El gremio decretó el estado de alerta y comenzó con la realización de asambleas en los puestos de trabajo, en una escalada de protestas que se suman a los focos de conflicto ya existentes en diversos organismos del sector público. El paro del martes será la antesala de una semana marcada por la conflictividad gremial, ya que el miércoles 9 se realizará una movilización y el jueves 10 se concretará una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Desde FOECYT, conducida a nivel nacional por Alberto Cejas, calificaron como “inaceptable” la decisión de la empresa de reemplazar la negociación paritaria por una disposición “caprichosa y mezquina”, que impide discutir salarios con base en la realidad económica actual. “Cerramos el 2024 con una pérdida del 80% del poder adquisitivo por efecto de la inflación, y ahora nos ofrecen un 2,7% de aumento, cuando la inflación del primer trimestre ya se estima en un 7%”, denunciaron desde el sindicato.

Los trabajadores también señalaron que, a pesar del acompañamiento brindado durante el proceso de transformación de la empresa, "la paciencia tiene un límite y ese límite llegó hasta hoy".

El conflicto en el Correo Argentino (CORASA S.A.) se enmarca en un clima de creciente tensión en el ámbito estatal, donde se multiplican las protestas frente al ajuste salarial y la reducción de puestos de trabajo. En los últimos días, se registraron medidas similares en organismos como la ex-AFIP y Corredores Viales S.A., así como en diversos ministerios y secretarías afectados por el cese de contratos laborales.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció esta noche que el Gobierno desregulará el servicio de correos, a través de su cuenta de X.

“El Gobierno ha tomado la decisión de desregular el servicio de correos. Con esta medida lograremos más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, expresó Adorni.

Los objetivos del decreto, que se publicará mañana en el Boletín Oficial, son fomentar la transparencia, simplificación, digitalización y mayor seguridad del servicio. Esta importante reforma se trabajó en forma conjunta entre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Para ser operador postal las personas jurídicas deberán inscribirse ante la autoridad de aplicación de manera simple, electrónica, gratuita y declarativa. La inscripción se realizará una sola vez al inicio de la actividad y podrán iniciar automáticamente sus actividades a partir de los 5 días desde la fecha de su inscripción. Dicha inscripción constituirá habilitación suficiente para desarrollar la actividad.

Los operadores postales que desarrollen actividades en el mercado postal local e internacional podrán fijar con total libertad la dotación de personal, la modalidad, los tipos de servicios prestados, los equipos, medios de transporte y locales que requieran para su actividad.

La medida tomada por el Ejecutivo no innova ni altera las disposiciones sobre secreto postal ni en materia de seguridad.

Con esta decisión se eliminan todos los vestigios de predominio postal y las exclusividades otorgadas a empresas de correo estatales referidas al envío de cartas documento, de telegramas y encomiendas de hasta 50 kilos, al abrir la competencia y facilitar el acceso de otros operadores.

En un inicio, el correo formó parte de la primera lista de empresas estatales que la gestión de Milei presentó en la Ley Bases para privatizar. Sin embargo, fue excluida de la última norma sancionada, junto con Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina.

El Correo Argentino cuenta con el Estado Nacional como único accionista y se compone una red de 1400 sucursales y postales. Tuvo un déficit de $71.322 millones en 2023 y Nación le envió más de $90.000 millones en 2024 para avanzar con el plan de retiros voluntarios.N.A.

Desde el viernes cientos de empleados del Correo Argentino recibieron telegramas de despidos en todo el país con el fin de reestructurar la empresa, se estima que son más de 800 y en Entre Ríos hay empleados que quedaron sin trabajo. Rubén Mastracchio, representante de los trabajadores del Correo Argentino confirmó los despidos y aseguró que los despedidos tenían entre cinco y 40 años de antigüedad en la empresa.

