La justicia entrerriana dictó sentencia en el caso que conmocionó a la localidad de Larroque. El acusado del asesinato de un hombre de 70 años fue condenado a la pena de 11 años de prisión efectiva. El tribunal lo encontró responsable del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

El hecho que llegó a juicio ocurrió durante la madrugada del 25 de diciembre de 2024. En el marco de los festejos por Navidad, el ahora condenado realizó una serie de disparos con un arma de fuego. Uno de los proyectiles impactó en el cuerpo de un jubilado que se encontraba en las inmediaciones de la celebración.

A pesar de los esfuerzos médicos y de haber sido trasladado de urgencia a un centro de salud, la víctima falleció poco después debido a la gravedad de la herida recibida en la zona del tórax.

Durante el proceso judicial, se presentaron testimonios y pruebas periciales que confirmaron la autoría del disparo. La fiscalía había solicitado una pena mayor, mientras que la defensa intentó encuadrar el hecho bajo una figura penal más leve, argumentando la falta de intención de matar.

Sin embargo, el tribunal consideró que el imputado actuó con un desprecio total por la vida ajena al manipular y accionar un arma cargada en un lugar con alta concurrencia de personas. La resolución destacó los siguientes puntos clave:

El fallo generó una fuerte respuesta en la comunidad de Larroque, donde la víctima era una persona muy querida y respetada. Familiares y amigos del jubilado, que realizaron diversas marchas pidiendo justicia desde el momento del crimen, manifestaron su conformidad parcial con la sentencia, aunque recalcaron que nada devolverá la vida de su ser querido.

El condenado, cuya identidad fue reservada en los reportes iniciales pero confirmada durante la lectura del veredicto, permanecerá bajo custodia policial hasta que se realice su traslado definitivo a la cárcel correspondiente. Con esta resolución, la justicia busca cerrar un capítulo doloroso para la localidad, reafirmando el castigo ante el uso indiscriminado de armas de fuego.

Crónica de un ataque feroz

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 10:00 AM. Según las primeras informaciones, la víctima se encontraba en su vivienda mientras su padre permanecía en el patio de la propiedad. En un lapso de pocos minutos, al ingresar a la casa, el hombre se encontró con una escena desoladora: su hija yacía sin vida, víctima de múltiples golpes propinados con un elemento contundente.

Afortunadamente, los cuatro hijos de Vanesa no se encontraban en el lugar al momento del ataque.

El sospechoso: un vecino prófugo

La investigación apunta directamente a un hombre de 51 años, quien sería el propietario de un bar lindante a la vivienda de la víctima. Tras el ataque, el sospechoso se dio a la fuga, lo que motivó que la policía local irradiara una alerta de búsqueda intensa en toda la ciudad y zonas rurales aledañas.

Intervención Judicial y Policial

En el lugar del crimen trabajó personal de la Jefatura Departamental Gualeguay, bajo la supervisión del subjefe Mauricio Ferreyra, junto a peritos de Criminalística para recolectar evidencia clave y el médico forense de la Policía local, Luis María Migueles.

La causa quedó a cargo del Ministerio Fiscal Nº 2, con la intervención de la auxiliar Dra. Josefina Beherán y el fiscal titular Dr. Rodrigo Molina. Hasta el cierre de esta edición, el operativo cerrojo continúa activo para dar con el paradero del presunto femicida.

En tanto que en el transcurso de estas horas  se efectuará la autopsia a la víctima para determinar fehacientemente las causas y características de su deceso.

El joven de 20 años, que tenía pedido de captura internacional, fue interceptado cuando intentaba ocultarse en la parte trasera de un camión tráiler a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur. Según informaron las autoridades, el acusado había cruzado la frontera desde Bolivia hacia Perú de manera ilegal, utilizando celulares y chips alternados para evitar ser rastreado.

En paralelo, también fue capturado Martín Ozorio, otro de los implicados en la causa. Su detención se mantuvo en reserva durante algunas horas para no alertar al principal sospechoso y asegurar el éxito de la operación.

El operativo se desarrolló bajo la coordinación del general Santos Villalta, jefe de la dirección Antidrogas de Perú, el coronel Hebert Troya Achaa y efectivos de la DDI de la Policía Bonaerense.

Durante su traslado a la Dirección Antidrogas, “Pequeño J” habló brevemente con la prensa y rechazó cualquier participación en el hecho:—“Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie. Tienen que encontrar al culpable porque yo no tengo nada que ver”, afirmó.

Fuentes judiciales confirmaron que el detenido permanecerá bajo custodia en Perú mientras se tramita el pedido de extradición solicitado por la Justicia argentina.

La investigación, que incluyó un intenso trabajo de inteligencia y seguimiento tecnológico, permitió reconstruir el recorrido del acusado desde Ica hasta Chilca, donde finalmente se definió el cerco que terminó con su captura.

