La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N.º 2, luego de que la condena quedara firme tras la confirmación de instancias superiores. De esta manera, la causa pasa de la sentencia a su impacto concreto sobre el patrimonio de los involucrados.

El primer listado bajo ejecución incluye alrededor de veinte inmuebles, en su mayoría ubicados en El Calafate y Río Gallegos. Se trata de terrenos, departamentos, casas y desarrollos turísticos adquiridos durante los años de crecimiento patrimonial de la familia Kirchner.

Entre los bienes más relevantes se encuentran:

Según la Justicia, muchas de estas operaciones se realizaron en un contexto de fuerte expansión inmobiliaria, con una revalorización significativa del suelo.

Dentro del decomiso figuran dos activos emblemáticos:

Para el tribunal, estos emprendimientos forman parte de un esquema donde se integraban negocios inmobiliarios con fondos provenientes de la obra pública.

En la capital santacruceña, el decomiso alcanza a complejos habitacionales vinculados a la familia Kirchner. Entre ellos se destacan:

Estos bienes, según la investigación, presentan vínculos con estructuras empresariales asociadas a Báez.

El fallo también incluye bienes que habían sido transferidos en 2016 a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.

La Justicia consideró que estas cesiones no alteran el origen de los fondos, por lo que los activos también quedan alcanzados por el decomiso. Este criterio establece que las transferencias intrafamiliares no impiden la recuperación de bienes por parte del Estado.

Además del patrimonio personal, el proceso podría extenderse a empresas vinculadas a Báez, como Austral Construcciones y otras firmas.

Todos los bienes quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá definir su destino final, ya sea mediante subastas o su utilización con fines de reparación social.

Por su magnitud económica y la cantidad de activos involucrados, el decomiso en la causa Vialidad se posiciona como uno de los más importantes en la historia judicial argentina, marcando un precedente en materia de recuperación de bienes derivados de hechos de corrupción.

En su intervención, la exmandataria afirmó que la causa representa un caso de persecución judicial y aseguró que existió un “manejo criminal” de la figura del arrepentido. También denunció que se habrían fraguado pruebas y cuestionó el rol de magistrados y fiscales, al señalar que algunos responden a intereses políticos y económicos. Estas declaraciones se dieron en el inicio de la ronda de indagatorias prevista por el tribunal.

La comparecencia de Cristina Kirchner fue habilitada luego de que el TOF 7 rechazara los planteos preliminares formulados por distintas defensas, entre ellas la de la expresidenta y la del exministro Julio De Vido, que habían pedido la nulidad del proceso por presuntas irregularidades en la instrucción. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el tribunal resolvió continuar con el debate oral y fijó para este martes 17 de marzo de 2026 el comienzo de las declaraciones presenciales.

La defensa de Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi, insiste en que los cuadernos incorporados como prueba fueron manipulados y que no deberían ser considerados evidencia válida. Además, cuestionó las declaraciones de los imputados colaboradores, al sostener que fueron obtenidas bajo presión.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N°7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, y aborda la presunta existencia de una red de sobornos vinculada a contrataciones de obra pública, transporte y energía entre 2003 y 2015. En total, el proceso incluye a decenas de exfuncionarios y empresarios.

En paralelo a la audiencia, también se registró presencia de militantes y seguidores de la expresidenta en las inmediaciones de su domicilio y de los tribunales federales, en una jornada marcada por la fuerte repercusión política del caso.N.A.

La Justicia federal dio un nuevo paso en la causa por corrupción que tiene como condenados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez. Este jueves, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) el decomiso de más de 140 inmuebles, entre ellos el departamento ubicado en San José 1111, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales, el pedido incluye un total de 141 inmuebles: 13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Báez. Además, se requirió el decomiso de 46 automotores y diversas sumas de dinero.

En detalle, los fiscales solicitaron el decomiso de US$4.664.000 correspondientes a una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US$992.134 depositados en una caja de ahorro del Banco Galicia y $53.280,24.

En su presentación, Luciani y Mola remarcaron que las personas condenadas fueron intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86, monto actualizado por la “defraudación colosal a la Administración pública”. Sin embargo, señalaron que “todavía no han depositado ni un solo peso”, pese a que el plazo para hacerlo venció hace meses.

Asimismo, sostuvieron que tanto Cristina Kirchner como Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”, y consideraron que esa conducta “exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.

A fines del año pasado se conoció que la Corte Suprema de Justicia será la encargada de administrar y subastar los bienes decomisados, luego de que el TOF 2 solicitara esa medida.

La decisión alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra investigada, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, de acuerdo con criterios técnicos que fueron posteriormente ratificados por la Corte Suprema.

La causa continúa en etapa de ejecución de sentencia, mientras se definen los pasos administrativos y judiciales para concretar el recupero de los bienes.

La resolución —firmada este martes— surgió tras una publicación del 17 de noviembre en la cuenta verificada de la ex mandataria en la red social X, donde informó sobre un encuentro por el Día del Militante. En la reunión, un grupo de economistas le presentó un documento de más de 400 páginas respaldado por más de 80 profesionales.

Si bien los participantes estaban incluidos en una nómina presentada por la defensa el 12 de noviembre, la autorización judicial no contemplaba la visita simultánea de todos. El juez de ejecución consideró que la reunión se realizó sin permiso y vulneró las condiciones impuestas para su detención domiciliaria.

El fallo sostiene que encuentros de esta magnitud “no se compadecen con la lógica de restricción” propia de este régimen excepcional y desvirtúan su naturaleza punitiva. Por ello, estableció nuevas pautas:

Se mantiene la autorización general únicamente para familiares directos, médicos tratantes, abogados defensores y personal de custodia, según las nóminas previamente aprobadas.

