La decisión, fechada el 19 de septiembre, marca un antes y un después en la justicia entrerriana, al abandonar el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) como base de cálculo, por considerarlo “insuficiente y seriamente discutido”. El fallo también introduce una perspectiva de género integral, considerando factores de vulnerabilidad, violencia de género y abandono económico.

La demanda fue impulsada por Diana Deharbe, doctora en Comunicación y activista por los derechos de las familias monomarentales, quien contó con el acompañamiento de los abogados Andrea Saxer y Gabriel Borgetto.

“La cuestión no puede ser abordada de forma aislada ni meramente patrimonial”, fundamentó la magistrada, subrayando que el caso exige “una lectura integral del derecho de familia contemporáneo” y una mirada sobre los derechos de las infancias.

El Índice de Crianza, creado por el Ministerio de Economía en marzo de 2023, mide el costo de vida mínimo de niñas y niños, incluyendo alimentos, educación, transporte y, de forma inédita, el valor del tiempo de cuidado.

Hasta ahora, la mayoría de los fallos en Entre Ríos establecían cuotas de entre el 30 y 50% del SMVM. Con este cambio, el piso alimentario pasó de $322.000 a $548.636 mensuales, monto actualizable de forma automática.

Otro aspecto destacado del fallo es la posibilidad de recurrir a los abuelos paternos como responsables subsidiarios ante el incumplimiento del progenitor. La jueza remarcó que la “solidaridad familiar intergeneracional” garantiza el derecho alimentario de los menores.

Además, reconoció la violencia económica y de género sufrida por la madre, elemento que fue central para entender la situación de vulnerabilidad y abandono.

Diana Deharbe, integrante de la asociación Monomarentales Argentina (MA), celebró el fallo, aunque advirtió que “el problema de fondo persiste”. Señaló que el IC no contempla el costo del alquiler y que muchas veces la ejecución de la cuota resulta imposible cuando los deudores son monotributistas.

También criticó el proceso judicial:

“Las mujeres terminamos pagando tasas y sellados para notificar a los deudores. Es una agonía que garantiza su impunidad”, expresó.

Desde MA, impulsan una nueva ley de alimentos que formalice el uso del Índice de Crianza, agilice los procesos judiciales y brinde capacitación con perspectiva de género al Poder Judicial.

El objetivo —sostienen— es transformar los juicios de alimentos en cuestiones de orden público y justicia social, y no en simples conflictos privados.

“Si queremos avanzar, la sociedad debe empezar a condenar al adulto varón que abandona a sus hijas e hijos, porque eso condena a las madres a la pobreza y la exclusión”, concluyó Deharbe.

Fuente:unoentrerios.com

Según informó la periodista especializada en economía Rosalía Costantino en De Una, los aumentos anunciados son los siguientes: Omint 3,7%; Medicus 3,45%; Hospital Italiano, 2,9%; Galeno, 2,9%; Pasteur 2,7% y Swiss Medical 2,5%.

En enero, las prepagas habían aumentado cerca de un 4%, por encima del 2,7% de inflación que informó el Indec en diciembre y a la esperara para el primer mes del año. De esta manera, en los primeros meses del 2025 las prepagas aumentarán cerca de un 7%.

En 2024 las prepagas aumentaron entre un 204 y un 210% por encima de la Índice de Precios al Consumidor que estuvo en el 118%. Es decir, en el primer año de gobierno de Javier Milei las prepagas aumentaron 90 puntos más que la inflación.

Costantino también detalló que en la actualidad, un plan para una persona mayor de 40 años ronda en promedio entre 180 mil y 200 mil pesos mientras que un plan para un joven ronda los 113 mil.

Una de las principales empresas de medicina prepaga, Medicus, anunció semanas atrás que decidió congelar sus cuotas durante un año para nuevos afiliados tras enfrentar una pérdida significativa de clientes.

