El denominado “AdorniGate” ha perforado el núcleo de confianza de la administración libertaria. Según fuentes parlamentarias y recientes mediciones de opinión pública, el escándalo no solo afecta la imagen personal del funcionario, sino que erosiona la narrativa de transparencia y "manos limpias" que el presidente Javier Milei sostiene como bandera política.

La justicia federal, bajo la órbita de los jueces Ariel Lijo y María Servini, investiga una serie de denuncias que complican la situación patrimonial del jefe de Ministros. Entre los puntos más sensibles se encuentran:

Si bien desde la cúpula del Ejecutivo, encabezada por Karina Milei, se ha montado un operativo de blindaje, los bloques aliados en el Congreso han comenzado a mostrar fisuras. Aunque recientemente ayudaron a evitar una citación inmediata para interpelarlo, figuras de peso dentro del espacio —como el ex titular del bloque de LLA, Oscar Zago— ya han manifestado públicamente que el funcionario debería dar un paso al costado "por el bien del Gobierno".

"El costo político de sostener a Adorni está empezando a pasar una factura que la sociedad no parece dispuesta a ignorar", advierten analistas tras conocerse que 7 de cada 10 argentinos verían con buenos ojos su renuncia, según el último informe de la consultora Zuban Córdoba.

Pese a las maniobras para "ganar tiempo", se confirmó que Adorni deberá presentarse en la Cámara de Diputados el próximo 29 de abril para brindar su informe de gestión. Se espera que la sesión sea de alta tensión, ya que la oposición prepara un cuestionario centrado casi exclusivamente en las causas judiciales que lo involucran y en las contradicciones sobre su nivel de vida frente al discurso de austeridad oficial

El escenario político nacional muestra una fuerte erosión en la consideración pública de uno de los funcionarios centrales del gobierno de Javier Milei. Según un informe de la consultora Zuban Córdoba la imagen negativa de Manuel Adorni se disparó hasta alcanzar el 66% en este mes de abril de 2026. Esta cifra lo posiciona con un nivel de rechazo superior al que ostenta actualmente Cristina Fernández de Kirchner, aun con la vigencia de sus causas por corrupción.

El desplome del Jefe de Gabinete es significativo si se tiene en cuenta que a inicios de 2024 contaba con una imagen positiva superior al 51%. En contraste, su valoración positiva actual se ha reducido apenas al 21,5%, reflejando un desgaste sostenido que se aceleró en las últimas semanas.

El principal motor de esta caída libre en las encuestas son las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que pesan sobre el funcionario. El informe detalla que más del 70% de la población está al tanto de los escándalos vinculados a la compra de propiedades y el uso de fondos públicos para viajes de lujo.

En términos comparativos, el rechazo a Adorni ha logrado superar el "piso" de negatividad de la expresidenta Kirchner. Mientras que la imagen de la líder de Unión por la Patria se mantiene en torno al 44% de negatividad —un valor consolidado por su núcleo opositor—, la de Adorni sigue en ascenso, afectando la credibilidad del discurso de "transparencia" del Poder Ejecutivo.

La encuesta de Zuban Córdoba revela además un dato crítico para la estabilidad del funcionario:

Pese a los números que lo sitúan como un "lastre" para la gestión presidencial, en la Casa Rosada mantienen —al menos públicamente— el respaldo hacia Adorni. Fuentes oficiales indican que Karina Milei y el Presidente no están dispuestos a ceder ante la presión de las encuestas ni de la oposición, considerando que un alejamiento sería leído como un signo de debilidad política.

No obstante, el crecimiento de la percepción de corrupción dentro del círculo íntimo de Milei ha comenzado a generar cortocircuitos en la base de votantes libertarios, quienes reclaman mayor consecuencia con las promesas de austeridad y combate contra la "casta".

En una jornada clave para el avance de las causas por corrupción en la provincia, la Justicia entrerriana respaldó este miércoles la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal (MPF) contra el ex gobernador Sergio Urribarri. El juez de Garantías, Mariano Budasoff, desestimó casi la totalidad de los recursos interpuestos por los abogados defensores, quienes buscaban anular el proceso por presunta violación de plazos y prescripción de la acción penal.

La causa investiga un presunto enriquecimiento ilícito que, según la pericia contable de la fiscalía, ascendería a un incremento patrimonial no justificado de aproximadamente 7 millones de dólares entre los años 2008 y 2015. Junto al ex mandatario, se encuentra imputado el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, señalado como el presunto testaferro en las maniobras investigadas.

Durante la audiencia de remisión a juicio, el magistrado refutó el argumento defensivo sobre la "violación de los plazos razonables". Budasoff señaló que, si bien el legajo se abrió en 2015, la complejidad de la causa y el hecho de que Urribarri mantuviera funciones públicas (como gobernador y luego como embajador) hasta años recientes, justifican la extensión de la pesquisa sin que ello afecte el derecho de defensa.

"No se verifica afectación de las garantías procesales", dictaminó el juez, quien además recordó que los planteos de inconstitucionalidad sobre la acción penal ya habían sido dirimidos en instancias anteriores. Con este aval, la fiscalía —representada por los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano— mantiene firme su pedido de condena de 5 años y 6 meses de prisión para Urribarri.

Este revés para la defensa se produce en un contexto de máxima presión judicial para el ex gobernador, quien ya cuenta con una condena previa de 8 años de cárcel por el denominado "Megajuicio", la cual se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema.

Las audiencias de remisión a juicio continuarán durante los meses de marzo y abril para resolver los últimos puntos pendientes sobre la admisión de pruebas. De no mediar nuevos incidentes, se espera que el juez Budasoff dicte la elevación definitiva a juicio oral antes de que finalice el primer semestre de 2026.

El fiscal a cargo sostiene que Grant intervino activamente en el armado de compulsas, habilitación de proveedores y en la manipulación del sistema interno del organismo, para garantizar contratos a empresas vinculadas al entramado. 

Por su parte, la defensa de Spagnuolo —quien fuera el titular del organismo hasta su abrupta salida— volvió a mover ficha: presentó un escrito en el que pide la nulidad de la causa, cuestionando la validez de los audios usados como prueba. Argumentan que estos fueron alterados o generados con inteligencia artificial. 

Sin embargo, la fiscalía no se apoya solamente en esas grabaciones: además investiga movimientos bancarios, cruces de llamadas y encuentros privados registrados, lo que, según fuentes oficiales, compone un entramado documental que refuerza la hipótesis de corrupción.

El escándalo en ANDIS salió a la luz tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los cuales se detallaba —según él— un sistema de sobornos requeridos por droguerías proveedoras a cambio de obtener contratos del Estado. En ese contexto, Grant aparece como operador fundamental de ese esquema, encargado de ejecutar órdenes desde lo administrativo: la habilitación de proveedores, definición de pliegos, adjudicaciones, y manipulación de los tiempos del sistema de compras. 

Las sospechas alcanzan además a otros exfuncionarios, y apuntan al uso de un circuito de “consultas y decisiones articuladas” que vulneraba los mecanismos de control internos de ANDIS. 

La gravedad del caso radica en que si se confirma, no se trata de irregularidades menores, sino de un entramado sistemático de corrupción en un organismo clave para la salud y la distribución de medicamentos a personas con discapacidad.

Desde el oficialismo, el vocero presidencial Manuel Adorni calificó la situación como “una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”. 

Además, el Gobierno denunció ante la Justicia Federal lo que definió como una “operación de inteligencia ilegal”, diseñada para desestabilizar al país en plena campaña electoral. Según el texto de la denuncia, las conversaciones privadas —que involucran a Karina Milei y otros funcionarios— fueron manipuladas con el objetivo de condicionar al Poder Ejecutivo. Adorni lo describió como “un ataque ilegal, planificado y dirigido”. 

La denuncia, presentada por el abogado Fernando Soto del Ministerio de Seguridad, recayó en el Juzgado Federal Nº12. Está subrogado por el juez Julián Ercolini y el fiscal a cargo es Carlos Stornelli. 

Tras el escándalo de los primeros audios vinculados a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, se filtraron otros, incluyendo algunos de Karina Milei en los que se la escucha insistiendo en mantener la unidad del gobierno y cuestionando la exposición pública: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros, tenemos que estar unidos... yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”. 