Con esta detención, los investigadores esperan un avance crucial en la causa que conmociona a Florencio Varela y que expuso los vínculos entre el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

El joven, de 20 años y oriundo del departamento peruano de La Libertad, fue señalado como el presunto autor intelectual del triple homicidio. Según trascendió, habría intentado salir del país, por lo que se difundió su identidad y rostro de manera oficial.

El miércoles por la noche, efectivos de la Policía Bonaerense realizaron un operativo en el barrio Zavaleta de la Ciudad de Buenos Aires, donde se sospechaba que podía ocultarse, pero no lo encontraron. Un video difundido mostró el despliegue de los uniformados en la zona, aunque el narco ya había escapado.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, afirmó que la orden de matar a las tres jóvenes habría sido “un mensaje” interno dentro de la organización criminal.

En paralelo, se emitió un pedido de captura nacional e internacional con notificación roja de Interpol contra Matías Agustín Ozorio, de 28 años, considerado la mano derecha de “Pequeño J”. La Fiscalía N° 2 de La Matanza le imputó el delito de triple homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y violencia de género.

La investigación detalla que Ozorio y otros cómplices agredieron a las víctimas con golpes y armas blancas, ocasionándoles un sufrimiento inhumano. Entre los detenidos ya se encuentran Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

Además, en Bolivia fue capturado Lázaro Víctor Sotacuro, un ciudadano boliviano con DNI argentino, acusado de colaborar en el traslado de las chicas hasta Florencio Varela. Sotacuro fue arrestado en Villazón y será trasladado a Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia.

La causa ahora está en manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, quien lidera el equipo especializado que intenta dar con “Pequeño J”, considerado el principal responsable del triple femicidio.

De acuerdo con la investigación, el autor de los homicidios es un narcotraficante peruano radicado en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, quien durante la transmisión afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.

Las tres jóvenes habían sido engañadas con una falsa propuesta: asistir a una fiesta sexual en Florencio Varela, por la que recibirían 300 dólares cada una. Sin embargo, una vez en el lugar fueron privadas de su libertad, torturadas y asesinadas.

La hipótesis que cobra más fuerza apunta a que días antes Lara, la menor de 15 años, habría robado entre 2 y 3 kilos de cocaína a un integrante de la organización criminal liderada por este narco. Ese hecho habría desatado la brutal represalia.

El hallazgo de los cuerpos y la confirmación de que las torturas fueron transmitidas en directo refuerzan la preocupación de las autoridades sobre el uso de redes sociales por parte de organizaciones criminales para exponer su poder y amedrentar a rivales.

Los especialistas comenzaron a trabajar revisando la documentación y los informes previos de la causa, y en los próximos días realizarán excavaciones y nuevos rastrillajes en la vivienda del imputado, conocida por los vecinos como “la casa del horror”.

En paralelo, la Justicia dispuso la incorporación de un entomólogo forense de Gendarmería Nacional, encargado de analizar los insectos hallados en el lugar. Esta disciplina permite estimar el tiempo transcurrido desde la muerte a partir del ciclo de vida de larvas y otros insectos vinculados a restos humanos, un dato clave en una causa en la que la mayoría de los hallazgos corresponden a fragmentos óseos, piel y ropa quemada. 

Hasta el momento, se confirmó mediante estudios de ADN la identidad de dos víctimas: Jorge Omar Anachuri, de 68 años, desaparecido el 25 de julio, y Sergio Alejandro Sosa, de 25 años, visto por última vez el 4 de julio. Además, la investigación busca determinar qué sucedió con otras personas denunciadas como desaparecidas en la zona, entre ellas Juan José Ponce, Juan Carlos González y Miguel Ángel Quispe.

Fuentes judiciales destacaron que los resultados de la entomología forense podrían complementar las pericias de genética y antropología, permitiendo reconstruir con mayor precisión la mecánica y la cronología de los crímenes.

El caso Jurado ya es considerado una de las investigaciones criminales más complejas de los últimos años en Argentina, tanto por la magnitud de los hallazgos como por el desafío científico que plantea a los equipos forenses.

La dimensión local del problema se centra en la denuncia previa ignorada. Directivos del Sanatorio Concordia afirmaron públicamente que el año pasado presentaron una denuncia formal contra HLB Pharma, la empresa farmacéutica ahora en el centro de la investigación, por irregularidades detectadas en sus productos. Esta revelación pone en tela de juicio los mecanismos de control y la respuesta de las autoridades sanitarias ante las advertencias tempranas. El fentanilo contaminado provocó al menos 76 muertes. 

Paralelamente, el caso ha adquirido una preocupante dimensión internacional. Un informe de la DEA advirtió sobre la vulnerabilidad de las zonas francas, señalando que podrían ser utilizadas para el desvío de precursores químicos o el lavado de activos vinculados al narcotráfico.