La medida, anunciada en medio de denuncias del Gobierno sobre presunta cartelización en el sector, llega en un contexto de crisis económica y constantes aumentos en los planes de salud.

Según consignó Ámbito Financiero, durante 2024, Medicus perdió cerca de 25.000 afiliados, una media de 20 personas por día, dejando su cartera en aproximadamente 200.000 usuarios. Para revertir esta situación, la prepaga lanzó una promoción que asegura a los nuevos afiliados una cuota fija por 12 meses si se inscriben entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2025.

Las aseguradoras de riesgos del trabajo salieron a denunciar que el sistema está "quebrado" por la disparada de los juicios laborales.

Por eso, pretenden aumentar las tarifas un 40% a partir de este mes, lo que significaría un fuerte incremento de costos para las empresas.

Las compañías alertaron que por el aumento de la litigiosidad en los últimos años, el sistema "está quebrado".

En cambio, desde el gobierno rechazan esa postura y advierten que el nuevo incremento es fruto de una "cartelización", similar a lo ocurrido con las prepagas, que provocaron un dolor de cabeza a cientos de miles de familias subiendo las cuotas por encima de la inflación.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) informó que el año pasado se iniciaron 125.842 juicios vinculados a accidentes laborales, lo que representa una suba de 6,8% con relación al 2023.

Desde la UART alertan que "estos niveles de litigiosidad perjudican a toda la estructura productiva: a los empleadores afectando sus decisiones de inversión y empleo, a los trabajadores bajando sus chances de conseguir empleo y empleo de calidad y a las ART socavando la solvencia del sistema".

El "costo judicial" es el que, según las empresas del sector, afecta negativamente los márgenes de las compañías y amenaza el funcionamiento de todo el sistema.

En el marco de la estrategia para seguir reduciendo el gasto público, el Gobierno introducirá cambios en los planes para subsidiar consumos en cuotas, según fuentes oficiales.

Extenderá por seis meses el financiamiento en cuotas sin interés, pero le hará cambios claves: los beneficios ya no regirán para todos los comercios, las cuotas fijas se reducirán de 12 a entre 3 y 6, y las tasas que pagan los consumidores sufrirán un incremento, por lo que pasarían del 40% a entre 45 y 50% nominal anual.

Uno de los principales cambios de la medida es que alcanzará solo a las micropymes y pymes, sin contemplar a las medianas y grandes empresas, como las empresas de venta de electrodomésticos, que desde ahora en más ya no serán incluidas. 

El gobierno de Javier Milei eliminó los programas de consumo subsidiado como Ahora 18 y Ahora 12, y solo mantuvo beneficios indirectos a los bancos como la franquicia para los encajes. 

Pero desde hace un tiempo también suspendió esa medida y la baja de tasas del Banco Central levantó quejas de las entidades privadas contra el plan Cuota Simple y el reclamo de mejoras en las tasas, que superan el 55% nominal anual en el mercado.

La idea es progresivamente ir saliendo de todos los entornos regulados, explicaron desde el Gobierno. 

Desde fines de mayo, el Banco Central dejó sin efecto disposiciones vinculadas a la disminución de la exigencia de efectivo mínimo en pesos en el marco de Ahora 12 y Cuota Simple. 

Así, a partir del ciclo de facturación de junio, se eliminaron los límites a la tasa de interés compensatorio para financiaciones a personas humanas vinculadas a tarjetas de crédito que pueden aplicar las entidades financieras.

El Gobierno ajustó el consumo en cuotas fijas luego de negociaciones con los bancos y la Cámara de la Mediana Empresa (CAME). 

La entidad que representa a las pymes informó en las últimas horas que las ventas navideñas subieron 1% respecto de diciembre del año pasado y que el balance "no fue bueno", considerando que se compara con la Navidad de 2023, cuando la inflación llegó al 211,4% anual.

