La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos convocó de oficio a una audiencia de conciliación laboral en el marco del conflicto que mantiene paralizada la planta La China de Granja Tres Arroyos SA en Concepción del Uruguay. La medida fue adoptada por iniciativa propia del organismo, sin que mediara pedido de ninguna de las partes involucradas. "Sin que ninguna de las partes lo solicitara, el Gobierno provincial decidió intervenir para tender puentes en un momento de alta tensión", señalaron desde el Ejecutivo. 

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una reunión de gabinete donde repasó las acciones que viene llevando adelante la provincia ante lo que definió como una situación atravesada por dificultades financieras y una escalada de conflictos laborales internos. Ratificó que la intervención busca destrabar el conflicto y preservar las fuentes de trabajo. 

Granja Tres Arroyos acumula cheques rechazados por $29.333.390.645 correspondientes a 1.813 documentos impagos. No es la primera vez que la empresa entra en crisis: a comienzos del año la planta ya había atravesado una paralización de más de diez días por falta de pago de haberes, bono y aguinaldo de diciembre, conflicto que también requirió la intervención del Gobierno provincial. 

La pérdida del mercado chino obligó a la empresa a redirigir su producción, y desde 2024 aceleró los recortes: cerró la planta de Tristán Suárez y desvinculó a 200 de sus 270 empleados de ese establecimiento. El 34% de la compañía pertenece a la estadounidense Tyson Food desde 2022. 

Mientras se desarrollan las instancias de diálogo, el Gobierno de Entre Ríos, por disposición del gobernador Frigerio, asiste con alimentos a las familias en situación de vulnerabilidad a través del Ministerio de Desarrollo Humano. Paralelamente se conformó una mesa de trabajo interministerial con participación de ATER y Energía. El ministro Manuel Troncoso expresó su expectativa de que las negociaciones puedan llegar a buen puerto.

El artista local Mathi Montoya lanzó oficialmente “Crisis Session”, un nuevo material audiovisual realizado íntegramente en Gualeguay y disponible desde esta semana en YouTube y en todas las plataformas digitales.

La propuesta incluye tres reversiones de canciones —una de ellas todavía no disponible en el catálogo del músico— y, según destacaron desde la producción, demandó “muchas horas de dedicación” y el trabajo conjunto de un amplio equipo técnico y artístico.

Tal como lo indica el nombre del proyecto, la sesión fue grabada en el bar “Crisis House”, espacio que abrió sus puertas para la realización del material audiovisual. En cuanto al equipo de producción, la producción de audio estuvo a cargo de “Palo y a la Bolsa Itinerante”; la producción visual fue realizada por “ImperioFilm 4K”; mientras que el backstage y el contenido adicional estuvieron en manos de “Chini.videos”. Mathi Montoya también destacó especialmente el compromiso y la virtuosidad de los músicos que participaron de la grabación, además de celebrar “el encuentro con gente amiga predispuesta a compartir”.

Los músicos que formaron parte de “Crisis Session” fueron:

Además, distintos comercios de la ciudad acompañaron la producción del proyecto. La tienda “Bison” aportó el outfit principal utilizado en la grabación —camisa negra y remera blanca—; “Lucca” colaboró con la remera utilizada por Juan L; “Curry” estuvo a cargo del almuerzo; y “El Arcón” aportó velas aromáticas para la ambientación.

Desde la organización también expresaron agradecimientos especiales para Keli Prada, quien realizó contenido para redes sociales; para Lucas Fahaler, de Impar Homestudio, por la colaboración brindada; y para familiares y amigos que acompañaron el proceso y colaboraron con la decoración del espacio.

Uno de los aspectos más particulares de este lanzamiento fue la realización de un pre estreno en el mismo lugar donde se grabó la sesión. El encuentro se desarrolló un día antes del lanzamiento oficial y reunió a familiares, amigos y colegas en una noche que incluyó pizzas, brindis, guitarreadas y la presentación anticipada del nuevo trabajo audiovisual.

Finalmente, Mathi Montoya agradeció el acompañamiento permanente del público en sus distintas actividades artísticas y también el apoyo de los medios locales por la difusión de sus proyectos.

La situación de los comedores escolares volvió a encender señales de alarma en Entre Ríos y también tiene impacto en Gualeguay. Este martes, una directora de escuela de la ciudad describió las complicaciones que enfrentan las instituciones para sostener la alimentación de los alumnos, en medio de demoras administrativas, pagos atrasados a proveedores y partidas que, según advirtió, “alcanzan cada vez menos”.

Las declaraciones se dan en un contexto de creciente preocupación provincial. En las últimas horas, AGMER emitió un comunicado en el que exigió al Gobierno entrerriano la transferencia urgente de fondos para los comedores escolares y alertó que algunas comunidades educativas ya no pueden garantizar desayunos o meriendas para los estudiantes. “Hoy hay comunidades educativas que se encuentran con la dolorosa noticia de no poder proveer un desayuno o una merienda en un contexto social sumamente delicado”, expresó el gremio docente en un comunicado difundido por la Comisión Directiva Central.

“Cada vez se compran menos cosas”

En Gualeguay, la directora consultada relató que uno de los principales problemas pasa por la situación de los proveedores. “Tengo un proveedor que hace dos meses que no puede resolver la parte administrativa, así que no puede cobrar”, señaló. A esa situación se sumó otra dificultad vinculada al abastecimiento. “Hoy me enteré que otro proveedor mandó a Comedores que ya no vende más porque hace dos meses que no regularizan desde el Estado”, explicó otro director consultado por El Debate Pregón.

Los docentes describen un escenario de incertidumbre permanente para quienes deben garantizar diariamente la alimentación de los estudiantes. “Está complicado. Hay que salir corriendo cuando depositan la plata”, sostuvo uno, en referencia a la necesidad de realizar compras inmediatas apenas se acreditan los fondos. Según remarcó, el problema no sólo pasa por las demoras, sino también por la pérdida del poder de compra de las partidas alimentarias. “Obviamente la plata no alcanza. Cada vez se les compran menos cosas a los chicos”, afirmó.

“Están empobreciendo las partidas y con empobrecer las partidas se le quita la mermelada, se le quitan las tortas, se le quita todo”. La directora explicó que el ajuste impacta directamente en la calidad y variedad de los alimentos que pueden ofrecerse en las escuelas. Lo que antes formaba parte habitual de las meriendas o desayunos escolares hoy comienza a desaparecer por falta de recursos suficientes.El reclamo local coincide con las advertencias planteadas por distintos sectores sindicales y sociales en la provincia. Días atrás, también ATE había reclamado una actualización de las partidas destinadas a comedores escolares y comunitarios, señalando el fuerte aumento de los precios de los alimentos y las dificultades para sostener el servicio. Mientras tanto, desde el Gobierno provincial se informó recientemente sobre el giro de partidas para los comedores escolares, aunque en las escuelas persisten las dificultades vinculadas a la regularización de pagos y al funcionamiento del sistema de provisión de alimentos.