El mismo Presidente, Javier Milei, replicó el mensaje publicado por Adorni y lo complementó con un tuit en mayúsculas: “Operación de inteligencia ilegal”

Durante una caravana en Lomas de Zamora, el mandatario, consultado por la prensa, declaró:

“Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, asegurando así su intención de actuar judicialmente ante estas acusaciones. 

El canal de streaming Carnaval Stream difundió nuevas grabaciones donde la voz atribuida a Spagnuolo no solo reafirma un sistema de sobornos en la compra de medicamentos, sino que ofrece descripciones detalladas de cómo funcionaba la “repartija” de los contratos, con referencias criticas hacia figuras cercanas al poder. 

Se mencionan nombres clave:

La Justicia secuestró el celular de Spagnuolo y constató que no contiene chats con Javier ni con Karina Milei, pese a ser una figura cercana al círculo presidencial. Se sospecha que estos mensajes fueron eliminados manualmente —no mediante formateo general—, lo que dispara dudas sobre posibles borrados deliberados

Este lunes, el juez federal Sebastián Casanello ordenó el congelamiento de las cajas de seguridad pertenecientes a ex funcionarios y empresarios involucrados: Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, y los miembros de la familia Kovalivker (Jonathan, Emmanuel y Eduardo). La medida, impulsada por el fiscal Franco Picardi, busca preservar pruebas potencialmente relevantes para la causa, que investiga la supuesta entrega de sobornos desde Andis hacia interesados privados. 

Ese mismo día, Jonathan Kovalivker – presidente de Suizo Argentina y uno de los empresarios implicados – se presentó en los tribunales de Comodoro Py junto a su abogado, entregando su celular sin revelar la clave de acceso. El aparato fue retirado por las autoridades, que ampliarán el análisis junto a otros teléfonos ya incautados de los involucrados. 

El objetivo del juez es reunir todos los elementos digitales posibles. Entre los dispositivos en estudio se encuentran celulares de Spagnuolo – presunta fuente de los audios filtrados –, Garbellini (quien sí entregó la clave) y Emmanuel Kovalivker, aunque la pericia técnica podría enfrentar dificultades debido a la sofisticación de algunos aparatos. 

Mientras tanto, el jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, fue indagado como principal sospechoso de haber alertado a Jonathan sobre la presencia policial. Él negó los cargos y entregó dos teléfonos que ahora también serán revisados. 

La empresa Suizo Argentina, vinculada al caso, disparó sus negocios con el Estado: pasó de facturar contratos por aproximadamente $3.900 millones en 2024 a superar los $108.000 millones en lo que va de 2025, una suba que alcanza casi el 2.700%, muy por encima de la inflación acumulada. 

Detrás de este incremento hay un contrato clave: en marzo, el Ministerio de Salud adjudicó a la firma un acuerdo por más de $78.000 millones para distribución y almacenamiento de medicamentos y vacunas con cadena de frío, al que fue prácticamente la única compañía del ámbito farmacéutico que compitió. Según el mismo Ministerio, la operatoria permitió ahorrar casi $48.000 millones al concentrar múltiples procesos en un solo servicio. 

Este contrato es señalado como la causa principal del aumento exponencial del volumen de negocios de Suizo Argentina, que además no ha ofrecido comentarios públicos al respecto. 

Por otro lado, se difundieron frescos fragmentos de audio atribuidos al exdirector de Andis, Diego Spagnuolo. En ellos, el exfuncionario cuestiona a figuras clave del Gobierno como Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger y miembros de la familia Menem, y expresa su percepción de fuertes internas y fricciones dentro del oficialismo. 

Los audios, que datarían desde agosto del año pasado hasta comienzos del año en curso, fueron presentados por un ciclo televisivo y desatan fuertes reacciones entre dirigentes oficialistas. En uno de los mensajes, Spagnuolo critica la actitud de Pettovello y su vínculo con Karina Milei, mientras que en otro menciona directamente la intervención de Sturzenegger respecto a políticas de pensiones. Hasta ahora, el Poder Ejecutivo no se pronunció oficialmente.

"El Gobierno de Entre Ríos, por instrucción del gobernador Rogelio Frigerio, procura la reparación patrimonial del daño a través de todos los canales jurídicos posibles", expresó el fiscal de Estado. En este sentido, explicó que la participación de la Fiscalía de Estado como actor civil en el proceso penal "es un paso fundamental dentro de ese plan de recupero que fijó el Poder Ejecutivo".

Asimismo, Rodríguez Signes recordó que "la Fiscalía de Estado es un órgano autónomo en el ejercicio de su competencia y tiene la legitimación suficiente para promover acciones civiles, sin necesidad de autorización ni condicionamiento de otros organismos". En esa línea, subrayó: "Nuestro deber es defender el patrimonio de la provincia y por eso ejercemos la acción civil contra los imputados, con base en la prueba producida y en los contratos irregulares detectados".

El fiscal precisó además que, de acuerdo con las pericias realizadas en la investigación, el perjuicio patrimonial reclamado asciende a 392 millones de pesos, monto que constituye la base de la demanda civil presentada por el Estado entrerriano.

Rodríguez Signes remarcó la trascendencia institucional de la causa: "Se trata de un hecho de gran magnitud, que involucra acusaciones de peculado y asociación ilícita. La acción de la provincia en este proceso busca garantizar que, además de las responsabilidades penales, se concrete la reparación del daño ocasionado al erario público".

En paralelo, el Gobierno de Entre Ríos avanza en el examen de los contratos irregulares con el fin de declarar su nulidad, en el marco de lo dispuesto por el decreto 604 que instruyó a las cámaras legislativas a intervenir sobre esta cuestión.

"Defender el interés de la provincia implica utilizar todas las herramientas legales, democráticas y constitucionales para reparar el daño y recuperar lo que irregularmente salió del patrimonio público", concluyó el Fiscal de Estado.

—¿Cómo tomaste la condena a Cristina?

—La verdad que yo creo que era un fallo esperado para ponerle un cierre a una de las etapas más corruptas de la Argentina. Fueron 15 años de corrupción que se termina de dar un cierre con este fallo.

—¿Sentís que es en el mejor momento o que podría haber sido más alejado de las elecciones?

—No, yo creo que la justicia es independiente y es sano que no se fije en los procesos electorales del país. Son dos caminos separados. También creo que seis años, no sé si es justo, si es mucho o es poco, pero es una condena.

Y hablemos de que esta causa viene desde 2008. Es un juicio que se inicia con una demanda de Carrió del 2008 y que termina en 2025. Estamos hablando de 17 años de proceso. Tanto este juicio como otros dejan claro que la justicia no termina siendo para todos igual, porque nosotros, los simples mortales, los que estamos acá hoy en día, los que somos el llano, el pueblo, nunca podemos acceder a ese nivel de justicia.

Es una condena por la que pasaron un centenar de jueces. Se fue pateando, se fue alargando el proceso, pero se alargó simplemente por una cuestión de política, de ambición política de los mismos condenados.

—Hay causas como la del Correo de Mauricio Macri que comenzaron antes. ¿Sentís que desde ese lado las causas no avanzan?

—No, yo primero no estoy tan en tema como con la de Cristina, pero tampoco voy a ser defensor de cualquiera. Debería definirse en la misma justicia. "El que las hace, las paga." Eso que está muy de moda ahora tiene que ser para todos.

—Situación del radicalismo: ¿cómo están hoy en los frentes que integran?

—Nosotros en lo que son los comités locales apuntamos a Gualeguay. Nosotros, como UCR de Gualeguay trabajamos siempre enfocados en la ciudad, que creo que es lo importante: la situación cotidiana, el día a día de cada uno.

Después, yo tengo un pensamiento a nivel provincial con el que, capaz, otro de los que también integran el comité puede tener un pensamiento distinto, pero, sin embargo, apuntamos siempre a la estructura local. Dejamos los intereses provinciales o el pensamiento nacional de lado para poder también trabajar. Por eso funcionamos como una unidad. Es un consenso que se va logrando, que lleva tiempo de charla, puesta en común, para poder trabajar y hacer de cada reclamo una opción para el pueblo, para la ciudad. 

—¿Sienten en la provincia que el radicalismo podría tener un lugar más protagonista, que si no fuera por el frente Frigerio no sería gobernador?

—Si no hubiese sido por el frente, muchos intendentes radicales no hubiesen sido intendentes tampoco. Creo que hay un límite dentro del frente —volviendo al tema de Cristina— que es la corrupción. Con los corruptos, nada. Y después, dentro del frente, todo se puede charlar. Todo se puede acordar y nivelar para un camino en común, que es el progresismo y el bienestar social, y eso lograrlo a través del Estado también.