Tras el fin del programa de financiamiento “Ahora 12″, arranca hoy “Cuota Simple”, un esquema similar pero que sólo permite ofrecer 3 y 6 pagos a una tasa más baja que la de mercado.El Gobierno apunta a que los comercios absorban el costo financiero y ofrezcan los pagos “sin interés” -es decir, mismo precio en efectivo que en 3 o 6 cuotas-, pero dependerá de la necesidad que tengan los distintos rubros de vender. De hecho, son pocos los negocios que hoy asumen ese costo, excepto días puntuales.

De todos modos, todos los comercios que estaban adheridos a Ahora 12 quedarán automáticamente inscriptos en Cuota Simple y podrán sumarse los que deseen. La Tasa Nominal Anual (TNA) será de 93,5%, que es hoy la que representa el 85% de la del plazo fijo del Banco Central (110%). Se revisará bimestralmente, por lo que será a fines de marzo.

A modo de ejemplo, para un producto que cueste $10.000, el recargo máximo que un comercio le puede cobrar al consumidor si elige las 3 cuotas es de 14,97%. De esta manera, el total de esa compra sería $11.497, con un valor de cada una de las 3 cuotas de $3.832. Si el comprador optase por las 6 cuotas, el recargo subiría a 31,41%, por lo que el monto total ascendería a $13.141 o seis cuotas de 2.190 pesos.El programa mantiene la idea de financiar a un menor costo sólo productos de fabricación nacional, tendrá alcance nacional y estará disponible todos los días de la semana tanto en tiendas físicas como virtuales que se encuentren adheridas. Los rubros incluidos son 28: línea blanca; indumentaria; calzado y marroquinería; teléfonos celulares con tecnología 4G; muebles; bicicletas; motos; servicios educativos; colchones; libros; anteojos y lentes de contacto; artículos de librería; juguetes y juegos de mesa; servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar; neumáticos y accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos.

Según los antecedentes del programa anterior, las 3 y 6 cuotas son las más elegidas por los consumidores; totalizan un 80% de las transacciones. Por este motivo, se acordó optar por estos plazos. Además, los rubros con mayor participación fueron indumentaria, pequeños electrodomésticos y línea blanca, los cuales permanecerán en Cuota Simple. De acuerdo con los números que manejan en la Secretaría de Comercio, noviembre ya fue un mal mes en términos de consumo. Se realizaron mediante el programa Ahora 12 más de 6,4 millones de operaciones, por un total de $477.349 millones, que representó una merma de 11% respecto del mes anterior. Si bien se observó una disminución en los niveles de facturación de los principales rubros respecto de octubre, los montos facturados fueron mayores a los registrados en septiembre. Turismo, a diferencia del resto, registró crecimiento.El objetivo del programa es que contribuya a que el consumo no se resienta tanto, en un contexto de elevada inflación que se mantendrá, según todos los pronósticos, al menos durante todo el primer semestre, publica Infobae.

En los primeros días de su implementación, 65 familias han cancelado totalmente el pago de sus viviendas y hasta el 31 de enero de 2023 pueden adherirse los adjudicatarios que abonan una cuota mensual igual o inferior a 6.000 pesos.El titular del IAPV Marcelo Bisogni dijo que “unas 65 familias saldaron las cuotas de sus casas”. Agregó que "esto les permite obtener el libre deuda ante el IAPV y estar en condiciones de tramitar su escritura. A partir de ahí, la casa sería totalmente propia, sin ningún tipo de hipoteca o gravamen, de libre disponibilidad”."En ese contexto, ingresaron al organismo más de dos millones de pesos”, resaltó el funcionario e hizo hincapié en que “la implementación del sistema tuvo como objeto proceder a la entrega definitiva de viviendas con sus respectivas escrituras traslativas de dominio, la reducción en el costo de escrituración, en los costos operativos de administración y cobranza, sumado a una mayor eficiencia en el manejo de la base de datos”.Señaló que “la adhesión a dicho sistema se efectúa de manera online a través de la página web del IAPV a efectos de una implementación más ágil y dinámica".

