La novedad principal del fallo de este viernes es que ratifica la decisión de la Corte y deberá realizarse un nuevo juicio contra Pavón  en Gualeguay en el que no podrá participar ninguno de los letrados que integró el Tribunal del año 2017 ni tampoco quienes actuaron en el Ministerio Público Fiscal.  

Antecedentes

La sentencia recapitula la secuencia de decisiones que ya llevan ocho años de idas y vueltas. En el juicio que se realizó en septiembre y octubre de 2017 en los Tribunales de Gualeguay, Fiscalía y Querella acusaron a Wagner y Pavón como coautores del delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal en concurso ideal con Homicidio Agravado (por alevosía, criminis causa y violencia de género). Subsidiariamente, y como tesis alternativa, acusaron a Pavón como autor de Encubrimiento Agravado de Wagner.

La Sentencia del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay del 17 de octubre de 2017 condenó a Wagner a Prisión Perpetua, pero a Pavón lo declaró autor material y penalmente responsable del Encubrimiento Agravado, condenándolo a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo. Esta decisión se entendió como una absolución implícita respecto de la participación de Pavón en el abuso y homicidio. La familia de Micaela y el MPF apelaron.

Sentencia de Casación y primer fallo del STJ

El 21 de mayo de 2019 la Cámara de Casación Penal hizo lugar a los recursos de casación del MPF y la querella, anulando lo decidido en torno a la intervención de Pavón, y ordenó la remisión de la causa a la instancia de grado para que un Tribunal debidamente integrado realizara un nuevo juicio oral y dictara sentencia ajustada a derecho en relación con Pavón.

Sin embargo, en julio de 2020, la Sala Penal 1 del STJ (integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio) dejó sin efecto lo resuelto por la Cámara de Casación Penal y ratificó la condena por encubrimiento para Pavón. Nuevamente, la familia de Micaela y la Fiscalía apelaron hasta llegar al máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte hizo lugar a esas quejas interpuestas, declarando procedentes los recursos y dejando sin efecto la sentencia dictada en 2020 por el STJ.

Es importante destacar entonces que el fallo de este viernes de la Sala Penal del STJ (integrada por Susana Medina, Laura Soage y Carlos Tepsicho) contradice aquel otro del mismo STJ. Se dicta en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La mirada de la defensa

La defensa de Pavón argumentó que los recursos de casación del MPF y la querella debieron ser declarados inadmisibles. Sostuvo que al haber sido acogida la acusación alternativa (Encubrimiento Agravado) y habiéndose impuesto la pena solicitada para ese delito (cinco años de prisión), la acusación carecía de facultades para recurrir. También alegó que ordenar un nuevo juicio oral importaba una “doble persecución penal” violando la garantía constitucional ne bis in idem.

Esto fue rechazado por la Corte dado que esta garantía solo rige frente a sentencias firmes (pasadas en autoridad de cosa juzgada). En este caso, la sentencia absolutoria respecto al hecho principal fue recurrida y anulada por la Casación debido a graves vicios en la fundamentación. Por lo tanto, no se está ante una sentencia firme, y la anulación no violenta la prohibición de ser perseguido dos veces por el mismo hecho.

La defensa sostuvo que la Casación no demostró la existencia de arbitrariedad en el fallo de juicio y que se había excedido al revalorar la prueba sin inmediatez. El STJ en su fallo de este viernes confirmó que la Casación había identificado numerosos errores argumentales y una arbitraria valoración de la prueba por parte del Tribunal de Juicio. Destacó que incurrió en errores al dividir la prueba entre los imputados, descartar de plano el pacto de silencio, y dejar sin respuesta la pregunta sobre si Pavón se estaba autoencubriendo. Señaló que la conclusión absolutoria fue posible solo por haber considerado los indicios de forma “fragmentada y aislada”, lo cual autoriza la descalificación del fallo por la doctrina de la arbitrariedad. Esta revisión de racionalidad es exigible, especialmente teniendo en cuenta el compromiso de actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

La decisión final del STJ

En concordancia con el mandato de la Corte Suprema este viernes la Sala N° 1 del STJ, por unanimidad resolvió:

RECHAZAR la impugnación extraordinaria interpuesta por la defensa técnica de Néstor Roberto Pavón contra la Sentencia de la Sala I de la Cámara de Casación Penal.CONFIRMAR la sentencia de Casación.Como consecuencia, se ANULA la sentencia del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay en lo que respecta a Pavón.REMITIR la causa al Tribunal de Juicio correspondiente para que un Tribunal debidamente integrado, extremando el rigor en el examen del asunto, proceda a realizar un nuevo juicio oral y dicte una nueva sentencia ajustada a derecho en relación con Pavón.