—¿Cómo son las discusiones sobre la gestión local?

—Las reuniones del comité no se basan en la municipalidad, porque nosotros somos UCR Gualeguay, no somos la municipalidad de Gualeguay. Si bien muchos integrantes del comité y otros tantos están dentro del municipio, eso por ahí lo que da es la facilidad de llegar al funcionario de turno y decirle algo, tener una crítica constructiva.

Nunca sirven las críticas destructivas. Las críticas deben ser aportes. Y después de ese aporte, hacer un seguimiento para tratar de que lo que uno pregona y uno piensa se pueda llevar a cabo y pueda llegar a la municipalidad. Creo que es lo más sano. Siempre las críticas y autocríticas hacerlas en el comité, para adentro, y trasladarlas al municipio, y después tratar de que se lleven a cabo.

—¿Cómo ves el clima de violencia en la política?

—Sí, yo creo que hay una intolerancia social palpable. Uno, como comerciante, tiene un pulso distinto de la ciudad. Y lo que uno puede percibir o palpar es que hay una intolerancia grande que después se refleja en las redes sociales.

También termina reflejándose en ciertos funcionarios, pero hay que separarlo. Hay que fijarse si es más para un fin político, para captar votos, o si es el pensamiento político de esa persona.

Pero que hay una sociedad intolerante es palpable y es cierto. Respecto al tránsito, se nota mucho. En la calle vos lo ves. O por ahí te ponés a hablar con un mismo cliente, entonces te agarran y te dicen que algo les encanta y quieren comprar algo, pero en vez de comprar las dos cosas que les gustan, tienen que elegir una.

Y todo eso va generando distintas frustraciones para la persona, para el cliente, y esas frustraciones después se van acumulando y terminan explotando de cierta manera.

No tengo el dato exacto, pero creo que cinco de cada diez personas debe estar consumiendo algún relajante o algo así. Es impresionante la intolerancia que estamos viendo. Y eso queda reflejado en las redes sociales. Vos publicás algo y vas a tener diez haters y tres me gusta. Que tampoco hay que centrarse en eso. Hay que valorar al que sale a hablar y a expresarse públicamente desde el llano. “Bueno, yo pienso esto”. Y cada vez la gente tiene más miedo de expresarse. Y ese miedo después termina expresándose en la urna. 

—En ese sentido, ¿te preocupa que la gente termine descreyendo de la política como herramienta para transformar la realidad?

—No me preocupa en las elecciones provinciales, porque históricamente siempre se votó poco, con bajo margen de participación política, de votos. Sí creo que hay que terminar con el desdoblamiento de las elecciones. Hay que hacer el voto cada dos años. Son impresionantes los gastos de campaña. Si bien hay leyes después para limpiar la ciudad y todo, durante dos meses de campaña la ciudad está llena de propaganda política que no a todo el mundo le gusta. Entonces, hay que respetar esas cosas.

En el 2023 votamos cinco veces. Hay que respetar los balotajes, y por supuesto que hay que votar cada dos años. Vivimos en una república con representación de cámara, entonces eso hay que renovarlo. Pero desdoblar ya es demasiado.

—¿Cómo está funcionando hoy el comité radical?

—Nos estamos juntando todos los miércoles para debatir política y distintos proyectos dentro del partido. Estamos empezando a armar proyectos con salida laboral y talleres culturales.

Entonces, más que nada, la idea es invitar a la sociedad, no solamente a los comités o a los partidos políticos, a integrarse políticamente, sino que hay que hacerlo desde un punto de vista social y cultural. Creo que ese es uno de los futuros de los comités. Ya se hablaba en la década del 2000 de que se estaban acabando los partidos de masas, y hay que hacer los partidos funcionales a los pueblos.

Nosotros somos el radicalismo, que tiene una representación, y hay que valorarlo. Venimos de una trayectoria de 130 años. Hay que valorar que tenemos representación en cada punto del país. Y eso hay que explotarlo socialmente, no solo políticamente. 

El exfuncionario, quien se desempeñó como director regional en Santa Fe y Rosario, ha decidido convertirse en imputado colaborador y ha aportado información crucial en varias causas que involucran corrupción institucional, lavado de activos y asociación ilícita.

Vaudagna está acusado de facilitar maniobras de evasión fiscal a empresarios, extorsionar contribuyentes en complicidad con la Justicia y desviar fondos a través de mutuales. En su declaración, que fue homologada este miércoles en los Tribunales Federales de Rosario, el exdirector reveló detalles explosivos que involucran a jueces, empresarios y operadores financieros. Su testimonio podría tener repercusiones devastadoras en la política y el ámbito judicial santafesino.

Uno de los puntos más sensibles de su declaración es la acusación contra el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, a quien Vaudagna vinculó con persecuciones ilegales hacia empresarios como Claudio Iglesias y Jorge Oneto. Además, el exdirector de AFIP admitió haber favorecido a varios empresarios, entre ellos, el ex titular de Vicentin SAIC, Omar Scarel, el presidente de Ospat (Obra Social del Personal de la Actividad del Turf), Carlos Felice, y el empresario de medios de comunicación, Nahuel Caputto.

El acuerdo alcanzado con la Justicia incluyó la entrega de su último teléfono celular y las claves de acceso a información relevante, lo que podría aportar más pruebas para las investigaciones en curso. Desde principios de año, fiscales federales de las localidades de Rosario, Santa Fe y Reconquista negociaron con Vaudagna su colaboración bajo el artículo 41 TER del Código Penal, lo que le permitirá obtener una reducción de pena a cambio de su testimonio.

Los delitos que Vaudagna admitió – incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, asociación ilícita y lavado de activos – están penados con hasta seis años de prisión, pero el acuerdo podría garantizarle una condena de cumplimiento condicional.

Este caso es seguido de cerca por seis fiscales federales, entre ellos Juan Argibay, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra en Rosario, Walter Rodríguez en Santa Fe, y Roberto Salum en Reconquista. El testimonio de Vaudagna podría dar inicio a una nueva etapa en la investigación sobre la corrupción, la connivencia judicial y el lavado de dinero en la provincia de Santa Fe, con implicancias que aún se están evaluando.

El registro, fechado en 2018 cuando Kueider era secretario de la Gobernación durante la administración de Gustavo Bordet, lo muestra manipulando el dinero y guardándolo en un sobre de papel madera.

El video fue hallado en un pendrive durante un allanamiento a la vivienda de Kueider y contenía imágenes de cámaras de seguridad que el propio exsenador habría sustraído. La causa Securitas, investigada por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, indaga sobre presuntos sobornos de una empresa de seguridad privada a Kueider para obtener contratos en la provincia.

Detenciones en el entorno de Kueider

La situación del exsenador, actualmente detenido en Paraguay tras intentar ingresar al país con más de $200.000 en efectivo, se agravó con la detención de siete de sus colaboradores. Entre ellos está Javier Rubel, primo y exsocio en Betail SA, empresa utilizada para comprar propiedades en Paraná y manejar transacciones de dinero.

Otro detenido es Rodolfo Daniel González, propietario del vehículo en el que Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, intentaron ingresar a Paraguay con dinero en efectivo. González también figuraba como empleado de la Biblioteca del Congreso y estaba asignado al despacho de Kueider.

Los allanamientos se realizaron en Concordia, Ciudad de Buenos Aires y varias localidades de la provincia de Buenos Aires. Además de Rubel y González, fueron detenidos José Carlos Nogueras, Ezequiel Bovetti, Rita Machuca, Adriana Cecilia Crucitta y Gabriela Saint Piere, todos vinculados al exsenador.

El Gobierno denunció “un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que podría ascender un total de 3.400 millones de dólares. Las nuevas autoridades del área, que pasó a depender de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Salud, estima que el “el desvío de fondos fue de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad”. Las irregularidades derivaron en una denuncia penal -que será ampliada- fue realizada por el director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, y es investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.

Según el primer corte de auditoría realizado por los funcionarios de La Libertad Avanza, solo “el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos”. La documentación que alimenta el expediente judicial, al que tuvo acceso Infobae tiene aristas que rozan lo inverosímil: en un expediente se aportó como prueba de incapacidad laboral una radiografía de un perro. “Lo que descubrimos es escandaloso”, calificaron desde la ANDIS al ser consultados por este medio. Y no es para menos.

