La reestructuración en el sistema de provisión de alimentos para los comedores escolares y comunitarios de Entre Ríos encendió un intenso debate que repercute con fuerza en Gualeguay. Mientras el Gobierno provincial fundamenta las transformaciones en la necesidad de ordenar la administración, mejorar el valor nutricional y corregir severas irregularidades detectadas en establecimientos educativos, referentes políticos locales de distintos espacios cuestionan severamente la contratación de una firma proveedora externa. Advierten sobre la fuga de capitales del circuito comercial de la ciudad y el encarecimiento global de la prestación.

La crítica local: fuga de fondos del comercio de Gualeguay y dudas sobre el costo

Desde el ámbito político de Gualeguay, dirigentes de la oposición y de sectores internos del radicalismo coincidieron en marcar los efectos negativos que tendrá la medida sobre la economía departamental y la cadena productiva.

Eduardo Della Giustina, referente de UCR Activa Entre Ríos, envió un documento en el que comparó el cambio de modelo con históricas políticas alimentarias de la provincia, señalando que pasar de compras distribuidas territorialmente a un esquema concentrado en la empresa Teknofood perjudica de forma directa a la industria y al comercio entrerriano.

"La alimentación escolar distribuida territorialmente sostiene almacenes, panaderías, supermercados, carnicerías y distribuidores de cada pueblo y ciudad. Ese dinero vuelve a circular en salarios, compras e impuestos locales", argumentó. Asimismo, puso el foco en el incremento del gasto público: "La propia ministra Verónica Berisso reconoció que el sistema actual cuesta aproximadamente $22.000 millones anuales y que con el nuevo esquema ascenderá a $42.000 millones. Si la nueva modalidad costará casi el doble, el Gobierno debe demostrar con informes técnicos qué mejora concreta justifica esa diferencia. Centralizar no es sinónimo de eficiencia".

En una línea similar, el dirigente del PJ Gualeguay, Marcelo Sánchez, cuantificó el impacto directo en la ciudad a través de sus redes sociales, estimando pérdidas millonarias para la plaza local. "$100.000.000 mensuales es lo que pierde Gualeguay por la decisión de comprar alimentos en Buenos Aires", aseveró Sánchez, advirtiendo que la privatización de la copa de leche y los refuerzos alimentarios derivará en "menos consumo local, menos trabajo en los negocios y mayor riesgo de despidos". El dirigente peronista sostuvo además que con esta modalidad "se pierde la inmediatez de la necesidad real y se raciona el hambre de los niños".

La posición del Gobierno: ordenamiento, auditorías y control de fondos

Ante las severas críticas, las autoridades provinciales salieron a defender el rediseño del servicio poniendo énfasis en el control de las partidas y en el combate a las irregularidades operativas detectadas en las instituciones.

En diálogo exclusivo con El Debate Pregón, el Director de Comedores de la Provincia, Lautaro Azzalini, detalló los motivos que impulsaron la revisión del mecanismo tradicional de transferencia directa de dinero a directivos y comisiones. Azzalini expuso situaciones anómalas descubiertas durante relevamientos e inspecciones administrativas en el territorio, ejemplificando con un caso registrado en el departamento: "En una escuela de Gualeguay faltaron diez millones de pesos", afirmó el funcionario para ilustrar las inconsistencias contables halladas entre los fondos girados y la efectiva prestación recibida por los alumnos.

Por su parte, la Ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso —responsable de la carter a a nivel provincial—, respaldó públicamente la implementación del nuevo sistema de provisión de alimentos empaquetados y raciones de la empresa Teknofood. La funcionaria admitió la diferencia en el presupuesto global —que pasará de los $22.000 millones actuales a una cifra cercana a los $42.000 millones—, pero justificó la erogación argumentando que el esquema anterior presentaba graves fallas de fiscalización, desvíos y una calidad nutricional heterogénea. Según la postura ministerial, el nuevo contrato garantiza estándares bromatológicos uniformes, logística asegurada e inocuidad alimentaria en toda la provincia.

Las cifras del debate

La controversia por los comedores expone una discusión de fondo sobre la administración de los recursos públicos y sus efectos en la economía regional:

$22.000 millones vs. $42.000 millones: Es la brecha presupuestaria anual reconocida por la provincia entre el sistema de giro de fondos descentralizado y el nuevo esquema de provisión estandarizada.

$100 millones mensuales: Es el monto que, según estimaciones de la dirigencia local de Gualeguay, dejará de circular en la red de comercios, proveedores y distribuidores de la ciudad.

$10 millones: La cifra correspondiente a una de las inconsistencias detectadas en una institución educativa de Gualeguay, citada por el Director provincial de Comedores como argumento para justificar el cambio de paradigma hacia un modelo auditado.