Se pasará de bajar la clásica media res a un sistema de “troceo” que apunta a un aprovechamiento integral de los distintos cortes y promover condiciones de trabajo saludables para los trabajadores de la industria de la carne que se encargan de su descarga.

De esta forma también se puede eficientizar la distribución de los cortes según la demanda de acuerdo con la zona, con un mejor aprovechamiento de la media res, lo cual esperan proyecte una baja en los precios. Según el Subsecretario de Mercados Agropecuarios Luciano Zarich: “Los objetivos centrales de la normativa son modernizar la cadena de distribución de carnes en medias reses para pasar a una distribución por trozos anatómicos de menor peso, y  cuidar la salud de los trabajadores que pasarán de cargar pesos de hasta 120 kg por media res a  pesos de hasta 32 kg en trozos”. Además, se logra un salto de calidad en relación a la inocuidad y seguridad sanitaria”.

Vale recordar  que el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el año 2003, reconoció los trastornos de salud relacionados con el trabajo y aprobó (mediante Resolución MTEySS 295/03) especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas. Posteriormente, se dictaron normas específicas para la industria de la carne en el año 2020 que se refuerzan con estas medidas a implementarse a partir del 1° de noviembre.

El cumplimiento de la normativa, dictada en conjunto por las carteras de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca, mediante la resolución conjunta 4/2021, es de carácter obligatorio para todos los establecimientos faenadores de tránsito federal, provincial y municipal ubicados dentro del territorio nacional. La excepción a la normativa solo rige para trasladar medias reses de establecimientos faenadores a plantas habilitadas oficialmente como despostadero, fábrica de chacinados, fábrica de carnes y productos conservados y/o depósitos frigoríficos prestadores de frío.

Desde la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca indicaron que en virtud de los planes presentados y las inspecciones realizadas por esta Dirección Nacional, ya hay un importante número de establecimientos comercializando sus productos con esta nueva modalidad (medias reses en trozos) de conformidad con la normativa vigente.

En este sentido, la Dirección Nacional de Control Comercial Argentino (DNCCA) continuará con los programas de fiscalización a los operadores de la cadena de carnes. Estas actividades comprenderán inspecciones, junto con el Senasa, a plantas y depósitos, así como controles en los transportes y durante las descargas de carne para verificar el correcto troceado y transporte junto con la identificación de cada uno de los trozos producto del fraccionamiento de la media res.

En el caso de observar establecimientos y operadores que no cumplan con la normativa vigente procederán a sancionar con multas, clausuras y/o suspensiones de matrícula en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), entre otras.N.A.

Debido a obras de mantenimiento y reparaciones se encuentra cortado en puente Victoria - Rosario en el kilómetro 10. Se trata del aliviador Puente Zanja La Zora de la ruta nacional 174 RN174.

El tránsito está cerrado desde Entre Ríos hacia Santa Fe, debido a trabajos sobre calzada. Se circulará de manera alternada por la mano contraria por lo que s epide circular con precaución y respetar las señales.

Fuente: UNO

En la ciudad de Rosario se llevó a cabo una protesta por las quemas en las islas, donde en la misma anunciaron un corte "por tiempo indeterminado" del puente Rosario-Victoria.

Durante la convocatoria se exigió "una mayor acción de la Justicia y castigo para los responsables de las quemas en las islas del Delta del Paraná y la sanción de una Ley de Humedales".

La manifestación se realizó minutos después de las 18 horas, frente al Monumento Nacional a la Bandera, donde alrededor de diez mil rosarinos y habitantes de localidades vecinas expresaron "su hastío por el humo y las quemas en las islas del Delta".

La convocatoria fue lanzada bajo el lema "Basta de quemas, basta de humo, basta de esta violencia", por las organizaciones ambientalistas El Paraná No se Toca y Multisectorial Humedales, entre otras agrupaciones ecologistas de la zona.