En este marco, las miradas también apuntan a la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina. Según fuentes políticas, el organismo antilavado habría sido alertado sobre movimientos sospechosos que no fueron investigados con la celeridad necesaria, lo que podría haber permitido que la red operativa detrás del fentanilo contaminado actuara sin ser detectada. La controversia une así la negligencia en la supervisión sanitaria con posibles fallas en el control del lavado de dinero y el crimen organizado.

El juicio por jurados populares que tiene como imputado a Martín del Río, el acusado de matar a sus padres José Enrique del Río, de 75 años, y su esposa, María Mercedes Alonso, de 72, en agosto de 2022 en su casa del partido bonaerense de Vicente López, comenzó en el Tribunal Oral en lo Criminal número siete de San Isidro.

Del Río llega al juicio imputado por el delito de doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma y por ser "criminis causae" en función de los artículos 45, y 80 inc. 1, 2 y 7 del C.P.

El documento que detalla el inicio del debate oral indica que el mismo durará del 9 al 13 de diciembre en jornadas doble y con el pedido de todas las partes serán 50 testigos los que declaren.

Hugo López Carribero, abogado de Nina Aquino, adelantó: "Mi clienta dirá todo lo que sabe, y su testimonio será clave para que Del Rio sea condenado a prisión perpetua".

En tanto, parte de la defensa del sindicado dialogó con este medio y describieron que el hombre llega al proceso penal "tranquilo" y "confiado" de su inocencia.

Nina Aquino prometió decir la verdad para que Del Río sea condenado a la pena de prisión perpetua, sin ninguna posibilidad de libertad condicional. Así lo señaló López Carribero: "Miclienta es la piedra fundamental para este juicio, no se callará nada, apuntará contra Del Río, desde el inicio de su declaración".

Se espera que el acusado comparezca frente al tribunal y el jurado popular en la última fase debido a que se trata de una persona "verborrágica" que se debe "adaptar" a cómo avance el juicio.

El imputado se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario 48 de San Martín donde no recibe ninguna visita, bajó de peso, tiene diabetes y sufrió "abandono" por parte de susfamiliares.

"Se va por todo o nada, por la unanimidad del jurado. Acá laclave es saber quién se benefició con las muertes de José Enrique Del Río y su mujer María Mercedes Alonso", expresó la fuente.

En un comienzo estuvo detenida Aquino, la empleada doméstica, al creerse que fue la entregadora, pero días después fue sobreseída y se ordenó la detención del hijo menor del matrimonio.

Martín Del Río cayó tras ser individualizado como el "caminante encapuchado" que se observó en las cámaras de seguridad el día del crimen.

Los fiscales afirmaron que Del Río ingresó a la casa de sus padres por el garaje y llevó a cabo "un plan que previamente había diagramado".

Los funcionarios judiciales detallaron que el acusado baleó a su padre en "la zona cervical derecha, intercostal izquierda y en el muslo izquierdo", mientras que enseguida le efectuó un disparo a su madre a una distancia de menos de 50 centímetros: "El proyectil ingresó por la zona superior a la ceja derecha generando la pérdida del globo ocular derecho, todo lo cual provocó la muerte inmediata".

Para los fiscales, el móvil del doble parricidio fue económico y sobre ello, mencionaron una frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del edificio Chateau Libertador del barrio porteño de Núñez, que el acusado nunca pudo concretar.

Asimismo, también se estima que las víctimas iban a descubrir los desmanejos financieros que había tenido en los negocios familiares.N.A.

Miguel y Darío Humberto Madariaga, los hermanos detenidos por el crimen de Morena, la nena de 11 años que iba al colegio en Lanús y fue atacada por motochorros, ya habían recibido condenas por hechos anteriores y fueron beneficiados por la Justicia. 

Ambos recibieron una pena a tres años por el Tribunal Oral Criminal 30 por robo de vehículo en la vía pública. En el mismo veredicto, fueron condenados junto con Jorge Amado y Abraham Quinteros. 

Según pudo averiguar NA, a Darío Humberto se le había fijado la pena de tres años y a Miguel, de cuatro años y seis meses, ya que arrastraba un antecedente de una pena en suspenso del Tribunal Oral Criminal 25.

La condena de los hermanos Madariaga fue homologada por el Tribunal ya que los hermanos habían hecho un pacto con la fiscalía en un juicio abreviado de tres años de prisión efectiva. 

Vale destacar que a Darío Humberto, en octubre del año pasado la Cámara Nacional de Casación Penal lo benefició al aliviar su acusación, entendiendo que el robo en poblado y en banda no existió y la caratuló como robo simple. Envió al Tribunal 30 el expediente para que imponga nueva pena y cuando se notificó al imputado para avanzar, nunca se presentó y fue declarado rebelde. Por eso tenía pedido de captura. 