El tribunal también dejó sin efecto una autorización otorgada el 14 de noviembre y ordenó a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal supervisar estrictamente cada ingreso al domicilio.

Finalmente, advirtió que nuevos incumplimientos podrían llevar a revisar —e incluso revocar— la prisión domiciliaria, conforme al artículo 34 de la Ley 24.660.

Fuentes judiciales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que el máximo tribunal asumirá la gestión del proceso, tras la decisión del TOF 2 de hacer efectivo el decomiso ordenado en 2022 y ratificado en junio de este año.

La medida alcanza 122 bienes inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito o activos incorporados durante el período de la maniobra investigada, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto fijado originalmente en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado por peritos contadores a $684.990 millones, en función de criterios técnicos validados por la Corte Suprema.

Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó avanzar con la realización y venta de los activos.

Entre los bienes figuran propiedades vinculadas a Lázaro Báez y a las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto, además de hoteles, terrenos y departamentos ubicados en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y otros bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.N.A.

Por unanimidad, el tribunal integrado por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg y José Michilini resolvió además absolver a Nicolás Gabriel Carrizo, sindicado como presunto jefe de la agrupación “Los Copitos”. Carrizo había permanecido tres años detenido y fue liberado en agosto pasado, luego de que ni la fiscalía ni la querella formularan acusación en su contra durante los alegatos.

Durante el juicio, que comenzó en junio de 2024 y contó con la declaración de 157 testigos, se debatió no sólo la autoría del atentado sino también la posibilidad de un financiamiento político detrás del hecho, una hipótesis que aún genera controversias.

La querella que representa a la ex mandataria había solicitado penas de 15 años de prisión para Sabag Montiel y Uliarte, mientras que la fiscalía calificó el ataque como tentativa de homicidio triplemente agravado por violencia de género, violencia política y uso de arma de fuego.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 9 de diciembre.

El tribunal, integrado por Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, anuló el fallo de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, quien el pasado 18 de julio había declarado inconstitucionales los artículos del Código Penal y del Código Electoral que impiden sufragar a condenados por delitos dolosos.

La CNE recordó los precedentes “Procuración Penitenciaria” y “Orazi” de la Corte Suprema. En el primero, el máximo tribunal había advertido que el Congreso debía revisar la normativa vigente sobre el derecho al voto de las personas con condena penal, ya que no podían imponerse restricciones genéricas y automáticas.

En el caso “Orazi”, la Corte señaló que no correspondía habilitar a condenados de manera general y de oficio, sino que debían cumplirse “condiciones mínimas” y tratarse en un caso concreto, a pedido del interesado o del Ministerio Público.

La Cámara sostuvo que la jueza Borruto actuó de oficio, sin que Cristina Kirchner ni el Ministerio Público lo solicitaran, y sin verificar la viabilidad jurídica y fáctica del voto en relación con la condena. Por estas razones, revocó la decisión y dispuso que la expresidenta quede excluida del padrón electoral.

De esta forma, Cristina Fernández de Kirchner no podrá ejercer su derecho al sufragio mientras se mantenga firme su condena a seis años de prisión en la causa “Vialidad”.

“Mi nombre es Luna, soy militante joven de Casa Compañera y de Juventud Compañera. En esta oportunidad, el 18 de junio, viajamos a Buenos Aires desde la ciudad de Gualeguay junto a muchísimos compañeros y compañeras, no solamente de las agrupaciones que confluimos dentro del Partido Justicialista, sino también compañeros y compañeras referentes de barrios, trabajadores de la salud, docentes, estudiantes, referentes de cultura, diversidades, referentes sindicales y gremiales, para lo que fue una jornada histórica. No solamente en defensa de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, sino también un acto firme en defensa de la democracia.

La convocatoria y la marcha se dieron sin disturbios. Nuevamente se mostró lo que es la movilización popular: consciente, organizada, unida y solidaria. Vuelvo a destacar que no fue una convocatoria cerrada. En las calles confluyeron todos los sectores del campo nacional y popular, incluso muchas personas independientes, vecinos y vecinas que entienden que lo que está en juego va más allá de cualquier bandera partidaria.

La marcha fue multitudinaria en Buenos Aires. Las columnas colmaban las calles de los alrededores de Plaza de Mayo. En Gualeguay, desde que supimos que se haría algo para el 18 de junio, nos estuvimos organizando solidariamente para poder estar presentes, como estuvimos el día de hoy: con carteles, con banderas, con nuestras convicciones y, sobre todo, para hacernos escuchar.

No solamente se trata de Cristina. Se trata del intento de proscripción justamente a una referente política elegida por el pueblo. Se trata también de un sistema judicial que avanza nuevamente sin legitimidad. Por eso lo que estamos defendiendo hoy no es solo a la compañera o a un hecho puntual, sino también al derecho que tenemos las personas de elegir libremente en democracia.

La jornada, en definitiva, demostró que cuando tocan a uno, respondemos todas y todos. Cuando tocan a una —a Cristina, en este caso—, no vamos a permitir que se avasalle la voluntad popular del pueblo. Y que Cristina no está sola, porque el pueblo está: está de pie, está en las calles.

La historia, en esta ocasión, nos llama una vez más a estar a la altura como militantes. Desde el Partido Justicialista de Gualeguay, desde Casa Compañera, desde Juventud Compañera y todos los demás sectores que nos acompañaron hoy, insistimos en que no hay democracia si hay proscripción. También quiero agregar que no hay democracia sin justicia social, sin memoria, sin participación y sin Cristina, en este caso.

