para Ceydas, sin embargo, esta justificación no alcanza. “La controvertida resolución representa otro avance del Gobierno de Rogelio Frigerio en la desprotección de la fauna autóctona, cuando todavía está fresca la demanda judicial en su contra por haber autorizado la matanza de aves autóctonas en mayo pasado”, afirmaron.

Además, señalaron la contradicción simbólica entre esta política ambiental y la reciente campaña turística oficial lanzada bajo el lema #ModoCarpincho, que invita a “conectar con la tranquilidad y la naturaleza” de Entre Ríos. “La medida contrasta notablemente con la campaña donde se busca promover la fauna nativa como atractivo turístico”, expresaron.

La autorización para la caza de coipos se suma a una serie de resoluciones que han generado preocupación en organizaciones ambientalistas y parte de la ciudadanía, quienes exigen una revisión de las políticas de conservación en la provincia. Mientras tanto, el debate crece en torno al equilibrio entre la producción, el turismo y la protección del ambiente.

Según informó la Policía Departamental de La Paz, el joven ingresó al Hospital 9 de Julio en las primeras horas del sábado con dos heridas de bala en el hombro izquierdo, con orificios de entrada y salida en la zona del hombro y el trapecio.

De acuerdo con el relato del herido, el accidente se produjo alrededor de las 22:00 horas, cuando el arma se enganchó con una rama y se disparó accidentalmente, impactándolo.

Tras el incidente, la Fiscalía de turno en La Paz ordenó el secuestro del arma de fuego y la toma de declaraciones a los involucrados para esclarecer los hechos.

“Con este proyecto, que fue realizado en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia, lo que intentamos es dar una respuesta a un problema grave, que es la proliferación descontrolada de especies exóticas invasoras“, explicó Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), autora del proyecto.

La legisladora indicó luego: “Tenemos una superpoblación que causa graves daños en el cultivo y en la ganadería, así como en nuestra fauna y flora autóctona. Compiten con nuestros animales nativos. Con esta declaración de plagas, estamos autorizando al Ministerio a reglamentar mayores cupos de caza controlada y realizar convenios con otros organismos como Senasa e INTA para controlar la transmisión de enfermedades como la triquinosis”.

Juan José Bahillo (Más para ER) manifestó la coincidencia de su bloque con esta definición como plaga. Sin embargo, sugirió la incorporación en el texto de evaluaciones bromatológicas a la carne antes de destinarla al consumo humano y que las disposiciones de esta norma sean incorporadas en la Ley de Caza N° 4.841.

Por su parte, Stefanía Cora (Más para ER) acotó: “Por la forma en que está redactada esta ley, creemos que no va a solucionar el problema y por eso algunos legisladores no vamos a acompañar esta iniciativa, sobre todo por los mecanismos de control que quedan solamente a disposición del decreto reglamentario y esto genera algunas preocupaciones”.

Finalmente, la aprobación fue por mayoría, ya que el bloque Más para Entre Ríos votó en forma dividida.

A raíz de la autorización por parte de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, de Entre Ríos de habilitar la caza deportiva menor de especies autóctonas se generó una polémica entre asociaciones conservacionistas y trabajadores de turismo aventura y operadores turísticos.

La temporada ce caza menor 2024 fue habilitada por el Gobierno de Entre Ríos entre el 10 de mayo y el 23 de agosto de la Resolución Nº 997 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización. Dicha norma prohíbe hacerlo en sitios Ramsar de jurisdicción provincial así como en áreas naturales protegidas y la Reserva de Salto Grande y Monumentos naturales.

Habilita la caza pato picazo (Netta peposaca) 5 ; pato Barcino (Anas flavirostris) 3; pato Sirirí pampa (Dendrocygna viduata) 2; pato Sirirí bicolor (Dendrocygna bicolor) 2; pato Cutirí (Amazonetta brasiliensis) dos 2; pato maicero (Anas georgica) 2; pato Collar (Callonetta leucophrys) 2; pato Capuchino (Spatula versicolor) 2; perdiz chica (Nothura maculosa) 8 y liebre (Lepus europaeus) 4.

Tras la publicación de la Resolución 997 el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) emitió un comunicado en el que calificaron de “indignante” lo resuelto por el Gobierno de Entre Ríos. “A pesar de los antecedentes judiciales de inconstitucionalidad y del contundente rechazo social hacia la caza, el Gobierno de Rogelio Frigerio decidió permitir la matanza de nueve especies de aves autóctonas”, denunciaron.

Sobre las especies y cantidades autorizadas en la Resolución Nº 997 para la caza en los departamentos La Paz, Gualeguaychú, Diamante y parte de Gualeguay, Victoria, Nogoyá y Villaguay es considerablemente más alta respecto a años anteriores, así como la superficie donde se puede practicar la caza “favoreciendo claramente al negocio de los cotos de caza”.