En un contexto económico complejo, las instituciones educativas advierten que la situación golpea especialmente a las familias más vulnerables, para quienes el comedor escolar representa muchas veces una garantía básica de alimentación diaria.

La administración municipal de Hernández, localidad ubicada a 85 kilómetros de Paraná, atraviesa una situación financiera delicada. La combinación de una recaudación en baja y el sostenido aumento de los costos operativos llevó al intendente Luis Gaioli a plantear medidas de emergencia para garantizar el pago del próximo medio aguinaldo a los trabajadores municipales.

La principal herramienta que evalúan es la venta de lotes de propiedad comunal. Gaioli aclaró que no se trata de una medida inédita: "La venta de terrenos es una práctica habitual porque durante décadas el municipio se ha dedicado a recuperar lotes de dueños desconocidos o por apremio. Se pasan a propiedad municipal, se lotean y se venden para rentas generales o alguna obra, con el beneficio de ganar un nuevo contribuyente y urbanizar", explicó.

El intendente señaló que la crisis local es parte de un problema más amplio: 10 meses consecutivos de caída en la actividad económica nacional, con una inflación que no baja. Ese escenario golpea directamente las arcas municipales, donde los ingresos se achican mientras los gastos suben.

La dependencia de la coparticipación agrava el cuadro. Según Gaioli, entre el 70% y el 80% de los recursos del municipio provienen de esa vía. "Si de esa coparticipación se quita un 30% o 40%, se asfixia en lo financiero y en lo económico a la comuna. La Nación gira menos recursos a la Provincia y las Provincias coparticipan menos a los municipios", graficó.

Mientras tanto, los costos no esperan. El reciente aumento del 27% en el impuesto a los combustibles impacta directamente en los servicios municipales. "Es uno de los insumos que más necesita el municipio para funcionar. Nos encontramos en una situación muy crítica, pero somos responsables en el gasto y en la ejecución del presupuesto", señaló.

Pese a la gravedad del panorama, Gaioli aclaró que los sueldos mensuales y los pagos a proveedores se vienen cumpliendo sin inconvenientes. La venta de terrenos aparece como una alternativa de última instancia, antes de recurrir al crédito. "De lo contrario, tendríamos la posibilidad de pedir un adelanto de coparticipación a la Provincia o sacar un crédito en una entidad financiera. Estas son medidas siempre y cuando no lleguemos con la recaudación propia y coparticipable a cubrir el aguinaldo", explicó.

Ante una situación que, según el intendente, afecta a municipios de toda la región sin distinción de signo político, Gaioli formalizó un pedido al gobierno provincial: que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que recibe Entre Ríos sean distribuidos de manera equitativa entre todas las localidades, para que la asistencia financiera llegue de forma directa a las comunas que más la necesitan.

En el marco del debate abierto en torno al funcionamiento y el canon del Frigorífico Municipal, el empresario Maximiliano Bellesi, referente de la firma concesionaria Argentina Alimentos, aportó su mirada sobre la situación actual del sector y la realidad de la planta local.

En primer lugar, Bellesi remarcó el cumplimiento de las obligaciones básicas de la empresa. “Los trabajadores tienen los sueldos al día, la luz está al día y los impuestos al día”, aseguró. El empresario encuadró la problemática en un contexto más amplio, al señalar que la crisis no es exclusiva del frigorífico local. “Es un tema más nacional, no solo nos pasa a nosotros, sino también al resto de los frigoríficos que se dedican al consumo interno”, explicó. En ese sentido, detalló que establecimientos en la provincia de Buenos Aires “que mataban 1000 animales por semana están en 400”, pese a abastecer un mercado mucho más grande. “Imaginate qué queda para nosotros”, graficó.

Los sueldos no acompañan

Uno de los factores centrales, según Bellesi, es la fuerte caída del consumo. “El consumo bajó por encima del 40%”, afirmó, y lo vinculó con la pérdida de poder adquisitivo: “Los sueldos no están acorde a la situación del país, sino sería diferente”. A esto sumó el impacto del “sobreprecio en el mostrador”, que termina afectando la demanda. En cuanto a la evolución del mercado ganadero, advirtió que la actual estabilidad en el precio de la hacienda es transitoria. “El precio de la hacienda ahora hizo un parate, pero se va a volver a disparar a mediados de septiembre u octubre”, anticipó. Según explicó, esto se debe a problemas estructurales: “No hay stock, faltan vientres y eso afecta a toda la cadena”.

Consecuencias de la Guerra

Bellesi también se refirió a las dificultades en el segmento ovino. “Con ovinos veníamos bien, pero con la guerra en Medio Oriente las aseguradoras no te aseguran las cargas, así que se frenó, y con la enfermedad que apareció también”, indicó, marcando la incidencia de factores internacionales y sanitarios. Cabe recordar que desde fines del año pasado, los mercados que se habían abierto para exportación de ovinos eran Kuwait y Omán.

Por último, adelantó una iniciativa comercial que busca mejorar la competitividad y acercarse al consumidor. “Estamos trabajando para abrir una carnicería en el frigorífico con precios súper competitivos”, anunció. Según precisó, cuando esté operativa funcionará dentro de la misma planta, “no con local en la ciudad”, y ofrecerá productos de vacuno, búfalo y ovinos.

Situación de los trabajadores en Gualeguay / Entre Ríos

La realidad es compleja y preocupante. Se observa una pérdida sostenida del poder adquisitivo, con salarios que no logran acompañar el aumento del costo de vida. A esto se suma la precarización laboral y la inestabilidad en distintos sectores, lo que genera incertidumbre en miles de familias trabajadoras.

Pérdida de puestos de trabajo registrados

En los últimos meses se ha evidenciado una retracción en el empleo registrado, con suspensiones, despidos y menor generación de nuevos puestos de trabajo. La precarización laboral en Gualeguay es muy impactante Estas situaciones impactan directamente en la calidad de vida y en el entramado social y productivo local.

Principales preocupaciones de las y los trabajadores

Las principales inquietudes que nos manifiestan tienen que ver con la caída del salario real, la inflación, la pérdida de empleo y el crecimiento del endeudamiento para poder cubrir necesidades básicas. Muchas familias trabajadoras se ven obligadas a recurrir al crédito para sostener el consumo cotidiano, lo que agrava aún más su situación. La crisis socioeconómica no impactante solamente en el bolsillo también atraviesa de lleno a la salud mental de nuestra comunidad. La incertidumbre, el endeudamiento y la sobrecarga cotidiana junto a la dificultad de proyectar un futuro generan estrés, angustia y un desgaste emocional en las personas. Vemos con preocupación cómo está realidad golpea al trabajador, especialmente a quienes sostienen  día a día el trabajo, el cuidado y la organización colectiva, reafirmamos la necesidad de poner la salud mental en el centro de las políticas públicas y de la agenda social.

Perspectivas a futuro

Desde el movimiento obrero organizado entendemos que es urgente implementar políticas que promuevan la producción, el empleo y la recuperación del salario. La salida no puede ser el ajuste sobre las y los trabajadores. Apostamos al diálogo, pero también a la unidad y la organización para defender derechos y conquistar mejores condiciones de vida.