El fallo de la Corte Suprema

"La verdad que es un fallo que, como lo había ya adelantado Cristina, estaba escrito hace mucho tiempo. Pero más allá de esta circunstancia, que es penosa, verdaderamente penosa, lamentable, no deja de ponernos mal, de angustiarnos. Estamos ante un momento, te diría, prácticamente crítico en la democracia. Como dijo Cristina, esto es un cepo al voto popular. Entonces, partiendo de ese concepto, se puede decir que ya no hay más democracia. Si la persona que a nosotros nos representa genuinamente no va a poder ejercer más cargos públicos, ¿dónde canalizamos nuestro derecho al voto? Se nos está claramente cercenando y eso es algo que creo verdaderamente de alguna manera u otra hay que buscarle la manera de solucionarlo, pero no se puede permitir".

Sobre la causa Vialidad y el contexto político

"La causa de Vialidad es una de las peores causas, es una causa netamente política. El que la ha seguido, y la han seguido muchos juristas —y juristas que incluso, hay que decirlo también, no tienen afiliación partidaria, no se los puede tildar de peronistas ni mucho menos—, han dicho que es una causa que genera un precedente altamente negativo, porque en realidad se está penando la actividad presidencial. Es un hecho inédito esto a nivel, te diría, global, a nivel internacional. Esto va a pasar como un fallo absolutamente vergonzante para la historia jurídica en nuestro país, que es muy rica. La verdad que tenemos un triunvirato de impresentables que se pusieron al servicio del poder hegemónico de este país.

Como ya ha pasado otras veces, porque también hay que decirlo, ha pasado otras veces y no solamente en el peronismo: todas las personas que han querido o que han beneficiado de alguna u otra manera a la población de este país, llámese Frondizi o Illia, han pasado por la cárcel; y Perón, que tuvo que exiliarse y estuvo 18 años proscripto hasta que volvió y fue presidente.

Esto iba a suceder, termina sucediendo hoy cuando ella empieza a tomar el timón y empieza a tratar de organizar al peronismo que estaba un poco diluido, un poco fragmentado en la oposición. Y ella, desde que asumió el PJ a nivel nacional, tomó las riendas del asunto y estaba, me parece, en un excelente camino por recorrer, pensando inclusive no solamente en el 2025, sino también en el 2027. Y no hay ninguna duda que es por eso que la sacan de la cancha, porque en realidad veían claramente la posibilidad de que ella vuelva a construir esa mayoría que tanto se necesita para volver a tener un país que beneficie a todos los argentinos, no a un puñado."

La reacción en el PJ Gualeguay

"Ayer mismo (después del fallo) nos fuimos a nuestra casa, al PJ de acá de Gualeguay, y estuvimos allí reunidos. Y lo que se observa por el momento es mucha tristeza, como una especie de desolación, porque realmente Cristina es nuestra conductora, Cristina es nuestra líder y nuestra principal referente del espacio. Entonces no es grato no saber qué va a pasar de acá para adelante.Si uno realmente no va a poder ejercer su derecho a elección, es algo que duele profundamente. Por eso creo que es algo que nos pone muy sensibles, creo que vamos a tener que organizarnos, ahora más que nunca ni hablar, poner cartas en el asunto y empezar a laburar. Siendo militantes políticos, pero con un norte muy claro que es comprometernos, salir de nuestras zonas de confort, volver a trabajar por ese peronismo que tanto necesita la gente para volver a ser gobierno.

Creo que esto nos va a mover un poquito y va a fortalecer desde ese lado. Pero es verdad que estamos tristes, hay una angustia generalizada. No hay mucho más para decir. Es algo que nos deja a todos medio perplejos, estupefactos  ante esta decisión, que la veíamos venir, pero es duro."

Preocupación por posibles desbordes y acciones a seguir

"Al haber un cepo al voto popular y al no haber la posibilidad de representatividad, que es lo que nos guía en una democracia, tenemos que decir lisa y llanamente que no hay democracia. Y eso genera sin dudas violencia.

Esto lo digo a título personal, ya no como referente de una parte del PJ: para mí esto se resuelve con gente en la calle. Ya no valen más las posibilidades de solución a través de vías democráticas porque ya no hay más vías democráticas. Acá hay que pasar a las vías de hecho. Esto se resuelve con la gente en la calle.

Recuerdo un caso muy clarito que es cuando la Corte quiso instaurar el 2 por 1 para los genocidas, salieron todas las organizaciones sociales, civiles, de derechos humanos en una manifestación que fue apoteótica. Más de un millón de personas y a la Corte no le quedó más remedio que volver sobre sus propios pasos y aceptar lo que la sociedad le dijo.