En tanto desde la Asociación Civil para la Conservación y Uso Sustentable del Ecosistema Entrerriano (Acetra) integrada por trabajadores de turismo aventura y turismo cinegético plantearon a UNO su postura respecto a la temporada de caza menor 2024.

Desde Acetra indicaron que la resolución se basa en “información científica seria y acreditada” generada renombrados biólogos de universidades nacionales UNL, UBA, UNLP y UNC que realizaron un relevamiento poblacional de patos y perdices en tres provincias. Mencionan que estos estudios se realizaron en virtud de un convenio, de 2023, entre la Universidad de La Pampa, profesionales de INTA, Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la Provincia de Entre Ríos. “A partir de este trabajo, en el que estuvieron incluidos muchos departamentos de Entre ríos, se pudo estimar la abundancia de cada especie, su distribución, y se pudo evaluar la evolución y el comportamiento de éstas gracias a la secuencia obtenida con los estudios realizados en los años 2019 y 2022”, señalaron.

“Lamentablemente, así como avanza el orden público fundándose en la ciencia, frente a esta medida recrudecen los ataques animalistas con desinformación y llanas mentiras, lo cual nos obliga a realizar algunas aclaraciones. Por un lado, la resolución de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización no es inconstitucional, y así lo ha determinado la Justicia (Exp. 2.843.815/23 Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos). Estas mentiras se basan sobre un fallo que no fue revisado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos”.

La defensa de la temporada de caza continúa: “De igual modo, queremos resaltar que la resolución no está hecha a medida de los cotos de caza, sino que está basada en un análisis técnico exhaustivo, sirviéndose para esto de diversos estudios científicos de investigación. La misma habilita, para esta temporada, una tasa de extracción mínima, agrega la prohibición del uso de plomo en anátidos y se observa debidamente que la fiscalización 2024 será exhaustiva, garantizando de esta manera una importante regulación en el impacto de la actividad”.

Los trabajadores y operadores turísticos en defensa de su sector destacaron, además, que “la resolución no es rechazada ni criticada por la sociedad, sino por un reducido grupo de gente autodenominada ambientalista o animalista que, a falta de argumentos, recurre a las mentiras para desinformar y sostener su relato”.

Finalmente señalan que en ese afán “ dejan de lado el importante derrame económico que esta actividad de turismo aventura tiene sobre la economía rural, en la cual son cientos los trabajadores que generan su sustento de manera directa, como así también comerciantes y servicios de toda la comunidad”. Fuente:unoentrerios.com

En ese marco, cuatro ciudadanos oriundos de Gualeguaychú que guiaban a un grupo de cinco extranjeros en una matanza de aves autóctonas fueron imputados por infracción a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna.El fiscal de Gualeguaychú Gastón Popelka investigará las responsabilidades por infringir la prohibición de la captura, muerte o comercialización de especies vedadas.

Luego de esta instancia, la causa podría elevarse a juicio, en una instancia inédita para estos sucesos. Por su parte, los turistas norteamericanos involucrados abandonaron el país y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue reportada por esta situación

EL CASO

En un operativo encabezado por el inspector de Fiscalización Agroalimentaria de Entre Ríos, Silvio Arenas, asistido por personal de Prefectura Naval Argentina de Paranacito, el pasado 26 de agosto se interceptó un convoy de dos lujosas camionetas 4×4 que transportaba un grupo de cazadores furtivos.Grande fue la sorpresa cuando los inspectores y prefectos constataron que poseían un importante arsenal de armas largas, señuelos y cartuchos por un valor estimado en $6.483.500, así como transportaban un tendal de aves muertas. Según el detalle, los cuerpos de los animales autóctonos pertenecían a 79 patos de diferentes especies, 4 cisnes cuello negro, 2 caranchos y 1 biguá, totalizando 86 aves de 11 especies protegidas, confirmó el titular de la Unidad Fiscal de Gualeguaychú con sede Paranacito, Gastón Popelka, quien intervino por notificación de los agentes se seguridad y control.

La banda estaba compuesta por cuatro ciudadanos argentinos y cinco con pasaporte de los Estado Unidos. Los foráneos llegaron a Entre Ríos como parte de un servicio brindado por la empresa de turismo aventura cuyo nombre de fantasía sería “Reservas Doradas SA”, y que posee habilitación para operar como coto de caza dentro del departamento Gualeguaychú, y que ya cuenta con un episodio de traslado irregular de cazadores a la provincia en 2016.En este caso, se labró acta de infracción a la Ley provincial de Caza Nº 4.841/69, pero también la Fiscalía los imputó por infracción al artículo 25º de la Ley Nº 22.421 de Conservación de la Fauna que reprime “con prisión de dos (2) meses a dos (2) años y con inhabilitación especial de hasta cinco (5) años el que cazare animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación”.La aplicación de esta norma, se observó, pocas veces se realiza para casos de cacería furtiva, donde en la mayoría de los casos se identifica e incauta el armamento. En esta oportunidad, los involucrados quedaron supeditados a una causa que ahora se deberá investigar para luego ser elevada a juicio.

