El Gobierno nacional creó un nuevo programa destinado a coordinar y fortalecer la política criminal frente a los ciberdelitos y los desafíos vinculados con el uso de nuevas tecnologías. La iniciativa también contempla el tratamiento de la evidencia digital, los activos virtuales y los riesgos asociados al avance de la inteligencia artificial.

La medida fue establecida mediante la Resolución 483/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este viernes en el Boletín Oficial. El nuevo organismo se denomina Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (Pronacib) y funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia.

Entre sus principales objetivos figura mejorar las capacidades del Estado para prevenir, investigar y perseguir penalmente los delitos cometidos mediante tecnologías de la información y las comunicaciones.

El Pronacib elaborará diagnósticos sobre las distintas modalidades de ciberdelincuencia, identificará problemas prioritarios y promoverá el diseño de una política criminal basada en evidencia.

El programa también analizará la necesidad de actualizar la legislación penal y procesal ante nuevas formas delictivas y las dificultades que plantea la utilización de evidencia digital en las investigaciones. En ese marco, podrá elaborar propuestas de reforma normativa y herramientas destinadas a mejorar la obtención, preservación, intercambio, análisis y valoración de pruebas digitales.

Otro de los ejes estará relacionado con los activos virtuales. La resolución establece que se buscará fortalecer las capacidades para investigar operaciones que involucren este tipo de activos, además de mejorar los mecanismos destinados a identificar, rastrear, asegurar, incautar y analizar activos virtuales y la evidencia digital vinculada con ellos.

La inteligencia artificial tendrá un capítulo específico dentro de la agenda del programa. El Pronacib analizará los riesgos y el impacto de la IA y de otras tecnologías emergentes cuando sean utilizadas para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos, y estudiará además sus posibles aplicaciones para prevenir, detectar e investigar hechos delictivos.

El programa podrá elaborar protocolos y recomendaciones para el uso de estas herramientas dentro del sistema de justicia. Entre los criterios establecidos aparecen la legalidad, la transparencia, la trazabilidad, la seguridad, la protección de datos personales, la no discriminación, la posibilidad de auditoría y la supervisión humana significativa.

El nuevo programa también buscará fortalecer la coordinación entre organismos nacionales, provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autoridades judiciales, ministerios públicos y fuerzas de seguridad. Para ello, podrá crear mesas interinstitucionales destinadas a intercambiar información y experiencias, elaborar propuestas y coordinar criterios entre las distintas jurisdicciones.

La resolución establece que las acciones deberán respetar las competencias de las provincias, del Poder Judicial y de los ministerios públicos, y que la asistencia técnica a las jurisdicciones locales se brindará cuando sea solicitada.

En materia de cooperación internacional, se prevé utilizar la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital y los mecanismos contemplados en el Convenio de Budapest sobre ciberdelito.