Hay ciertos límites que no se deberían pasar. Condenar hoy a Cristina en una causa que no tiene ningún tipo de asidero, donde no está llamado a esta causa el ministro de Obras Públicas, donde no están los jefes de Gabinete, donde se ha dicho hasta por expertos juristas que no tienen afiliación partidaria ni se los puede llegar a juzgar de peronista que es una causa que termina condenando por indicios, la verdad, para el que pasó por una facultad puede lícitamente concluir que no hay estado de derecho. Y esto se subvirtió desde el 2015, cuando Macri asume el poder, se produce una fabulosa subversión del estado de derecho. Se permitieron que dos jueces ingresen a la Corte por decreto. Hubo un armador de esta mesa judicial que estuvo prófugo durante 3 años en Uruguay y hoy vuelve sabiendo que va a ser sobreseído. Entonces, mientras que los delincuentes anden en la calle y los que realmente beneficiaron al país estén presos, yo no creo que la posibilidad sea por vías o por canales institucionales.

Eso lo digo a título personal, insisto, me parece que es con la gente en la calle manifestando el descontento y entiendo que tiene que ir por ahí."

El mensaje del fallo y el rol del peronismo

"Creo que este tipo de fallos en contra de la persona de Cristina claramente tienen un mensaje disciplinador para el resto de la dirigencia. Todo aquel que se atreva a tomar medidas populares en favor del pueblo, va a terminar preso. Ese sin duda es el mensaje último y mafioso que tiene este fallo porque en realidad hay que decirlo: es un fallo mafioso que está representando los intereses de una mafia corporativa. La hay en todos los países del mundo porque tampoco vamos a ser tan ingenuos. Pasó algo muy parecido en Brasil y después de un par de años Lula termina quedando en libertad, se demuestra cuando el Juez Moro fue enjuiciado y separado de su cargo y Lula termina siendo presidente. En el país del norte, cualquiera sea el presidente, quienes manejan el gobierno verdaderamente son las corporaciones. Bueno, yo no quiero eso para mi país. Quiero que si elijo un representante, quien ejerza la magistratura o la presidencia de la Nación sea sin duda la persona que lleve adelante la política económica de un país. No quiero que lo manejen al país las corporaciones.

Hay que militar muy fuertemente desde un punto de vista político para tratar de salir de esta encerrona, no tenerle miedo, como dice ella, nosotros ponemos la cara y vamos para adelante.

Esto nos obliga a involucrarnos, a presentarnos en las listas, a las elecciones, ganarlas  y que verdaderamente ganen siempre las mayorías. Eso hay que hacerlo también paralelamente. No tenemos que quedarnos quietos."

La construcción política en Gualeguay

"Acá esto tiene que marcarnos un punto claramente de unidad, en solidaridad para con una compañera que hoy está sufriendo la proscripción. De alguna manera buscar las mejores estrategias para sortearla, para dejarla atrás, que sea algo del pasado. Queremos que Cristina pueda presentarse, que la podamos elegir y nosotros, cada uno en nuestro lugar, en nuestro territorio, tenemos que salir, dar la cara, trabajar, y ser opción para el 2027 acá en Gualeguay, y pelear por la intendencia.

Somos parte de un proyecto colectivo y como tal nos debemos a esa construcción. Quiero dejar clara la solidaridad y el énfasis que uno le pone a este sentido de armar un proyecto colectivo que realmente  cambie este país y nos devuelva la felicidad",

Indicó que "las provincias en general estamos presentandonos apoyando ese planteo del Estado nacional atento a que vamos a sufrir consecuencias patrimoniales por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia".El fiscal explicó que respecto al proceso judicial gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la modificación de la coparticipación, la provincia de Entre Ríos el 24 de abril de 2022 se presentó intentando incorporarse como amicus curiae, "que es una figura que no significa ser parte en un proceso, porque nosotros aún no somos parte, sino que es una especie de colaborador en el sentido de que participa de la formación de la decisión del tribunal, exponiendo su punto de vista dado que tiene un conocimiento directo y técnico de la cuestión".Aclaró que la Corte "no proveyó ese escrito". Asimismo, con posterioridad se dictó la medida cautelar por la cual la "Corte Suprema establece que cautelarmente hay que darle a la provincia de Buenos Aires el 2,9 por ciento de la coparticipación. Es decir que hizo lugar parcialmente a la petición del gobierno de la Ciudad Autónoma".Agregó, que "contra esa resolución la procuración del Tesoro de la Nación interpuso un recurso de revocatoria in extremis, a la par que recusó a los integrantes del máximo tribunal".El fiscal apuntó que "las provincias en general estamos presentándonos apoyando ese planteo del estado nacional atento a que de una manera indirecta vamos a sufrir consecuencias patrimoniales respecto a la sentencia de la Corte".

La vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, junto a 13 gobernadores, otros tres vicegobernadores y el presidente de la Cámara de Diputados de Salta, participaron de un encuentro con el Presidente para ampliar la Corte Suprema a 25 integrantes. 

Los mandatarios provinciales venían desde hace tiempo reuniéndose en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y tratando la modificación del máximo tribunal. 