Agradezco mucho la oportunidad del espacio para poder contar un poco acerca de lo vivido. La marcha, una vez que finalizó, se pudo desconcentrar de buena manera, y alrededor de las 21 horas los compañeros y compañeras de Gualeguay que viajamos llegamos todos bien nuevamente a nuestra ciudad.

Me gustaría también agregar lo siguiente. Como si hiciera falta alguna razón más para seguir en la calle: cuando estaba finalizando el acto, que se llevó a cabo a partir de las 14 horas en Plaza de Mayo, llegó la voz de la compañera Cristina a través de un audio prácticamente omnipotente. Nos transmitió claridad, serenidad y, sobre todo, valentía.

La compañera nos recordó una vez más por qué la seguimos diciendo. Justamente porque no habla desde el odio ni desde el rencor, sino desde el compromiso con el pueblo, desde el dolor que —bueno— qué mejor ejemplo que el de ella, que lo transforma en fuerza colectiva. Nos habló una vez más de organización, de conciencia histórica, de no bajar los brazos.

Fue un mensaje que nos abrazó a todas y todos en la plaza, y a la vez nos despertó. Nos dejó una certeza, eso sí: si ella no se rinde, nosotros tampoco”, cerró.

Desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución, la expresidenta se dirigió a la multitud mediante un audio transmitido por los parlantes instalados en la zona de la movilización. Cristina agradeció las muestras de afecto que recibe diariamente, tanto en la puerta de su casa como en distintos puntos del país, y aseguró que está “firme y tranquila” cumpliendo la prisión domiciliaria. “San José 1111, con prohibición de salir al balcón; Dios mío, qué cachivache son”, ironizó sobre la medida judicial.

En un tramo emotivo de su mensaje, valoró el fervor popular: “Los he escuchado cantar consignas, el Himno Nacional con mucha pasión, y lo que más me gustó fue escuchar el ‘vamos a volver’. No lo hacíamos desde hacía mucho tiempo y me gusta porque revela la voluntad de volver a tener un país donde los pibes puedan comer cuatro veces al día, los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse un autito, una casita, un terreno, algo que sea de ellos; los jubilados tenían remedio”.

Más adelante, la exmandataria habló en vivo de forma virtual a quienes se congregaron en Plaza de Mayo. “El verdadero poder económico sabe que este modelo se va a caer, por eso estoy presa. Pueden encerrarme a mí, pero no a todo el pueblo, ellos están asustados, no nosotros”, afirmó en tono desafiante. Y remató: “Vamos a volver una y mil veces”.

Finalmente, cerró con un mensaje de aliento a la militancia: “Tiren para adelante con firmeza y trabajo. Los abrazo con el corazón”.

La jornada en la Plaza fue intensa, con manifestantes que expresaron su apoyo a Cristina Kirchner con banderas, cánticos y pancartas. A pesar de la condena judicial, su figura continúa siendo central dentro del escenario político argentino.

La tecnología utilizada es parte de un sistema de monitoreo en tiempo real implementado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, diseñado para controlar arrestos domiciliarios y perímetros de seguridad, especialmente en casos de violencia de género o imputados con restricciones judiciales.

La tobillera electrónica, también conocida como TX, forma parte de un esquema dual que incluye un dispositivo colocado en el tobillo de la persona y una Unidad Domiciliaria (E4) instalada en su vivienda. Esta unidad, conectada a través de redes fijas o móviles, se comunica directamente con la Guardia de Monitoreo, que opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El sistema cuenta con tecnología satelital y permite detectar, en tiempo real, cualquier intento de manipulación del dispositivo o abandono del perímetro asignado. Ante cualquier anomalía, se genera una alerta automática que puede derivar en una intervención judicial inmediata.

Monitoreo constante con geolocalización satelital.

Alertas automáticas por violaciones del perímetro o manipulación del dispositivo.

Permisos excepcionales de egreso, registrados con autorización judicial.

Seguimiento con GPS portátil en caso de desplazamientos autorizados.

Zonas de exclusión, que generan alertas si la persona entra o sale de áreas prohibidas.

Este sistema de vigilancia electrónica fue desarrollado con el objetivo de resguardar tanto el cumplimiento judicial como los derechos humanos, mediante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad.

En el caso específico de Cristina Kirchner, será la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal la responsable de verificar el cumplimiento estricto de la medida domiciliaria. Esta dependencia judicial deberá remitir informes trimestrales al tribunal correspondiente.

En caso de detectarse alguna infracción o incumplimiento, el sistema prevé la posibilidad de revocar el beneficio y ordenar el inmediato regreso a una unidad penitenciaria.

Cristina Kirchner cumplirá los seis años de prisión en su domicilio ubicado en la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat. Además de no tener que presentarse este martes en los tribunales de Comodoro Py, la ex mandataria fue notificada de manera virtual, en el marco de un procedimiento que busca facilitar el cumplimiento de la sentencia sin traslados presenciales.

La medida fue otorgada con una serie de condiciones, entre ellas, el uso obligatorio de una tobillera electrónica. Según lo dispuesto por el Tribunal, se instruyó a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica —organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación— a proceder con la instalación del dispositivo.

También se detalló que las visitas al domicilio estarán restringidas, en línea con los protocolos habituales de vigilancia y cumplimiento de este tipo de medidas.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ratificado la semana pasada la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de la obra pública vial en Santa Cruz.

—¿Cómo tomaste la condena a Cristina?