Sobre los 16 trabajadores que fueron despojados de sus puestos en nuestra provincia, Mastracchio afirmó que “fueron de forma arbitraria, inmerecido y sin causa” y aseguró que desde el gobierno Nacional les dijeron que “tenían que reducir gastos” en todas las empresas estatales.

“Nadie se lo esperaba, nos sorprendió, los telegramas llegaron a los lugares de trabajo y cada uno cumplía su función de manera responsable y eficiente”, lamentó el representante de los trabajadores del Correo y agregó que “somos una empresa de servicio, la excelencia solo la aporta el personal y el recurso humano es la mejor inversión que puede tener”, expresó a APF.

Además afirmó que los despedidos tenían entre cinco y 40 años de antigüedad en el Correo y señaló que “no se tuvo en cuenta su grupo familiar, algunos tienen hijos muy chicos”. Respecto a la parte gerencial de la empresa del Estado, confirmó que esos puestos de trabajo no fueron recortados.

“Teniendo en cuenta la situación del país el futuro es incierto y las políticas que se están aplicando en el país son en contra del trabajador”, manifestó el representante de los telepostales y opinó que dentro del Correo hay “gastos muy sobredimensionados en otras áreas pero no en el trabajador”.

Dada esta situación, Mastracchio informó a esta Agencia que los trabajadores del Correo Argentino se encuentran en estado de alerta en forma permanente. En cuanto a la liquidación de los despedidos el trabajador aseguró que es muy probable que venga esta semana y que, en caso de que no estén bien hechos los pagos, se harán los respectivos reclamos. Fuente :APF/DEBATE PREGON

La Justicia espera un informe de especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para comenzar a definir la situación procesal de los imputados en la causa que investiga posibles delitos cometidos en el trámite de quiebra del Correo Argentino S.A., en la que está denunciado el expresidente Mauricio Macri.

En la causa se encomendó un relevamiento técnico a expertos de esa casa de estudios cuyo resultado se aguarda, mientras que ya se recibió un segundo informe de la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO) de la Corte Suprema, confiaron fuentes judiciales.

Este último estudio ratificó el perjuicio al Estado Nacional que hubiera causado la homologación judicial de un acuerdo con la concursada, como el macrismo propuso en 2016.

Una vez que el juez federal Ariel Lijo reciba el informe encomendado a expertos en quiebra de Ciencias Económicas, comenzará a definirse la situación procesal de los ya indagados en el caso: el exministro de Comunicaciones del gobierno de Cambiemos, Oscar Aguad; su ex responsable de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa, el titular del directorio de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la firma Jaime Kleidermacher

También, y en base al segundo estudio de la DaJuDeCO y lo que concluyan los expertos de la UBA, podrían disponerse otras medidas de prueba y citaciones.

Los antecedentes

En febrero pasado, el Juzgado Federal había recibido un primer informe que confirmó los perjuicios que hubiese causado el acuerdo, objetado por la fiscal ante el Juzgado Comercial que tramita la quiebra, Gabriela Boquín.

En marzo, y ante planteos de las defensas de los ya indagados, se ordenó realizar un segundo informe para responder a cuestionamientos puntuales, cuyo resultado ya se entregó la semana pasada, con una ratificación del primero.

La DaJuDeCO concluyó que la propuesta de pago realizada por Correo Argentino S.A. implicaba "una quita superior al 90%, tal como fuera indicado en el Informe Técnico presentado" en primera instancia.

En otro de los frentes del caso Correo, el de la Justicia Comercial, después de la feria de julio deberá resolverse un planteo de la Procuración del Tesoro de la Nación para que se revoque una decisión de la jueza Marta Cirulli que otorgó efecto suspensivo a una apelación contra el fallo que decretó la quiebra.

La Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Zannini y cuya función es representar o patrocinar al Estado Nacional en todo juicio que implique una significación económica o institucional relevante, pidió que se prosiga con el trámite de la quiebra, al entender que la apelación no puede postergar la liquidación.