Extraoficialmente se pudo saber que los cuatro argentinos son Juan Abel Soneira, David Exequiel Sánchez, Benjamín Altuna y Joaquín María Altuna. Éste último se presentó como el responsable de la firma de turismo aventura y exhibió credencial de legítimo usuario y tenencia por el armamento compuesto por: una escopeta Franchi calibre 12×70; dos Beretta A300 caliebre 12×70; dos Franchi Affinity 12×70 y una Browning Fusion Envolve 12×70. Todas estas armas fueron secuestradas y depositadas en la Fiscalía de Islas del Ibicuy.Los extranjeros, en tanto, fueron identificados como Joshua Lee Boyd, Joseph Clark Leverman, Henry Joseph Liverman Jr, Spencer Hays Liverman y Steven Craig Evans. Los turistas norteamericanos tenían ingreso al país por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, por donde pesaban regresar a su país el 30 de agosto de 2023.El fiscal Popelka comentó que la salida de la Argentina de los visitantes extranjeros, que llegaron a la provincia contratando a la empresa de turismo aventura, no los exime de responsabilidades y que por esto se notificó de su situación a la PSA.Fuente: ERA Verde

Hasta allí se trasladaron los uniformados que asistieron con seguridad a un operativo donde se interceptó a dos camionetas, una VW Amarok y una Toyota Hilux, que trasladaba a nueve hombres, cuatro argentinos con domicilio en la ciudad de Gualeguaychú y cinco extranjeros con pasaporte de origen en los Estados Unidos. De acuerdo a lo que trascendió, los estadounidenses llegaron a la provincia a través de un servicio de turismo aventura cuyo nombre de fantasía sería “Reservas Doradas SA”, que posee habilitación para operar como coto de caza dentro del departamento Gualeguaychú, y que ya cuenta con un episodio de traslado irregular de cazadores a la provincia en 2016.El grupo de sujetos llevaba un importante cargamento de aves autóctonas muertas a tiros, así como portaba escopetas y municiones. La banda llevaba un total de 86 especímenes de aves autóctonas, a saber: 4 cisnes cuello negro (cygnus melancoryphus), 2 caranchos (caraca plancus), 3 patos sirirí pampa (dendrocygna viduata), 1 pato gargantilla (anas bahamensis), 27 patos sirirí colorado (dendrocygna bicolor), 18 patos picazo (netta peposaca), 12 patos capuchino (spatula versicolor), 1 pato overo (mareca sibilatrix), 5 patos barcino (anas flavirostris), 8 patos curutí (amazonetta brasiliensis), 4 patos de collar (callonetta leucophrys) y 1 biguá (phalacrocarax albiventer).En cuanto al arsenal, los furtivos poseían una escopeta Franchi calibre 12×70; dos Beretta A300 caliebre 12×70; dos Franchi Affinity 12×70; una Browning Fusion Envolve 12×70; 40 señuelos de patos y 96 cartuchos. El total del armamento y enceres se calculó en un valor de $6.483.000.Es así que presentada la situación se encuadró el hecho como infracción a la Ley de Caza de Entre Ríos Nº 4.841/69, ya que la actual Resolución 888/23 que habilita la temporada no habilita las especies que transportaban. Cabe recordar asimismo que esta misma normativa que permite la matanza de aves autóctonas fue anulada y declarada inconstitucional.Por otro lado, por el contexto de posesión de las seis armas largas, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Gualeguacyhú sede Paranacito, a cargo de Gastón Popleka, pero el funcionario judicial no adoptó ninguna medida, ya que uno de ellos, identificado como Joaquín María Altuna, exhibió la credencial de legítimo usuario y tenencia de las escopetas.Finalmente, Personal de Fiscalización secuestró preventivamente el armamento y desnaturalizó los restos de las aves muertas, mientras los demorados siguieron su camino.Fuente: Entre Ríos Ahora

El juez apuntó que no puede evaluar una decisión en tal sentido porque hasta el momento la medida dictada por la Dirección de Recursos Naturales no ha sido publicado en el Boletín Oficial, por lo cual es un acto administrativo “general y abstracto” y que al estar “sin vigencia, mal puede suspenderse la vigencia”, sostiene el magistrado en la resolución. Horacio Froy, titular de Conciencia Animal explicó esta mañana  que, al igual que el año pasado, diversas organizaciones entre las que se encuentra Conciencia, presentaron un nuevo recurso de amparo para frenar la caza menor en la provincia. No osbtante, destacó que, a diferencia de 2022 cuando obtuvieron sentencia favorable, este año el juez rechazó el recurso debido que la resolución que habilita a la caza no fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia, Por ende, legalmente no tiene vigencia. “El Estado comete una terrible infracción, en el líimite o pasando ya el incumplimiento de los deberes de funcionario público porque no podes imponer una resolución sino lo publicas en el Boletín, no tiene vigencia. Si no tiene vigencia, es ilegal lo que hizo el gobierno”, dijo Froy.

