"El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa de Entre Ríos; la Asociación de Empleados Judiciales de Entre Ríos (AJER) y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJER) conforme a la normativa convencional y constitucional vigente, rechazan y repudian todo tipo de violencias", se indicó en un comunicado enviad a esta Agencia.

El STJ así lo ha dispuesto por Acuerdo General N° 24/20 del 20-10-20, Punto 1°), el Ministerio Público de la Defensa por Resolución N°104/2020 del 30-10-20; el Ministerio Público Fiscal por Resolución N°131/2020 del 04-11-2020; la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos por Resolución del 04-12-20 Y AJER por Resolución DEL 5-12-20.

En este marco, se ha conformado una Comisión de Violencia Laboral, integrada por los organismos mencionados, que se encuentra abocada a la redacción de un protocolo de prevención y abordaje de las violencias laborales al interior del Poder Judicial.

La producción del mismo resultará de un trabajo colectivo de diferentes actores/as institucionales en pro del derecho a vidas libres de violencia en el ámbito tribunalicio, para abordar la situación de los/as trabajadores/as en el marco de una política de cuidado de cuidadores/as. Estos organismos emprendieron el desafío de generar dicho protocolo para propiciar condiciones dignas de trabajo que valoren las relaciones humanas.

A través de un comunicado se expresó que el escaso conocimiento y percepción de la violencia laboral y sus efectos dificulta muchas veces detectarla y reconocer la verdadera causa del problema que afecta a la víctima y que permanece oculta en la propia organización del trabajo.

Por esta vía, se quiere poner de relieve las que ocurren en el ámbito laboral que afectan la dignidad, la salud e integridad física y psicológica de quienes en él se desempeñan, remarcando la intolerancia a tales conductas. A su vez, se auspicia la colaboración de integrantes del Poder Judicial para sumarse a la prevención y atención de esta problemática. Para ello es necesaria la sensibilización y formación desde una perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad.

Trabajar en la prevención y abordaje de esta problemática contribuye a garantizar la adecuada protección de personas que atraviesan situaciones de violencia en el ámbito judicial y en ello de la comunidad toda.