Fuente: UNO

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad este jueves el recurso de queja presentado por Sergio Urribarri en la causa que investiga el presunto desvío de fondos del exgobernador de Entre Ríos en la campaña presidencial en 2015.

El rechazo fue formal, por no estar dirigido contra una sentencia definitiva. Y en el mismo se entendió que la defensa del actual embajador de Argentina en Israel no agotó las etapas procesales previstas en la normativa vigente a modo de condición necesaria para llevar su caso ante la Corte.

La causa se abrió por el presunto desvío de unos US$ 7,5 millones. Unos 47 millones de pesos en objeción fueron repartidos en plena campaña para las elecciones 2015, una candidatura que resultó trunca, ya que se bajó antes.

El camino del recurso de Urribarri es extenso y, ante sucesivos reveses en diferentes instancias, trepó hasta el máximo tribunal nacional.

La joven de 23 años, condenada por el crimen de Fernando Pastorizzo, recién podría salir en libertad en 2052. A los 54 años. Y no quiere envejecer tras las rejas. Ahora, la Corte Suprema analizará la causa y las supuestas irregularidades presentada por Raquel Hermida Leyenda, su abogada defensora.

Nahir Galarza prefiere no pensar en el futuro. Algo la perturba y ella trata de olvidarlo. La joven de 23 años, condenada por el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido en Gualeguaychú el 30 de diciembre de 2017, recién podría salir en libertad en 2052. A los 54 años.

"Ya me siento vieja", bromeó el 11 de este mes, cuando cumplió sus 23 años en la cárcel de Mujeres de Paraná.

Mientras busca que sus días lejos de su familia y la calle sean lo menos tristes de su vida, hay un plan que la desvela. No quiere perder su juventud entre rejas. Pasar gran parte de su vida condenada. "Nahir no quiere pensar en ese destino que le marcó la Justicia", dice una persona que la conoce bien.

NULIDAD DEL JUICIO

Ella y su familia tienen la esperanza de que el juicio en el que la condenaron, hace poco más de tres años, sea declarado nulo y se haga otro en el que pena sea menor. Para eso, la abogada defensora de Nahir, Raquel Hermida Leyenda, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de queja, expediente 1438/2020/RH1, que se basa en cinco puntos.

"Es el primer escrito que se presenta fuera del ámbito de la provincia de Entre Ríos. Nos referimos acerca de las irregularidades que tuvieron los distintos tribunales judiciales entrerrianos que trataron no de analizar la causa, sino de ir cubriéndose entre ellos y tratando de aceptar lo que el anterior juez decía", dijo Hermida Leyenda.

LAS CLAVES DE LA ESTRATEGIA

La abogada tiene experiencia en revertir algunos casos de condenas altas a la hora de la revisión del máximo tribunal de Justicia. Remarcó que en el escrito hay una crítica de la sentencia.

Las claves de la estrategia a favor de Nahir se pueden sintetizar en estos cinco puntos clave.PERICIAS1) Uno de los puntos de la presentación judicial sobre la que deberá resolver la Corte tiene que ver con las pericias que le hicieron a Nahir. La Justicia autorizó a que el médico psiquiatra, doctor Enrique Stola, y la psicóloga perito, licenciada Alicia Castro, pudieran hacer nuevas pericias a Nahir si es que se realiza un nuevo juicio.

"Las pericias no se hicieron bien en la causa. Cuando yo hago una crítica es porque fundamentalmente ninguna fue bien hecha. Es simple: el perito psiquiatra hace la pericia cuando ella le está diciendo que no quiere continuar y que se sentía mal después de haber pasado unas horas en el hospital. Debió haberse suspendido", afirma la abogada.

La letrada calificó a las pericias psicológicas como "vergonzantes" porque, según ella, se presentó una perito de parte que no era psicóloga y apareció otro perito de parte que "parcializó la temática en la relación de ambos, no en un análisis de Nahir". "Hubo un psicólogo que dice haberle hecho una pericia que marca que hay un problema en Nahir. Eso lo debió haber derivado en forma urgente a un neurólogo y a un psiquiatra, pero no lo hizo".