El expediente llegará en agosto a la Cámara Nacional en lo Comercial ante el recurso de la empresa, propiedad de la familia Macri, en el que se pidió la "nulidad" del fallo que decretó la quiebra el 5 de julio.

En esa apelación se sostuvo que Socma Americana, controlante del Correo Argentino S.A., previamente había recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se cuestionó la presunta falta de análisis de propuestas y del "ofrecimiento de pago del 100% del crédito reconocido al único acreedor de la Categoría "A" (Estado Nacional) en la forma y con la extensión propuestas".

ETIQUETAS CORREO ARGENTINO ARIEL LIJO

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, anticipó este martes que el Estado va a "solicitar la extensión de la quiebra de Correo a Socma", luego de que el lunes la justicia comercial decretara la quiebra del Correo Argentino SA, una empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje.

"Me pongo muy contento por la declaración de quiebra. Esta gente ha demostrado mucha capacidad para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones", dijo Zannini esta mañana en declaraciones emitidas a El Destape Radio y agregó: "Yo simplemente estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que el Correo le debe al Estado argentino".

El procurador explicó que "ahora el síndico tiene que elaborar un informe con plazo para el 1 de noviembre de este año, y ahí aconsejar a la jueza la extensión de la quiebra a Socma, yafirmó que la intención del organismo que encabeza es proceder en ese sentido.

"He hablado poco para que Macri no aproveche a decir que fue una persecución"

CARLOS ZANNINI

Este lunes, la justicia comercial decretó la quiebra del Correo Argentino SA, una empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje, al entender que la oferta realizada por la compañía postal "solo representaba el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa", pero "no abarcaba el valor actual de la misma".

La jueza en lo Comercial Marta Cirulli tomó la decisión luego de que fuera rechazada una nueva propuesta de la empresa postal que no satisfizo el interés del Estado Nacional, acreedor Categoría A, según surge del fallo de 44 páginas al que tuvo acceso Télam.

En su fallo, la jueza recordó que, de las seis firmas que se presentaron al salvataje, solo el propio Correo Argentino S.A. "mantuvo el interés de seguir con el trámite", y párrafos más adelante explicó que la oferta realizada no satisfizo a los acreedores necesarios como para prosperar.

La última oferta del Correo privado consideraba que el valor de la deuda con el Estado ascendía a mil millones de pesosmientras que los cálculos elaborados por la fiscalía, el propio Estado y por la Dajudeco -oficina que depende de la Corte Suprema- señalan queel valor real de la misma es más de cinco veces mayor

"Persecución política"

En sus declaraciones de este martes, Zannini se refirió también a la carta publicada el domingo por el expresidente donde denunciaba que él y sus hijos eran "víctima de persecución política" por medio de un "acto" ejecutado "a través de Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini".

"He hablado poco para que Macri no aproveche para decir que fue una persecución", explicó Zannini, quien calificó como "muy fuertes" las "amenazas" del expresidente a Cirulli y a la fiscal de la causa Gabriela Boquín en su carta.

El "apoyo del bloque de Juntos por el Cambio (JxC)" a Macri es una "estrategia"

CARLOS ZANNINI

Asimismo, dijo que el "apoyo del bloque de Juntos por el Cambio (JxC)" a Macri es una "estrategia para fingir una persecución política".

En rigor, ni Macri ni sus hijos figuran en la actualidad como accionistas de SOCMA, la empresa controlante del Correo de ese grupo familiar.

Según el último balance presentado por la empresa en enero del 2020, los accionistas son Gianfranco, Mariano y Florencia Macri; hermanos del expresidente, y sus sobrinos Rodrigo y Franco Valladares, hijos de Sandra.

Tres hijos del expresidente habían recibido sus acciones pero las vendieron a Gianfranco cuando estalló el caso del Correo Argentino S.A., en una operación que fue cuestionada el año pasado por Mariano Macri, según pudo reconstruir esta agencia.