Cabe destacar que la vigencia del mismo será a partir del 1 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, inclusive.

Al respecto, el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni, dijo que “cuando un entrerriano accede a una vivienda del IAPV, consigue más que sólo una casa sino también a un hogar, a un espacio propio de realización familiar y al hacerlo, asume un compromiso solidario para con otro vecino que está esperando una solución al problema habitacional que tiene”.El funcionario indicó que “la implementación del sistema tiene como objetivo proceder a la entrega definitiva de las respectivas escrituras traslativas de dominio libre de gravámenes, la reducción en el costo de escrituración y de los costos operativos de administración y cobranza, para lograr una mayor eficiencia en el manejo de la base de datos”.Señaló que “la adhesión a este sistema se efectuará de manera online a través de la página web del organismo, a efectos de que sea más ágil y dinámica”.

Los jueces Claudio Marcelo Kiper y José Benito se refirieron, en su sentencia del 5 de agosto, al “efecto inflacionario” y aseguraron que “no se advierte ningún impedimento legal para que el incremento de la cuota de alimentos se efectúe aplicando un índice”. Además, sostuvieron que el monto que se había fijado en primera instancia no estaba “ajustado al contexto económico” en el que se dictó el actual pronunciamiento.

El pronunciamiento judicial tiene efecto sólo entre las partes involucradas. De todas maneras, para los especialistas significa un avance en el reconocimiento de la necesidad de considerar el contexto económico a la hora de establecer cuotas alimentarias. En diálogo con elDiarioAR, Eduardo Roveda, profesor titular de Derecho Civil V en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, sostuvo: “Una golondrina no hace verano y un solo fallo no sienta jurisprudencia. Pero sí se advierte que cada vez más jueces están estableciendo distintos métodos de actualización del monto mensual”.

El tema de las cuotas alimentarias crece en la agenda regional y local impulsado, sobre todo, por los feminismos. En Chile, por ejemplo, el 17 de agosto se aprobó la ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que estableció nuevos mecanismos para perseguir a los progenitores morosos.

En el Congreso argentino son varios los proyectos que buscan regular el tema. Uno de ellos fue presentado por la diputada nacional Jimena López, quien además el 25 de agosto organizó un conversatorio en la Cámara Baja para que los diferentes bloques debatieran estrategias que garanticen el acceso de los menores de edad a la cuota alimentaria. Con respecto al efecto que tiene la inflación, la legisladora aseguró a elDiarioAR: “El tema de los precios es urgente. Mirás el valor de la leche y en 15 días cambia, es un indicador que va volando. Tiene que haber una indexación a valor inflacionario”.

Sin embargo, todos los especialistas consultados coincidieron en que, en paralelo a las discusiones sobre el monto, debe ponerse especial atención en el incumplimiento. Según el ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, casi un 70% de los padres bonaerenses no cumplen con la obligación alimentaria. A nivel nacional, la situación no es tan diferente: de acuerdo a un estudio que elaboró el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), solo una de cada cuatro mujeres que no convive con el padre de sus hijos cuenta con los ingresos de la cuota alimentaria.

Con una inflación que en julio alcanzó el nivel más alto desde el 2002, conseguir que el dinero que reciben los menores de edad no pierda valor mes a mes es uno de los desafíos que tienen hoy los jueces de familia.

Fórmulas

La sentencia de Kiper y Benito llegó luego de que fuera apelado el fallo de primera instancia. En esa oportunidad, la jueza que intervino estableció que el demandante debía abonar, en concepto de pensión alimentaria, $100.000 en favor de sus tres hijos y que dicha cuota iba a aumentar en la misma proporción que el gasto de cobertura médica.

La madre cuestionó el mecanismo asegurando que “no guarda ninguna relación con la realidad inflacionaria que sufre nuestro país”. Además, aseguró que la información sobre el aumento de la obra social era de difícil acceso para ella ya que el padre de sus hijos fue cambiándolos de medicina prepaga sin darle aviso e inscribiéndolos en otras más económicas.