En efecto, entre el 19 de mayo y el 27 de agosto estará habilitada conforme lo dispone la Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia mediante la Resolución 888/23. Solo está autorizada la caza en los cotos.

“El juez no puede dar curso al pedido nuestro porque es una normativa que no existe. Eso es lo caricaturesco de esa resolución de Recursos Naturales y de sus funcionarios. Eso viene permitido por el Ejecutivo. Realmente muy poco le interesan. En Concordia se tapan los humedales y no les preocupan demasiado. Con los incendios en el sur de la provincia tuvieron conflictos con la provincia de Santa Fe. Y no se preocuparon demasiado”, recalcó. “En la parte ambiental y animal, el Ejecutivo ha demostrado que no le interesa demasiado”, indicó.

“Son animales autóctonos y no hay estudios renovado sobre la población existente”, dijo Froy. El presidente de Conciencia Animal remarcó que la resolución habilita la caza de la Perdiz Chica (Nothura maculosa), Liebre (Lepus europaeus), Pato Picazo (Netta peposaca), Pato Siriri Pampa (Dendrocygna viduata), Pato Siriri Colorado (Dendrocygna bicolor) y Pato Cutiri (Amazonetta Brasilensis). “No hay un estudio renovado acerca de cómo está la población de esos animales”, dijo.

De la misma forma, recalcó que el plomo que se utiliza en las balas generan contaminación ya que quedan depositadas en el ecosistema y, en ocasiones, son engullidas por los animales. “Los patos comen piedritas para favorecer su digestión y no distingue un plomo de una piedrita”, recalcó.

El año pasado diversas organizaciones que defienden el derecho de los animales presentaron un recurso de amparo que obtuvo resolución favorable del juez Andrés Marfil quien dictaminó que la resolución era inconstitucional y suspendió la caza menor.

«Para nosotros no significa un fracaso que el juez haya rechazado el pedido de amparo porque estábamos actuando que el gobierno está aplicando ilegalmente», dijo Froy, tildando al mismo tiempo a los funcionarios de Recursos Naturales de ineptos. «Ellos habilitaron a los cazadores a cazar solamente dentro de los cotos de caza lo que sería un retroceso porque no podés admitir que se vayan a cazar a un lugar cuando sabes que los animales no van a quedar ahí. Si tenes que pasar por una esquina donde sabes que te están esperando 30 tipos para darte una paliza, no vas a ir, vas a dar la vuelta por otro lado. Por instinto de conservación, el animal no va a ir más a ese coto de caza a pesar de que los atraen con cebaderos y de muchas maneras», dijo Froy.

Más adelante, Froy recalcó que desde el año 2018 se encuentra un proyecto de ley en la Legislatura de proyección integral de protección animal que había sido aprobada en Diputados. Recién el año pasado fue convalidado en Senadores. “La aprobaron con un montón de modificaciones que prácticamente la hacen inocua pero aún así, les pedíamos que la aprueben así como está, porque paso de vuelta a Diputados. Nos permitía trabajar sobre las castraciones porque la ponía como una actividad con la que debe cumplir el Estado y que el Ministerio de Educación debía ponerla en la currícula escolar a la educación en el derecho a los animales”, dijo.

FUENTE: diariojunio.com.ar

El juez Civil y Comercial N° 1 de Paraná, Juan Carlos Coglionesse, no hizo lugar a la acción de amparo promovida por un grupo de asociaciones de caza que solicitaron se modifique la Resolución Nº 888 con la cual la Dirección de Recursos Naturales habilitó la temporada de caza menor en Entre Ríos sólo en establecimientos privados.

La temporada de caza menor fue establecida desde el 19 de mayo hasta el 27 de agosto. En ese tiempo podrán capturarse, sólo en establecimientos habilitados, el pato picazo, el pato sirirí pampa, el pato sirirí colorado, el pato barcino y el inambú común –además de la liebre–.

"Entiendo que no están dados los presupuestos establecido en el artículo 1y 2 de la Ley de Procedimientos Constitucionales que habiliten la presente acción, por lo que corresponde su rechazo", dijo el juez en su resolución del 15 de junio.

Las organizaciones de caza cuestionaban la resolución ya que establece, precisamente, que la actividad podrá desarrollarse exclusivamente en establecimientos de turismo aventura inscriptos en la Dirección General de Fiscalización.

El amparo ingresó el 24 de mayo, firmado por la Asociación Amigos de la Montería Criolla, representado por su presidente Marcelo Cristian Wolf (de San Salvador); el Club de Caza Mayor y Menor y Tiro Conservación de Tierras de Palmares, representado por César Natalio Orcelet (de la ciudad de Villa Elisa); la Asociación Reguladores Mamíferos Exóticos Invasores, representado por su presidente José Carlos Gómez (de Concordia); y la Federación Santafesina de Caza y Tiro Deportivo, representada por Carlos Federico Forte (de la localidad de Sastre, provincia de Santa Fe).