Las nuevas pericias que harán Stola y Castro, cree la abogada, durarán mucho tiempo. "Esos psicodiagnósticos advirtieron una problemática orgánica ajena a lo que decían públicamente varios psicólogos de que ella era una psicópata. Psicópata es aquella persona que tiene problemas con el vínculo con el otro porque el otro no existe".

"El otro -asegura Hermida Leyenda- es suplantado por el agresor y en este caso no nos encontramos con una psicópata sino con un problema orgánico. Psicópata es el que entiende la criminalidad del acto y puede dirigir sus acciones y lo hace de manera de gozo para continuar eliminando a la cosa que tiene enfrente, que puede ser tanto una mujer como un hombre".PERSPECTIVA DE GÉNERO2) Otro punto fundamental que incluyó la defensa en el recurso de queja es la falta de una perspectiva de género.

"No la hubo en todo el proceso. ¿Qué es perspectiva de género? Es hacer cumplir el artículo 16 de la Constitución Nacional que está relacionado con la igualdad ante la ley. El juicio exprés y el modo en que se trató a Nahir Galarza, evitando todo tipo de pruebas pedidas por la defensa, fue altamente discriminatorio con respecto a otros imputados por homicidio. Nos referimos al trato igualitario, que no fue tenido en cuenta en ningún momento", analiza Leyenda.

Según la penalista, la relación tóxica entre Nahir y Fernando Pastorizzo quedó demostrada. "Era una relación donde este hecho de homicidio hacia Fernando pudo haberse llevado a cabo como femicidio contra Nahir", dijo.

Además, se refirió al día en el que un abogado de la querella amenazó con mostrar un video sexual de Nahir y Fernando en pleno juicio. Nahir amenazó con suicidarse si lo mostraban. O el hecho de que, de acuerdo con su opinión, dejaron afuera las pruebas o testimonios presentados por la defensa. Y cuestionó la frase de un fiscal de juicio, que dijo: "¿Quién no le ha dado alguna vez un sopapo a una mujer?".ANALIZAR EL CASO3) El análisis de la causa. Leyenda asegura que no hubo un análisis judicial del caso. "El Tribunal de Casación no revisó la causa. O sea: nosotros tuvimos una sentencia en un Tribunal Oral después y debió haber una sentencia en Casación. Esa era la oportunidad", dice Leyenda.

"Es preocupante la falta de igualdad probatoria. Fue un juicio en el que necesitaban que fuese la culpable. La Corte podrá analizarla en profundidad y marcar si lo que decidimos es acertado".UNA PERITO4) La perito que no era perito. Uno de los escándalos del caso es una revelación impensada: Gabriela Estefanía Laiño, presentada como perito informática y que en el juicio testificó contra Nahir, era licenciada en Bromatología. Ese dato salió publicado en el libro de Jorge Zonzini, ex asesor de Nahir, y fue investigado por Hermida Leyenda, quien chequeó que la mujer denunció que fue obligada por decreto a asumir esa función por parte de la fiscalía.

"Eso es una manipulación muy grave, una declaración nula que sin embargo fue tomada en cuenta para condenar a Nahir, además el fiscal (Sergio) Rondoni Caffa ni estuvo en las pericias, se paseaba por un programa de América en vez de trabajar", reflexiona Leyenda.AMIGA DE NAHIR5) La amiga de Nahir que no quiso declarar. La joven, cuyo nombre se mantiene en reserva, en el momento del juicio tuvo miedo de dar su testimonio. Pero este año mandó un audio en el que cuenta detalles reveladores. La transcripción fue incorporada al recurso de queja in extremis (con carácter de urgencia) presentado por Leyenda a la Corte.