Mesa de diálogo y reflexión sobre la actualidad social y económica

En las vísperas del 1 de Mayo, los sectores gremiales, las instituciones intermedias gremiales y representantes de los Derechos Humanos Gualeguay, nos hemos convocado el pasado 30 de abril con un objetivo claro: unificar los criterios ante la profunda crisis que atraviesa nuestra comunidad. Entendemos que el escenario actual marcado por el avasallamiento de derechos impulsados desde los niveles nacionales, provincial y local, exige una respuesta colectiva y estratégica. No se trató solo de un conversatorio conmemorativo sino también de la consolidación de un espacio de consenso para defender el bienestar del ciudadano común.

Diagnóstico de la Emergencia

A través del diálogo multisectorial hemos identificado tres ejes críticos, que hoy vulneran la estructura social de nuestra ciudad.

Crisis en la salud pública

El acceso a la salud se ha convertido en una barrera insalvable para los sectores más vulnerados, la falta de insumos, el desfinanciamiento y la precarización de la atención estatal ponen en riesgo la vida de los vecinos.

Deterioro del ingreso y el empleo:

La ausencia de políticas que fomenten fuentes de trabajo genuinas, impide el sostenimiento digno de las familias. Reafirmamos que el trabajador es el motor del sistema económico. Sin salarios dignos y estabilidad laboral, el mercado local se estanca y la pobreza se profundiza.

Retiro del Estado:

Observamos con preocupación una desarticulación de las políticas públicas que deberían garantizar derechos básicos dejando al ciudadano a merced de la incertidumbre económica.

Interpelación de la política

El conversatorio ha concluido de forma unánime que  es la política el sector que debe recuperar sensibilidad y capacidad de gestión.

La dirigencia tiene la responsabilidad ineludible de entender que su función es gobernar en pos del beneficio común y no el ajuste sistemático.

No aceptamos la pasividad oficial frente al sufrimiento de quienes representamos. La política debe ser la herramienta para generar comunidad y no para fragmentarla.

Agenda de propuestas

Este conglomerado de instituciones no se limita al diagnóstico sino, que asume un rol propositivo. Nos comprometemos a la creación y presentación de proyectos y programas de política públicas ante las autoridades ejecutivas y legislativas para garantizar la soberanía sanitaria, en el ámbito local, asegurando que ningún ciudadano quede excluido del sistema de salud.

Impulsar mesas de trabajo

Buscamos que las mismas sean herramientas que vinculen a los diferentes sectores públicos y privados para la protección de los Derechos laborales existentes.

Promover incentivos para el empleo genuino, entendiendo a la producción y el trabajo como los pilares de la justicia social

CGT Regional Gualeguay; ATE Asociación de Trabajadores del Estado; CTA Autónoma; Multisectorial de Mujeres y Diversidad Gualeguay; Diversidad Gualeguay; APDH; ALAS; PJ; Jubilados Municipales

La problemática de las personas en situación de calle en Gualeguay quedó por primera vez sistematizada en un relevamiento realizado en diciembre de 2025, en el marco de un trabajo articulado entre el Municipio, la Provincia y la Nación. El informe, elaborado desde la Secretaría de Desarrollo Humano, marca un punto de partida para dimensionar una realidad que, aunque acotada en términos cuantitativos, presenta múltiples aristas en su abordaje. Según los datos relevados, se registraron 13 personas en situación de calle en la ciudad. Se trata de un número bajo en comparación con grandes centros urbanos, pero que, tal como se desprende del informe oficial, implica una “alta complejidad cualitativa” que demanda intervenciones sostenidas y articuladas entre distintos niveles del Estado.

El secretario de Desarrollo Humano, Dr. Jorge García, explicó que este relevamiento se enmarca en un proceso más amplio de trabajo iniciado durante 2025, a partir de capacitaciones impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. “Se hizo una capacitación en el transcurso del año, arrancó en abril del año pasado, fueron cuatro encuentros uno por mes para capacitar personas de las secretarías de desarrollo sobre la temática de personas en situación de calle con el objetivo de elaborar un protocolo de intervención a nivel provincial”, señaló. Con esas herramientas el Municipio fue convocado a participar del relevamiento nacional, lo que permitió avanzar en una primera fotografía local. “Ese relevamiento a nosotros nos arrojó en ese momento particularmente 13 personas en situación de calle, de las cuales algunas ya tenían alguna intervención realizada desde la secretaría”, indicó García.El funcionario subrayó que la problemática no puede reducirse únicamente a la falta de vivienda. “El abordaje de las personas en situación de calle es multicausal o multifactorial, no es solamente la falta de techo”, explicó, y agregó: “a veces son problemáticas de ruptura de las redes familiares de contención, a veces son problemas económicos, a veces problemas de salud, a veces problemas de salud mental, a veces problemas de consumo”.

En esa línea, remarcó que cada caso requiere una respuesta específica. “No todos tienen la misma respuesta ni la misma solución”, afirmó, al tiempo que señaló que incluso existen situaciones en las que las personas deciden permanecer en la calle. “También tenemos que respetar el derecho a esa persona su elección, siempre y cuando nunca abandonemos sus derechos y lo podamos acompañar”, sostuvo. El informe también da cuenta de que algunas de estas personas ya venían siendo asistidas por el municipio, a través de intervenciones focalizadas que incluyen acompañamiento social y articulación con el sistema de salud y organismos provinciales.

Uno de los aspectos destacados por García es que se trata del primer relevamiento de alcance nacional sobre esta temática. “Es la primera vez que se hace un relevamiento nacional de personas en situación de calle”, afirmó, y valoró que esto permita “tener un punto de partida a nivel local para decir, bueno, podemos continuar con estos relevamientos e ir evaluando el aumento o las necesidades”. En ese sentido, remarcó la importancia de contar con un diagnóstico para mejorar las políticas públicas. El funcionario también hizo hincapié en las limitaciones que enfrentan los gobiernos locales para abordar en soledad esta problemática. “Muchas veces estos problemas que son multifactoriales no los podemos resolver solo desde el ámbito local”, advirtió, y mencionó situaciones vinculadas a la falta de documentación, problemas de salud o salud mental que requieren intervención de otros niveles del Estado.

Otras problemáticas habitacionales

Más allá de las 13 personas en situación de calle, desde el municipio advierten que existe un universo mucho más amplio vinculado a la problemática habitacional. En ese sentido, García indicó que “el municipio registra más de 3000 demandas” relacionadas con necesidades de vivienda, ya sea por materiales o soluciones habitacionales. Este dato permite contextualizar la situación y evitar una lectura reducida del problema. Si bien el número de personas en calle es acotado, la vulnerabilidad habitacional alcanza a miles de vecinos.