“Tenemos la radiografía de un hombro mismo hombro roto en 157 expediente. Tenemos radiografías bajadas directamente de Google. También tenemos constancias de análisis de laboratorios repetidos y hasta un certificado médico que acredita la supuesta dolencia del paciente que en teoría no podía trabajar por una incapacidad grave, que, en vez de describir la dolencia de la persona, reprodujo un poema de Arias Uriburu titulado ‘la Herida’. Ese es el diagnóstico médico que justificaba la documentación médica que justificaba el pedido de la pensión por invalidez”, describe el funcionario de La Libertad Avanza. “No había controles médicos en la ANDIS. Se aprobaban los expedientes sin una auditoría médica”, recalca.

“Estamos seguro que entre el 30 y el 50 por ciento de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas van a ser dadas de baja después de una exhaustiva auditoría que abarca a todo el país”, afirman las autoridades de la ANDIS. Y enfatizan: “Se encontró con un sistema de pensiones por invalidez laboral poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude. Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”.

“Sobre los 2.559 casos auditados médicamente hasta el momento, solo el 7% (185) cumplen con los requisitos establecidos”, destaca la denuncia judicial. Esas pensiones “truchas ya fueron dadas de baja”. “El gobierno de Alberto Fernández armaba operativos para otorgar pensiones. Es escandaloso”, opinan los funcionarios y agregan que hay gente que llama a la Agencia denunciado que es titular de una pensión y nunca la gestionó.

Además de las pensiones mal otorgadas Spagnuolo encontró otras irregularidades que poco tiene que ver con la asistencia a personas con discapacidad. Como la contratación de artistas como Ignacio Copani. Gastos por más de 35 millones de pesos en “agasajos” e instalación de un gazebo y 20 remeras remeras para la marcha LGTV+ del año pasado por lo cual se abonó $900.000.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó detalles desde la Casa Rosada sobre la pesquisa iniciada en la ANDIS y que ya tiene su correlato en los tribunales de Comodoro Py.

Según los datos oficiales, entre 2003 y 2015, es decir los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner la cantidad de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, “un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, opinan desde la Casa Rosada. El valor actual de la pensión es de $203.100. Durante el gobierno de Mauricio Macri la cifra se mantuvo constante -ver gráfico- pero durante la presidencia de Alberto Fernández, la cifra de beneficiarios volvió a ascender hasta las 1.250.000 pensiones al 10 de diciembre de 2023.

Sobre este tema, el fiscal Marijuán afirmó que: “Tal incremento habría sido consecuencia de un proceso de articulación de decretos y resoluciones por medio de los cuales se habrían flexibilizado los criterios originalmente establecidos para el otorgamiento de tales pensiones, y por la puesta en marcha de un circuito de tramitación de dichos beneficios especialmente destinado a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes, en lo que las pensiones eran moneda de cambio aprobados en tiempos reducidos de tres meses que se entregarían a personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición medica de discapacidad, que habría funcionado en forma paralela al circuito formal en el que la tramitación para el otorgamiento de tal prestación demoraba entre 2 y 3 años”.

Es más, Marijuan recuerda que “la Resolución 8/2020, publicada el 30 de enero de 2020, avaló el inicio del trámite para acceder al beneficio en cuestión aun cuando no se acompañe el Certificado Médico Oficial -constancia principal de análisis para el otorgamiento o denegatoria de la pensión puesto que se trata de un documento de carácter obligatorio que, junto al alta de trámite en ANSES, permite dar inicio al proceso de evaluación de la solicitud de la pensión-, y modificó los parámetros para la determinación del estado socio-económico y de vulnerabilidad de las peticiones atinentes para el otorgamiento, denegación, suspensión y caducidad de las pensiones señaladas”.

La denuncia penal presentada por Spagnuolo aporta pruebas sobre casos de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad, incluyendo personas con bienes como aviones, embarcaciones, más de un auto y hasta 59 inmuebles, así como personas que trabajaban.

Hasta ahora, las nuevas autoridades de la ANDIS, a cargo del abogado Spagnuolo, certificaron que “alrededor del 35% de las pensiones otorgadas presentarían incompatibilidades, siendo el 5% del total (casi 60.000 pensiones) en condiciones de incompatibilidad por poseer bienes y trabajo, mientras que el 30% restante presenta incompatibilidades en las condiciones médicas”.

Para los funcionarios: “Este mecanismo perverso ha vulnerado gravemente los derechos de las personas con discapacidad ya que el dinero destinado a este sector tan vulnerable de la sociedad ha sido utilizado para arreglos políticos y beneficios de unos pocos”.

El impacto del fraude

La investigación sobre las pensiones otorgadas de manera irregular también permitió observar el uso indebido del Programa Nacional Incluir Salud creado para brindar cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de pensiones nacionales no contributivas.

Ese programa era el encargado de pagar a los prestadores conveniados. La sospecha es que los involucrados en la presunta estafa contra el Estado, facturaban servicios a instituciones, centros médicos, clínicas y transportes que en realidad no se brindaban, generando una sumatoria adicional de fondos desviados. Según los funcionarios de la ANDIS “la estafa estaba asociada al gasto asociada a la función. Ya sabemos quienes estaban involucrados”, advirtieron.

La investigación se inició luego de que Spagnuolo notara una alarmante discrepancia en los datos de asignación de pensiones: mientras en 2003 había 79.581 pensiones no contributivas por invalidez, para 2023 esta cifra se había disparado a 1.222.882.

La auditoría también reveló que “existían canales paralelos en la gestión y una demora tal que hacía que muchos solicitantes morían esperando su pensión”, mientras que otros, que no tenían ninguna dolencia, accedieran al beneficio en cuestión de meses.

La denuncia judicial de la ANDIS afirma que: “A partir de 2020 comenzaron una catarata de Resoluciones y Decretos flexibilizando el otorgamiento de las pensiones. Por ejemplo, en enero de 2023 eliminaron la condición de invalidez laboral y lo reemplazaron por algo muy subjetivo. Mientras que, en octubre de ese año, pocos días antes de dejar el poder, se publicó un decreto que directamente quitaba el requisito de incapacidad para trabajar a una persona inválida, y el requisito de acreditar 76% de invalidez, creyendo que, de esta manera, se cubrían de todas las pensiones otorgadas irregularmente en su gestión”.

Para las autoridades de la ANDIS: “Con este mecanismo perverso accedieron a la pensión por invalidez laboral personas sin invalidez laboral, e inclusive sin condición médica alguna -pero que les entregaron la pensión por su condición de pobreza- y personas que poseían alguna condición médica pero que no eran invalidante y que trabajaban, o que tenían obra social o prepaga y poseían ingresos ellos y/o su grupo familiar de hasta 1.5 millones de pesos. Es decir, escondieron pobres en las pensiones por invalidez, y usaron el dinero destinado a esta noble causa para arreglados políticos con sus gobernadores e intendentes amigos”.

A esto se suman casos individuales como los que se descubrieron, por ejemplo, en la provincia de Chaco, donde con una misma radiografía entregaron más de 100 pensiones por invalidez. En la misma provincia, en noviembre pasado -antes de finalizar el gobierno de Alberto Fernández-, se sumaron 22 mil nuevos pensionados por discapacidad”.

Los números de la discapacidad laboral

Según el relevamiento realizado por las autoridades de la ANDIS, hoy en día existen 1.250.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral. dentro de ellas se encontró:

-100.000 niños cobrando la pensión.

-25.000 personas que trabajan.

-60.000 con incompatibilidad de requisitos, entre los que encontramos beneficiarios con más de un auto, más de una casa, dueños de embarcaciones y hasta avión.

-30.000 extranjeros de los que se desconoce su condición de residencia y radicación.

“Todo esto, además de ser otro curro más de la casta, vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad y es injusto con los ciudadanos de bien que pagan sus impuestos pensando que éstos van destinados a la ayuda de quienes lo necesitan y en realidad son usados para el negociado político y el beneficio de unos pocos, rompiendo la igualdad ante la ley”, le dijeron a Infobae desde la Casa Rosada.

El ex jefe de Gabinete bonaerense y ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, gastó entre 2021 y 2023 más del doble de dinero en pasajes al exterior que lo que percibió como ingreso por sus tareas como funcionario público.