"Fernando no la dejaba en paz. Vi cosas muy feas de parte de él. Cuando yo la llamaba a Nahir, ella solía tener el celular apagado porque él no paraba de llamarla. Le dejaba decenas de mensajes. Entonces ella usaba el celular de la mamá y yo la llamaba ahí. Él la llamaba todo el día. Él no soportaba que ella saliera con otros. Él la quería sólo para él", dijo la amiga de Galarza.

Leyenda opina que lo que dice la joven es determinante. "Aunque sea una declaración fuera del ámbito de la justicia extemporáneamente, y de alguna manera tratando de subsanar alguna culpa que tiene por no haber prestado declaración, es importante. Esperamos que Nahir se juzgada como se debe y que el juicio anterior sea declarado nulo", remarcó.

Mientras tanto, Nahir espera ansiosa la decisión de la Corte, que podría llegar antes de fin de año.

Fuente: Infobae

Ayer por la mñana, se inició un corte de la autopista mesopotámica a la altura del ingreso a Villa Paranacito, por parte del gremio Somu, las comunidades educativas del departamento Islas y los lancheros, que reclaman que se les reconozca a éstos últimos el trabajo de traslado de alumnos en las embarcaciones desde sus domicilios hasta las escuelas que encuentran a la vera de cursos de agua.

El reclamo tuvo como eje central que Entre Ríos reconozca el trabajo de los lancheros que trasladan alumnos. En el corte, alertaron de la precariedad de las embarcaciones, ya que al parecer el estado de las lanchas no es el mejor, han cumplido su ciclo y algunas no estarían en condiciones de salir a navegar.

En cuanto al corte se estuvo realizando en forma parcial y cada 20 minutos uno total por espacio de cinco minutos.

El gremio pide una mejora salarial acorde al trabajo que realizan. Hoy cobran menos de la mitad de quienes pertenecen al Somu, pese a que realizan la misma tarea con igual responsabilidad y profesionalismo de quienes trabajan transportando pasajeros o carga.

Los trabajadores del COPNAF, nucleados en el gremio ATE, realizan hoy jueves una asamblea y un corte de calle en la sede central de la institución en Paraná.

Entre otras cuestiones, piden un Régimen Especial de niñez para el Copnaf que contemple la reducción horaria y un adicional especial.

Ante esto, exigen "la apertura de una paritaria para nuestro sector específico de trabajo" y que se retome "la discusión adicional (Retribución Especial Copnaf) para el sector", ya que el organismo cuenta con los salarios más bajos de la administración pública.

También reclaman la "reapertura de la paritaria general" y exigen que "el salario le gane a la inflación".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el municipio entrerriano de Pueblo Belgrano (departamento Gualeguaychú) y la empresa constructora del barrio náutico Amarras, donde las obras que se hicieron generaron la crecida del río e inundaciones. De esta manera, la firma deberá desmantelar la obra en 180 días y recomponer las condiciones del ambiente.

La Corte consideró "inadmisibles" los recursos extraordinarios, por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según se lee en el fallo fechado el 5 de agosto. Fue con los votos de los supremos Elena Highton de Nolasco; Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

Los recursos extraordinarios fueron interpuestos por la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, demandada en autos, representada por los abogados Martín Julián Acevedo Miño y Pablo Daniel Fernández, y por Altos de Unzué SA, codemandada, representada por Claudio García Tricoli, con el patrocinio letrado de los doctores Luis María Campos y Pablo Manili. La demanda fue presentada por el exsenador provincial Julio Jesús Majul, con el patrocinio letrado de Juan Ignacio Weimberg, Selva Chesini y Luis Leissa.

En julio de 2019, la Corte Suprema dejó sin efecto una sentencia provincial, que había rechazado la acción de amparo de cese de obras y permitía continuar los trabajos, y le ordenó hacer lugar a lo peticionado. Ante esto, en octubre de ese año, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos ordenó la "demolición y desmantelamiento y recomposición del ambiente, volviendo las cosas a su estado anterior", tras detectar "la alteración negativa del medio ambiente".