Para Roveda es clave que los magistrados que pretendan que la cuota alimentaria esté a la par de la suba de precios comprendan las realidades particulares de cada caso. Una de las primeras soluciones que se encontró, cuenta el experto, fue fijar la cuota en un porcentaje de los ingresos del demandado. “Entonces, cada vez que el demandado recibe un aumento, aumenta la cuota. Sin embargo, ese sistema se encuentra con límites cuando el demandado trabaja por su cuenta”, sostuvo.

“Y acá viene el verdadero problema jurídico: en Argentina todavía está vigente una norma que prohíbe la indexación, que es una norma que estaba en la Ley de Convertibilidad. No se puede indexar una cifra a priori. Por eso, los jueces comenzaron a dictar planteando la búsqueda de algún índice de actualización como puede ser el aumento del salario mínimo vital y móvil, la Ley de Alquileres -como este caso-, o el aumento que recibe algún sector en particular. El objetivo es mantener actualizada sin necesidad de tramitar incidentes, es decir, tener que hacer nuevos juicios”, agregó.

¿El índice de aumento de alquileres es el mejor? Según Roveda, depende el caso: “Supongamos que el demandado es maestro mayor de obra, tal vez para él es mejor el índice de aumento de la construcción, por ejemplo”, explicó. Sin embargo, subrayó que estas alternativas terminan siendo una especie de parches: “El problema es la inflación. Desde lo jurídico podemos encontrar cien mil vueltas, pero si los precios aumentan de esta forma las cuotas siempre quedan atrasadas”. 

Estela Díaz, ministra bonaerense de Mujeres, celebró la sentencia aunque inistió en que “el Poder Judicial suele ser parte del problema”. “Es lento. Un fallo tarda entre seis meses y dos años y la mayoría de las veces se definen cuotas que no están indexadas. En un contexto inflacionario como el nuestro, un acuerdo que llevó un montón de tiempo conseguir pierde vigencia muy rápidamente. Todo depende del juez que te tocó”, agregó.

Unificar criterios

La idea de que el ingreso económico estará garantizado depende de qué juzgado toque se repite. Por eso, desde el ministerio bonaerense aseguraron que el informe sobre incumplimiento incluyó una serie de recomendaciones para los distintos poderes. Díaz sostuvo que la Corte Suprema “podría llevar adelante una resolución que establezca un único procedimiento de actuación”. Además, agregó que una acción urgente en esta materia sería que “cuando los jueces dictan medidas precautorias por violencia de género, inmediatamente deberían fijar alimentos”.

En cuanto a las consecuencias que genera la inflación, se refirió también a la normativa vigente que impide la indexación. “Por eso nuestro diálogo también es con el legislativo porque necesitamos que no haya restricciones para evitar el desfasaje de precios”, agregó la ministra.

El proyecto de la diputada López establece -entre otras cosas- cuál es el piso mínimo de la cuota alimentaria. “Nos basamos en un cuadro del Indec que indica cuánto dinero necesita un menor de entre 1 y 18 años para no ser pobre. Cuando elaboramos el proyecto hace un año, por ejemplo, un varón de 16 años necesitaba $17.400. El objetivo es que las cuotas jamás estén por debajo de ese nivel”, sostuvo la legisladora.

La manutención de los hijos es una de las obligaciones de los progenitores comprendidas en el Código Civil y Comercial de la Nación. La cuota alimentaria no sólo es un derecho para que se puedan cubrir los gastos de alimentos y bebidas de los menores, sino que busca alcanzar su desarrollo integral, considerando su vivienda, educación, vestimenta, salud y entretenimiento. Por eso, Roveda recomienda que aquellas mujeres cuya cuota fue fijada en pesos sin considerar los incrementos “pueden ir a ver a su abogado y plantear la necesidad del aumento. El argumento puede ser, ni más ni menos, que la inflación, porque si cambian las circunstancias en las que se estableció la cuota -y acá cambian por el contexto económico-, se pueden modificar los montos”.