"El caso Correo no termina acá", sostuvo Zannini y llamó a "tener cuidado con el optimismo".

En este sentido, el funcionario dijo que "no subestima" la "capacidad de los abogados de Macri para alargar cualquier proceso" y recordó que el proceso de salvataje del Correo "empezó en marzo del 2010" y "pasaron 11 años hasta que ayer se decretó la quiebra".

"Cuando Néstor Kirchner como presidente tomó la decisión de reestatizar el Correo en el 2003, los medios de comunicación dijeron que le habían quitado el Correo a Macri y no que era él quien se lo había quitado a los argentinos. Con esas armas estamos enfrentando una situación muy compleja", advirtió.

La Cámara en lo Comercial dispuso que continúe la intervención judicial en Correo Argentino SA establecida por la jueza Marta Cirulli en marzo de 2020, cuando para evitar "potenciales perjuicios a acreedores" ordenó el "desplazamiento total" de sus directivos, por lo que se sumó otra disposición adversa para el Grupo Macri en una causa sensible, con montos siderales en juego, y en la que el expresidente pretende evitar la quiebra y pagar un monto menor que la deuda reconocida.

La resolución de primera instancia, dictada en el marco del proceso de "salvataje" de la empresa, había sido ordenada a pedido de la fiscal Gabriela Boquin, a la que adhirió el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, a partir del fracaso de las propuestas de acuerdo de pago a acreedores y tras denuncias de "vaciamiento".

Contra esa resolución, dictada luego de dos décadas de iniciada la causa, la concursada presentó un recurso que fue rechazado por la Sala B de la Cámara, en concordancia con las observaciones formuladas por la fiscal y las sindicaturas que intervienen en la causa.

Desde la accionista y principal controlante Socma sostuvieron que esa sociedad siempre colaboró para evitar la quiebra de Correo Argentino, que, afirmaron, "se mantiene" por sus aportes "desde que sus bienes fueran expoliados por el Estado Nacional, que actualmente continúa utilizándolos", señalaron los representantes legales del Grupo Macri.

Además, plantearon que eran "erróneas" las estimaciones sobre el pasivo realizadas por la jueza Cirulli, y solicitaron que se aclaren cuáles eran las facultades de la concursada respecto del procedimiento de cramdown (salvataje).

Las accionistas pidieron medidas de prueba, pero la Sala B de la Cámara Comercial determinó que las mismas "resultan incompatibles con el examen de esta medida provisional, limitada a esta etapa acotada del procedimiento de cramdown y porque, además, la cuestión puede resolverse con las constancias obrantes" en la causa.

Omisión de información

El tribunal, en ese punto, recordó que la ley 24.522 (ley de concursos y quiebras) habilita al juez a disponer la separación del concursado de la administración cuando se incurre en algunas de las conductas enunciadas en la misma norma, como "la omisión de información que el juez o el síndico le requieran" y "en general, cualquier acto en perjuicio potencial o evidente para los acreedores".

La Cámara Comercial añadió que la juez Cirulli profundizó la medida teniendo en cuenta el pasivo posconcursal que "aun cuando se tomara como referencia aquel reconocido por la apelante de 118.363.388,68 pesos (la intervención indicó 191.997.055,52 pesos), se aprecia relevante, considerando la casi nula actividad que la deudora desplegara durante estos años".

Las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso dijeron que "a ese respecto no sólo cabe cuestionar la existencia de que esas deudas que sin hesitación agravan la situación de la masa de acreedores, sino el hecho de que en esta instancia todavía no pueda determinarse de modo claro su extensión, con la consiguiente imposibilidad de garantizar un adecuado control del Magistrado concursal".

En tal sentido, para justificar la intervención judicial, integrantes de la Sala B señalaron que "resulta necesario controlar que estas situaciones no se sigan produciendo" y que el juez del concurso "pueda estar al tanto" de las operaciones de la empresa "que en el pasado no fueron canalizadas para lograr la pertinente autorización".