Los gobernadores apoyan un proyecto que lleve la Corte Suprema a 25 integrantes, en donde todas las provincias del país estén representadas. Además, sostienen que la amplitud debe tener paridad de género y debe ser de “carácter federal”.

Enterado de ese debate, el Presidente convocó a los mandatarios a una reunión en el Salón Eva Perón y que duró 1,10 horas. Fernández arrancó hablando y contó que él tiene un proyecto que discutió con la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, que tenía el visto bueno de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Dijo que el proyecto es “democrático y federal” y marca que la Corte debe tener, como mínimo, 12 mujeres.

En el encuentro no hubo representantes de Córdoba ni de Santa Fe. Tampoco los mandatarios de la UCR: Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes).

Fuente: UNO

En el encuentro, en el cual estuvo presente la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, se abordaron temas relacionados a políticas judiciales de género y se presentó una nueva edición del Mapa de Género de la Justicia Argentina en el marco del “Día Internacional de la Mujer”.A la convocatoria asistieron representantes de los Superiores Tribunales de Justicia de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, con el motivo de evaluar los avances en paridad de género en el sistema judicial.La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM) dio a conocer el Mapa de Género de la Justicia Argentina. El 31% de las máximas autoridades de la Justicia argentina son mujeres y en todo el sistema judicial representan el 57%.

El Poder Judicial de Entre Ríos a través de la Oficina de la Mujer del STJ, realizó por primera vez el Mapa de Género en la provincia. El mismo indica que en el STJ (habiendo 9 cargos), el 67% de sus integrantes son varones y el 33% son mujeres; en la magistratura el 65% son varones y el 35% mujeres; en el funcionariado el 39 % son varones y el 61% mujeres y en el rubro personal administrativo también el 39 % son varones y el 61% mujeres.

Desde el Comité Provincial de la UCR Entre Ríos criticaron la marcha que se hará este martes en contra de la Corte Suprema de Justicia • Consideraron que “se busca destituir la cabeza del Poder Judicial de la Nación o al menos influir en sus decisiones a través de la presión y el ‘apriete’” y advirtieron que “la gravedad del caso se ve incrementada con el acompañamiento a las acciones destituyentes por parte de funcionarios del Gobierno nacional”

“La marcha contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsada por el oficialismo, no implica la reivindicación de derechos o la pretensión de mejorar su funcionamiento. Tampoco son genuinos los pretextos ideológicos que se sostienen para perseguir la destitución de sus miembros”, sostuvieron desde el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical.En cambio, consideraron que “lo que está en juego es la necesidad de lograr la impunidad por actos de corrupción y enriquecimiento de importantes dirigentes políticos y sindicales vinculados al oficialismo”.“Se busca destituir la cabeza del Poder Judicial de la Nación o al menos influir en sus decisiones a través de la presión y el ‘apriete’”, afirmaron, al tiempo que advirtieron que “la gravedad del caso se ve incrementada con el acompañamiento a las acciones destituyentes por parte de funcionarios del gobierno nacional y hasta del propio presidente de la Nación avasallando la división de Poderes y el Estado constitucional de derecho. Hasta la titular del Servicio de Inteligencia del Estado llama a marchar contra la Corte”.“Es inadmisible que el Gobierno nacional se solidarice con esta movilización y la impulse como un claro intento más de desestabilizar, arremeter y controlar al Poder Judicial, como ya nos tiene acostumbrados el kirchnerismo cuando se trata de organismos que controlan su desfasada e inmoral gestión”, manifestaron desde el radicalismo entrerriano.“Desde el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos repudiamos estas actitudes que violatorias del  art. 22 de la Constitución Nacional y de la Ley 23.077 de Defensa de la Democracia y que degradan aún más la democracia republicana y la institucionalidad en nuestro país”. 

(APFDigital)

La única mujer en la actual conformación del máximo tribunal superó los 75 años de edad, tope fijado por la Constitución Nacional reformada en 1994 para ejercer la magistratura, pero continuaba en el cargo gracias a una medida cautelar dictada por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y consentida por el gobierno de Mauricio Macri.

"Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente de la República con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de Jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efectos a partir del 1 de noviembre del corriente año", expresó la magistrada en una misiva dirigida a Alberto Fernández, fechada el pasado 30 de septiembre.

La carta fue publicada en la página web del Centro de Información Judicial (CIJ).

Ese día, el 30 de septiembre, se produjo la votación -de la que ella no participó- en la que Horacio Rosatti fue ungido como nuevo presidente del máximo tribunal.

Highton de Nolasco quedó ofuscada por el procedimiento y por la decisión de sus colegas de desoír su pedido para que se postergara la votación, habida cuenta de que su colega y aspirante también a la presidencia, Ricardo Lorenzetti, estaba participando de un foro internacional y se había excusado de intervenir en el Acuerdo Extraordinario.