A Miguel en el último antecedente se le había impuesto una pena de tres años de prisión también efectiva pero como tenía antecedentes de una pena en suspenso impuesta por el Tribunal 25, la condena unificada por aquellos fue en total de cuatro años y seis meses.

En el proceso, se detectó que había un antecedente judicial que no había sido tenido en cuenta del juzgado correccional de Lomas de Zamora. Sobre ello, la defensa y la fiscalía vuelven a pactar y ante el Tribunal piden mantener esa condena de cuatro años y seis meses, y cuando se lo quiso notificar a Miguel Madariaga, éste nunca se presentó y por eso fue declarado rebelde con el pedido de captura correspondiente. 

Los hermanos Madariaga, en medio de ese proceso judicial, ya habían alcanzado la libertad condicional y por eso estaban en libertad. No obstante, sobre los dos pesaba un pedido de captura del Tribunal 30 porque nunca se presentaron a derecho para ser notificados de las condenas respectivas.

Los restos de Daniel Barrientos, el colectivero que fue asesinado mientras trabajaba en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, fueron velados este lunes por la noche en una cochería ubicada en el partido de La Matanza. 

"No puedo entrar, no me deja su hija y su mamá. Yo convivía con él, fui la última persona que estuvo con él. ¿Por qué no me dejan estar con él? Un minuto pido para poder despedirlo", pidió entre lágrimas Andrea, la viuda de Barrientos.

En declaraciones radiales, la mujer insistió: "Sólo eso pido, poder entrar y poder verlo un minuto aunque sea, de todo lo demás ya hablé y no quiero hablar más. No entiendo qué pasa. Solamente salí a pedir justicia por su vida y no hablé de nadie".

"Sé lo que era como marido y como pareja. Él hubiese querido que yo estuviese ahí en este momento", agregó Andrea en medio del llanto.

El velatorio comenzó después de las 20 y la sala funeraria Nuestra Señora del Valle de Gregorio de Laferrere empezó a llenarse con sus seres queridos. 

Uno de los presentes fue Jorge, un compañero de la víctima que contó que estuvo con Barrientos antes que arrancara con su recorrido habitual. "Estuvimos juntos, yo tomando mate, él un cafecito. Siempre con buena onda", señaló.

"Cuando me enteré de la noticia no podía salir a trabajar", aseguró el colectivero. Otro de los colegas que fue a la cochería dijo que "los choferes estamos muy expuestos en la calle", en una clara muestra de disconformidad con los hechos de inseguridad a los que se enfrentan.

Mas de un muerto por dia tiene la ciudad de Rosario en lo que va de marzo, según estadísticas oficiales que exponen la violencia que se ha desatado en el último tiempo pero que registra aumentos de los últimos años. 

De acuerdo al informe del Observatorio de Seguridad Pública, con datos recolectados hasta ayer a la mañana, en marzo ya hubo 8 muertos a causa de homicidios dolosos y de esta manera ya se registra más de un crimen por día en lo que va del mes. 

En toda la provincia ya se contabilizaron 95 muertos, de los cuales en el departamento de Rosario, Unidad Regional II, fueron 65 los crímenes.

Vale recordar que el año pasado en Rosario fueron un total de 288 homicidios registrados del total provincial que fueron 408.

Desde el 2020 a lo que va de este año, se registró un aumento en los homicidios donde hubo planificación previa, entre los cuales se inscriben aquellos que son por encargo que se han visto en los últimos meses producto de la disputa de bandas del narcotráfico. 

En 2020, el 74,3% de los homicidios fueron planificados y el año pasado superó el 75,8 por ciento del total: sólo en enero de éste año en Rosario el porcentaje superó el 73%, o sea en la mayoría se comprobó existió un componente mínimo de planificación y no fue espontáneo como puede serlo en una pelea o discusión. 

Tres de cada cuatro homicidios en el departamento de Rosario fueron planificados según esas estadísticas.

Una mujer de 22 años y su pareja de 26 fueron detenidos acusados de matar a la hija de ella de dos años. El crimen se descubrió luego de la operación de autopsia practicada al cuerpo de Milena Natasha Senna Torres, de tan solo dos años.

La historia comenzó el 18 de este mes cuando la madre de la víctima, Milagro Esther Torres -22 años- se dirigió a un hospital del partido de Merlo para denunciar que su hija había convulsionado y fallecido luego de tener un accidente: Dijo que se había caído del sommier cama.

La policía sospechó de su relato y la fiscal Alejandra Suárez Corripio ordenó la autopsia. El resultado fue contundente: La nena presentaba lesiones en la cabeza, en el abdómen, en el hígado y en la pierna.

Tras ese resultado, el juez de la causa ordenó la detención de la madre y de su pareja, padrastro de Milena, de nombre Darío Eduardo Chamorro -26 años-. Ambos fueron apresados e indagados por la fiscal por el delito de homicidio calificado.

