El fallo fue adoptado mediante un acuerdo de juicio abreviado, aprobado por un tribunal integrado por los jueces Fernando José Martínez Uncal; Maximiliano Otto Larocca Ress; y Mauricio Marcelo Mayer. 

En su fundamentación, el tribunal determinó que – aunque se trataba de delitos por la gestión municipal– existía abuso de autoridad y debían repararse los perjuicios ocasionados al municipio.

Ante el fallo, Erro utilizó sus redes sociales para emitir una declaración pública en la que rechazó las acusaciones. Allí sostuvo que “nunca me quedé con un solo centavo” y que aceptó la condena “para no seguir atrapado en procesos que parecían no terminar jamás”.

Erro describe su situación como parte de una “persecución política” prolongada durante 18 años, que —según su versión— buscó “arrancarle el nombre, la historia, la familia y hasta la dignidad”.  Agregó que la condena fue para cerrar un capítulo que considera injusto, no por admitir un enriquecimiento ilícito.

Qué investigaron las causasLa primera causa, conocida como “causa espuma”, había sido iniciada tras una denuncia por contrataciones directas de insumos para los carnavales, en la que se cuestionaron irregularidades administrativas. En ese expediente, Erro fue imputado por “comisión por omisión”.

La segunda causa, “causa luminarias”, apuntaba a supuestas irregularidades en la obra de alumbrado público realizada en bulevares de la ciudad. Se investigaban irregularidades en la licitación y destino de fondos municipales, denunciándose defraudación al Estado y falsificación de documentos públicos.

El fallo implica, en los hechos, que Erro queda inhabilitado para ocupar funciones públicas por cuatro años y con una condena que, aunque condicional, le marcará antecedentes.

Pero él sostiene que la condena no representa una confesión de enriquecimiento —y rechaza haber obtenido algún beneficio económico personal—, y califica la causa como “una guerra judicial-política” contra su figura y su gestión.

El abogado querellante Ricardo Monzón, representante legal del denunciante que inició la investigación, confirmó que la resolución deja firme la condena y que ya no admite instancias de apelación.

Acuña fue encontrado culpable por un conjunto de delitos de extrema gravedad:

Durante los allanamientos se secuestraron  fotografías, computadoras, pendrives, tarjetas de memoria y otros dispositivos electrónicos. Junto con la sentencia, el juez ordenó el decomiso y destrucción de todo el material, además de los estupefacientes incautados.

Monzón precisó  representó al único denunciante formal, quien era menor de edad al momento de los hechos, algo que quedó plenamente demostrado en la causa. Sin embargo, aclaró que hubo más testimonios, aunque no todos se constituyeron como denunciantes por el impacto emocional y el temor a revivir situaciones traumáticas.

“Todos eran menores. Siempre eran menores”, remarcó el letrado, quien destacó el trabajo conjunto con la fiscal María Ángeles Shell. La investigación se completó en un tiempo  breve de 11 meses.

Según la causa, Acuña actuaba siempre solo. Aprovechaba su rol social —era profesor, abogado y dirigente— para tomar contacto con adolescentes a través de redes sociales, detectar situaciones de vulnerabilidad y captarlos mediante dinero, drogas o prebendas. Los encuentros se concretaban siempre en su domicilio, donde se produjeron los hechos acreditados por la Justicia.

Tras la lectura de la sentencia, se comunicó al Servicio Penitenciario que Acuña pasa de prisión preventiva al cumplimiento efectivo de la condena, alojado en la Unidad Penal de Gualeguaychú, en el sector conocido como “La Granja”.

El actor Juan Darthés fue condenado hoy a seis años prisión en Brasil en el caso de violación denunciado por su colega Thelma Fardin.  

Los jueces anunciaron en una audiencia virtual que revocaron la absolución en primera instancia y dictaron la pena por el delito de abuso sexual con acceso carnal. 

Será en régimen abierto, es decir, podrá trabajar pero debe volver a dormir a la cárcel todas las noches, informaron allegados a la actriz. 

Darthés fue denunciado en diciembre de 2018 por Fardin, quien afirmó que fue violada en Nicaragua durante una gira de la tira juvenil Patito Feo, cuando era menor de edad. En ese momento, Darthés tenía 45 años y la víctima 16.

El actor de Dulce amor y Los ricos no piden permiso, que siempre aseguró ser inocente, viajó a Brasil, de donde es oriundo, y el juicio continuó en ese país.

La actriz dará una conferencia de prensa a las 17.30 en la sede de Amnistía Internacional, situada en la calle Santos Dumont 3429, en el barrio porteño de Colegiales.