El Gobierno extendió este lunes hasta el 30 de junio próximo la vigencia del programa Ahora 12, con los mismos rubros pero sin la financiación en 30 cuotas. La decisión se formalizó por medio de la Resolución 34/2022 de la Secretaría de Comercio Interior, publicada en el Boletín Oficial.

Esta iniciativa, que busca fomentar el consumo y la producción de bienes y servicios, vencía este lunes, pero el Poder Ejecutivo decidió prorrogarla hasta el 30 de junio inclusive, con la aclaración de que ese plazo también podrá extenderse a su vencimiento.

En esta oportunidad, Comercio Interior estableció que, para la compra de motos, podrán adquirirse a través de este Programa aquellas unidades cuyo precio final no supere los $300.000. Además, estarán disponibles anteojos recetados y lentes de contacto, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a $ 20.000.

Según lo dispuesto, se van a mantener los planes de 3, 6, 12 y 24 cuotas, pero no así las 30 cuotas.

El límite disponible para esas financiaciones en cuotas "estará determinado por aquel tope que haya convenido la emisora de la Tarjeta de Crédito con cada uno de sus usuarios y/o consumidores", de acuerdo con el texto oficial.

Por su parte, los proveedores y/o comercios, en las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito podrán elegir: cobrar en un plazo de 60 días corridos con una tasa máxima de descuento del 10,71% o en un plazo de hasta 10 días hábiles con una tasa del 13,94%, para las ventas realizadas con la modalidad de 12 cuotas.

En la Resolución, Comercio Interior destacó que los sectores intervinientes en la comercialización de bienes y servicios incluidos en el Programa "han incrementado sostenidamente su oferta local, logrando abastecer la demanda interna y sostener los niveles de demanda de los consumidores".

Además, subrayó que diversas cámaras y asociaciones empresariales "manifestaron la centralidad del Programa Ahora 12 y su relevancia en torno a la dinamización del consumo interno, la producción de bienes en la industria local, la recuperación de la actividad de las pequeñas y medianas empresas, así como la consecuente generación de empleo".

Por último, explicó que "a raíz de la evolución de las tasas de interés de mercado para las financiaciones con tarjeta de crédito y créditos personales, la trayectoria de los precios y la evolución de las condiciones epidemiológicas, resulta preciso adecuar las condiciones financieras del Programa", suprimiendo la modalidad de 30 cuotas. NA 

En este marco, la Comisión Directiva de ASDGGUAY, informó mediante distintos puntos que las cuotas el próximo año tendrán un incremento.

"La cuota de enero-diciembre del 2022 será mensual con un valor de $200 y trimestral de $500", afirman. Y agregan "como siempre agradecemos la colaboración de los socios"

Además invitan a todas aquellas personas que quieran sumarse a la asociación como socios o colaboradores, a que les escriban mediante sus redes sociales.

La provincia pagó la segunda cuota de la asistencia económica para el sector turístico y gastronómico. De esta forma, y con el pago de la segunda de tres cuotas consecutivas, el gobierno entrerriano busca sostener el empleo a través de un aporte de fondos provinciales en carácter de subsidio.

El programa significa un aporte a los empleadores del rubro y consiste en la asistencia económica durante tres meses consecutivos de una suma fija de 10.000 pesos a abonar por el Estado provincial, a depositar en la cuenta bancaria de cada empleado que cumpla con los requisitos establecidos, y se tomará como parte integrante del salario mensual correspondiente.

Empleados de hoteles, cabañas, hostales, campings, complejos termales, agencias de viajes, transporte turístico, bares, restaurantes, cantinas, guías de viajes y turismo de aventura son algunas de las actividades económicas a las que se busca sostener, como así también las demás actividades dispuestas en el anexo del decreto 1159/21 MP.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informa que se publicó hoy en el Boletín Oficial, la distribución de las 28.765,75 toneladas de cortes enfriados vacunos sin hueso de alta calidad, asignadas por la Unión Europea para el período comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.