Hasta ese día, Highton ejerció la vicepresidencia de la Corte, cargo del que fue desplazada por su colega Carlos Rosenkrantz.

Esa permanencia en el cargo le valió no sólo cuestionamientos internos en el Poder Judicial sino también una causa penal en la que está denunciada junto con Rosenkrantz; el ex ministro de Justicia durante el gobierno de Cambiemos, Germán Garavano, y el ex asesor presidencial en material judicial del ex presidente Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, hoy prófugo de la Argentina y residiendo en Uruguay.

La denuncia fue presentada por la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, una organización encabezada por los abogados Federico Gustavo Méndez y Pablo Gastón Llopart.

Pese al hermetismo en su vocalía, fuentes de la Corte explicaron que en la decisión de Highton de Nolasco influyeron no sólo esos cuestionamientos sino también un pedido familiar a raíz de situaciones privadas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el municipio entrerriano de Pueblo Belgrano (departamento Gualeguaychú) y la empresa constructora del barrio náutico Amarras, donde las obras que se hicieron generaron la crecida del río e inundaciones. De esta manera, la firma deberá desmantelar la obra en 180 días y recomponer las condiciones del ambiente.

La Corte consideró "inadmisibles" los recursos extraordinarios, por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según se lee en el fallo fechado el 5 de agosto. Fue con los votos de los supremos Elena Highton de Nolasco; Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

Los recursos extraordinarios fueron interpuestos por la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, demandada en autos, representada por los abogados Martín Julián Acevedo Miño y Pablo Daniel Fernández, y por Altos de Unzué SA, codemandada, representada por Claudio García Tricoli, con el patrocinio letrado de los doctores Luis María Campos y Pablo Manili. La demanda fue presentada por el exsenador provincial Julio Jesús Majul, con el patrocinio letrado de Juan Ignacio Weimberg, Selva Chesini y Luis Leissa.

En julio de 2019, la Corte Suprema dejó sin efecto una sentencia provincial, que había rechazado la acción de amparo de cese de obras y permitía continuar los trabajos, y le ordenó hacer lugar a lo peticionado. Ante esto, en octubre de ese año, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos ordenó la "demolición y desmantelamiento y recomposición del ambiente, volviendo las cosas a su estado anterior", tras detectar "la alteración negativa del medio ambiente".

A su vez, la Municipalidad de Gualeguaychú había pedido la "paralización y demolición" del barrio, ya que "las obras de elevación de la tierra habían provocado la crecida del río y la evacuación de más de 150 personas" en varias ocasiones.

"La crecida repentina también generó que lugares emblemáticos, como el Parque Unzué, la costanera, caminos turísticos, clubes, playas, campos y barrios de la zona de la costanera y el puerto, quedaran bajo agua", afirmaron.

La comuna agregó -en esa ocasión- que "Amarras era el único lugar no inundado de toda la zona, y que el agua que desplazaba ingresaba profundamente en el casco urbano, afectando zonas densamente pobladas".

La Corte Suprema rechazó ahora los recursos extraordinarios y dejó en pie la decisión de 2019 de los jueces del STJ Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Martín Carbonell, quienes señalaron que quedó "efectivamente patentizada la existencia de una alteración negativa del medio ambiente", y por eso solicitó la "la recomposición del ambiente volviendo las cosas a su estado anterior".

La decisión se basa en "la prevención del daño futuro", en "la recomposición de la polución ambiental ya causada" y en generar "un resarcimiento pecuniario" por los "daños irreversibles".

Por ende, la empresa "Altos de Unzué", encargada de la construcción, y la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, donde se construyó el barrio privado, tienen 180 días para el desmantelamiento de la zona.

El martes por el mediodía, la Corte Suprema de Justicia se expidió sobre la causa de las clases presenciales y falló a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta manera, los alumnos de CABA volverán a las aulas. La decisión despertó el repudio por parte del oficialismo, entre ellos Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el propio ministro de Educación, Nicolás Trotta. Además, Victoria Donda utilizó su cuenta de Twitter para cruzar la Corte Suprema.

La titular del INADI utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto de la vuelta a la presencialidad de las clases. En el proceso no se privó en criticar a la Corte Suprema de Justicia por la decisión que tomó con su fallo. "¿Desde cuándo la Justicia decide las medidas sanitarias que un presidente puede tomar en medio de una emergencia de carácter internacional?", comenzó escribiendo en el tweet.

Por otro lado, continuó hablando sobre que había que priorizar la vida y la salud en situaciones como la que estamos transitando actualmente. "La defensa de la salud, la vida y las instituciones democráticas están por sobre todo lo demás", concluyó terminante la funcionaria.

A su vez, Donda bloqueó las respuestas de los usuarios en Twitter. Es decir, únicamente podrán responder a sus dichos aquellas personas a las que ella siga o aquellas que mencione en el posteo.