Estará acompañada por la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, su abogada Carla Junqueira y Martín Arias Duval, abogado ante la justicia argentina.

"Amnistía Internacional reconoce que esta decisión es un paso firme en la construcción de una justicia que condena la violencia sexual hacia las infancias y la violencia de género, y, con ello, envía un mensaje a las niñas y mujeres de Argentina y de Latinoamérica, de que pueden confiar en el sistema de administración de justicia y animarse a denunciar", señalaron desde la organización.

Luego de que Sebastián VIlla fuera declarado culpable, este viernes, por el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés y recibir una condena de dos años y un mes de prisión, la dirigencia de Boca Juniors dictaminó que el futbolista colombiano no jugará más en el club.

A través de un comunicado oficial, la institución Xeneize detalló en su pagina web: “Boca comunica que, a partir de la fecha, el nombrado (Villa) no participará de las convocatorias de las competencias que deba afrontar el primer equipo profesional de fútbol masculino del Club hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo y sin perjuicio de las medidas que en consecuencia se adopten, las que serán comunicadas oportunamente de así ser necesario”

A pesar de que el atacante colombiano, de 27 años, tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, pero no volverá a jugar en el Xeneize.

Al margen del comunicado con la contundente decisión, el club buscaría ubicar al jugador en el extranjero, en el próximo mercado de pases.

En principio, un club de Arabia Saudita tendría en su radar a Villa, aunque necesitaría "un permiso judicial" para trasladarse allí y presentarse en el consulado argentino cuando sea requerido por la Justicia.

El jugador Sebastián Villa fue condenado a la pena de dos años y un mes de prisión por violencia de género contra su ex pareja, Daniela Cortés y durante dos años tendrá que hacer un tratamiento psicosocial y talleres.

La sentencia fue dictada por el Tribunal de Lomas de Zamora a cargo de la jueza Claudia Dávalos.

Además, le comunicaron al condenado que deberá hacer un tratamiento psicosocial y tendrá que participar de talleres para abordar su problemática teniendo en cuenta Ley 26485 de violencia de género. Y no podrá tomar alcohol ni drogas por el lapso de dos años. Además, debe estar bajo el control del Patronato de Liberados para estar “sujeto a derecho” durante ese lapso de tiempo.

Durante la lectura del veredicto la denunciante Daniela Cortés,  no estuvo presente,  lo cual comunicó a través de un escrito al tribunal.

La jueza Dávalos le otorgó al jugador de Boca Juniors dos meses menos de lo solicitado por la fiscalía en la lectura de alegatos.

También se informó que Villa tendrá que presentarse de forma bimestral ante la Justicia para fijar domiciliario y que la jueza corrobore que no se dio a la fuga ya que el futbolista posee otra denuncia, que fue elevada a juicio oral, por un caso de abuso sexual donde se prevé una pena de 12 años de prisión.

Tras lo informado por el tribunal, el jugador se retiró sin hablar con los medios de comunicación y desde este momento, una vez que ya se dictó la sentencia, no podrá tener contacto con la denunciante ni con su familia. 

Se espera saber qué decisión tomará el club Xeneize con respecto a si seguirá jugando o no. Y se espera que durante la jornada, Boca Juniors saque un comunicado donde informaría que Villa deja de ser parte del plantel.

Tras conocerse el veredicto, la defensa y también la fiscalía a cargo de Sergio Anauati podrán apelar a la Cámara en lo penal de Lomas de Zamora y de ser ratificado el fallo, igualmente pueden seguir el recurso hasta la última instancia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El testimonio clave fue el de la técnica en Minoridad Mónica Juárez quien revisó a Cortés al día siguiente de los hechos ocurrido el 27 de abril del 2020:  “La primera impresión que le había causado era que estaba muy angustiada, con miedo, le temblaban las manos, estaba nerviosa, le mostró los brazos donde se observaban moretones, marcas y tenía algo en la cara”, resume la sentencia a la que accedió Noticias Argentinas.

“Puede advertirse que de la prueba testimonial producida surge con nitidez que los testimonios considerados, no han sido cuestionados por ninguna de las partes en éste proceso, siendo contestes en modo, tiempo y lugar, y en tal sentido he de valorarlos como hábiles”, valoró la jueza Dávalos.

Sobre las lesiones, recordó que Daniela Cortés sufrió un “edema y eritema en frente lado derecho, equimosis en brazo derecho cara interna símil lesión que deja la digito presión, equimosis en raíz de muslo izquierdo”.

