Luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°14 condenara a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso por el incendio culposo en el que murió Melchor Rodrigo, una de las primeras voces de su círculo íntimo en pronunciarse fue la de su hermana, Tamara Pettinato. Lo hizo a través de sus redes sociales, con una foto y un texto extenso que llevó por título una frase tan contundente como reveladora de su estado de ánimo: “tranquilidad de conciencia”. Desde allí, la panelista y conductora dejó en claro que acompaña a su hermano, que respalda el sentido del fallo y que, pese a la gravedad del caso y al largo recorrido judicial, sostiene la misma postura que mantuvo su familia desde el primer día.

Su publicación llegó apenas horas después de conocerse el veredicto, en una jornada que volvió a poner a la familia Pettinato en el centro de la atención mediática. El tribunal consideró que la muerte de Melchor Rodrigo se produjo en el marco de un accidente y optó por una calificación más benévola, en línea con la postura del fiscal, aunque incluso por debajo de la pena que este había solicitado. Así, Felipe Pettinato recibió una condena de tres años de prisión en suspenso, en concurso real con una pena previa de nueve meses también en suspenso por abuso simple de una menor de 15 años. Además, se dispuso que continúe con sus tratamientos por adicciones, que fije domicilio y que entregue una muestra genética al Registro de Abusadores.

En ese contexto cargado de tensión, y con la familia de la víctima anticipando que apelará el fallo por considerarlo insuficiente, Tamara eligió hablar desde un lugar íntimo pero, al mismo tiempo, político en lo personal: el de quien siente que durante años convivió con una acusación pública que, según sus palabras, nunca reflejó lo que ellos creían verdadero. En su descargo sostuvo: “Hoy se leyó el veredicto en el juicio en el que se juzgó a Felipe por el incendio en el que, lamentablemente, perdió la vida su amigo Melchor. Con la prudencia que debe primar ante ese veredicto y sin conocer los fundamentos de la sentencia aún, lo que queda claro es que para el tribunal fue un accidente”.

A continuación, avanzó sobre el peso que tuvo el proceso en la intimidad familiar. “Fue muy difícil como familia atravesar este juicio durante todo este tiempo teniendo que defendernos, en tribunales y también en los medios, de una acusación que siempre supimos alejada de la realidad”, escribió. Allí apareció con claridad uno de los aspectos más sensibles del posteo: la sensación de haber librado una doble batalla. No solo la jurídica, dentro del expediente y las audiencias, sino también la mediática, en un terreno donde las versiones, los señalamientos y las opiniones se multiplicaron durante años.

El cierre del texto se corrió de lo jurídico para volverse más emocional. “Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron y se preocuparon por Felipe. También por mí y por los míos. Gracias de verdad”, expresó. Con esas palabras, Tamara eligió reconocer el apoyo recibido durante un período que describió como muy duro, y también exponer que el impacto del juicio no se limitó al acusado, sino que alcanzó a todo su entorno más cercano.

Así, mientras la causa entra en una nueva fase y el debate público vuelve a encenderse, Tamara decidió expresarse para ubicarse sin rodeos junto a su hermano. Lo hizo con una defensa firme, con una lectura clara del fallo y con la certeza de que, más allá del ruido exterior, su familia atravesó estos años aferrada a una convicción que hoy considera ratificada por la Justicia.

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenaron a cuatro años y nueve meses a una persona trans de 58 años, autora del delito de trata de personas menores de 18 años con fines de explotación sexual.

La acusada reconoció los hechos que se le imputaron en un juicio abreviado. Se le atribuyó que entre agosto y octubre de 2011, captó en Larroque a tres adolescentes (dos de 14 años y la restante de 17 años), con el pretexto que iba a conseguirles trabajo en su comercio y brindarles ayuda.

Luego las trasladó a su casa en Gualeguay, localidad en la que sólo una de las chicas tuvo relaciones sexuales a cambio de dinero en un hotel.

El Tribunal Oral Federal de Paraná, en su integración unipersonal con la vocal Lilia Carnero, resolvió declarar a MEG, una mujer trans de 58 años, autora del delito de trata de personas menores de 18 años de edad con fines de explotación sexual y la condenó en un juicio abreviado a la pena de cuatro años y nueve meses de prisión, que cumplirá en la modalidad de prisión domiciliaria por problemas de salud.