Sobre las referencias efectuadas por la concursada respecto de que sus bienes habrían sido "expoliados" por el Estado Nacional, el tribunal de segunda instancia remarcó que "dichas cuestiones competen al Fuero Federal, donde son ventiladas".

Justicia federal

La referencia es a la causa que tramita ante la justicia federal, en la que el fiscal de ese fuero, Pedro Zoni, luego desplazado, formuló imputación contra el expresidente Mauricio Macri y el entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad por un acuerdo de pago entre la concursada y el Estado Nacional, durante el anterior gobierno.

El acuerdo fue rechazado en coincidencia con el dictamen de Boquin, quien se opuso por considerar que implicaba una quita de casi el 99 por ciento de la deuda, mientras que en el fuero federal un representante del Ministerio Público lo consideró "abusivo" y "ruinoso" para el Estado.

En concreto, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (Dafi) de la Procuración General de la Nación había estimado que extender el pago hasta 2033 (cuando finalizaría si se aceptaba la propuesta de la concursada), el Estado dejaría de percibir una cifra cercana a los 70.000 millones de pesos.

Boquin, a quien la concursada le atribuye "falacias" en sus dictámenes y a la que intentó sin éxito apartar del expediente, determinó que el Correo Argentino se benefició con un estado de 'eterno' concurso -la causa se inició en 2001- para suspender por más de 15 años el pago a sus acreedores, lo que implicó "perpetrar actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa".

A principios de mayo, la fiscal presentó un nuevo dictamen en el que puso el foco sobre la relación entre Correo Argentino SA y el banco austríaco Meinl Bank, entidad financiera a la que se quitó la licencia y es investigada por lavado de dinero, que aparece como acreedor en el proceso concursal, y remitió documentación a la Justicia penal.

El mismo día en que la Cámara Comercial ratificó la intervención judicial de la empresa concursada, Correo Argentino SA presentó varios escritos en los que cuestionaron otra vez a Boquin y pidieron que las actuaciones pasen al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, jurisdicción que suele ser permeable a los intereses del expresidente Macri.

Además, el presidente de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, se opuso a todos los pedidos de quiebras que se presentaron en el concurso, entre ellos los promovidos por titulares de créditos laborales.

El expresidente Mauricio Macri escribió en su cuenta personal de Twitter que espera que la jueza que interviene en el concurso de acreedores del Correo Argentino S.A., Marta Cirulli, rechace la posición expresada por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) que desestimó la oferta de la empresa del Grupo Macri y reclamó que se decrete la quiebra de esa firma.

"Espero que la jueza Cirulli rechace ese abuso militante y acepte la propuesta del pago del 100% (de la deuda)", sostuvo el exmandatario en un mensaje en el que además calificó de "atropello" la postura de la PTN, que encabeza Carlos Zannini, de desestimar la oferta de la empresa de los Macri por considerar que representa una quinta parte de lo que en realidad debe la firma.

"Espero que la jueza Cirulli rechace ese abuso militante y acepte la propuesta del pago del 100% (de la deuda)"

MAURICIO MACRI

El Correo Argentino S.A. ofreció pagarle al Estado, de una sola vez y como toda deuda, 1.011 millones de pesos: la cifra representa bastante más que los 296 millones (a pagar en cuotas) que estuvo dispuesto a aceptar el gobierno de Macri pero mucho menos de los más de 5.000 millones que reclama la PTN.

Cuando rechazó la última oferta de la empresa de los Macri, Zannini remarcó que la instancia del salvataje no está prevista para generar mayor litigiosidad y por ello reclamó la quiebra de la firma, lo que podría generar que otras empresas de ese holding, como SOCMA, deban hacerse cargo de las deudas.