La jueza también rechaza el argumento de la defensa respecto a que Cortés pudo haberse auto provocado las lesiones: “Sin perjuicio de las interpretaciones de los dictámenes periciales, la existencia de las amenazas coactivas y las lesiones leves, es clara considerando la intervención inmediata de diversos profesionales, no surgiendo que las segundas fueran“La credibilidad otorgada a la declaración de la víctima, que no ha sido desvirtuada con los testigos de cargo, se robustece con el intercambio fruto de la inmediación y de la oralidad durante el Juicio Oral”, agregó. 

Tampoco da crédito a los dichos de Villa respecto a que su ex pareja le inventó la denuncia porque él dejó de pasarle dinero o como dijo su abogado defensor Martín Apolo “cortarle los víveres”.

“Sopesándose armónicamente sus dichos con el resto de las probanzas valoradas para el evento en tratamiento, carecen de acreditación bastante, siendo los hechos que inconmovidos al ponerse en contra luz con el resto del bagaje cargoso. De lo manifestado, no se logra desbaratar la imputación efectuada”, resumió la magistrada.

“Dentro del aspecto subjetivo del delito imputado y de acuerdo a las piezas procesales valoradas, ninguna duda cabe en la consideración que el prevenido actuó guiado por su voluntad, al agredirla físicamente, no pudiendo ser desconocido que el carácter del injusto de las lesiones aplicadas dimana, precisamente de las consecuencias que acarreó”, remarcó la jueza Ávalos.

Sobre el delito de amenazas, la jueza señaló que “la conducta disvaliosa del agente ha radicado en su intención de amedrentar a su pareja conviviente, no a su familia como fuera alegado por la defensa, apareciendo como suficiente para atemorizar y limitar la libertad”.

”De la prueba valorada, han dado cuenta de que, bajo ningún concepto, las amenazas han tenido otro objeto más que la víctima hiciera algo en contra de su voluntad“, dijo.

Villa “aprovechando la situación desigual de poder y en el marco de una relación altamente conflictiva de acuerdo con lo manifestado por los testigos allegados a la pareja, en primer lugar amenazó coactivamente a la víctima a irse de su domicilio para posteriormente causarle lesiones certificadas como leves, menoscabando su libertad, dignidad, integridad física y biológica, en un ambiente de violencia de género que venía soportando Cortés”.

Tal cual lo señaló la fiscalía, la jueza también da cuenta que el día de la agresión “no fue el único evento” que sufrió Cortés pues ella dijo que anteriormente habían habido otras agresiones físicas y psicológicas.

El hecho juzgado ocurrió el 27 de abril de 2020 cuando convivía ella con el jugador en una vivienda de la localidad de Canning, cuando él -según la denuncia- luego de una fuerte discusión le pegó un puñetazo en la frente y una vez que ella cayó al piso le dio patadas. 

El episodio se dio en plena pandemia por el coronavirus y el momento en el que, según la denunciante, Villa había empezado a consumir al alcohol, en tanto que el jugador dijo que la discusión fue porque ella le había reclamado 150 mil dólares para tomar un vuelo privado y regresar a Colombia de donde es oriunda. 

Ahora, Villa seguirá en libertad por la pena en suspenso y en días se conocerá si es enviado a juicio oral y público en la otra investigación por abuso sexual a raíz de una denuncia hecha por otra ex pareja por un episodio de mediados del 2021.N.A

Una vez conocida la sentencia de parte del Tribunal de Juicio y Apelaciones, que condenó a Sergio Urribarri y el resto de los consortes por hechos de corrupción, los fiscales dieron detalles de la causa y de las instancias que vendrán.

Los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano destacaron el pronunciamiento del tribunal que validó la investigación de la Procuración y la investigación por los hechos de corrupción que merecieron la condena por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en cinco causas.

"La determinación de la pena la vamos a evaluar. Estamos conformes porque se acreditaron los hechos, por parte de quienes tenían los más altos cargos en la estructura de gobierno", explicó Ramírez Montrull. Y agregó: "Han receptado la acusación, donde exfuncionarios han tenido penas de cumplimiento efectivo, lo cual es un hecho histórico. La condena se basa en la contundencia de la prueba, que fue obtenida de forma legal y conforme a derecho".

El fiscal apuntó luego que no solicitarán la prisión preventiva de los acusados: "Han estado a derecho, así que no la pediremos".

Badano, por su lado, explicó: "Las multas fueron las que nos deja solicitar el Código Penal, en función del momento en que fueron cometidos los hechos".

