Sin reintegros ni respuestas

Para las familias con niños que requieren programas específicos de salud o acompañamiento terapéutico, la relación con OSER se ha convertido en un laberinto burocrático donde la única llave de entrada parece ser la vía judicial. Lo que debiera ser un sistema de reintegro fluido para garantizar prestaciones básicas se transformó, a lo largo de este año, en un muro de silencio administrativo que ahoga el presupuesto familiar.

"Nosotros este año no hemos cobrado nada sin la intermediación de un abogado", relata con crudeza la madre de un niño que asiste a múltiples terapias y cuenta con acompañamiento escolar. La cadena de incumplimientos comenzó a gestarse tiempo atrás, cuando un estudio genético fundamental para el diagnóstico del menor —valuado en cerca de un millón de pesos— permaneció cajoneado desde 2024. Pese a los reiterados reclamos formales, la gestión solo se destrabó tras la presentación de una carta de intimación y el inicio formal de un recurso de amparo. Apenas dos días después de judicializado el caso, la obra social provincial depositó los fondos directamente en el laboratorio, logrando que la causa se declarara abstracta.

Sin embargo, el acceso a la cobertura cotidiana no mejoró. Durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, la familia no percibió un solo peso de los reintegros correspondientes a las prestaciones ya abonadas a los profesionales. La mecánica terminó repitiéndose de forma sistemática: enviar cartas de intimación, iniciar amparos y esperar a que, ante la presión de los tribunales, la obra social liquide los periodos adeudados.

"Oser viene manejándose de esa manera con la mayoría de los que tenemos programas específicos con reintegro", explica la madre. Esta paradoja no solo somete a los afiliados a un desgaste constante, sino que impacta en las propias arcas de la provincia. Al no saldar las deudas en tiempo y forma, la obra social termina afrontando no solo la cobertura adeudada, sino también los honorarios legales derivados de cada litigio. "Leía una nota donde las autoridades decían que OSER no tenía déficit. Pero sí lo tiene, porque no nos paga. Y al final gastan más, porque tienen que reintegrar lo adeudado y encima pagarle al abogado".

El fantasma de abandonar las prestaciones

Detrás de las planillas administrativas e indicadores fiscales hay familias reales intentando hacer frente a compromisos económicos asfixiantes. Sostener la atención médica y pedagógica de un niño requiere actualmente un desembolso mensual de entre 600.000 y 800.000 pesos, condicionado por la cantidad de sesiones y los aumentos del sector. De ese total, la mayor parte corresponde al salario de la maestra integradora, cuyo piso ronda los 450.000 pesos mensuales.

En un contexto económico hostil, caracterizado por la pérdida de poder adquisitivo del sector docente y la caída de la actividad en rubros independientes como el comercio, la falta de pago por parte de la obra social empuja a los hogares al endeudamiento desesperado.

"Nosotros hemos sacado plata gracias a créditos de Mercado Pago a lo loco y a que me ayudan mi mamá o mi suegro. Sobre todo nos preocupa la maestra, y no pagarle a ella no me gusta para nada. Terminamos pidiendo prestado o sacando crédito para abonar y, cuando OSER finalmente paga tras el amparo, devolvemos lo que nos prestaron y cancelamos las deudas", detalla la madre.

El impacto emocional del atraso ininterrumpido —que llegó a acumular más de cinco meses de atrasos inéditos— deja marcas profundas. "Es muy angustiante ver que no te alcanza la plata y que tenés deudas que no podés pagar. Uno, en vez de estar preocupado por que el nene haga las terapias, en un momento llega a pensar en que deje todo porque no lo podés pagar".

20 días sin medicación esencial por trabas burocráticas

La falta de respuestas de OSER no solo afecta a los reintegros financieros, sino también a la provisión directa de insumos médicos críticos, donde el factor tiempo es determinante para la salud física de los pacientes. Es el caso de un niño con diagnóstico de retardo del crecimiento, cuya familia enfrenta hoy la interrupción forzada de su tratamiento inyectable.

El esquema prestacional estipula una autorización semestral que se renueva periódicamente. Dentro de ese lapso, el médico emite las recetas electrónicas mensuales, la familia las presenta en la farmacia y esta gestiona el pedido con la droguería proveedora. Debido a que las dosis varían según la evolución del paciente, los pedidos se planifican con margen suficiente para evitar baches en el tratamiento.

Sin embargo, el mecanismo falló drásticamente en la última entrega. Tras presentar la documentación en tiempo y forma, la medicación nunca llegó al mostrador. Al realizar los reclamos correspondientes, desde la farmacia señalaron que el problema radicaba en un conflicto de pagos y suministros entre OSER y la droguería.

A pesar de que la familia presentó notas de reclamo formales y activó diversos canales institucionales, las soluciones no aparecieron. Al día de hoy, el niño lleva más de 20 días consecutivos sin recibir la medicación, la cual requiere de una aplicación diaria (seis días a la semana con un único día de descanso).

"Ya hace 20 días que está al descubierto, sin tratamiento, lo cual impacta de lleno en la continuidad de su desarrollo. Ni siquiera sabemos cuándo va a llegar la droga", denuncian desde su entorno. Esta discontinuidad e incertidumbre echan por tierra los avances terapéuticos logrados y exponen las consecuencias concretas que la parálisis administrativa de la obra social provincial genera en la infancia.