Según la acción de amparo las organizaciones solicitaron "se habilite la Caza Deportiva Menor en todo el territorio provincial, atento que dicho acto administrativo, lesiona a todos los sectores, no solo a los privados propietarios de campos, sino todos las personas que realizan la caza adecuándose a la reglamentación".

Expresaron que la resolución administrativa "realiza una lesión a la igualdad de los derechos" y que "se habilite la caza menor en las condiciones que históricamente se hizo y no solamente dentro de los establecimientos de turismo aventura inscriptos en la Dirección General de Fiscalización, respetando en todo caso, la habilitación territorial por Departamentos y/o Ecoregiones que la Dirección de Recursos Naturales que anualmente ha considerado para habilitar la caza, con las excepciones previstas en cuanto a las superficies ocupadas por los Sitios RAMSAR, las Áreas Naturales Protegidas declaradas o incorporadas".

Fundaron esa pretensión en que "la caza es una actividad ancestral, siendo en muchos caso un medio legítimo de lograr sustento a numerosas familias, que es parte de la tradición nacional, refiere a que la vida de los, lugareños de estos distritos y zonas rurales donde se practica las actividades cinégicas es muchos veces su única fuente laboral, además de que la caza implica el ejercicio de un derecho recreativo, aduciendo que la caza es un recurso de alimentos y refiere que el uso cinegético es una estrategia de conservación eficiente, genera valor a las especies y estimula a la preservación de su hábitat, (pastizales y humedales), e incluso a la restauración de estos".

"Circunscribir la caza a exclusivos predios en los que el poder adquisitivo es el único boleto de entrada, es vulnerar la igualdad de miles de argentinos que no van a tener acceso a un recurso natural que es de todos (incluso de los cazadores)", manifestaron.

LA POSTURA DE LA FISCALÍA DE ESTADO

El 8 de junio el fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado, Sebastián Trinadori, solicitó el rechazo del amparo y explicó que "la Resolución Nª 0888/23 DRN es producto de una secuencia lógica de estudios poblacionales de las diferentes especies habilitadas".

El funcionario señaló que la caza menor se restringió a los establecimientos privados debido a que no se pudo determinar "con precisión la presión de caza actual por departamento". Destacó que, en función de ello, "el área técnica del Departamento de Flora y Fauna de la Dirección de Recursos Naturales concluyó sugerir limitar territorialmente los lugares que estén en condiciones de ser habilitados, como una medida protectora de nuestros Recursos Naturales".

En su petición, los amparistas presentaron documental sobre las poblaciones de especies en sus zonas y una parte se encuentra en idioma inglés. Al respecto, el representante de la Fiscalía de Estado indicó la imposibilidad de responder a dicho documento: "Por otra parte, en relación a la documental aportado por el amparista, que se encuentra en idioma inglés, la cual figura Delta Waterfowl; a falta de traducción al idioma español, esa parte desconoce su contenido".

RESOLUCIÓN DEL JUEZ

El juez Coglionesse rechazó el recurso de amparo por entender que es un tema que debe resolverse, en primera instancia, a través de la vía administrativa."Resulta indispensable que los amparistas acrediten la inoperancia de las vías ordinarias para reparar el supuesto perjuicio que invoca; cuestión no acreditada en autos, por lo que entiendo no se dan en de debida forma en el presente, el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad".

"Que el planteo actoral deviene improcedente por cuanto no se advierte un accionar manifiestamente ilegítimo y arbitrario de parte del Estado Provincial, en el dictado de la Resolución atacada en la que surja en grado de evidencia la ilegítima restricción de derechos fundamentales, que amerite la procedencia de esta acción excepcional y heroica que es el amparo", agregó el magistrado, según la resolución.

“Estamos en campaña porque no queremos que se habilite la caza menor en Entre Ríos. Y la temporada es en mayo”, comentó  una de las integrantes de la organización no gubernamental.Recordaron, al respecto, que especies como el yaguareté, el ciervo de los pantanos, el tatú Carreta y el pato real “son algunas de sus víctimas preferidas y están al borde de la extinción. Numerosas instituciones del país seguimos luchando para que se prohíba definitivamente la caza de animales autóctonos. Y hoy te pedimos tu apoyo”, plantearon.“Buenos Aires y Santa Fe habilitaron para liebres y palomas. Pero claramente los cazadores le tiran a todo lo que vuela”, dijo la misma persona consultada al respecto.¿En qué consiste la campaña concretamente? “Si estás de acuerdo en proteger a nuestros animales autóctonos de la caza, sacate una foto con el siguiente cartel (o podés hacer uno vos mismo) y subila a tus redes sociales con el hashtag: #DoyLaCaraPorLosAnimalesAutóctonos”, invitaron y compartieron la imagen que se publica a continuación.