En ese marco, Ramírez Montrull recordó que el dinero que fue tomado por los hechos de corrupción de los fondos públicos, llegó a los 9 millones de dólares.

El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, presentó su renuncia como embajador en Israel luego de haber sido condenado a 8 años de prisión. El presidente Alberto Fernández aceptó su renuncia, informaron fuentes oficiales.

Urribarri lo comunicó a través de su cuenta de Twitter: “El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador”. 

Urribarri fue condenado este jueves en la megacausa por diversos hechos de corrupción cometidos en la provincia de Entre Ríos durante su gestión entre 2007 y 2015.

Al exgobernador también se le aplicó una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, y una multa de 180.000 pesos.

La Fiscalía había pedido 12 años de cárcel para el actual embajador por “negociaciones incompatibles con la función pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y  solicitado la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

El presidente del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos, José María Chémez, dio por acreditado los argumentos de la fiscalía, al entender que se organizó un sistema irregular para defraudar al Estado con distintas maniobras dolosas.

La Justicia de La Paz condenó a 2 años y 6 meses de prisión efectiva al santaelenense Ramón Eduardo Berón, quien tras cumplir condena por dos homicidios, en el marco de un juicio abreviado reconoció cuatro hechos en los que cometió 12 delitos, entre ellos abigeato, violación de domicilio, lesiones leves y amenazas; lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, coacciones, desobediencia judicial y amenazas simples, entre otros.

El hombre, de 42 años, fue enviado a la Unidad Penal N° 8 de Federal. Según pudo saber La Sexta, Berón venía de cumplir un largo período en prisión por dos homicidios: en marzo de 2005, con 26 años, fue condenado a 10 años de prisión por el asesinato del sexagenario Luis Gonzaga Acevedo; y en marzo de 2012 se lo condenó a 8 años y 6 meses de cárcel (se le computaron con lo que ya venía cumpliendo) por el homicidio del preso Daniel Martínez en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. El 27 de septiembre de 2020 cumplió la condena.

Ya en libertad, Berón volvió a Santa Elena y cometió hechos delictivos de diferente índole. Según la sentencia a la que accedió La Sexta, el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, emitió la condena el 15 de noviembre -hace poco más de un mes-, luego de que Berón admitiera cuatro hechos en los que se engloban 12 delitos.

En primer lugar, reconoció que el 6 de abril de este año "se apoderó ilegítimamente y faenó un animal bovino ajeno, en la zona rural de Timbo; siendo aprehendido en flagrancia y con restos del animal en su poder por personal policial de Brigada El Quebracho de Prevención de Delitos Rurales en zona Ejido, camino de ingreso al Barrio 120 Viviendas, de Santa Elena".

En segundo lugar, aceptó que el 21 de junio, aproximadamente las 2:20, "saltó el tapial de la vivienda sita en calle Pública s/n° del Barrio Hipodromo, ingresó al domicilio propiedad de XX y munido de un fierro lo golpeó provocándole excoriación en cara lateral de brazo izquierdo; para luego perserguirlo hasta el domicilio de XX, sito en calle Pública s/n° del Barrio Hipodromo, lugar donde XX huyó a refugiarse. Una vez allí Berón amenazó a XX y a XX diciéndoles que los iba a matar e iba a prender fuego su casa".

En tercer término, Berón admitió que el 30 de septiembre de este año, alrededor de las 23, se presentó en el domicilio de su expareja y golpeó a su pareja actual y amenazó de muerte a ambos. El cuarto hecho que confesó fue que el 9 de octubre ingresó a la vivienda de su expareja, incumpliendo las medidas de restricción que le había impuesto el juez de Paz local. A la mujer, le expresó diferentes advertencias de carácter coactivas y le propinó golpes de puño en su cabeza y la mordió en su pómulo derecho.

En el escrito de juicio abreviado, la fiscal Josefina Caballero y defensor oficial Fernando Báez, señalaron: "Sin perjuicio de la confesión de los hechos que realiza el imputado, a los fines de la procedencia del presente procedimiento abreviado, existen evidencias y/o elementos probatorios suficientes, de los cuales surge acreditado con grado de certeza la materialidad de los hechos investigados y la autoría de Ramon Eduardo Berón. En efecto, evaluados los sucesos a la luz de las evidencias objetivas colectadas en la IPP, las mismas son concordantes en cuanto a la existencia de los ilícitos imputados, tanto en cuanto a su ocurrencia material, como a su autoría y son concluyentes en cuanto al desarrollo de los mismos. Entendemos que con las evidencias colectadas - que las partes le hemos acordado valor probatorio- , hay indicios vehementes que permitirán arribar a la certeza positiva sobre la configuración de los injustos y la respectiva condena por las figuras penales".