—La verdad que yo creo que era un fallo esperado para ponerle un cierre a una de las etapas más corruptas de la Argentina. Fueron 15 años de corrupción que se termina de dar un cierre con este fallo.

—¿Sentís que es en el mejor momento o que podría haber sido más alejado de las elecciones?

—No, yo creo que la justicia es independiente y es sano que no se fije en los procesos electorales del país. Son dos caminos separados. También creo que seis años, no sé si es justo, si es mucho o es poco, pero es una condena.

Y hablemos de que esta causa viene desde 2008. Es un juicio que se inicia con una demanda de Carrió del 2008 y que termina en 2025. Estamos hablando de 17 años de proceso. Tanto este juicio como otros dejan claro que la justicia no termina siendo para todos igual, porque nosotros, los simples mortales, los que estamos acá hoy en día, los que somos el llano, el pueblo, nunca podemos acceder a ese nivel de justicia.

Es una condena por la que pasaron un centenar de jueces. Se fue pateando, se fue alargando el proceso, pero se alargó simplemente por una cuestión de política, de ambición política de los mismos condenados.

—Hay causas como la del Correo de Mauricio Macri que comenzaron antes. ¿Sentís que desde ese lado las causas no avanzan?

—No, yo primero no estoy tan en tema como con la de Cristina, pero tampoco voy a ser defensor de cualquiera. Debería definirse en la misma justicia. "El que las hace, las paga." Eso que está muy de moda ahora tiene que ser para todos.

—Situación del radicalismo: ¿cómo están hoy en los frentes que integran?

—Nosotros en lo que son los comités locales apuntamos a Gualeguay. Nosotros, como UCR de Gualeguay trabajamos siempre enfocados en la ciudad, que creo que es lo importante: la situación cotidiana, el día a día de cada uno.

Después, yo tengo un pensamiento a nivel provincial con el que, capaz, otro de los que también integran el comité puede tener un pensamiento distinto, pero, sin embargo, apuntamos siempre a la estructura local. Dejamos los intereses provinciales o el pensamiento nacional de lado para poder también trabajar. Por eso funcionamos como una unidad. Es un consenso que se va logrando, que lleva tiempo de charla, puesta en común, para poder trabajar y hacer de cada reclamo una opción para el pueblo, para la ciudad. 

—¿Sienten en la provincia que el radicalismo podría tener un lugar más protagonista, que si no fuera por el frente Frigerio no sería gobernador?

—Si no hubiese sido por el frente, muchos intendentes radicales no hubiesen sido intendentes tampoco. Creo que hay un límite dentro del frente —volviendo al tema de Cristina— que es la corrupción. Con los corruptos, nada. Y después, dentro del frente, todo se puede charlar. Todo se puede acordar y nivelar para un camino en común, que es el progresismo y el bienestar social, y eso lograrlo a través del Estado también.

—¿Cómo son las discusiones sobre la gestión local?

—Las reuniones del comité no se basan en la municipalidad, porque nosotros somos UCR Gualeguay, no somos la municipalidad de Gualeguay. Si bien muchos integrantes del comité y otros tantos están dentro del municipio, eso por ahí lo que da es la facilidad de llegar al funcionario de turno y decirle algo, tener una crítica constructiva.

Nunca sirven las críticas destructivas. Las críticas deben ser aportes. Y después de ese aporte, hacer un seguimiento para tratar de que lo que uno pregona y uno piensa se pueda llevar a cabo y pueda llegar a la municipalidad. Creo que es lo más sano. Siempre las críticas y autocríticas hacerlas en el comité, para adentro, y trasladarlas al municipio, y después tratar de que se lleven a cabo.

—¿Cómo ves el clima de violencia en la política?

—Sí, yo creo que hay una intolerancia social palpable. Uno, como comerciante, tiene un pulso distinto de la ciudad. Y lo que uno puede percibir o palpar es que hay una intolerancia grande que después se refleja en las redes sociales.

También termina reflejándose en ciertos funcionarios, pero hay que separarlo. Hay que fijarse si es más para un fin político, para captar votos, o si es el pensamiento político de esa persona.

Pero que hay una sociedad intolerante es palpable y es cierto. Respecto al tránsito, se nota mucho. En la calle vos lo ves. O por ahí te ponés a hablar con un mismo cliente, entonces te agarran y te dicen que algo les encanta y quieren comprar algo, pero en vez de comprar las dos cosas que les gustan, tienen que elegir una.

Y todo eso va generando distintas frustraciones para la persona, para el cliente, y esas frustraciones después se van acumulando y terminan explotando de cierta manera.

No tengo el dato exacto, pero creo que cinco de cada diez personas debe estar consumiendo algún relajante o algo así. Es impresionante la intolerancia que estamos viendo. Y eso queda reflejado en las redes sociales. Vos publicás algo y vas a tener diez haters y tres me gusta. Que tampoco hay que centrarse en eso. Hay que valorar al que sale a hablar y a expresarse públicamente desde el llano. “Bueno, yo pienso esto”. Y cada vez la gente tiene más miedo de expresarse. Y ese miedo después termina expresándose en la urna. 

—En ese sentido, ¿te preocupa que la gente termine descreyendo de la política como herramienta para transformar la realidad?

—No me preocupa en las elecciones provinciales, porque históricamente siempre se votó poco, con bajo margen de participación política, de votos. Sí creo que hay que terminar con el desdoblamiento de las elecciones. Hay que hacer el voto cada dos años. Son impresionantes los gastos de campaña. Si bien hay leyes después para limpiar la ciudad y todo, durante dos meses de campaña la ciudad está llena de propaganda política que no a todo el mundo le gusta. Entonces, hay que respetar esas cosas.