En cuanto a los casos concretos, el relevamiento permitió identificar distintas situaciones, incluso dentro de un mismo sector de la ciudad. García ejemplificó que una de las personas en situación de calle era en tránsito. En ese caso, se pudo intervenir para facilitar su traslado: “no tenía DNI e hicimos con la policía un certificado de extravío y a través de eso le dimos un pasaje para que pudiera seguir a Rosario”.

Sin embargo, también reconoció los límites de la intervención estatal en determinados casos: “En el caso de otras personas siguen estando ahí no la podemos obligar. Por más que hagamos lo que queramos hacer, nosotros no le vamos a cambiar la vida”.

El informe concluye que Gualeguay presenta una baja incidencia de personas en situación de calle, pero que la complejidad de cada caso exige políticas integrales, sostenidas y coordinadas. 

En el marco de un relevamiento oficial sobre personas en situación de calle en la provincia de Entre Ríos, la ciudad de Gualeguay formó parte del operativo que se llevó adelante en distintos puntos del territorio entrerriano.

La iniciativa, impulsada por organismos estatales, tuvo como objetivo recabar datos sobre la cantidad de personas que atraviesan esta problemática, así como también conocer sus condiciones de vida y necesidades más urgentes.Según se informó en distintos medios provinciales, el relevamiento se desarrolló de manera simultánea en varias localidades, entre ellas Gualeguay, donde se realizaron recorridas y registros en zonas previamente identificadas.

Si bien el informe oficial busca constituir una herramienta para el diseño de políticas públicas, desde algunos sectores se planteó que este tipo de operativos podría no alcanzar a reflejar la totalidad de la realidad, especialmente en lo que respecta a situaciones menos visibles o que no se desarrollan en el espacio público.

En ese contexto, la participación de Gualeguay se inscribe dentro de un abordaje provincial más amplio, que intenta generar un diagnóstico actualizado sobre una problemática social compleja y en crecimiento.

El problema es que los resultados del relevamiento serán utilizados para orientar futuras acciones estatales, en articulación con organismos locales y actores sociales que trabajan en el territorio.

La crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad, denunciada a nivel nacional por organizaciones del sector, tiene un correlato directo en Gualeguay. Lo que en Buenos Aires se expresa en movilizaciones y reclamos formales ante el Ministerio de Economía, en el plano local se traduce en demoras, obstáculos administrativos y situaciones que, según familias y profesionales, afectan derechos básicos.En los últimos días, el Foro Permanente Discapacidad reclamó la transferencia urgente de fondos para programas como Incluir Salud, Pensiones No Contributivas y prestaciones vinculadas al PAMI, además de la plena implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Desde el sector advierten que la falta de respuestas concretas pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales en todo el país. Sin embargo, más allá del plano macro, en ciudades como Gualeguay la crisis adquiere rostro humano.Familias: burocracia, demoras y costos que se trasladan

Familias de la ciudad describen un escenario marcado por la incertidumbre y el desgaste. Una de las principales dificultades es el retraso en los reintegros de prestaciones: los pagos llegan tarde y los aranceles reconocidos por las obras sociales quedan por debajo de los valores reales. Esto genera que la diferencia deba ser asumida por los propios familiares. “Los aranceles son bajos y la diferencia con lo que fija el colegio profesional la termina pagando la familia”, explicaron.

La situación se agrava en servicios clave como el acompañamiento domiciliario. “Lo que abona la obra social es muy bajo, el trabajador tiene que ser monotributista y además hay demoras en los pagos. Por eso cada vez hay menos personas que aceptan trabajar en esas condiciones”, señalaron.

Otro punto crítico es el acceso a prestadores. Según relatan, las propias obras sociales entregan listados que en la práctica resultan inviables. “Te piden tres presupuestos, pero cuando vas a las ópticas o a otros profesionales, muchos te dicen que no trabajan con la obra social porque no les pagan en término o pierden plata”, contaron. En ese contexto, las familias terminan negociando por fuera del sistema o afrontando gastos imposibles.

A todo esto se suma una carga burocrática constante: presentación de historias clínicas, presupuestos, formularios y autorizaciones que demoran semanas o meses, incluso en casos donde existe un Certificado Único de Discapacidad (CUD) desde edades muy tempranas.

Una madre relató una situación que grafica el nivel de desprotección: su hijo fue dado de baja de la cobertura sin notificación alguna. “Me dijeron que era porque ya era adulto. Estuvimos siete meses reclamando hasta que logramos resolverlo cuando vino un funcionario a Gualeguay. En una semana se solucionó algo que llevaba meses, completamente fuera de lógica”, explicó.

Otra familia expresó su indignación por recientes procedimientos de control:“Gastaron una fortuna en cartas documento denunciando situaciones en discapacidad y, en vez de analizar caso por caso, nos citaron a todos en condiciones poco dignas. Gente trasladando a sus familiares en silla de ruedas… Nos sentimos menos que mendigos. Es muy indignante”.

Profesionales: pagos a cuentagotas y condiciones precarias

Del lado de los profesionales, el diagnóstico es igual de preocupante. “La situación no ha cambiado. Los pagos salen a cuentagotas, las pensiones no están saliendo y los programas están recortados o sin aprobarse”, resumieron.

Quienes trabajan en el área de salud y discapacidad advierten que sostener espacios de atención se vuelve cada vez más difícil. Las demoras en los pagos, los honorarios desactualizados y la falta de aumentos acordes al contexto económico generan un escenario de fuerte precarización.

“Detrás de cada recorte hay vidas afectadas. No se trata solo de trabajar sobre dificultades, sino de garantizar derechos y construir inclusión real. Pero eso no puede sostenerse solo con el compromiso individual”, expresó una profesional. Además, alertó sobre las consecuencias directas en los pacientes: interrupciones en tratamientos, retrocesos en procesos terapéuticos y mayor vulnerabilidad para las familias.

“Defender el derecho a la salud, la educación y la inclusión no debería ser una lucha constante, sino una garantía”, agregó.

Una problemática sin solución a la vista

La situación que atraviesa Gualeguay no es aislada, sino parte de un problema estructural que afecta a todo el país. La falta de financiamiento, las demoras en la cadena de pagos y la incertidumbre en la aplicación de políticas públicas repercuten directamente en quienes dependen del sistema de prestaciones.

Mientras a nivel nacional las organizaciones reclaman respuestas urgentes, en el plano local las familias y los profesionales continúan sosteniendo, como pueden, una red que muestra signos de agotamiento. La crisis en discapacidad está lejos de ser resuelta. Ni la sanción de la Ley de Emergencia, defendida del veto presidencial, ni los fallos judiciales a favor se tradujeron en respuestas concretas por parte del Gobierno.

El diagnóstico es coincidente en todos los niveles: sin recursos, sin previsibilidad y sin una implementación efectiva de la ley de emergencia, el sistema de discapacidad se vuelve cada vez más frágil. Y quienes más lo padecen son, una vez más, las personas con discapacidad y su entorno cotidiano.