Así lo reveló un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en el marco de la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, al igual que su ex mujer, la conductora televisiva Jesica Cirio, y la modelo Sofía Clérici.

Según el reporte,  Insaurralde tiene registrados gastos en pasajes de avión por 78.054,79 dólares entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023, cuando se conoció su viaje de lujo a España junto con Sofría Clérici, por entonces su nueva pareja.

En ese mismo lapso, sus ingresos fueron de unos 13 millones de pesos, unos 34 mil dólares a la cotización de los dólares financieros, a los que podía acceder de manera legal a través de operaciones bursátiles.

Insaurralde tenía, como el resto de los argentinos particulares, vedado el acceso al mercado oficial de cambios y tampoco hubiera podido, como funcionario,  comprar dólar blue.

El informe de la PROCELAC ya figura en el expediente que llevan adelante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak (subrogante en Lomas de Zamora) y el fiscal Sergio Mola, uno de los que acusaron y obtuvo la condena contra Cristina Kirchner en la Causa Vialidad.

Los 78.054,79 dólares corresponden sólo a pasajes y no contemplan gastos de alojamiento y comidas en cada uno de los destinos –Estados Unidos y Europa, entre ellos- que frecuentó el ex funcionario.

El fiscal Mola le pidió al juez una serie de medidas para avanzar en la imputación por presunto enriquecimiento ilícito sobre Insaurralde.N.A.

El yate “El bandido” en el que Sofía Clerici y Martin Insaurralde navegaron unas ocho horas por el Mar Mediterráneo, tuvo un costo de 13.176,17 euros.

Esa información la aportó la Justicia española contestando un exhorto del juez federal Ernesto Kreplak. Clerici viajó a España el 7 de septiembre mientras que Insaurralde lo hizo recién el 16 de ese mes. Ambos volvieron el 21 por vuelos separados, cuyo costo rondó los 8000 mil dólares.

Según la información que llegó de españa, por la estadía en el hotel Marbella Club pagaron 26.311,48 euros. 

El pago del hotel se hizo a través de una tarjeta American Express emitida por los Estados Unidos y a por intermediación de una agencia de turismo en Miami. Es la misma con la que Insaurralde pagó el pasaje un día antes de tomar el vuelo

También se informó desde España que durante los días en que Clerici estuvo sola, se alojó en el hotel Hubo, en Milla de Oro de Marbella y por un costó de más de 7600 dólares, constató el portal Infobae.

Ahora, la justicia aguarda la respuesta desde Uruguay y los Estados Unidos con pedidos de información sobre movimientos de dinero. También respecto al supuesto acuerdo de divorcio entre Insaurralde y Jesica Cirio. 

Los fiscales Sergio Mola y Cecilia Incardona identificaron 200 viajes al exterior del ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde durante su paso por la función pública, en distintos cargos, desde 1999 a hoy.

El último de los viajes registrados de Insaurralde es el de setiembre pasado a España, para el encuentro con la modelo Sofía Clérici, que quedó registrado con fotos y videos publicados en redes sociales y que le costó la salida del cargo en la gobernación bonaerense.

El listado incluye los viajes que realizó desde enero de 1999, cuando viajó a Uruguay por un vuelo de línea.

Desde entonces, Insaurralde salió exactamente 200 veces del país, la mayoría de ellas a Sudamérica y Europa, aunque también hay un viaje a Palau, Filipinas, en 2004; más de una decena a Estados Unidos y reiterados también a Colombia.

A lo largo de 2023 fueron registradas varias entradas y salidas con destino a España y Estados Unidos, así como en los años previos esos viajes incluyeron como destino a Francia.

Los datos migratorios anteriores se centran en Sudamérica, especialmente en Colombia, Chile, Uruguay y Brasil, con esporádicas travesías a Europa, mayormente a España.

El reporte, suministrado por la Dirección de Migraciones, también consigna los viajes al exterior de la modelo Clérici: 66 viajes entre 2011 y el último a España, para su encuentro con Insaurralde.

Entre sus destinos se destacan Uruguay, Estados Unidos y España, pero también hay salidas con rumbo a Gran Bretaña, México y Brasil.

El documento, incorporado al expediente que tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora, cuenta también con los datos personales y las fichas dactilares de ambos imputados por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.N.A

El ex ministro de Planificación Julio De Vido fue condenado hoy a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la compra de trenes de rezago a Portugal y España.

El tribunal oral federal número 6 dictó la condena tras un proceso en el que también compareció el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, también condenado pero en su caso a ocho años de prisión y una multa de casi 15 millones de pesos.

El tribunal absolvió a De Vido del delito de enriquecimiento ilícito, puesto que no hubo acusación fiscal en su contra.

El ex ministro fue condenado como “coautor penalmente responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa compra de trenes a España y Portugal”.

Jaime, en tanto, fue condenado a ocho años, multa de 14.991.385 pesos e inhabilitación absoluta y especial perpetua para ejercer cargos públicas por el delito de “enriquecimiento ilícito de funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en calidad de coautor y cohecho en calidad de autor”.

Manuel Vázquez, colaborador de Jaime e investigado como uno de sus presuntos testaferro, fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión y multa de 10.986.664,23 pesos, más la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

El fallo dispuso decomisar diez bienes (propiedades y rodados, además de dinero en efectivo) atribuidos a Jaime , pero rechazó una medida similar con otros tres: un lote en el Country Camino Real, del partido de San Isidro; un inmueble en Jureré  y otro en Porto Alegre, ambos en Brasil.

En el juicio también fueron condenadas una hija de Jaime, Julieta, a dos años y cuatro meses más una multa de 250 mil pesos; a su ex esposa, Silvia Reyss, a tres años y multa de un millón, y a su ex consuegra,  Graciela Vigna.

Otros imputados fueron condenados todos a penas de prisión en suspenso.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Fernando Canero, Julio Panelo y Ricardo Basílico, y la acusación estuvo a cargo de la fiscal Gabriela Baigún.N.A. 

La última jornada tuvo poco más de una hora de duración. El primero en expresarse fue el exgobernador; le siguió su cuñado Juan Pablo Aguilera; el exministro de Turismo Hugo Marsó; el empresario Gerardo Caruso; el diseñador gráfico Emiliano Giacopuzzi; la contadora Corina Cargnel y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez.

El resto de los imputados -Luciana y Alejandro Almada, Gustavo Tamay, Germán Buffa, Maximiliano Sena y Gustavo Tórtul-, sólo pasaron frente al micrófono para agradecer a sus abogados defensores.

El tribunal de Juicios y Apelaciones que llevó adelante el debate y componen los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, dará a conocer un adelanto de sentencia el próximo 7 de abril a las 8.15.

“¿Van a disculparse?”

Urribarri está imputado en las cinco investigaciones que se acumularon para el juicio oral. Este martes utilizó unos trece minutos para expresarse. Fue el más extenso en las últimas palabras, en comparación a sus consortes de causa. Apuntó a la fiscal Patricia Yedro y al director de este medio, el periodista Daniel Enz. Habló de “gestos”, de “clima de época”, de ausencia de pruebas, y de “operaciones mediáticas”. Aseguró que Enz “impidió que compita en elecciones nacionales y provinciales”.

Urribarri mencionó otra causa por presunta corrupción, aquella que involucró al exintendente de Gualeguay, Luis Erro, y que terminó en una absolución.

“¿Son conscientes señores fiscales del sufrimiento que causaron con el escarnio mediático que promovieron? Sinceramente quiero creer que no, que no son conscientes porque si hubieran sido conscientes del daño que provocaron a lo largo de estos seis larguísimos años, si fueran conscientes tendrían, y toda vía están a tiempo, que pedir disculpas. No puedo dejar de referirme a las embestidas de estas semanas del periodista que está obsesionado conmigo y con mi familia. Nuevamente mandando mensajes y buscando presionar al Poder Judicial con sus constantes operaciones mediáticas con clarísimos intereses políticos. Seguramente son manotazos de quien sabe que su mentira cae frente a la verdad. Ese relato de años fue para instalar títulos en medios nacionales como principal objetivo, estigmatizarme a mí y mi familia, a las personas que me acompañaron en mi gobierno, impedir -como lo lograron- que compita en elecciones nacionales y provinciales, y sin dudas socavar la imagen de nuestro espacio político”.