A su vez, la Municipalidad de Gualeguaychú había pedido la "paralización y demolición" del barrio, ya que "las obras de elevación de la tierra habían provocado la crecida del río y la evacuación de más de 150 personas" en varias ocasiones.

"La crecida repentina también generó que lugares emblemáticos, como el Parque Unzué, la costanera, caminos turísticos, clubes, playas, campos y barrios de la zona de la costanera y el puerto, quedaran bajo agua", afirmaron.

La comuna agregó -en esa ocasión- que "Amarras era el único lugar no inundado de toda la zona, y que el agua que desplazaba ingresaba profundamente en el casco urbano, afectando zonas densamente pobladas".

La Corte Suprema rechazó ahora los recursos extraordinarios y dejó en pie la decisión de 2019 de los jueces del STJ Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Martín Carbonell, quienes señalaron que quedó "efectivamente patentizada la existencia de una alteración negativa del medio ambiente", y por eso solicitó la "la recomposición del ambiente volviendo las cosas a su estado anterior".

La decisión se basa en "la prevención del daño futuro", en "la recomposición de la polución ambiental ya causada" y en generar "un resarcimiento pecuniario" por los "daños irreversibles".

Por ende, la empresa "Altos de Unzué", encargada de la construcción, y la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, donde se construyó el barrio privado, tienen 180 días para el desmantelamiento de la zona.

El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, abrió este viernes una investigación formal contra el presidente Jair Bolsonaro, quien deberá responder por el delito de prevaricato por supuestamente haber estado al tanto de un caso de corrupción en la compra de vacunas Covaxin y no haberlo denunciado a las autoridades judiciales.

La decisión fue publicada a las 22.30, durante el partido Brasil-Chile por los cuartos de final de la Copa América 2021, y ordena a la Policía Federal que se encargue de interrogar al presidente en el escándalo por sobrefacturacion de un contrato de vacunas indias contra el coronavirus.

La jueza de la corte Rosa Weber tomó la decisión luego de que la fiscalía general de la República pidiera la apertura de la investigación.

El caso tiene relación con la denuncia del encargado de importación de vacunas del MInisterio de Salud, Ricardo Miranda, hermano del diputado bolsonarista Luis Miranda, quien dijo haber recibido presiones por parte del ala política de la cartera para firmar rápidamente un contrato con 1.000 por ciento de sobrefacturación en la compra de vacunas Covaxin.

Los hermanos Miranda relataron bajo juramento a la comisión del Senado, que investiga al gobierno en su rol en la pandemia, que le avisaron a Bolsonaro del escándalo el pasado 20 de marzo, pese a lo cual el mandatario no hizo la denuncia que debía a la Policía Federal.

El contrato se interrumpió esta semana tras el escándalo.

La decisión de Weber ocurre horas antes de que este sábado, en más de 300 ciudades del país, la oposición se junte para reclamar la renuncia y el juicio político del presidente ultraderechista.

La solicitud había sido hecha al mediodía por el subprocurador general de la República, Humberto de Medeiros, y es el acto judicial más importante sobre corrupción vinculado al actual presidente.

El diputado bolsonarista Miranda, del oficialista partido Demócratas, y su hermano, Ricardo Miranda, funcionario de carrera encargado de importaciones en el Ministerio de Salud, dijeron bajo juramento ante la comisión investigadora del Senado que le avisaron a Bolsonaro de la sobrefacturación de 1.000 por ciento en la compra de Covaxin el 20 de marzo en el Palacio del Planalto.

El pedido busca establecer si el mandatario ultraderechista, sabiendo del delito, no activó a la Policía Federal para investigar la denuncia, en la que aparece vinculado por su poder de cabildeo el líder del Gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros, exministro de Salud de Michel Temer.

El Gobierno de Bolsonaro dijo que avisó dos días después, el 22 de marzo, al entonces titular de la cartera sanitaria, general Eduardo Pazuello, hoy secretario especial de la Presidencia tras ser expulsado del cargo el 23 de marzo.