“Sumate a nuestra campaña y protejamos juntos a "nuestros" animales autóctonos”, convocaron y pidieron: Inundemos las redes con este reclamo que es apoyado por las siguientes instituciones: RACTES (Red Argentina contra el Tráfico de Especies Silvestres) - CEYDAS - Fundación Cullunche - Che Galgo - Conciencia Animal - Ecoguay - COA Güirá Pirá - Justicia Animal Antiespecista - Aves Gualeguaychú - Aves Ibicuy - Soy Río - APA Chajarí - Somos Humedal - Gualeguay Te Quiero Verde - Foro Ambiental de Gualeguay - Guardafaunas de Santa Fe. 

El Mandamiento Judicial fue emanado por el Juzgado de Garantías de Colón a cargo de S.S Dante Abel Command en el marco de la Ley Provincial de Caza N° 4841.

En el procedimiento realizado se labro la pertinente acta de infracción procediendo al comiso de más de 60 aves autóctonas y al formal secuestro de jaulas, tramperas y potes con pega-pega todos ellos utilizados para realizar dicha actividad, los cuales quedarán a disposición del Director General de Fiscalización de la Provincia.

El director General de Fiscalización, Juan Francisco Manzur, señaló que “estos controles son parte del trabajo y rutina diaria que realiza personal de nuestra área con la finalidad de fiscalizar dentro de nuestra provincia lo vinculado a la caza y pesca furtiva; teniendo como objetivo no sólo hacer cumplir lo que la ley establece en cuanto a la regulación de estas actividades, sino también colaborar en dar a conocer el marco regulatorio vigente de las leyes provinciales de caza y pesca”.Caza furtivaComo parte del operativo de fiscalización, en el departamento La Paz, se procedió a labrar un acta de infracción a cuatro cazadores que se encontraban realizando la actividad en el predio del Área Natural Protegida Don Sebastián, zona no permitida. De esta manera, se procedió al secuestro de dos armas de fuego, una calibre 30.06 y la otra calibre 308 con mira telescópica. A su vez, en el departamento Gualeguay, en controles de rutina realizados sobre el Río Gualeguay, se secuestraron cuatro armas -dos carabinas, una escopeta y un aire comprimido-, labrándose un acta por infracciones a la ley de caza provincial; dado que se realizaba la actividad de caza, sin los permisos correspondientes.Liberación de avesPor otra parte, en el departamento Concordia, en un trabajo conjunto entre personal de la Dirección General de Fiscalización, personal de la sección puente internacional Salto Grande y personal de la Brigada Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, durante un control de rutina, se procedió al control de un vehículo marca Toyota modelo Hilux 4x2, cabina doble, SR C/AB 3.0 TDI, el cual transportaba pájaros que se encontraban dentro de tramperas, jaulas, cajas y medias.Según se informó eran un total de 145 aves, entre ellos: 130 jilgueros, 4 reinamoras y 11 cardenales. Acto seguido se procedió al secuestro de dichas aves, las cuales fueron resguardadas y posteriormente liberadas.Infracciones de pescaPersonal de Prefectura de Salto Grande y de Comisaría Novena y Quinta de Concordia, llevaron adelante diferentes operativos con horarios rotativos, en caminos vecinales e ingreso al camping La Tortuga Alegre. Durante un control nocturno realizado por la costa del Río Ayuí Grande y en su unión con el Río Uruguay, se localizó en dicho camping un total de 1.500 metros de mallas caladas dispersas en distintos tramos. La misma era de material nylon, con espaciados entre 10, 12 y 14 centímetros entre nudos. Cabe recordar que suman en los últimos 20 días un total de 3 kilómetros de malla fuera de la medida permitida, procediendo en cada operativo al secuestro y quema de las mismas.

 El sitio no tenía ninguna habilitación. "Nos venimos a enterar ahora que no haya ningun coto de caza habilitado en Entre Ríos. Si no hubiésemos actuado antes con este tema", remarcó Froy a DIARIOJUNIO. La denuncia, patrocinada por dos abogadas, Amalia Lenzi, de Gualeguaychú y Cecilia Domínguez, de Villaguay, quienes habitualmente presentan las querellas por maltrato animal, ingresó a la Fiscalía de Gualeguaychú esta mañana. Y se menciona la posible infracción a la ley nacional N°  14.346 (art. 3°, inciso 7) de Proteccion Animal, artículo 189 bis, 248 y 249 del Código Penal, artículos 1°, 24°, 25°, 26° y 27° de la ley N° 22.421 de Conservación de Fauna y articulo N° 41 de la Constitución Nacional. 

La denuncia apunta "a todos los responsables del accidente", tanto al dueño del campo, a los empleados, a los acompañantes del hombre que muríó, a las autoridades que tendrían que haber fiscalizado y no fiscalizaron, a las personas que les dieron permiso para matar palomas y permitieron matar a un animal que es casi doméstico", dijo.

Además, Froy indico que "tirarle a un bufalo" es casi como "tirarles a vacas en un campo". "Es un animal totalmente pacífico", dijo.