Más adelante, agregaron que "las partes hemos considerado, en este caso en particular, los antecedentes penales con los que cuenta el imputado, siendo que el mismo fue condenado en fecha 27/03/2012 en la ciudad de Paraná por la Sala I de la Cámara Primera del Crimen, a la pena de 8 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio conforme se desprende del Regisro Nacional de Reincidencia. Por lo que el solicitamos que se le imponga a Ramon Eduardo Berón la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva".

Al homologar el acuerdo y aplicar la pena solicitada, el juez de Garantías consideró como elementos atenuantes que el imputado haya reconocido su culpabilidad y valoró como agravantes "las reincidencias en las que ha incurrido el imputado, y el grado de violencia con el que se han ejecutado los hechos, como asimismo, los antecedentes con los que cuenta conforme se desprende del informe del Registro Nacional de Reincidencia".

"Cabe tener presente que el acuerdo de Juicio Abreviado como la pena acordada, fue puesto en conocimiento de las víctimas, no habiendo expresado objeciones al respecto, debiendo en el presente caso, requerir opinión de la víctima respecto si quiere ser avisada, en caso que el condenado esté en condiciones de gozar de salidas de la Unidad Penitenciaria N°8, de la ciudad de Federal o en la que se aloje", finalizó el magistrado.

LOS 12 NUEVOS DELITOS

Berón fue condenado por 12 delitos cometidos en los cuatro hechos: abigeato, violación de domicilio, lesiones leves y amenazas en concurso ideal; lesiones leves agravadas (en contexto de violencia de género) y coacciones en concurso ideal; desobediencia judicial y amenazas simples, lesiones leves agravadas (en contexto de violencia de género), violación de domicilio, amenazas y desobediencias judicial.

HOMICIDIOS

Berón fue condenado -junto a sus hermanos- a 10 años de prisión el 9 marzo de 2005 por el homicidio de Luis Gonzaga Acevedo, un hombre de 59 años. El imputado tenía entonces 26 años. El hecho ocurrió el 5 de noviembre de 2003 a la una de la madrugada en calle Varela, del barrio 25 de Mayo de Santa Elena, donde vivían tanto víctima como victimarios.

Aquella causa fue relatada por los medios provinciales, que señalaron que todo comenzó cuando Acevedo había discutido con los hermanos Berón, tras pedirle que bajen el volumen de la música, ya que quería descansar. Como respuesta obtuvo una brutal golpiza propinada por los tres hermanos, en la que no sólo terminó lesionado, sino que a trompadas le arrancaron los dientes postizos y se los robaron. Por ese hecho los denunció. Luego, los hermanos decidieron emboscarlo cerca de su casa una noche. Cuando lo tuvieron al alcance lo apedrearon con pedazos de ladrillos y lo golpearon con un grueso madero, mientras los otros lo pateaban. Producto de las lesiones, el hombre murió en la vereda.

Tiempo después, recibiría su segunda condena por homicidio. Esta vez el hecho ocurrió en la Unidad Penal de Paraná, donde estaba alojado. El 13 de febrero de 2010, en el pabellón N° 1 de la cárcel de Paraná, una pelea terminó con el asesinato de Daniel 'Patucho' Martínez, un interno de 27 años que cumplía una condena por robo calificado. Los acusados fueron los hermanos Ramón y Daniel Berón.

Según relataron en el juicio los testigos -e incluso se pudo observar en la filmación que quedó registrada por las cámaras de vigilancia-, Martínez caminó hasta la celda 12, y con una faca en la mano le pidió el televisor a Berón. Este le quitó el arma y lo hirió, por lo que Patucho corrió unos 30 metros, hasta la zona de los baños, donde Ramón y su hermano Daniel lo ultimaron a puñaladas.

El 27 de marzo de 2012, el Tribunal de la Sala 1 de la Cámara del Crimen, integrado por José María Chemes, Miguel Ángel Giorgio y Hugo Perotti, concluyó que "si bien consideramos suficientemente probado que hubo una agresión en principio por parte de Martínez, entendemos que Ramón Berón actuó primeramente en legítima defensa, luego se excedió en los límites de esa legítima defensa, pero posteriormente se inició la persecución innecesaria, por cuanto esta persona estaba desarmada y gravemente herida". Los hermanos fueron condenados a 8 años y 6 más de prisión por el homicidio. La sentencia -que fue comprensiva de la pena que les restaba por cumplir por el primer homicidio- culminó el 27 de septiembre de 2020.