"La familia considera que existe material probatorio suficiente, que no fue analizado por la Justicia correctamente para rever la responsabilidad de Pavón como coautor en la violación y el femicidio de Micaela", dice un comunicado.

La presentación se dio en el marco del proceso penal que determinó el grado de responsabilidad de Sebastián Wagner y Néstor Pavón, frente a la violación y el femicidio ocurrido en abril de 2017.

Ante el máximo tribunal de justicia nacional, el cuerpo de abogados para víctimas de violencia de género de la Nación, señaló que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos se negó a recurrir a esa última instancia.

"La familia considera que existe material probatorio suficiente, que no fue analizado por la Justicia correctamente para rever la responsabilidad de Pavón como coautor en la violación y el femicidio de Micaela", dice un comunicado emitido este jueves desde la fundación que lleva el nombre de la joven entrerriana.

Cabe recordar que la Cámara de Casación solicitó la apertura de un nuevo juicio para determinar la responsabilidad de Pavón, en concordancia con el pedido de la familia y la fiscalía para que el caso no se cierre.

Comunicado

La familia de Micaela García eleva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el caso de femicidio de "la Negra".

El día lunes 01 de febrero, la familia de la joven Micaela García elevó en queja el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, patrocinada por el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género de la Subsecretaria de Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

La presentación se da en el marco del proceso penal que determinó el grado de responsabilidad de Sebastián Wagner y Néstor Pavón, frente a la violación y el femicidio que sufrió Micaela.

En la presentación que se realizó ante el máximo tribunal de justicia nacional, se señala que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos negó a los familiares y la sociedad movilizada por lo sucedido con Micaela, recurrir a esa última instancia. El recurso en queja aduce, además, "arbitrariedades y falta de perspectiva de género, mostradas en la valoración y juzgamiento" por parte del tribunal para rechazar el Recurso Extraordinario Federal (REF).

Micaela García fue víctima de violación y femicidio en abril de 2017, en la localidad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos.

La familia considera que existe material probatorio suficiente, que no fue analizado por la justicia correctamente para rever la responsabilidad de Néstor Pavón como coautor en la violación y el femicidio de Micaela.

Cabe recordar que la Cámara de Casación solicitó la apertura de un nuevo juicio para determinar la responsabilidad de Pavón, en concordancia con el pedido de la familia y la fiscalía para que el caso no se cierre como pretende el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Néstor Pavón se encuentra en libertad desde el 24 de agosto de 2020, también por decisión del Superior Tribunal.

El caso de Micaela fue fundamental en la visibilización de la falta de perspectiva de género en la justicia y en el conjunto del Estado. Tal es así que en 2018 fue sancionada la Ley 27.499 que lleva su nombre y obliga a la capacitación en esta temática a todas las personas que se desempeñan en cualquiera de los tres poderes de la administración pública. Los objetivos de la Ley Micaela resuenan, además, en universidades, sindicatos, empresas y clubes deportivos. "La Negra" se convirtió en bandera y estandarte de la lucha contra la violencia hacia las mujeres pero, sin embargo, la justicia entrerriana sigue haciendo oídos sordos al reclamo de justicia.

Este último agosto de 2020, Micaela hubiera cumplido tan solo 25 años. Su familia, aún busca completar el proceso de justicia a la vez que se compromete con la transformación cultural y social que la erradicación de la violencia de género exige

A pocas horas de que se cumpla el primer año de gobierno de Alberto Fernández, su vicepresidenta, Cristina Kirchner, publicó una nueva carta pública titulada "A un año... balance" en la que no mencionó al primer mandatario y criticó con dureza al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia.

En la carta, Cristina Kirchner hizo un repaso de su trabajo como titular del Senado, destacó que la Cámara alta sesionó 32 veces y que se aprobaron 40 leyes. En tanto, resaltó que "en su ámbito, el Poder Ejecutivo sin duda ha hecho un gran esfuerzo para afrontar dos tragedias. Una anunciada y otra inesperada. La primera: la economía arrasada del macrismo. La segunda: la pandemia inédita".

"Sobre un sistema de salud prácticamente abandonado por el macrismo y contra-reloj, se pudo rearmar un dispositivo y una infraestructura sanitaria que permitió que a ningún argentino o argentina le falte una cama, un respirador o un médico cuando lo necesitó por esta verdadera desgracia del Covid", sostuvo la ex presidenta.

En tanto, Cristina Kirchner aseguró que "se logró reestrucuturar en un 99% la deuda externa en manos de bonistas privados que, como ya sabemos, dejó el gobierno de Cambiemos. Y, al mismo tiempo, con el IFE y el ATP se sostuvo durante la pandemia a los más vulnerabilizados y al trabajo registrado y, obviamente, también a las empresas que lo brindan".

Con este párrafo se terminaron las celebraciones por los logros del Gobierno en su primer año y empezó una dura crítica al Poder Judicial, en general, y a la Corte Suprema en particular: "Sin embargo, no se puede decir lo mismo del otro Poder del Estado: el Poder Judicial. Representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa".