En el 2023 votamos cinco veces. Hay que respetar los balotajes, y por supuesto que hay que votar cada dos años. Vivimos en una república con representación de cámara, entonces eso hay que renovarlo. Pero desdoblar ya es demasiado.

—¿Cómo está funcionando hoy el comité radical?

—Nos estamos juntando todos los miércoles para debatir política y distintos proyectos dentro del partido. Estamos empezando a armar proyectos con salida laboral y talleres culturales.

Entonces, más que nada, la idea es invitar a la sociedad, no solamente a los comités o a los partidos políticos, a integrarse políticamente, sino que hay que hacerlo desde un punto de vista social y cultural. Creo que ese es uno de los futuros de los comités. Ya se hablaba en la década del 2000 de que se estaban acabando los partidos de masas, y hay que hacer los partidos funcionales a los pueblos.

Nosotros somos el radicalismo, que tiene una representación, y hay que valorarlo. Venimos de una trayectoria de 130 años. Hay que valorar que tenemos representación en cada punto del país. Y eso hay que explotarlo socialmente, no solo políticamente. 

“Lo que ocurrió  era algo que la mayor parte de la población estaba esperando”, afirmó el concejal, haciendo referencia al fallo que encontró responsable a la ex mandataria de favorecer al empresario Lázaro Báez con 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz. “Era un proceso que debía cerrarse, por sí o por no, pero debía haber una definición. De lo contrario, estaríamos hablando de una justicia que no resuelve”, expresó.

El dirigente del radicalismo aseguró que, a título personal y en sintonía con lo que percibe en gran parte de la sociedad, considera que la pena es insuficiente. “Después de ver las escandalosas pruebas que hubo, seis años me parecen pocos. Seguramente cumplirá domiciliaria y en poco tiempo estará libre, siendo una persona que se hizo multimillonaria a costa de todos los argentinos”, criticó.

Consultado sobre la posibilidad de que Fernández de Kirchner acceda al beneficio de la prisión domiciliaria, Bueno aclaró que se trata de un derecho legal. “Si la ley dice que a partir de los 70 años se puede acceder a este beneficio, no podemos ir en contra de lo que la ley establece. Ahora bien, también hay que decir que este beneficio fue pensado en una época donde la expectativa de vida era distinta. Hoy una persona de 70 años está activa, no es un anciano”, apuntó, sugiriendo que sería razonable revisar ese límite etario.

Respecto a la inhabilitación para ejercer cargos públicos que también recae sobre la ex presidenta, Bueno opinó que esto podría reconfigurar el mapa político, aunque con reservas. “A nivel nacional, Cristina ya no tenía chances reales. Es una locura pensar que la gente iba a volver a votarla. Incluso creo que a ciertos sectores de la política les convenía que Cristina siguiera presente, porque servía como eje de polarización para ganar elecciones con mayor facilidad”.

El dirigente cerró su análisis destacando la necesidad de respetar el fallo judicial, pero también remarcó que este episodio podría fortalecer a los espacios opositores al kirchnerismo, de cara a un nuevo escenario político en el país.

El fallo de la Corte Suprema

"La verdad que es un fallo que, como lo había ya adelantado Cristina, estaba escrito hace mucho tiempo. Pero más allá de esta circunstancia, que es penosa, verdaderamente penosa, lamentable, no deja de ponernos mal, de angustiarnos. Estamos ante un momento, te diría, prácticamente crítico en la democracia. Como dijo Cristina, esto es un cepo al voto popular. Entonces, partiendo de ese concepto, se puede decir que ya no hay más democracia. Si la persona que a nosotros nos representa genuinamente no va a poder ejercer más cargos públicos, ¿dónde canalizamos nuestro derecho al voto? Se nos está claramente cercenando y eso es algo que creo verdaderamente de alguna manera u otra hay que buscarle la manera de solucionarlo, pero no se puede permitir".

Sobre la causa Vialidad y el contexto político

"La causa de Vialidad es una de las peores causas, es una causa netamente política. El que la ha seguido, y la han seguido muchos juristas —y juristas que incluso, hay que decirlo también, no tienen afiliación partidaria, no se los puede tildar de peronistas ni mucho menos—, han dicho que es una causa que genera un precedente altamente negativo, porque en realidad se está penando la actividad presidencial. Es un hecho inédito esto a nivel, te diría, global, a nivel internacional. Esto va a pasar como un fallo absolutamente vergonzante para la historia jurídica en nuestro país, que es muy rica. La verdad que tenemos un triunvirato de impresentables que se pusieron al servicio del poder hegemónico de este país.

Como ya ha pasado otras veces, porque también hay que decirlo, ha pasado otras veces y no solamente en el peronismo: todas las personas que han querido o que han beneficiado de alguna u otra manera a la población de este país, llámese Frondizi o Illia, han pasado por la cárcel; y Perón, que tuvo que exiliarse y estuvo 18 años proscripto hasta que volvió y fue presidente.

Esto iba a suceder, termina sucediendo hoy cuando ella empieza a tomar el timón y empieza a tratar de organizar al peronismo que estaba un poco diluido, un poco fragmentado en la oposición. Y ella, desde que asumió el PJ a nivel nacional, tomó las riendas del asunto y estaba, me parece, en un excelente camino por recorrer, pensando inclusive no solamente en el 2025, sino también en el 2027. Y no hay ninguna duda que es por eso que la sacan de la cancha, porque en realidad veían claramente la posibilidad de que ella vuelva a construir esa mayoría que tanto se necesita para volver a tener un país que beneficie a todos los argentinos, no a un puñado."