Desde Movimiento Radical Gualeguay (MORA) se expresaron tras la libertad condicional con la que fue beneficiado el ex Vicepresidente Amado Boudou por un fallo judicial en la causa Ciccone.

"La jubilación de privilegio, ayer, hoy y mañana. Los Inmorales Nos Han Igualado", comienzan señalando en un escrito titulado: "Servidor del estado vs delincuente condenado" y continúan: "El ex Vicepresidente de la Nación Amado Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión al encontrárselo culpable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa por la venta de la calcográfica ex Ciccone".

"Sumando las prisiones domiciliaras y los premios por los cursitos de electricidad, wedding planner y filosofía, entre otros, Boudou solo pasó detenido unos meses. Materia para análisis posterior es indagar si en verdad una persona que llegó al cargo de Vicepresidente, necesita fortalecer su `formación profesional´ a través de la educación en el sistema carcelario".

"Hoy un juez le concedió el beneficio de la libertad condicional. El ex Presidente Boudou cobra una jubilación de privilegio por la suma de $540.000, pero resulta imperioso saber cómo y cuándo en la Argentina se instituyó la jubilación de `privilegio´", mencionan.

Así, rememoraron: "En el año 1922 asumía la presidencia de la Nación Marcelo T. de Alvear acompañado de Elpidio González en calidad de Vicepresidente. Este último renunció a su sueldo, explicando que si el pueblo lo había colocado en semejante responsabilidad, no estaba bien recibir dinero por ello. Además, consideraba que ejercer la vicepresidencia era todo un honor y que si desempeñaba bien su trabajo, el prestigio tendría mucho más valor".

"En el golpe militar de 1930 Elpidio González fue detenido y encarcelado por 2 años en la Prisión Nacional. Luego de quedar en libertad vivió sus días en una pensión, con ingresos mínimos y yendo a trabajar en tranvía, situación que algunas veces llevaba a discusiones cuando lo reconocían y no querían cobrarle el boleto y él se negara que así fuera", continuaron y agregaron: "Enterado de esta situación en el año 1938, un diputado presentó un proyecto que fue aprobado y otorgaba una jubilación de privilegio a los ex Presidentes y Vicepresidentes".

"El 6 de octubre de 1938, Elpidio González le escribió una carta al Presidente Ortiz, en la que le comunica su renuncia a ser beneficiado con una jubilación de privilegio. A comienzos de octubre de 1951 fue operado en el Hospital Italiano, donde permaneció internado medio año porque no tenía dónde ir a vivir. Falleció el 18 de octubre de 1951 acompañado de unos pocos familiares y amigos. Fue velado en el comité de la UCR y enterrado en el Panteón de los caídos de la Revolución del '90, junto a su amigo Yrigoyen", relatan.

Y señalaron: "En primer lugar no es esto una apología de la pobreza, que no es una virtud sino una circunstancia, pero si una poco feliz comparación entre Elpidio González y Amado Boudou, porque resulta importante que se sepa el verdadero origen de la Jubilación de privilegio y que tuvo por objeto ayudar a un hombre honesto que sirvió a su Estado y hoy esa ley beneficia a un delincuente condenado".

"Sin duda alguna los tiempos han cambiado, y para mal. Es momento de revisar legislaciones que no se adecuan a los tiempos de hoy y que no cambiaran en el mañana", consideran.

Y finalizan: "Ya lo decía el tango, y sigue vigente en el siglo XXI: Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio o chorro, pretencioso estafador. Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplaza'os, ¿qué va a haber? Ni escalafón. Los inmorales nos han iguala'o".

La fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 sostuvo que el empresario de la carne Alberto Samid debe volver a la cárcel, al dictaminar a favor de revocar su arresto domiciliario y el régimen de salidas laborales del que goza.

"No es posible, a mi juicio, asumir un temperamento más benigno, pues es claro que el condenado Samid tiene serias dificultades para la asimilación de normas elementales de conducta que rigen para toda persona condenada o sujeta a proceso", sostuvo el fiscal Gabriel Pérez Barberá en su dictamen ante el Tribunal, que tendrá la última palabra, según el escrito al que tuvo acceso Télam.

La fiscalía se pronunció así luego que Samid fuera filmado almorzando en una parrillaen la localidad de Ramos Mejía. en el partido bonaerense de La Matanza, el 21 de junio pasado, feriado nacional.