En ese sentido, Cristina Kirchner advirtió que "a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una Justicia adicta", hizo un repaso por los nombramientos de Néstor Kirchner para el máximo tribunal y los comparó con los designados por Mauricio Macri para completar la Corte Suprema.

En esa línea, sostuvo que con este panorama, "a nadie debería extrañarle entonces, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno".

"Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno... O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar", aseguró.

En tanto, concluyó: "De los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones. Sólo un Poder es perpetuo. Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Si ese Poder... Además de ser perpetuo... Además de no ir jamás a elecciones... Además de tener la palabra final sobre la vida, el patrimonio y la libertad de las personas por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo... Si además de todo eso, ese Poder sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos a control alguno... Bueno... Si esto sigue sucediendo en nuestro país, estaremos muy lejos de construir la República y la Nación que, estoy segura, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas".

La carta completa:

Mañana 10 de diciembre, vamos a sesionar una vez más en el Senado de la Nación. Desde que asumimos, hace exactamente un año, ya lo hicimos 32 veces.

Hace 13 años que no se realizaban tantas sesiones en este cuerpo legislativo.

Cuando comenzamos la pandemia -allá por el mes de marzo- se nos presentó un desafío inédito: teníamos que crear una nueva forma de funcionamiento para poder seguir trabajando y, al mismo tiempo, teníamos que cuidar la vida de todos y todas.

Y la verdad es que gracias al compromiso de los trabajadores y las trabajadoras legislativas, el 13 de mayo tuvimos nuestra primera sesión remota de la historia.

De esta manera, pudimos adaptar el trabajo parlamentario y los procesos administrativos a esta nueva modalidad para seguir funcionando, aún en este contexto que no sólo no pudimos prever, sino que ni siquiera pudimos imaginar.

¡Pero ojo! No fueron sólo las 32 sesiones. En este año se hicieron 215 reuniones de comisión, en las que participaron 284 expositoras y expositores invitados. No hay registros históricos de semejante actividad legislativa.

Aprobamos 40 leyes y dimos media sanción a 87 proyectos de ley que fueron remitidos a la Cámara de Diputados. Entre ellos, todos los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Senado.

Presupuesto 2021

Sostenibilidad de la deuda

Solidaridad social y reactivación productiva

Aporte solidario extraordinario

Protección y beneficios al personal de Salud

Fondo nacional de la Defensa

Capitales Alternas

Reforma del Ministerio Público

Manejo del fuego

Góndolas

Etiquetado frontal

Alquileres

Cuidados paliativos

Telesalud

Receta electrónica

Economía del conocimiento

Grooming

Teletrabajo

Fibrosis quística

Educación a distancia.

Leyes a favor de los argentinos y las argentinas, para ampliar derechos, hacerle frente a la pandemia, cuidar la economía, fortalecer el federalismo y defender nuestra soberanía.

Cumplimos, como siempre, con todas nuestras responsabilidades.

En su ámbito, el Poder Ejecutivo sin duda ha hecho un gran esfuerzo para afrontar dos tragedias. Una anunciada y otra inesperada. La primera: la economía arrasada del macrismo. La segunda: la pandemia inédita.

Sobre un sistema de salud prácticamente abandonado por el macrismo y contra-reloj, se pudo rearmar un dispositivo y una infraestructura sanitaria que permitió que a ningún argentino o argentina le falte una cama, un respirador o un médico cuando lo necesitó por esta verdadera desgracia del COVID.

Se logró reestructurar en un 99% la deuda externa en manos de bonistas privados que, como ya sabemos, dejó el gobierno de Cambiemos.

Y, al mismo tiempo, con el IFE y el ATP se sostuvo durante la pandemia a los más vulnerabilizados y al trabajo registrado y, obviamente, también a las empresas que lo brindan.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo del otro Poder del Estado: el Poder Judicial. Representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa.

Y que a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una Justicia adicta. Todo lo contrario: somos la fuerza política que en el 2003, con el 22% de los votos, denunciamos la extorsión de lo que se conocía como la "mayoría automática de la Corte", dando inicio a un proceso virtuoso que culminó con la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas.

De aquella Corte, hoy no queda absolutamente nada. De los 4 miembros que propuso Néstor Kirchner, la Dra. Carmen Argibay (magistrada independiente si las hubo) falleció y el Dr. Zaffaroni, reconocido a nivel internacional como uno de los mejores penalistas del mundo, renunció al cumplir los 75 años de edad en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 99, inc. 4 de la Constitución Nacional y de la propia jurisprudencia de la Corte que integraba.

La descripción de los hechos que protagonizaron los dos restantes miembros propuestos por Néstor para integrar la Corte, me eximen de mayores comentarios.