La autopsia, claveMilena tenía dos años. La autopsia fue contundente: tenía 15 lesiones en todo su cuerpo.La madre y el padrastro habían ido al hospital de Mariano Acosta con su nena ya fallecida. La primera versión de la madre a la médica fue que su hija había estado con su hermanastro toda la noche en la cama. Que se había caído de la cama, que se habían ido a trabajar y que tras su regreso al domicilio la notó con los labios morados y convulsionando.La nena fue llevada al hospital un día más tarde del supuesto accidente, y sin vida. Con la nena ya fallecida en el hospital, la médica de guardia no sospechó de la versión de la madre. Le creyó. Sin embargo, la carátula de la causa, averiguación de causales de muertes, hizo posible que haya una autopsia antes del entierro. Fue clave.La autopsia ni siquiera arrancó. Antes de abrir el cuerpo de la nena de dos años, los golpes eran notorios.El cadáver volvió al hospital de Mariano Acosta para someterse a radiografías. Ahí, el horror quedó al descubierto. La nena tenía quince lesiones: Tenía una fractura de tibia hace menos de 30 días, el hígado perforado con una hemorragia -probablemente por los golpes- y traumatismo de cráneo. La molieron a golpes.A la madre la detuvieron mientras estaba realizando los trámites del entierro.Las frases que escucharon los vecinosLos vecinos de la casa de los padres asesinos escucharon frases y se las aportaron a los investigadores del caso.Uno, dijo que había escuchado al padrastro de la nena decirle a su pareja: "Pelotuda, ¿cómo no la llevaste al hospital?" y que la madre-asesina le contestó: "¿Y quién me iba a ayudar?".Otro de los testimonios fuertes fue una vecina que les comenzó a hablar a los efectivos de la policia acerca de los dichos del hermanastro de Milena. El nene, de cuatro años, habría llorado por saber que su hermana estaba muerta.Milena vivía con dos hermanastros. Cada uno de los hijos tenía un padre distinto. Los tres, después del allanamiento, tenían claras señales de maltrato. A uno tuvieron que tomarle los signos vitales porque también sospecharon que estaba muerto.TenenciaMilagro Esther Torres tenía 3 hijos y los 3 con padres distintos. Con el padre biológico de Milena, la nena asesinada a golpes, habían tenido una disputa judicial. Ambos se habían denunciado. Hubo restricciones perimetrales de por medio, y finalmente, hace 90 días, le restituyeron la tenencia de Milena a Milagro, su madre, quien la asesinaría a golpes días más tarde.Los mensajes en las redesMilagros Torres en su facebook lamentó la muerte de su hija y habia festejado la restitución de su tenencia días atrás.

Comenzó la cuarta jornada del juicio oral contra los ocho rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Por primera vez, los acusados entraron a la sala del Tribunal sin barbijo.

Se espera que durante este jueves declaren en el TOC 1 de Dolores, Policías, testigos y el remisero que presenció el momento del ataque. Tal como se viene repitiendo desde el lunes, los papás de Fernando ingresaron al Tribunal para asistir junto al equipo de abogados defensores. 

El miércoles testificaron Pablo y José Ventura, amigos de la víctima, empleados de seguridad del boliche Le Brique y Policías de Villa Gesell. El relato más conmovedor fue el de Muñóz, jefe de los patovicas del local bailable, que sostuvo que en sus 20 años de profesión nunca había vivido algo así.

Además, durante el transcurso de la tarde se confirmó que los rugbiers recibirían a sus familiares en el Penal de Dolores. Aunque fue un grupo pequeño se los pudo observar en la entrada y salida con bolsas.N.A.

A comienzos del 2023 iniciará el juicio oral contra los ocho rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en 2020.

Alojados en la Alcaidía Departamental La Plata 3, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano, Lucas y Ciro Pertossi esperan saber que veredicto darán a conocer los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores a fines de enero.

A una semana del comienzo del juicio, los familiares y amigos de Fernando, junto a una sociedad, buscan que la Justicia otorgue la sentencia máxima del Código Penal contra los acusados que sería prisión perpetua.

Desde el 19 de enero de 2020, día posterior al crimen, los rugbiers están detenidos a la espera de la resolución. En una audiencia los jóvenes fueron imputados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” y también por “lesiones leves”.

¿Cómo pasan los días en la cárcel los rugbiers?

A la espera de la sentencia, los acusados “confían” que el letrado los juzgará “acorde a la ley” ya que consideran que en la audiencia de imputación se “tergiversaron las cosas”.

Hugo Tomei es el abogado de los ocho rugbiers y desde un comienzo manifiesta que en el juicio oral los jueces cambiarán la imputación según lo que dicta la ley y no por el “empuje” de la sociedad.

Actualmente los acusados están detenidos en la Alcaidía Departamental La Plata 3, ubicada en Melchor Romero. Desde hace tiempo tienen una jornada diferente a los demás reclusos luego de denunciar acosos y maltratos por parte de otros presos.