El contrato con empresas tercerizadas para comprar vacunas Covaxin fue suspendido esta semana, tras la explosión del escándalo, tres meses después de esa reunión entre los hermanos Miranda y Bolsonaro en la Casa de Gobierno.

El diario O Globo apuntó a que existe temor en el Palacio del Planalto de que el diputado Miranda tenga la grabación del encuentro que tuvo con el mandatario.

El fiscal general, Augusto Aras, muy cercano al presidente, había pedido al Supremo Tribunal Federal esperar que la comisión del Senado termine de investigar para tomar el caso.

Pero la jueza suprema Weber le envió un escrito diciendo que la fiscalía general no podía ser apenas un "mero espectador" de posibles delitos cometidos.

Este escándalo sobre Covaxin fue el primero en explotar durante junio y le sigue otro en el cual la empresa estadounidense Davati, dedicada a insumos médicos, denunció a un director de logística del Ministerio de Salud por pedirle 1 dólar de coima por cada vacuna AstraZeneca que fue ofrecida en forma tercerizada, en un contrato que no llegó a cumplirse.

El fiscal general Aras había desestimado el jueves denunciar a Bolsonaro por omisiones en la compra de fármacos durante 2020, cuando retrasó las adquisiciones de dosis de CoronaVac y Pfizer debido a sus cuestionamientos a la vacunación.

Pero esta vez, parte del Supremo Tribunal Federal ha coincidido en la necesidad de investigar al Poder Ejecutivo a la luz de las revelaciones de la comisión parlamentaria del Senado.

La respuesta de Bolsonaro

Bolsonaro dedicó este viernes declaraciones, discursos oficiales, diálogo con sus seguidores y un vivo de Facebook para acusar a tres jueces de la corte que se reunieron oficialmente con líderes de partidos políticos -incluidos los que apoyan a Bolsonaro en el Congreso- para ratificar la transparencia del sistema de urna electrónica que Brasil usa desde 1996.

"Si me ganan con fraude el año que viene, no entregaré la banda presidencial a otro", dijo el jefe de Estado, quien sostuvo que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva apenas puede ganar "si no se incorpora el voto impreso".

Este viernes Bolsonaro dijo que Lula está articulando apoyos con partidos políticos, prometiendo ministerios a cambio de que no apoyen el reclamo oficialista de cambiar el sistema electoral bajo denuncias de fraudes pasados de los que hasta ahora no presentó pruebas.

"Si me ganan con fraude el año que viene, no entregaré la banda presidencial a otro"

JAIR BOLSONARO

La apertura de la investigación se suma al "superpedido" de impeachement por 123 violaciones a la Constitución que presentaron la oposición, de derecha e izquierda, ante el Congreso.

En un juego de presiones y equilibrios, el encargado de autorizar el juicio político es el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP), quien dijo que no existe "materialidad" de Bolsonaro en los delitos presentados.

La presión para que Lira saque del cajón el pedido de impeachment será ejercida en las calles este sábado, con una manifestación, la cuarta en 60 días, pidiendo la renuncia de Bolsonaro, convocada tanto por la izquierda como por parte de la oposición derechista.

Eduardo Casal, procurador interino puesto a dedo por Mauricio Macri, dio la sorpresa cuando dictaminó en contra de la intervención del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño como instancia de revisión sobre las Cámaras de Apelaciones de la justicia civil y comercial con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

Es que era un problema más allá de la causa del Correo Argentino, después de una presentación de SOCMA de los Macri que tuvo acogida en el TSJ- y se basaba en un antecedente por la causa "Levinas", que había arribado a revisión de la Corte. Desde el 13 de marzo, la Procuración tenía en sus manos el dictamen al respecto.

"No tiene competencia para revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil", fue la conclusión de Casal que deja en falsa escuadra a los jueces Inés Weinberg de Roca, Santiag o Otamendi y Marcela De Langhe que no solo se inclinaron por intervenir en esa causa, sino que reiteraron el criterio en "Esuvial" y en "Correo".