Uno de ellos es el que se fotografiaba con el Juez brasileño Sergio Moro y con Claudio Bonadío. El primero -Sergio Moro- es el que sin pruebas metió preso al ex presidente del Brasil, Inacio Lula Da Silva, impidiéndole ser candidato a presidente y posibilitando la llegada al poder de Jair Bolsonaro, quien lo premió designandolo, en un escándalo sin precedentes, como su Ministro de Justicia. El segundo nunca rindió un exámen para ser magistrado e integro la célebre lista de los "jueces de la "servilleta". Bonadío se autodefinía como un practicante del "derecho penal creativo": aberración jurídica si las hay y auténtico eufemismo del lawfare y la persecusión a dirigentes populares.

Este mismo integrante de la Corte, el que se fotografiaba con Moro y Bonadío, fue Presidente de ese cuerpo hasta el año 2018 y en una reunión de jueces federales de Comodoro Py, les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y ex funcionarios kirchneristas. Lawfare al palo.

La otra integrante que Néstor propuso, no sólo no renunció a su cargo al cumplir los 75 años de edad -como lo hiciera el Dr. Zaffaroni-, sino que además recurrió a un Juez de primera instancia para que le permitiera permanecer en el cargo en acuerdo con el Gobierno de Cambiemos -que no apeló aquella resolución judicial- y en abierta violación a la jurisprudencia de la misma Corte Suprema y a lo dispuesto por la Constitución Nacional.

El macrismo en el Poder completó la fotografía de la Corte actual, cuando a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia intentó nombrar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como miembros de la Corte Suprema.

Lo más terrible de aquel episodio fue que quienes debían garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en todo el País, aceptaron ser designados por decreto sin cumplir lo que prescribe la Constitución Nacional y las leyes, que exigen un procedimiento determinado y preciso para cubrir las vacantes de la Corte.

Por si todo ello fuera poco, en el año 2018, Carlos Rosenkrantz, uno de los dueños del estudio jurídico cuya cartera de clientes esta conformada por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros en el país, fue designado Presidente de la Corte Suprema Justicia de la Nación. No se recuerda algo semejante en la historia del Poder Judicial de la Nación.

Hoy, la Corte esta integrada por esos cuatro funcionarios más el Dr. Juan Carlos Maqueda, histórico dirigente político del peronismo cordobés, propuesto por el Dr. Eduardo Duhalde, durante su breve interinato como presidente.

Estos cinco funcionarios deciden hoy sobre la vida, sobre el patrimonio y la libertad de las personas que habitan nuestro país.

A nadie debería extrañarle entonces, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno.

Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno... O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar.

De los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones.

Sólo un Poder es perpetuo.

Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Si ese Poder...

Además de ser perpetuo...

Además de no ir jamás a elecciones...

Además de tener la palabra final sobre la vida, el patrimonio y la libertad de las personas por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo...

Si además de todo eso, ese Poder sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno...

Bueno... Si esto sigue sucediendo en nuestro país, estaremos muy lejos de construir la República y la Nación que, estoy segura, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas.

La Corte Suprema de Justicia decidió esta tarde abrir el per saltum que presentaron los tres jueces desplazados por el oficialismo, y definirá el futuro de los magistrados.

Tras varias horas de discusión, los supremos decidieron analizar el tema, por lo que se hará cargo de decidir qué pasará con Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruiglia y Germán Castelli.

Al aceptar el per saltum de los tres jueces desplazados por el oficialismo, suspendió por el momento los traslados de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, aunque aclaró que eso no implica expedirse sobre la cuestión de fondo.

"Sin que implique pronunciarse sobre el fondo de la cuestión sometida a este tribunal, se declara admisible el recurso extraordinario por salto de instancia, con efecto suspensivo de la sentencia recurrida", afirmó la Corte en su fallo. "Sin que implique pronunciarse sobre el fondo de la cuestión sometida a este tribunal, se declara admisible el recurso extraordinario por salto de instancia, con efecto suspensivo de la sentencia recurrida", afirmó la Corte en su fallo.

La Corte contempló los planteos de los tres magistrados: el que elevó Castelli y los que impulsaron Bertuzzi y Bruglia, de manera conjunta. Los jueces pidieron que se declare la "inconstitucionalidad y nulidad de la resolución" del Consejo de la Magistratura que ordenó revisar sus traslados.

La decisión de la CSJ se da un día después de que los dos jueces de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Guillermo Treacy y Jorge Alemany, pidieran que se designe a un tercer magistrado que pueda desempatar y definir si se acepta o se rechaza el amparo de Bruglia y Bertuzzi. Este martes, por sorteo, ese lugar recayó en la magistrada Clara Do Pico.

Antes, el fiscal ante esa Cámara, Rodrigo Cuesta, se opuso a convalidar el recurso de amparo de esos camaristas contra la decisión de desplazarlos.