Samid está condenado a 4 años de prisión por asociación ilícita y goza de arresto domiciliario con tobillera electrónica mientras la Corte Suprema de Justicia resuelve un recurso contra esa pena.

"Ha quebrantado injustificadamente su obligación de permanecer en su domicilio particular, dado que no cumplió las condiciones impuestas por el Tribunal al concederle autorización para egresar de su domicilio por motivos de índole laboral", agregó el fiscal.

Con esos argumentos, entendió que "corresponde revocar" los beneficios.

El pasado lunes 21 de junio una clienta increpó y filmó a Samid en la parrilla mientras almorzaba.

El empresario sostuvo que había ido al lugar a dejar un pedido de carne, algo que fue desmentido por los dueños del comercio, de nombre "Paja Rota".

Tras carta abierta que firmaron cerca de 90 organizaciones, funcionarias, y asambleas, el médico tocoginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, condenado en octubre de 2019 a un año y dos meses de prisión en suspenso y dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer, fue suspendido

El Ministerio de Salud de Entre Ríos suspendió la matrícula provincial a un médico condenado por la Justicia rionegrina por impedir un aborto legal, luego de una carta abierta que firmaron cerca de 90 organizaciones, funcionarias, y asambleas

Se trata del médico tocoginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, condenado en octubre de 2019 a un año y dos meses de prisión en suspenso y dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, pena confirmada por otro tribunal. Ya que, según la causa, Rodríguez Lastra impidió la práctica de un aborto legal y así obligar a gestar y parir a una joven víctima de una violación.

El médico había comenzado a desempeñarse en el departamento entrerriano de Gualeguaychú, con un consultorio en un instituto privado.

A través de la resolución 4.649, el Gobierno de Entre Ríos explicó que se suspendió la matrícula, que lo habilitaba a trabajar en esa provincia hasta 2025, por "razones exhibidas en las noticias de prensa y las constancias judiciales de la sentencia" contra el mismo.

Un hecho insólito e inédito en el país sucedió en Paraná y aún tiene en vilo a muchas personas: el hombre que fue condenado por un asesinato en el primer juicio por jurado popular en la historia de la provincia, se fugó

Desde la semana pasada nadie sabe dónde está Carlos Iván Caminos, declarado culpable del homicidio de Milton Luna, ocurrido el 25 de abril pasado en el barrio Los Paraísos Paraná. Como se ha mencionado en el mismo debate, se trata de un sujeto peligroso, que mató a su amigo de un disparo en la espalda con una pistola calibre 44 (que no apareció) y luego lo remató de un tiro en la cabeza. Ayer la División Robos y Hurtos de la Policía, que quedó a cargo de la investigación del paradero de Caminos, efectuó cinco allanamientos. No localizó aún al prófugo, pero siguen pistas de donde pudo haberse ido.

Evidentemente Caminos cuenta con apoyo logístico y económico suficiente para permanecer oculto de las autoridades. Sus vínculos con personajes conocidos del ambiente delictivo le permiten contar con lugares donde guarecerse y medios para irse de la ciudad.PUBLICIDAD

Los efectivos de Robos y Hurtos (Dirección Investigaciones) realizó cinco requisas domiciliarias durante la jornada de feriado, ordenadas por el juez Pablo Vírgala, quien aún debe dar a conocer la pena que le impondrá a Caminos luego de la audiencia de cesura realizada la semana pasada. El mismo vocal del Tribunal Juicio y Apelaciones de Paraná dictó el pedido de captura nacional e internacional para el homicida.

El primero de los operativos se realizó en calle General Madariaga casi intersección con Fray Mocho, en la casa de la expareja del padre, pero fue "negativo", informaron fuentes de la investigación. Si bien todos se desarrollaron con "total normalidad", no localizaron al sujeto buscado. La Policía también llegó a la primera cuadra de calle General Espejo, antes del entubado, donde vive una mujer de 40 años, casada, en donde tampoco encontraron a Caminos.

Luego se dirigieron a un domicilio de calle Díaz Vélez al 900, donde identificaron a un hombre de 29 años; a calle Isabel de Guevara al 1.000 donde notificaron a una mujer de 37, y por último llegaron a Almirante Brown al 900, donde vive una mujer de 55.

Se trata de domicilios de personas vinculadas directa o indirectamente a Caminos, que podrían haber estado en contacto con el prófugo. Los investigadores tratan de ir cercando sus posibles destinos y además se presiona a su entorno para que colabore con la investigación.

