El Juzgado Federal 3 de Rosario decidió el embargo de propiedades y bienes de la empresa cerealera Díaz y Forti, como así también de sus dos principales accionistas, por un monto total estimado en US$ 3.121,2 millones, en el marco de una causa en la que el Banco Central (BCRA) denunció irregularidades en la facturación y liquidación de divisas, entre otras cuestiones.

De esta manera, la justicia federal rosarina decidió "trabar embargo preventivo sobre bienes inmuebles, rodados, buques, aeronaves y/o acciones que pudieran ser propiedad de la firma.

El embargo comprende a la cerealera Díaz & Fortis S.A. y los accionistas Marcelo Darío De Vincentis y Luis Ariel Olio.

Entre los bienes embargados figuran una importante cantidad de autos de lujos de las marcas BMW, Mercedez Benz y Porsche, como así también camionetas 4x4 y motos de alta gama.

En el fallo, el juzgado también instó al BCRA a que "emita la comunicación de estilo a circularizar entre todos los intermediarios que componen el sistema financiero nacional, para que informen si la firma y los accionistas poseen cuentas a su nombre y tienen depositados fondos -bajo cualquier modalidad operativa, o si son titulares de cajas de seguridad, como así también que informen la existencia de cajas de seguridad a nombre de los mencionados".

La cerealera, que tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años y que operaba en las plantas de Vicentin a partir de un contrato a fasón, fue denunciada por el Banco Central por no liquidar en el mercado único y libre de cambio (MULC) US$ 450 millones aproximadamente.

Según consta en el expediente, el organismo monetario denunció que la empresa "no realizó presentación alguna vinculada a la liquidación de las operaciones realizadas en el mercado de cambios con relación a las exportaciones en análisis, boletos u otra documentación pertinente a la negociación de cobros de esas exportaciones".

Las liquidaciones pendientes corresponde a 95 operaciones de exportación.

"Con base en dichas circunstancias se observa la atribución de la autoría a quienes, contando con poder de decisión suficiente sobre la exportadora, no cumplieron con la obligación normativa, es decir a los señores Marcelo Darío de Vincentis y Luis Ariel Olio, quienes según indica la presentante, -por las funciones que desarrollaban- tornaron penalmente incriminable a la firma Díaz & Forti S.A", indicó el escrito.

En este marco, tiempo atrás el Ministerio de Agricultura sacó a la cerealera del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA).

El Banco Central de la República Argentina suspendió ayer las operaciones en el mercado de cambios de la cerealera Extrugreen por acumular incumplimientos en la liquidación de divisas en operaciones de exportación de bienes.

Según fuentes oficiales, el monto es de casi USD70 millones. De esta forma, la empresa solo podrá acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para liquidar las exportaciones pendientes hasta tanto regularice su situación.

El informe indica que "sin la previa autorización" del Central "no deberán dar curso a operaciones de cambio correspondientes a egresos por el mercado de cambios". Las fuentes reconocieron que la empresa tiene pendiente de liquidar once operaciones de exportación de bienes desde el 22 de enero de 2021.

Esta no es la primera medida que el Central toma al respecto con las exportadoras del sector agrícola. En este sentido, se avanzó de igual forma con las agroexportadoras Vicentin y Díaz & Forti, a las que el Banco Central le reclama la liquidación de USD140 millones y casi USD 700 millones, respectivamente.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Nación informó que dio marcha atrás en la medida sobre Vicentin tras el fracaso del plan que impulsó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para crear un fideicomiso con participación estatal

Vicentin

El presidente Alberto Fernández dio marcha atrás y anuló el decreto para intervenir y expropiar la cerealera Vicentin. "", publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

"En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores", afirmó el mandatario.

Y agregó: "He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado."

El Presidente tomó esa decisión tras el fracaso del plan que impulsó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para crear un fideicomiso con participación estatal.

Con un nuevo decreto, el jefe de Estado anula el DNU 522 que dispuso hace menos de un mes la intervención transitoria de la cerealera Vicentin, dictada para intervenir la compañía.

La decisión se tomó luego de que el gobernador santafesino diese por terminado su intento de poner al frente del grupo concursado a un interventor nombrado por la provincia.