En un operativo de control rutinario llevado a cabo en la provincia de Entre Ríos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) logró detectar y decomisar una carga de 400 kilogramos de pescado de río que era trasladada en condiciones irregulares. El procedimiento tuvo lugar en el denominado Puesto Cerrito, ubicado estratégicamente sobre la Ruta Nacional N° 14, dentro del departamento Federación. Los agentes del Centro Regional Entre Ríos del organismo sanitario interceptaron una camioneta tipo pick-up que transportaba diversas especies ictícolas sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente para el traslado de productos alimenticios.

La carga incautada estaba compuesta por 46 piezas de dorado, 28 piezas de sábalo, además de 50 kilogramos de bagre y diversos ejemplares de boga, bagre amarillo, moncholo y patí. Según la información oficial proporcionada por el organismo, los productos provenían de la ciudad entrerriana de Concordia y tenían como destino final la localidad de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. La gravedad del hecho radica principalmente en la ausencia total de cadena de frío, un factor determinante para garantizar la conservación adecuada de los alimentos y prevenir riesgos severos para la salud de los consumidores finales.

Al profundizar la inspección, los agentes constataron que el vehículo no solo carecía de la habilitación correspondiente otorgada por el Senasa para el transporte de sustancias alimenticias, sino que tampoco reunía las condiciones técnicas necesarias para mantener la inocuidad de la carga. Asimismo, se confirmó que el conductor no contaba con el Permiso de Tránsito obligatorio, documento indispensable para el movimiento legal de productos pesqueros en el territorio nacional. Estas omisiones representan una clara transgresión a las normativas de seguridad alimentaria que rigen en todo el país.

Ante la detección de estas irregularidades, que constituyen una presunta violación al Decreto N° 4238/68 y al Capítulo XXVI del Código Alimentario Argentino, se procedió al decomiso total de la mercadería. Para asegurar el cumplimiento de las actuaciones administrativas y legales, se dio intervención inmediata a la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos. Las autoridades sanitarias enfatizaron que el objetivo de estos controles es evitar que productos sin trazabilidad lleguen a la mesa de los ciudadanos, protegiendo así la salud pública frente a posibles focos de contaminación.

Finalmente, desde el Senasa recordaron a todos los productores, transportistas y comercializadores del sector pesquero la importancia de cumplir estrictamente con la normativa vigente. El cumplimiento de estas reglas no es opcional, sino una obligación fundamental para asegurar la inocuidad de los alimentos y garantizar la trazabilidad de los productos durante toda la cadena de comercialización. La institución reafirmó su compromiso de continuar con los operativos de fiscalización en las rutas nacionales para prevenir el transporte ilegal de alimentos que no garantizan las condiciones de salubridad necesarias para el consumo humano.

El Gobierno de Entre Ríos oficializó este lunes la recuperación de dos inmuebles estratégicos en la ciudad de Paraná, los cuales fueron decomisados en el marco de la megacausa por corrupción que involucró al exgobernador Sergio Daniel Urribarri. Las propiedades, ubicadas sobre calle Racedo 415 y 409, albergaban anteriormente a la empresa TEP SRL, vinculada a los condenados Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez. Tras la firmeza de las sentencias judiciales, el Estado provincial tomó posesión de los bienes para destinarlos al funcionamiento del servicio de emergencias 107.

El fiscal de Estado adjunto, Martín Rettore, explicó que el decomiso fue ordenado por la Justicia tras cinco procesos judiciales que llegaron a juicio. Según detalló el funcionario, el procedimiento incluyó no solo los edificios, sino también diversos vehículos y equipos informáticos. "Nos hicimos presentes los primeros días de octubre con la Escribanía Mayor de Gobierno, tomando posesión formal y elevamos el expediente al Poder Ejecutivo a los efectos de que determine cuál es el mejor funcionamiento o la utilidad que se le va a dar a estos inmuebles", señaló Rettore durante la conferencia de prensa.

Por su parte, el secretario de Justicia, Julián Maneiro, destacó que el gobernador Rogelio Frigerio tomó la decisión política de asignar estos espacios al Ministerio de Salud. El objetivo central es atender las necesidades urgentes del sistema sanitario provincial, priorizando la eficiencia en la gestión de los recursos recuperados. Esta medida busca transformar bienes que fueron objeto de procesos judiciales por corrupción en herramientas concretas para la atención de los ciudadanos, devolviendo así un valor social a los activos que ahora pertenecen al Estado entrerriano.

El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, subrayó la importancia de esta reasignación al afirmar que "esto es una demostración de que los recursos vuelven a la gente". El funcionario precisó que en las nuevas instalaciones operará la oficina central y el despacho del 107 para Paraná, además de la coordinación de traslados interhospitalarios y un taller destinado a reparaciones menores de la flota de ambulancias. La centralización de estas tareas permitirá optimizar los tiempos de respuesta ante urgencias médicas, funcionando de manera similar a lo que representa el 911 para las fuerzas de seguridad.

Finalmente, el responsable del sistema de emergencias 107, José María Cáceres, celebró la noticia con especial énfasis en la trayectoria del organismo. "Es la primera vez en la historia, en más de 40 años que existe la Dirección de Emergencias Sanitarias, que va a tener edificio propio", afirmó con entusiasmo. Este traslado representa un avance significativo para los trabajadores del área, quienes contarán con una infraestructura adecuada para desarrollar sus tareas diarias, consolidando un espacio propio que permitirá mejorar la logística y la atención sanitaria en toda la región, fortaleciendo así la respuesta estatal ante situaciones críticas de salud.

En el marco de la ejecución de la condena contra el exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exfuncionario Pedro Báez, el fiscal de Estado adjunto, Martín Rettore, recibió este lunes las llaves del galpón de calle Racedo, en Paraná, donde funcionaba la empresa Tep SRL. Se las entregó el abogado Miguel Ángel Cullen. Además de los inmuebles, quedaron a disposición del Estado vehículos y equipos informáticos.

La Fiscalía tomó posesión de los dos inmuebles contiguos de calle Racedo 409 y 415, donde funcionaba la imprenta vinculada a Aguilera. El decomiso incluye también una camioneta Citroën Berlingo, un camión Ford, una motocicleta Zanella, computadoras, equipos técnicos y un plóter que se usaba en la imprenta.

"Son dos inmuebles, uno pegado al otro, que funcionan como uno solo; una motocicleta y dos vehículos, los bienes de computación de la empresa y el plotter que es una impresora de grandes dimensiones que se utilizaba para el trabajo de la imprenta. Esa es la totalidad del decomiso ordenado por la sentencia penal", detalló Rettore.

Según explicó el fiscal adjunto, la Fiscalía recibe los bienes en nombre de la provincia y los pone a disposición del Poder Ejecutivo, que deberá evaluar su estado y decidir qué uso darles. El traspaso se hará mediante un expediente administrativo dirigido al gobernador.

El decomiso fue ordenado en la sentencia del 7 de abril de 2022, en la causa de las imprentas que formó parte del megajuicio por corrupción contra Urribarri, Aguilera y Báez. En ese proceso, Urribarri fue condenado a 8 años de prisión.

El Tribunal de Juicio estuvo integrado por los vocales Carolina Castagno, Elvio Garzón y José María Chemez, hoy jubilado. Tras conocerse la sentencia, Urribarri debió dejar el cargo de embajador argentino en Israel y Chipre, que le había asignado el gobierno de Alberto Fernández. Fue el entonces canciller Santiago Cafiero quien le exigió la renuncia.