La precariedad en el mercado de trabajo argentino mostró un marcado deterioro al cierre del año pasado. Según datos procesados la tasa de informalidad laboral escaló al 43% durante el cuarto trimestre de 2025. Esta cifra representa un avance preocupante de la desprotección social, dejando a millones de asalariados fuera del sistema de seguridad social, sin acceso a obra médica ni aportes previsionales.

El informe revela que el fenómeno de la "economía en negro" no impacta de manera uniforme en la población, sino que se ensaña con los sectores más vulnerables de la pirámide social. El segmento de los asalariados sin descuento jubilatorio se ha convertido en el principal síntoma de una economía que no logra canalizar la demanda de empleo hacia el sector formal.

El análisis detallado de la estadística arroja que la incidencia de la informalidad es sustancialmente mayor en las mujeres y en los jóvenes de hasta 29 años. En el caso de las mujeres, la cifra supera el promedio general, vinculada principalmente a la alta precariedad en sectores como el servicio doméstico y las tareas de cuidado no remuneradas que limitan el acceso a empleos de tiempo completo y registrados.

Por su parte, la población juvenil enfrenta las mayores barreras de ingreso al mundo laboral. Según los datos de la fuente, los jóvenes que logran conseguir un empleo lo hacen bajo condiciones de informalidad, lo que condiciona su estabilidad económica futura y su trayectoria profesional.

A nivel geográfico, si bien el promedio nacional se sitúa en el 43%, existen regiones del país —especialmente en el Norte Grande— donde la informalidad supera el 50%. Los sectores más afectados por esta dinámica son:

Especialistas consultados por la agencia señalan que el incremento de la informalidad responde a una combinación de estancamiento en la creación de empleo privado registrado y un aumento del autoempleo de baja productividad. Ante la caída del poder adquisitivo, muchas personas optan por realizar actividades "changas" o servicios no registrados para complementar sus ingresos, lo que infla las estadísticas de ocupación pero bajo condiciones de extrema fragilidad.

Para lo que resta de 2026, las perspectivas se mantienen reservadas, ya que la formalización del empleo requiere de una estabilidad macroeconómica que aún no se ha consolidado en los principales indicadores de actividad industrial.

En una entrevista realizada en el marco de un evento, Caputo detalló: “Mañana va a estar el número de inflación que seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo relacionado con petróleo, esto es desde pasajes de avión hasta transporte, en temas como la educación que tiene su estacionalidad, pero a partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento. No hay ningún trade-off ahí. Vamos a ver desinflación y crecimiento. Se vienen los mejores meses”.

El funcionario explicó que el aumento de marzo responde principalmente al impacto de los precios del petróleo y sus derivados, que afectaron rubros como transporte aéreo, transporte terrestre y servicios educativos (por su componente estacional). Sin embargo, insistió en que este efecto es transitorio y que desde el próximo mes se iniciará una tendencia clara a la baja de la inflación acompañada de crecimiento económico. Caputo enfatizó que “vamos a ver desinflación y crecimiento” y cerró su intervención con un mensaje optimista: “Se vienen los mejores meses”.

El video de la entrevista, donde Caputo responde a preguntas en un formato distendido (sentado junto al entrevistador), se viralizó rápidamente en redes sociales y generó diversas reacciones entre analistas y usuarios, que cuestionan o apoyan las proyecciones del ministro. Estas declaraciones se dan en un contexto de expectativa por el dato oficial de inflación de marzo, que se conocerá en las próximas horas, y mientras el Gobierno busca consolidar la estabilización macroeconómica tras varios meses de ajustes fiscales y monetarios.

El 51% de los alumnos del último año de secundaria acumula al menos 15 inasistencias al año, según el operativo Aprender 2024. Dos años antes, ese porcentaje era del 44%. El incremento de 7 puntos porcentuales se replicó en las 24 jurisdicciones del país. 

El dato surge de un informe elaborado por Argentinos por la Educación y enciende las alarmas sobre el vínculo entre los estudiantes y la escuela. El 30% de los estudiantes registra más de 20 faltas, mientras que un 21% se ubica entre 15 y 19 inasistencias. En paralelo, se redujo el segmento intermedio —quienes faltaban entre 5 y 14 días— lo que sugiere un corrimiento hacia niveles más altos de ausentismo.

Por qué faltan los chicos

Las razones son variadas. El 62% de los estudiantes menciona problemas de salud, pero el segundo motivo —señalado por el 39%— expone un problema más profundo: "no tener ganas de ir a la escuela". También aparecen dificultades de acceso, responsabilidades familiares y situaciones laborales.

Para los directivos, el problema es central. El 46% de los directores considera al ausentismo como un obstáculo moderado o serio para el aprendizaje, por encima de la impuntualidad, los bajos logros académicos o incluso el ausentismo docente. 

Desigualdad entre provincias

Buenos Aires lidera con un 66% de estudiantes que faltan al menos 15 días, seguida por CABA (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%). En el otro extremo aparecen Santiago del Estero (28%), San Juan (29%) y Jujuy (30%). Entre Ríos está a mitad de tabla con un 42%.

"La punta del iceberg"

Los especialistas advierten que detrás de las faltas hay un problema mayor. Bruno Videla, docente y coautor del informe, señala que el ausentismo es la punta del iceberg, y que debajo aparecen la pérdida de valoración social de la escuela, el quiebre en la alianza con las familias y la flexibilización constante de los regímenes académicos. En esa línea, sostiene que declarar la obligatoriedad sin que nadie deba pagar un costo por incumplirla la transforma en una simple declaración de intenciones.

La investigadora Sandra Ziegler, de Flacso, interpreta el fenómeno como un "desajuste entre la oferta escolar y las condiciones de las trayectorias estudiantiles" y sostiene que la prevalencia del "no tenía ganas de ir" expresa un problema de sentido. 

Frente a este panorama, Argentinos por la Educación lanzó la campaña #ArgentinaALaEscuela, que busca instalar el tema en la agenda pública y visibilizar que, en promedio, se pierde al menos un mes de clases por año.

La firma, con plantas en las localidades pampeanas de Trenel y General Pico, atraviesa un escenario crítico. Según datos del Banco Central (BCRA), la empresa registra 1.152 cheques rechazados por un valor aproximado de $15.800 millones. Si se suma la deuda bancaria, que asciende a unos $24.300 millones, el pasivo total acumulado supera los $40.000 millones, sin contar compromisos con proveedores y obligaciones previsionales.

Esta crisis no es repentina. En los últimos meses, la planta sufrió una parálisis en su operatoria, incluyendo el repliegue de su negocio de carne kosher con destino a Israel, un pilar fundamental de sus exportaciones. En febrero pasado, la situación derivó en el despido de cerca de 200 trabajadores, mientras que otros 250 empleados permanecen en un estado de total incertidumbre sobre la continuidad de sus haberes.

A través de un comunicado firmado por Ernesto y Alan Lowenstein, la dirección de la empresa atribuyó la decisión a la imposibilidad de cerrar un acuerdo con un grupo inversor europeo. Los directivos apuntaron directamente contra un grupo financiero que actúa como accionista y acreedor, acusándolo de obstaculizar las alternativas propuestas para garantizar la continuidad operativa.