La reacción en el PJ Gualeguay

"Ayer mismo (después del fallo) nos fuimos a nuestra casa, al PJ de acá de Gualeguay, y estuvimos allí reunidos. Y lo que se observa por el momento es mucha tristeza, como una especie de desolación, porque realmente Cristina es nuestra conductora, Cristina es nuestra líder y nuestra principal referente del espacio. Entonces no es grato no saber qué va a pasar de acá para adelante.Si uno realmente no va a poder ejercer su derecho a elección, es algo que duele profundamente. Por eso creo que es algo que nos pone muy sensibles, creo que vamos a tener que organizarnos, ahora más que nunca ni hablar, poner cartas en el asunto y empezar a laburar. Siendo militantes políticos, pero con un norte muy claro que es comprometernos, salir de nuestras zonas de confort, volver a trabajar por ese peronismo que tanto necesita la gente para volver a ser gobierno.

Creo que esto nos va a mover un poquito y va a fortalecer desde ese lado. Pero es verdad que estamos tristes, hay una angustia generalizada. No hay mucho más para decir. Es algo que nos deja a todos medio perplejos, estupefactos  ante esta decisión, que la veíamos venir, pero es duro."

Preocupación por posibles desbordes y acciones a seguir

"Al haber un cepo al voto popular y al no haber la posibilidad de representatividad, que es lo que nos guía en una democracia, tenemos que decir lisa y llanamente que no hay democracia. Y eso genera sin dudas violencia.

Esto lo digo a título personal, ya no como referente de una parte del PJ: para mí esto se resuelve con gente en la calle. Ya no valen más las posibilidades de solución a través de vías democráticas porque ya no hay más vías democráticas. Acá hay que pasar a las vías de hecho. Esto se resuelve con la gente en la calle.

Recuerdo un caso muy clarito que es cuando la Corte quiso instaurar el 2 por 1 para los genocidas, salieron todas las organizaciones sociales, civiles, de derechos humanos en una manifestación que fue apoteótica. Más de un millón de personas y a la Corte no le quedó más remedio que volver sobre sus propios pasos y aceptar lo que la sociedad le dijo.

Hay ciertos límites que no se deberían pasar. Condenar hoy a Cristina en una causa que no tiene ningún tipo de asidero, donde no está llamado a esta causa el ministro de Obras Públicas, donde no están los jefes de Gabinete, donde se ha dicho hasta por expertos juristas que no tienen afiliación partidaria ni se los puede llegar a juzgar de peronista que es una causa que termina condenando por indicios, la verdad, para el que pasó por una facultad puede lícitamente concluir que no hay estado de derecho. Y esto se subvirtió desde el 2015, cuando Macri asume el poder, se produce una fabulosa subversión del estado de derecho. Se permitieron que dos jueces ingresen a la Corte por decreto. Hubo un armador de esta mesa judicial que estuvo prófugo durante 3 años en Uruguay y hoy vuelve sabiendo que va a ser sobreseído. Entonces, mientras que los delincuentes anden en la calle y los que realmente beneficiaron al país estén presos, yo no creo que la posibilidad sea por vías o por canales institucionales.

Eso lo digo a título personal, insisto, me parece que es con la gente en la calle manifestando el descontento y entiendo que tiene que ir por ahí."

El mensaje del fallo y el rol del peronismo

"Creo que este tipo de fallos en contra de la persona de Cristina claramente tienen un mensaje disciplinador para el resto de la dirigencia. Todo aquel que se atreva a tomar medidas populares en favor del pueblo, va a terminar preso. Ese sin duda es el mensaje último y mafioso que tiene este fallo porque en realidad hay que decirlo: es un fallo mafioso que está representando los intereses de una mafia corporativa. La hay en todos los países del mundo porque tampoco vamos a ser tan ingenuos. Pasó algo muy parecido en Brasil y después de un par de años Lula termina quedando en libertad, se demuestra cuando el Juez Moro fue enjuiciado y separado de su cargo y Lula termina siendo presidente. En el país del norte, cualquiera sea el presidente, quienes manejan el gobierno verdaderamente son las corporaciones. Bueno, yo no quiero eso para mi país. Quiero que si elijo un representante, quien ejerza la magistratura o la presidencia de la Nación sea sin duda la persona que lleve adelante la política económica de un país. No quiero que lo manejen al país las corporaciones.

Hay que militar muy fuertemente desde un punto de vista político para tratar de salir de esta encerrona, no tenerle miedo, como dice ella, nosotros ponemos la cara y vamos para adelante.

Esto nos obliga a involucrarnos, a presentarnos en las listas, a las elecciones, ganarlas  y que verdaderamente ganen siempre las mayorías. Eso hay que hacerlo también paralelamente. No tenemos que quedarnos quietos."

La construcción política en Gualeguay

"Acá esto tiene que marcarnos un punto claramente de unidad, en solidaridad para con una compañera que hoy está sufriendo la proscripción. De alguna manera buscar las mejores estrategias para sortearla, para dejarla atrás, que sea algo del pasado. Queremos que Cristina pueda presentarse, que la podamos elegir y nosotros, cada uno en nuestro lugar, en nuestro territorio, tenemos que salir, dar la cara, trabajar, y ser opción para el 2027 acá en Gualeguay, y pelear por la intendencia.