Lo hizo a través de la resolución 141/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, que precisó que de las 28.765 toneladas asignadas, se determinó que un saldo de 623,242 toneladas integrará el Fondo de Libre Disponibilidad.

La misma otorgó a las adjudicatarias Quickfood y Marfrig por un lado, y Frigorífico Alberdi y Carnes Pampeanas por el otro, el tratamiento de Grupo Económico a los fines de la determinación del tonelaje de Cuota Hilton correspondiente.

Además, se aprobó el registro de firmas habilitadas para exportar 111 toneladas dentro del contingente arancelario abierto por el Reino Unido, para el período comprendido entre el 1 de julio último y el 30 de junio de 2022.

La asignación de tonelaje se regirá por el criterio internacional "primero llegado, primero servido" de acuerdo con la fecha de registro de las solicitudes, para acceder al certificado de Autenticidad en el Sistema de Administración de Cuotas de Exportación.

El valor de la tonelada promedio de los cortes de la Cuota Hilton está en los US$ 10.000, por lo cual se estima que ingresarán al país unos US$ 287 millones.

Para la categoría industria se seleccionaron 33 frigoríficos entre quienes se distribuyeron 24.983,056 toneladas.

La Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de La Patagonia, conocida como La Anónima y propiedad de la familia Braun, cuyo integrante Miguel Braun, fue la principal beneficiada con 2.317,092 toneladas.

Le siguen Swift, con 2.100,786 toneladas; Friar, con 2.034,668; Quickfood, con 1.763,406; Gorina, con 1.668,362; Rioplatense, con 1.659,650; Carnes Pampeanas, con 1.398,815; Arrebeef, con 1.355,922; Compañía Bernal, con 1.263,631; Coto, con 1.189,351 y Ecocarnes, con 852,041.

La lista incluye a Logros, con 845,435 toneladas; Frimsa, con 811,949; Marfrig, con 781,606; Rafaela Alimentos, con 686,844; Azul Natural Beef, con 678,197; Black Bamboo, con 675,005; Forres Beltrán, con 570,775; Frigorífico Alberdi, con 382,404; Cattermeat, con 292,685; Santa Giulia, con 270,154; y General Pico, con 247,862 toneladas.

Cierran el registro de exportadores de Hilton once frigoríficos con cuotas que van de 50 a 217,874 toneladas.

Para la categoría de proyectos conjuntos se seleccionaron 28 asociaciones de criadores y pequeños y medianos establecimientos rurales dedicados a la cría de ganado, entre quienes se distribuyeron 2.682,703 toneladas.

Además se completaron hasta su totalidad las 1.000 toneladas para cinco nuevas industrias que acceden al cupo por primera vez, y las 100 toneladas para otros cinco nuevos proyectos conjuntos, sumando a las provincias de Entre Ríos y Santiago del Estero.

Por otro lado, en la categoría Industria se han conformado dos fondos de libre disponibilidad con el fin de estimular la superación por parte de los beneficiarios y acceder a mayores volúmenes de exportación.

En este sentido, uno de los fondos corresponde a las provincias de la región pampeana, con el 40% del total, y el otro 60% para las provincias extrapampeanas y más alejadas de los puertos y centros de logística.

En la actualidad se lleva ejecutado un 11% del cupo con la UE en carácter de adelantos, el mismo porcentaje que lo certificado en julio de 2020 y 2,5 puntos porcentuales por encima del promedio anual teórico.

Esta Cuota fue exceptuada del cepo a las exportaciones de carne que implementó el gobierno desde el 20 de mayo, que luego se flexibilizó pero todavía no se liberó completamente.

La Cuota Hilton es un contingente arancelario de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carnes. Los cortes enfriados que integran la cuota son bife angosto, bife ancho, cuadril, lomo, nalga, bola de lomo, cuadrada y peceto.