Poco después de las 9.40 y conectado mediante videoconferencia, el embajador comenzó sus últimas palabras en el megajuicio y leyó un breve tramo del alegato de cierre de la fiscal Patricia Yedro. Sacó de contexto esas palabras y tergiversó el sentido de toda la exposición que hizo la fiscal el 14 de febrero pasado, cuando estuvo desde las 9.30 hasta pasadas las 16 alegando.

“Referido al alegato de cierre de la fiscal Yedro, quien manifestó: ‘Resulta complicado obtener pruebas que acrediten estos hechos, no hay testigos, nadie se presta a decir lo que sabe. Es difícil obtener prueba documental cuando los rastros son plasmados en documentos, rara vez ocurre, la víctima no asiste a producción y la decisión de su ejecución es tomada en absoluta opacidad, no hay documentación, no hay testigos’, cerró textualmente. Estos dichos son contundentes, categóricos. Ante esa realidad debió suceder, como todos esperábamos, es el pedido de sobreseimiento a todas las personas imputadas. La contundencia de esta admisión tan clara y precisa por parte de la Fiscalía, no tengo dudas que echa por tierra la acusación”, redefinió Urribarri.

Agregó después que “durante seis largos años se instaló y machacó un relato”. “Esto además es una clara muestra de cómo se llegó a esta instancia de debate, a fuerza de arbitrariedades, atropellos y violaciones a las garantías constitucionales que nadie discute y con fuerte presión mediática. No hubo en proceso racionalidad, ni objetividad, lo cual quedó en evidencia a lo largo de todo este largo juicio. Se constituyó una investigación en base al sesgo confirmatorio de culpabilidad. Fiscalía hizo sistemáticamente oídos sordos a cualquier prueba excluyente de culpabilidad con una mirada sesgada, no tuvo en cuenta las declaraciones de imputados que dieron sobrados fundamentos y pruebas”, acotó.

Dijo que mientras él estaba declarando, la fiscal Yedro se retiró del recinto de audiencias y eso, para él, fue “todo un gesto”. Recriminó que Fiscalía no tuvo en cuenta, tampoco, el testimonio del contador General de la provincia, Aurelio Miraglio; así como no consideró los testimonios de funcionarios del Tribunal de Cuentas ni del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. “Dieron cuenta del funcionamiento de la administración pública y ratificaron la legalidad de todos y cada uno de los actos administrativos”, afirmó. “Vimos en esa sala, pruebas documentales provenientes de órganos constitucionales de control previo y posterior de gasto. Entonces sí hay pruebas y testigos. Pero los fiscales no hicieron una mención a esas pruebas y declaraciones. Quedó en claro el profundo desconocimiento que tiene el Ministerio Público Fiscal en lo referido al funcionamiento del Estado y la administración pública. Desconocen que los actos y decisiones de gobierno, de ninguna manera son judiciables. Porque como dije al inicio y ahora, ninguna de estas causas deberían haber llegado a juicio”, reiteró, siempre con un tono de regaño.

De inmediato se definió como un “dirigente” que sabe “poner la cara, ser evaluado por la sociedad y rendir cuentas, someterme a la voluntad popular”. Y por eso preguntó: “¿Qué van a decir los fiscales a la sociedad? ¿Van a reconocer que se equivocaron y actuaron movidos por los prejuicios y el desconocimiento del funcionamiento de otro poder del Estado? Ciertos integrantes del MPF ¿Van a reconocer que actuaron movidos por un clima de época, de una coyuntura muy especial? ¿Van a disculparse?”.  

Acotó luego que hacía preguntas “con humildad”. “¿Son cocientes del aporte que harían si admitieran que se equivocaron? Escuchamos en reiteradas oportunidades una frase sobre el dinero. Entonces pregunto ¿Cuánto dinero de los entrerrianos se dilapidó en esta y otras investigaciones? ¿Cuánto dinero en un juicio por una boleta de luz de 70 pesos? También vi en las últimas audiencias algunos gestos que expresan que algunos tienen sentimiento. ¿Son conscientes del sufrimiento que causaron con el escarnio mediático que promovieron? Si fueran conscientes, de los seis larguísimos años, todavía están a tiempo de pedir disculpas”, avisó.

Casi al final señaló que “además de los atropellos y arbitrariedades, todos los defensores expusieron con contundencia la inexistencia de pruebas, admitidas los por fiscales, los atropellos en la investigación, los allanamientos irregulares con testigos no presentes, profesionales que intervinieron sin título habilitante, intromisión ilegal y manifiesta de comunicaciones privadas, y podría seguir”, se quejó y cerró: “Confío en que se haga justicia y el Estado de Derecho que tanto costó a la humanidad conseguir, vuelva a ser principio rector en esta provincia, en este caso y en todas las investigaciones en marcha. Que el Estado de Derecho y el respeto a las normas esté por encima de las fuerzas que condujeron este proceso. Quedó demostrado que tanto yo como el resto de los imputados somos inocentes. Apelo a la honorabilidad y trayectoria de este tribunal para que no solo administre justicia, sino también para que ponga fina de una vez por todas al ensañamiento, ataques e injusticias a los que fuimos sometidos durante tantos años”.

“Fui objeto de una construcción jurídica y mediática”

Juan Pablo Aguilera fue breve. Aseguró que los cinco legajos que llegaron a debate en septiembre pasado -está imputado en dos: causa imprentas, parador-, fueron un “relato promovido por un medio y sus dos o tres seguidores”. Claramente lo dijo en referencia a ANÁLISIS, tal como sostiene su cuñado Urribarri y otros imputados en el megajuicio. Habló de “abusos y arbitrariedades” de parte del MPF. “Quedó demostrado el modo en que se hicieron los allanamientos, la descontextualización de muchas comunicaciones, trastocado el derecho a la intimidad”, mencionó, tal vez en referencia a la exposición de algunos mensajes con su pareja, Luciana Almada, entre otros. “Los informes demostraron que hay más pruebas de la mala investigación que de los hechos imputados”, comparó.

Agregó que “los hechos fueron mutando a medida que se fueron dando cuenta del funcionamiento de la administración pública y la política”. “Siempre me dediqué a la actividad pública, la parte privada nunca me interesó. Nadie me devolverá los años de sufrimiento y angustia, mi vida cotidiana atravesada por esta situación. Nadie me devolverá a mi suegro que fue como un padre para mí, que no aguantó ver esta situación a la cual estaban expuestos sus hijos y yo. No tengo resentimientos. Tengo enormes expectativas en la decisión de este tribunal. Ojalá que este sea un punto de inflexión para que a nadie más le pasen las cosas que me pasaron a mí. Que no se dirima la disputa política en estos tribunales”, pidió por último.

“No robé ni sustraje nada”

Hugo Marsó, exministro de Turismo, fue imputado en la causa “parador de Mar del Plata” junto a Gerardo Caruso, Juan Pablo Aguilera, Corina Cargnel y Sergio Urribarri. Al momento de pronunciar sus últimas palabras antes de conocer un veredicto, retomó tramos de su descargo. Dijo que siempre se dedicó a la actividad privada -además de exintendente de Colón, exdiputado provincial y exministro, siempre fue empresario-. “Me iba muy bien y consideré que podía aportarle mucho a la sociedad, siempre fui idealista, incursioné en política. Caminé en Colón porque no tenía plata para la campaña, éramos dos o tres. Así me conocieron y creyeron. Gané la primera elección. No tenía experiencia en el ámbito administrativo público, así que me manejé con el mismo contador y abogado de la Municipalidad. Después me fui como diputado y posteriormente me ofrecieron el Ministerio de Turismo. Siempre me manejé con los abogados y contadores de los organismos públicos. Cuando estaba en Turismo dependíamos de Gobernación. Siempre había un auditor del Tribunal de Cuentas que nos decía esto se puede y esto no. Así hicimos el parador, me acuerdo que convoqué a la abogada y los asesores me dijeron que era factible hacerlo, por eso lo hice. Después no supe más, nadie me llamó o insinuó que estábamos haciendo campaña proselitista. En ese momento éramos el tercer destino turístico del país y había que sostenerlo”, reiteró.