Somos parte de un proyecto colectivo y como tal nos debemos a esa construcción. Quiero dejar clara la solidaridad y el énfasis que uno le pone a este sentido de armar un proyecto colectivo que realmente  cambie este país y nos devuelva la felicidad",

El episodio ocurrió en la tarde de este martes, cuando decenas de personas con banderas y cánticos afines al kirchnerismo irrumpieron por la fuerza en las instalaciones ubicadas sobre la calle Lima, en cercanías del barrio Constitución, a pocas cuadras del domicilio de la ex vicepresidenta.

Según información recabada por la agencia Noticias Argentinas, los manifestantes superaron al personal de seguridad privada del lugar y provocaron serios destrozos: rompieron vidrios, autos particulares, vitrinas, televisores y equipos técnicos pertenecientes al canal. También se registraron ataques con piedras contra las fachadas del edificio.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió el hecho a través de un comunicado oficial, donde exigió “una urgente investigación y sanción a los responsables”, al tiempo que pidió reforzar las medidas de protección para medios de comunicación y periodistas.

Los incidentes generaron un fuerte operativo policial posterior y se evalúan las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables del ataque. Hasta el momento, no se reportaron heridos de gravedad ni detenciones confirmadas.

El fallo ratificado por la Corte, que condena a Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, desató reacciones en distintos sectores del kirchnerismo. Sin embargo, desde el oficialismo no hubo hasta el momento un pronunciamiento sobre los hechos violentos en ARTEAR.

Desde el justicialismo entrerriano expresaron “solidaridad con la compañera Cristina Fernández” y calificaron la decisión del máximo tribunal como un hecho que “pone en riesgo el Estado de Derecho en la Argentina”.

“El fallo sobre la causa Vialidad sienta un precedente muy negativo para nuestro Estado de Derecho, donde un Presidente puede ser llevado a juicio y condenado por actos de terceros con relación jerárquica dentro del Estado”, señalaron desde el PJ provincial.

En el comunicado, el partido remarcó que el proceso judicial fue “llevado adelante por un tribunal que actuó sobre cosa juzgada”, y cuestionaron su accionar al denunciar “parcialidad y arbitrariedad durante el proceso”, en el cual —afirmaron— “se acusó sin pruebas directas del delito que se imputa”.

Además, advirtieron sobre “visibles vínculos con el entonces presidente Mauricio Macri”, lo cual —según indicaron— “hace más grave la situación”. Y apuntaron que “hoy esa acción se consuma a instancias del presidente Milei”.

Los tiempos y la forma en que se conoció la decisión judicial también fueron blanco de críticas: “No hacen más que reforzar las sospechas de que se trata de una maniobra de persecución política e intento de proscripción de la compañera Cristina Fernández”, analizaron.

Finalmente, desde el PJ entrerriano concluyeron: “Es mucho más que eso, es un ataque a la democracia y un nuevo intento por destruir al peronismo como partido político y como movimiento popular al servicio de los intereses del pueblo”.

Con la sentencia firme, en el oficialismo ya se barajan distintas opciones sobre cuál podría ser el domicilio donde Cristina Kirchner cumpliría su eventual arresto domiciliario, si así lo autoriza el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

Fuentes cercanas al PJ indican que la opción más probable sería su departamento en el barrio porteño de Constitución, donde reside actualmente y que comparte edificio con su hija, Florencia Kirchner. La propiedad, ubicada en las inmediaciones de Avenida San Juan y San José, tiene un perfil más bajo en comparación con su anterior vivienda en Recoleta, expuesta a constantes manifestaciones y foco del intento de magnicidio del 1 de septiembre de 2022.

Desde ese atentado, la ex presidenta abandonó su residencia histórica en la intersección de Juncal y Uruguay, trasladándose a zonas de menor visibilidad mediática y política. La cercanía con su núcleo familiar y la accesibilidad logística hacen del departamento en Constitución una alternativa viable ante una posible prisión domiciliaria.

Otra posibilidad es su casa en El Calafate, Santa Cruz, donde Cristina Kirchner tiene su domicilio legal. No obstante, el hecho de que su actividad política reciente se centre en la Ciudad de Buenos Aires —con reuniones en el Instituto Patria y la sede del PJ nacional—, sumado a las dificultades logísticas de trasladarla ante cualquier requerimiento judicial, juegan en contra de esta opción.

En paralelo, referentes judiciales señalan que, aunque legalmente no se descarta, las condiciones geográficas de El Calafate podrían complejizar un esquema de control y seguimiento domiciliario.

En caso de una detención inmediata antes de definirse el lugar de cumplimiento de la domiciliaria, se contemplan medidas provisorias. Una de ellas es su traslado a la Alcaidía de Mujeres en la intersección de Cavia y Figueroa Alcorta, un centro de detención temporaria para causas federales. También se menciona la posibilidad de alquilar una vivienda en el conurbano bonaerense, aunque se trataría solo de una solución momentánea.

La implementación de una prisión domiciliaria no es automática. Requiere un análisis detallado de informes socioambientales, dictámenes del Ministerio Público Fiscal y la defensa —encabezada por el abogado Carlos Beraldi—, además de la evaluación final del TOF 2.

El procedimiento seguido con otros condenados sugiere que Cristina Kirchner podría ser citada a presentarse en los tribunales de Comodoro Py, donde se formalizaría su condición de detenida, como ocurrió con los acusados en las causas de la tragedia de Once y la “Ruta del dinero K”.

A diferencia de otros funcionarios como Lázaro Báez o José López, quienes acumulan múltiples condenas, esta es la primera sentencia firme para Cristina Fernández de Kirchner. A partir de esta resolución, el TOF 2 deberá notificar a la Cámara Nacional Electoral para su exclusión del padrón, lo que le impide votar o ser candidata. Este paso sella un capítulo judicial que repercute directamente en su futuro político y electoral.