"Esto fue limitando las posibilidades de alcanzar una solución sin intervención judicial", sostuvieron desde la compañía. El concurso preventivo se presenta ahora como el último recurso legal para intentar reordenar los pasivos y evitar la quiebra definitiva.

El frigorífico es un actor clave en la economía de La Pampa. Pese al inicio del proceso judicial en el juzgado, la empresa aseguró que buscará reactivar la operación en el corto plazo para preservar las fuentes de trabajo restantes y minimizar el impacto económico y social en la región.

La situación fue expuesta por empleados de la fábrica y confirmada por el delegado regional de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (Uticra), Gaspar Fugaracho, quien señaló que la empresa ya concretó cerca de 160 despidos en medio de la fuerte retracción que afecta al sector.

Según explicó el dirigente sindical, en un intento por sostener las fuentes laborales, el gremio había acordado con la compañía una reducción de la jornada laboral. Esa medida se aplicó durante ocho meses y concluyó a fines de febrero, pero no alcanzó para evitar la pérdida de puestos de trabajo.

Durante ese período, los operarios dejaron de cumplir jornadas completas y pasaron a esquemas reducidos, lo que impactó de lleno en sus ingresos. De acuerdo con Fugaracho, la rebaja salarial rondó los 250 mil pesos mensuales por trabajador, dejando a muchos empleados con haberes cercanos a los 700 mil pesos por mes.

Desde el sindicato remarcaron que la situación se volvió insostenible para numerosas familias, en un contexto de caída del consumo interno y mayor presión sobre la producción nacional.

Además, el referente gremial advirtió que la apertura de importaciones agrava el escenario para la industria del calzado argentino, al generar una competencia que golpea con dureza a las fábricas locales.

“La prioridad es conservar las fuentes de trabajo, pero hoy no vemos un panorama claro hacia adelante”, sostuvo Fugaracho al describir la incertidumbre que atraviesan los trabajadores de la planta tucumana.

El caso de Topper vuelve a poner en foco las dificultades que enfrenta la industria nacional, especialmente en rubros sensibles como el calzado y la indumentaria, donde la baja del consumo y los cambios en las condiciones del mercado ya comienzan a reflejarse en suspensiones, despidos y cierres.

La economía argentina entró en una fase donde el problema ya no es solo la falta de consumo, sino la ruptura de la cadena de pagos. El escenario actual de marzo de 2026 muestra un país bifronte: por un lado, una industria que se apaga y, por otro, familias que se endeudan a tasas récord simplemente para sostener lo básico.

La producción manufacturera cruzó un umbral crítico. El Monitor de Desempeño Industrial (MDI), que mide la salud del sector, se desplomó a los 36,5 puntos, de acuerdo con datos de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Para entender la gravedad: cualquier cifra por debajo de 50 indica contracción; estar en 36 implica una caída profunda y sostenida (ya van 15 meses en rojo).

Producción y ventas: Más del 53% de las fábricas reportan caídas drásticas. El mercado interno no tracciona y la apertura importadora ha dejado a muchos sectores sin capacidad de competencia.

Asfixia financiera: el dato más alarmante es que el 45,6% de las empresas ya admiten dificultades para pagar salarios, impuestos o proveedores. La falta de liquidez obligó a muchas firmas a tomar deuda de corto plazo para cubrir baches operativos, agravando su cuadro de rentabilidad por los intereses punitorios.

Ajuste en el empleo: La recesión ya se "comió" puestos de trabajo. El 22% de las empresas ajustó su planta en el inicio del año, utilizando despidos directos en la mitad de los casos.

Ratio de irregularidad del crédito al sector privado. Fuente;: Informe sobre bancos del BCRA, diciembre 2025

La salud financiera de los hogares atraviesa su peor momento histórico. Hoy, una familia promedio destina el 33% de sus ingresos solo a cancelar saldos de préstamos y billeteras virtuales. 

Ante la falta de efectivo, las plataformas digitales se convirtieron en el "salvavidas de plomo" para llegar a fin de mes.

Mora explosiva: La irregularidad en los pagos de este sector se triplicó, pasando del 7,4% al 21,4% en un año.

Créditos irrecuperables: De los $12,6 billones prestados por el sistema no bancario, unos $2,7 billones ya se consideran incobrables (con más de un año de atraso).

Aunque los bancos tienen la ventaja del débito automático, no son inmunes al estrés:

Préstamos personales: La mora escaló a un inédito 11%.

Tarjetas de crédito: Los atrasos en los plásticos se multiplicaron por seis respecto al año pasado, alcanzando el 8,4%. La gente está "pateando" los saldos, pero con tasas que no se licúan, la bola de nieve se vuelve inmanejable.

Las grandes cadenas de electrodomésticos son hoy el espejo más fiel del bolsillo roto. El modelo de negocios basado en la financiación propia está crujiendo.

El dato paradójico es que, ante la desesperación por vender, los precios de estos bienes bajaron un 6,6% real en el último año, pero ni así logran tentar a un consumidor que prioriza la comida y las tarifas. El costo financiero total (CFT) para quienes intentan financiar una compra hoy puede superar el 800% anual, una cifra que vuelve cualquier plan de cuotas una misión suicida para el salario real.

La combinación de una industria que despide y hogares que se endeudan para comer configura un círculo vicioso. Con un salario real que ha perdido un tercio de su poder de compra, la capacidad de ahorro es inexistente y la de pago, marginal. Fuente: BAE Negocios 

“Mi vida está destrozada”, aseguró Luciano Castro en Mar del Plata en diálogo con A la tarde (América TV). La cronista del ciclo, Celina Hernández, relató en el ciclo la tensa charla que tuvo con el actor cuando él se encontraba en la playa con sus hijos y le consultó por la aparición de nuevos testimonios de mujeres que aseguran haber tenido un contacto íntimo con el actor.

Entre las preguntas directas sobre los rumores de una nueva infidelidad y, afectado, priorizó el impacto personal: “Me importa más mi vida que tu laburo”, respondió ante la insistencia de la notera, quien le pidió tener declaraciones para el programa de Karina Mazzocco.

En el momento del encuentro, el actor se hallaba en la playa junto a su hijo. Un incidente cotidiano, cuando la comida de su hijo cayó a la arena, añadió tensión a la escena. A pesar de su mal humor, Castro optó por mantener el diálogo y expresó su fastidio.

El galán de telenovelas como Sos mi hombre y Los ricos no piden permiso enfatizó que no desea seguir apareciendo en los medios para hablar de su vida privada. “No voy a hablar más, no quiero dar más notas, las que di es porque me sentí obligado”, aseguró la periodista sobre los dichos del actor. Expresó nuevamente el peso de la presión pública y remarcó: “Perdón que te lo diga así, pero mi vida está destrozada. Me importa más mi vida, que tu laburo”.

El último capítulo del escándalo gira en torno a versiones que vinculan a Luciano Castro con una mujer identificada como Valeria López, así como al temor por la posible filtración de material íntimo. A esto se suma el testimonio de la exvedette Tamara Bella y el de Sarah Borrell, la mujer danesa radicada en España que dio puntapié a la polémica.