De esta manera están 21 horas dentro de las celdas, mientras que salen al aire libre cuando los otros presos regresan de sus actividades para no cruzarse. Desde la misma Alcandía sostienen que los rugbiers viven un “encierro cautelar extremo”.

“Es una imposición del Estado este encierro, y lo deciden desde el Poder Ejecutivo”, explicaron fuentes judiciales.

Desde hace varios meses están alojados en un mismo pabellón, pero separados de los otros presos. Hasta que se dé a conocer la sentencia los acusados conviven en celdas de a dos para una mejor convivencia.

En una celda de nueve metros cuadrados están divididos: Lucas Pertossi con Blas Cinalli, Máximo Thomsen duerme junto a Ayrton Viollaz, Luciano y Ciro Pertossi comparten ambiente y por último Enzo Comelli está con Matías Benicelli.

Comenzará el próximo 2 de enero en los Tribunales de Dolores. El primer día se espera la presencia de los ocho acusados, familiares de los detenidos, de Fernando Báez Sosa y de algunos testigos que desfilarán durante las jornadas siguientes hasta el veredicto final que se conocerá a fines de enero.

En una agenda especial, para no atrasar aún más la causa que lleva tres años en carpeta, el TOC 1 decidió que el juicio se realizara en enero a pesar de la Feria Judicial. “Este Tribunal no posee en el próximo año y parte del siguiente (2023) disponibilidad en su agenda para llevar adelante un debate con la extensión del presente”, habían explicado fuentes judiciales.

Se espera que, en la primera audiencia llevada a cabo el lunes, los acusados estén presentes en los tribunales o en las cercanías que sería en la Unidad N°6 de Dolores ya que quieren “mantener un perfil bajo”.

Para las demás jornadas estarán vía Zoom donde se espera el tránsito de cerca de 130 testigos que darán su testimonio sobre la trágica noche y las horas posteriores de Fernando.N.A.

El hijo menor del matrimonio asesinado en su casa de la localidad bonaerense de Vicente López fue detenido en las últimas horas por presunta participación en el crimen de Enrique Del Río, de 74 años, y Mercedes Alonso, de 72.

Fuentes policiales revelaron a NA que Martín Santiago del Río fue apresado en la entrada del Camino a Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre por efectivos de la DDI San Isidro y de la SubDDI Vicente López de la Policía Bonaerense.

El hombre, de unos 45 años, fue apresado por pedido de los fiscales Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería, horas después que el juez de Garantías de San Isidro, Ricardo Costa, decidiera liberar a la empleada doméstica del matrimonio asesinado, María Ninfa Aquino.

La determinación del magistrado respecto a Aquino se debió a que los investigadores encontraron una prueba clave que avalaría una hipótesis diferente con respecto al supuesto responsable del doble homicidio.

Fuentes judiciales señalaron que esa nueva prueba estaría conformada por una serie de grabaciones de cámaras de seguridad que habrían detectado al apresado en las inmediaciones de la escena del doble crimen en el momento que el matrimonio fue asesinado.

De esta manera, Martín Del Río será imputado como presunto autor material del "doble homicidio, agravado por la alevosía".

El abogado de la empleada doméstica, Hugo López Carribero, presentó un pedido de excarcelación y en referencia a ello el juez Costra indicó: "Producto del actual de los representantes del Ministerio Público Fiscal asignados al caso se han ido incorporando numerosos elementos que conforman un plexo probatorio que claramente permite advertir una hipótesis investigativa distinta de aquella que imperaba al momento de dictar la medida de coerción personal que pesa sobre María Ninfa Aquino Chamorro".

Del Río era abogado y había sido dueño de una agencia de seguridad privada, además de haberse retirado de la policía Federal como principal en 1982. Asimismo, junto con su esposa eran propietarios de varias cocheras.

Sus hijos son Martín y Diego, pero el primero de ellos -el detenido- manejaba operativamente los negocios de su padre y fue el que identificó la billetera secuestrada en la casa de Aquino como el lugar donde su madre podría haber guardado la llave de la caja fuerte de la casa, de la que, según las primeras estimaciones, fueron robados 10.000 dólares, 1.500.000 pesos, 50 lingotes de oro de diez gramos cada uno y varios diamantes.

Además, tenía un poder firmado por su padre para llevar adelante los emprendimientos inmobiliarios de la familia.

Sin embargo, cuando José Enrique Del Río se recuperó de la operación que se le había realizado por un tumor en el cabeza, habría empezado a pedir explicaciones a su hijo Martín por algunas situaciones económicas, según explicaron las fuentes consultadas.

Para los investigadores, la disputa por los negocios familiares habrían sido el móvil de doble homicidio.

En su declaración testimonial, el ahora apresado había explicado a los fiscales algunos de los emprendimientos que la familia llevó adelante en los últimos meses.