Contó dos anécdotas de su Intendencia en Colón. Dijo que a la provincia llegó para “hacer lo mismo”. Añadió que “cambiaron la vida de un montón de gente”. Habló de su padre que encomendó a él y sus hermanos cuidar “el nombre” porque “lo material va y viene”. “Siento mucha vergüenza, nunca debí estar sentado acá, me da vergüenza transitar por las calles de mi ciudad, no es fácil estar en los títulos de diarios diciendo que robé. Lo que hicieron conmigo es una barbaridad. No robé nada, no sustraje nada. Trabajé. Para mi familia, mis hijas y mis hermanos, esto es muy difícil. Yo que tengo un comercio de consumo masivo, me produjeron daños inconmensurables que hasta mis hijas cargan. Pido que se haga justicia pero el dolor y la amargura, no se lo deseo ni al peor enemigo”.

“Se me humilló y ridiculizó”

También se expresó Gerardo Caruso, titular de la firma El juego en que andamos -contratada por el Gobierno después de lo que Fiscalía consideró como una licitación “simulada”- para instalar el parador en Mar del Plata. Reivindicó la defensa técnica que hizo en representación suya el abogado Emilio Fouces. Aseguró que enfrenta una “acusación infundada y carente de pruebas”.

Refirió “falta de objetividad” y recordó que en el alegato de cierre, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, comparó el modo en que ocurrió la contratación de El Juego en que andamos con Nelly Entretaiment en la causa de los spots publicitarios. Reclamó el mismo trato que le dio Fiscalía a Jorge Corcho Rodríguez. “¿Por qué a mí me negaron la posibilidad de la suspensión de juicio a prueba? A mí me asiste el derecho de mentir y no lo hice. No lo hice por la cantidad de pruebas que se mostraron a lo largo de la audiencia. Fui destinatario de ataques, se me humilló y ridiculizó. Esta situación dolorosa, una acusación infundada acompañó el crecimiento de mis hijos, con temor a que el padre fuera preso mientras transitaban su colegio secundario y los primeros años de universidad, mientras aprendían los valores de respeto, de derechos humanos. Años de formación contrarrestada por esta situación que me tocaba atravesar. Abrazo los principios republicanos y entiendo que cuanto menos, es aventurado haberme llamado corrupto, delincuente, miembro de un clan mafioso, traidor a la Patria. Dijeron que no hice lo que hice, que el parador fue una pantalla para malversar fondos cuando acá se vio que el parador fue una producción enorme”, se defendió.

Finalmente, aseguró que “no hubo campaña proselitista, sí promocionamos el turismo de Entre Ríos”. “Soy inocente. Me pregunto dónde y cuándo repararán el dolor causado a mi familia, la angustia de mis padres, de mis hijos, de mi pareja, las pérdidas económicas, las noches sin dormir”. Añadió que sintió “un profundo desencanto democrático al transitar este juicio” y deseó “que se haga justicia”.

“Necesito justicia”

Emiliano Giacopuzzi, imputado en la causa de las imprentas, pronunció: “Siempre dije ‘ojalá y no llegue nunca el momento de tener que sentarme acá para dar explicaciones de lo que hago hace 18 años, que es laburar de lunes a lunes’. Estos últimos fueron seis años duros, violentos, injustos. Quiero decir a los fiscales que soy humano y terrenal como ustedes, que fueron violentos, que me acusaron de cosas que no pudieron probar, que el destino o la suerte me puso una defensa que me ayudó y acompañó de verdad. Necesito justicia, estuve escondido durante 6 años, tuve vergüenza con mis padres, mi mujer, la familia de mi mujer. Me perdí de cosas importantes del crecimiento de mi hijo, no pude estar en su mejor etapa porque tenía que enfocarme en esto que no se lo deseo a nadie. Es pesado, hay que tener lomo para aguantar todo esto. Me considero inocente. En mi declaración lo que dije es lo que hice estos años. No se pudo contradecir de parte de Fiscalía. Nuestra defensa mostró la verdad de lo que soy. Necesito justicia, volver a ser Emiliano Giacopuzzi y que me devuelvan la libertad que hace seis años me quitaron”.

“Esto fue una guerra para saber quién es el más poderoso y en el medio quedé yo”

Corina Cargnel, imputada en la causa imprentas y parador de Mar del Plata, volvió a expresarse en el debate. “Fueron seis años muy duros para mi familia y para mí y para las personas que me acompañan. La semana pasada mi hija cumplió 8 años y no puedo dejar de pensar que acá se me pidió 8 años de prisión, la misma edad que mi hija, por algo que no hice ni se pudo probar”, remarcó.

Aseguró que se hicieron circular “conversaciones de mi vida privada por todos lados y no se encontró nada”. “Se me acusa de enviar correo, de hacer facturas, cosas propias de mi profesión. Soy docente de facultad, me enfrento a más de 200 personas todas las semanas y no sé si detrás de esas personas te están juzgando o no, si piensan que sos delincuente y corrupta. Me trataron de que manejaba la caja negra de la corrupción. Pido justicia. Ya está, el tiempo pasó, todo lo que sufrimos, pero pido que se haga justicia y a nadie más le pase. Esto fue una clara guerra para saber quién es más poderoso y en el medio quedé yo que no tengo nada que ver, que soy trabajadora, madre, profesional. Necesito volver a mi vida. La condena social está y será difícil sacarla. Confío en los señores jueces que podrán leer lo que pasó. Vine a casi totalidad de las audiencias. Las que no, fue por cuestiones familiares y de trabajo. Pido justicia”, cerró.

“Al MPF no le interesó la verdad”

Pedro Báez, acusado en el legajo de las imprentas, en la causa por la difusión de los spots publicitarios, en la causa solicitada y la causa Global Means, fue el último en expresarse. “Siempre tuve la seguridad que encontraríamos en este lugar un ámbito adecuado para dilucidar las graves acusaciones que me formulaban. Vinimos a imponer nuestra verdad relativa con rigor, a la luz de la ley y con magistrados que dicten resoluciones justas. Con satisfacción creo que lo estamos consiguiendo. Tengo la esperanza que este proceso constituya una bisagra en el  Poder Judicial de Entre Ríos, despejando rémoras que convertían en letra muerta las garantías constitucionales. Si eso ocurriera daríamos un paso importante al Estado de Derecho más íntegro y pleno. Los que estamos acá nunca pensamos en vivir esto pero el hombre es él y sus circunstancias. Nunca cuestioné que el Ministerio Público lleve adelante su rol que es investigar y si surgen elementos para acusar, que se haga. Saben que me puse a disposición, pero al MPF no le interesó la verdad, nunca la buscó, avanzaron caprichosamente cuando no surgían elementos para hacerlo. Sustentados en prejuicios y sabiendo que ni suposiciones ni prejuicios alcanzan, solicitaron embargos desmedidos. Importaba construir el estigma, cerrar el cerco que obligaba a la apertura de causas por enriquecimiento, en mi caso una línea publicada en el semanario con el cual trabajan y al otro día apertura de causa de oficio”, relató.

Criticó ese proceso por presunto enriquecimiento, con el mismo argumento que lo hizo Urribarri y su defensor Barrrandeguy. “La causa sigue abierta porque sabían que con prejuicios no alcanza, sigue abierta sin llamarme a indagatoria y sabiendo que nunca tuve nada que no estuviera en la declaraciones juradas. No estoy llorando. Tengo muchos años de militancia política y como todos los que militamos y tuvimos o tenemos responsabilidades de gobierno, tenemos la plena conciencia de la judicialización de la política y sus consecuencias. Tengo la tranquilidad de saber qué hice cuando me tocó. Esa es mi tranquilidad, mi familia y amigos sufren horrores frente a la estigmatización y la condena mediática”.

Por último habló de su padre que fue “un faro que me acompañaba a todos lados”. “Su aprobación era para mí la garantía que estábamos bien rumbeados, no necesitaba decirme nada para que yo supiera de su orgullo por las cosas que hicimos. Lo extraño y no lo he podido llorar. Un verdadero Estado de Derecho no debería admitir la autoconstitución de un suprapoder que impulsa investigaciones por fuera de los carriles constitucionales. Nosotros administramos los recursos con responsabilidad para llevar adelante, durante 8 años, un proceso de crecimiento y desarrollo social y productivo como nunca antes la provincia había experimentado”, dijo emocionado.

Por último, agradeció a los abogados defensores. “Nos dieron durante años la seguridad de que hicimos las cosas bien y, en este juicio, demolieron las acusaciones fiscales. Lo hicieron con trabajo honesto, sólido, de acuerdo a las leyes. Leales con nosotros y los más nobles ideales del ejercicio profesional. A todos y cada uno de ellos les agradezco, pero quiero particularizar en Ignacio Díaz y José Velázquez el agradecimiento mío, de familia, compañeros y amigos”.