El expresidente Macri afirmó en el mensaje que escribió en redes sociales que si la jueza acepta la oferta rechazada por varios de los acreedores más importantes del Correo Argentino S.A. "se evitará un perjuicio al Estado y la persecución ilícita a mis hermanos e hijos, que es su plan de venganza", dado que él los colocó como accionistas de SOCMA en 2009.

"Antes Macri lo mandaba a Pepín (el abogado Fabián Rodríguez Simón) a presionar para que las cosas salieran como él quería, pero ahora parece que Pepín perdió efectividad y además está en Uruguay, asi que tuvo que salir él", le dijo a Télam una fuente judicial que sigue de cerca el trámite del concurso.

El expediente

La Procuración del Tesoro de la Nación interviene en el expediente del concurso del Correo a partir de un decreto firmado por el propio expresidente Macri: el primer procurador que intervino fue Carlos Balbín y el segundo, Bernardo Saravia Frías.

Balbin fue desplazado de su cargo porque, entre otras cosas, no estaba de acuerdo con aquella oferta que el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, se mostró dispuesto a aceptar por parte del Correo Argentino S.A., según confirmaron a Télam fuentes seguras.

Cuando lo invitaron a presentar la renuncia, a Balbin le hicieron saber que el gobierno de Macri había perdido su confianza en él y que su lugar sería ocupado por alguien que sí representara sus intereses: lo reemplazó Saravia Frías, que había sido abogado del Grupo Macri.

La PNT no fue la única que rechazó la propuesta de salvataje del Correo Argentino S.A. que incluía pagarle a los demás acreedores en 10 cuotas anuales: el Banco de la Nación Argentina y un grupo de acreedores con créditos laborales legitimados tampoco prestaron conformidad, según pudo reconstruir Télam.

La concesión del Correo Argentino

El Grupo Macri obtuvo la concesión del Correo Argentino en 1997 durante el gobierno del fallecido expresidente Carlos Menem y esa concesión fue rescindida en 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner detectó que la empresa solo había pagado uno de los cánones semestrales que le correspondía abonar por cifras superiores a los 50 millones de pesos/dólares.

El concurso de acreedores del Correo Argentino S.A. comenzó en el 2001 y el caso cobró mayor exposición pública en 2016, durante el Gobierno de Macri, porque el Poder Ejecutivo se mostró dispuesto a aceptar una oferta que consideraba que la deuda era la misma que en 2001 y proponía pagarla en 15 cuotas, algo que la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, se opuso por considerar que era "abusivo".

El presidente Alberto Fernandez se refirió a la deuda del Correo Argentino S.A. durante una entrevista que le concedió a El Destape Radio en la que afirmó que "la deuda que le están reclamando a Macri es porque él había incumplido todos los pagos, nunca hubo una persecución".

"Nunca nos denunció Macri cuando le quitamos la concesión por abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos con lo cual me parece que el papá de Macri sabía que lo que le decíamos era cierto", remarcó.

El sitio -www.correocompras.com.ar- ya cuenta con más de 1.000 productos publicados, de rubros como alimentos, limpieza, cuidado personal y tecnología y durante el primer mes de lanzamiento, los envíos serán gratuitos.

En un acto realizado este viernes en Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK), Cafiero dijo que en la Argentina "no existe más lugar para esas dicotomías de empresas o estado; son peleas que forman parte del pasado. No existe un Estado sin empresarios y empresarios sin un Estado".

El ministro agregó que el objetivo de la nueva tienda virtual es generar mayor conectividad y federalización en el país y "potenciar la experiencia del Correo Argentino para desarrollar también una plataforma propia que le sirva a todos los argentinos".

Kulfas confió en que "esta plataforma es una forma de llegar de manera directa un beneficio para toda la sociedad: para el productor la posibilidad de llegar de manera más directa reduciendo costos de transacción y para el consumidor, que se va a beneficiar de menores precios con la perspectiva de un país federal que es uno de los ejes centrales que marcó el Presidente".