En ese sentido, compró un amplio galpón con la idea de convertirlo en un garaje, en un acuerdo con un ex futbolista de Vélez, que derivó en un alquiler entregado a un colegio, un pago diferido al ex jugador y una presentación judicial de este.

También contó el caso de la compra de una Ferrari, que siguió con un litigio con el vendedor que terminó con la recuperación del vehículo por parte de Del Río pocos días antes del doble crimen, según relató el ahora detenido.

En esa declaración testimonial también reveló que llaves de la vivienda tenían el matrimonio asesinado, Aquino, su hermano y él.

El detalle fundamental fue asegurar que el día del doble crimen mantuvo una conversación telefónica con su padre durante alrededor de media hora entre las 16:00 y las 16:30 mientras caminaba por Avenida del Libertador, a la altura del Hipódromo, cuando en realidad a esa hora las cámaras lo tomaron muy cerca de la casa de los padres en Vicente López.N.A.

Tres hombres y un adolescente de 14 años fueron asesinados a balazos por personas que les dispararon al menos 20 tiros durante la celebración del Día del Amigo en el partido bonaerense de José C. Paz, y la principal hipóesis es que se trató de un ajuste de cuentas vinculado a la venta de drogas, por el que ya fue detenido un sospechoso, informaron este jueves fuentes policiales y judiciales.Tras una serie de allanamientos de urgencia, los pesquisas apresaron a uno de los sospechosos del ataque, identificado como José Maximiliano Corbalán (28), alias "Chuky", señalado por los voceros como el presunto autor de los disparos.El cuádruple crimen se registró el miércoles, cerca de las 19.30, en la calle Esmeralda, entre Viena y Naciones Unidas, de la llamada villa Los Chaqueños, en el barrio Frino, de José C. Paz, donde se encontraban reunidas varias personas en la vía pública.

Según pudieron reconstruir los investigadores, un grupo de personas estaba en el lugar cuando se acercó Corbalán y, por motivos que se intentan establecer, comenzó a discutir con uno de los hombres.Tras ello, el sospechoso se retiró y regresó minutos más tarde a bordo de una motocicleta junto a tres o cuatro personas armadas, dijeron los voceros a Télam.En esas circunstancias, se inició una nueva discusión, esta vez más agresiva, que derivó en un ataque armado contra el grupo, en el que se efectuaron unos 20 disparos.A raíz de ello quedaron gravemente heridos a balazos Edgardo Valdez (32), Alexis Sánchez (26), Rodrigo Cardozo (20) y Benjamín González (13), quienes fueron trasladados al Hospital Mercante, donde ingresaron fallecidos, añadieron los informantes.Los atacantes escaparon y personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 19, a cargo de la fiscal Vilma Sánchez, acudió al lugar para iniciar la investigación, junto con efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín.

La Policía Científica recolectó al menos 20 vainas servidas en el lugar del cuádruple asesinato y un arma de utilería similar a una pistola calibre 9 milímetros, indicaron las fuentes. 

De las primeras actuaciones realizadas surgió un ajuste de cuentas vinculado a la venta de estupefacientes al menudeo en la zona."Se descartó un tema de inseguridad. Se investiga una pelea entre dos grupos por venta de drogas", dijo a Télam un investigador.Según los voceros, el fallecido Sánchez había quedado en libertad el pasado 19 de mayo, tras cumplir una condena de seis años en la cárcel de Olmos del Servicio Penitenciario Bonaerense por un robo agravado por el uso de arma de fuego.Luego del análisis de la información recabada en base a testigos, entre ellos uno que presenció el hecho y declaró en sede judicial, se identificó a "Chuky" Corbalán como el autor de los disparos realizados con una misma arma, dijeron las fuentes.Por tal motivo, se realizó un allanamiento de urgencia en una vivienda situada en la calle Lisboa al 3100, de José C. Paz, donde el acusado fue detenido y se secuestró un juego de llaves y la documentación de una moto marca Yamaha utilizada para escapar tras el ataque.

La fiscal Sánchez avaló la aprehensión y ordenó que al sospechoso se le realice un estudio de dermotest para establecer si posee restos de pólvora que indiquen que realizó un disparo en las últimas horas.La representante del Ministerio Público aguardará los detalles de las operaciones de autopsia a los cuatro cuerpos de las víctimas para saber cuál fue la cantidad de disparos que recibió cada una, en dónde y el calibre de los proyectiles.Tras esas diligencias, la fiscal ordenará el trasladado de Corbalán a la sede fiscal para indagarlo por el delito de "homicidio".En tanto, la policía quedó abocada a la búsqueda de los demás sospechosos que escaparon tras el cuádruple crimen."Mi amor, mi vida, mi rey, te arrebataron la vida sin ningún motivo (…) tanto sufrí, lloré porque estabas privado de tu libertad (…) Iba, ni el calor insoportable me detenía para ir a verte a pasar esas 4 horas de mierda y hasta que saliste en libertad empezabas a disfrutar de tu hija y tu sobrinota y de tus hermanos, y estos hijos de putas te mataron (…) con vos se fue todas mis fuerzas, hijo de mi vida (…) Q.E.P.D Alexis Fabián Sánchez siempre presente en mi corazón", escribió un familiar de una de las víctimas en su perfil de la red social Facebook.En tanto, la hermana de Cristian Cardozo, otro de los hombres asesinados, escribió: "Le pido a dios misericordia para mi familia (…) tu dolor es mío, hermano".