Esta opinión obviamente incide en el expediente de alto voltaje político como es el concurso de acreedores de la firma de los Macri y va en sentido contrario a la intención de las controlantes de la residual Correo para colocar al TSJ por encima de la decisión de la Cámara Comercial que debe revisar si la jueza Marta Cirulli decreta la quiebra y si la hace extensiva al holding de los Macri.

Según informó el periodista Gabriel Morini se espera que esta misma semana el dictamen -no vinculante- regrese a la Corte, donde aunque reconocen que es un tema pendiente, no se espera un fallo antes del comienzo de la feria judicial de invierno. La opinión de Casal es también un gesto de descompresión hacia la furia que había desatado el TSJ en la justicia nacional que cerraba filas para "ignorar" las directivas que emanaban de ese tribunal y no le reconocían competencia para revisar sus decisiones como paso previo a deducir un recurso extraordinario ante la Corte.

Esa es la médula de la discusión jurídica. Si la Corte delimita el margen de acción del TSJ es el siguiente paso que debería llegar en formato de sentencia."No incumbe al Poder Judicial realizar por vía pretoriana traspasos de competencias nacionales a la Ciudad -dictaminó Casal- lo que equivale a arrogarse mayores facultades que las que le han sido conferidas expresamente, e invadir de ese modo la órbita de competencias exclusivas del Congreso".

Hacía referencia a los convenios firmados en el legislativo respecto al traspaso, pero también desliza que ningún departamento del Estado podría recorrer este camino, al menos de manera "lícita". Casal analizó la aplicación del precedente "Bazan" de la Corte (de la familia de fa llos que delinearon mayor autonomía a la CABA) pero consideró que debió analizarse de forma estricta a lo planteado allí, donde se dirimió qué tribunal debía definir un conflicto de competencia.

Dicha cuestión no será definitiva hasta un fallo de Corte, pero debilita el argumento del clan Macri para hacer intervenir al TSJ en Correo y alienta la rebelión en ciernes para que los jueces desoigan al tribunal porteño, exponiendo aún más a los tres jueces que lo avalaron.

La vicepresidenta Cristina Kirchner recurrió en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que las causas por espionaje ilegal en el macrismo sigan bajo la órbita de la justicia federal de Lomas de Zamora y no pasen a Comodoro Py.

Lo hizo a través de un recurso de queja directa presentado en su rol de querellante por su abogado Carlos Beraldi ante el máximo tribunal del país, según el escrito al que tuvo acceso Télam.

"Resulta imprescindible que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en el caso y, de forma inmediata, emita una resolución que garantice el enjuiciamiento y la sanción de las maniobras delictivas denunciadas ante los Tribunales que por ley resultan competentes", argumentó.

"La decisión adoptada puede determinar el entorpecimiento de una investigación de una gravedad institucional inédita"

Beraldi pidió que se revea el fallo de la sala IV de la Cámara Federal de Casación que dejó firme la decisión del pase de las causas por espionaje ilegal en la que están procesados los ex titulares de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora a los tribunales de Retiro.

"Se ha efectuado una indebida interpretación de las normas reglamentarias de la garantía del juez natural", sostuvo el abogado.

Además, advirtió que "la decisión adoptada puede determinar el entorpecimiento de una investigación de una gravedad institucional inédita, con el consecuente riesgo de que hechos que socaban la vigencia misma del sistema democrático puedan quedar en la impunidad".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó hoy por unanimidad una de las condenas contra Milagro Sala luego de rechazar un recurso de queja presentado por la defensa de la militante kirchernista. Por unanimidad, el tribunal ratificó la sentencia a dos años de prisión por amenazar a policías de una comisaría de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Esta sentencia había sido confirmada por la Corte Suprema de Jujuy.

La defensa de Sala apeló al máximo tribunal del país que hoy rechazó el planteo. "Contrariamente a lo afirmado por la defensa, la sentencia apelada examinó las cuestiones sometidas a su conocimiento", sostuvieron los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. "Resulta un claro déficit de fundamentación del recurso que el agravio se haya presentado a partir de premisas abstractas y genéricas", agregaron.