"Estamos convencidos de que las pymes, las cooperativas, los productores, son el gran corazón productivo de la Argentina y que conforman un entramado junto a las grandes empresas del país", sostuvo el ministro.

La presidenta del Correo Argentino consideró como "un nuevo hito para el correo oficial el nacimiento de Correo Compras, una nueva plataforma de e-commerce donde vendedores y compradores podrán realizar operaciones comerciales sin intermediarios apoyados íntegramente por nuestro poder de logística".

"Actualmente somos el principal operador de logística de e-commerce a nivel nacional, distribuimos más de dos millones de paquetes por mes, tenemos el poder de la logística de nuestro lado, contamos con el compromiso de 16.600 trabajadores y trabajadoras, la fuerza de 1482 sucursales y 1067 centros de distribución que estarán al servicio de este nuevo portal", explicó Piesciorovsky.

La funcionaria reseñó que esta iniciativa fue presentada formalmente en el año 2015.

"Es un desafío enorme para la empresa porque estamos desarrollando una nueva unidad de negocios, y estamos confiados porque en pocas palabras, es la evolución natural de algo que ya sabemos hacer", señaló la titular del Correo Oficial.

Esta es una de las últimas instancias legales para evitar la liquidación de la firma luego de un proceso legal que se inició en 2001, cuando el Correo Argentino comenzó a tener dificultades para afrontar el canon que le pagaba al Estado por la concesión y sus deudas por financiamiento de inversiones.

Se venció el plazo para que los interesados en colaborar con el salvataje de la firma presentaran sus propuestas a la titular del Juzgado Comercial 6, Marta Cirulli, contando los activos y pasivos que pudieran adquirir para sanear las cuentas de la empresa.

Vencido el plazo, la jueza incorporó cinco propuestas de Ocasa; Transporte Chimiray SRL; MV Cargo SAS; Valuaciones SA y Jorge Alberto Anselmi, que deberán evaluarse y conseguir el acuerdo de los acreedores de querer aplicarse.

La decisión de iniciar el proceso de salvataje, previsto en la Ley de Concursos y Quiebras, fue confirmada en diciembre por la Sala B de la Cámara en lo Comercial, luego de que la fiscal Gabriela Boquin se opusiera por haber constatado en todo el procedimiento preventivo maniobras para el "vaciamiento" en la empresa, "acuerdos fraudulentos para obtener la homologación del acuerdo preventivo", "pago de cifras millonarias en concepto de honorarios" y "montos elevadísimos" como anticipos al directorio.

En noviembre de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner rescindió el contrato de concesión al Grupo Macri denunciando que la empresa sólo había cumplido con el pago del canon durante el primer año, por lo que en 2001 la deuda del Correo con el Estado ascendía a 296 millones de pesos.

Quince años después, en junio de 2016, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial homologó un acuerdo entre el Correo Argentino y sus acreedores para pagar su deuda en 15 cuotas anuales y consecutivas a abonarse desde fines de 2017.

Sin embargo, el acuerdo no prosperó porque la fiscal Boquin consideró que el arreglo era "abusivo" y dañaba "gravemente" el patrimonio del Estado, acusación que finalmente derivó en una denuncia penal contra el gobierno de Mauricio Macri que investigó el juez federal Ariel Lijo.

El juez citó entonces a indagatoria a Oscar Aguad, por entonces ministro de Defensa; a Juan Manuel Mocoroa, ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones; a Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y Jaime Leonardo Kleidermacher, abogado de esa empresa; acusados de ser partícipes de la maniobra en la negociación presuntamente abusiva y "perjudicial" para el Estado denunciada por Boquin.

La intervención plena del Correo Argentino S.A. se decidió finalmente en marzo de este año y ahora se cumplimentó el paso de salvataje que aceptó convocar la magistrada, aún a sabiendas que en esta instancia la firma puede volver a intervenir a través de las propuestas de los inscriptos para finalmente llegar a un acuerdo con los acreedores.