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó una nueva querella ante la justicia federal de Concepción del Uruguay, en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos contra personas de nacionalidad uruguaya en Concordia, durante los años de la última dictadura cívico-militar.

En el expediente se investiga la responsabilidad de miembros de la Policía local, a integrantes del Ejército argentino y militares de Uruguay por secuestros, privaciones ilegales de la libertad, violencia sexual y torturas.

Según informó la Secretaría de Derechos Humanos, el 3 de mayo de 1977 fuerzas de seguridad y militares secuestraron a siete personas de nacionalidad uruguaya, que residían en Concordia, entre ellas un niño de 3 años. Varias de las víctimas tenían militancia en el Partido Comunista Revolucionario de Uruguay.

Fuente: UNO

En ese sentido, este viernes a las 17:40 hs., un hombre domiciliado en calle Uruguay al Este, a pocos metros donde habría ocurrido el homicidio de Moyano informó a la Sección 911 que en el patio de su casa se encontró  una cuchilla.

 Constituidos en el lugar los oficiales de policía se entrevistan con el ciudadano, quien hace saber que su hijo fue hacia el patio de la propiedad  y encontró en el suelo un arma blanca tipo cuchilla con cabo de madera.

Ante ello se procede al formal secuestro del elemento de mención y toma de fotografía y se le informa al fiscal, quien relaciona a dicho elemento en relación a la causa que investiga el crimen de Moyano, pudiendo llegar a ser el arma con la que fue atacado la víctima.

En tanto, familiares de Moyano convocaron a la ciudadanía a realizar una marcha para pedir justicia por el crimen. La movilización, que tendrá lugar este lunes, comenzará a las 20 hs. en plaza San Martín.

Horacio Moyano falleció a las 21:20 hs., de este jueves luego de ser trasladado al hospital San Antonio para recibir atención. El ataque se había producido una hora antes, cerca de las 20:30.  El menor sospechado de haber cometido el crimen fue aprehendido alrededor de las 21:45 hs.

Según informó Policía, se cuenta con testigos presenciales del hecho que ya declararon ante el fiscal y también con imágenes de cámaras de seguridad de vecinos que dan fe de  la pelea y donde se ve al supuesto autor (yéndose) después de haber cometido el supuesto homicidio.

Asimismo, policía realizó un allanamiento también en la casa del menor donde se logró secuestrar un buzo que podría haber sido el que tenía al momento de la pelea.

Según comento el subjefe de policía de Gualeguay “Creo que me quedo corto al decir que tuvo 50 ingresos en la dependencia en cuatro años”

Recordemos lo publicado en el Debate Pregón un hombre de 42 años fue asesinado este jueves por la noche en Gualeguay. El crimen ocurrió en calle Uruguay, a metros de Tomás Sap. Horacio Rubén Moyano, de 42 años, recibió una puñalada en el pecho tras una discusión y fue trasladado al hospital San Antonio, pero murió una hora después .

El Subjefe de la Policía Departamental, comisario Jorge Sosa, se refirió a los numerosos inconvenientes que ha tenido el adolescente que sería el supuesto asesino de Moyano. “Hace siete años que estoy trabajando en Gualeguay y desde los 13 años, este chico tiene ingresos en la Departamental por diferentes situaciones: muchísimos ingresos por robos, muchísimos por deambular con intenciones de robo y la mayoría de las veces, era retirado por gente del Copnaf, porque la familia no se hacía cargo del menor”, explicó. 

Por su parte María Florencia  la hermana de la víctima se refirió a las posibles causas del ataque contra su hermano. “Este pendejo le pidió plata a mi hermano para un Fernandito, pero mi hermano le dijo que no tenía plata. Entonces le dio la puñalada así de una”y agregó que “lo mató por un Fernandito este pendejo que vive drogado todo el tiempo. Quiero que lo dejen detenido y no salga”, exigió la mujer. 

Entre las últimas novedades del caso Jesús Fernández se conoció que los tres menores que estarían involucrados en el crimen cumplen arresto domiciliario de acuerdo a lo que dicta la ley.

Dos de ellos fueron imputados por homicidio por la fiscal que entiende en la causa, Dra. María Delia Ramírez Carponi, mientras que sobre el tercero pesarían cargos por encubrimiento.