El fiscal a cargo sostiene que Grant intervino activamente en el armado de compulsas, habilitación de proveedores y en la manipulación del sistema interno del organismo, para garantizar contratos a empresas vinculadas al entramado. 

Por su parte, la defensa de Spagnuolo —quien fuera el titular del organismo hasta su abrupta salida— volvió a mover ficha: presentó un escrito en el que pide la nulidad de la causa, cuestionando la validez de los audios usados como prueba. Argumentan que estos fueron alterados o generados con inteligencia artificial. 

Sin embargo, la fiscalía no se apoya solamente en esas grabaciones: además investiga movimientos bancarios, cruces de llamadas y encuentros privados registrados, lo que, según fuentes oficiales, compone un entramado documental que refuerza la hipótesis de corrupción.

El escándalo en ANDIS salió a la luz tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los cuales se detallaba —según él— un sistema de sobornos requeridos por droguerías proveedoras a cambio de obtener contratos del Estado. En ese contexto, Grant aparece como operador fundamental de ese esquema, encargado de ejecutar órdenes desde lo administrativo: la habilitación de proveedores, definición de pliegos, adjudicaciones, y manipulación de los tiempos del sistema de compras. 

Las sospechas alcanzan además a otros exfuncionarios, y apuntan al uso de un circuito de “consultas y decisiones articuladas” que vulneraba los mecanismos de control internos de ANDIS. 

La gravedad del caso radica en que si se confirma, no se trata de irregularidades menores, sino de un entramado sistemático de corrupción en un organismo clave para la salud y la distribución de medicamentos a personas con discapacidad.

Respetamos la primera persona en este texto para que se pueda entender lo que vive una familia que acompaña personas con discapacidad en nuestra ciudad. “Acompañarlo es un placer enorme” Martín tiene 27 años y el acompañamiento familiar, sobre todo de mi parte como mamá, es una rutina muy cargada de horarios. A él siempre le gustó la parte deportiva, y entre sus actividades en la asociación y con sus terapeutas, los compromisos son prácticamente de lunes a lunes, porque los fines de semana también participa en algún evento deportivo.

Acompañarlo es un placer enorme para nosotros como familia. Ver que disfruta y está en lo que tanto hemos luchado y nos hemos propuesto como objetivo: que él sea independiente y pueda elegir qué quiere hacer.

Desde muy chiquito, en el ámbito de la discapacidad siempre nos pidieron muchos papeles. Entiendo que haya que presentar documentación, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Me parece bien que ahora se elimine la fecha de vencimiento en algunos casos, porque nosotros debemos renovarlo cada tantos años y, en ciertas discapacidades, eso no tiene sentido. A Martín se le vence en 2026. Cuando era bebé, el certificado era por única vez; después se renovaba cada diez años, y ahora volvería a ser único para algunos diagnósticos, lo que me parece correcto. En casos donde la condición es de nacimiento o irreversible, es irrisorio estar pidiendo la renovación constante.Sobre el veto del Gobierno Nacional

En cuanto al veto a la Emergencia en Discapacidad, para nosotros fue un golpe muy bajo. Ya desde noviembre y diciembre las prestaciones venían atrasadas. En el caso de Martín, que tiene otra obra social, vamos al día con sus profesionales, pero eso no me impide acompañar y tener empatía con otras familias que la están pasando mal.

Hace 25 años, junto con Martín, iniciamos la Asociación Síndrome de Down Gualeguay. Allí hay mamás muy preocupadas por la continuidad de los profesionales. Nosotros tenemos una profesional y varios talleristas que trabajan porque se han hecho muy compañeros de los chicos. Lo que les pagamos es gracias a lo que vendemos y organizamos en la asociación. La sociedad de Gualeguay siempre ha sido muy generosa con nosotros. Pero no todas las instituciones están igual: muchas la están pasando muy mal y reclaman lo que corresponde según la ley.

Nos apena y nos da mucha bronca que se cierren instituciones, hogares y que se rompan los equipos de trabajo que cada familia tiene con sus profesionales. La ley establece que nuestros chicos tienen que tener esas contenciones. Hay familias que no pueden defenderse por sí mismas, pero nosotros sí podemos y debemos hacer valer sus derechos.

“Hay situaciones muy graves” Como familia, no pedimos privilegios ni lástima. Pedimos que se cumplan los derechos que ya están establecidos por ley. No estamos pidiendo lástima ni que se saque dinero “de su sueldo” para beneficiar a las personas con discapacidad. Solo queremos que se cumpla la ley.

En cuanto al relevamiento que se está haciendo en todo el país sobre personas con discapacidad, estoy de acuerdo con que se realice, pero hay diagnósticos que no cambian y en esos casos no debería ser tan complejo. En nuestro caso, todos los años presentamos papeles para la obra social, tenemos todo en regla y en Gualeguay contamos con médicos que conocen cada caso.

Sin embargo, hay situaciones más graves: familias con hijos que no pueden salir de la casa, que no pueden esperar horas en una cola o trasladarse largas distancias. El trámite es presencial, con fecha asignada en una carta documento. Algunos ni siquiera recibieron esa carta por cambios de domicilio o provincia, y si no se presentan, pierden la pensión no contributiva.

Esa pensión, aunque es muy baja —menor a la mínima jubilatoria—, ayuda para pagar tratamientos que no cubre la obra social, medicamentos o cuidadores. Hay chicos que necesitan medicación constante y costosa.