Las pruebas permitieron demostrar que la imputada "acogió a las tres menores en su domicilio, prometiéndoles trabajo, para luego instarlas a ejercer la prostitución, para obtener un beneficio económico".

Pruebas

Al momento de valorar la prueba, la magistrada consideró que "las pruebas reseñadas precedentemente arrojan certidumbre respecto a los hechos diseñados por el Ministerio Público Fiscal (MPF), teniendo en cuenta no solo la declaración de las tres víctimas -cuya veracidad no fue objetada-, sino principalmente las testimoniales (...) provenientes de operadoras del Copnaf, de las cuidadoras de los hogares de menores y del personal policial que ayudó en la búsqueda", consignó El Diario de Paraná.

En la sentencia se señaló que coadyuvaron a la conclusión condenatoria "los informes incorporados a la causa, que dan cuenta de la situación de las menores, de las causas de su institucionalización, de los endebles lazos familiares y de sus permanentes huidas. Es por ello que se puede afirmar, sin contradicciones, que MEG, entre el mes de agosto del año 2011 y mediados de octubre del mismo año, sin poder precisar con exactitud la fecha, captó en la ciudad de Larroque, y posteriormente trasladó desde dicha localidad, hasta el domicilio sito en la ciudad de Gualeguay, a dos menores de 14 años, y una de 17 años, con fines de explotación sexual, usando como pretexto que iba a conseguirles trabajo en su comercio y brindarles ayuda".

Rédito

Según la acusación, la ahora condenada "acogió en su domicilio" a las niñas y "pretendió que las citadas menores se prostituyeran, con el fin de procurarse un rédito económico, en su beneficio, logrando solo que una de las chicas de 14 años mantuviera relaciones sexuales, en un hotel de Gualeguay".

Además, se le atribuyó que la mujer "mantuvo a dos menores hasta el 15 de agosto de 2011, fecha en que fueron rescatadas, en tanto la restante recuperó su libertad por sus propios medios el 17 de octubre de 2011".

Vulnerabilidad

La jueza señaló que "en el acta acuerdo, no fue posible acreditar con grado de certeza positiva", las agravantes de que MEG "se haya aprovechado de la situación de vulnerabilidad que presentaban las menores por estar institucionalizadas, aunque fugadas del hogar José León Torres de Gualeguaychú, donde se encontraban alojadas". En este sentido se consideró que al abordar "la trayectoria existencial de la imputada", también "se encontraba en situación de vulnerabilidad, pues transitó un proceso de elaboración de la propia identidad que la llevó a cambiar el nombre que recibiera al nacer. Sabido es lo complejo que es atravesar por esta situación, donde las personas que son diferentes son generalmente discriminadas tanto en lo social, laboral y hasta familiar".

La jueza Carnero consideró que "el Ministerio Público Fiscal declinó la aplicación de la agravante por considerar que no se pudo establecer que efectivamente MEG supiera que la menor tenía menos de 18 años (cumplió esa edad dos meses después de haber sido captada), estando además embarazada de cinco meses. Cabe computar además que cuando le fue sugerida la posibilidad de ejercer la prostitución, ella se negó, conforme surge de su declaración".

Protocolo

La magistrada destacó que el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas plantea que "no se tenga por válido el consentimiento dado por la víctima a toda forma de explotación de la trata de personas, cuando haya sido dado en contextos entre los que, entre otras cosas se incluye situaciones de particular vulnerabilidad". En el caso, señaló que "la vulnerabilidad era la edad que contempla la norma seleccionada por el Ministerio Público Fiscal para su aplicación".

Proceso

La jueza consideró que el Ministerio Público Fiscal destacó que MEG no tenía antecedentes penales y tenía escasa instrucción, publicó El Diario de Paraná. La jueza también analizó que "durante la tramitación de la causa, la imputada comenzó siendo investigada con un nombre masculino, él que cambió por el actual, discurriendo que modificaciones de esa entidad no se producen como consecuencia de un arrebato intempestivo o de un capricho, sino mediante un proceso de elaboración de la propia identidad que implica una redefinición en términos de autopercepción".

Así, entendió que el fiscal consideró aquella situación como "relevante" porque "es un hecho notorio el derrotero que deben atravesar quienes pertenecen al colectivo trans, el cual se patentiza en un bajo nivel de escolaridad, en situaciones de prostitución y en escasas posibilidades de inserción laboral, lo que trae aparejado una expectativa de vida que no llega a los 40 años".