Las abogadas "fueron las que se encargaron de buscar toda la informacion necesaria que se pudo encontrar en los medios. Tomando todo lo que se pudo encontrar en los medios de todo el país, elaboraron una denuncia formal representandonos a Conciencia Animal Entre Rios y a otra ONG , Ecoguay, cuya presente es Ana Ardaiz de Gualeguay", indicó Froy.

El episodio ocurrió cuando Carlos Najjar y su guía salieron en busca de presas y encontraron un búfalo de más de una tonelada. Así, se colocaron detrás de un árbol y el ciudadano mexicano le disparó al animal, que herido atacó al cazador. El guía después mató al búfalo, pero el presidente de la Federación Mexicana de Caza no sobrevivió al ataque.

Más adelante, Froy indicó que solo saben lo que sucedió con el incidente que terminó con la vida de una persona. Pero piden que se investigue todo lo relacionado con la existencia de coto de caza no habilitado. Froy se preguntó por qué los organismos fiscalizadores no han intervenido y porque han dejado que trabajen, generando recursos que "van solamente a los dueños de los campos, porque al no estar habilitados tengo que entender que no hay ningun tributo que vaya a las arcas de la provincia".

"Acá se está ejerciendo un negocio totalmente ilegal y las autoridades no pueden ignorar esto porque está suendo promocionado en las redes sociales. Y si se organizan tours internacionales es porque esta muy reconocido" dijo.

Según La Nacion, en la Argentina, de acuerdo a la información oficial, la caza deportiva -que se entiende como la acción de “perseguir o apresar animales de fauna silvestre para capturarlos o matarlos con armas u otros medios”- está habilitada en propiedades privadas con el permiso del propietario, en las áreas de caza del Estado cuando la caza no está prohibida y en los cotos de caza, que son terrenos organizados donde se permite desarrollar esta actividad con reglas pautadas para proteger la fauna silvestre.

Cabe acotar que la fiscal que investigaba la muerte de Canales Najjar, Martina Cedrés, reconoció que “la provincia entrega permisos, y en este caso particular (el titular del campo en dónde se registraron los hechos), no tenían permisos para este tipo de caza de este animal”. "No hay autorización vigente” para este tipo de caza en el campo llamado Punta Caballo", según El Once. La causa terminó en el archivo.

Entre los fundamentos de su proyecto, Troncoso manifestó que el objeto de la iniciativa es "proteger la fauna autóctona de nuestra provincia y a la vez generar conciencia respecto de su importancia y el peligro al que se encuentra expuesta”.

Además, destacó que la fauna de la provincia "ya se ha visto afectada profundamente por los focos de incendio y las sequías de los últimos años".

"La resolución es un retroceso de lo que ocurre en el resto del mundo, donde las políticas apuntan cada vez más a proteger la fauna autóctona", expresó el legislador y con respecto al estado del proyecto detalló: "Está siendo revisado por mis compañeros y compañeras de bloque. Urge presentarlo en estos días para que sea tratado cuanto antes, ya que estamos en el período comprendido por este permiso".

Sobre la Resolución a modificar

La Resolución 1099/22 de la Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales, dependiente del Poder Ejecutivo, establece un período de caza deportiva para mamíferos y aves autóctonas de la provincia, el cual se extenderá desde el 14 de mayo hasta el 15 de agosto del corriente año inclusive, en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos.

Entre los permisos detalla las especies y la cantidad de ejemplares de estas que son plausibles de ser cazadas sin sanciones:

Perdiz Chica (Nothura maculosa) – Cupo: 9 piezas

Liebre (Lepus europaeus) – Cupo: 4 piezas

Pato Picazo (Netta peposaca) – Cupo: 6 piezas

Pato Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata), Pato Sirirí Colorado (Dendrocygna bicolor) y Pato Cutiri (Amazonetta Brasilensis) – Cupo de cada uno: 3 piezas.

La Comisión Directiva de CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres) repudió enérgicamente la reciente decisión de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Entre Ríos de habilitar la caza de especies autóctonas en el territorio provincial.

“Tal decisión carece de fundamentos técnicos debido a la falta de estudios poblacionales en toda la provincia de las especies habilitadas y de estudios acerca de la presión de la caza, además de no contar con un sistema de control y fiscalización eficaz”, remarcaron desde la entidad.

Asimismo, entendieron que esta habilitación para cazar las especies autóctonas “va completamente a contramano de lo que ocurre en el resto del mundo donde la tendencia es limitar cada vez más la caza debido a la alarmante disminución de las poblaciones y la extinción de especies”.

Vale recordar que días pasados, la Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos habilitó del 14 de mayo al 15 de agosto, la temporada que permite la caza de especies de aves autóctonas, entre ellas la liebre, la perdiz chica o común y patos. Puntualmente se contempla al Pato Picazo, Pato Sirirí Pampa, Pato Sirirí Colorado y Pato Capuchino.