Ayer, la madre de Milton Luna, María de los Ángeles, dijo en una entrevista: "Todavía no tenemos ninguna novedad, él está prófugo de la Justicia y nosotros estamos encerrados. No tuvimos ninguna respuesta del Estado, entonces tomamos la responsabilidad de cuidarnos y contratamos un servicio de seguridad, porque nuestra vida sigue y de debemos salir. Mis hijos temen porque él, sigue suelto y es culpable. Nos invade la tristeza, dolor e impotencia. (La Justicia) tenía todo para que vaya preso"

Misterio y temor por la fuga del primer condenado por un jurado 12 ciudadanos

Cabe recordar que el jueves pasado el fiscal Santiago Brugo solicitó para Caminos la pena de 24 años de prisión con cumplimiento efectivo. El defensor Javier Aiani solicitó que la pena no sea superior a 15 años.

Sorprendió a propios y extraños que, tras el juicio y el veredicto dictado por el jurado popular, no se haya pedido ni dictado la prisión preventiva de Caminos, como se considera ante otros casos.

Excarcelación de Pavón tras cumplir el dos tercio de su condena

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, resolvió hacer lugar a la petición formulada por el Defensor Público, Gaspar Ignacio Reca Ríos, en ejercicio de la defensa técnica de Néstor Roberto Pavón y en consecuencia, declarar procedente su excarcelación, bajo la caución que establezca el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay de mérito que originariamente dispuso la prisión preventiva del encartado.  Pavón fue condenado a 5 años de prisión por encubridor del crimen de Micaela García y a la fecha cumplió el dos tercio de dicha condena por lo cual se hizo el pedido de excarcelación, dado que ya podría gozar de la libertad condicional de acuerdo a lo establecido por la ley 24.660, si estuviese firme su condena.  

En su voto, el vocal Daniel Carubia concluyó que teniendo en consideración los precedentes y criterio sustentado en varios causas que han sentado jurisprudencia, se impone precisar que, más allá de la pretensión acusatoria -pública y particular-, contraria a lo ya resuelto por esta Sala, de una eventual condena a perpetuidad, no se invoca ningún riesgo procesal específico ni se exponen razones que demuestren la posibilidad concreta de tal circunstancia, y lo cierto es, como adelantara, que el encausado Pavón, en modo alguno puede entorpecer la investigación ya íntegramente realizada y con sentencias de mérito, casación e impugnación extraordinaria.  

 Asimismo sostiene que tampoco se exponen siquiera indicios de la posibilidad de evitar la acción de la justicia cuando ya lleva en encarcelamiento preventivo un tiempo que superará el de su posibilidad de acceso a la libertad condicional si estuviese cumpliendo como condenado la pena impuesta -la cual está, además, recurrida por su defensa-, con lo cual su situación cautelar se revela por el momento más gravosa que la de un efectivo cumplimiento de pena, desde que no recibe tratamiento como tal ni puede usufructuar los beneficios de la progresividad del régimen carcelario, por lo que deviene claramente procedente su excarcelación, bajo la caución que establezca el tribunal de mérito que originariamente dispuso la prisión preventiva de Pavón, a cuyo fin se remitirán copias el presente incidente al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay.  

Por su parte, el vocal Miguel Ángel Giorgio, consideró que " como bien ha afirmado  Carubia, el imputado Pavón se encuentra próximo a cumplir, aún en prisión preventiva, los dos tercios de la condena - no firme - dictada en su contra, todo lo que le permitiría acceder al beneficio de la libertad condicional si hubiese ingresado al régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad - ley 24.660 - lo que no ha sido posible por todas las instancias recursivas que ha venido hasta aquí ha transitado. No obstante ello, esa imposibilidad no puede generar efectos adversos a la hora de evaluar la morigeración o el cese de la medida cautelar de encarcelamiento preventivo que viene sufriendo por la sola circunstancia de ejercer su legítimo derecho a la revisión integral de un fallo condenatorio dictado en su contra, cuando han desaparecido los conocidos riesgos procesales que en su momento motivaron su dictado y la hipótesis más desfavorable que tiene a la vista el encartado Pavón sería el breve tiempo que le resta por cumplir en caso de adquirir firmeza su condena, lapso éste que bien puede ser transitado bajo la modalidad de la libertad condicional.  

En tanto la vocal Claudia Mizawak, fundamentó que corresponde disponer el arresto domiciliario de Pavón, atento a que esa medida de coerción asegura suficientemente la ejecución de la sanción punitiva impuesta, en caso de que se confirme la condena dictada en su contra (cfme.; art. 349, inc. a) CPPER).