El martes Ángel de Brito reprodujo en LAM (América TV) su conversación con Griselda Siciliani. “Todos dieron por muerta la pareja de Luciano Castro y Griselda, pero tengo malas noticias porque no. Siguen”, comenzó diciendo el conductor. “Le mandé un audio, le pregunté y le dije que todos estaban diciendo que se habían separado, que te dejó de seguir... Nunca se siguieron en las redes sociales, después eso ya lo aclaró todo el mundo”, contó.

Luego, el conductor leyó parte de su charla con la protagonista de Envidiosa. “Querido, tal vez lo dicen porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando”, comenzó diciendo la actriz, mientras el periodista mencionaba un proyecto por el que ella regresó a Capital Federal luego de pasar unos días con el actor en Mar del Plata. “Volvió por algo que no se puede contar porque está terminando lo de Moria y ahora está con una película, pero no se puede decir qué es”, detalló él.

“Yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mardel. Yo arranqué ayer la previa de esta película, que aún no se anunció, empiezo a filmar en 10 días y mientras termino la serie de La One. Así que es demasiado todo mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan”, afirmó la actriz de Educando a Nina y Menem, sin dejar pasar los últimos acontecimientos que ocurrieron en la polémica. “Está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora todo sigue tranqui”, concluyó la intérprete.

Leticia Siciliani, la hermana de Griselda, expresó su molestia y apuntó contra el actor: “Griselda es una mujer valiente y, sobre todo, muy, muy segura de sí. Y cuida mucho su intimidad y su vida. Pero para mí, el que tenía que hablar primero era Luciano”, cuestionó, mientras criticaba los dichos de Sabrina Rojas y Flor Vigna. “No me gusta que nadie hable mal de mi hermana. No me gusta para nada. De Luciano digan lo que quieran, pero de mi hermana nada. Y si lo dicen, bueno, habrá que cruzarse algún día”, se despachó.

La situación de los kioscos es particularmente crítica. Según la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), la drástica caída en el consumo, sumada a los exorbitantes aumentos en los alquileres y servicios, ha creado un cóctel insostenible para miles de comerciantes. Muchos de ellos, además de perder su fuente de ingresos, enfrentan la angustia de no poder reinsertarse en el mercado laboral.

Este panorama se ve agravado por la disminución general del poder adquisitivo. El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) revela que, con la excepción del rubro de textil e indumentaria, todos los demás sectores del comercio minorista experimentaron caídas en sus ventas. Los más afectados fueron perfumería (-23,8%), ferretería (-18,4%) y alimentos y bebidas (-13,5%).

La combinación de la pérdida de empleos, la licuación de los ingresos y la retracción del consumo dibuja un escenario sombrío para el comercio de cercanía, que históricamente ha sido un pilar fundamental de la economía barrial y el autoempleo en el país.

Miguel Tomasella, uno de los referentes del sector, reveló en una entrevista que actualmente se les ofrece apenas $3.000 por cajón, mientras que producirlo cuesta cinco veces más. El viernes pasado, Tomasella descartó 60 cajas de tomates y no descarta volver a hacerlo. “Una de las quejas de los centros de distribución es que están muy maduros”, explicó.

Según los mercados y verdulerías, el problema está en una superproducción interna que, sumada a la rápida maduración del fruto, presiona los precios a la baja. En este contexto, los horticultores consideran regalar la producción como medida de protesta, tal como lo hicieron en campañas anteriores. Sin rentabilidad, muchos ya piensan en dejar el cultivo. “Estamos con el ánimo por el piso. Para salvar la campaña, necesito que me paguen al menos $15.000 por cajón”, aseguró Tomasella. Además, advirtió que la continuidad de la crisis podría derivar en escasez futura y una fuerte suba de precios al consumidor.

La situación que viven los productores de Santa Lucía no es un hecho aislado. En Jujuy, por ejemplo, los horticultores también atraviesan una temporada crítica. Vicente Martínez, productor de Fraile Pintado, señaló que desde octubre de 2024 el precio del cajón de tomate no supera los $4.000, cuando su costo de producción ronda los $10.000. A la sobreproducción local se suma la competencia de tomates provenientes de Bolivia y Chile, lo que ha colapsado los precios en el mercado nacional.

La crisis actual deja en evidencia no solo las fluctuaciones del mercado, sino también la falta de políticas públicas que protejan a los pequeños y medianos productores. Mientras los consumidores disfrutan temporalmente de precios bajos, la amenaza del desabastecimiento y el encarecimiento futuro de los alimentos ya se vislumbra como una consecuencia inevitable si no se implementan medidas urgentes de apoyo al sector.

En la actualidad 9 de cada 10 familias argentinas están endeudadas. Y es un fenómeno que está creciendo de la mano de la licuación de los ingresos de los trabajadores y de la pérdida de empleos formales. Estas deudas se toman de diversas maneras como forma de aferrarse a una clase media en peligro de extinción.

Un informe reciente determinó que el 93% de las familias argentinas tiene algún tipo de deuda. El 35% de estas deudas se han tomado en los últimos meses. Este estudio a nivel nacional fue hecho por el Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la Provincia de Córdoba.

De estas deudas, sólo el 37% se encuentra en una situación regular -es decir, se paga correctamente-, el 41% está en mora administrativa y el 22% en mora judicial.

El mismo estudio señala que el método más utilizado para tomar deuda es el de la tarjeta de crédito y que el 54% de las deudas contraídas de esta manera se destina a la compra de alimentos y otros gastos incluyen combustible (16%), pago de impuestos y servicios (12%), indumentaria (11%) y electrodomésticos (5%).

“Hasta hace tres o cuatro años estas deudas con tarjeta se utilizaban para indumentaria y calzado, luego electrodomésticos, neumáticos, viajes y, por último, alimentos y combustible. Hoy la situación ha cambiado drásticamente, con un aumento significativo en el uso de tarjetas para cubrir necesidades básicas como alimentos”, remarcó uno de los realizadores del informe.

Otro dato alarmante se refleja en la proporción de ingresos destinados al pago de deudas. Entre el 20% y el 30% de los ingresos de muchos hogares se destinan a cubrir deudas, y un 18% de los hogares asignan entre el 40% y el 50% de sus ingresos a este fin.

Cambio de hábitosTiempo atrás, la búsqueda de créditos se vinculaba más a la compra de viviendas, el cambio de modelo de auto o la adquisición de un electrodoméstico. En la actualidad se busca resolver problemas como el pago de la factura de electricidad, la compra de alimentos o de medicinas. Ponerse al día con las expensas o el alquiler también es parte de la búsqueda.

Un ejemplo de este cambio de hábito es que el 60% de las compras en las carnicerías se realizan con tarjeta, según reveló Miguel Calvete, titular del Instituto de Estudio de Consumo Masivo.