En las próximas semanas, el foco estará puesto en la decisión del TOF 2: dónde y bajo qué condiciones cumplirá la ex presidenta su condena. Por ahora, el país observa, expectante, cómo se desarrolla un hecho sin precedentes en la historia democrática reciente.

El caso investigó irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas. La Justicia determinó que hubo administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en un esquema que favoreció sistemáticamente a las empresas del empresario Lázaro Báez.

En su fallo, la Corte consideró que “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que la sentencia de condena “se fundó en pruebas abundantes y fue debidamente motivada en derecho”. La defensa de Fernández de Kirchner había cuestionado la imparcialidad del tribunal y la valoración de las pruebas, pero el máximo tribunal sostuvo que tales planteos fueron reiteraciones ya desestimadas en instancias anteriores y que no demostraron arbitrariedad ni violaciones a garantías constitucionales.

Además de Cristina Kirchner, también fueron condenados otros ex funcionarios, como el ex secretario de Obras Públicas José López, y el empresario Lázaro Báez, considerado beneficiario central del esquema investigado. El fallo incluye el decomiso de $84.835 millones.

Cabe recordar que Fernández de Kirchner fue absuelta por el delito de asociación ilícita, al igual que otros implicados, y que esta parte de la decisión también quedó firme, ya que el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal fue desestimado por la Corte por “inadmisible”, según lo establece el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

Con este fallo, se agotan las vías ordinarias de apelación, lo que implica que la condena ya no puede ser revertida por canales judiciales tradicionales. Si bien la ex presidenta aún puede recurrir a instancias internacionales, el efecto inmediato es su exclusión definitiva de cualquier candidatura política en el país.

Por su edad y condición, Cristina Fernández podría acceder a una eventual modalidad de arresto domiciliario, aunque eso dependerá de decisiones posteriores del tribunal de ejecución penal.

La resolución marca un hito judicial y político en la historia reciente de la Argentina, al involucrar por primera vez de manera definitiva a una ex mandataria constitucional en una condena penal por hechos de corrupción.

Durante su intervención, Cristina cuestionó duramente la estrategia de desdoblamiento electoral en territorio bonaerense, en una crítica implícita —aunque sin nombrarlo— al gobernador Axel Kicillof. “La provincia fue gobernada por alfonsinistas, menemistas, duhaldistas, kirchneristas y macristas, y nunca se desdobló”, afirmó. En esa línea, recordó que los comicios provinciales y nacionales tendrán lugar con apenas siete semanas de diferencia, lo que a su entender “atenta contra una estrategia electoral coherente”.

La ex mandataria explicó que su postulación responde a una decisión estratégica y militante: “Tenés que ir al lugar donde más servís en el momento en que es oportuno, apostar a que el proyecto colectivo vaya para adelante”. También remarcó que la Tercera Sección del conurbano está “subrepresentada, como todo el conurbano bonaerense”.

En tono crítico, Fernández de Kirchner también apuntó contra el gobierno nacional. Calificó al actual presidente Javier Milei como “un marginal de la política” y lo acusó de atender exclusivamente a los intereses de los sectores concentrados de poder. “Sería bueno que se ocupara de los problemas de la marginalidad y vulnerabilidad, pero no, es un marginal que se ocupa de los ricos”, lanzó.

Además, definió el presente económico y social del país como “una realidad un tanto esotérica” y denunció que el oficialismo libertario ha reemplazado “el cepo al dólar por el cepo al salario”. Criticó particularmente el ajuste en áreas sensibles del Estado como el Hospital Garrahan, al que describió como “una institución con comportamiento ejemplar”.

Fernández de Kirchner también hizo referencia al pasado reciente, señalando que “en 2015 hubo una derecha mafiosa y cínica que ganó mintiendo, diciendo que los argentinos no iban a perder nada de lo bueno que tenían”. “Los convencieron de que nos habíamos robado un PBI”, se lamentó.

En cuanto al panorama institucional, la ex presidenta propuso una reforma constitucional “urgente” para establecer la obligatoriedad del voto cada cuatro años, en lugar del actual calendario fragmentado.

Por último, criticó el desdoblamiento electoral en la Ciudad de Buenos Aires implementado por Jorge Macri, al que calificó como “un gran error” que le terminó costando al PRO “salir tercero”. Destacó el desempeño del peronismo en ese distrito, especialmente la lista encabezada por Leandro Santoro, que “pudo construir una unidad” y alcanzó los 27 puntos.

La decisión de Cristina Kirchner de volver a competir en las urnas sacude el tablero político bonaerense y nacional, en un contexto donde el peronismo busca reordenarse frente a una gestión libertaria que, según la ex presidenta, “llega sin un plan y con crueldad”.

El procurador general ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, presentó este jueves un dictamen en el que solicita que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión en el marco de la denominada "Causa Vialidad".

Casal avaló la queja presentada por el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, quien pidió al máximo tribunal que se revoque la absolución de la ex mandataria por el delito de asociación ilícita y que se eleve de seis a doce años la pena impuesta.

Actualmente, la ex vicepresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, en un fallo dictado por el Tribunal Oral Federal N.º 2 y ratificado por la Cámara Federal de Casación.

La causa investigó el presunto direccionamiento de más del 80% de la obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz a favor de las empresas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Ahora, con el respaldo de Casal, la Corte deberá definir si acepta la apelación y evalúa la posibilidad de agravar la condena, incluyendo el delito de asociación ilícita por el que Cristina Kirchner había sido absuelta en primera instancia.