Todo esto se suma a la exigente rutina de terapias y actividades. Las familias, además de organizar la vida diaria de sus hijos, tenemos que asegurarnos de cumplir con todos estos trámites para que no pierdan derechos básicos. Mi deseo es que ningún chico que realmente lo necesite pierda su pensión, y que esto sea solo un trámite más para garantizar que sus derechos sigan intactos.

El Gobierno determinó, por medio de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) ya no tengan plazo de vencimiento, a partir de una resolución que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La resolución 322/2023, en su primer artículo dispone: "Establézcase que el Certificado Único de Discapacidad se otorgará sin sujeción a plazo temporal alguno, manteniendo plena vigencia y validez mientras que los criterios certificantes se mantengan".

La primera etapa será de implementación inmediata y prevé que los CUD sean emitidos sin plazo de vencimiento, tanto en su versión física como digital. A su vez, el Estado “tomará contacto con la persona con discapacidad para acompañarla y mantener sus datos actualizados, cuestión clave para asegurar el acceso a derechos, prestaciones y servicios derivados de la certificación, como así también para mantener los registros actualizados que sirven para diseñar y ejecutar eficientemente políticas públicas para las personas con discapacidad", según confirmó la Andis mediante un comunicado.

Al mismo tiempo, el organismo indicó que "las instancias de acompañamiento y actualización se efectivizarán con una periodicidad entre los 5 y 15 años, en todos los casos, contados desde la certificación inicial o de la instancia de actualización correspondiente, mediante un contacto y acercamiento fehaciente por parte del Estado, a través de los canales y vías de comunicación existentes y de los que se implementen en el marco de la innovación tecnológica planificada a tal efecto".

El director ejecutivo de la Andis, Fernando Galarraga aseguró que "el CUD es la puerta de acceso para muchos de los derechos de las personas con discapacidad. Esta actualización nos permite contar con una herramienta menos burocrática, más moderna y más sencilla".

Asimismo, consideró que "es una medida que nació de la escucha y el compromiso con todo el colectivo de Discapacidad en todo el país; que se fue nutriendo del trabajo mancomunado del gobierno nacional, las provincias y la sociedad civil; y que impactará positivamente en las personas con discapacidad y sus familias".

Para el organismo, esta resolución "ratifica la implementación progresiva, gradual y en etapas, de una nueva dinámica de vinculación de las personas con discapacidad con los procesos de certificación, tanto para quienes ya poseen el CUD, como para aquellas que tramiten la obtención del mismo por primera vez".

Además, aclararon que “la implementación de estas mejoras, inscriptas en el Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacida, requerirá la adopción de diversas medidas administrativas, normativas y tecnológicas que se irán formalizando paulatinamente, salvaguardando, en todo momento, la continuidad ininterrumpida del acceso a derechos, prestaciones y servicios por parte de las personas con discapacidad”.

En Argentina se estima que unas 5 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad, el 55% son mujeres y 45%, varones. De este total, 8 de cada 10 están desocupados. De acuerdo al último anuario estadístico del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, hay más de 3.744 argentinos con CUD que buscan empleo y no lo consiguen.

La directora del Iprodi, Inés Artusi, valoró el trabajo realizado durante todo el año y expresó: “Es fundamental hacer hincapié en la tarea de todo el equipo, que trabaja en red con las instituciones y áreas municipales de toda la provincia. El Certificado Único de Discapacidad es el primer acceso al estado de derecho que tienen las personas con discapacidad, y por eso ponemos todos nuestros esfuerzos en que las políticas públicas lleguen a todas ellas”.A su vez, Artusi indicó que, actualmente, se amplió el horario de atención de las Juntas Evaluadoras, para mejorar la eficiencia en los trámites que se llevan a cabo. También resaltó la labor de las juntas itinerantes, que trabajan en el marco del programa Iprodi-Fundación IPNA-UNICEF Argentina.En relación a las juntas itinerantes, cabe mencionar que, en cada recorrido realizado por las mismas, se llevó adelante una charla específica para toda la comunidad, que abarca instituciones educativas y de salud, instituciones y áreas de discapacidad de los municipios, organizaciones y las familias de las personas con discapacidad. De esta forma, se completa la visita de cada junta por las diferentes comunas y municipios, con una capacitación acerca de distintos puntos relacionados con los CUD y con la discapacidad.En 2022 se firmaron los convenios para que exista una segunda Junta Evaluadora de Discapacidad en Concordia, que realice tareas itinerantes durante 2023. Esto permitirá que distintas familias de diferentes departamentos de la costa del Uruguay puedan obtener su CUD con más facilidad en el acceso.En cuanto a los CUD, durante 2022 se habilitaron nuevas juntas evaluadoras, y son 14 en todo el territorio entrerriano. Asimismo, seis regiones se encuentran en la primera etapa de la conformación de nuevas juntas, con la capacitación correspondiente. En casos específicos de alto riesgo en salud, edad avanzada y zonas desfavorables, se continuó con la realización de evaluaciones virtuales.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dispuso esta semana la prórroga en la validez del Certificado Único de Discapacidad (CUD) que vence en el segundo semestre de 2022.La disposición, publicada en el Boletín Oficial ayer, establece una prórroga de un año "contado desde la fecha de su vencimiento", para aquellos certificados cuyo vencimiento ocurra entre el 1° de julio de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive.Desde el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que a través de sus juntas evaluadoras es el encargado de llevar adelante las solicitudes del CUD en Entre Ríos, se destacó la decisión que permitirá mejorar el trabajo ante la alta demanda de renovaciones que viene teniendo lugar últimamente.