Sobre las zonas permitidas, se recordó que "está absolutamente prohibido cazar en las Áreas Naturales Protegidas y en la superficie de la Reserva de Salto Grande. Está totalmente vedada en los departamentos Paraná, Diamante, Federal, Concordia, Colón, San Salvador e Islas del Ibicuy. Sí es posible en partes de los departamentos Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú, La Paz, Villaguay y Victoria".

La medida administrativa permite hasta el 15 de agosto que se puedan abatir liebres, perdices y patos de tipo Picazo, Sirirí Pampa, Sirirí Colorado y Capuhino. Es “insólito” que se permita “la caza de animales autóctonos”, calificaron desde la ONG. Criticaron que no haya estudios de las poblaciones de especies permitidas y tampoco de la presión cinegética, observaron a Era Verde.

“En una decisión a contramano de lo que ocurre en el resto del mundo, la Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos habilitó la temporada que permite la caza de cinco especies de aves autóctonas”, señaló Ceydas haciendo foco en las especies de pato que el funcionario a cargo, “Mariano Farall decidió colocar en la lista de especies habilitadas para la caza”.

En diálogo con Era Verde, el integrante de la entidad Gabriel Bonomi comentó que están “consternados con esta noticia lamentable”. En este orden apuntó que “habilitar la caza sin fundamentos técnicos, o por lo menos sin difundirlos, es algo muy desprolijo, realmente fuera de lugar, muy a contramano de lo que está ocurriendo en el mundo donde cada vez se limita más a la caza deportiva y acá abrimos las puertas para que todos vengan”, planteó.

“Debería haber estudios poblacionales de la especies en cada uno de los departamentos donde se habilita la caza. Debería haber estudio de la presión cinegética que hay en cada una de los departamentos que se habilitó la caza. Estoy casi seguro que no los hay, pero en todo caso si los hubiera es obligación de los funcionarios difundirlos, no pueden ocultarle eso a la sociedad. Y esto es un grave error; se están ganando un problema me parece con todo esto porque hay un repudio general de la sociedad, porque hay una tendencia a proteger los valores naturales que tenemos, es una tendencia mundial”, afirmó.

En este marco, el Sub Jefe de Policía, Comisario Mayor Jorge Sosa, nos comentó que "en la tarde del viernes, Personal de la Comisaria del Octavo Distrito, en conjunto con el Personal de la Brigada Abigeato, es alertado por la presencia de vehículos, en el paraje denominado "Gauchito Gil", en ruta Provincial N° 11, kilómetro 187"

Ante esto, sostiene el Sub Jefe, de manera inmediata los funcionarios se dirigen al lugar, donde pueden constatar la presencia de cazadores, dentro del campo propiedad de estancia "Las Flores".

En el procedimiento, afirma Sosa "se identifican 7 personas, oriundas de Rosario que se conducían con 13 perros galgos, los que fueron identificadas e individualizadas dentro de la propiedad, con el fin de cazar liebres y otros animales"

Es por ello que miembros de la brigada, y de la policía, proceden a labrarles el acta de infracción a la ley provincial de caza N°4841. Y a decomisar, entre sus pertenencias partes de ñandú"

Asimismo, Jorge Sosa nos continúa comentando que "en la madrugada del día domingo, en Aldea Asunción, por las inmediaciones del balneario Paso de la Lana, vecinos habían visto luces como de gente que andaba cazando"

Y prosigue, "en este sentido, la Policía local monta un operativo conjunto con personal de la comisaria de General Galarza y se pudo identificar a dos personas que venían de adentro del campo de cazar"

"Eran dos personas mayores con domicilio en Aldea Asunción, que estaban ejerciendo la caza sin autorización del dueño del campo, asique se procedió al secuestro de dos armas de fuego una escopeta calibre 16 y una carabina calibre 22 con las municiones correspondientes, no habían cazado ningún animal, pero se labró el acta y se hizo el procedimiento por tentativa de caza sin autorización del dueño", culminaba el Sub Jefe de Policía, Jorge Sosa.

Personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales del departamento Gualeguaychú, interceptó e identificó a tres personas que se conducían en un automóvil y habían estado cazando en la zona de Rincón del Gato.

Los efectivos habían advertido que los cazadores habían ingresado a una propiedad privada sin autorización y tampoco tenían Licencia Anual Habilitante para desarrollar la caza. Al ser demorados, se detectó que transportaban tres armas de fuego. Se trataba de dos fusiles con miras telescópicas y una escopeta, además de cartuchería.

Además de las armas, los cazadores, llevaban en el baúl del rodado, un ejemplar faenado de ciervo axis. Al no contar con la documentación exigida por la legislación para la Caza Mayor, los efectivos labraron las actuaciones pertinentes por Infringir la Ley Provincial N° 4841/71.

También se procedió al secuestro de los dos fusiles. En cuanto a la escopeta, el propietario no contaba con la Condición de Legítimo Usuario de Armas y la Tarjeta de Tenencia de la misma.

Por tal motivo, se informó a la Fiscalía en Turno, y se inició una causa por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Se secuestró el armamento y su responsable quedó supeditado a la causa judicial.