FUENTE: analisisdigital.com.ar/

El presidente Alberto Fernández afirmó que siempre supo que "era inocente" el exmandatario brasileño Lula Da Silva, cuyas condenas por supuesta corrupción fueron anuladas, y consideró que esa medida "demuestra que el lawfare existe".

Reseñó que en muchas causas judiciales contra dirigentes de América Latina "se utilizó un arrepentido para involucrarlos, con pruebas absolutamente débiles, y se quiso doblegar la voluntad de un opositor para sacarlo de carrera".

El jefe de Estado argentino reveló que habló por teléfono con Luiz Inacio Da Silva tras el anuncio de la anulación de las condenas por presunta corrupción contra el exmandatario brasileño, quien de esta manera quedó habilitado para competir nuevamente por la primera magistratura de su país.

"Hoy, cuando hablaba con Lula, y él quedó muy agradecido cuando lo visité, le decía que no me agradeciera porque estaba pidiendo por una persona que era inocente; sabia que era inocente", enfatizó Fernández en declaraciones al canal C5N.

Además, subrayó que la anulación de las condenas contra Lula demuestran que el lawfare "existe".

Corrupción no mata corrupción. Es decir, la corrupción de un oficialismo de determinada agrupación no se puede justificar por los actos corruptos de sus antecesores en el poder. Lamentablemente en Argentina, la corrupción política es una tristísima contingencia social que no repara en ideologías puntuales. En detrimento de la sociedad, la casta de funcionarios no se detiene en consolidarse como una corporación pública corrompida por sus intereses particulares por sobre el bien general del país. En este contexto, la grieta pareciera ser una máscara mediática que oculta una patética y cruda realidad: el Estado como un conjunto de beneficios únicamente para sus administradores. En el camino, se destruyen un sinfín de derechos de la ciudadanía.

Se torna clave comprender que no debe existir la doble vara en términos de corrupción. Toda acción corrupta se debe repudiar sin importar las simpatías o afiliaciones políticas. En esta línea, es imprescindible entender que las formas y consecuencias de este tipo de prácticas acarrean consecuencias sumamente graves para la república. A propósito de estas cuestiones, Pablo Secchi ( Director Ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano, Capítulo argentino de Transparency International), plantea lo siguiente: " Aprovechemos el caso de las 'Vacunas Vip' para hablar de la corrupción y cómo nos afecta. Lo más obvio es cómo nos afectan claramente los privilegios y el uso de los recursos públicos en beneficio privado. Qué claramente queda expuesto en estos casos. Pero al mismo tiempo cómo nos importa más la corrupción cuando vemos que nos toca más de cerca.

La vacuna que se aplicó X no se la dieron a mi viejo o a mi abuela. Esos tipos usaron ser nuestros representantes (o funcionarios) para beneficiarse y nos perjudicaron directamente. La corrupción siempre nos afecta así, a veces el camino es más largo. Es difícil mostrar como nos impacta, porque muchas veces se transforma en cosas que no se hacen o que se hacen mal (hospitales, autopistas, semáforos). Pero lo que no se hace o se hace mal también cuesta vidas o calidad de vida. Pareciera que tenemos que ver a la corrupción bien de cerca para que nos impacte: Cromañón, Tragedia de Once, un funcionario con 9 millones de dólares en un convento, un ministerio robándole las vacunas a mi abuelo. Lamentablemente esa exposición de la corrupción sucede en casos excepcionales y muy esporádicos. ¿Qué pasaba si ese tren frenaba? ¿Si alguien lograba romper la salida de emergencia del boliche? ¿Si no había una cámara en ese convento? Si Verbitsky era más reservado?. Esos hechos de corrupción hubieran existido igual, pero nadie se hubiera preocupado.

Entonces tenemos que preocuparnos más por controlar la corrupción en otras etapas, mucho antes de que los hechos sucedan. Porque no podemos depender de la casualidad para enfrentar esto. En primer lugar prevenirla, en segundo tener mucha información disponible (cuántas vacunas hay, cuántas se aplicaron, cómo se repartieron, a quién se va a vacunar, mostrame dónde están, quién las aplica, y cuándo, y dónde). Finalmente tener organismos de control eficientes. No los tenemos. O llegan tarde, muy tarde. Ni siquiera tenemos un Defensor del Pueblo en la pandemia más grande de estos tiempos. Muchas veces pensamos en la justicia como el actor central contra la corrupción, es uno de ellos, pero no el único. La justicia llega cuando el tren chocó o la puerta no se abrió. Hay infinidades de pasos anteriores para controlarla. En el país, en una provincia o en una ciudad. La corrupción está ahí siempre, hechos pequeños o grandes, y nos afectan siempre, aunque no los veamos. ¿Por qué se cambian las baldosas? ¿quién lo hace y por qué se lo contrató? ¿Por qué se le pagan fortunas a los medios de comunicación y cómo afecta eso el control de la corrupción?. ¿Por qué no avanza esa ruta que se tiene que convertir en autopista y muere gente todos los días?

¿Por qué se favorece la empresa que tiene vínculos con determinado político?. Y no es un problema partidario. Es un tema en el cual la sociedad tiene que ponerle límites a la clase política".

En definitiva, la corrupción es una contingencia social que atraviesa a nuestra república. Es sumamente importante combatirla y repudiarla sin importar los tintes políticos de los implicados. Debe quedar en claro que los actos corruptos de un Gobierno no justifican los de otros y, a su vez, nos perjudican a todos. En fin, finalizar con esta problemática requiere la fuerte iniciativa de la ciudadanía unida en su conjunto.

Amo mi país y necesito creer que vivir aquí es un privilegio. Hace años que no lo siento, todo es tan complicado, tan desordenado, a veces creo que está mal visto querer progresar o hacer las cosas bien, porque así me lo demuestran.

La política es apolínea si realmente se usa para el bien común, sin embargo, solo es usada para conveniencia de pocos que asumen para beneficio propio.

¿Dónde quedaron aquellos que realmente quieren hacer historia construyendo desde la política? Elegidos por un pueblo que con su voto les otorga la facultad de acción- ¿Porque nos maltratan, nos empobrecen, nos quitan vida, nos aíslan del mundo y nos llenan de incertidumbre?

No entiendo de grietas, ni de corrupción cuando somos todos quienes vivimos en este suelo, me angustia saber que nadie puede darse cuenta que todo es una cadena que mueve los engranajes de esta gran Nación.

Pareciera que perpetuarse en los poderes les asegura vida eterna y vía libre para hacer y deshacer miles de hilos de muchas personas que sufren sus malos actos de fe. ¿Para quienes gobiernan? Dicen ser argentinos pero no confían ni ellos mismos lo que pregonan, dicen querer cambiar la realidad pero solo son escusas para debates vacíos llenos de reproches buscando culpables. Nos quitan hasta la libertad del voto, dejándonos impotentes a la hora de elegir el candidato ¨menos oscuro¨ nuestro derecho cívico pasa ser un castigo en épocas de elecciones.

Sentirse prisionero de un sistema que cada día promete ser peor, no es el país que quiero. Deseo gente que realmente tenga capacidad y ganas de hacer, para eso asumen la responsabilidad. Deseo gente que sienta los colores celestes y blanco y cante el himno fuerte y orgulloso de ser argentinos. Deseo gente que invierta en este país, deseo gente que trabaje para la evolución de todos, deseo más acción y menos burócratas que solo confunden, demoran, mal ocupan nuestro dinero. Deseo funcionarios más humanos y reales.

Sé que todo necesita tiempo y que mi deseo también sea el de muchos argentinos.

Las reestructuraciones, no son fáciles, mucho más cuando se habla de un país, pero son esenciales, cuando de verdad los cambios tienen que darse, de lo contrario el futuro será tormentoso.

No soy de ningún partido político ni ideología, pero sí sé que la unión de todos en este momento es el ancla para hacer un orden primordial en el estado, ¨que se cumplan las leyes porque existe una constitución que las avala ¨.

Si no respetamos la constitución no habrá progreso alguno que podamos ver.

Lo siento, se me caen las lágrimas mientras escribo, ojalá que podamos entender que la vida de cada persona tiene un valor incalculable que todos dependemos de todos y todos somos importantes.