Es la primera condena que queda firme contra Sala, quien estuvo detenida en una cárcel en Jujuy y luego bajo prisión domiciliaria. El expediente estaba cerca de prescribir. La fecha límite era el próximo lunes.

A diferencia de lo que ocurrió con el ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone, el máximo tribunal fundamentó su decisión contra Sala en un fallo de 12 páginas. En el expediente de Boudou, la Corte aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial que rechaza directamente y sin explicaciones una queja cuando no está fundamentada esa presentación. Se trata de un recurso que la Corte utiliza a menudo y desde hace años pero que generó críticas en el caso de Boudou.

Sala tiene otras condenas que todavía no están firmes y se encuentran apeladas. Una es a 13 años de prisión por el delito de asociación ilícita por el desvío de 60 millones de pesos destinados a cooperativas para la construcción de viviendas sociales. Otra es a cuatro años de prisión por lesiones graves contra otro dirigente social de la provincia en 2006. Por esas causas, y otras que se investigan, la Corte Suprema tiene una decena de planteos por resolver.

La causa contra Sala es por un hecho que ocurrió el 13 de octubre de 2014. Ese día María Belén Vargas denunció que otra mujer vendía en una feria de San Salvador de Jujuy ropa interior que le había robado a su mamá. Pero por la disputa fue ella que la quedó detenida. La madre de Vargas le pidió ayuda a Sala para que intervenga por su hija.

La líder de la Tupac Amaru llamó a la comisaría y según la acusación que llegó a juicio oral amenazó a dos policías de la Comisaria Seccional N° 56, dependiente de la Unidad Regional N° 7. Llamó por teléfono a la seccional. "Son una manga de maricones y que van a tener noticias porque voy a poner una bomba y voy a hacer volar a todos", dijo Sala según la denuncia penal fue presentada por la Comisario, Ángela Silvina Cabero.

En una segunda llamada a Cabrero, ya a su teléfono celular le dijo: "son una manga de incompetentes, cuando le ponga yo una bomba me van a conocer a mí, los voy a hacer volar a la mierda, ya me van a conocer".

La dirigente social fue enviada a juicio oral y en diciembre de 2017 fue absuelta por mayoría por el Tribunal en lo Criminal 2 por el beneficio de la duda. Pero luego la Cámara de Casación revocó esa decisión y la condenó a tres años y dos meses de prisión por el delito de amenazas. La causa siguió y en julio de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy confirmó la condena pero redujo la pena a dos años.

Con ese fallo, la defensa de Sala apeló a la Corte Suprema y objetó distintos aspectos del fallo del máximo tribunal de Jujuy. Sostuvo que no analizó toda la prueba y que fue arbitrario en su decisión y fundamentación.

Pero los jueces del máximo tribunal rechazaron los argumentos. Primero señalaron que la apelación era improcedente porque ni cumplía los requisitos administrativos. Pero también avalaron el fallo desde lo jurídico. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, había dictaminado por rechazar la apelación de Sala.

Los cinco jueces de la Corte Suprema sostuvieron que sus pares de Jujuy fundaron "las razones por las que rechazaba los planteos de la defensa". "En tal sentido, señaló por qué no podía entenderse vulnerado el principio de inmediación, valoró las pruebas por medio de las cuales debían tenerse por acreditados los hechos y la responsabilidad penal de la acusada, justificó la calificación legal impuesta y redujo la pena oportunamente determinada", agregaron.

"Por todo ello, el agravio planteado prescinde de las constancias de la causa, y no ha demostrado una vulneración al derecho a la revisión amplia de la sentencia condenatoria reconocido por este Tribunal, agregaron. Así, los magistrados concluyeron, detalló Infobae que "no se ha demostrado mínimamente la conformación de alguno de los supuestos habilitantes de la competencia extraordinaria de esta Corte".