Las deudas sirven para luchar con la urgencia de llegar a fin de mes y resolver necesidades inmediatas. “Algunos piden 100.000 pesos para poder pagar la factura de algún servicio que les llegó y otra cosa que estamos viendo es que después del 20 de cada mes algunos piden 30.000 o 40.000 pesos para poder pagar la SUBE”, señaló un ejecutivo de una billetera virtual que da préstamos.

Justamente, la aparición de las fintech -comúnmente conocidas como billeteras electrónicas- acentuó el cambio en el endeudamiento familiar. El último informe sobre créditos elaborado por la Cámara Argentina Fintech -sobre el primer trimestre de 2024- arrojó llamativos datos sobre esta forma de endeudarse.

En Argentina hay 5,65 millones de personas con un crédito fintech y, en cantidades, representan el 17,3% del total de préstamos del sistema financiero.Más de 30 empresas socias de la Cámara Fintech se dedican a otorgar préstamos como actividad principal o accesoria.El total de créditos fintech vigentes alcanzó los 6 millones de financiaciones. Es decir, se sumaron 400.000 créditos Fintech en el primer trimestre de 2024.El monto promedio para personas físicas de crédito fintech es de $86.000.Con relación al perfil de los clientes, los financiamientos de fintech continúan mostrando el mayor porcentaje de mujeres con un 53,5%.La calidad de la cartera fintech mostró un 74,9% de créditos en situación normal, un 12,9% con algún tipo de retraso y 12,1% en situación de incobrabilidad.En zona de peligroUno de los dirigentes políticos que viene desde hace tiempo advirtiendo sobre lo peligroso de esta situación es el diputado nacional de Unión por la Patria Daniel Arroyo.

“Argentina tiene dos problemas centrales: el sobreendeudamiento de las familias y aumento de los precios de los alimentos. El fenómeno que está creciendo es el del sobreendeudamiento que arranca con alguien que paga el mínimo de la tarjeta y lo patea para adelante, después va a una financiera y termina con un narco que tiene billete. Ese circuito termina con 500 por ciento de interés anual”, explica Arroyo.

“El fenómeno es que la guita no alcanza y hay un problema social grave. Además tenés una oferta sostenida y permanente de crédito que te da la posibilidad o la idea de que podés conseguir plata de manera fácil”, advierte el diputado, para quien el endeudamiento de las familias por los precios elevados asoma como la próxima crisis social.

El aumento del endeudamiento de las familias para mantener el nivel de vida y los gastos cotidianos corre el riesgo de convertirse en una bomba de tiempo si no se produce una reactivación en el corto plazo de la economía.

Esta situación no es nueva, pero según los especialistas tuvo su pico en los últimos dos años de Mauricio Macri, el último tramo de la presidencia de Alberto Fernández y se aceleró en lo que va del mandato de Javier Milei.

Quienes alertan por los peligros del endeudamiento extremo recuerdan que en la previa al estallido social en Chile, el 70 por ciento de los ingresos estaban embargados en cuotas para financiar la tarjeta, según informó en octubre de 2019 el Banco Central de ese país.

Fuente: BAE Negocios

La salida de una histórica marca de productos de limpieza de Argentina marca un hito significativo en la historia reciente del país. Tras años de ser uno de los principales jugadores en el mercado de productos de consumo masivo, P&G ha decidido cerrar sus operaciones en el país, citando la inestabilidad económica generada bajo la gestión de Javier Milei como el principal motivo de su decisión. Este movimiento, que sacude al sector de bienes de consumo, representa un golpe fuerte para los consumidores argentinos de supermercados que han confiado en marcas de la compañía por décadas.

La comercialización de los productos, su distribución y confección será asumido por Newsan SA, quien anunció en julio pasado la compra del 100% del paquete accionario de P&G Argentina. Con un acuerdo de exclusividad, la firma tomará a su cargo la comercialización de los productos de sus clásicas marcas como Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Downy, Vick, Cebión, entre otras y la fabricación y comercialización de pañales Pampers y toallitas Always. También compraron las oficinas generales situadas en Munro.

La empresa se comprometío a conservar los contratos laborales de todos los empleados y continuar con la operación comercial en el país: "Estamos muy felices de anunciar el desembarco de Newsan en consumo masivo; sumando los negocios de P&G, incorporando marcas icónicas, el conocimiento del mercado de una compañía líder y un gran equipo de colaboradores. Este es un paso más en el proceso de expansión, diversificación y crecimiento de nuestra compañía, y el primero en este segmento", dijo Luis Galli, CEO y presidente de Newsan.

Uno de los productos más emblemáticos de P&G, empresa que decidió irse de Argentina, es el jabón Ariel, que ha sido parte esencial en la rutina de limpieza de millones de hogares. Ariel, con su promesa de ropa más blanca y cuidada, ha liderado el mercado de detergentes desde su lanzamiento, convirtiéndose en un nombre casi sinónimo de limpieza en el país.

La crisis económica que atraviesa Argentina bajo la administración de Javier Milei ha sido devastadora para muchas empresas multinacionales, pero la partida de P&G resuena de manera especial. La empresa había logrado mantenerse en el mercado argentino a pesar de las recurrentes crisis económicas que han azotado al país en las últimas décadas. Sin embargo, las políticas económicas recientes, caracterizadas por altos niveles de inflación, volatilidad cambiaria y un clima de incertidumbre, han llevado a la multinacional a tomar la difícil decisión de retirarse.

El impacto de esta decisión se sentirá en varios niveles. En primer lugar, el retiro de P&G implica la pérdida de una marca importante para los consumidores argentinos que dependen de la compañía. Además, la salida de la empresa podría desencadenar un efecto dominó, alentando a otras multinacionales a reconsiderar su permanencia en el país. Finalmente, los consumidores también sufrirán, ya que la disponibilidad de productos de alta calidad, como el jabón Ariel, quizá se vea afectada.

Catálogo de P&G en Argentina: Un legado de calidad y confianzaEl catálogo de P&G en Argentina incluye una amplia gama de productos que han sido parte de la vida diaria de los argentinos por décadas. Además del detergente Ariel, la compañía ofrece otras marcas líderes como Pampers, el pañal favorito de muchas madres; Pantene, una de las marcas de cuidado capilar más reconocidas; Always, en la categoría de productos de higiene femenina; Gillette, referente en el cuidado personal masculino; y Oral-B, pionero en la salud bucal.

Cada una de estas marcas ha construido una sólida base de consumidores fieles que valoran la calidad y la confiabilidad de los productos de P&G. Sin embargo, con la salida de la compañía, estos consumidores se verán obligados a buscar alternativas en un mercado que ya enfrenta dificultades para ofrecer productos de calidad a precios accesibles.

En resumen, la retirada de P&G de Argentina es un reflejo de la grave crisis económica que atraviesa el país y del complejo escenario que las empresas deben enfrentar en un contexto de alta volatilidad e incertidumbre. La partida de un gigante como P&G no solo es un golpe para la economía, sino también para los consumidores, que perderán acceso a productos que han sido parte de sus vidas por generaciones.